LibreOffice/6.1.5.1$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-1 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false false 1 1 true VOX JURIS (38) 2, 2020 jesuco_amag@yahoo.es VOX JURIS, Lima (Perú) 38 (2): 145-161, 2020 SISTEMA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS LA SUPERACIÓN DE LA IDEA DEL MENOR VALOR Y PROTECCIÓN PARA LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SYSTEM OVERCOMING THE IDEA OF LOWEST VALUE AND PROTECTION FOR ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS Jesús Víctor Alfredo Contreras Ugarte 1 Universidad Complutense de Madrid ORCID: 0000-0002-9148-659X jesuco_amag@yahoo.es España Recibido: 29 de enero de 2020 Aceptado: 15 de febrero de 2020 SUMARIO  Planteamiento general  La división de los derechos en los pactos de 1966  Obligaciones de los estados con respecto a los derechos contenidos en los pactos de 1966  Diferencias sustanciales entre uno y otro pacto de 1966  A modo de conclusión  Fuentes de información RESUMEN Este trabajo pretende brindar un panorama de la idea del estado de la cuestión de los derechos humanos, buscando introducir una visión crítica sobre los mismos y con especial atención a los derechos 1 Doctor Sobresaliente Cum Laude en Derechos Humanos, Máster en Derechos Fundamentales, Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Especialista en Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, por la Universidad Carlos III de Madrid; Especialista con Matrícula de Honor en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid; Académico Correspondiente y Miembro de la Sección de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de España. Abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. económicos, sociales y culturales. La visión del constitucionalismo tradicional considera de una determinada manera a los derechos civiles y políticos, porque ellos están formalmente garantizados, esto es, que son derechos factibles de ser judicializados, reclamados en la vía judicial. Para esta visión, estos serían los derechos humanos propiamente dichos. Del otro lado, desde esta misma visión, estarían los derechos económicos, sociales y culturales, los que solo alcanzarían a ser meros principios rectores que informan a la legislación positiva, a la práctica judicial y a la actuación de los poderes públicos, tal y como lo establece, por ejemplo, la Constitución española de 1978. Esta situación choca con la idea de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos, según la cual los derechos se https://doi.org/10.24265/voxjuris.2020.v38n2.08 146 jesuco_amag@yahoo.es VOX JURIS, Lima (Perú) 38 (2): 145-161, 2020 ISSN: 1812-6804 Sistema internacional de derechos humanos. La superación de la idea del menor valor y protección para los derechos económicos, sociales y culturales International human rights system. Overcoming the idea of lowest value and protection for economic, social and cultural rights encuentran vinculados por una misma entidad de principios y, siendo así, no cabría entre ellos mayor o menor jerarquía de importancia, respeto y protección, en cuanto son también derechos propiamente dichos. ABSTRACT This work aims to provide an overview of the idea of the actual condition of human rights, seeking to introduce a critical view on them, with a special attention to social and cultural economic rights. The vision of traditional constitutionalism considers civil and political rights in a specific way because they are formally guaranteed, it is, they are rights that can be prosecuted and claimed at the courts. For this reason, these would be the human rights themselves. On the other side, from this same reason, there would be economic, social and cultural rights, which would only become mere guiding principles that inform positive legislation, judicial practice and acts of public authorities, as it establishes, for example, the Spanish Constitution of 1978. This situation crash with the idea of the indivisibility and interdependence of rights, an idea, according to which, the rights are linked by the same entity of principles and, being so, would not fit, among them, greater or lesser hierarchy of importance, respect and protection, as they are also rights themselves. PALABRAS CLAVE Derechos humanos; indivisibilidad; interdependencia; derechos sociales; protección. KEYWORDS Human Rights; indivisibility; interdependence; social rights; protection. PLANTEAMIENTO GENERAL En el ámbito de los derechos humanos existen realidades, derechos y conceptos, que aún siguen buscando claridad, pese a que llevan un desarrollo longevo, amplio y, supuestamente, claro para todos. Los que estamos en el mundo de los derechos humanos, sabemos bien que esto no es así. Al final, parece que los derechos humanos no son comprendidos en su envergadura real ni reciben el trato y el respeto que merecen. Derechos reconocidos en sendos tratados, aprobados y ratificados por una gran pluralidad de países, pero que a la postre no alcanzan la eficiencia práctica que les corresponde. Y si nos fijamos en el tema de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos, advertiremos que estos son temas que también presentan problemas en la práctica social. Atendiendo a lo anterior, podemos comprobar que los derechos económicos, sociales y culturales, precisamente, cuentan con una envergadura de protección distinta y menor, en contraste con los llamados derechos civiles y políticos. La Proclamación de Teherán, aprobada por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, el 13 de mayo de 1968, afirma en el punto trece de su declaración solemne que: "Como los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, la realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible" (Proclamación de Teherán, 1968, pto.13). Proclamación de Teherán, aprobada por la Conferencia Internacional de Luego, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos produjo la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobada el 25 de junio de 1993. Esta declaración es más específica en cuanto al tema de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. En el punto 5 de la primera parte de la declaración se dice expresamente: 147 JESÚS VÍCTOR ALFREDO CONTRERAS UGARTE VOX JURIS (38) 2, 2020 jesuco_amag@yahoo.es VOX JURIS, Lima (Perú) 38 (2): 145-161, 2020 Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. (...) los Estados tienen el deber (...) de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales (Declaración y Programa de Acción de Viena, 1993, pto. I.5). Se puede decir que la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 fue el precedente que impulsó la aprobación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado el 10 de diciembre de 2008 y que entró en vigor el 5 de mayo de 2013. Con este protocolo se posibilitan las denuncias individuales frente a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, tal y como ya sucedía hacía más de treinta años atrás con los derechos civiles y políticos cuando entró en vigor, el 23 de marzo de 1976, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales -ambos del año 1966- Consuelo Martínez-Sicluna y Sepúlveda (2017) dice, con respecto a ellos, que: (...) han supuesto el tránsito de una protección constitucional de los derechos humanos, para ser una protección internacional (...).Los derechos humanos exigen, en ocasiones, una cierta cooperación internacional o una cierta solidaridad, de manera que los derechos sólo se llevan a cabo por el esfuerzo de todos los que participan en la vida social, pero también por la participación de los países, dentro de un contexto internacional adecuado para ello (pág. 379). Como vemos, es en el ámbito de Naciones Unidas donde se ha dado el salto -al menos teórico- para romper con esa idea de superior jerarquía o de mayor importancia de los derechos civiles y políticos en contraste con los derechos económicos, sociales y culturales. Empero, como ya anoté, este salto aún no se materializa en la normativa vigente de algunos países, pues en ellos, aún se sigue hablando de 'principios rectores' y no de derechos que puedan ser propia y formalmente reclamados como tales. Pareciera que su normativa constitucional no los considera como auténticos derechos o que, simplemente, estos derechos merecieran un trato de atención peyorativo dado el costo que implicaría garantizar su efectivo cumplimiento. Esto me lleva a centrar mi análisis en el derecho internacional y, más concretamente, en el derecho de Naciones Unidas para advertir cómo es que estas características de indivisibilidad e interdependencia de los derechos, según las cuales todos son igualmente derechos y todos tienen el mismo valor. Y es que todos los derechos humanos son la imagen de la dignidad humana de las personas. En este sentido, Solozábal Echevarría (2011) dirá que"(...) no cabe (...) la jerarquización entre ellos, al compartir la misma relación con la dignidad de la persona y su imprescindibilidad como elementos funcionales de la vida democrática" (pág. 31). Esta idea ha ido encajándose en el ámbito internacional y la preocupación sobre cuáles son las posibilidades reales de un ejercicio pleno de todos los derechos y, en última instancia, cuál es la posibilidad de reclamar todos los derechos por la vía judicial, o por la vía cuasi judicial cuando hablamos de los sistemas de protección 148 jesuco_amag@yahoo.es VOX JURIS, Lima (Perú) 38 (2): 145-161, 2020 ISSN: 1812-6804 Sistema internacional de derechos humanos. La superación de la idea del menor valor y protección para los derechos económicos, sociales y culturales International human rights system. Overcoming the idea of lowest value and protection for economic, social and cultural rights internacionales o regionales de los derechos humanos. LA DIVISIÓN DE LOS DERECHOS EN LOS PACTOS DE 1966 Los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema internacional de los derechos humanos, han supuesto un punto de inflexión en el desarrollo de los derechos y -por la recepción que se ha hecho a nivel nacional- en el desarrollo también de los derechos constitucionales, es decir, del constitucionalismo en materia de derechos, tanto desde el punto de vista del contenido y alcances de los derechos, como desde el punto de vista de los sistemas de protección. Pues bien, para dilucidar mi desarrollo argumentativo voy, primeramente, a reparar en el hecho de que la Declaración Universal de Derechos Humanos (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) incluye en un único catálogo a todos los derechos, es decir, incluye a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La Declaración Universal, no es un texto jurídico vinculante, es, como su mismo nombre lo indica, una declaración y no propiamente un tratado, con lo cual, los derechos que postula están enunciados de forma declarativa. Santos Rodríguez (2017) sobre esta cuestión precisa -sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos-, que: (...) su punto de partida es el de manifestar, con la fuerza que da la unanimidad en contenidos esenciales, un 'ideal común' a todos los Estados signatarios; un ideal que, en cuanto reconoce la dignidad humana, se transforma en un valor en sí mismo (...) (pág. 61). Cuando la que fue la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas -comisión del Consejo Económico y Social (ECOSOC)- decide que el contenido de la Declaración tiene que convertirse en un Tratado, esta se encarga de redactar un tratado que contenga todos los derechos que están en la Declaración Universal pero ya de una forma jurídicamente vinculante. En principio, la Declaración Universal de Derechos Humanos fue más bien una declaración política y, por ello, existía el interés de convertir el catálogo de derechos de la declaración en un instrumento jurídico. Sin embargo, se puede decir que, hoy en día, por la importancia del contenido de la Declaración Universal, se considera que los derechos en ella contenidos son jurídicamente vinculantes. Entonces, el valor jurídico vinculante de la Declaración Universal hoy no se pone en duda y, de hecho, muchas constituciones incluyen a la Declaración Universal y, como en el caso español, la integran como el marco interpretativo al que se deben ajustar las libertades y los derechos y fundamentales. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que era el órgano especializado en el tema, se puso a trabajar sobre el valor vinculante de todos los derechos, pero no hubo acuerdo para todos los derechos contenidos en la Declaración y se terminó discutiendo sobre a qué derechos sí y a qué derechos no se les reconocía el valor vinculante. Todo esto ocurría en el contexto histórico-político posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que el mundo terminó dividido en dos bloques y la Declaración Universal de los Derechos Humanos representaba una declaración política de buena voluntad por la que la comunidad internacional se comprometía a que los derechos no se vuelvan a ver afectados de tal manera. Nos podemos dar una idea del entorno histórico-político de los años de elaboración de la Declaración Universal según Cassese (1991) lo narra: El choque y el conflicto estallaron, en realidad, entre las grandes democracias occidentales y los países de la Europa socialista. (...) los occidentales (...) propusieron 149 JESÚS VÍCTOR ALFREDO CONTRERAS UGARTE VOX JURIS (38) 2, 2020 jesuco_amag@yahoo.es VOX JURIS, Lima (Perú) 38 (2): 145-161, 2020 proclamar (...) tan sólo los derechos civiles y políticos y únicamente en la connotación sustancialmente individualista. (...) Tan solo posteriormente, ante la hostilidad de los países socialistas y bajo la fuerte presión de los países latinoamericanos (que a este respecto tuvieron un papel importantísimo), aceptaron incluir en la Declaración Universal también una serie de derechos económicos y sociales totalmente desconocidos para los 'sagrados' textos de la tradición occidental (págs. 41, 43). Es en este contexto en el que surge la Declaración Universal. Meigs ( 1966) precisa que en ese entonces: "Todos los hombres parecían estar aprendiendo el valor del infatigable esfuerzo, advertían que no era aquella una época de pereza del cuerpo ni del alma" (pág. 61). Al momento de discutir el valor vinculante de todos los derechos, resultó que los países del bloque occidental no estaban de acuerdo en comprometerse con los derechos económicos, sociales y culturales porque ellos consideraban que el incorporar estos derechos a un tratado jurídicamente vinculante coartaba su libertad para tomar decisiones sobre el modelo económico de sus países y, por ello, no querían comprometerse con este tipo de derechos. De hecho, ya para incluir los derechos económicos, sociales y culturales en la Declaración Universal, el tema resultó muy pero muy complicado. Glendon (2011) nos cuenta el ambiente cuando se estaba gestando la Declaración Universal de Derechos Humanos en lo referente, sobre todo, a los derechos económicos, sociales y culturales: "La discusión sobre derechos económicos y sociales parecía interminable. (...) el obstáculo principal para la aprobación unánime de la Declaración no sería su contenido, sino su potencial para legitimar una interferencia en asuntos internos de un país" (págs. 123, 157). Años después, ya con la Declaración Universal, cuando se discutía reconocer el valor vinculante -de los derechos incluidos en ella- mediante un tratado o pacto, los países del bloque oriental también se negaban a aceptar algunas libertades que encajaban en el listado de los derechos civiles y políticos. Esta situación provocó que no se consiguiera el consenso sobre qué derechos debían estar incluidos en un catálogo de derechos jurídicamente vinculantes. Al no haber acuerdo y ante tamaña imposibilidad, la Comisión optó por elaborar dos tratados distintos: uno sobre derechos civiles y políticos y, otro, sobre los derechos económicos, sociales y culturales. De esta forma se buscó que aquellos países que más radicalmente se oponían a un grupo de derechos, y otros a otro, no ratificaran el tratado referido a los derechos a los que se oponían, pero que sí ratifiquen el tratado del otro grupo de derechos para los que no tenían mayor objeción. Con esta estrategia, se pretendía lograr el mayor número de ratificaciones posibles respecto de cada tratado. Así pues, la razón por la que el catálogo de derechos comprendidos en la Declaración Universal está finalmente dividido en dos grupos, es una razón histórico-política que no tiene nada que ver con la naturaleza de los derechos ni con la técnica jurídica ni con nada parecido. Es una decisión política en aras de lograr que el mayor número de países ratifiquen los derechos contenidos en la Declaración. Los derechos de la Declaración se plasman, entonces, en dos pactos: un pacto para los derechos civiles y políticos (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966), y otro pacto para los derechos económicos, sociales y culturales (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966). Ambos pactos, pese a ser del año 1966, entraron en vigor diez años después, en 1976, cuando por fin lograron alcanzar el número de ratificaciones necesarias. Adviértase, cómo es que la cuestión de los 150 jesuco_amag@yahoo.es VOX JURIS, Lima (Perú) 38 (2): 145-161, 2020 ISSN: 1812-6804 Sistema internacional de derechos humanos. La superación de la idea del menor valor y protección para los derechos económicos, sociales y culturales International human rights system. Overcoming the idea of lowest value and protection for economic, social and cultural rights derechos, desde sus inicios, ha sido un tema políticamente difícil de aceptar por parte de los Estados, tanto es así, que estos dos Pactos han necesitado de diez largos años para conseguir su entrada en vigor, al menos formalmente. Ya la eficiencia real y práctica es otro tema que aún no parece haberse alcanzado y con la sobriedad que se le pueda suponer, dado el consenso armónico y coincidente que se suele reconocer públicamente por parte de los Estados. Es interesante, sin embargo, anotar que, en la actualidad, prácticamente todos los Estados han ratificado ambos pactos. Excepciones notables son las de China que no ha ratificado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el de Estados Unidos de Norteamérica que no ha ratificado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos es el que contiene las libertades; es donde encontramos contenidos lo que tradicionalmente entendemos como derechos fundamentales y los vinculados esencialmente a la libertad: derecho a la vida, a la integridad personal, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de expresión, de religión, tutela judicial, derechos políticos, etcétera. Son los entendidos como derechos fundamentales desde el punto de vista liberal y, si se quiere, desde el punto de vista de la Declaración francesa. En cambio, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abarca los derechos que tienen un contenido social: el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, a la protección de la familia, los derechos laborales básicos, el derechos a la seguridad social, etcétera. La división en dos pactos del catálogo de los derechos contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos ha tenido importantes consecuencias desde el punto de vista jurídico ya que el contenido y alcance de los pactos no es el mismo. Si bien, en origen, se trataba solo de conseguir el consenso para lograr la ratificación del mayor número de países, esto provocó que se generalizara la equívoca idea de que se trataba de dos grupos de derechos con distintos niveles de importancia y que, siendo así, también debería tratárseles de una distinta forma técnico-jurídica. Se entendía que cada uno de estos dos grupos de derechos, tendrían unas condiciones y unas características concretas y, por lo tanto, se les atribuía un distinto nivel de protección. El resultado fue, que hubo un sistema de protección reforzado para los derechos civiles y políticos, y un sistema de protección menos fortalecido para los derechos económicos, sociales y culturales. De hecho, es conocida la teoría que habla de las generaciones de derechos, por la cual habrían, en principio, derechos de primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación serían los derechos civiles y políticos; los de segunda, los derechos económicos, sociales y culturales; y, los de tercera generación, los derechos llamados de la solidaridad o de los pueblos (derecho a la paz, al medio ambiente, etcétera). Esta idea tiene su origen en esa división que se tuvo que hacer de los derechos, en dos grandes bloques (Pactos) con el único fin de lograr el máximo consenso para la necesaria ratificación de los Estados. La teoría de las generaciones de los derechos es una teoría que debe sobrepasarse pues no obedece a ningún fundamento de rigor conceptual o generacional, en cuanto a los Pactos. De hecho, en la actualidad, el sistema de Naciones Unidas, la idea de las generaciones de los derechos, la tiene ya oportunamente superada. En este sentido y con el debido rigor, Salamero Teixidó (2012) afirma que desde que la Declaración Universal de Derechos Humanos equiparara los derechos civiles y políticos con los derechos económicos y sociales, ya desde allí suponía "(...) la superación de la categorización de los derechos en distintas 151 JESÚS VÍCTOR ALFREDO CONTRERAS UGARTE VOX JURIS (38) 2, 2020 jesuco_amag@yahoo.es VOX JURIS, Lima (Perú) 38 (2): 145-161, 2020 generaciones o especies pues son, en primer lugar y sin atisbo de duda, derechos humanos y, en segundo lugar, indisociables entre sí para su plena satisfacción" (pág. 20). En origen los pactos no tenían el mismo alcance, en cuanto a su protección, se ha trabajado en Naciones Unidas para conseguir que los derechos económicos, sociales y culturales, que son los que habían quedado más desprotegidos, por lo menos, alcancen el mismo nivel de protección que los derechos civiles y políticos. LOS ESTADOS FRENTE A LOS DERECHOS CONTENIDOS EN LOS PACTOS DE 1966 La idea que dio lugar a suponer que se trataba de dos grupos distintos de derechos y de distinta naturaleza, partió del argumento de que los derechos civiles y políticos exigían del Estado solo una conducta de abstención, de no hacer. Se argumentaba que los derechos civiles y políticos se encuadran en la esfera de libertad de las personas y su protección solo exigiría que el Estado no intervenga en esa esfera. Entonces, para el derecho de profesar una religión, para el derecho de libertad de reunión, de asociación, etcétera, bastaba con que el Estado no intervenga para coartarte de alguna forma impidiendo que ejerzas tu derecho; es la esfera privada de tus libertades, en las que el Estado no debía intervenir y con esa protección bastaba. En cambio, por el contrario, se decía que los derechos económicos, sociales y culturales tenían un contenido económicamente gravoso y material que le exigen al Estado un hacer. Por un lado, el Estado tendría que desarrollar una serie de actuaciones para garantizar a las personas el acceso a los derechos de educación, de salud, de vivienda, etcétera, y, por otro lado, utilizar sus recursos económicos para satisfacer esos derechos. Con esto, se decía que no se estaba al frente del mismo tipo de obligaciones. Resulta pues que se sostenía que los derechos civiles y políticos podían protegerse de una manera reforzada dado que le exigían al Estado, simplemente, una abstención de hacer, con lo cual, de manera inmediata, el Estado solo tenía que dejar de intervenir en la esfera privada de los individuos y esto no le significaba ninguna actuación ni ninguna erogación de recursos, mientras que los derechos económicos, sociales y culturales son prestaciones sociales que necesitan que el Estado actúe y destine recursos para que esos derechos puedan satisfacerse. Ese era el argumento que se usaba para afirmar que se trataba de derechos de distinta naturaleza y que no podían estar igualmente protegidos, primero, porque no todos los Estados tienen el mismo nivel de desarrollo y, segundo, consiguientemente, no todos los Estados estaban en las mismas condiciones para satisfacer las necesidades materiales de sus ciudadano, que es también objeto del ámbito de los derechos. Si no se satisfacen necesidades básicas, difícil será que los ciudadanos se preocupen por la debida exigencia del resto de sus derechos. Se entendía también, por un lado, que los derechos civiles y políticos tenían una dimensión individual puesto que se enmarcaban dentro de la libertad individual de cada persona; mientras que, por otro lado, se entendía que los derechos económicos, sociales y culturales tenían una dimensión colectiva porque la satisfacción de las necesidades materiales estaba, en buena medida, ligada a la satisfacción colectiva de los derechos. Esta era la idea que, desde la aprobación de los Pactos en el año 1966, impregnó al propio modelo de Naciones Unidas y, desde luego, también a los modelos de protección regionales de derechos, como es el caso del modelo europeo y el modelo interamericano de derechos humanos. De hecho, esta idea 152 jesuco_amag@yahoo.es VOX JURIS, Lima (Perú) 38 (2): 145-161, 2020 ISSN: 1812-6804 Sistema internacional de derechos humanos. La superación de la idea del menor valor y protección para los derechos económicos, sociales y culturales International human rights system. Overcoming the idea of lowest value and protection for economic, social and cultural rights se refleja en muchas Constituciones europeas, por ejemplo, en la Constitución española (Constitución Española, 1978) que establece un catálogo de derechos que son, esencialmente, derechos civiles y políticos, para luego considerar a los derechos económicos, sociales y culturales solo como principios rectores de la política social y económica (Constitución Española, 1978, Título I, Capítulo III), los mismos que no pueden reclamarse ante los tribunales de justicia sino que deben solo informar sobre la actuación de los poderes públicos. Pues bien, a primera vista, los derechos civiles y políticos exigirían del Estado solo obligaciones de no hacer, de abstenerse de hacer algo, mientras que, los derechos económicos, sociales y culturales le exigirían al Estado obligaciones de hacer y de actuar; además, estos derechos, son económicamente gravosas porque hay que poner en marcha programas para satisfacer las necesidades materiales que conllevan. Esto es lo que se argumentaba y lo que se podría seguir diciendo, a primera vista. No obstante, actualmente se ha llegado a un entendimiento diferente en el discurso del sistema internacional de los derechos, y hoy se defiende que todos los derechos le suponen y le exigen al Estado ambos tipos de obligaciones; es decir, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. En este sentido, Guilherme Marinoni (2015) afirma que: (...) el deber del Estado de proteger los derechos fundamentales también requiere medidas fácticas. (...) Para la efectiva protección de los (...) derechos son necesarias actividades administrativas de ejecución de las normas. (...) no basta con que el Estado dicte normas que prohíban o impongan conductas, sino que es necesario que adopte medidas concretas que tiendan a imponer su cumplimiento, así como a eliminar los efectos concretos producidos por los actos contrarios a ellas (págs. 20- 21). Por ejemplo, en cuanto al derecho a la vida: el derecho a la vida, en el modelo liberal, suponía que solo se trataba de que el Estado no prive arbitrariamente de la vida a persona alguna; esta, por supuesto, era una visión muy limitada y que suponía solo la abstención de acción por parte del Estado. Pero, actualmente, sabemos bien que el derecho a la vida exige a los Estados algo más que su simple inacción en cuanto a que este prive, arbitrariamente, de su vida a las personas. Los Estados están obligados a generar una serie de condiciones mínimas que permitan a la gente vivir dignamente y con el menor número de riesgos en sus vidas y para sus vidas. El Estado tiene una serie de obligaciones de hacer que empiezan, sencillamente, por ejemplo, por crear un sistema penal según el cual, el quitarle la vida a otro constituya delito. De forma parecida sucede con las personas que por alguna razón están bajo la tutela del Estado, como pueden ser los niños que están en centros públicos de acogida, o los presos que están en las cárceles, etcétera. Todos estos tipos de situaciones le exigen al Estado una obligación de hacer, pues él debe velar por preservar las vidas y la salud de quienes están bajo su tutela; no bastará con que se abstenga de privarles arbitrariamente de la vida. El Estado tendrá que proporcionar a todas estas personas las condiciones mínimas para la vida, como son comida, higiene, atención sanitaria, etcétera, y esto, claro está, también le supondrá al Estado el empleo de sus recursos económicos a fin de solventar estas obligaciones de hacer. Está claro entonces, que la obligación del Estado de proteger el derecho a la vida de las personas no termina con su inacción para privar arbitrariamente de este derecho, sino que tendrá que realizar una serie de prestaciones para cumplir con su obligación de respetar la vida de las personas. Cuando, 153 JESÚS VÍCTOR ALFREDO CONTRERAS UGARTE VOX JURIS (38) 2, 2020 jesuco_amag@yahoo.es VOX JURIS, Lima (Perú) 38 (2): 145-161, 2020 por ejemplo, se está frente a graves crímenes internacionales cometidos en contra de las personas, Sánchez Patrón (2011) apunta que la comunidad internacional -los Estados- estaría obligada a dos deberes: Por una parte, un deber de cooperación que se traduce en la obligación de 'cooperar' para que se ponga fin a las conductas incriminadas; y, por otra parte, un deber de abstención que se concreta en la obligación de no reconocer como lícita una situación creada por la infracción internacional, así como no prestar ayuda o asistencia al mantenimiento de esta trasgresión internacional. Cualquiera de estos dos tipos de deberes no excluye la existencia de otros previstos por el propio derecho internacional (pág. 267). Debemos pues tener en cuenta que ningún derecho es solo económico, social y cultural, ni ningún derecho es solamente liberal. Todo derecho tiene una dimensión social y una dimensión de libertad. El ejercicio de la libertad necesita que no existan determinados impedimentos y determinadas necesidades apremiantes. Por ello, y tal y como lo expresa Etxeberria (1994): (...) no se da la oposición entre derechos civiles y sociales: las así llamadas libertades 'formales' y 'materiales' se necesitan mutuamente, cada una como condición de la otra, y ambas como encarnación inevitablemente histórica de la dimensión incondicional de los derechos: el absoluto de la libertad (pág. 8). Un ejemplo curioso que se puede apreciar es el referido al derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho sobre el que no hay acuerdo sobre si es un derecho social o si es un derecho que corresponde a la libertad individual, es decir, si es un derecho que pertenece propiamente al grupos de los derechos económicos, sociales y culturales, o es un derecho que propiamente pertenece al grupo de los derechos civiles y políticos. En todo caso, esta doble dimensión la podemos advertir si comparamos la Constitución mexicana y la Constitución española. El documento constitucional mexicano (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917) -por cierto, la primera Constitución que incluyó derechos sociales-, en su artículo 3º le da al derecho a la educación una dimensión social, mientras que la Constitución española de 1978 en su artículo 27º le da un trato que enmarca a este derecho dentro de la dimensión de la libertad. Otro ejemplo, es el derecho de acceso a los tribunales o tutela judicial efectiva; este derecho se considera un derecho típicamente liberal. Que exista un derecho a la tutela judicial efectiva supone también que el Estado ponga en marcha un sistema judicial al que las personas puedan acceder; es decir, no basta con que el Estado se abstenga de obstaculizar al individuo impidiéndole su acceso a una efectiva tutela judicial; el Estado tendrá que realizar una serie de obligaciones que den lugar a la existencia de un sistema judicial donde las personas tengan garantizado el acceso a la administración judicial. En este sentido, el derecho a la tutela judicial efectiva es también un derecho de prestación porque le exige al Estado unas obligaciones de hacer y un uso de sus recursos económicos. Lo mismo pasa con los derechos políticos; no solo se trata de tener el derecho al voto. También el Estado tendrá que gestionar y costear un sistema electoral que le dé soporte al ejercicio del derecho al voto. También podemos desarrollar el argumento 154 jesuco_amag@yahoo.es VOX JURIS, Lima (Perú) 38 (2): 145-161, 2020 ISSN: 1812-6804 Sistema internacional de derechos humanos. La superación de la idea del menor valor y protección para los derechos económicos, sociales y culturales International human rights system. Overcoming the idea of lowest value and protection for economic, social and cultural rights a la inversa, estos es, partiendo de un derecho típicamente considerado como un derecho social: en este escenario podemos hablar del derecho a la vivienda; este es un derecho, todos estaremos de acuerdo, enmarcado, típicamente, dentro del grupo de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora bien, se dice del derecho a la vivienda, a primera vista, que se trata de un derecho que debe ser satisfecho por el Estado, entendiendo que este derecho trata de la obligación que tiene el Estado de darte una vivienda. Esto, por supuesto, no es del todo así; hablar del derecho a la vivienda no es hablar solo de esto. El derecho a la vivienda consiste, también, en que el Estado no te prive de las posibilidades de acceder por ti mismo a una vivienda, y esto, por ejemplo, implica que deberán estar regulados los desalojos forzosos en caso de que alguien ocupe tu casa ilegalmente. Entonces, el derecho a la vivienda no trata solo de una obligación de prestación por la que el Estado te tenga que dar o facilitar una vivienda; es un derecho que también tiene dimensiones de libertad por las que Estado tiene que generar un sistema que permita a las personas por sí mismas el acceso y el disfrute de la vivienda sin ningún tipo de intervención arbitraria. Entonces, debe quedar claro, que el conjunto de los derechos supone para el Estado, ambos tipos de obligaciones (de hacer y de no hacer). Con lo cual, también queda ya clara la idea que la división de todos los derechos en dos Pactos distintos no responde a la naturaleza de cada derecho, sino que solo fue la respuesta a una necesidad práctica de aprobación de los pactos, fruto del contexto histórico-político de ese tiempo, y que luego generó el error de entender que los derechos económicos, sociales y culturales merecían menos protección por las características que le eran propias. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS CON RESPECTO A LOS DERECHOS CONTENIDOS EN LOS PACTOS DE 1966 Uno de los mecanismos que ha tenido el sistema de Naciones Unidas para revertir la situación antes descrita -por la que se entendía que habían dos tipos de derechos en los que, unos exigían obligación de hacer y otros de no hacer-, es usar el catálogo general de obligaciones aplicable a todos los derechos. En Naciones Unidas existe un catálogo de obligaciones aplicable a todos los derechos. Es decir, que las obligaciones de los Estados son aplicables a todos los derechos por igual, tanto a los civiles y políticos, como a los derechos económicos, sociales y culturales. Este catálogo de obligaciones lo voy a dividir en dos tipos de obligaciones: genéricas y específicas. Siendo así, dejo sentado que el referido catálogo de obligaciones se construye, colige y extrae, del contenido de la Carta de Naciones Unidas de 1945, de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, de los mismos Pactos de 1966 y, también, de otros documentos como las Anotaciones sobre el texto del proyecto de Pactos Internacionales de Derechos Humanos, preparada por el Secretario General de Naciones Unidas (Documento A/2929. Annotations on the text of the draft International Covenants on Human Rights, 1955, pág. 16). Obligaciones genéricas de cumplimiento inmediato Estas son principalmente tres: la prohibición de discriminación, el principio de progresividad y la prohibición de regresividad. 1. La prohibición de discriminación.- Es, lógicamente, una obligación de cumplimiento inmediato que no necesita de una gran argumentación. Es una obligación 155 JESÚS VÍCTOR ALFREDO CONTRERAS UGARTE VOX JURIS (38) 2, 2020 jesuco_amag@yahoo.es VOX JURIS, Lima (Perú) 38 (2): 145-161, 2020 que hay que cumplir, sin importar cuál sea el nivel de desarrollo de los Estados ni cuál sea la situación de los derechos en ellos. Ningún Estado puede legislar de manera tal que el reconocimiento y el ejercicio de los derechos resulte siendo discriminatorio. Además, los Estados tienen que instrumentalizar medidas positivas en favor de aquellos grupos que están en estado de vulnerabilidad, a fin de que logren el ejercicio efectivo de sus derechos (niños, personas de la tercera edad, minorías étnicas o religiosas, personas con distinta capacidad, etcétera). 2) El principio de progresividad.- Este principio supone la obligación de los Estados de avanzar progresivamente hacia la plena satisfacción de los derechos. Con independencia de cuál es el nivel de desarrollo de un Estado y con independencia de cuál sea la situación de los derechos, el Estado tiene que poder demostrar que está avanzando, cada vez más, para conseguir la plena eficacia de todos los derechos, tiene que poder demostrar que adopta medidas concretas y deliberadas destinadas a mejorar el ejercicio de los derechos. El principio de progresividad consiste en que los Estados dan pasos hacia adelante con el fin de alcanzar la plena eficacia de los derechos 3. Prohibición de regresividad.- Esta prohibición determina que los Estados no deben adoptar ningún tipo de medida que suponga retroceder el nivel de protección ya alcanzado de los derechos. Entonces, mientras que el principio de progresividad consiste en la obligación de adoptar medidas concretas y deliberadas para avanzar hacia la plena eficacia de los derechos, en cambio, la prohibición de regresividad supone que los Estados tienen prohibido retroceder respecto del nivel o estándar de protección alcanzado. La prohibición de regresividad es utilizada con frecuencia a nivel internacional, pero también es usada por los jueces nacionales en los casos concretos cuando han de evaluar la protección de algún derecho. En principio se considera que toda medida regresiva es contraria a los derechos humanos; cualquier medida que suponga un retroceso, es una medida vulneradora de derechos. Sin embargo, se han establecido criterios para saber en qué casos concretos se entiende como justificado el uso de una medida regresiva. Un Estado podrá adoptar una medida que es en principio regresiva, pero la misma podría estar excepcionalmente justificada si cumple con determinados criterios. Entonces, los criterios o requisitos para que una medida regresiva sea justificada son: a- Que la medida esté prevista en una ley formal. Significa que la medida tiene que estar contenida en una ley producida por el poder legislativo. Se trata pues de garantizar que esta decisión o medida haya sido democráticamente adoptada y que no sea una decisión arbitraria del poder ejecutivo. La medida no puede estar adoptada mediante la facultad legislativa del poder ejecutivo. Se busca evitar que el ejecutivo adopte medidas regresivas de manera arbitraria. b- Que aunque la medida sea puntualmente regresiva respecto de un derecho concreto, este destinada a mejor el nivel de protección de los derechos en su conjunto. Es decir, si por alguna razón se adopta una medida que es lesiva respecto a un derecho concreto, pero que con una visión de conjunto, se pueda advertir que la medida favorece al ejercicio general de los derechos. Por ejemplo, cuando se adoptan medidas excepcionales en una situación de crisis económica, es posible que se adopten medidas que signifiquen el retroceso de algunos derechos concretos pero que, vista de manera amplia, se puede advertir que, la medida, favorece a los derechos en su conjunto. 156 jesuco_amag@yahoo.es VOX JURIS, Lima (Perú) 38 (2): 145-161, 2020 ISSN: 1812-6804 Sistema internacional de derechos humanos. La superación de la idea del menor valor y protección para los derechos económicos, sociales y culturales International human rights system. Overcoming the idea of lowest value and protection for economic, social and cultural rights c- Que se pueda demostrar que esa medida es la medida menos lesiva que se podía adoptar. Es decir, que no había otras medidas, menos lesivas, que pudieran haberse adoptado. Se debe tratar de una medida necesaria donde no exista otra forma de hacer frente a esa determinada situación, porque le Estado ya ha utilizado todos los recursos disponibles para intentar que esa medida no fuera necesaria. Como se ve, de estos tres criterios, se observa que Naciones Unidas intenta que existan criterios objetivos de valoración a la hora de analizar si una media es necesaria, regresiva o no desde la perspectiva de los derechos, porque ya sabemos que, en principio, toda medida regresiva es contraria a los derechos humanos. Obligaciones específicas Este tipo de obligaciones también se pueden clasificar en tres. 1. Obligación de respeto.- Este nivel de obligación se identificaría, efectivamente, con la idea de que el Estado se tiene que abstener de obstaculizar o afectar el ejercicio de los derechos. Es decir, esta sería la dimensión más liberal. En este nivel de obligación el Estado cumple con su deber con el solo hecho de abstenerse de intervenir de manera arbitraria o de dificultar el ejercicio de un derecho. Los individuos deben estar en condiciones de ejercitar sus derechos y, el Estado, debe de inhibirse de impedir ese ejercicio de los derechos. 2. Obligación de protección.- Este nivel de obligación se identifica con el deber del Estado, ya no solo de abstenerse él de obstaculizar el ejercicio de los derechos, sino de asegurar que los terceros, que otros, puedan estar en condiciones de afectar este ejercicio de los derechos. Es decir, en este nivel se trata de que los derechos no se vean afectados por los terceros. Este nivel de protección adquiere especial relevancia, respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, en el mundo actual de la globalización. Por ejemplo, en buena medida, algunos de los contenidos de los derechos económicos, sociales y culturales, se pueden ver afectados por la actuación de una determinada empresa, como puede ser el caso del derecho al agua. El derecho al agua supone que el Estado no obstaculice el acceso a este recurso y que no contamine las fuentes desde donde fluye; además, implica que el Estado deba crear las infraestructuras adecuadas para que todos gocen de este derecho. Ahora bien, el Estado también estaría obligado a evitar que las empresas privadas obstaculicen el acceso al agua o la contaminen. Entonces, se puede tomar viva cuenta que en el contexto de la globalización existen muchas más empresas privadas que tienen interés en explotar recursos de otros países a fin de lograr las mayores ganancias posibles. El Estado, ante esta situación, tiene la obligación de evitar que estas empresas, en el afán de hacer el mejor negocio posible para ellos, afecten o vulneren determinados derechos, como pueden ser el derecho al agua, a la salud, al medio ambiente, etcétera. Entonces, en última instancia, los Estados son siempre los responsables de la satisfacción y protección de los derechos. Aunque la satisfacción y protección de los derechos recaiga en manos privadas (el derecho a la salud, a la educación, etcétera), el Estado siempre será el obligado y el responsable de velar, fiscalizar y controlar que estas empresas no vulneren, obstaculicen o afecten el goce y ejercicio de los derechos de los ciudadanos. 3. Obligación de satisfacción o de cumplimiento o de hacer efectivo.- Esta obligación se refiere al nivel en que el Estado adopta medidas positivas, y muchas veces también gravosas, a fin de lograr el efectivo ejercicio de los derechos. Esta obligación de satisfacción se puede 157 JESÚS VÍCTOR ALFREDO CONTRERAS UGARTE VOX JURIS (38) 2, 2020 jesuco_amag@yahoo.es VOX JURIS, Lima (Perú) 38 (2): 145-161, 2020 subdividir en tres subniveles: facilitar, promover y satisfacer. Los Estados deben facilitar y promover el ejercicio de los derechos, y, en último término, cuando las personas no son capaces de satisfacer sus derechos por sí mismos, el Estado tendría que satisfacer esos derechos a través de una prestación directa. Y lo digo en condicional ("tendría que satisfacer") porque la satisfacción directa de una prestación está siempre supeditada a la viabilidad de que ella pueda ser solventada por el Estado; sin embargo, la viabilidad es un tema aparte que, a efectos prácticos, haya que tenerlo en cuenta, no releva de sus obligaciones al Estado. Una obligación no se extingue con la alegación de la imposibilidad viable de cumplirla. DIFERENCIAS SUSTANCIALES ENTRE UNO Y OTRO PACTO DE 1966 Ya quedó claro que, la idea de que se hiciera dos pactos sumada a la concepción más liberal de los derechos -que entendía que solo los derechos civiles y políticos eran auténticos derechos-, generó la dificultad de reconocer el verdadero valor los derechos económicos, sociales y culturales. Pero es que además de ello, son los propios pactos los que establecen diferencias entre uno y otro grupo de derechos. En primer lugar, advertiremos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece un catálogo de derechos más amplio en cuanto al número de derechos, pero también más amplio en cuanto al contenido de cada derecho y en cuanto a la forma en que está previsto cada derecho. En cambio, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contiene un catálogo de derechos mucho más limitado; no obstante, el artículo 11º de este pacto abre esta limitación de derecho. Este artículo reconoce el derecho a que todos tengan un nivel de vida adecuado. Si bien nombra taxativamente el derecho a la comida, al cobijo, a la ropa adecuada y a no pasar hambre, reconoce también, de manera general, que todos tienen el derecho a un adecuado nivel vida, con lo cual, permite que se incluyan como derechos, todo aquello que conduzca a alcanzar dicho nivel adecuado de vida individual y familiar. En segundo lugar, veremos que el artículo 2.1º, de ambos pactos, se refiere a las obligaciones que tienen impuestas los Estados respecto a los derechos que regula. Empero, mientras que en el artículo 2.1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece la obligación de respeto y garantía para los derechos que ese pacto reconoce, el mismo artículo 2.1º pero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que, respecto de los derechos que reconoce, los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas para avanzar y lograr progresivamente la realización de esos derechos. No es lo mismo pues, respetar y garantizar derechos que, simplemente, adoptar medidas para lograrlos progresivamente. El texto del artículo 2.1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en gran medida, es más sólido y exigente en cuanto a su redacción y en cuanto a la consideración y protección de los derechos que contiene. Pareciera que los derechos civiles y políticos fueran derechos que ya se tienen y que, por ello, hay que cuidarlos. De manera distinta, pareciera que, los derechos económicos, sociales y culturales, atendiendo al artículo 2.1º de su Pacto, son derechos que aún no se tendrían ni se considerarían como derechos y, siendo así, habría que conseguirlos progresivamente, mas no respetarlos ni garantizarlos como derechos porque aún no se tienen como tales. Esta es la impresión que deja esa diferencia de redacción; aunque, es evidente, que esta diferencia respondía a la 158 jesuco_amag@yahoo.es VOX JURIS, Lima (Perú) 38 (2): 145-161, 2020 ISSN: 1812-6804 Sistema internacional de derechos humanos. La superación de la idea del menor valor y protección para los derechos económicos, sociales y culturales International human rights system. Overcoming the idea of lowest value and protection for economic, social and cultural rights idea de que los derechos económicos, sociales y culturales, necesariamente, implicaban para los Estados la utilización de recursos económicos. Por ello, en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales se usó una cláusula más abierta, para que cada Estado atienda estos derechos según su nivel de desarrollo, satisfaciéndolos de manera progresiva. Esta es la idea verdadera que subyace a la diferente redacción de los artículos 2.1º en cuanto a uno y otro pacto. Como al principio los Estados utilizaron este precepto para posponer indefinidamente el cumplimiento de sus obligaciones, se ha tenido que hacer un desarrollo importante con respecto al principio de progresividad y a su contenido. En este escenario, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas -que es el órgano encargado de vigilar la aplicación del pacto- desarrolló un informe en el que aclara que avanzar progresivamente en ningún caso significa que se pueda posponer indefinidamente el cumplimiento de las obligaciones; el principio de progresividad supone la adopción de medidas concretas y deliberadas para avanzar en el logro de la plena satisfacción de los derechos. Sobre esto, Castillo Daudí (2010) precisa que: (...) las obligaciones asumidas por los Estados incluyen tanto las llamadas obligaciones de comportamiento como las denominadas obligaciones de resultado. (...) La expresión 'para lograr progresivamente...la plena efectividad de los derechos (...) no debe interpretarse equivocadamente como que priva a la obligación de todo contenido significativo(pág. 61). En tercer lugar, la otra gran diferencia que demuestra el diferente nivel de desarrollo y protección de unos y otros derechos contenidos en uno y otro pacto es que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos crea un Comité de Derechos Humanos como órgano de vigilancia de la aplicación del pacto, es decir, es un tratado constitutivo de este órgano. Este pacto establece que el Comité de Derechos Humanos se encargará de vigilar la aplicación del pacto mediante el sistema de informes que consiste en que los Estados partes presentan al Comité de Derechos Humanos periódicamente un informe sobre la situación de los derechos bajo su jurisdicción. El Comité de Derechos Humanos analiza ese informe y establece un diálogo con el Estado. Hay que advertir que, a la vez que se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se aprobó también un documento en materia de denuncias individuales (Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966). La situación entonces, desde un inicio, quedaba así instituida: los Estados respecto de los derechos están obligados a respetar y a garantizar; hay un Comité expresamente creado para que vigile la aplicación del pacto; a este Comité el pacto le encarga el sistema de informes periódicos y, además, junto con el pacto se aprueba un protocolo que establece un sistema de denuncias individuales que consiste en que las personas que consideren que se les ha vulnerado un derecho contenido en el pacto puedan denunciar esa supuesta vulneración ante este Comité de Derechos Humanos. Por lo tanto, según el pacto, el Comité de Derechos Humanos se encarga de los informes y, según el Protocolo, también de las denuncias individuales. Por cierto, no confundir el Comité de Derechos Humanos (que es un Comité de expertos) con la ya extinta Comisión de Derechos Humanos (hoy, el vigente es el Consejo de Derechos Humanos). 159 JESÚS VÍCTOR ALFREDO CONTRERAS UGARTE VOX JURIS (38) 2, 2020 jesuco_amag@yahoo.es VOX JURIS, Lima (Perú) 38 (2): 145-161, 2020 En cambio, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no crea ningún órgano de vigilancia, pero sí establece un sistema de informes. Es decir, ambos pactos establecen el mismo mecanismo de vigilancia en cuanto a los informes, pero, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no crea un órgano de vigilancia propiamente dicho. Lo que hace este pacto es establecer que el sistema de informes periódicos, que sí prevé este pacto, estará a cargo del Consejo Económico y Social (ECOSOC), que es un órgano principal de Naciones Unidas que ya existía. Al ser el Consejo Económicos y Social un órgano que es principal, como tal, tiene otras muchas funciones; es decir, no es un órgano dedicado especialmente a la vigilancia de este pacto, como sí lo es el Comité de Derechos Humanos para el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, en el momento que se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no se instauró ningún sistema de denuncias individuales, como sí se hizo cuando se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos mediante su Protocolo Facultativo. Como debió ser obvio, al ser un órgano principal con otras múltiples funciones que cumplir, el Consejo Económicos y Social no estuvo en condiciones de hacerse cargo del sistema de informes; téngase en cuenta, que tampoco estaba integrado por expertos en materia de derechos humanos, como sí sucedía con el Comité de Derechos Humanos. Ante esta situación, es el Consejo Económico y Social el que crea el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el mismo que estará integrado y funcionará ya de la misma manera que el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dicho de otra forma, para efectos operativos, funcionan de la misma manera. Ambos Comités están formados por dieciocho expertos independientes, que se eligen a título personal, que no representan al Estado del que son parte y son personas de reconocido prestigio sobre todo en materia de derechos humanos. Debemos caer en la cuenta de que si el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue creado por una Resolución del Consejo Económico y Social, esto implica, que, de la misma forma, con otra Resolución resultaría muy fácil el desaparecerlo. Esto, en cambio, no sucede con el Comité de Derechos Humanos ya que este Comité fue creado por el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hay pues un origen distinto de cada Comité, lo que da cuenta de la manera diferente en que se gestó la protección de los derechos que defienden uno y otro pacto, aunque luego en la práctica ambos Comités funcionen igual y tengan las mismas facultades, salvo para el tema de las denuncias individuales, que en sus inicios, esto no estuvo regulado para los derechos económicos, sociales y culturales. Durante mucho tiempo se intentó que existiera un protocolo en el que se previera también denuncias individuales ante la vulneración de los derechos económicos sociales y culturales. Finalmente, se logró aprobar el protocolo correspondiente a estos derechos (Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2008). Este Protocolo sí regula la posibilidad de las denuncias individuales, aunque se haya tenido que esperar, otra vez, varios años para que, por fin, entre en vigor: recién entró en vigor en mayo de 2013. A MODO DE CONCLUSIÓN A la idea, equívoca y generalizada, que solo los derechos civiles y políticos son verdaderos derechos porque supuestamente exigen que el Estado simplemente se 160 jesuco_amag@yahoo.es VOX JURIS, Lima (Perú) 38 (2): 145-161, 2020 ISSN: 1812-6804 Sistema internacional de derechos humanos. La superación de la idea del menor valor y protección para los derechos económicos, sociales y culturales International human rights system. Overcoming the idea of lowest value and protection for economic, social and cultural rights abstenga de afectar las esferas de libertad de los individuos, se le opone el catálogo de obligaciones de los Estados. Con este, se demuestra que todos los derechos, absolutamente todos sin distinción, exigen, por supuesto, que el Estado se abstenga de conculcar derechos, pero también exigen del Estado su acción positiva, mediante la inversión de recursos económicos para la creación de los medios suficientes y eficientes que garanticen la realización de los derechos. Y esto es así, tanto para los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como para los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y para los contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De esta forma, luego de lo desarrollado, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos, queda mucho mejor sustentada respecto al sistema internacional de los derechos humanos. Entonces, no es que los derechos civiles y políticos solo exijan obligaciones de no hacer, y los derechos económicos, sociales y culturales solo exijan obligaciones gravosas de hacer, sino que todos los derechos exigen del Estado un espectro continuo de obligaciones que van desde la obligación de no discriminación, de avanzar y no retroceder, de respetar el ejercicio que ya se hace de los derechos, proteger el ejercicio de los derechos respecto de agentes no estatales que pudieran afectarlos, facilitar y promover el ejercicio del derecho, y, solo en último término, satisfacer o hacer efectivo, de manera directa, el derecho. Todos los derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, exigen de los Estados diferentes niveles de obligación, y solo el último de estos niveles, como he referido antes, es un nivel esencialmente de prestación. Finalmente, está claro que el hecho histórico-político que supuso que los pactos se aprobaran por separado tuvo también implicaciones jurídicas. Es claro que los Pactos no tratan en los mismos términos a los derechos que contiene cada uno; esto se advierte bien, en cuanto a sus mecanismos de protección y garantía. Un pacto establece la obligación de respetar y garantizar, y el otro, solo la obligación de adoptar medidas para, progresivamente, avanzar hacia la plena eficacia de los derechos. Hay pues un desarrollo distinto, en la forma en que están previstos los derechos en los Pactos, en las obligaciones que implican para los Estados y, luego, en los mecanismos de protección que están previstos en uno y otro Pacto; no es el mismo nivel de protección el que estaba previsto para unos derechos y para los otros, aunque el trabajo que se viene haciendo en Naciones Unidas, especialmente, a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha favorecido que los derechos económicos, sociales y culturales hoy hayan conseguido un desarrollo normativo tan importante como el que tienen, desde sus inicios, en el Pacto correspondiente, los derechos civiles y políticos. FUENTES DE INFORMACIÓN: Fuentes bibliográficas Cassese, A. (1991). Los derechos humanos en el mundo contemporáneo. (A. Pentimalli Melacrino, & B. Ribera de Madariaga, Trads.) Barcelona, España: Ariel. 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