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VOX JURIS (38) 2, 2020
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VOX JURIS, Lima (Perú) 38 (2): 223-240, 2020
EL INELUDIBLE EMPLEO DE LA CIENCIA POLÍTICA Y LA CRIMINOLOGÍA
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN LOS
PAÍSES IBEROAMERICANOS
THE INELUDIBLE EMPLOYMENT OF POLITICAL SCIENCE AND
CRIMINOLOGY TO GUARANTEE THE INTEGRAL SECURITY OF THE
POPULATION IN THE IBEROAMERICAN COUNTRIES
Dr. Dr. Dr. H.C. Gino Ríos Patio
Universidad de San Martin de Porres
Presidente de la Sociedad Peruana de Criminología
ORCID: 0000-0002-0209-2645
Código RENACYT: POO10302
gino_rios@usmp.pe
Perú
Recibido: 2 de diciembre de 2019 Aceptado: 19 de febrero de 2020
SUMARIO
Introducción
La
cuestión
criminal
en
los
países
iberoamericanos
El
Estado
posmoderno
y
la
deslegitimación del ius puniendi
El
poder
de
criminalización
como
causa de la criminalidad
Gobernar a través del crimen
La
desjuridización
de
la
cuestión
criminal
Conclusiones
Fuentes de información
RESUMEN
El
autor
analiza
crítica,
pero
constructivamente,
desde
la
ciencia
política, la antropología social, la sociología
y
la
criminología,
el
problema
de
la
ausencia de seguridad integral en los países
iberoamericanos, situación contraria a uno
de los dos fines esenciales de todo estado,
lo cual se manifiesta en elevados índices de
criminalidad
y
de
percepción
de
inseguridad, debidos a la política imperante
de corte neo liberal en lo económico y de
expansionismo penal como toda respuesta
del
Estado,
que
conlleva
sobre
criminalización,
hiperpunitivismo,
populismo
punitivo,
prisionización
y
normalización
de
la
violencia,
aspectos
todos ellos que configuran una gobernanza
a través del crimen, sin vocación política
para superar el grave problema social que
entraña la cuestión criminal. Concluye en
que
la
política
éticamente
ejercida
y
la
criminología
deben
ser
empleadas
para
resolver eficazmente el problema.
ABSTRACT
The
author
analyzes
critically,
but
constructively,
from
political
science,
social
anthropology,
sociology
and
criminology, the problem of the lack of
comprehensive security in Ibero-American
countries, a situation contrary to one of the
two essential purposes of any state, what
which is manifested in high crime rates and
perception
of
insecurity,
due
to
the
prevailing policy of a neo-liberal court in
economic
matters
and
criminal
expansionism
as
any
response
from
the
State,
which
involves
criminalization,
hyperpunitivism,
punitive
populism,
https://doi.org/10.24265/voxjuris.2020.v38n2.12
El ineludible empleo de la ciencia política y la criminología para garantizar la seguridad integral de la
población en los países iberoamericanos
The ineludible employment of political science and criminology to guarantee the integral security of the
population in the iberoamerican countries
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VOX JURIS, Lima (Perú) 38 (2): 223-240, 2020
ISSN: 1812-6804
imprisonment
and
normalization
of
violence,
all
aspects
of
which
shape
governance
through
crime,
without
a
political vocation to overcome the serious
social
problem
involved
in
the
criminal
question.
It
concludes
that
ethically
exercised politics and criminology must be
used to effectively solve the problem.
PALABRAS CLAVE
Política;
criminología;
criminalidad;
seguridad.
KEYWORDS
Politics; criminology; criminality; security.
INTRODUCCIÓN
La realidad problemática en cuestión, esto
es,
la
cuestión
criminal
y
la
falta
de
seguridad
integral
en
los
países
iberoamericanos,
es
observable
en
la
cotidianidad
de
la
vida
social,
está
registrada en las estadísticas y, asimismo, es
analizable
en
la
normatividad
y
operatividad del sistema de control social
formal penal, el cual ha perdido seguridad
de
respuesta
y,
además,
las
drásticas
sanciones
que
aplica
son
carentes
de
racionalidad
y
oportunidades
desaprovechadas
con
relación
a
la
reeducación y resocialización del hombre.
El tema de la seguridad integral es muy
importante
para
investigar
en
cualquier
forma de estado, pues tiene que ver con la
vida
de
las
personas;
y
en
la
región
conformada por los países iberoamericanos
es interesante abordarlo científicamente de
una manera multidisciplinar y extra penal,
aunque por cierto siempre se normativiza y
opera
penalmente
la
configuración
de
dominación social, de ahí que haya que
cuestionar también el sistema penal, pero no
exclusivamente
pues
es
tan
solo
una
manifestación de estructuras previas; por lo
que el tratamiento dado al problema en el
presente artículo resulta original.
El objetivo múltiple de la investigación es
el de acreditar la necesidad de preocuparse
por
el
trascendental
problema
descrito;
motivar la reflexión y deliberación pública
sobre
la
nocividad
social
de
la
política
imperante que genera inseguridad y más
crímenes
y
criminales;
repensar
la
inutilidad social de aplicar prima ratio el
sistema
penal;
y
recapacitar
en
la
conveniencia
común
de
dar
paso
a
una
política de estado que provea condiciones
esenciales
de
seguridad
integral
y
una
política
criminológica
de
prevención
y
control
del
crimen;
con
la
finalidad
de
enfocar de manera diferente la comprensión
empática
de
la
cuestión
criminal
y
preocuparnos por recuperar el humanismo
frente a la actual política que exacerba el
individualismo,
la
insolidaridad
y
el
consumismo.
La
investigación
arriba
a
la
conclusión
principal de que en la actual época de la
civilización,
caracterizada
por
el
reconocimiento y la consagración política
de
los
derechos
humanos;
el
desarrollo
científico
y
tecnológico;
y
el
progreso
económico;
es
menester
que
la
política
estatal de los países iberoamericanos, que
son objeto de este análisis, se fundamente
en la salvaguarda y el respeto a la dignidad
de la persona humana como fin supremo de
la sociedad y el estado; y en el indispensable
cumplimiento del fin estatal de dotar de
seguridad integral a la población y, en esa
medida, prevenir y controlar la criminalidad
reduciéndolas
a
niveles
tolerables
y
compatibles con la vida social, junto con
condiciones
básicas
de
bienestar,
que
constituye el otro fin esencial del estado,
para
lo
cual
es
inevitable
emplear
las
ciencias sociales, tales como la sociología,
la
antropología,
la
política
y
la
criminología,
para
realizar
una
auténtica
reforma política y diseñar políticas públicas
que permitan el logro de los fines para los
cuales la sociedad se organizó política y
jurídicamente.
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La investigación que se presenta en este
artículo se justifica teóricamente porque los
gobiernos
y
los
pueblos
de
los
países
iberoamericanos
han
perdido
sentido
de
pertinencia
en
el
empleo
de
la
ciencia
política y la criminología, que les impide
adoptar una política de estado que permita
ejecutar
políticas
públicas
que
den
seguridad integral, en el sentido liberal del
término,
y
no
únicamente
medidas
administrativas
y
situacionales
de
seguridad, que por sí mismas no previenen
las causas de la criminalidad ni sirven para
reducirla.
La investigación, asimismo, presenta gran
utilidad social pues la seguridad integral
constituye uno de los dos fines esenciales de
todo
estado
y,
por
ende,
servirá
para
repensar la forma ineficaz como se está
respondiendo al crimen desde el estado,
caracterizada por ser reactiva, emotiva y
selectiva.
Es de estimar, finalmente, el eminente nivel
de impacto regional de una investigación
multidisciplinar
en
un
tema
tan
comprometido con los derechos humanos
del infractor y la víctima, así como de los
deberes del estado y la sociedad en términos
de control social, por lo que el tratamiento
de la temática que se expondrá en adelante
es
trascendente
desde
una
perspectiva
política,
sociológica,
antropológica
y
criminológica,
en
la
medida
que
la
seguridad
integral
es
un
fin
estatal
por
excelencia y la ciencia política y la ciencia
criminológica son inexcusables para una
mejor organización y desarrollo sociales.
LA CUESTION CRIMINAL EN LOS
PAISES IBEROAMERICANOS
La
observación
directa
de
la
realidad
cotidiana y el consumo de la información
1
Disponible en:
www.latinobarometro.org/latdocs/INFORME_2018
_LATINOBAROMETRO.pdf
difundida por los medios de comunicación
de masas, permiten enfocar un doloroso
aspecto de la realidad nacional de los países
iberoamericanos,
como
es
el
desarrollo
incesante de una política de corte neo liberal
que privilegia la libertad económica por
encima de las demás libertades humanas, el
retraimiento
del
estado
en
las
políticas
sociales y la desregulación económica que
genera
eventuales
desequilibrios
entre
productores
y
consumidores,
que
la
denominada mano invisible del mercado no
nivela, lo cual genera el enriquecimiento de
pocos
y
el
masivo
empobrecimiento
de
muchos,
medido
por
el
Informe
Latinobarómetro (2018)
1
.
Toda
la
población,
no
obstante,
es
influenciada por el nuevo fin primordial de
la vida en la pos modernidad, que es el éxito
representado por la posesión de ingentes
cantidades
de
dinero
y
costosos
bienes
materiales
generados
a
partir
de
un
consumismo irracional, como consecuencia
de un individualismo narcisista exacerbado
que rechaza la contribución y solidaridad
individual
y
aprueba
la
competencia
salvaje, la intolerancia y la validación de
cualquier medio que permita el logro del
nuevo fin entronizado.
R.
H.
Tawney,
citado
por
Geis,
G.
(2006:12) escribió:
A los fuertes les prometieron una
libertad sin límites para el ejercicio
de
su
fuerza.
A
los
débiles,
la
esperanza
de
que
también
ellos
podrían llegar a ser fuertes algún
día. Ante los ojos de cada uno de
ellos hicieron pender un premio de
oro, que no todos podían alcanzar,
pero por el que todos debían luchar:
la encantadora visión de una infinita
ampliación.
Aseguraron
a
los
hombres que no había otros fines
El ineludible empleo de la ciencia política y la criminología para garantizar la seguridad integral de la
población en los países iberoamericanos
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ISSN: 1812-6804
que los propios, no había otra ley
que su deseo, ni otro límite distinto
del que consideraban recomendable.
El
mismo
Geis,
G. (2006:11)
recoge
el
concepto de anomia de éxito diseñado por
Robert Merton, según el cual todo delito es
consecuencia del deseo aprendido de éxito
financiero
como
testimonio
de
valía
personal y que “en los estratos altos surge
cuando cada éxito temporal, así como las
expectativas aumentadas que los asociados
exponen
[a
las
personas
con
éxito],
fomentan unas aspiraciones cada vez más
elevadas. La cuestión es que los deseos de
esta naturaleza son ilimitados y pueden ser
insaciables.”
No todos, empero, cuentan con los medios
a su alcance ni con las oportunidades que la
sociedad
y
el
estado
deben
crear
en
condiciones de igualdad para todos, para
alcanzar el éxito concebido sobre la base de
la absurda idea antes anotada, pues siendo
efímera
la
vida
humana
y
teniendo
la
persona una naturaleza gregaria, es ilógico
e irrazonable pensar en acumular bienes
costosos per se, sin ninguna finalidad social
ulterior
que
implique
la
realización
y
trascendencia de la persona en los demás y
no en sí mismo.
El
conflicto
surge,
entonces,
porque
la
cantidad
de
recursos
disponibles
para
satisfacer las necesidades humanas, sean
materiales o inmateriales, son limitados. La
pugna basada en los propios intereses y las
particulares aspiraciones, sería normal si
tuviera como base una sociedad de iguales
y si
no se acudiera a
la
violencia para
resolverlo, dando lugar así al crimen.
Esto explica que, al mismo tiempo, dichas
fuentes -la observación de la realidad y el
consumo
informativo-
permiten
ver
el
consiguiente incremento de la criminalidad
y de la percepción de inseguridad, por ende,
la
normalización
de
la
violencia;
y
paralelamente el aumento de la duración de
las
penas,
la
sobrepoblación
y
el
hacinamiento carcelario.
Lacera
observar,
además,
que
ante
este
panorama social, lo político no reacciona
científicamente
sino
emocionalmente,
a
través de una respuesta punitiva, cada vez
más bárbara y menos civilizada, lo que nos
recuerda que la época medieval no se ha
ido, sino que permanece entre nosotros,
como apunta Zaffaroni, E. (2011).
La explicación propuesta se completa con el
inocultable propósito político de gobernar
mediante
la
utilización
de
la
cuestión
criminal
perjudicando
a
los
ciudadanos
pertenecientes
a
las
clases
más
desfavorecidas
económicamente
y,
por
tanto, más vulnerables a la acción política
estatal,
porque
al
carecer
de
fuente
de
ingresos
o
poseer
los
necesarios
para
sobrevivir, se les considera no funcionales
al sistema económico vigente, que se basa
en el consumismo para mantener niveles de
producción
nunca
vistos
de
bienes
desechables en poco tiempo, superfluos y
prescindibles, que en nada aprovechan a la
persona humana, por el contrario sirven
utilitariamente
para
construir
el
nuevo
modelo de hombre irreflexivo, ahistórico y
acrítico.
De esa manera, el arquetipo del hombre
posmoderno, individualista no comunitario;
instintivo
no
ensimismado
en
su
futuro
trascendente como miembro con sentido de
pertenencia e identidad nacional; impulsivo
no cauteloso en la construcción de políticas
públicas;
es
construido
por
el
poder
planetario del nuevo orden mundial, que
apoyado en la globalización y la tecnología
de uso masivo, ha inocuizado los estados
nacionales,
desterrado
los
valores
y
tradiciones
propios
e
impuesto
en
la
realidad
nacional
de
los
países
iberoamericanos
ideas
foráneas
para
las
que, en el mejor de los casos, aún falta
madurar.
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Ante la descrita situación problemática, que
es común a los países iberoamericanos por
su
mismo
origen,
tipos
de
gobierno
y
cosmovisión cultural ancestral, el artículo
que se postula pretende en el período estelar
de los derechos humanos y la democracia,
precisamente, demostrar
la
necesidad
de
adoptar en nuestros países una política de
estado que tenga como fin axiológico y
teleológico
el
defender
y
respetar
a
la
persona
humana
para
garantizar
su
seguridad integral, lo cual tendrá efectos
positivos en la prevención y reducción de la
criminalidad a niveles compatibles con la
convivencia social.
Al autor le impele la trascendencia de un
tema concreto y dramático, como el de la
seguridad integral, que es un fin esencial del
estado,
el
cual
solo
puede
ser
científicamente
abordado
y
solucionado
con
eficacia
mediante
el
empleo
de
la
ciencia política y la criminología, de ahí la
elección del problema de investigación para
su análisis crítico multidisciplinar, desde la
múltiple perspectiva política, sociológica,
antropológica y criminológica.
EL
ESTADO
POSMODERNO
Y
LA
DESLEGITIMACIÓN
DEL
IUS
PUNIENDI
Desemejanzas en las funciones y fines del
estado moderno y posmoderno
El estado moderno, cualquiera sea su forma,
surgió
como
un
tipo
de
organización
jurídica
y política holística
y autónoma,
basada
en
los
principios
de
solidaridad
activa
y
cooperación
fraterna
de
sus
miembros, con el propósito de aunar todos
los
recursos
actuales
y
potenciales
para
aspirar al bien común, independientemente
de la ideología imperante, en beneficio de la
población. Su naturaleza artificial, esto es,
de entelequia creada por el hombre y que
tiene en sí misma el principio de su acción
y su fin; y su esencia de realidad secundaria,
no
primaria
como
es
el
hombre,
lo
caracteriza
como
un
medio
para
la
realización y trascendencia de la persona
humana,
cuya
defensa
y
respeto
de
su
dignidad son su finalidad existencial.
En vista del carácter ideal del bien común,
que es su fin supremo, el estado asume
como
fines
esenciales
la
creación
de
condiciones
necesarias
para
proveer
de
bienestar general y de seguridad integral a
todos sus miembros, conceptos estos que
son complementarios e interdependientes.
No
existe
uno
sin
el
otro
y
el
nivel
alcanzado por uno condiciona el del otro, en
un marco obviamente de igualdad.
El
estado
moderno,
empero,
viene
experimentando
transformaciones
que
actualmente colisionan con los principios
sobre los cuales se originó; que afectan las
instituciones económicas, políticas, sociales
y
culturales;
y
ponen
en
cuestión
el
concepto
mismo
del
estado
nación,
afectando sus fines primigenios y haciendo
suponer
eventualmente
su
decadencia,
pérdida de funciones incluida, por causa de
la globalización, como anota Chevallier, J.
(2012),
así
como
-cabe
añadir-
del
neoliberalismo, fenómenos ambos que han
dado lugar a la configuración de un estado
vacío de contenido, finalidad y funciones
sociales.
El investigador se resiste a creer ello, por el
contrario,
considera
que
se
trata
de
la
aparición de una nueva forma de estado
posmoderno, cuyo funcionamiento efectivo
depende, como siempre ha sido en todas las
formas de organización jurídico política de
la
sociedad,
de
principios,
valores
y
sistemas de creencias propios, razón por la
cual constituye actualmente un desafío el
hecho
de
que
el
estado
posmoderno
iberoamericano
cumpla
sus
fines
originarios,
independientemente
de
los
baremos
políticos
coyunturales,
y
no
se
convierta en una simple etiqueta.
Para
ello,
desde
el
espacio
nacional
y
regional,
habrá
que
desentrañar
las
El ineludible empleo de la ciencia política y la criminología para garantizar la seguridad integral de la
población en los países iberoamericanos
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innovaciones institucionales acarreadas por
el
neoliberalismo,
la
globalización
y
la
tecnología de uso masivo, adaptarlas a la
particular realidad nacional y regional, y
orientarlas al servicio de la defensa de la
persona humana y el respeto de su dignidad,
evitando
que
su
utilización
en
nuestro
contexto
regional,
en
virtud
a
una
asimilación automática o su no uso merced
a una
impugnación
mecánica, se vuelva
contraria al humanismo.
Podrán subsistir, de esta manera, los valores
con los que nació el estado moderno, como
son, el racionalismo, la trascendencia y la
sustancia
del
hombre,
evitando
ser
arrasados
por
el
cálculo
de
réditos,
el
utilitarismo,
la
instrumentalización,
la
impersonalidad,
la
neutralidad
afectiva,
entre otros nuevos estilos contemporáneos
que
hacen
del
estado
pos
moderno
una
especie de sociedad anónima.
Esta disimilitud entre el estado moderno y
el
posmoderno,
presenta
como
grave
defecto la entronización de un extremado
individualismo
autorreferencial
que
ha
borrado las fronteras entre lo interior de
cada
quien
y
lo
externo
a
cada
uno,
originando que el hombre pierda el punto de
apoyo
social
para
la
construcción
equilibrada
de
su
yo,
resultando
un
ser
desarraigado
socialmente
y
causando
el
narcicismo,
la
búsqueda
ilimitada
de
felicidad o placer y la hipertrofia del yo, que
deviene en altamente criminógeno.
En
este
nuevo
escenario,
el
desarraigo
social
de
un
hombre
exageradamente
ególatra,
lo
hace
involucionar
hacia
lo
individual y corroe la identidad y el sentido
de pertenencia a una comunidad, dejando
desatados los instintos atávicos que crean
espacios
de
violencia
estructural,
institucional, conductual y discursiva que se
constituyen
en
insufribles
episodios
cotidianos.
El atributo del estado de castigar
El poder de criminalización, esto es, de
definir cuáles conductas son criminales; de
asignar
la
cualidad
de
criminal
a
un
ciudadano y rotularlo con la consiguiente
estigmatización; y de decidir la ejecución de
la pena, tiene naturaleza política y lo ejerce
el estado desde el siglo XIII en Occidente,
como
lo
registra
Anitua,
G.
(2015),
habiendo sido utilizado como arma política
contra
adversarios
u
opositores
a
los
intereses
del
régimen
de
turno,
en
esa
deformación de la noble actividad humana
que es la actividad política y de la delicada
pero
distorsionada
tarea
de
ministrar
justicia,
acertadamente
denominada
la
politización de
la
justicia, en
los países
iberoamericanos.
Ergo, la causa de la criminalidad no está en
el individuo o en su entorno social, como se
sostenía desde la criminología positivista,
sino
en
el
ejercicio
perverso
del
poder
político, desviado de su ethos y del telos de
la
organización
jurídico-política
de
la
sociedad, que apunta al respeto, defensa y
promoción de la dignidad de la persona
humana y sus derechos fundamentales.
Desde
el
siglo
XII
hasta
antes
de
la
criminología crítica que aparece en el siglo
XX,
la
demonología
que
sustentó
la
inquisición
y
las
posteriores
escuelas
criminológicas
positivistas
consideraban
que las causas de la criminalidad estaban en
el interior del individuo o en su entorno
social. Desde aquella época, instalados en el
paradigma
etiológico,
se
pensaba
la
cuestión criminal en términos del enfoque
positivista
criminológico,
pretendiendo
identificar la causa de la criminalidad en el
individuo transgresor, dentro o fuera de él,
sea en su biología -anatómica, genética o
endocrinológica-, en su psicología o en su
entorno social. Por ello, aún se le califica
mediática y socialmente como anormal o
monstruo, trastornado o desviado. Y claro,
tales epítetos se le atribuyen públicamente
con
carácter
previo
a
su
juzgamiento
y
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condena, afectando su derecho inalienable a
la presunción de inocencia.
Desde que apareció la criminología crítica
cambia el enfoque y se ve el problema de la
criminalidad
macroscópicamente,
vinculándola al poder de criminalización.
A partir de 1970 la criminología crítica
postula
la
teoría
según
la
cual
la
criminalidad debe ser entendida como una
conducta
que
se
les
atribuye
solo
a
determinados individuos carentes de poder,
sea porque no lo han tenido nunca o sea
porque lo han perdido, lo cual destruye, en
cualquier caso, el mito del pacto social. De
esta
manera,
el
centro
de
la
cuestión
criminal se traslada del individuo al poder
de criminalización que tiene el estado. Esta
nueva concepción criminológica sostenida
por
Baratta,
A.
(2002:109),
entre
otros
criminólogos
críticos,
afirma
que
“la
criminalidad no existe en la naturaleza, sino
que es una realidad construida socialmente
a través de procesos de definición y de
interacción”.
Como sostiene Becker, citado por Salo de
Carvalho (2014:95), la desviación no es una
cualidad del acto o de la persona que lo
comete,
sino
la
consecuencia
de
una
etiqueta
que
se
le
atribuye
satisfactoriamente, de donde resulta que el
comportamiento desviado es la conducta
etiquetada.
De
esa
manera,
aparece
la
artificialidad
del
delito
y
colapsa
la
perspectiva criminológica positivista, que
afirmaba que el delito era neutral y los
delincuentes eran anormales. El labeling
approach o etiquetamiento fue el puente
2
Políticamente
se
construyen
símbolos
para
sensibilizar
a
la
población
para
conducirla
y
controlarla con la finalidad de conservar el poder.
En el ejercicio del ius puniendi estatal, el poder
trasmite al derecho penal sus intereses, que son
normativizados y operados por el sistema penal a
través de sus agencias con determinado sesgo. Así,
el
simbolismo
penal
se
demuestra
en toda
su
extensión, porque como anota Zavala, L. (2017):
tendido por la sociología criminológica para
el surgimiento de la criminología crítica, la
que incluyó las relaciones de poder en la
generación del crimen, toda vez que ciertos
grupos o clases detentan la capacidad de
elegir
las
conductas
ilícitas
y
sus
responsables.
Así,
pues,
para
la
criminología
crítica,
también denominada politología del delito,
la causa de la criminalidad está constituida
por la existencia de estructuras económicas,
culturales, políticas y sociales desiguales e
injustas; y por la discriminación y exclusión
social.
Esto
permite
comprender
que
la
cuestión criminal tiene un espacio extra
penal y, asimismo, facilita la percepción de
un hecho que no es notorio, cual es, que la
reacción social genera desviación y no al
contrario, pues son las estructuras sociales
inicuas, desiguales y excluyentes las que
forman personas conflictivas y no al revés.
Se
aprecia,
desde
entonces,
que
la
criminalidad
es
un
problema
social
que
debe
merecer
la
respuesta
integral
del
estado y la sociedad; que su causa última no
está en el individuo, como sostenían todas
las
escuelas
criminológicas
previas,
que
eran
positivistas
por
basarse
en
lo
observable,
sino
en
el
proceso
de
criminalización, esto es, en el ejercicio del
poder
de
definición
de
conductas
criminales, de asignación de la condición de
criminal y de la ejecución de las penas, todo
lo cual configura el ejercicio del poder de
castigar del Estado o ius puniendi, que es
ineficaz a la luz de los resultados del índice
de
la
criminalidad
que
habiendo
sido
simbólico
2
ha perdido representación para
(…) existe sistémicamente una pretensión política de
prohibir
sin
que,
necesariamente,
se
den
los
contextos, situaciones y
escenarios para que las
normas penales cumplan con su verdadera finalidad.
Es el caso de las penas en general y de la pena
privativa
de
libertad
en
particular;
de
la
neo
criminalización y la sobre criminalización; de las
leyes penales medioambientales; las de punición de
la
criminalidad
organizada;
las
de
delitos
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devenir en un fetichismo penal
3
. Además, la
naturaleza y operatividad del sistema es,
como
apunta
Zaffaroni,
E.
(1998),
ilegítima,
ilegal,
falsa,
alucinante
y
perversa. En efecto, siendo la legitimidad la
expresión
de
la
racionalidad,
la
representatividad y el consenso, el sistema
penal adolece de
legitimidad
al
ser una
manifestación
del
poder
de
unos
sobre
otros, motivo por el cual no todos los delitos
son perseguidos, procesados ni sancionados
ni todos los responsables de los delitos están
condenados, por la misma razón que no
todos los que están con pena privativa de la
libertad
a
título
de
condena
son
responsables, de donde se desprende que a
través del sistema penal se activa y opera un
poder
planificado,
aunque
no
racionalmente, lo que lleva a deducir que el
sistema penal carece de coherencia interna
pues
no
existe
fundamentación
antropológica en su normatividad, pese a la
raigambre
jus
filosófica
de
todo
estado
social
y
democrático
de
derecho,
generalmente
recogido
y
consagrado
constitucionalmente; y pese a que un orden
económicos;
las
de
privación
de
beneficios
penitenciarios; las de imprescriptibilidad de algunos
delitos. Estas y otras tantas se promulgan en estos
tiempos con periodicidad y frecuencia asombrosa
para mantener y fomentar la confianza y lealtad en
el derecho, para decir que el sistema es invulnerable
y
predicar
la
libertad
e
igualdad
en
todas
sus
manifestaciones, como por ejemplo, en la ley y su
aplicación. Lo cierto es que constituyen procesos
comunicativos
de
intromisiones
meramente
simbólicas,
por
cuanto
no
sirven
para
prevenir,
controlar ni reducir la criminalidad, pero aparentan
proporcionar
seguridad
y
tranquilidad.
En
todos
estos casos, se aprecia una instrumentalización del
derecho penal para contraponer una situación real y
una situación aparente, el fondo y la forma, lo
notorio y lo sabido, lo que se dice querer lograr y lo
que se aplica; es decir, hay simbolismo cuando existe
engaño e ilusión. ¿Acaso las normas penales están en
condiciones de hacer los cambios sociales que se
requieren para que la criminalidad disminuya? El
derecho penal es una expresión política de poder.
Pero no solamente es cuestión de poder e intereses,
sino que también comprende el suministro y la
protección de símbolos que tienen potencial emotivo
jurídico debe ser concordante con el telos
del derecho como límite al poder.
Consiguientemente, en opinión del mismo
Zaffaroni, E. (1998), que el investigador
comparte, el sistema penal no tiene valor de
verdad,
con
lo
cual
está
privado
de
operatividad social y no logra realizarse en
la realidad, por elaborarse además sobre un
texto
legal
justificado
mediante
la
dogmática a la manera de un deber ser que
no es y que no llegará nunca a ser por las
deficiencias del propio sistema.
Efectivamente,
es
público
y
notorio,
conforme a la experiencia social, que el
sistema penal no es el medio adecuado para
la obtención de los fines que se propone
alcanzar, como es prevenir y controlar el
crimen,
limitándose
por
ello,
concretamente, a una adecuación operativa
mínima sobre la realidad conforme a la
planificación prevista en el deber ser del
discurso.
Entonces,
al
no
ser
el
medio
adecuado
para
lograr
la
prevención
y
control de la criminalidad y tampoco operar
en la sociedad de manera adecuada, resulta
y
manipulador,
con
lo
cual
el
poder
político
desarrolla la capacidad de generar ficciones y mitos.
A
tal
efecto,
despliega
todo
su
arsenal
penal
simbólico,
como
leyes
que
declaran
líricamente
valores que en la praxis, y por otras vías, el mismo
Estado no respeta; leyes de apelación moral, que
pretenden
infructuosamente
crear
conciencia
a
determinadas
personas
que
gozan
de
posiciones
relevantes; leyes que sirven de coartada, leyes de
crisis, leyes de contestaciones sustitutas para calmar
a la opinión pública; y leyes de compromiso, que
pretende satisfacer la necesidad del gobierno de
actuar ante la criminalidad aparente.
3
Se conoce como fetichismo a la creencia de que
los objetos materiales
poseen
poderes mágicos o
sobrenaturales y que protegen al creyente de las
fuerzas malignas. Recurrir al Derecho Penal para
ilusionar a los ciudadanos de que es una solución a
cualquier problema de conflictividad, violencia y
criminalidad, es fetichismo. El Derecho Penal no lo
puede
todo.
Sus
escasas
posibilidades
radican
únicamente en castigar.
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que es un instrumento coactivo que no es
verdadero
socialmente,
por
lo
que
su
existencia es falsa, engañosa e ilusionista,
pues
se
vende
como
la
panacea
para
resolver
todos
los
problemas
sociales,
cuando no es así, siendo además perverso al
confundir
a
la
población
respecto
al
verdadero ejercicio de poder que oculta.
El mismo Zaffaroni, E. (1998) anota que el
sistema penal es ilegal porque solo se ocupa
de
la
legalidad
de
lo
que
las
agencias
penales
quieren,
operando
según
las
directivas del poder y no de acuerdo con la
legalidad, la cual exige que el ejercicio de
poder
punitivo
se
realice
dentro
de
los
límites
previamente
establecidos
a
la
tipicidad y punibilidad. Carece, asimismo,
de
legalidad
procesal,
pues
debe
criminalizar a todo aquel que comete un
ilícito, lo cual no se da, dejando fuera una
gran parte de la realidad, por lo que además
de
reprimir,
configura
la
realidad
como
desea, etiquetando y estigmatizando a las
personas a las que se dirige, excluyendo la
naturalidad
y
coactando
la
libertad,
reemplazándolas
por
una
sociedad
controlada y vigilada in extremis por la
autoridad.
Se tiene, entonces, que el sistema penal es
selectivo, discriminatorio y reproduce las
condiciones de violencia existentes en la
sociedad.
La injusta estructura económica, así como
la
desigualdad
y
exclusión
social,
son
causas que hacen detonar diversos factores
criminógenos
de
índole
biológica,
psicológica y sociológica, sin embargo se
debe tener en cuenta que el criminal es una
persona
como
cualquier
otra
que
por
determinadas
carencias
individuales
y
sociales, materiales e inmateriales, perdió el
interés,
respeto
y
sensibilidad
hacia
los
demás,
como
la
propia
auto
estima,
y
decidió
desviar
su
comportamiento
y
utilizar los recursos que posee, de cualquier
índole, en la solución de sus conflictos.
Al ser las causas macrológicas, lo razonable
es intervenir positivamente en las causas
para prevenir y reducir la criminalidad, a
través
de
una
política
criminológica
adecuada
y
diseñada
con
base
en
el
conocimiento científico criminológico; no
intervenir
negativamente
en
las
manifestaciones
criminales
de
dichas
causas para castigarlas
irrazonablemente,
afectando los principios penales liberales,
tales
como,
de
legalidad,
taxatividad,
lesividad,
igualdad,
humanidad,
proporcionalidad,
intervención
mínima,
última ratio, ne bis in ídem, derecho penal
de autor, entre otros.
EL PODER DE CRIMINALIZACIÓN
COMO
CAUSA
DE
LA
CRIMINALIDAD
La producción de criminalidad por el
neoliberalismo
Desde
1970
un
proyecto
hegemónico
denominado
neoliberalismo
cambió
intensamente
a
las
sociedades
contemporáneas
occidentales
en
lo
económico, político, social y cultural. Este
fenómeno
está
caracterizado
por
la
promoción del libre mercado; la supresión
del gasto público; la búsqueda de saludables
índices
macroeconómicos;
la
flexibilidad
laboral
en
el
mercado
del
trabajo;
la
desregulación
de
los
mercados;
y
el
incentivo a la privatización.
El neoliberalismo ha generado una sociedad
indiferente con el prójimo, en la que la
desigualdad reemplazó a la
igualdad; se
eterniza la riqueza para los que detentan el
capital, impidiendo el ascenso social de las
clases
medias
y
bajas;
y
expone
a
la
población al empobrecimiento mientras que
a reducidos sectores los favorece. De hecho,
originó
un
cambio
esencial
en
el
funcionamiento
del
Estado
y
en
sus
principios originarios relacionados con la
responsabilidad
social.
Como
diría
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población en los países iberoamericanos
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Waqcuant, L. (2010) el Estado cedió su rol
decisorio en el plano económico a la ley de
la oferta y la demanda, es decir, a lo que se
conoce desde Adam Smith como la mano
invisible del mercado.
Esa disminución del tamaño del estado en
lo económico, no tiene un correlato en su rol
de
garante
del
control
penal,
por
el
contrario, en este ámbito amplió y extendió
su actividad mediante la puesta en práctica
de una política penal caracterizada por el
expansionismo, la hiper punibilidad y el
populismo punitivo, todo lo cual configura
un tipo de gobierno a través del crimen,
especializado en desplazar hacia la periferia
y los márgenes sociales a los grupos más
carenciados, que por esa condición están
fuera
del
mercado,
no
resultando
funcionales al sistema, por lo que la suerte
que corren no interesa.
A partir de esta nueva política, el orden se
mantiene con la intervención penal, cuanto
más
adelantada
y
grave
mejor,
sin
que
importe si ese orden es justo, equilibrado e
inclusivo,
pues
la
pobreza
y
la
protesta
también son criminalizadas. La estrategia
consiste
en
vender
la
idea
de
orden
y
seguridad para que todos asimilen la idea de
la necesidad de un control penal severo y
violento.
A
esto
se
le
conoce
como
populismo punitivo.
El neoliberalismo, de esa manera, reduce el
orden social a una ecuación simplista, que
supone que a más criminalidad se debe
impartir penas más graves, lo cual a su vez
implica más leyes penales, más policías,
más
fiscales,
más
jueces,
más
agentes
penitenciarios, más prisión preventiva, más
violencia y un largo etcétera del mismo
jaez. Es decir, el expansionismo penal en su
máxima expresión.
Al
exacerbar,
en
suma,
la
libertad
económica
por
encima
de
las
demás
libertades, el neoliberalismo desvalora el
derecho penal, la democracia y la seguridad
integral. Ésta, que es uno de los dos fines
esenciales de todo estado, es definida desde
una perspectiva liberal, como el goce pleno
y el real ejercicio de todos los derechos
fundamentales y libertades humanas, que
hace que el hombre se sienta seguro cuando
tiene qué comer nutritivamente, dónde vivir
dignamente, trabajo, dónde curar su salud,
dónde
educarse,
tranquilidad,
previsión
social adecuada, etc.
El paradigma neoliberal, además, diseña el
control
penal
de
manera
selectiva
y
discriminatoria, al perseguir y castigar a la
criminalidad callejera, dejando de lado la
persecución
y
sanción
a
la
criminalidad
económica,
política,
empresarial,
medio
ambiental y a toda aquella en la que el
infractor mantenga una cuota notable de
poder.
La normalización de la violencia
El
neoliberalismo
ha
logrado,
de
esta
manera, asentar en la sociedad, con ayuda
de
los
mass
media,
la
relación
crimen-
pobreza, así como ha creado la duda entre
inseguridad y sensación de inseguridad.
Los medios de comunicación masiva, en
efecto,
producen
y
venden
noticias
y
contenido
informativo
trastocando
la
realidad con el único objetivo de defender
sus
intereses,
los cuales en plena época
neoliberal no son otros que los de ganar más
dinero con lo que hacen y, entonces, el
sensacionalismo,
el
efectismo
y
la
deformación
de
la
realidad
son
moneda
corriente.
Y claro, la violencia y la criminalidad son
mercancías noticiosas que causan adicción
en la sociedad. Por eso se habla de una
mediatización
de
la
violencia
y
una
naturalización del crimen. La población que
consume la noticia, que es repetida hasta
tres veces sucesivas y tres veces al día,
todos los días de la semana; se habitúa de
tal
manera
a
consumirla
que
exhibe
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manifiestamente
un
hábito
de
consumo
nocivo,
pues
se
trata
de
la
asimilación
mental de violencia, intimidación y crimen,
cuya sobre exposición causa un gran pánico
moral
y
origina
un
círculo
vicioso
de
información y comportamientos maníacos
que se traducen en inseguridad y, al mismo
tiempo, en el clamor popular de más penas,
es decir, más violencia estatal.
En
tal
escenario,
los
medios
de
comunicación
masiva
contribuyen
a
generar
el
consenso
respecto
de
la
criminalidad
y
la
inseguridad,
formando
paradigmas negativos sobre la identidad del
criminal
-siempre
o
casi
siempre
el
marginal-
y
de
la
víctima
-también
perteneciente al grupo social carenciado, de
clase
media
u
otros
vulnerables
(criminalidad
intra
clase),
pues
los
ciudadanos poderosos económicamente se
proveen
su
propia
seguridad
personal
y
ambiental- generando la falsa creencia de
que el reclamo de seguridad ciudadana y de
justicia,
y
la
consiguiente
penalidad
rigurosa, extinguirá la delincuencia, lo que
la experiencia demuestra que es falaz.
En ese sentido, los mass media masivos -
junto
con
la
clase
política-
son
serviciales con
la
criminalización de
los
sectores marginales, creando en asociación
indisoluble con el poder los crímenes y los
criminales hacia los que se dirige el neo
punitivismo del neoliberalismo.
El negocio de la criminalidad
El
neoliberalismo
influye poderosamente
en el sistema penal y de política penal. En
principio, el ius puniendi, como sostiene
Waqcuant, L. (2010) se utiliza como un
instrumento que impide ver los problemas
sociales que el Estado no resuelve desde sus
raíces y el presidio se emplea como un
depósito de seres humanos puestos allí por
la agencia penal judicial al ser excluidos de
la sociedad de mercado. Cabe recordar que
esas causas que la criminología crítica sitúa
en
una
injusta
y
desigual
estructura
económica
y
en
un
sistema
social
no
inclusivo y discriminatorio, se exacerban
con
el
neoliberalismo
y
tienen
efectos
devastadores
en
los
factores
biológicos,
psicológicos, sociológicos y culturales que
inciden sobre el ser humano y delinean su
comportamiento.
Por eso, Gargarella, R. (2016) señala que
cuando la ley es creada sólo por unos pocos,
tienden a dañar a parte de la comunidad y
ser indebidamente parciales.
En ese sentido, el crimen es un negocio, una
industria, un fenómeno que genera dinero y
ganancias,
rubro
en
el
que
se
alinean
también las empresas de seguridad y los que
actúan en el sistema penal, lo que incluye a
abogados de la especialidad y operadores en
general.
Pero
sobre todo
es
una
estrategia
y
un
instrumento de gobernanza. En efecto, a
través
del
crimen
se
gobierna
a
los
ciudadanos,
ofreciendo
en
las
campañas
electorales
acabar
con
el
crimen
o
presentando proyectos de ley -generalmente
copiados
de
otras
realidades
y
tiempos
pasados- para aumentar las penas a límites
y modalidades de aplicación inimaginables
en una civilización, como el retorno a la
pena de muerte, la privación de los derechos
civiles
y
políticos,
denominada
muerte
civil,
y
hasta
el
intento
de
instaurar
la
castración
química
para
violadores
sexuales. La lista de evidencias sobre la
gobernanza
a
través
del
crimen
es
interminable, siguen el uso desmedido y
arbitrario de la prisión preventiva que la
convierte
en
una
acción
controlada;
el
legislar en materia penal mediante decretos
legislativos; el excesivo adelantamiento de
la barrera criminal a niveles de sospecha o
estados
situacionales,
ya
no
de
actos
conductuales;
el
impedimento
de
la
rehabilitación del condenado a condición
del pago de la reparación civil, entre otros
despropósitos penales.
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Así, el uso del ius puniendi como prima
ratio,
no
como
última
ratio;
el
quebrantamiento de los principios penales
liberales, como el de legalidad, taxatividad,
proporcionalidad, no trascendencia de las
penas,
humanismo,
garantismo
procesal,
derecho penal de acto y no de autor, entre
otros; la preeminencia del derecho penal del
enemigo;
el
simbolismo
penal;
la
sobre
criminalización;
el
hiper
punitivismo;
el
populismo
punitivo;
la
selectividad
y
discriminación
del
sistema
penal;
la
exacerbación
del
pánico
moral;
la
normalización del crimen; la mediatización
de
la violencia;
y
la
banalización de
la
cuestión criminal, implican una gobernanza
a través del crimen, que constituye una
pésima
doctrina
y
peor
acción
política,
penal y social, llamada derecho penal del
enemigo, que es considerado no persona por
estimarlo peligroso y, por ende, sin derecho
a invocar principios y acogerse a garantías
constitucionales.
Es decir, el Estado persigue al infractor en
la idea -deliberada, no inocente- de que es
el origen del mal, la fuente del crimen, pero
se ocupa únicamente de perseguir, procesar
y condenar a los ciudadanos que incurren en
lo
que
se
conoce
como
criminalidad
callejera, no así a las otras manifestaciones
de criminalidad que son más lesivas porque
afectan bienes jurídicos de toda la sociedad
peruana, como la criminalidad de cuello
blanco, la criminalidad medio ambiental, la
criminalidad
económica
y
la
del
poder
político vinculada a los crímenes de lesa
humanidad.
En
síntesis,
solo
los
ciudadanos
pertenecientes a las clases más vulnerables,
carenciadas
y
marginales
conforman
la
carne de presidio y eventualmente algunas
personas
que
pierden
poder,
sobre
todo
político, lo cual confirma que el ejercicio
del ius puniendi estatal es político, desde
que el estado en el siglo XIII confiscó la
administración monopólica de justicia.
GOBERNAR
A
TRAVÉS
DEL
CRIMEN
El bagaje del expansionismo penal
El término gobernar a través del crimen es
relativamente
nuevo
si
consideramos
su
empleo por Simon, J. (2011) en el título de
su obra Gobernar a través del delito. Sin
embargo, es posible aseverar que lo que
Simon
pretende
dar
a
entender
con
el
sugestivo
título
tiene
antigua
data.
En
efecto,
el
poder
siempre
ha
exhibido
habilidad
política
para
emplear
el
ius
puniendi en la consecución de sus fines. No
solo el sistema penal ha sido servicial en
estos
empeños,
también
lo
ha
sido
la
criminología
pre
científica,
desde
la
fisionomía
hasta
la
demonología;
y
la
criminología
científica,
desde
el
positivismo hasta las escuelas sociológicas
previas al labelling approach.
Zaffaroni, E. (2011) lo ilustra irónicamente
atribuyendo
a
la
criminología
el
rol
de
celestina del derecho penal, por servirle de
discurso
racionalizador
y
legitimador
(encubridor).
Una
explicación
para
tan
nefasto empleo de dos ciencias sociales,
radicaría en la vocación hegemónica del
poder
y
comprometería
la
ética
del
gobernante,
el
científico
social
y
la
población, lo cual dice poco de las virtudes
de la democracia en estas circunstancias.
Ocurre que el poder siempre necesita de
enemigos y de emergencias para reforzar la
idea de la necesidad de su existencia
y
mantenerse
vigente.
Si
no
los
tiene,
entonces los crea.
El poder siempre ha esgrimido la supuesta
razón de estado para opacar al estado de la
razón, basándose en el magnífico pretexto
de la inseguridad y la ingobernabilidad para
hacer
uso
de
medidas
penales
que
avergüenzan al derecho. Hoy, que se ha
impuesto a nivel global el neoliberalismo
escoltado
por
la
globalización
y
la
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tecnología de uso masivo, el avance de estas
políticas de gobernanza a través del delito
es un recurso corriente cuyas expresiones
reciben
nombres
exóticos,
como
por
ejemplo
el
derecho
penal
del
enemigo,
distinto en esencia al derecho penal del
ciudadano,
lo
que
ha
sido
siempre
una
constante histórica.
Es
curioso
e
insólito
en
una
época
de
universalización y constitucionalización de
los derechos humanos y democracia, haya
abusos y autoritarismo en los regímenes
políticos, los que originan malestar social,
económico y político, para cuyo control los
gobiernos aplican la receta neoliberal de
contenido
penal,
consistente
en
expansionismo
penal,
sobre
criminalización,
hiper
punitivismo,
populismo
punitivo,
fervor
punitivo,
mediatización de la violencia, exacerbación
del pánico moral, entre otros, mientras se
levantan
más
cárceles
que
escuelas,
hospitales
o
espacios
de
solaz
para
la
comunidad.
Todo
es
privado,
hasta
las
cárceles, lo que permite suponer fácilmente
que
el
estado
a
través
de
las
agencias
penales tendrá que ocuparse de enviar una
cantidad mensual de personas al presidio y
que las penas sean de larga duración para
que el
inversionista pueda tener réditos,
como en todo negocio. Si, contrariamente,
se tratase de cárceles públicas, el envío de
ciudadanos mantiene un nivel considerable
en cuanto a cantidad, para sobre poblarlas,
aun cuando se construyan más, con lo cual
el fin resocializador y reeducador se tornan
imposibles
y
el
círculo
vicioso
de
la
criminalidad
continúa
vigente
con
altas
tasas de reingreso al penal de ciudadanos
convertidos
en
criminales
reincidentes
y
habituales.
En el esquema neoliberal, la acción estatal
se
contrae
y
desatiende
los
servicios
públicos que permiten velar por la vigencia
de los derechos humanos. Es una verdadera
paradoja de la civilización, pues se advierte
barbarie punitiva, lo que nos retrotrae al
Antiguo Régimen, en el que el delito era lo
que
el
príncipe
decía
que
era
(hoy
el
Congreso
de
la
República
delega
comúnmente al Poder Ejecutivo facultades
para legislar en materia penal, con lo que el
principio
de
reserva
de
ley
penal
languidece)
y
la pena cuanto más cruel
mejor, aun cuando técnicamente ya no son
corporales.
La decadencia del sistema penal
El
sistema
penal,
conformado
por
la
normatividad,
la doctrina
y
las agencias
penales, está en declive. Nació para ser un
control de la arbitrariedad del poder, un
límite frente a los abusos del poder, en un
escenario en que el estado monopoliza la
administración de justicia penal, es decir, la
gestión del conflicto, la regulación de la
violencia y la gerencia del orden público,
jurídico
y
social.
Sin
embargo,
es
la
expresión más desproporcionada de fuerza;
más grave y desatada de violencia; y más
inicua de discriminación y desigualdad ante
la ley.
El
castigo
penal
a
los
pobres
se
ha
mundializado por efecto del neoliberalismo,
que preconiza la responsabilidad individual,
olvidando que el comportamiento humano
tiene
raíces
profundas
y
de
múltiples
y
variadas
aristas.
El
ser
humano
es
la
simbiosis
de
su
biología,
psicología,
historia,
etnología,
cultura,
política,
economía
y
sociología,
por
lo
que
la
responsabilidad social es innegable en su
actividad
individual.
Su
conducta
es
determinada
y
determinable.
Por
eso
el
poder debe servir al hombre y no servirse de
él.
¿Por qué los niveles de criminalidad se
incrementan incesantemente? ¿Por qué las
tasas de criminalidad crecen y la población
penitenciaria
aumenta
pese
a
la
gran
inversión en seguridad pública y privada?
El
autor
es
de
opinión
que
la
pobreza
iberoamericana no se debe a una escasez de
El ineludible empleo de la ciencia política y la criminología para garantizar la seguridad integral de la
población en los países iberoamericanos
The ineludible employment of political science and criminology to guarantee the integral security of the
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recursos naturales, pues es una región de
ingentes
materias
primas
estratégicas,
generación de energía barata, potencial para
la producción agropecuaria; ni a las guerras,
pues no ha sido lugar de conflagraciones
bélicas
extendidas
espacialmente
ni
de
largos períodos de tiempo como en Europa.
Se debe al deterioro social que viene por el
incremento de las polarizaciones sociales,
según Kliksberg, B. (2002:87, 88):
Por ser el continente más desigual
de todo el planeta, en donde el 10%
más rico de la población tiene 84
veces el ingreso del 10% más pobre,
y
la
región
presenta
el
peor
coeficiente
de
desigualdad
en
la
distribución
de
los
ingresos.
Asimismo,
registra
pronunciadas
desigualdades en el acceso a la tierra
y
otros
bienes
de
capital,
en
la
posibilidad de obtener créditos, y en
el campo educativo.
Tenemos así que la injusta distribución de
la
riqueza
facilitada
por
un
sistema
económico neoliberal y político de falsa
democracia,
genera
desigualdad
social
y
agrava
las
polarizaciones
sociales,
configurando
un
escenario
de
graves
tensiones sociales. Si frente a ello, el estado
opta por retirarse de la economía dejándola
en
manos
privadas,
pierde
su
carácter
regulador
y
su
responsabilidad
social,
originando
una
masa
de
excluidos
cuyo
disciplinamiento social se hace a través del
expansionismo
penal
y
el
hiper
punitivismo.
LA
DESJURIDIZACIÓN
DE
LA
CUESTIÓN CRIMINAL
El crimen no nace en la ley penal
El crimen no es otra cosa que un conflicto
violento
intersubjetivo
que
ocasiona
beneficio a unos y daño a otros. Como
conflicto,
su
base
es
la
discrepancia
y
divergencia
en
cuanto
a
los
intereses
y
aspiraciones que todas las personas tienen
para
aspirar
a
la
satisfacción
de
sus
necesidades y que pretenden imponer sobre
los demás porque no están formadas en la
capacidad
de
resolver
los
conflictos
pacíficamente,
dialogando,
escuchando,
comprendiendo,
tolerando
y
sumando
esfuerzos; y esencialmente porque no hay
una relación social de alteridad, esto es, de
reconocimiento de que se trata de personas
iguales en dignidad y derechos, sino de
ajenidad.
Es
penoso
decirlo
pero
en
la
región
iberoamericana
los
estados
independientes
se
han
formado
sobre
sociedades de desiguales y esta es una de las
deudas
políticas
más
importantes,
que
impide
precisamente
construir
una
democracia inclusiva y material.
A lo anterior se suma el hecho de que el
propio estado no gestiona el conflicto ni lo
dirime en justicia, peor aún, al decidir sobre
un
crimen
(conflicto
violento)
castiga
gravemente
al
infractor
no
porque
ha
ocasionado un daño a la víctima sino porque
ha quebrantado la ley, sin que le importe
reeducar,
resocializar
ni
rehabilitar
al
infractor; y re victimiza durante el proceso
a
la
víctima
sin
que
importe
su
reivindicación, desagravio y reparación, lo
que está demostrado con el hecho público y
notorio de que la reparación civil no se
paga,
entre
otras
razones,
fundamentalmente
porque
al
ser
los
infractores
ciudadanos
marginales
y
carenciales, no tienen recursos ni bienes
registrados
para
cumplir
con
dicha
obligación. Por cierto, el estado no piensa
en que, en tales casos, él tenga que asumir
el pago de la reparación civil, como ocurre
en España y otros países europeos, como
reconocimiento
de
la
co
responsabilidad
existente.
Como se puede advertir, el crimen nace en
la realidad, en el seno social, no en la ley
penal,
por
lo
que
es
un
problema
comunitario, de todos, no solo del infractor
y la víctima, que obviamente merece una
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respuesta comunitaria, no únicamente del
estado,
que
ha
demostrado,
en
Iberoamérica,
reaccionar
y
no
prevenir;
violentar a los involucrados y la sociedad
con
pánico
moral
y
sensación
de
inseguridad,
en
lugar
de
infundir
tranquilidad; y castigar draconianamente en
vez
de
comprender
e
intervenir
positivamente en el infractor y la víctima,
para
propiciar
cambios
personales
y
no
enraizarlos en la criminalidad y desamparo
moral.
Por ello, la respuesta no debe ser penal, no
solo porque el sistema penal tiene déficit de
oportunidad, ya que siempre llega tarde;
déficit de comunidad porque no soluciona
el conflicto subyacente, el cual se sedimenta
en la base de la sociedad; y déficit social,
por cuanto la sociedad no participa en la
elaboración
de
las
leyes
penales,
ni
directamente
ni
por
medio
de
sus
representantes al Congreso Nacional, pues
éste delega funciones legislativas al Poder
Ejecutivo para tal propósito; sino porque el
crimen no nace en su ámbito, sólo está
diseñado
para
castigar,
lo
cual
ayuda
a
mantener el poder de la autoridad.
Una reforma política pendiente
En ese escenario, que es común en la región
en cuanto al origen, respuesta y proyección
de la cuestión criminal, según la perspectiva
criminológica contemporánea, la reforma
política que está pendiente en Iberoamérica
es la que concierne al estado y la misma
sociedad en su conjunto, por ende, a cada
uno individualmente, de elegir muy bien a
los representantes políticos, controlar mejor
sus acciones políticas de representación y
participar pro activamente en el esfuerzo de
cumplir el fin estatal de proveer seguridad
integral, que no es solo lo que se conoce
como seguridad ciudadana, sino el pleno
goce
y
ejercicio
de
todos
los
derechos
fundamentales,
civiles
y
políticos,
económicos, sociales y culturales.
Tomando conciencia de ello y actuando en
consecuencia,
este
curso
de
acción
permitirá amortiguar la política económica
neoliberal y filtrar sus medidas para que no
se
afecte
la
dignidad
y
derechos
fundamentales de las personas, así como los
ciudadanos
podrán
identificar
la
gobernanza a través del crimen de que son
objeto y desterrar todas sus manifestaciones
que tienen que ver con la cuestión criminal
y que se han mencionado a lo largo de este
artículo.
Las
ciencias
sociales,
que
tienen
al
ser
humano como centro de su estudio y como
finalidad prioritaria mejorar su existencia,
requieren ser convocadas para esta cruzada
regional en pro de la purificación del estado
moderno, en beneficio del hombre, para
mantener
su
esencia
social,
naturaleza
racional y trascendencia fructífera, en un
ámbito que como el de la seguridad, se
juega el futuro de su existencia, pues en
materia
de
seguridad
integral,
la
única
verdad está en la realidad y la realidad en
materia
de
cuestión
criminal
son
los
muertos, no solo los que mueren por acción
de la criminalidad callejera y la de cuello
blanco,
sino
fundamentalmente
aquellos
cuya vida se extingue por la inacción social
de
un
estado
de
economía
neoliberal,
ausente y distante de su responsabilidad
social, que lamentablemente son muchos
más, lo que equivale a un genuino genocidio
por goteo, como lo conceptúa Zaffaroni, E.
(2011).
CONCLUSIONES
Es
innegable
el
infausto
influjo
del
neoliberalismo
en
la
configuración
de
órdenes económicos, culturales, políticos y
sociales excluyentes de los ciudadanos más
vulnerables,
marginales
y
carenciados.
Según el Informe 2018 de la Corporación
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población en los países iberoamericanos
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Latinobarómetro
(pp.6-7)
4
la
relación
existente entre los problemas económicos
(desempleo,
economía,
pobreza,
alimentación
y
bajos
salarios)
y
la
delincuencia en los países de Iberoamérica,
se registra en los dos primeros lugares con
índices elevados a nivel nacional (35/19),
local
(20/24)
y
familiar
(48/9),
respectivamente.
El creciente nivel de descontento con el
sistema
democrático
de
los
países
de
Iberoamérica, registra un 79% de personas
que
señalan
que
se
gobierna
para
unos
cuantos
grupos
poderosos
en
su
propio
beneficio, lo cual es un claro indicador del
malestar de la población y las críticas al
sistema político en el tema de la percepción
de
distribución
de
la
riqueza,
que
ha
descendido al 16% en el año 2018.
Esta
situación
explica
por
qué
desde
el
poder
se
ejerce
control
y
dominación
mediante el sistema penal selectivamente
contra
los
ciudadanos
marginales
y
carenciados. La respuesta probable tiene
que ver con la contención violenta de la
protesta proveniente de la pobreza. Una
mirada
contra
fáctica
nos
permite
vislumbrar que si se gobernara en bien del
pueblo,
la
conflictividad,
violencia
y
criminalidad, que se da a nivel estructural,
institucional, conductual y discursivo, se
reducirían ostensiblemente.
En la página 46 del citado Informe se lee:
“Somos
la
región
del
mundo
más
desconfiada de la tierra y por segundo año
consecutivo tenemos mínimo histórico de
confianza
interpersonal”.
En
promedio,
existe
tan
solo
un
14%
de
confianza
interpersonal
en
los
habitantes
de
Iberoamérica. Respecto a las instituciones,
en lo que concierne al Poder Judicial, se
tiene que desde el año 2014 en que alcanzó
4
Disponible en:
www.latinobarometro.org/latdocs/INFORME_2018
_LATINOBAROMETRO.pdf
30%
ha
disminuido
seis
puntos
porcentuales llegando a 24% en el 2018.
Los
países
que
menos
confían
son,
El
Salvador 14%, Nicaragua 15% y Perú 16%,
le sigue Venezuela con 18%, de acuerdo
con la
información de la página 50 del
Informe en mención.
En un escenario como el descrito a partir de
las
cifras
precedentes,
es
lógico
que
la
violencia
se
haya
incrementado.
Así
lo
indica la página 57 del Informe tantas veces
mencionado: “La más dañina de todas es la
de
las
calles
que
alcanza
el
35%.
En
segundo lugar, se ubica la violencia contra
las mujeres con el 26%, en último lugar la
violencia de estado con el 8%”.
Esta
explosiva
combinación
de
mala
e
injusta
economía
exacerbada
por
el
neoliberalismo,
violencia,
desconfianza
interpersonal e institucional y descontento
con el sistema democrático, constituyen las
causas
de
la
criminalidad
en
la
región,
cuyos países pueden ser considerados como
una unidad de análisis criminológico por
sus
semejanzas
de
origen,
políticas,
culturales, sociales y económicas, las cuales
inciden en los factores personales para que
surja el comportamiento criminal.
Una
práctica
estatal
y
social
en
Iberoamérica es que existe otro responsable
de todo lo malo que ocurre en la sociedad.
Ese es el ciudadano que pertenece a las
poblaciones marginales, que para el estado
es de donde proviene la inseguridad y la
violencia;
y
hay
que
separarlo
porque
además es desigual, nimio y sacrificable.
Tal postura, carente de ética, no sirve para
lograr
una
cohesión
social
y,
además,
resulta
una
palabra
incumplida,
pues
la
mano dura no reduce la criminalidad, como
el poder afirma. En este estado de cosas, el
sistema no castiga a la persona porque es
criminal, sino que, al revés, es criminal
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porque se le castiga, lo cual contradice el
deber ser de la política y el ethos del poder.
La seguridad integral exige que la sociedad
y el estado sean empáticos con la cuestión
criminal.
El
problema
social
de
la
seguridad es un tema frágil y trascendente
para la política y la población de un estado.
La política como ciencia, doctrina y acción
tiene como fin guiar el ejercicio del poder
estatal para aspirar al bien común y lograr
el bienestar general y la seguridad integral;
el gobierno de los pueblos iberoamericanos
mediante el crimen significa una pérdida de
democracia y privarlos del ideal político
republicano, participativo, representativo y
deliberativo, lo cual imposibilita fundar una
tendencia
de
eficacia
social
sin
autoritarismo ni demagogia.
Ante
este
panorama,
es
indispensable
concienciar a la sociedad acerca del nocivo
papel que cumplen en el sistema penal las
desigualdades
estructurales
económicas,
sociales y culturales, que como se ha visto
en el presente artículo no ofrecen seguridad
integral a la población, por lo que resulta
urgente centrar los recursos en equilibrar e
incluir y no en reprimir y excluir, pues esta
política penal ha agravado la criminalidad.
Es imprescindible, asimismo, introducir el
tema de la cuestión criminal en la discusión
política nacional y defender científicamente
-desde
la
criminología-
su
prevención,
mediante
argumentos
racionales
y
científicos que proporciona esta disciplina,
a
fin
de
convencer
de
la
necesidad
de
abordar
el
problema
de
fondo
extra
penalmente,
deteniendo
la
hiperinflación
penal
existente,
que
conlleva
la
construcción de más cárceles y la necesidad
de más agentes del sistema penal (policías,
fiscales, jueces, agentes penitenciarios) y la
afectación de las garantías penales.
Para
lograr
el
estado
de
cosas
antes
explicado, el debido empleo de la ciencia
política y la ciencia criminológica deben
revalorarse
como
los
instrumentos
fundamentales
para
concebir
que
la
seguridad integral como fin esencial del
estado no se limita a la seguridad ciudadana,
sino que implica el goce y ejercicio de los
derechos civiles y políticos, económicos,
sociales y culturales; y para proporcionar la
información veraz y confiable acerca de la
cuestión
criminal,
que
comprende
el
crimen, el criminal, la víctima y el control
social, en términos de la causalidad de los
distintos tipos de crímenes, con la que se
diseñe
una
política
criminológica
de
prevención y reducción de la criminalidad,
así
como
de
reconstrucción
del
control
social formal, para que sea más horizontal
con intervenciones positivas en las personas
y
menos
vertical
y
violento,
con
consecuencias
etiquetadoras
y
estigmatizadoras
en
los
ciudadanos.
Los
pueblos de los países iberoamericanos lo
merecen.
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