LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false false 1 1 true VOX JURIS (39) 1, 2021 lbueno@icade.comillas.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (1): 55-71, 2021 DOS AÑOS (2018-2020) DE COMISIÓN DE ÉTICA JUDICIAL EN ESPAÑA TWO YEARS (2018-2020) OF JUDICIAL ETHICS COMMISSION IN SPAIN Luis Bueno Ochoa Prof. Dr. del Área de Filosofía del Derecho Facultad de Derecho Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas Universidad Pontificia Comillas de Madrid https://orcid.org/0000-0001-5076-5835 lbueno@icade.comillas.edu España Recibido: 14 de mayo de 2020 Aceptado: 12 de junio de 2020 SUMARIO • Prefacio • Antecedentes • Los Principios de Ética Judicial (PPEJ) • La Comisión de Ética Judicial (CEJ) • Epílogo • Post-Scriptum • Fuentes de información. RESUMEN El Consejo del Poder Judicial, como órgano de autogobierno judicial en España, aprobó los Principios de Ética Judicial en 2016. Este Código de Ética de la judicatura en España creó una Comisión de Ética Judicial. El presente trabajo estudia la actividad desarrollada por dicha Comisión durante sus dos primeros años de funcionamiento: desde mayo de 2018 hasta mayo de 2020. PALABRAS CLAVE Consejo General del Poder Judicial, Principios de Ética Judicial, Comisión de Ética Judicial ABSTRACT General Council of the Judiciary, as the judicial self-government body in Spain, approved the Principles of Judicial Ethics in 2016. This Code of Ethics for the judiciary in Spain created a Judicial Ethics Commission. This work studies the activity carried out by this Commission during its first two years of operation: from May 2018 to May 2020. KEYWORDS General Council of the Judiciary, Principles of Judicial Ethics, Judicial Ethics Commission PREFACIO Va a ser objeto de estudio la actividad desarrollada por la Comisión de Ética Judicial (CEJ) desde su constitución (mayo de 2018) hasta dos años después (mayo de 2020) al hilo de la aprobación de los Principios de Ética Judicial –PPEJ– (2016) como Código Ético de la judicatura española. Con carácter previo, en sede de antecedentes, pasarán a exponerse las fuentes de ética judicial distinguiendo cuatro niveles: Naciones Unidas, Consejo de Europa, Unión Europea e Iberoamérica. Y, posteriormente, a modo de epílogo, se relacionará un conjunto de consideraciones: unas, particulares, en relación con los dos años de vida de la CEJ; y otras, de alcance general acerca de la ética judicial. En el post-scriptum figurará aquello que, como colofón, se propone resituar el debate en torno a la ética judicial. ANTECEDENTES Ya en el Preámbulo de los PPEJ (Pleno del Consejo General del Poder Judicial –CGPJ– de 16-12-2016) se alude a los instrumentos internacionales que hacen las veces de antecedentes del que pasa por ser el Código https://doi.org/10.24265/voxjuris.2021.v39n1.04 56 ISSN: 1812-6804 lbueno@icade.comillas.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (1): 55-71, 2021 Luis Bueno Ochoa Ético Judicial Español. Se distinguen, a estos efectos, cuatro niveles: a) Naciones Unidas; b) Consejo de Europa; c) Unión Europea y d) Iberoamérica. A nivel de Naciones Unidas A nivel de Naciones Unidas; se citan los Principios de Bangalore (2001) a los que precedieron, corresponde añadir, los Principios Básicos relativos a la independencia de la Judicatura (1985). Las Resoluciones 40/32, de 29 de noviembre de 1985, y 40/146, de 13 de diciembre de 1985, de la Asamblea General de Naciones Unidas, hicieron suyos los Principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura que habían sido aprobados en el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985. Los Principios Básicos enunciados fueron los siguientes: independencia; libertad de expresión y asociación; competencia profesional, selección y formación; condiciones de servicio e inamovilidad; secreto profesional e inmunidad y, por último, medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo. Posteriormente, en julio de 2006, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó una Resolución –ECOSOC 2006/23– en la que se hizo ver que los Principios de Bangalore constituían un nuevo desarrollo, por su carácter complementario, de los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura aprobados por las Naciones Unidas en 1985. Los seis principios establecidos, en los que se distinguían en diferentes apartados el enunciado y la aplicación de cada uno de ellos, fueron los siguientes: 1) independencia; 2) imparcialidad; 3) integridad; 4) corrección; 5) igualdad y 6) competencia y diligencia. A nivel del Consejo de Europa A nivel del Consejo de Europa; se alude al Dictamen del Consejo Consultivo de los Jueces Europeos del Consejo de Europa sobre la ética y la responsabilidad de los jueces (2002) así como a la Recomendación (2010) 12, de 17 de noviembre, del Comité de Ministros del Consejo de Europa que exhorta a los Estados miembros a aprobar un Código de Ética Judicial. Destaca en el marco del Consejo de Europa la denominada Carta Magna de los Jueces (Principios Fundamentales) proclamada el 17 de noviembre de 2010 en el Palais de l’Europe, sede del Consejo de Europa en Estrasburgo, durante la ceremonia de la conmemoración del X Aniversario del Consejo Consultivo de Jueces Europeos del Consejo de Europa con ocasión de la celebración de su undécima reunión plenaria. La mencionada Carta Magna de los Jueces reúne un conjunto de veintitrés puntos que se dividen en siete apartados de los que el penúltimo se dedica a la materia que nos ocupa: Estado de Derecho y Justicia; independencia de los jueces; garantías de la independencia; órgano encargado de garantizar la independencia; acceso a la justicia y transparencia; ética y responsabilidad y tribunales internacionales. A nivel de la Unión Europea A nivel de la Unión Europea; se hace referencia a la Declaración de Londres sobre la deontología de los jueces (2010) promovida por la Red Europea de Consejos de Justicia. Llama la atención la confusión en que se incurre entre el ámbito ético y deontológico. Dicha declaración comienza invocando la tríada principios-valores-cualidades y prosigue dedicando la Parte I a los valores (independencia, integridad, imparcialidad, reserva y discreción, diligencia, respeto y escucha, igualdad de trato, competencia y transparencia) y la Parte II a las cualidades o virtudes del juez (sabiduría, lealtad, humanidad, coraje, seriedad y prudencia, trabajo, escucha y comunicación). A nivel iberoamericano A nivel iberoamericano; es traído a colación el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial (2006), reformado en la XVII Reunión Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana de Santiago, Chile, el 2 de abril de 2014. El CGPJ se adhirió al mismo por acuerdo del Pleno de 25-02-2016 «en tanto en cuanto no se apruebe un código ético propio para la carrera judicial española»; extremo este que tuvo lugar, efectivamente, unos pocos meses después, el 16-12-2016, como queda dicho, con los PPEJ. El Código Iberoamericano de Ética Judicial expone, primeramente, un conjunto de 57 VOX JURIS (39) 1, 2021 lbueno@icade.comillas.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (1): 55-71, 2021 Dos años (2018-2020) de comisión de ética judicial en España Two years (2018-2020) of judicial ethics commission in Spain catorce declaraciones: I. La actualidad de la Ética Judicial en Iberoamérica; II. El Código Modelo como fruto del desarrollo regional de la ética judicial; III. El Código Modelo como compromiso institucional con la excelencia y como instrumento para fortalecer la legitimación del Poder Judicial; IV. La ética judicial y la necesidad de armonizar los valores presentes en la función judicial; V. La ética judicial como apelación al compromiso íntimo del juez con la excelencia y con el rechazo a la mediocridad; VI. El Código Modelo como explicitación de la idoneidad judicial y complemento de las exigencias en el servicio de justicia; VII. El Código Modelo como instrumento esclarecedor de las conductas éticas judiciales; VIII. El Código Modelo como respaldo de la capacitación permanente del juez y como título para reclamar los medios para su cumplimiento; IX. El Código Modelo como estímulo para fortalecer la voluntad del juzgador y como pauta objetiva de calidad ética en el servicio de justicia; X. Del Código Modelo de Ética Judicial a la ética de las otras profesiones jurídicas; XI. Un Código Modelo como fruto de un diálogo racional y pluralista; XII. Los principios éticos como núcleos concentrados de ética judicial; XIII. Las proyecciones de los principios en Normas o Reglas éticas y XIV. La experiencia iberoamericana en materia de faltas éticas y asesoramiento ético judicial; y, a continuación, divide su articulado en dos bloques: la Parte I dedica trece capítulos a los Principios de Ética Judicial Iberoamericana: I. Independencia (arts. 1-8); II. Imparcialidad (arts. 9-17); III. Motivación (arts. 18-27); IV. Conocimiento y Capacitación (arts. 28-34); V. Justicia y Equidad (arts. 35-40); VI. Responsabilidad institucional (arts. 41-47); VII. Cortesía (arts. arts. 48-52); VIII: Integridad (arts. 53-55); IX. Transparencia (arts. 56-60); X. Secreto profesional (arts. 61-67); XI. Prudencia (arts. 68-72); XII. Diligencia (arts. 73-78); XIII. Honestidad (arts. 79-82); y la Parte II se ocupa, exclusivamente, de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (arts. 83-95). LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA JUDICIAL (PPEJ) El código ético judicial español acoge esta denominación, abreviadamente PPEJ, que responde a una estructura similar a la del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Es oportuno recalcar que, durante unos pocos meses, del 25 de febrero al 26 de diciembre de 2016, se produjo la adhesión al mencionado Código Iberoamericano que resultó, pues, momentánea y de la que nada se dice, constatémoslo, en el texto del que pasamos a ocuparnos a continuación; a excepción de la previsión comprendida en el art. 1.c) a propósito de «la coordinación y la colaboración con las comisiones judiciales de ética, en particular con la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial». Los PPEJ se dividen en dos partes: la Parte I expone una serie de Principios que se desarrollan a base de apartados que suman un total de treinta y cinco numerales; y la Parte II se refiere a la CEJ que se desarrolla a través de un total de siete artículos y será tratada más adelante dado que la actividad de la misma en sus dos primeros años de vida constituye la parte central de este trabajo. Los PPEJ se exponen en cuatro capítulos; a saber: I. Independencia (§§ 1-9); II. Imparcialidad (§§ 10-21); III. Integridad (§§ 22-31) y IV. Cortesía, diligencia, transparencia (§§ 32-35). Ni que decir tiene que los cuatro capítulos precitados contrastan con los trece que el Código Iberoamericano de Ética Judicial dedicó a los Principios. El órgano de gobierno del Poder Judicial español ha optado, en consecuencia, por un régimen mucho menos prolijo que, en comparación con la formulación iberoamericana, no ha enunciado ni ha dedicado capítulos específicos a principios tales como: motivación, justicia y equidad, responsabilidad institucional, secreto profesional, prudencia y honestidad. En el Preámbulo de los PPEJ se aclara que «nada tiene que ver el régimen disciplinario con la ética judicial». Queda así delimitado el campo de la ética y el de la deontología, sin incurrir en una suerte de confusión, nada infrecuente, por cierto, tal como se puede comprobar si reparamos en la propia denominación a que atiende la precitada Declaración de Londres sobre la deontología de los jueces (2010). Los PPEJ, prosigue el Preámbulo, conciben la ética «en términos de estricta voluntariedad y ausencia de responsabilidad legal, al contrario de disciplina» dado que mientras «la ética judicial opera como estímulo positivo en 58 ISSN: 1812-6804 lbueno@icade.comillas.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (1): 55-71, 2021 Luis Bueno Ochoa cuanto dirigida a la excelencia […] la disciplina funciona con base en el estímulo negativo, cual es la sanción». Con todo, pese a los esfuerzos de delimitación entre la ética y la deontología y el régimen disciplinario la eventual confusión no queda del todo descartada habida cuenta el tenor literal de la Disposición Final de los PPEJ: «Los presentes “Principios de Ética Judicial” no podrán utilizarse en ningún caso, ni directa ni indirectamente, con finalidad disciplinaria, salvo que redunde en beneficio del sujeto del procedimiento»; declaración que no hace sino ratificar el art. 1.2 de los expresados PPEJ: La actuación de la Comisión no puede interferir en el ejercicio de la potestad disciplinaria ni inmiscuirse en la determinación de la responsabilidad civil o penal de los jueces y juezas. Tampoco la actividad de la Comisión servirá de referencia o complemento en las actuaciones tendentes a dirimir responsabilidades civiles, penales o disciplinarias, salvo que redunde en beneficio del interesado. Complementariamente, se ha de incidir en el carácter diverso que el Preámbulo dedica a los PPEJ. Así, por un lado, se refiere a los: Principios generales con los que la judicatura está familiarizada: la independencia, que delimita un espacio para la decisión judicial exento de influencias debidas; la imparcialidad, que resalta el papel del juez o jueza como tercero ajeno a los intereses en juego; y la integridad, que exige a quienes ejercen la jurisdicción coherencia con los anteriores principios y con el de respeto a la dignidad humana. Y, por otro, se alude a los: Modelos de comportamiento relativos a la justicia como prestación de un servicio, tales como la cortesía, la diligencia y la transparencia. Su grado de cumplimiento se percibe directamente por quienes acuden a los tribunales, contribuyendo así decisivamente a la formación de la opinión pública sobre la justicia y, por eso mismo, no pueden descuidarse como “menores”. LA COMISIÓN DE ÉTICA JUDICIAL (CEJ) La parte central de este trabajo va a consistir, según lo anunciado, en exponer cuál ha sido la actividad desarrollada por la CEJ en sus dos años de singladura: desde mayo de 2018, fecha de su constitución, hasta mayo de 2020, fecha en la que se pone fin a este estudio. Antes de concentrarnos en dicha exposición, es conveniente reparar en el tratamiento que los PPEJ dedican a la parte orgánica y parte funcional de la expresada CEJ. Parte orgánica Corresponde hacer referencia a los artículos 2 (Composición), 3 (Elección) y 4 (Mandato). Composición Son siete integrantes de los cuales seis han de ser miembros de la carrera judicial en activo (uno, con la categoría de juez; tres, con la de magistrado y dos, con la de magistrado del Tribunal Supremo). El séptimo integrante restante «será una persona de reconocido prestigio y acreditada trayectoria en el mundo académico de la Ética, la Filosofía del Derecho o la Filosofía Moral». La excelencia ética judicial que se pretende transita, pues, por derroteros eminentemente endogámicos al quedar inscrita bajo la rúbrica “de jueces para jueces”. Elección La de los seis primeros integrantes tendrá lugar por todos los miembros de la Carrera Judicial en activo. La elección se llevará a cabo mediante voto personal, igual, directo y secreto. El séptimo integrante, no judicial, será designado por los otros seis miembros judiciales de la CEJ. Mandato La designación de los integrantes será por un período de cuatro años. Los miembros judiciales se renovarán por mitad cada dos años. El ejercicio de la función «será honorífico sin más compensación económica que el reembolso de los gastos ocasionados». Parte funcional Corresponde hacer referencia a los artículos 1 (Funciones), 5 (Funcionamiento), 6 (Efectos) y 7 (Publicidad). Funciones Se distinguen cuatro si bien la fundamental es la aludida en primer lugar: 1) «emitir dictamen por escrito sobre las consultas relativas a casos concretos que le hagan las Salas de Gobierno 59 VOX JURIS (39) 1, 2021 lbueno@icade.comillas.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (1): 55-71, 2021 Dos años (2018-2020) de comisión de ética judicial en España Two years (2018-2020) of judicial ethics commission in Spain de los Tribunales, las Juntas de Jueces, las Asociaciones o cualquier juez o jueza en servicio activo»; 2) promover la difusión y conocimiento de los PPEJ; 3) contribuir al desarrollo de las funciones del CGPJ en la coordinación y colaboración con otras comisiones ético-judiciales, con cita específica de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y 4) excepcionalmente elaborarán informes de interés general sobre la materia a instancia de las Salas de Gobierno de los Tribunales, las Juntas de Jueces o las Asociaciones Judiciales. Funcionamiento La presidencia será elegida por mayoría y la secretaría la ocupará el miembro judicial más moderno. La constitución válida de la CEJ requerirá como mínimo cinco miembros, no obstante, cuando así lo acuerden será necesaria la presencia de la CEJ al completo. Los informes adoptarán la regla de la mayoría y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. Los informes se aprobarán dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se hubiese acordado su formulación y elaboración. Los dictámenes se emitirán, en cambio, dentro de los dos meses siguientes a la realización de la consulta. En la fecha de constitución de la CEJ se aprobarán, por mayoría, las reglas de organización y funcionamiento que podrán ser modificadas, igualmente, por mayoría. Efectos Los actos de la CEJ carecen de fuerza jurídica obligatoria y de efectos vinculantes. No podrán ser objeto de consulta cuestiones o asuntos sometidos a investigación, enjuiciamiento o expediente disciplinario. Publicidad La CEJ elaborará un informe anual sobre sus actividades. Sus actos serán públicos. El CGPJ les dará la máxima difusión preservando los datos de carácter personal con pleno respeto al derecho al honor, a la intimidad y a la protección de datos. Actividad de la CEJ Llega el momento de exponer cuál ha sido la actividad de la CEJ desde su constitución en el mes de mayo de 2018 hasta la fecha, mayo de 2020. Son, pues, dos años, los dos primeros años de actividad de la CEJ, coincidentes con la primera renovación parcial de la CEJ, los que constituyen el objeto de la exposición. El desarrollo de la actividad de la CEJ exige remitirse, con carácter previo, a sus dos primeras reuniones de 9 de mayo y 28 de mayo de 2018. En la primera, se constituyó la misma con los seis miembros judiciales (Ignacio Sancho Gargallo, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo; Celsa Pico Lorenzo, Magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; Eduardo López Causapé, Magistrado del Juzgado de Instrucción núm. 9 de Zaragoza; Gonzalo Sánchez Cerdá, Magistrado del Juzgado de 1ª Instancia núm. 1 de Torrent; Ramón Badiola Díez, Magistrado del Juzgado de 1ª Instancia núm. 99 de Madrid y Teresa García Villanueva, Secretaria, Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 7 de Rubí), decidiéndose, por insaculación, que fueran sustituidos a los dos años, como Magistrado del Tribunal Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, como Magistrado, Gonzalo Sancho Cerdá y como Juez, Teresa García Villanueva. En la segunda reunión se designó a Luis Prieto Sanchís, catedrático de Filosofía del Derecho, como miembro no judicial, y como Presidente a Ignacio Sancho Gargallo. Para una adecuada exposición de la actividad desarrollada por la CEJ se han confeccionado una serie de tablas, en total cuatro, en las que se podrán apreciar el conjunto de actividades desplegado en estos dos años de vida institucional. Aparte de la información comprendida en las cuatro tablas que se dirán no puede ser omitida la actividad de los miembros de la CEJ relativa a la promoción y difusión de los PPEJ (consistente en presentaciones de Cursos o en participaciones en Encuentros, Seminarios o Mesas redondas) de la que se da cuenta, por ejemplo, en la Memoria de actividades del primer año de funcionamiento (2018-2019). En la tabla 1 se exponen, por orden cronológico, las tres clases (Acuerdos, Dictámenes y notas informativas) y el número de actos de la CJE. 60 ISSN: 1812-6804 lbueno@icade.comillas.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (1): 55-71, 2021 Luis Bueno Ochoa Tabla 1. Actos de la Comisión Ética Judicial Año Acuerdos Dictámenes Notas informativas Total 2020 1 3 0 4 2019 3 18 6 27 2018 4 5 0 9 En la tabla 2 se relacionan, por orden cronológico, distinguiendo referencia a la consulta, cuestión y conclusión, los Acuerdos adoptados consistentes en inadmitir la consulta de que se trata, declinando, por consiguiente, emitir el dictamen solicitado. Tabla 2. Acuerdos de la Comisión Ética Judicial Fecha Consulta Cuestión Conclusión 16-03-20 19/19 Comunicados de asociaciones judiciales sobre concretas resoluciones judiciales. Inadmisión porque la consulta no plantea un dilema ético propio. Fundamento: art. 1.a) PPEJ. 12-06-19 11/19 Quejas sobre el comportamiento ético de otros jueces. Inadmisión porque la consulta no plantea un dilema ético propio. Fundamento: art. 1.a) PPEJ. 05-06-19 8/19 Deber legal de denuncia ante hechos conocidos al margen del proceso de forma casual o no. Inadmisión por tratarse de materias ajenas a los PPEJ. Fundamento: el deber de denunciar (arts. 259 y 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –LECr–) no es una obligación ética y excede la competencia de la CEJ. 12-02-19 4/19 Tratamiento y honores a magistrados suplentes y jueces sustitutos. Inadmisión porque la consulta no plantea un dilema ético propio. Fundamento: art. 1.a) PPEJ. 03-12-18 9/18 Sobre el deber ético de renunciar a candidatura de vocal del CGPJ. Inadmisión por el carácter personal –responder a dilemas morales– de las consultas. Tabla 2 (cont.) Fecha Consulta Cuestión Conclusión 23-10-18 5/18 Sobre el comportamiento de los jueces ante opiniones o comentarios expresados en medios de comunicación que pudieran invadir la esfera de su honor o privacidad. Inadmisión por el carácter genérico de la consulta. Fundamento: art. 1.a) de los PPEJ sobre “consultas relativas a casos concretos”. 23-10-18 4/18 Cómo conciliar los PPEJ 3, 4 y 5 frente a posibles acciones disciplinarias del art. 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial –LOPJ–. Inadmisión por tratarse de una consulta de carácter prospectivo. Fundamento: las consultas han de referirse necesariamente a “casos concretos” (art. 1.a) PPEJ) que presenten un dilema práctico a la luz de los Principios de Ética Judicial. 23-10-18 2/18 En un curso de formación organizado por el CGPJ el director del curso incluye como ponente a su esposa. Inadmisión porque las consultas han de ser personales por responder a dilemas morales que se plantea juez y no pueden servir para denunciar comportamientos ajenos carácter personal de las consultas (art. 1.a) PPEJ). 61 VOX JURIS (39) 1, 2021 lbueno@icade.comillas.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (1): 55-71, 2021 Dos años (2018-2020) de comisión de ética judicial en España Two years (2018-2020) of judicial ethics commission in Spain En la tabla 3, se relacionan, igualmente, por orden cronológico, distinguiendo referencia a la consulta, cuestión y conclusión, los Dictámenes emitidos. Indudablemente, la emisión de dictámenes es la función principal de la CJE según se deprende de lo previsto en el art. 1.a) de los PPEJ en cuyo párrafo segundo se hace constar que «los dictámenes reflejarán la posición de los miembros de la Comisión en relación con el asunto o cuestión objeto de consulta». Tabla 3. Dictámenes de la Comisión Ética Judicial Fecha Consulta Cuestión Conclusión 16-03-20 02/20 Si la imagen de imparcialidad puede verse afectada cuando antes del proceso se ha intervenido en un curso organizado por una de las partes procesales. La Comisión no puede dictaminar si concurre o no causa de abstención (art. 219 LOPJ). Se remite a los dictámenes 3/19 y 3/18 acerca del Principio 11. La participación en actividades de formación no compromete a priori para conocer de futuros procesos en los que sea parte la entidad organizadora del curso. Tabla 3 (cont.) Fecha Consulta Cuestión Conclusión 16-03-20 20/19 Trascendencia ética de intervenir y dictar sentencia en relación con la parte demandada, declarada en rebeldía, con quien se mantuvo una relación de amistad hace quince años; y si ello puede considerarse causa de abstención o recusación. Se invocan los PPEJ 10, 11, 12, 16 y 18 en sede de Imparcialidad. El juez debe hacer un esfuerzo especial para advertir si puede verse afectado por un prejuicio positivo o negativo con miras a juzgar el caso con la máxima objetividad, como si de un tercero ajeno se tratara. La Comisión, con cita del art. 219 LOPJ, carece de competencia para pronunciarse acerca de si se trata de un supuesto de abstención o recusación. 10-02-20 01/20 Si el mantenimiento de una comisión de servicios en la Sección Penal de una Audiencia Provincial al obtener plaza en la Sección Penal de un Tribunal Superior de Justicia contraviene los PPEJ. No lo contraviene (a salvo, en otro orden de cosas, la obligación de incompatibilidad y el deber de abstención). No obstante, sería aconsejable dejar de desempeñar tal comisión de servicio en caso de que la relación personal fraguada con los colegas de la Audiencia Provincial fuera de tal intensidad que pudiera afectar a su disposición de ánimo en la resolución de los asuntos en el TSJ. 23-10-19 18/19 Si un juez que acude a terapia psicológica tiene obligación de ponerlo en conocimiento del CGPJ. No en tanto en cuanto el tratamiento psicológico no afecte negativamente al normal ejercicio de la función judicial. Si afectara, sería prudente ponerlo en conocimiento de los servicios de prevención de riesgos laborales del CGPJ. 23-10-19 17/19 Si hay que atender a la petición de periodistas para ser recibidos y obtener declaraciones en “casos mediáticos”. Ninguno de los PPEJ impone el deber ético de conceder entrevistas o suministrar información a los medios de comunicación. No obstante, se valora, como tarea pedagógica, la actitud positiva hacia la transparencia y la interlocución con los medios de comunicación a condición de guardar la debida reserva (Principio 19). Véase nota informativa de 08-11-19. 62 ISSN: 1812-6804 lbueno@icade.comillas.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (1): 55-71, 2021 Luis Bueno Ochoa Tabla 3 (cont.) Fecha Consulta Cuestión Conclusión 23-10-19 16/19 Si existe algún impedimento para que un juez que tiene que dictar nueva sentencia en asunto penal (que ya había absuelto antes a un Alcalde) pueda impartir un curso a la Policía Local del mismo Ayuntamiento. Sí: contraviene la apariencia de imparcialidad y afecta a la percepción y la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia. Se citan los PPEJ 10, 11, 12, 16 y 18 (en sede de Imparcialidad) y 23 (en sede de Integridad). 23-10-19 15/19 Si es conveniente que el instructor de un asunto sobre asesinatos en serie con relevancia mediática, del que ya ha recaído sentencia firme, cobre participación en un documental de TV. La participación en el documental televisivo está amparada por la libertad de expresión (Principio 31). Ahora bien, dicha facultad debe ejercerse con “prudencia y moderación”. 30-09-19 14/19 Sobre la actividad de profesor asociado, compatible con la función judicial, y la relación con los catedráticos y abogados como directores del Dpto., en caso de que dirigieran asuntos que se plantearan ante su jurisdicción. Sobre la designación del juez de Administradores en los Concursos. El juez debe comprobar si puede verse afectado por un prejuicio o predisposición. Remisión a la consulta 2/19. La designación discrecional de profesionales, con los que se mantiene vínculo distinto del propio foro, puede poner en riesgo la apariencia de imparcialidad e integridad. Remisión a la consulta 5/19. Véase nota informativa de 11-10-19. 30-09-19 13/19 Sobre reconocimientos, las distinciones o las condecoraciones que sean otorgadas por instituciones públicas a los miembros de la Carrera Judicial. La aceptación no tiene por qué afectar a la apariencia de independencia o imparcialidad (sobre todo aquellas que no excedan las lógicas convenciones sociales y constituyan una práctica habitual ampliamente aceptada) siempre que la motivación para su concesión esté fundada. Corresponde a cada juez valorar los riesgos inherentes a los mencionados PPEJ. Véase nota informativa 11-10-19. Tabla 3 (cont.) Fecha Consulta Cuestión Conclusión 30-09-19 12/19 Sobre la procedencia de la “práctica” de visitar a los Vocales del CGPJ por parte de quienes se proponen concurrir a una convocatoria de puestos con forma de designación discrecional. No resulta aconsejable seguir dicha “práctica” de la visita o llamada telefónica a los Vocales del CGPJ al quedar comprometidos los PPEJ: el 29 (Integridad) e, indirectamente, el 8 (Imparcialidad). Véase nota informativa de 11-10-19. 63 VOX JURIS (39) 1, 2021 lbueno@icade.comillas.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (1): 55-71, 2021 Dos años (2018-2020) de comisión de ética judicial en España Two years (2018-2020) of judicial ethics commission in Spain 12-06-19 10/19 Sobre la interpretación del Principio 28 sobre la posible aceptación por parte del juez de regalos –o cortesías– ofrecidas en atención al cargo desempeñado. La aceptación de regalos ha de observar doble cautela: no poner en riesgo la apariencia de imparcialidad y que el obsequio no exceda las lógicas convenciones sociales. Hay que estar al examen del caso concreto. El valor o precio del obsequio ha de entenderse, en todo caso, como modesto. También hay que tener en consideración la naturaleza pública o privada del oferente (en este último caso, la eventual aceptación requiere un muy estricto escrutinio). También la frecuencia y la generalidad son elementos a considerar. Véase nota informativa de 12-07-19. 12-06-19 9/19 Sobre la posibilidad de que un juez que ha conocido de un asunto laboral en el que la demanda se dirige a dos empresas, pueda tener en cuenta lo resuelto en dicho procedimiento para dictar sentencia en otra causa en la que solo se demanda a una de las dos empresas; y/o si se puede acordar de oficio que se amplíe la demanda. Se invoca el Principio 13 en sede de Imparcialidad. Con carácter general, en su labor de enjuiciamiento el juez debe guiarse por la información obtenida en el propio proceso, prescindiendo, en consecuencia, de los datos obtenidos fuera del mismo. El juez no puede introducir hechos distintos de los alegados por las partes ni suplir las funciones de los profesionales intervinientes. El juez debe atenerse objetivamente al resultado de la prueba practicada. 05-06-19 7/19 Sobre la práctica, desarrollada por el juez en el enjuiciamiento de recursos contencioso-administrativos, de buscar en internet información relativa al caso. Se invocan los Principios 2 y 14 sobre Independencia e Imparcialidad. Se cita la consulta 1/19. La pertinencia de la búsqueda de oficio concierne al régimen legal procesal competente. En las averiguaciones de oficio el juez ha de asegurarse de que no se conculque la igualdad de oportunidades de las partes en materia de información y prueba. Tabla 3 (cont.) Fecha Consulta Cuestión Conclusión 08-04-19 6/19 Si los conocimientos sobre cuestiones de interés general con ocasión del ejercicio de la función jurisdiccional permite publicar, con retribución, en revistas jurídicas. Se invocan los Principios 19 y 20 (sobre Imparcialidad) y 28 (sobre Integridad). Dicha publicación en revistas jurídicas no contraviene los PPEJ. Ahora bien, debe evitarse hacer referencia a datos o detalles no sometidos a contradicción de las partes o a hechos no declarados probados en sentencia. Se ha de ponderar si los conocimientos difundidos pueden perjudicar a las partes o a terceros. La publicación en revistas ha de hacerse en condiciones de absoluta transparencia y en cuantía equiparable al resto de colaboradores. 08-04-19 5/19 Si un juez que ha escrito una obra de ficción acepta que la publique un editor a quien conoce por ser Administrador Concursal; y sobre quien ha aparecido en prensa información polémica, además de haber sido profesor suyo en un Centro. Se hace una remisión genérica a consultas precedentes. El medio editorial no puede comprometer ni la integridad ni la apariencia de imparcialidad. Puede generarse la apariencia de que la publicación de la obra de ficción obedece a una atención, regalo o cortesía. Incumbe al juez discernir si su integridad y apariencia de imparcialidad quedan afectadas. Deben tenerse en cuenta otras alternativas de cara a la publicación. 64 ISSN: 1812-6804 lbueno@icade.comillas.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (1): 55-71, 2021 Luis Bueno Ochoa 08-04-19 1/19 Sobre la incidencia que tiene para el enjuiciamiento de un asunto laboral el conocimiento que pueda haber llegado a tener el juez fuera del proceso, ya sea de forma gratuita, ya sea porque se haya buscado información en internet. Se invocan los PPEJ 11, 13 y 14 en sede Imparcialidad. En su labor de enjuiciamiento el juez debe guiarse por la información obtenida en el propio proceso, prescindiendo, en consecuencia, de los datos obtenidos fuera del mismo. El juez no puede introducir hechos distintos de los alegados por las partes. El juez debe atenerse objetivamente al resultado de la prueba practicada. Véase nota informativa de 25-04-19. Tabla 3 (cont.) Fecha Consulta Cuestión Conclusión 25-02-19 10/18 Sobre las implicaciones de los PPEJ en el uso de las redes sociales. Se invocan los PPEJ siguientes: de incidencia directa (9, 16, 17, 22, 24, 29 y 31) e indirecta (3, 4, 19 y 20). La participación de los jueces en redes sociales no es contraria a los PPEJ. Los jueces deben presentarse públicamente como tales en redes sociales. Deben ser conscientes del riesgo que resulta en la percepción ajena sobre independencia judicial, apariencia de imparcialidad e integridad. En el ejercicio de su libertad de expresión pueden expresar sus opiniones particulares, sean o no de naturaleza jurídica. En todo caso, la intervención en redes sociales tiene que estar presidida por la prudencia. La expresión de opiniones, comentarios y reacciones puede afectar gravemente a la apariencia de independencia e imparcialidad generándose el correlativo deber ético de ser extremadamente cuidadosos. Debe evitarse cualquier referencia a cuestiones relacionadas, directa o indirectamente, con los asuntos de los que se esté conociendo. El uso de fórmulas de contacto con terceras personas puede generar una apariencia de favoritismo. No existe obligación ética de limitar contactos que los jueces mantengan en redes sociales debiendo atenerse a su elemental prudencia. La Comisión no puede suplantar al juez en la valoración de su propia conducta si bien la participación de los jueces en las redes sociales ha de estar presidida, con carácter general, por la prudencia y la mesura. El principio de cortesía, y también la prudencia, deben informar las actuaciones que se tengan en los debates con el resto de usuarios de las redes sociales. 65 VOX JURIS (39) 1, 2021 lbueno@icade.comillas.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (1): 55-71, 2021 Dos años (2018-2020) de comisión de ética judicial en España Two years (2018-2020) of judicial ethics commission in Spain Tabla 3 (cont). Fecha Consulta Cuestión Conclusión 12-02-19 3/19 Sobre la participación retribuida del juez como coordinador, o como colaborador, en un curso de formación organizado por un Colegio de Abogados, del que es colegiado no ejerciente, situado fuera de su demarcación territorial. Se invocan los PPEJ siguientes: 16 y 17 (en sede de Imparcialidad) y 34 (en sede de Diligencia). Dicha participación no plantea objeciones si se ejerce en condiciones que no afecten a la imparcialidad o a la apariencia de imparcialidad. Corresponde al juez valorar el alcance de los riesgos que puedan empañar la apariencia de imparcialidad. Factores a tener en cuenta: naturaleza de la entidad organizadora, sede de realización del curso, publicidad, número e identidad de los ponentes, auditorio y cuantía y homogeneidad de las retribuciones. 12-02-19 2/19 Sobre los riesgos que tiene un Juez de Familia, que ejerce en una ciudad pequeña, de ver afectada su imparcialidad en los procesos de divorcio seguidos entre los padres de los amigos de sus hijos a los que podría tener que explorar. La Comisión se remite a la eventual aplicación de las causas de abstención previstas en el art. 219 LOPJ y demás preceptos concordantes. El juez habrá de comprobar, llegado el caso, si considera comprometida su imparcialidad. No se le puede imponer la obligación de mantener distancias con los amigos de sus hijos, o los padres de estos, por si en el futuro pudiera conocer de algún procedimiento de divorcio que les afecte. 10-02-19 21/19 Hacer comentarios (en conferencias, revistas o libros jurídicos) sobre pronunciamientos del Tribunal Constitucional en ámbitos en los que el consultante tiene una formación académica especializada. Se invocan los PPEJ siguientes: 3 y 9 (sobre Independencia), 19 (sobre Imparcialidad) y 20 y 31 (sobre Integridad). Tales comentarios, conformes o disconformes con las tesis de aquel Tribunal, no solo no contravienen los PPEJ sino que son compatibles con la función pedagógica de explicación de la ley. Tabla 3 (cont.) Fecha Consulta Cuestión Conclusión 23-01-19 11/18 Problemas que se suscitan con ocasión de la mediación intra- judicial o la “función negociadora” que se atribuyen al juez en algunos preceptos de nuestro ordenamiento jurídico. Se invocan los PPEJ en materia de Imparcialidad. La función del juez consiste en exhortar a las partes para que alcancen un acuerdo. No puede ser una imposición directa ni indirecta ni tampoco anticiparse el sentido de la futura resolución. La participación del juez en la negociación compromete su imparcialidad, por lo que no es conveniente que esté presente en la misma. El juez debe limitarse a poner de manifiesto las ventajas de las soluciones consensuadas pero sin tomar posición sobre la controversia. Si el acuerdo no resulta posible el juez resolverá sin tener en cuenta los hechos o argumentos que las partes hayan hecho valer en la negociación. El juez puede dar a conocer la doctrina seguida en ese mismo órgano judicial o en los que conocen en grado de recurso. El juez no debe, en aras de incentivar el acuerdo, calificar a alguna de las posiciones de las partes como temeraria de cara a la consiguiente condena en costas. Forzar un acuerdo es contrario al principio de imparcialidad. 66 ISSN: 1812-6804 lbueno@icade.comillas.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (1): 55-71, 2021 Luis Bueno Ochoa 03-12-18 8/18 Sobre la procedencia de abstenerse al asistir a la vista un abogado que había formulado una queja ante el CGPJ, ya archivada, debida a la inactividad apreciada en otro procedimiento. El juez manifiesta no tener enemistad con dicho abogado. Se invocan los PPEF 10, 11 y 15 en sede de Imparcialidad. La Comisión carece de competencia para pronunciarse sobre la causa de abstención (art. 219 LOPJ y demás preceptos concordantes). El juez debe hacer un esfuerzo especial para advertir si puede verse afectado por un prejuicio negativo frente a las pretensiones defendidas por el abogado que planteó la queja. En los actos orales debe evitar mostrar desconfianza hacia dicho abogado y velar por que haya un clima adecuado que permita a los letrados expresarse con libertad y serenidad. Tabla 3 (cont.) Fecha Consulta Cuestión Conclusión 03-12-18 7/18 Posible participación en una actividad docente organizada de manera conjunta por una universidad privada y el centro de estudios de un importante despacho de abogados de ámbito internacional que puede poner en entredicho la imparcialidad. Dicho despacho no tiene oficina en la actual demarcación del juez consultante. Se invocan los PPEJ siguientes: 16 y 17 (en sede Imparcialidad) y 34 (en sede de Diligencia). Remisión al dictamen 3/18. La actividad docente propuesta no tiene por qué afectar, en principio, a la imparcialidad objetiva o a la apariencia de imparcialidad. Esta última solo puede verse comprometida en caso de coincidencia con el despacho de abogados en un asunto forense, circunstancia que, hoy por hoy, es improbable, pero posible en el futuro. De producirse en el futuro, el juez habrá de valorar la procedencia de las causas de abstención a tenor de lo establecido en el art. 219 LOPJ y demás preceptos concordantes. 03-12-18 6/18 Procedencia de que un magistrado que dirige un curso pueda llevar como ponente a un familiar, ya sea por consanguinidad, ya sea por afinidad. Se invoca el Principio 30. Lo planteado no afecta, en sentido estricto, al principio de integridad. No obstante, dicha designación ha de ajustarse a ciertas condiciones: que la ponencia tenga relación con el curso y la disciplina en la que el ponente desempeñe su profesión, debiendo acreditar cierta cualificación, así como reunir los requisitos de mérito y capacidad exigibles a cualquier otro ponente. 23-10-18 3/18 Posible asistencia y participación retribuida de un juez a una actividad de carácter formativo y divulgativo organizada por un despacho de abogados. Se invocan los PPEJ siguientes: 16 y 17 (en sede de Imparcialidad) y 34 (en sede de Diligencia). Dicha participación, solo en determinadas circunstancias y ocasiones, puede afectar a la apariencia de imparcialidad. El juez debe efectuar una previa valoración ética sobre dicha participación. Elementos relevantes para la valoración: vinculación con el despacho organizador, objeto de la actividad, volumen de asuntos judiciales en que interviene el despacho organizador, identidad y número de intervinientes. El lugar de celebración, si es la sede del despacho, aumenta que se vea afectada la apariencia de imparcialidad. La remuneración ha de reunir las condiciones de absoluta transparencia y cuantía equiparable. 67 VOX JURIS (39) 1, 2021 lbueno@icade.comillas.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (1): 55-71, 2021 Dos años (2018-2020) de comisión de ética judicial en España Two years (2018-2020) of judicial ethics commission in Spain Tabla 3 (cont.) Fecha Consulta Cuestión Conclusión 23-10-18 1/18 Procedencia de que un magistrado ponente acceda a recibir la visita del abogado de una de las partes mientras está pendiente de resolución el recurso. Se invoca el Principio 14 en sede de Imparcialidad. Se debe conocer antes la razón y el contenido de la entrevista solicitada para valorar si compensa asumir el riesgo de verse influido por alguna de las partes. Puede resultar conveniente, en tal caso, ponerlo en conocimiento del otro letrado para que también pueda estar presente. Finalmente, en la tabla 4 se exponen, igualmente, por orden cronológico, distinguiendo referencia a la consulta y titular-resumen, las notas informativas difundidas. Tabla 4. Notas informativas de la Comisión de Ética Judicial Fecha Consulta de refª Titular-resumen 08-11-19 17/19 La Comisión señala que la prudencia debe guiar la relación entre jueces y medios para preservar la imparcialidad y los derechos de las partes. Cuando la información versa sobre asuntos de los que el juez esté conociendo, es aconsejable que la relación con los periodistas se haga a través de las Oficinas de Comunicación. La misma moderación deben tener los jueces a la hora de participar en documentales sobre asuntos de los que fueron instructores, aunque ya se haya dictado sentencia firme. 11-10-19 14/19 La Comisión señala que las relaciones académicas surgidas durante el ejercicio de la docencia pueden afectar a la imparcialidad e integridad de los jueces. Responde a una consulta que plantea un supuesto en el que el director del departamento universitario sea abogado de una de las partes o perito en un procedimiento judicial. 11-10-19 13/19 Los jueces deben valorar en cada caso si aceptar una condecoración concedida por el Poder Ejecutivo pone en riesgo su apariencia de independencia. La Comisión de Ética Judicial entiende que recibir la Cruz San Raimundo de Peñafort o la Cruz al mérito policial es una práctica “ampliamente aceptada” que no excede las convenciones sociales Tabla 4 (cont.) Fecha Consulta de refª Titular-resumen 11-10-19 12/19 La Comisión no considera procedentes las visitas de cortesía a los vocales por parte de los candidatos a cargos discrecionales al prever la ley una comparecencia pública ante el CGPJ. Señala que la extendida práctica de realizar una visita o llamada de cortesía a los miembros del órgano de gobierno de los jueces no es aconsejable desde el punto de vista de la dignidad de la función jurisdiccional. 68 ISSN: 1812-6804 lbueno@icade.comillas.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (1): 55-71, 2021 Luis Bueno Ochoa 12-07-19 10/19 La Comisión de Ética Judicial señala que los jueces deben analizar “con prudencia” los regalos y atenciones que les ofrecen antes de aceptarlos. En ningún caso sería admisible un presente que ponga en riesgo o en tela de juicio la imparcialidad o la apariencia de imparcialidad del juez. Los miembros de la Carrera Judicial deben ser especialmente cuidadosos con las ofrendas de particulares, sean personas físicas o jurídicas. 25-04-19 01/19 La Comisión de Ética Judicial considera que los jueces deben evitar búsquedas en internet sobre los hechos y partes del proceso para preservar su imparcialidad. En un dictamen, señala que el juez debe eludir cualquier clase de prejuicio que pudiera tener su origen en información obtenida fuera de los cauces procesales oportunos. La Comisión resuelve la consulta de un juez que, de forma casual, dos horas después de un juicio sobre invalidez comprobó que no eran ciertos algunos de los hechos alegados por una de las partes. EPÍLOGO Son varios los grupos de consideraciones que se desprenden a partir de la actividad desarrollada por la CEJ. Antes, sin embargo, será oportuno hacer alusión a tres aspectos que pueden servir para enmarcar en el contexto español dicha actividad: el estatuto funcionarial de los jueces, la naturaleza jurídica de los códigos éticos y, asimismo, la posición discrepante que mantienen algunas asociaciones judiciales acerca los PPEJ. Sobre el estatuto funcionarial de los jueces Según el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los jueces están dentro del personal con legislación específica propia y, por consiguiente, las disposiciones de dicho Estatuto «sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica». La condición de funcionario o autoridad, el clásico desdoblamiento entre potestas –poder socialmente reconocido– y auctoritas –saber socialmente reconocido–, es en el que se ve inscrita la mencionada distinción; otra forma de apreciar, en suma, las correlativas funciones de jurisdicción –“ejecutar lo juzgado”– y de judicación –“juzgar”– (Domingo, 1999, 3, p. 120) que designa, explícitamente, el artículo 117.3 de la Constitución Española. Sobre la naturaleza jurídica de los códigos éticos Ya la sentencia 218/1989 del Tribunal Constitucional distinguía entre los códigos deontológicos (que facultan para imponer sanciones sobre la base de infracciones) y los códigos éticos (que, decididamente, no permiten imponer sanciones). Así pues, mientras los primeros sí tienen naturaleza jurídica, los segundos son de índole moral. A la eventual confusión entre deontología y ética le va al acecho esa otra confusión entre ética y moral. Sobre esta última y, sin perjuicio de admitir la común equiparación que se suele hacer, más allá de la diversidad en cuanto al origen etimológico (del griego, en el caso de la ética, y del latín, en el de la moral), sí conviene dejar constancia de que mientras el término ética queda circunscrito a los sujetos humanos individuales (y a los valores y contravalores que envuelven esa conducta) el término moral (así como los valores y contravalores morales) se reserva para los grupos humanos, y no ya considerados en abstracto, sino en la medida en la cual estos grupos están enfrentados con otros (Bue no, 2009). Sobre la posición discrepante mantenida por algunas asociaciones judiciales en relación con los PPEJ Siguiendo a Lucas (2017), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria 69 VOX JURIS (39) 1, 2021 lbueno@icade.comillas.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (1): 55-71, 2021 Dos años (2018-2020) de comisión de ética judicial en España Two years (2018-2020) of judicial ethics commission in Spain ha sido crítica al señalar que la mayor parte de los jueces españoles vienen observando tales principios y, sobre todo, porque el fortalecimiento de la independencia y la imparcialidad exige la adopción de otras medidas como las relativas a las remuneraciones y las condiciones de trabajo. El Foro Judicial Independiente, por su parte, ha considerado que no es urgente y carece de interés para la mayor parte de la carrera judicial la promulgación de dicho código ético. Aun cuando participó en la elaboración del texto, dicha asociación votó en contra del texto finalmente aprobado. El autor seguido sintoniza, siquiera sea en parte, con el espíritu crítico expuesto y señala, más en concreto, que el amplio catálogo de infracciones muy graves, graves y leves establecido en los artículos 417, 418 y 419 LOPJ conforma un auténtico código disciplinario que, al trazar en negativo los PPEJ, puede revelar innecesaria la proclamación en positivo a que se contraen estos. Una vez expuestos los tres aspectos precedentes, se añaden dos grupos de consideraciones más. El primero, sobre la actividad específica desarrollada por la CEJ. Y, el segundo, de alcance mucho más general, sobre ética judicial. En cuanto al primer grupo de consideraciones; tanto los Acuerdos (tabla 2) como las notas informativas (tabla 4) constituyen actos de la CEJ que no están expresamente contemplados en el art. 1 PPEJ. La fórmula de los Acuerdos ha sido la empleada, aunque se constate una tendencia decreciente, para inadmitir las consultas (casi siempre por no tratarse de una cuestión personal ex art. 1.a) PPEJ) y así eludir tener que emitir dictamen escrito. Las notas informativas han servido para consolidar criterios orientadores en materias particularmente polémicas (relaciones con los medios de comunicación, ejercicio de la docencia, aceptación de regalos…). Cabría plantear un cambio de denominación y referirse a lo que realmente son, es decir, a criterios orientadores y no meras notas informativas, de manera análoga a cómo hacen los Colegios de Abogados, por ejemplo, a la hora de dar a conocer sus criterios orientadores en materia de honorarios. La actividad desarrollada por la CEJ, singularmente, a través de la función principal de dictamen (véase la tabla 3), ha abarcado un considerable número de asuntos y ha hecho del carácter orientador su propia razón de ser. Es de esperar que el tipo de asuntos sobre los que pronuncie se vea ampliado en la medida en que se haga uso de este mecanismo por parte de los consultantes que están legitimados para ello (puede ser de interés, en este sentido, conocer el criterio de la CEJ en los casos en los que los miembros de la carrera judicial compatibilizan el ejercicio de la función jurisdiccional con el de preparadores de opositores). Con todo, el peligro de solapamiento entre el plano ético y el deontológico y/o disciplinario no ha quedado descartado del todo en los PPEJ (así se ve confirmado a partir del art. 1.2 in fine y en la propia Disposición Final) y tampoco, desde luego, el carácter endogámico de la CEJ, tal como se desprende de su composición (seis miembros judiciales de un total de siete que, además, son quienes eligen al séptimo, único miembro no judicial) pudiendo reafirmar, por consiguiente, que la CEJ es concebida como un mecanismo “de jueces para jueces” que ha desaprovechado la oportunidad de reforzar a la judicatura extramuros de la judicatura. En cuanto al segundo grupo de consideraciones; la realidad no se encuentra en las normas ni en el cielo de los juristas (Ihering, trad. de 2015, p. 277) y en el imaginario colectivo, al menos, a nadie le extraña eso de que «menos mal hacen los delincuentes que un mal juez» (Quevedo, ed. de 1947, I, IX, p. 45). La ética judicial queda concretada en un juicio sobre la apariencia porque, como de la mujer del César, que «ni siquiera se tenga sospecha» (Plutarco, trad. de 1821, Cayo Julio César, X, p. 100). La ética remite, pues, como propusiera Nietzsche, a la estética –nulla ethica sine aesthetica– (Claramonte, 2008) y viceversa –nulla aesthetica sine ethica–, si es que vale afirmar que “la belleza es verdad, y la verdad belleza”/ –no hace falta saber más que esto en la tierra” (Keats, trad. de 1997, p. 165). No se sabe bien si advocati nascuntur, iudices fiunt (Calamandrei, trad. de 2009, III, p. 51), sin embargo, pesa como una losa aquello de no juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados (Evangelio según san Lucas, 6:37). La desconfianza en la mesiánica facultad de juzgar (Montaigne, trad. de 2007, III, I, p. 1.181; Bacon, trad. de 1870, LIV, pp. 353- 362) que en algún caso ha fantaseado con la condición de buen juez que para ser imparcial decidía el pleito con los dados (Rabelais, trad. de 2011, III, XXXIX, pp. 813-816) nos 70 ISSN: 1812-6804 lbueno@icade.comillas.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (1): 55-71, 2021 Luis Bueno Ochoa reconcilia con aquello de que «la vida del Derecho no ha sido lógica, sino experiencia» (Holmes, ed. de 2011, Prefacio, p. 5) sin que, bien mirado, pueda dejar de imponerse el denominado “escepticismo constructivo” (Frank, ed. de 1949, Prefacio, p. VII). Si la filosofía consiste en ver el mundo al revés, la poesía, como reverso de la filosofía, nos lleva, al fin, a ver el mundo del derecho; o sea, que «para ver del derecho hay que haber visto antes del revés» (Machado, 1936, IV). Los ejercicios de sofística de Juan de Mairena, alter ego machadiano, compatibles con la admonición del “vuelva usted mañana” (Larra, 1833), no sólo no están lejos de la “política deliberativa” (Habermas, trad. de 1998, VII, pp. 363-406) sino que propician reconocer que siempre queda el tránsito “de las virtudes a la virtud y tras la virtud” (MacIntyre, trad. de 2004, 16, pp. 336-362). POST-SCRIPTUM El capítulo XLII comprendido en la segunda parte del Quijote acoge un certero decálogo ético que podrán valorar los encargados de juzgar en caso de proponerse resituar el debate en torno a la ética judicial. I. Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos. II. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no mas justicia que l a s informaciones del rico. III. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y las dádivas del rico, como por los sollozos y las importunidades del pobre. IV. ICuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente; que no es mejor la fama de juez riguroso a la de compasivo. V. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, si no c o n el de la misericordia. VI. Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la verdad del caso. VII. No te ciegue la pasión propia de la causa ajena que en los yerros que en ella hicieres las mas de las veces serán sin remedio y si le tuvieren será a costa de tu crédito y aun de tu hacienda. VIII. Si alguna mujer hermosa viniere a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera despacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que se anegue tu razón en su llanto y tu bondad en sus suspiros. IX. Al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio sin la añadidura de las malas razones. X. Al culpado que cayera debajo de tu jurisdicción considérale hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstratele piadoso y clemente: porque aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia. FUENTES DE INFORMACIÓN Fuentes bibliográficas Bacon, F. (1870). Ensayos de Moral y de Política . (Trad. de A. Roda Rivas). Madrid: Imprenta de M. Minuesa. (Obra original publicada en 1597). Bueno, G. (2009). «Ética, Moral, Bioética, Derecho». El Catoblepas. Revista crítica del presente . núm. 93, noviembre. Calamandrei, P. (2009). Elogio de los jueces escrito por un abogado . Madrid: Reus. (Obra original publicada en 1935). Cervantes, M. de (ed. de 1994). Don Quijote de la Mancha. (Edición, introducción y notas de Martín de Riquer). Barcelona: RBA. (Obra original publicada en 1605 y 1615). Claramonte, J. 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Declaración de Londres sobre la deontología de los jueces (2010) promovida por la Red Europea de Consejos de Justicia. Código Iberoamericano de Ética Judicial (reformado en 2014). Principios de Ética Judicial (2016).