LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false false 1 1 true ISSN: 1812-6804 yamilajuri@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (2): 34-41, 2021 SOBERANÍA Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA SOVEREIGNTY AND POLITICAL REPRESENTATION Yamila Eliana Juri 1 Universidad Nacional de Cuyo Orcid: 0000-0002-3136-4144 https://doi.org/10.24265/voxjuris.2021.v39n2.04 yamilajuri@gmail.com Argentina Recibido: 12 de abril de 2021. Aprobado: 19 de abril de 2021. 1 Doctora en Derecho, Abogada, Profesora Universitaria en Ciencias Jurídicas y Sociales, Licenciada en Filosofía, Becaria posdoctoral de CONICET. Actualmente es profesora de Filosofía del Derecho, Filosofía del Lenguaje y Filosofía Política. SUMARIO • Introducción. • Soberanía política y relación con la representación. • Acerca del concepto de representación. • Participación política y partidocracia. • Conclusión. • Fuentes de información. RESUMEN Este trabajo busca reflexionar sobre la doctrina de la soberanía en relación con el problema de la representación y participación política. Sabemos que estas últimas presuponen la existencia de un poder legítimo, la relación principal que se genera de mando y obediencia, implica que quien detenta el poder posea autoridad de mando y representatividad. Indagaremos sobre la consistencia de la representación política, la crisis actual de la partidocracia y los problemas inherentes al poder que articulan a la comunidad en vistas a la consecución del bien común político. PALABRAS CLAVES Poder soberano - representación política – participación - partidos políticos. ABSTRACT This work seeks to reflect on the doctrine of the Sovereignty in relation to the problem of political representation and participation. We know that the latter presuppose the existence of a legitimate power, the main connection that generates by command and obedience, implies that the one who holds power has command and representativeness authority. We will inquire into the consistency of political representation, the current crisis of the partisan democracy and the problems inherent in power that articulate the community in order to achieve the common political good. KEY WORDS Sovereign power-political representation – participation -political parties. INTRODUCCIÓN Nuestro siglo nos interpela con una gran paradoja consistente en la problemática que nuestra calidad de ciudadanos conlleva, nos referimos al hecho de que en cuanto sujetos de derechos civiles y políticos gozamos de amplias facultades y libertades reconocidas por todos los ordenamientos jurídicos, sin embargo, nuestra actuación en una sociedad profundamente globalizada y reducida a intereses sobre todo de orden económico, se hace cada vez más difícil. VOX JURIS (39) 2, 2021 yamilajuri@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (2): 34-41, 2021 Soberanía y representación política Sovereignty and political representation 35 La crisis que atraviesan los partidos políticos y la actual representación del gobierno no contribuyen a sustentar una visión demasiado optimista en lo referente a la participación de todos los ciudadanos en la consecución del bien común político. Nos proponemos reflexionar sobre la soberanía del Estado en lo referente a su relación con la vigencia de la democracia representativa en cuanto sistema y el conflicto que atraviesan los partidos políticos, ostentadores en la actualidad de dicha representación. La hipótesis de trabajo consiste en que frente al cuestionamiento de si nuestros representantes responden al mandato imperativo de nosotros que somos sus representados o bien a las directrices de los partidos políticos a los que pertenecen, la respuesta es la segunda. En esta tensión que las democracias modernas han adoptado con las formas representativas de gobierno, se ha institucionalizando la participación popular en las decisiones gubernamentales a través de las elecciones periódicas en las que los representantes son elegidos para definir la marcha de los Estados. En este sentido, representación no puede desmembrarse de las cuestiones relacionadas con el poder político y la gobernabilidad. La doctrina de la representación pol ít ica ha sido instituida, dentro de la historia de las ideas, como base de la relación existente entre la soberanía y la comunidad política. La revolución francesa acaecida en 1789 cambió el curso de la conducción política, dando origen estructural a esta doctrina que responde a la imposibilidad material de ejercer de modo directo la democracia, con el naciente concepto de nación y participación política, “en una densa comunidad social que habita en gran espacio territorial” (García-Pelayo, 1993, 177). De esta manera, los principios que inspiran la representación tienen consonancia directa con los modos más idóneos por los cuales el pueblo constituido en nación puede participar en la vida y poder de la comunidad política. SOBERANÍA POLÍTICA Y RELACIÓN CON LA REPRESENTACIÓN Antes de abordar el tema de la representación es necesario afianzar la doctrina del poder soberano del cual gozan las comunidades políticas. Entendemos por soberanía la máxima potestad del gobierno. El primero en elaborar una definición de soberanía es Jean Bodin, quien sostiene que “la República es el recto gobierno de varias familias y de lo que les es común, con poder soberano” (Bodin, 1853, 27). Afirma el Angevino que “la soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una República” (Bodin, 1853, 179). Es tan importante este concepto para Bodin, que tres familias pueden constituir un Estado, con la condición de que exista el poder soberano. El jurista francés tiene el mérito de señalar la trascendental importancia de este concepto, el cual no es un postulado accesorio en la doctrina del Estado sino un elemento esencial: el Estado o es soberano o no es Estado 2 . Luego con Thomas Hobbes, la obligación moral de obedecer por parte de los hombres en la sociedad civil se deriva de la autorización otorgada al soberano para que actúe en nombre de ellos. Cuando Hobbes dice “se autorice” (Hobbes, 2007, 141), no se está refiriendo a renunciar ni a transferir, sino que se traslada el derecho habilitando a la persona para que actúe como si fuese uno el que lo hace, se convierte de esta manera la voluntad del soberano en la voluntad del pueblo, cada uno de los gobernados posee la autoría de las acciones del soberano, afianzando así la idea de República vislumbrada por Bodin. Tengamos en cuenta el notable valor de la tesis hobbesiana de la persona, la cual consiste, […] en una fórmula de legitimación del poder soberano, que hasta en la doctrina de la persona artificial constituye una auténtica doctrina de la representación, dando fundamento jurídico a la autoridad política y una garantía mayor que la derivada de la simple mecánica del poder. (Lukac de Stier, 2002, 264). Pitkin señala a Hobbes como “el único de los grandes teóricos de la política que ofrece un completo y sistemático desarrollo” del significado de representación y cómo esta juega en su obra un papel central, hasta el punto de que “en este concepto se encuentra todo el poder de su lúcida visión y de su rigor intelectual” (Pitkin, 1985, 15). 2 Nos hemos ocupado de la doctrina bodiniana de la soberanía en: “El Derecho y la Soberanía Política en el giro epocal del siglo XVI”, Revista Ius Publicum, Vol. 36; “La ley como instrumento del soberano”, Revista de Filosofía de la Universidad Católica de Concepción, Vol. 14-N° 2; “La Soberanía como fundamento de la República en Jean Bodin: Una Perspectiva Jurídica”, Revista Scripta Medievalia, Vol 13, N°1. ISSN: 1812-6804 yamilajuri@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (2): 34-41, 2021 Yamila Eliana Juri 36 Más adelante, Sieyés (1748-1836) -uno de los personajes clave de la Revolución Francesa- propicia con su doctrina que los diputados pasen de representar a los súbditos a representar a toda la Nación. Posteriormente se consolida la ficción de que el Estado se asimila con el individuo, el cual ocupa la titularidad de la soberanía interna, surge así la llamada soberanía del pueblo, instituida por la Constitución Política. De modo tal que el titular del órgano gubernamental actúa en nombre y representación de los que han conformado la Nación soberana. Sin embargo, ya en este momento comienzan a plantearse ciertos interrogantes, al decir de García Pelayo, “la soberanía no puede ser representada por la misma razón que no puede ser enajenada; consiste esencialmente en la voluntad general, y ésta no se representa: es ella misma o es otra, no hay término medio, salvo el mandato imperativo” (García-Pelayo, 1993, 176). Este principio que hace residir el poder soberano en el pueblo exige de otro intermedio que permita la coherencia entre titularidad y ejercicio, y es aquí donde surge la necesidad de hablar de la doctrina de la representación (Zafra Víctor, 2015, 51). El filósofo alemán Kant afirma: “puesto que el pueblo para juzgar legalmente sobre el poder soberano del Estado, debe ya ser considerado como unido por una voluntad universal legisladora, no puede ni debe juzgar de otra manera que conforme a la voluntad del actual jefe de Estado” (Kant 1965, 318). Comienza así el surgimiento del constitucionalismo (a partir de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787) como una especie de intersección entre derecho y política. En base a la perspectiva que contempla la soberanía popular, el constitucionalismo equilibra la identidad en una coyuntura difícil: la que existe entre soberano y pueblo. El máximo poder dentro de la comunidad lo tiene el soberano a condición de que sus acciones sean válidas conforme lo establezca su constitución. Si bien numerosas constituciones de diversos países poseen normas que reivindican el hecho de ser la soberanía del pueblo (o de la nación) ejercida por representantes o la constitución es representativa, sin embargo, la teoría de la representación no se encuentra dentro de estos dispositivos legales suficientemente desarrollada al nivel de lo que mereciera, por ser uno de los fundamentos del sistema de derecho de nuestros países. Siguiendo a Galvão de Souza, afirmamos que “toda sociedad políticamente organizada está representada por el poder”. La autoridad del Estado representa la comunidad, aplicándosele la noción de soberanía política, esto es, el atributo del poder supremo ejercitado en orden al bien común de toda la colectividad, y no sólo en ámbito de cada una de las sociedades menores que la componen (Galvão De Souza, 2011, 37 y ss.). Por tanto, la representación es inherente al poder con independencia de la forma de gobierno que se adopte. Además existe otro tipo de representación política que es la representación de la sociedad ante el poder (Galvão de Souza, 2011, 35- 45) 3 . A este respecto se emplea la expresión “instituciones representativas”. Aquí la representación es el ligamen entre la sociedad y el poder, sintonizando la acción de los gobernantes y las aspiraciones de los gobernados, llevando al conocimiento de las esferas dirigentes los intereses de los distintos grupos constitutivos de la sociedad política y las reivindicaciones de sus miembros. De modo que el poder representa a la sociedad como unidad y ésta última junto con el poder se representa en la pluralidad de sus cuerpos intermedios con aspiraciones y fines confluyentes. El gobierno representativo pasa luego a ser entendido no como simple participación del pueblo en el poder, sino como gobierno del pueblo por sus representantes electos, realizando así de forma indirecta, el “gobierno del pueblo por el pueblo”. En este sentido, la democracia realiza el principio de identidad, opuesto al de representación. Cuando todo el pueblo es sujeto del poder, existe una identidad que impide hablar de representación, por ello la democracia pura es irrealizable pues conduciría al aniquilamiento del Estado y disgregación de la sociedad. A partir de la introducción de la categoría de “nación” por parte de Sieyès (1994, 200), los diputados representarán a la nación (entidad abstracta, reducida a la sumatoria de los individuos), un distrito o grupo de personas concretas, porque en definitiva “quien elige no gobierna, sólo opta entre las alternativas sobre las que se 3 Nos referimos aquí a las categorías de representación “por”, “en” y “ante” el poder efectuadas por el autor brasileño. VOX JURIS (39) 2, 2021 yamilajuri@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (2): 34-41, 2021 Soberanía y representación política Sovereignty and political representation 37 pregunta. Esta es la realidad del sistema vigente de representación” (Castaño, 2015, 137). A este respecto, Carré de Malberg ha señalado que “el régimen llamado representativo no es un régimen de representación en el verdadero sentido de la palabra”, pues la nación no puede ser representada al tratarse de una persona abstracta, y las abstracciones no son susceptibles de ser representadas. Porque, concluye, “el representado que representa a todo el mundo ya no representa a nadie” (Carré de Malberg, 1920, 989). ACERCA DEL CONCEPTO DE REPRESENTACIÓN El concepto de representación proviene del latín repraesentare que significa “hacer presente, en algún sentido, algo que literalmente no está presente” (Lifante, 2009, 498). El diccionario de la Real Academia Española en su tercera acepción, define representación como “conjunto de personas que representan a una entidad, colectividad o corporación”. Además, contempla un significado particular para la representación política, definiéndola como “representación que ejercen los elegidos en votaciones democráticas que no está sometida al mandato imperativo” (DRAE, 2014). La representación política supone siempre de al menos dos personas libres que se obligan por un contrato público contraído según un principio de buena fe. No es una voluntad que decide sobre otra, sino un compromiso entre ambas. “Supone, por tanto, la permanencia de una libertad que, si por un lado excluye el mandato imperativo, de otro supone la capacidad de control y de exigencia de responsabilidades” (Gallego García, 2017, 57). Este tipo de representación tiene un acento axiológico del que carece la representación privada, porque “el representante está dotado de una especial dignidad y autoridad, amén de que esta representación sólo tiene lugar en el ámbito público, y se encuentra indisolublemente unida a la función de gobierno, entendido en el amplio sentido de la palabra” (García-Pelayo, 1993 , 174). Según un análisis clásico, el concepto de representación se presenta o bien como una forma de gobierno opuesta a la democracia, dado que la nación delega el ejercicio de la soberanía en las autoridades elegidas mientras que en una democracia el pueblo ejerce por sí mismo el poder soberano. Estas dos formas se distinguen por su fundamento: la representación deriva de la teoría de la soberanía nacional, mientras que la democracia deriva de la teoría de la soberanía popular: Este análisis reposa en dos presupuestos ontológicos. Según el primero, los términos del lenguaje jurídico son el reflejo de la realidad y su sentido se confunde con su referente en el mundo exterior. De aquí se deduce un segundo presupuesto: la nación preexiste a sus representantes, pues es ella la que los constituye con la finalidad de ejercer su soberanía. Por lo tanto, hay que distinguir siempre entre dos categorías de personas: los representados y los representantes (Brunet, 2012, 248). Siguiendo a Piktin, es ampliamente conocida su identificación de la representación con cinco concepciones diferentes: como autorización; como sometimiento a una rendición de cuentas; como una suerte de representación descriptiva por la que existe cierta correspondencia entre representante y representado; la llamada simbólica o identificación emocional que en política se equipara a liderazgo efectivo; la sustantiva que enfatiza la actividad de representar, Desde un punto de vista teórico, Pitkin insiste en que es una actividad por la cual el representante debe actuar teniendo en cuenta el interés de los representados y, a la vez de manera independiente con discrecionalidad y juicio. Esto implica que en el momento de adoptar decisiones aquel siempre corre el riesgo de que se produzca un conflicto entre ambas exigencias, pero que, […] debe tratar de evitar a toda costa, cuando eso no sea posible y el representante se vea obligado a elegir de forma que parezca contraria a los intereses de los que lo han elegido, entonces, lo que deberán hacer es justificarse ante ellos. (Pitkin, 1985 , 209). Aquellos a los que la constitución designa como “representantes de la nación” son, para la ciencia jurídica, “órganos del Estado”. Para Jellinek, Los actos de voluntad hechos por los miembros de una colectividad unificada con vistas a un fin unitario de la misma presentan un doble aspecto. En el mundo físico, son actos de voluntad de individuos; en el mundo jurídico, son puramente actos de voluntad de la comunidad. El individuo ISSN: 1812-6804 yamilajuri@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (2): 34-41, 2021 Yamila Eliana Juri 38 encargado de querer se convierte, desde el punto de vista jurídico, en un órgano de la voluntad de la comunidad. (1911, II, p. 224) Y continúa: “El estado no puede existir sino a través de sus órganos. Si, mediante el pensamiento, separamos de él sus órganos, no subsistiría una persona llamada Estado, que apareciera como portadora de sus órganos, sino que, jurídicamente, sólo quedaría la nada” (Jellinek, 1911, p. 289). En este contexto, dándole otro sentido a la doctrina clásica defensora de que la nación se dota de representantes porque es una persona moral, Carré de Malberg afirma: No es exacto decir que el Estado tenga necesidad de órganos porque sea una persona, sino que la verdad es que es una persona debido a que es una colectividad organizada . Lógicamente, la noción de órgano precede a la de Estado. (1920, p. 62). John Stuart Mill, en su clásica obra Del gobierno representativo ponía de relieve que, por oposición a un gobierno despótico, el representativo creaba la opinión pública incitando a los ciudadanos a hacerse cargo de los problemas: “la actividad política y la capacidad para los asuntos públicos se desenvolverán libremente en la masa de la nación, creándose una opinión pública que no será simplemente el eco del gobierno” (Stuart Mill, 2000, p. 33). Actualmente son los partidos políticos los han asumido de facto el monopolio de la representación, así lo establece por ejemplo en el derecho argentino el art. 38 de la Constitución Nacional. En las democracias modernas, la noción de gobierno representativo incorpora siempre “la abstracta y metafórica idea de que el pueblo de una nación está presente de algún modo en las acciones de su gobierno, lo que se expresa en un cierto número de instituciones específicas tradicionales que intentan alcanzar ese resultado” (García Guitán, 2001, p. 216). Un gobierno es representativo siempre y cuando los intereses de los representados sea el motor de la acción del representante y además cuando sea factible un control por parte de los electores en referencia lo que se ejecuta en su nombre, de tal forma que esta atribución adquiera un contenido sustancial: de manera que el pueblo actúe realmente a través de su gobierno y no es un mero receptor pasivo de las acciones de éste. (Pitkin, 1985, p. 257). No obstante, las críticas que en la doctrina se efectúa a esta teoría son diversas. Tengamos en cuenta que se parte de un individuo soberano abstracto para llegar a un individuo soberano concreto que, éste sí, ostenta el verdadero poder. Señala Bertrand de Jouvenel que esta doctrina de la representación “es el principio de todas las tiranías, sean cesaristas o jacobinas. Presenta en principio la autonomía de la voluntad individual para acabar aplastándola” (Bertrand de Jouvenel, 2013, p. 106). La representación moderna es una especie de ficción que se utiliza para justificar una concepción política pero que, como representación, es falsa. ¿Es el pueblo quien gobierna? la vuelta al mandato imperativo reflejado en que los gobernantes responden directamente al partido perteneciente, trae como consecuencia una creciente vida política inauténtica tornando inútil la representación en la forma republicana de gobierno. El pueblo que se invoca no está en realidad representado en su diversidad y fragmentación real, “el carácter estructuralmente representativo de los Estados contemporáneos implica la necesaria distinción entre gobernantes y gobernados, entre sociedad y aparato” (Criado de Diego, 2012, p. 80), de manera que estamos ante una especie de democracia sin pueblo. PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y PARTIDOCRACIA La representación y la participación política están en el corazón de la vida democrática. Consideramos que estimular y formar a los ciudadanos a fin de que participen en las decisiones de gobierno lleva a que el Estado garantice un margen más sólido de gobernabilidad, impulsando sobre todo la calidad de la representación, indisociable de una ciudadanía activa que colabore en la búsqueda constante de los intereses de bienestar general. La clave, por tanto, y hay cada vez más conciencia de ello, no está en el modo de la representación sino en la confianza que en concreto generen y merezcan los que la detentan. Para los propulsores del mandato, afirma Pitkin, el representante debe votar como sus electores lo harían si fueran consultados, pues sería irrisorio decir que un ciudadano representa a un distrito o a una comunidad si sus opiniones son contrarias a las de éstos; por ende, consideran que no es auténtica representación VOX JURIS (39) 2, 2021 yamilajuri@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (2): 34-41, 2021 Soberanía y representación política Sovereignty and political representation 39 si el representante no hace lo que sus electores exigen o requieren. Para los teóricos de la independencia, lo medular de la representación está en que el poder de decisión del pueblo sea transferido al representante mediante una elección por un tiempo determinado y que este desempeñe esa cesión en el gobierno de manera tal que, sin la transferencia, hubiera sido ejecutada por el pueblo del mismo modo (Pitkin, 1985 , 157 y ss) . La representación política es vista “en términos de su capacidad para reproducir los rasgos de la sociedad en la que se despliega”. La crisis aquí sobreviene con la ruptura del vínculo con el pueblo y se traduce “en la dificultad de los partidos políticos para agregar y articular los intereses sociales” (Mustrapic, 2002, p. 165). La Constitución Nacional de la República Argentina les atribuye tanta trascendencia a los partidos políticos y al régimen electoral que prohíbe que dicha materia sea normada por decretos de necesidad y urgencia (art. 99, inc. 3o), exigiéndose ley del Congreso y, por tanto, ley formal y material. No hay duda que los partidos políticos cumplen el objetivo de organizar la representación de las distintas fuerzas políticas que componen el pluralismo democrático, en tal sentido, orientan el voto de los ciudadanos que componen el cuerpo electoral, tal es la forma en que en la actualidad los partidos políticos han terminado por fracturar la relación entre las masas y la dirigencia política y de identificar en la práctica el Estado con el gobierno y a éste con el partido. El problema principal es como adelantamos, que los partidos no cumplen su papel de representar al pueblo, la “partidocracia” – como abuso del poder que poseen los partidos- a la cual nos sometemos en el presente siglo, busca cada vez con más ahínco formar la opinión pública, influyendo en las decisiones de aquellos que deben representar, es decir, en el pueblo. Por otra parte, quien desee o se sienta llamado a la vocación política no tiene otro medio constitucional para acceder a un cargo de elección que no sea a través de una plataforma partidocrática. Es clara la consecuencia de esta situación, en los Estados modernos el representante es concebido como agente del partido y, por ende, sin la obligación de atender directamente a los intereses de sus electores, lo cual es la esencia de la democracia como sistema. Afirma Ortiz Galindo que entre los limitantes fundamentales se puede destacar cinco: 1) las debilidades en los procesos de información, justificación y sanción de la rendición de cuentas; 2) las limitaciones de la ciudadanía para supervisar y vigilar las acciones de los representantes; 3) que se parte de un proceso de información asimétrica y existen dificultades para juzgar y atribuir responsabilidades; 4) la imprecisión para controlar los programas políticos, ya que el control no se realiza de forma individual en cada propuesta; y, por último, 5) el hecho de que el voto no permite asegurar que los intereses de los representados se reflejen en la toma de decisiones políticas. (Ortiz Galindo, 2019, p.6). El sistema representativo con las características ideadas por los revolucionarios de hace tres siglos, ya no garantiza la existencia de un buen gobierno con un creciente deterioro de la reputación de los legisladores, dirigentes y de la actividad política en general. Ya sea al pueblo a quien se declara soberano, en cuyo caso tendremos dos voluntades: la del pueblo y la del representante o si la soberana es la nación (artículo 3 de la Declaración de Derechos de 1789), es decir sólo una voluntad con derecho a hablar y actuar en nombre de la nación, lo cierto es que lo que prima es una voluntad diversa: la del partido. Como afirma Sartori, […] la esencia del asunto es que los representantes no pueden asumir su papel en la toma de decisiones a menos que dejen de ser delegados. A la inversa, cuanto más se someten a las demandas de sus electores, más teñido está su gobierno por la prevalencia de los intereses localistas de sus bases electorales sobre los intereses generales. (Sartori, 1996, p. 4). En la elaboración de las bases de la participación política debemos tener presente que ésta es fruto de la representación y no inversamente, considerar que la democracia o mejor dicho el pueblo es el que funda la sociedad. La participación es constituyente, la representación es el sistema de la sociedad constituida. El sistema será representativo en tanto goce de un sistema institucional para responder de manera sistemática y verificable las demandas e intereses colectivos de los representados, lo que de algún modo podría traducirse en la idea de la acción política del representante en función del interés general y ISSN: 1812-6804 yamilajuri@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (2): 34-41, 2021 Yamila Eliana Juri 40 bajo una puntual rendición de cuentas. “Bajo esta perspectiva eminentemente normativa, es dable establecer que la simple elección de un ciudadano no le convierte de manera automática en representante político” (Casas, 2009, p. 65). CONCLUSIÓN Debemos entonces plantearnos si siguen siendo suficientes los mecanismos participativos existentes para garantizar el control de los representantes políticos. Pensemos que un tema conexo y de la mayor importancia refiere al hecho que el gobierno representativo es también un gobierno de élites, en este sentido afirma Manin, “la elección no crea solamente una diferencia entre gobernantes y gobernados, sino que selecciona diferencias previamente existentes, pues lleva necesariamente al gobierno a individuos que presentan ya caracteres distintos y específicos” (Manin, 1995, p. 20). Sobre estas bases, Manin discierne que “una nueva diferencia mayor aparece así entre el gobierno representativo y la democracia entendida como autogobierno del pueblo” (Manin, 1995, p. 22). La representación como hemos planteado en nuestra hipótesis inicial se encuentra absorbida por la partidocracia. En este sentido, consideramos que valdría la pena poner la mirada en los cuerpos intermedios, para que tengan una efectiva participación en las cuestiones pertinentes al bien de la sociedad completa, disponiendo a su vez de canales de comunicación que les permita tener una constante presencia ante el gobierno. La democracia como sistema representativo se legitima con la elección que hacen los gobernados de sus representantes, entendiendo que de esa manera se encuentran presentes en los actos gubernamentales. Las diversas controversias suscitadas en torno a cómo entender la representación nos llevan a replantearnos la cuestión de la responsabilidad de los representantes como la decadencia de los partidos que en definitiva son los intermediarios de la misma. Alguna alternativa podría consistir en la representación política no electoral, que considera como agentes de representación no solo a los gobernantes y parlamentarios sino también a quienes asumen, por sí mismos o por encargo de terceros, la tarea de defender los intereses ciudadanos sin ocupar un cargo público representativo. Diversas organizaciones de la sociedad civil que asumen causas sociales y las defienden ante las instituciones y las élites políticas, ganando así un gran peso como agentes de representación (Cfr. Rodrigo Losada-José Rivas, 2020, p.62). No hay que perder de vista que muchos ciudadanos lamentablemente, se sienten poco interesados en la vida política. No llegan a comprender el valor trascendente de la misma. El hombre ha pasado de ser un animal social y político a ser un animal individual, retraído y no dispuesto a participar en la vida colectiva, ya sea social o política. Y es importante destacar que de ninguna manera estamos en contra de los partidos políticos como tal, es cierto que éstos son imprescindibles para articular la representación porque cumplen dos funciones fundamentales para el buen desempeño democrático: […] por un lado, articulan los intereses y demandas sociales, esto es, son el nexo entre la ciudadanía y las instituciones del Estado; y, por otro lado, protegen el régimen democrático porque eventualmente son el primer filtro que obstaculiza (aunque no siempre evita) la llegada de candidaturas excesivamente personalistas o no democráticas a la competencia electoral. (Rodrigo Losada-José Rivas, 2020, p. 63). Lo que consideramos es que se debe replantear la función de los partidos y su forma de colaborar para el fin que se instituyeron. Por último, podemos hablar de una participación que sea menos institucionalizada, más ad hoc , que se traduzca, por ejemplo, en la conformación de grupos de protección del medio ambiente o de lucha por los derechos humanos, etc. En fin, nuevas formas de compromiso que no dejan de constituir también otro modo de acción comunitaria. De todos modos, la representación política tiene un valor fundamental, pues es el medio de resguardar y satisfacer los legítimos intereses de la comunidad. Que exista ineficacia por parte de las instituciones representativas es igual a que, lamentablemente, dejemos una puerta abierta a Estados de corte totalitarios. La democracia debe ser incluyente y por tanto valorar la necesidad de promover la organización de la sociedad civil, los medios de comunicación independientes, la política VOX JURIS (39) 2, 2021 yamilajuri@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 39 (2): 34-41, 2021 Soberanía y representación política Sovereignty and political representation 41 económica orientada hacia los derechos humanos y la separación de poderes. Debemos propiciar reformas políticas, tanto a nivel electoral, como de las instituciones para contar con mecanismos que aminoren esta situación crítica de representatividad, sólo así esta doctrina logrará el objeto para el cual nació, es decir hacer parte al ciudadano junto con el poder político en la consecución del bien común. FUENTES DE INFORMACIÓN BERTRAND DE JOUVENEL, (2013), Ensayo sobre la política de Rousseau, Encuentro, Madrid. BODIN, J. (1853), Les Six livres de la République de Bodin Angevin . T. I.Paris: Iacques du Puys. 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