LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false false 1 1 true ISSN: 1812-6804 anibalguz@uv.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (1): 66-79, 2022 PATERNIDAD RESPONSABLE: MANDATO CONSTITUCIONAL RESPONSIBLE PARENTHOOD: CONSTITUTIONAL MANDATE Aníbal Guzmán Ávalos Universidad Veracruzana Orcid: 0000-0002-7791-106X anibalguz@uv.mx https://doi.org/10.24265/voxjuris.2022.v40n1.06 México Recibido: 14 de mayo de 2021 Aceptado: 4 de junio de 2021 SUMARIO • Introducción • Familia y Constitución • Evolución de la filiación • Interés superior del menor • Derecho de identidad • Eficacia de las disposiciones constitucionales • El reconocimiento • La investigación de la paternidad • Algunas experiencias • A manera de reflexión • Fuentes de información RESUMEN La paternidad es el vínculo natural y jurídico establecido entre el hijo(a) y el padre; a través de la paternidad se logra el reconocimiento jurídico de la unión de sangre existente entre ambos. Sin embargo, la unión natural y jurídica entre hijo(a) y padre no siempre se encuentran asociadas, debido a que puede existir una relación biológica pero no jurídica o, por el contrario, puede existir una filiación jurídica que no sea biológica. Lo anterior ha generado que, en la actualidad, algunos hijos e hijas que nacen fuera del matrimonio en México mantengan una relación de tipo biológica con su progenitor, pero no de carácter jurídico, debido a la falta del reconocimiento voluntario de la paternidad o a la ausencia de una solicitud de investigación de ésta por parte de quien ejerza la patria potestad del menor, lo que, de facto, genera la existencia de menores de edad carentes de filiación y, por consecuencia, la violación del principio del interés superior del niño y del derecho a la identidad, reconocidos en la Constitución mexicana y en algunos tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte. La inefectividad de los mecanismos jurídicos para evitar esta problemática obliga a generar alternativas para solucionarla, una de ellas es: la regulación de la investigación de la paternidad de índole oficiosa. PALABRAS CLAVE Derecho, familia, paternidad, responsable ABSTRACT Paternity is the natural and legal bond established between the child and the father; through paternity legal recognition of the existing blood union between both of them is achieved. However, the natural and legal union between child and father are not always associated, because there may be a biological relationship but not a legal liaison or, on the contrary, there may be a legal affiliation without a biological connection. Consequently, nowadays, some sons and daughters who are born out of wedlock in Mexico maintain a biological connection with their parent, without a legal relation, due to the lack of voluntary recognition of paternity or the absence of a request for an investigation of paternity by the person who exercise the parental authority of the child, which, in fact, generates the existence of minors lacking parentage and, consequently, the violation of the principle of the best interests of the child and the right to identity, Paternidad responsable: mandato constitucional Responsible parenthood: constitutional mandate 67 VOX JURIS (40) 1, 2022 anibalguz@uv.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (1): 66-79, 2022 recognized in the Mexican Constitution and in some international human rights treaties ratified by Mexico. The ineffectiveness of the legal mechanisms to avoid this problem forces to generate alternatives to solve it, one of them is: the regulation of the ex-officio paternity investigation. KEY WORDS Law, family, parenthood, responsible INTRODUCCIÓN La filiación es un asunto de interés social; su atribución es responsabilidad primaria de los progenitores y, en el supuesto de hijos que nacen de padres que no están unidos en un vínculo matrimonial, que no han recibido reconocimiento voluntario o a favor de los cuales no se ha realizado una investigación de paternidad, esa responsabilidad se traslada al Estado, que debe garantizar una paternidad mediante el establecimiento de medidas oportunas y al habilitar funcionarios que den cumplimiento a los mandatos constitucionales y a los convenios internacionales. La inclusión, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del principio del interés superior del menor y del derecho a la identidad, la figura más importante del Derecho de Familia, conlleva la necesidad de un tratamiento especial para dar cumplimiento a la Carta Magna. La incorporación de estos principios en la Constitución no es suficiente, hay que hacerlos efectivos para que todas las niñas y los niños gocen de un desarrollo holístico. En este trabajo, por principio, se establece una relación entre la familia y la Constitución debido a la constitucionalización del Derecho de Familia que se viene generando en México. Enseguida, para patentizar la transformación que ha tenido la filiación en México, se esboza la evolución de la figura a través de los años; posteriormente se hace un recuento del principio del interés superior del menor y del derecho a la identidad, principios incorporados en la Constitución mexicana que sirven de premisas para sostener la implementación de una investigación de la paternidad de oficio a favor de los hijos que nacen de padres solteros y que no son reconocidos voluntariamente por sus progenitores o que no reclaman la paternidad que les permita el goce de los efectos que genera la filiación, a fin de alcanzar el máximo desarrollo integral, como se establece en la Carta Magna. Solamente así se puede cumplir con el derecho a la identidad y con el interés superior de las niñas y los niños. Por ello se da cuenta de los medios legales que hoy ofrece la legislación para obtener la filiación: el reconocimiento voluntario y la investigación de la paternidad; se cuestiona la efectividad de estos y, por último, se presentan las experiencias de otros lugares, tanto del país como extranjeros, en los cuales se han regulado los procedimientos para conseguir la atribución de la paternidad de forma expedita. FAMILIA Y CONSTITUCIÓN El título de este trabajo pareciera un poco extraño, toda vez que paternidad y Constitución son conceptos jurídicos de distinta naturaleza y de diferentes raíces, lo mismo que familia y Constitución. Sin embargo, la paternidad es un elemento esencial en la familia y, por supuesto, en la regulación de esta. La Constitución mexicana de 1917 fue la primera en normar derechos económicos y sociales, así como la primera en el mundo en introducir un derecho de la familia, como refiere la fracción XXVIII del artículo 123, al regular el patrimonio familiar con la finalidad de proteger los bienes al quedar afectos a un fin, con las características de ser inalienables e inembargables. No obstante, la verdadera configuración de un Derecho de Familia comienza en 1974, cuando al artículo 4º se le adiciona lo que hoy es su párrafo primero, que decía “El varón y la mujer…” Este fue recientemente modificado al sustituir la palabra varón por hombre y mencionar en primer término a la mujer, para quedar como sigue: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”. En ese mismo año, con motivo de las deliberaciones de la Conferencia Mundial de Población, se insertó un tercer párrafo, hoy segundo, dando paso a una nueva política demográfica, que textualmente señala: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”. Este postulado Aníbal Guzmán Ávalos 68 ISSN: 1812-6804 anibalguz@uv.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (1): 66-79, 2022 destacaba la paternidad y la maternidad responsables, para que quienes nacieran en el país fueran fruto de la libre decisión de sus progenitores, siendo estos conscientes de las condiciones necesarias de subsistencia que les pudieran otorgar a aquellos, siempre dentro de un marco de responsabilidad y compromiso. Así, en 1980 se adicionó el siguiente párrafo: “Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas”. Esta disposición comienza a configurar la protección a la niñez que se refuerza en el 2000 al establecer por primera vez que “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”. “Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos…” Sin embargo, fue hasta 2011 ‒con la reforma sobre derechos humanos‒ que se introdujo el hoy párrafo noveno del artículo 4 o , para incorporar el interés superior de la niñez como principio rector en todas las decisiones y actuaciones del Estado. Se busca con esto garantizar plenamente los derechos de los infantes, principio que debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. No obstante, más significativo para los fines del trabajo que aquí presentamos, resulta ser el párrafo adicionado en junio de 2014, que a la letra dice: Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Esta declaración constitucional conlleva a reflexionar sobre la necesidad de hacer efectivo ese derecho. El derecho de los niños a conocer su origen no es otra cosa que determinar su filiación, de la que deriva la maternidad y la paternidad. La filiación materna generalmente no tiene problema, pero la paterna sí que los tiene, en el supuesto de que los niños nazcan fuera de un vínculo matrimonial y si no se reconoce voluntariamente tal paternidad o se la investiga, puesto que se aquellos se quedan sin esa filiación, y consecuentemente no se cumple con el multicitado derecho a la identidad. En tal virtud, si se quiere hacer efectivo el postulado de la Constitución, deben implementarse decisiones contundentes con la intervención de autoridades competentes y la realización de legislación especial que se expida para tal efecto. EVOLUCIÓN DE LA FILIACIÓN La relación de filiación se basa en dos elementos desde el punto de vista físico: la maternidad y la paternidad, ya que toda persona tiene un padre y una madre. No obstante, hechos naturales idénticos tienen un tratamiento jurídico distinto por diversas circunstancias; la relación jurídica solo existe entre el hijo y sus progenitores. En principio, la filiación es una relación biológica y jurídica, porque al vínculo de sangre se une la relación jurídica. Ello no impide, sin embargo, que pueda darse una relación biológica, pero no jurídica (cuando no aparecen los padres ante el derecho); o por el contrario, puede constar una filiación jurídica que no sea biológica (cuando un hombre registra al hijo de su mujer, sabiendo que él no es su progenitor, o cuando un hombre o una mujer reconocen fuera de matrimonio a un hijo que no han procreado) (Guzmán Ávalos, 2002). La filiación no siempre ha tenido el mismo tratamiento, por lo que vale la pena hacer una breve semblanza de su evolución en México. En los pueblos indígenas parece ser que no había ninguna estigmatización de los hijos, cualquiera que fuera su procedencia, toda vez que la poligamia era lícita y frecuente, lo que daba lugar a una serie gradual de uniones y, consecuentemente, la separación y la clasificación de los hijos era difícil de precisar (Esquivel, 1937). Durante la época colonial se implantaron concepciones religiosas, clasificando y distinguiendo a los hijos según su origen, lo que repercutía en efectos incluso patrimoniales en perjuicio de la prole que nacía fuera de un vínculo matrimonial. Paternidad responsable: mandato constitucional Responsible parenthood: constitutional mandate 69 VOX JURIS (40) 1, 2022 anibalguz@uv.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (1): 66-79, 2022 En el México independiente, con la codificación, se copiaron los esquemas europeos que enfatizaron la distinción y la estigmatización de los hijos nacidos fuera de matrimonio, a quienes se les llamó “ilegítimos” porque se encontraban al margen social y ético del matrimonio. A principios del siglo pasado, se comenzó por eliminar la distinción y clasificación de los hijos que no tenían la fortuna de nacer de dos personas unidas en vínculo matrimonial, a los que se denominaba “hijos naturales”. Al efecto, Antonio de Ibarrola (2011, p. 393) señalaba: Hemos borrado ya de nuestros códigos la distinción y la clasificación de hijos naturales en adulterinos, los ilegítimos habidos de la unión de personas, de las cuales, al menos una de ellas, estuviera casada con persona distinta; incestuosos, los habidos entre personas que no podían contraer matrimonio entre sí, sin la obtención de dispensa, por razón de parentesco. Los hijos nefarios eran los habidos entre parientes que no podían contraer matrimonio entre sí, por ser imposible concedérseles la dispensa. En derecho anterior fueron llamados hijos sacrílegos los habidos entre personas de las cuales una o ambas estuvieran ligadas por voto solemne de castidad. Entiéndase bien que el sacrilegio lo cometían los padres, no el niño. Hijos mánceres eran los habidos de prostituta cuya denominación era precisa para distinguirlos en el derecho anterior, en que por tradición del derecho romano se reconocían con eficacia jurídica el concubinato y la barraganía. Sin embargo, fue con la Ley de Relaciones Familiares de 1917 que se suprimieron los calificativos que se adjudicaban a los hijos que nacían sin que sus padres estuvieran casados. Así, en los años sesenta del siglo pasado se borró del sistema jurídico mexicano el término ‘ilegítimo’, que en sí mismo conlleva una reprobación axiológica ‒aunque en algunos códigos locales todavía se sigue hablando de hijos ilegítimos en la legislación civil. Hoy, solo en algunas legislaciones locales permanece la clasificación de hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. Se espera que esta distinción se elimine de las legislaciones civiles en los ordenamientos legales de los Estados que aún la conservan y del Código Civil Federal, como ya lo hacen Coahuila, la Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala, que hablan de hijos únicamente, sin que importe el estado civil de sus progenitores. De esta manera, sin discriminación de ninguna clase, se inicia un nuevo milenio, pues no puede marcarse la existencia de un hijo inocente desde su nacimiento. No obstando lo anterior, hay que subrayar que, independientemente de que se distinga entre hijos dentro o fuera del matrimonio, se provocan los mismos efectos. Claro, para el caso de los niños cuyos padres no están unidos en matrimonio, se requiere del reconocimiento voluntario o de la investigación de su filiación, pues de lo contrario no se producen los efectos buscados. Eso es lo que motiva este trabajo. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Como he señalado en el primer apartado, en la Constitución General de la República, en el artículo 4 o , se incorporó el interés superior de la niñez como principio rector y, atendiendo a las reformas que en esta materia se hicieran en 2011, se constituye en un derecho humano de los menores. Luego entonces, es natural que, en vista de que los niños son indefensos desde su nacimiento, se declare su protección 1 por parte de los generadores de la relación paterno filial: padre, madre, abuelos, etc., quienes tienen la obligación o deber primario de cumplir con sus alimentos. El mandato constitucional se refiere tanto a las niñas como a los niños sin ningún menoscabo 1 La protección de la infancia ha sido una preocupación a nivel internacional, por lo que vale la pena mencionar algunos de los documentos supranacionales que protegen los derechos de niñas y de niños, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó y proclamó en el artículo 25.2 que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales y a una protección social igual, sean niños (y niñas) nacidos dentro o fuera de matrimonio. Esta protección ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (todo niño tiene derecho sin discriminación a las medidas de protección por parte de su familia, sociedad y Estado), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o de cualquier otra condición) y en la Convención sobre los Derechos del Niño, debidamente ratificada por México en términos del artículo 133 Constitucional (Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación; que se atienda el interés superior del niño; el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas, etc.). Aníbal Guzmán Ávalos 70 ISSN: 1812-6804 anibalguz@uv.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (1): 66-79, 2022 de desigualdad, “cuyo mejor beneficio y menor perjuicio hay que encontrar” (Rivero Hernández, 2007, p. 20). Por su lado, el propio artículo 1° Constitucional, párrafo quinto, aplicable también a la defensa e igualdad de los niños y las niñas, señala que las garantías se otorgan a todo individuo (los menores son individuos sin capacidad de ejercicio) y prohíbe la discriminación por razón de edad. Este mandato se reflejaba en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el 2000, y en la relativa a cada entidad federativa, así como en la nueva Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014. Los tribunales han refrendado el sentir constitucional a través de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien sostiene que el sistema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas de orden personal y social en favor de los menores , lo que se refleja tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales y en las leyes federales y locales, de donde deriva que el interés superior del menor: Implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida humana se realicen de modo que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o la niña a quien van dirigidos ( Semanario Judicial de la Federación, 2011: p. 2187, subrayado nuestro). Esa misma Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió los alcances y funciones normativas del interés superior del menor, y señala que van dirigidos a garantizar y proteger el desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos de este, que son criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño. Sus “dos funciones normativas son: a) como principio jurídico garantista y b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores” ( Semanario Judicial de la Federación, 2012, p. 261, subrayados nuestros). Se ha dicho que el interés superior del menor es un concepto de difícil definición (Rivero, 2007). No obstante, este inunda hoy todo el régimen legal e irradia energía jurídica. Los Tribunales Colegiados de Circuito han intentado explicar que se trata de un catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar en la niñez un desarrollo humano integral y una vida digna. La protección de los infantes debe ser promovida y garantizada por el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público y de interés social ( Semanario Judicial de la Federación, 2011, p. 2188). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia señala que este concepto no es de fácil aplicación y se requiere encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste y, paralelamente, determinarlo concretamente en los casos correspondientes. Por ello cabe estructurarlo en tres zonas: La primera es de certeza positiva, y contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. La segunda zona es de certeza negativa, y consiste en estar fuera del concepto indeterminado; la última, denominada la zona intermedia, es más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, respecto de la cual cabe tomar varias decisiones. Para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario, en esta última zona, precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven; por tanto, no siempre es el mismo, y ni siquiera tiene carácter general para todos los hijos, pues varía en función de las circunstancias personales y familiares; aún más cuando se pasa del plano jurídico al cultural. Por tanto, son los tribunales quienes deben establecer con exactitud los límites del interés superior del menor para cada hecho planteado, haciendo uso de valores o criterios racionales. Esos criterios deben satisfacer no solamente las necesidades materiales vitales del menor, sino las espirituales, afectivas y educacionales; atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y, si es posible, mantener el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que, para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, Paternidad responsable: mandato constitucional Responsible parenthood: constitutional mandate 71 VOX JURIS (40) 1, 2022 anibalguz@uv.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (1): 66-79, 2022 por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa, especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego; deben procurarse la concordancia e interpretación de las normas jurídicas, en la línea de favorecer al menor. Lo cierto es que los tribunales federales han resuelto infinidad de casos con base en el interés superior del menor, siempre buscando el mejor beneficio para los niños, toda vez que es el principio rector del entrecruzamiento entre derechos humanos y derechos de los niños (Herrera, 2015, p. 39). Por ello no debe perderse de vista que el interés superior del niño, de acuerdo con la Observación General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño, es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención, así como el desarrollo holístico del niño. Debe señalarse que aquí hay un concepto triple: como derecho sustantivo, es una consideración primordial que este se evalúe y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y que se tenga la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que les afecte a los infantes, ya que el artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados referida a la aplicabilidad inmediata, lo cual puede invocarse ante los tribunales. Como principio jurídico interpretativo fundamental, si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elige la que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y en sus Protocolos Facultativos establecen el marco interpretativo. Como una norma de procedimiento, siempre que haya la necesidad de tomar una decisión que afecte a niños, deberá incluirse una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o en los niños interesados, debiendo explicar los Estados partes en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. DERECHO DE IDENTIDAD Como he señalado líneas arriba, la Constitución, en su artículo 4 o , expresa que “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos...” (subrayado nuestro). Esto nos conduce a recordar el postulado de los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los derechos de niños: El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace, a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. Este derecho a la identidad es relevante para el individuo, de acuerdo con los Tribunales Colegiados de Distrito, toda vez que debe darse prioridad al innegable derecho de un menor a conocer su filiación, esto es, la identidad de sus ascendientes, además de que le sean satisfechas sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo pleno e integral, y a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos, aun en el caso de estar separados, salvo que vaya en contra del interés superior de la niña o el niño ( Semanario Judicial de la Federación, 2013, p. 2431), toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia sustenta que el menor debe conocer su origen biológico, porque ello incide en la formación de su personalidad; lo contrario le puede acarrear problemas personales, psiquiátricos y de desarrollo de la personalidad. Por ello el conocimiento de dichos orígenes está protegido tanto por el derecho a la identidad como por el derecho a la salud mental, ya que tal conocimiento puede revelar información relevante para prevenir o tratar afectaciones médicas ( Semanario Judicial de la Federación, 2012, p. 274). El derecho a la identidad también entraña el reconocimiento jurídico-social de toda persona como sujeto de derechos, de su pertenencia a un Estado, territorio, sociedad y familia. En otras palabras ‒señala la Primera Sala‒, es una condición necesaria para preservar tanto la dignidad individual como la colectiva Aníbal Guzmán Ávalos 72 ISSN: 1812-6804 anibalguz@uv.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (1): 66-79, 2022 ( Semanario Judicial de la Federación, 2016: 1700) y, en otra tesis, la misma Sala afirma que abarca el compromiso político del Estado tendente a garantizar a los niños la preservación de los vínculos familiares ( Semanario Judicial de la Federación, 2014: 624). Indica que el derecho a la identidad se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales y de los valores y principios que le transmiten al infante las personas para él significativas en sus primeros años de vida y es lo que define su personalidad ( Semanario Judicial de la Federación, 2017, p. 580). La filiación extramatrimonial únicamente se puede asegurar si se facilita y se apoya su atribución, pues no basta que los niños solamente tengan una filiación, y se reprocha jurídicamente cuando no es reconocida espontáneamente, ya que el deber de reconocer al hijo es un deber jurídico, aunque el reconocimiento como acto jurídico sea voluntario. El incumplimiento de ese deber implica una responsabilidad jurídica para el progenitor que omite el reconocimiento y este deberá responder por los daños que cause a quien tenía derecho a esperar el cumplimiento de ese deber jurídico. En consecuencia, la protección jurídica del derecho a la identidad personal, en su calidad de derecho humano esencial, debe ser integral, hasta comprender los múltiples y complejos aspectos de la personalidad de un ser humano (Álvarez, 2016, pp. 116-117). EFICACIA DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Ahora bien, con sendas declaraciones constitucionales: interés superior del menor y derecho a la identidad, en congruencia con la Convención sobre los derechos del niño y con las interpretaciones judiciales, se impone al Estado la protección de los infantes. Es verdad que corresponde al Estado velar y cumplir con los postulados constitucionales; pero también es verdad que, en primera instancia, la protección se solicita del padre, de la madre, de los abuelos, etc., que son los generadores de la relación paterno filial y quienes tienen la obligación o el deber primario de cumplir todas las necesidades de nombre, alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para el desarrollo integral de niñas y niños. No obstante, al no cumplir voluntariamente con esa responsabilidad, el Estado debe generar las condiciones necesarias para garantizar esa protección y no hacer nugatorios los derechos infantiles. En tal virtud, hay que hacer efectivo el mandato constitucional de que los menores tengan un desarrollo humano integral y una vida digna generando las condiciones materiales que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, a través del establecimiento efectivo de su filiación. La atribución de la filiación de los menores cuyos padres están casados generalmente no tiene problemas, ya que se cuenta con un medio de prueba privilegiado, que es el matrimonio de los padres, donde opera la presunción de paternidad. Lo complicado es el establecimiento de la filiación de los menores que nacen fuera de matrimonio, toda vez que la paternidad y maternidad solo se pueden establecer a través del reconocimiento voluntario o por medio de la investigación que se haga de las mismas, con todos los bemoles que sabemos que ello entraña. He aquí el problema, ya que, si bien es cierto que en México no hay diferencia entre los hijos, también es cierto, que, si estos nacen de padres que no se encuentran unidos en matrimonio y que omitieron el reconocimiento voluntario, no tendrán los efectos de la filiación. ¿Cómo podemos garantizar a todos los niños sus derechos? ¿Cómo podemos sostener la igualdad entre las niñas y los niños si no se les garantiza su filiación? Sobre todo, es problemático garantizar la paterna; es más factible adquirir la materna. El sistema jurídico mexicano en materia de filiación establece que la filiación de los hijos que nacen de padres que no están unidos en un vínculo de matrimonio se prueba por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad o la maternidad. En tal virtud, se hacen las siguientes precisiones. EL RECONOCIMIENTO El reconocimiento es el principal conducto para determinar la filiación de los hijos cuyos padres no están unidos en matrimonio y se trata de un acto jurídico por medio del cual la ley establece la paternidad y la maternidad de los Paternidad responsable: mandato constitucional Responsible parenthood: constitutional mandate 73 VOX JURIS (40) 1, 2022 anibalguz@uv.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (1): 66-79, 2022 hijos cuyos padres no están casados, teniendo como efecto la constitución de un estado de filiación que les permite ejercitar sus derechos. Lo cierto es que, hasta ahora, parece ser potestativo que los progenitores reconozcan voluntariamente a sus hijos. El padre o la madre asumen sin imposición su propia paternidad o maternidad; pero se hace necesario un cambio, ya no se puede seguir pensando como Puig Brutai (1990, p. 134), quien señala que la filiación no se puede obtener por la fuerza, toda vez que el progenitor puede tener el deber moral de reconocer, pero no tiene la obligación jurídica de hacerlo. La Constitución solo declara: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos…”, pero también es cierto que no existe nada que haga efectiva esa disposición. Algunas legislaciones civiles y de familia locales de la república, como la del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), disponen categóricamente: “El padre y la madre están obligados a reconocer a sus hijos” (artículo 60). En el artículo 686 del Código Civil de Veracruz se señala exactamente lo mismo. Hidalgo consigna: “La madre y el padre solteros tienen obligación de reconocer a su hijo…” (artículo 190). Sin embargo, hay que aceptar que dichos preceptos son una declaración que solamente impone la obligación del reconocimiento, pero no señala algún efecto a su inobservancia. El padre, la madre o ambos pueden realizar el reconocimiento conjunta o separadamente. Si ambos llevan a cabo el reconocimiento, sus descendientes no tienen ningún problema porque gozarán de todos los efectos de esa filiación. Cuando solo uno de los progenitores realiza el reconocimiento, los efectos que se producen operan únicamente para quien lo realiza y no respecto del otro progenitor. En este caso, quien suele reconocer es la madre que, por efecto del parto, comúnmente aparece identificada, sucediendo que el padre las más de las veces no se hace presente, y hay prohibición de inscribir datos que revelen su identidad, lo que resulta en perjuicio de los intereses del niño, otorgando mayor protección a las personas adultas en su intimidad y privacidad, pues se pueden desligar de cualquier imputación de paternidad sin asumir su responsabilidad, por encima de la protección de los intereses de la infancia (Pérez Duarte, 2007). Esto torna nugatorios los postulados constitucionales del derecho a la identidad y el interés superior del menor. A propósito, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, en una tesis aislada, que el interés superior del menor tiene como función la efectividad imperativa de sus derechos subjetivos, privilegiándose estos ante intereses de terceros, como un núcleo duro de derechos y, en su caso, al haber derechos de terceros, los del menor se deben aplicar según las circunstancias del caso: La función del interés superior del menor como principio jurídico protector es constituirse en una obligación para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores; es decir, implica una prescripción de carácter imperativo cuyo contenido es la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de la “protección integral”. Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor, enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses de terceros que no tienen el rango de derechos, deben privilegiarse determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten de contraponer éstos contra los de otras personas; el alcance del interés superior del menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un “núcleo duro de derechos”, esto es, aquellos derechos que no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y procesal penal; además, el interés superior del menor como principio garantista también implica la Aníbal Guzmán Ávalos 74 ISSN: 1812-6804 anibalguz@uv.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (1): 66-79, 2022 obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el “núcleo duro” de los derechos ( Semanario Judicial de la Federación, 2012, p. 260). En otra sentencia del Tribunal Colegiado (2011) se enfatiza que el interés superior del menor es prioritario en el sistema jurídico mexicano y se delimita con precisión y claridad los derechos y obligaciones de los adultos en relación con los niños, para que estos alcancen el mayor bienestar y beneficio posibles: “… como un imperativo de la sociedad; de manera que su protección se ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los adultos…” ( Semanario Judicial de la Federación, 2011, p. 2187). Asimismo, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal señala como principio rector de la protección de los derechos de niños y adolescentes, el interés superior de la infancia, y enfatiza que el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos del niño. Los tiempos han cambiado, la sociedad ha cambiado y los derechos de los menores se hacen cada vez más patentes, así que, si el Estado quiere dar protección integral al menor, debe tomar medidas contundentes e imponer esa obligación jurídica a todo aquel que procree. Algunas entidades federativas tipifican conductas contra la filiación y el estado civil, como en el caso del artículo 245 del Código Penal del Estado de Veracruz, pero no resuelven el problema de la atribución de paternidad, sino más bien es un tipo penal para los encargados del registro civil y no propiamente para los progenitores. Y esto sin considerar que no se consigue el efecto deseado, ya que de nada sirve que los padres sean condenados a prisión y se desentiendan de sus obligaciones; lo anhelado es que se hagan responsables de sus deberes proveyendo de lo necesario a sus hijos. Lo cierto es que con todo lo anterior no se consigue el fin esperado, y se deja a los niños sin ese derecho a la identidad; sin embargo, todavía tienen a su favor la acción de investigación de la paternidad. LA INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD Si no existe el reconocimiento voluntario del padre, la ley otorga el derecho a los hijos nacidos fuera de matrimonio de obtener la determinación de su filiación por medio de una sentencia, en un procedimiento de investigación de la paternidad. Se trata de la acción por excelencia de la filiación; no obstante, es la forma más tortuosa por la que esta se pueda establecer, ya que puede significar recorrer diversas instancias para obtener la declaración judicial deseada. Intentar esta acción en el sistema jurídico mexicano era muy restringido, ya que se requería que concurriera determinada circunstancia; por ejemplo, que la época del delito coincidiera con el de la concepción, en los casos de rapto, estupro o violación; que el hijo se encontrara en posesión de estado de hijo del progenitor cuya paternidad o maternidad se pretendiera; que el hijo se hubiera concebido durante el tiempo en que los presuntos padres habitaban bajo el mismo techo, viviendo como marido y mujer; y, por último, que el hijo tuviera a su favor un principio de prueba contra el pretendido padre o la pretendida madre. Estas circunstancias siguen vigentes en distintas legislaciones de las entidades federativas, como en el artículo 314 de Veracruz; solo que, por fortuna, se ha adicionado que la paternidad y la maternidad pueden probarse por cualquier prueba biológica o que provenga del avance de los conocimientos científicos. 2 En otras legislaciones locales, como la de la Ciudad de México, esa disposición restringida se encuentra derogada, como creemos que es lo correcto. No obstante, lo anterior no es totalmente efectivo. Esto se ve cuando se confrontan los datos que revela el INEGI en el Estado de Veracruz con los proporcionados por la 2 El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en el título de actos prejudiciales, capítulo I bis, titulado “De la Investigación de la Filiación”, dispone que, cuando se pretenda investigar la filiación mediante la prueba genética, habrá que preparar la acción por quien sea el representante legal del menor, solicitándola al juez competente en una institución certificada, quien resolverá de plano su admisión, dando vista al que se le imputa la filiación, para que la acepte o la niegue; si omite alguna manifestación se le tiene como negativa de la dicha filiación; si la acepta, debe ratificarla ante el juez y se ordena su registro; en caso contrario, se ordena la práctica de la prueba y, si el presunto progenitor no asiste o se niega, se tiene como ficta confessio, debiendo el solicitante intentar la acción correspondiente en el término de 30 días a partir de la fecha en que se entregó el dictamen respectivo o fue generada la presunción. Paternidad responsable: mandato constitucional Responsible parenthood: constitutional mandate 75 VOX JURIS (40) 1, 2022 anibalguz@uv.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (1): 66-79, 2022 Dirección de Control y Estadística del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz: para 2011 se registraron 18,728 niños sin filiación paterna; y solo 37 juicios de investigación de la paternidad se radicaron ese año; en 2012, se registraron 17,968 infantes y se iniciaron 156 juicios; en 2013, hubo 17,566 registros, con solo 155 juicios; en 2014, hubo 17,249 registros y 181 juicios; en 2015, 15,568 registros y 299 juicios; en 2016, de 14,049 registros se intentó la acción de 521 juicios; de 2017 no se cuenta aún con los datos del INEGI; sin embargo, había 96 juicios iniciados hasta mayo de 2017. Cabe aclarar que existen otras categorías en los datos del INEGI que pueden considerarse en este rubro, como el caso de hijos de mujeres separadas, viudas, en unión libre y divorciadas. Se observa que, aun cuando existe un repunte, el porcentaje de investigación de la paternidad es muy bajo y puede ser que no se ejercite la acción, entre otros factores, por desconocimiento de los interesados, ignorancia, pobreza, marginación, apatías, etc., y es aquí donde corresponde al Estado, en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, generar las condiciones para atribuir la paternidad y la maternidad, toda vez que se trata de un asunto de orden público y de interés social. El círculo debe cerrarse, por lo que, si no se obtiene una filiación extramatrimonial libremente a través del reconocimiento, debe lograrse la atribución de la paternidad y la maternidad con decisiones estatales que garanticen al menor el establecimiento efectivo de su filiación, respondi é ndose así al mandato constitucional. Es verdad que hay reformas para ampliar el restringido campo de las causas para ejercitar la acción y preparar el procedimiento y, en el extremo de una negativa, está regulada la ficta confessio, negativa que se ha manejado como una nueva presunción de paternidad, así como tesis aisladas y jurisprudencia de los tribunales federales, siempre y cuando se intente la acción de investigación de la paternidad; sin embargo, ello no acaba con el porcentaje de niños registrados sin padre y, desde luego, quedan sin producirse los efectos que conlleva la filiación. Si el Estado verdaderamente quiere dirigir el diseño y la ejecución de una política pública de protección integral que haga efectivos de manera plena los derechos del menor, debe tomar decisiones más contundentes que satisfagan tales derechos, proveyendo mecanismos que garanticen a los infantes una filiación materna y paterna, exigiendo a los progenitores responsabilidad por sus actos, a fin de garantizar ese desarrollo holístico pretendido en los instrumentos internacionales y nacionales. Las medidas protectoras no pueden quedarse a medio camino, pues no se cumpliría cabalmente con lo estipulado en el artículo 4 o de nuestra Carta Magna ni con el artículo 7 de la Convención de los Derechos de los Niños. Hay que ir más allá, para lograr satisfacer los derechos que tiene el niño de conocer su origen y de aspirar a la dignidad humana, igualdad, no discriminación, entre otros. ALGUNAS EXPERIENCIAS La paternidad es un asunto que preocupa en todo el mundo por lo que se requiere establecer mecanismos para hacer efectivos los derechos del niño. En México hay entidades federativas que ya han regulado medidas para conseguirlo, y otros países también han hecho ya lo procedente al respecto. Veamos algunas de esas experiencias. En la entidad federativa de Zacatecas, en el artículo 332 de su código familiar, hoy derogado, se presentaba un avance al prescribir: Cuando uno de los progenitores reconozca separadamente un hijo, podrán consignar el nombre de la madre o padre, según sea el caso. En este supuesto serán emplazados personalmente de la imputación, apercibidos de que, si no ejercen la acción de contradicción o paternidad, en un término de treinta días hábiles, se inscribirá el hijo como suyo. En caso de negativa se registrará al menor, con el nombre y apellidos de quien lo reconoce y se remitirán las actuaciones al juez familiar, quien deberá resolver conforme a derecho. En el 2004 se expidió en el Estado de Tamaulipas la Ley de Paternidad y Maternidad Responsable, Decreto No. LVIII-857, que establece el procedimiento referido a la presunción de paternidad de hijos de padres solteros, cuando el infante no es reconocido voluntariamente por el progenitor y solamente se presenta la madre al reconocimiento, manifestando los datos de identificación y Aníbal Guzmán Ávalos 76 ISSN: 1812-6804 anibalguz@uv.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (1): 66-79, 2022 localización del presunto padre; a este se le notifica la imputación, y la aceptación o no oposición da lugar al reconocimiento administrativo de la paternidad. Por el contrario, si el sujeto comparece y rehúsa la paternidad, se le ordena la práctica de la prueba genética y, en caso de negarse o no presentarse, se presume la paternidad; en este caso la madre puede tramitar un incidente para que se le reembolsen gastos de embarazo, de maternidad y de alimentos. 3 Por su parte, el Estado de Sonora establece, en su código de familia de 2011, que el Oficial del Registro Civil deberá informar mensualmente al procurador de la Defensa del Menor y la Familia o al Ministerio Público, en su caso, sobre las inscripciones de nacimiento de hijos monoparentales, señalando el nombre y el domicilio del progenitor conocido, a fin de que uno de sus agentes lo entreviste y se obtenga, por vía del convencimiento, la identidad y el domicilio del otro progenitor, a fin de promover el reconocimiento de la paternidad o la maternidad, a través de la mediación o conciliación institucional, así como el cumplimiento voluntario de las obligaciones derivadas del vínculo genético. Para lograr este efecto, se puede recurrir a las pruebas biológicas a cargo del Estado, cuando el presunto padre solicite la comprobación del vínculo como condición para el reconocimiento. Además, el Oficial del Registro Civil tiene la obligación de informar y orientar al progenitor para que presente al menor para su registro, e informarle sobre el derecho a promover el reconocimiento de la paternidad, o la maternidad en su caso, señalando las instituciones a las que se podrá acudir para recibir la asistencia jurídica necesaria. Regulaciones en América Latina Costa Rica expidió en 2001 la Ley de Paternidad Responsable que permite la atribución de la paternidad por el solo señalamiento de la madre (no sin ser apercibida de las sanciones legales en que incurre si declara en falsedad). Si el presunto padre no manifiesta oposición en un término de diez días después de haber sido notificado, se da lugar al reconocimiento administrativo de la paternidad; por el 3 En Puebla, desde 2009 existe una iniciativa en estos términos, pero no ha prosperado. Lo mismo sucede en Jalisco, desde 2011. contrario, si se presenta, se les notifica a ambos para presentarse a la práctica de la prueba genética al infante y al presunto padre; si este no se presenta, se presume su paternidad y, en tal caso, se le condena al pago de gastos de embarazo y alimentos, retroactivos desde la presentación de la demanda. En Honduras, en 2013 se expidió la Ley Especial para una Maternidad y Paternidad Responsable, Decreto No. 92-2013, la cual persigue los mismos objetivos, ya que la madre que se presenta sola puede hacer la imputación de la paternidad informando la identificación y localización del presunto progenitor, debiendo citar a este para que acepte o rechace la imputación. Esta inscripción queda firme si la acepta o no se presenta en un término de un año. En la Argentina, el Código Civil y Comercial que entró en vigor en 2014 regula la reclamación en los supuestos en que solo está determinada la maternidad, e indica que el Registro Civil debe comunicar el reclamo al Ministerio Público, quien debe procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo de parte del presunto padre. Para esos fines, se debe instar a la madre a suministrar el nombre del presunto padre y toda la información que contribuya a su individualización y paradero. La declaración sobre la identidad del presunto padre debe hacerse bajo juramento; previamente se hace saber a la madre las consecuencias jurídicas que se derivan de una manifestación falsa. Es una medida contundente para que no haya hijos sin filiación. El hecho de fijar alimentos desde inicio del juicio o antes completa la medida y, aún más, se prevé la reparación del daño causado. A MANERA DE REFLEXIÓN La filiación es una institución de orden público y, si se pretende garantizar los derechos de los niños, es imprescindible que se tomen medidas contundentes para atribuirla a los hijos que nacen sin que sus padres tengan una relación matrimonial, con mayor intervención por parte del Estado, simplificando el procedimiento hasta ahora regulado; de lo contrario, seguir un juicio de investigación de la paternidad es tortuoso y costoso, de tal modo que en pocas ocasiones se puede llevar a cabo. Paternidad responsable: mandato constitucional Responsible parenthood: constitutional mandate 77 VOX JURIS (40) 1, 2022 anibalguz@uv.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (1): 66-79, 2022 El título “Paternidad responsable: mandato constitucional” corresponde a que los principios de derecho a la identidad y el interés superior del menor están consagrados en el artículo 4 o de la Carta Magna, pero no deben permanecer como simple declaraciones: deben hacerse efectivos. La propuesta a este efecto consiste en implementar un procedimiento de oficio con la intervención del Encargado del Registro Civil, para que, una vez enterado del reconocimiento de un niño por parte de uno solo de sus progenitores (la madre), inste a quien reconoce para que revele la identidad del otro progenitor ‒siempre advirtiendo de las penas que la ley impone a quien se conduce con falsedad‒ y se turne al Fiscal competente o autoridad especial con atribuciones especiales para que, en ejercicio de sus facultades, se inicie una investigación administrativa de la paternidad, garantizando de esta manera el derecho a la identidad de los niños, a fin de que estos gocen verdaderamente de un desarrollo humano integral y vivan una vida digna. Lo importante y crucial aquí es la voluntad política de hacer efectivos los postulados constitucionales. Para conseguir esa paternidad constitucional, es preciso involucrar a funcionarios entre cuyas facultades se encuentre la de ejercitar acciones y medidas para cumplir con sendos postulados: funcionarios que pueden ser los fiscales, procuradores estatales de niños y adolescentes, procuradores de la defensa de la familia, consejos estatales de asistencia para la niñez y la adolescencia; cualquier autoridad, pues, con competencia especial o creada para el caso. Ya basta de prejuicios sociales y de reformas a medias. Se requiere de un cambio definitivo que lleve a otorgar las mismas oportunidades a todos los menores. Porque el hecho de que no haya desigualdad en el trato entre hijos de matrimonio e hijos extramatrimoniales ‒aspiración que se ha logrado en México antes que en muchos países, aun de la Unión Europea‒ no es suficiente, porque no alcanza a los que no fueron reconocidos voluntariamente o de los que no se investigó la paternidad; pues, como bien señala Valpuesta (2012, p. 35), “el principio de igualdad impone unas mismas consecuencias jurídicas para todos los hijos con independencia de la situación de los padres”. Para concluir: el mandato constitucional exige una responsabilidad paternal que solo se puede conseguir en el momento en que se regule en los códigos civiles o de familia un procedimiento de oficio para atribuir la paternidad a los progenitores que no asumen voluntariamente su paternidad. De lo contrario, no se cumple con el derecho a la identidad y el interés superior del menor, porque el hijo no es registrado inmediatamente, ni el Estado asume ninguna responsabilidad. 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