LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false false 1 1 true ISSN: 1812-6804 ohuertasd@unal.edu.co filiberto.manrique@uabc.edu.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 60-75, 2022 JUSTICIA TRANSICIONAL: EL CAMINO PARA PACIFICAR EL CONFLICTO ARMADO EN CHIAPAS * TRANSITIONAL JUSTICE: THE WAY TO PACIFY THE ARMED CONFLICT IN CHIAPAS Omar Huertas Díaz Universidad Nacional de Colombia Orcid: 0000-0002-8012-2387 ohuertasd@unal.edu.co Colombia Filiberto Eduardo R. Manrique Molina Universidad Autónoma del Estado de Morelos Orcid: 0000-0001-9407-6548 filiberto.manrique@uabc.edu.mx https://doi.org/10.24265/voxjuris.2022.v40n2.05 México Recibido: 20 de septiembre de 2021 Aceptado: 28 de enero de 2022 SUMARIO • Introducción. • Justicia transicional: aspectos teóricos para su aplicación en el conflicto de Chiapas. • Contenidos básicos de los derechos que integran la justicia transicional. • Derecho a la verdad. • Derecho a la justicia. • Derecho a la reparación integral. • Garantías de no repetición. • Reforma legislativa e institucional. • Reconciliación, el camino hacia la paz con dignidad en Chiapas. • Amnistías e indultos en tiempos de transición. • Comentarios finales. • Referencias. RESUMEN Han pasado 28 años del levantamiento político-militar encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cual viene exigiendo al Estado mexicano y sus instituciones la realización de los derechos de los que han sido desposeídos los pueblos originarios, en especial a la libertad, democracia, justicia, igualdad y paz. Para alcanzar estas aspiraciones, se requiere la aplicación de medidas judiciales y políticas sociales encaminadas a reparar violaciones masivas de derechos humanos, utilizando procesos de justicia transicional, que ya se han puesto en práctica en otros países -procesos de paz o misiones de paz- para superar sus contextos de conflicto, represión e impunidad, o para tratar el posconflicto. PALABRAS CLAVES Justicia transicional, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, resistencia y lucha indígena, dignidad insurrecta, violaciones a los derechos humanos, reforma de las instituciones sociales y de justicia. * ArtículoresultadodeinvestigacióndelGrupoRedInternacionaldePolíticaCriminal“ExtremaRatio”UN,ReconocidoyClasificada en A1 COLCIENCIAS 2021, Universidad Nacional de Colombia, COL0078909 en trabajo colaborativo con la Universidad Autónoma de Baja California y el Centro Interamericano de Investigación en Derechos Humanos y Litigio Estratégico CIIDHLEX A.C. Justicia transicional: el camino para pacificar el conflicto armado en chiapas Transitional justice: the way to pacify the armed conflict in chiapas 61 VOX JURIS (40) 2, 2022 ohuertasd@unal.edu.co filiberto.manrique@uabc.edu.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 60-75, 2022 ABSTRACT Twenty-eight years have passed since the political-military uprising led by the Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), which has been demanding from the Mexican State and its institutions the realization of the rights of which the original peoples have been dispossessed, especially to freedom, democracy, justice, equality and peace. In order to achieve these aspirations, the application of judicial measures and social policies aimed at repairing massive human rights violations is required, using transitional justice processes, which have already been put into practice in other countries - peace processes or Peace missions - to overcome their contexts of conflict, repression and impunity, or to treat the post-conflict. KEYWORDS Transitional Justice, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Resistance and indigenous struggle, Insurgent Dignity, Human Rights Violations, Reform of social and justice institutions. INTRODUCCIÓN La madrugada del 1 de enero de 1994 un levantamiento armado sorprendió al mundo y estremeció a todo México, pues se dio a conocer públicamente en el Estado de Chiapas un movimiento político-militar integrado por hombres y mujeres civiles, campesinos y en su mayoría por personas indígenas choles, tojolabales, tzeltales, tzotziles y zoques, provenientes de las zonas de los Altos y la Selva Lacandona chiapaneca, quienes a través de las armas dieron un duro golpe al sistema, mediante la ocupación de importantes cabeceras municipales de Chiapas, en el sur del país. Ante la mirada atónita de personas locales, turistas, periodistas y de los altos representantes del poder político, quienes presenciaron y fueron testigos del movimiento de sublevación armada, integrado en su mayoría por personas altamente marginadas, pobres y víctimas del abandono por décadas del Estado mexicano, el modelo económico y el monopolio del partido en el poder. La privación de opciones y capacidades les impidió el acceso al desarrollo sostenible, por ello, las personas que se levantaron dieron a conocer al mundo entero que han sido víctimas de un estado de cosas inconstitucional en la región, el cual genera injusticias sociales y agresiones a la dignidad humana, tales como lo son: la pobreza, inequidad en el acceso al desarrollo, discriminación, instituciones débiles y corruptas, falta de infraestructura física, mala gobernanza, niveles altos de inseguridad y violencia. Ante esas condiciones, ese movimiento armado zapatista levantó la voz de dignidad insurrecta diciendo ¡basta!, haciendo públicas las carencias sociales −estas conocidas y desairadas por todos− y la exigencia de garantías de sus derechos de los que fueron desposeídos por décadas. Movimiento Zapatista que solo con las armas tuvo el eco, resonancia y atención social de la grave crisis que padecían, ello por el desdén, indiferencia y violencia política del gobierno y de carácter estructural que la ocultaba o minimizaba. Previo a su manifestación pública, el movimiento armado tuvo sus orígenes clandestinos “el 17 de noviembre del 1983, cuando se fundó el EZLN” (Muñoz Ramírez, 2003, pág. 22), cobrando una intensa actividad en los años de 1990 a 1992, en los cuales se reclutó y adiestró a un importante número de sus integrantes, hombres y mujeres que en su gran mayoría se encontraban cansados del sistema dictatorial y de concentración del poder y riqueza que afectaba la democracia y beneficiaba las cupulas sociales e integrantes de un partido en el poder. El levantamiento permitió a las comunidades y miembros del EZLN expresar a través de las armas un hartazgo del sistema de simulación democrática; la privatización y entrega de los bienes públicos a particulares y la firma del tratado de libre comercio que se estableció con Estados Unidos y Canadá. Este solo beneficiaba a un sector comercial, desatendiendo las demandas sociales más apremiantes del pueblo mexicano y la exclusión de los más marginados. Por ello, el reclamo consistía en “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz” (Comandancia General del EZLN, 1994, pág. 1). Omar Huertas Díaz | Filiberto Eduardo R. Manrique Molina 62 ISSN: 1812-6804 ohuertasd@unal.edu.co filiberto.manrique@uabc.edu.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 60-75, 2022 Hicieron visibles la falta de políticas y acciones afirmativas durante décadas, la ausencia del reconocimiento de los derechos de los indígenas en el plano constitucional, el no presentar las reformas legales e institucionales para eliminar la discriminación pasada y presente; la omisión en crear medidas compensatorias de trato preferente de la población indígena discriminada; la incompetencia e indiferencia de las autoridades hacia los pueblos originarios y la destrucción jurídica de la propiedad social de la tierra. Todos esos reclamos eran los factores estructurales que mantuvieron a las comunidades condenadas a la miseria y la privación del goce de sus derechos individuales y colectivos de carácter fundamental para alcanzar la libertad, democracia, justicia e igualdad. En las primeras horas del levantamiento, la rebelión zapatista no tuvo una respuesta por parte del gobierno en turno para dar solución a los problemas en un ánimo de reconciliación, todo lo contrario, profundizó la herida mediante el empleo de la violencia, en los siguientes once días el EZLN encontró represión por parte del ejército, descalificación y persecución de las autoridades, lo cual tuvo como consecuencia el derramamiento de sangre y muerte de diversos grupos de indígenas y civiles no intervinientes en el conflicto, quienes eran emboscados y bombardeados desde el aire, así como la detención de más de 230 personas. (Ouviña Sanyú, 2007, págs. 14-15). Esas acciones son claras violaciones al derecho internacional humanitario y los derechos humanos, las cuales fueron ordenadas desde Presidencia de la República y ejecutadas por los miembros del ejército mexicano, todas esas vejaciones fueron documentadas por “el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, quien acompaño y documento graves violaciones a los derechos humanos, efectuados por miembros del Ejército así como de otras autoridades del gobierno del Estado de Chiapas”. (Jiménez Ramírez, 2000, pág. 53) En su intervención los efectivos militares se vieron involucrados en la comisión de barbaries, como detenciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad, secuestro de personas, tortura, violencia física, ejecuciones extrajudiciales, etc. A veintiocho años del levantamiento armado, a pesar de alcanzar importantes acuerdos y modificaciones constitucionales e institucionales para cesar el fuego ofensivo, es vigente el estado de cosas estructural e inconstitucional que dio origen al levantamiento armado zapatista. Tan es así que en años recientes incitó a “La otra campaña”, la cual se plasmó en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, cuya lucha y resistencia es pacifica para terminar con los factores que continúan generando miseria, exclusión, miles de explotados, desposeídos y la ausencia de una reparación en términos de justicia correctiva y distributiva. Actualmente Chiapas y sus pueblos originarios son de las comunidades con una gran riqueza cultural, ambiental e inmaterial del país; lamentablemente en el otro extremo, de acuerdo con la estadística, se encuentra dentro de los estados de la República mexicana con un muy alto rezago social (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2020, pág. 114) para evitar un nuevo conflicto armado se requiere causar la reconstrucción, reorganización, ajustes de las políticas sociales y de las instituciones gubernamentales, que orienten sus esfuerzos en reparar y superar esos contextos marcados de pobreza. Para efecto de poder superar aquellos factores estructurales que pueden ser las causas de un patrón de abusos de los derechos más básicos, que permita alcanzar y materializar las aspiraciones que se contemplan en la primera Declaración de la Selva Lacandona, esto es “la paz y el pleno acceso y garantía a los derechos y demandas básicas” de las personas víctimas del conflicto, es importante hacernos las siguientes interrogantes que son guía de investigación: ¿Qué tipo de acciones, procesos o mecanismos se deben de adoptar para alcanzar la paz y superar el conflicto armado y la resistencia pacífica en Chiapas? ¿Cómo podemos negociar políticamente el fin del conflicto y la realización de la justicia para los pueblos de Chiapas? ¿A través de qué mecanismos se puede lograr el reconocimiento de las víctimas, la restitución de sus derechos y la construcción de confianza entre estos y el Estado? ¿Qué tipo de medidas judiciales y políticas son las idóneas para alcanzar la reparación de las violaciones masivas de derechos humanos en el contexto de represión y violencia contra las comunidades indígenas de Chiapas? Justicia transicional: el camino para pacificar el conflicto armado en chiapas Transitional justice: the way to pacify the armed conflict in chiapas 63 VOX JURIS (40) 2, 2022 ohuertasd@unal.edu.co filiberto.manrique@uabc.edu.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 60-75, 2022 Para responder a esas preguntas de investigación, emplearemos el método analítico e histórico, el cual nos va a permitir cognitivamente descomponer los distintos elementos o partes que han detonado el conflicto en el sureste de México, para establecer sus causas, comportamiento, características y efectos por medio de la cronología. Esa metodología, nos permitirá un desarrollo investigativo tendiente a dilucidar si el supuesto que a continuación planteamos es la correcta, esto es que: Para superar el contexto de conflicto, represión, la afectación a los derechos humanos en Chiapas y alcanzar la paz se requiere de la aplicación de medidas judiciales y políticas sociales tendientes a la reparación de violaciones masivas de derechos humanos e impulsar los cambios para evitar su repetición, empleando para ello procesos de justicia transicional; a través de esa hipótesis, pretendemos colocar en relieve, con bases claras y concisas el sentido de la justicia transicional, el cual es un eventual paradigma de transformación en el tratamiento al conflicto armado del sur de México, con miras a alcanzar el desarrollo humano, la pacificación y reconciliación de los intervinientes. JUSTICIA TRANSICIONAL: ASPECTOS TEÓRICOS PARA SU APLICACIÓN EN EL CONFLICTO DE CHIAPAS El proponer un auténtico proceso de justicia transicional en el contexto del conflicto armado de Chiapas no solo es necesario, sino que es urgente e inaplazable, pues se requiere un modelo de justicia “que tienda a la superación del pasado bajo un abordaje interdisciplinario” (Ambos, 2009, pág. 538) e integral, que considere la ontología social y satisfaga la necesidad de justicia de manera holística. Por ello, en el presente apartado se presentan soluciones racionales al conflicto, para alcanzar la paz duradera, la cual la encontramos en un proceso formal de justicia transicional para la región. Para comenzar es importante contar con una noción de justicia transicional, cuyos procesos han sido analizados por importantes organismos internacionales, tales como lo son la ONU y OAE-Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes han venido presentando especial atención en sus trabajos sobre el tema 1 , pues tiene como objeto el atender el sector de la población que sufre o ha sufrido conflictos y trabajar de manera conjunta con los gobiernos de los Estados, sociedad civil y víctimas en tres esferas de intervención y de transformación, esto es, en lo cultural, social y personal. En el caso del conflicto armado y la resistencia pacífica de Chiapas es importante este tipo de intervención, pues “…la brutalidad del pasado no solo pone de relieve la insuficiencia de las instituciones predecesoras para garantizar los derechos básicos, sino que deja en claro la necesidad de instituciones nuevas o reformadas para evitar la repetición de tantos abusos”. (De Greiff, 2014, pág. 12) Para encausar y materializar la reforma estructural, se requiere de la elaboración de instrumentos y mecanismos judiciales y extra- judiciales, que les permitan colmar lagunas jurídicas o llenar espacios que dan pie a la comisión de crímenes (Huertas Díaz, 2017, pág. 18), violaciones a los derechos humanos y los altos niveles de impunidad e iniciar los procesos de reforma de las instituciones públicas y de justicia que les permitan alcanzar la paz y reconciliación. Para entender este tipo de procesos, a nivel universal se ha definido a la justicia transicional como: La gama completa de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad de aceptar un legado de abusos pasados a gran escala, a fin de garantizar la rendición de cuentas, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Estos pueden incluir mecanismos judiciales y no judiciales, con diferentes niveles de participación internacional (o ninguno en absoluto) y enjuiciamientos individuales, 1 En el caso de la ONU, véase el informe de 2004 “The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies”; mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho diversos análisis de justicia transicional en las sentencias: Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270, Párrafo 470; Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, Párrafo 198; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, Párrafo 150; Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, Párrafo 510, etc. Omar Huertas Díaz | Filiberto Eduardo R. Manrique Molina 64 ISSN: 1812-6804 ohuertasd@unal.edu.co filiberto.manrique@uabc.edu.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 60-75, 2022 reparaciones, búsqueda de la verdad, reforma institucional, investigación de antecedentes o una combinación de estos (Security Council UN, 2004). Es por lo que vemos procesos de justicia transicional con o sin acompañamiento internacional, pues en esta vemos distintos tipos de niveles “instituciones supranacionales, Estados-Nación, actores corporativos e individuos” (Elster, 2006, pág. 114), los cuales han atendido conflictos internacionales como también los internos o locales, en el caso que nos ocupa es el conflicto armado interno. Por ello, la sociedad y el gobierno mexicano deben aceptar la ausencia de paz en la región y los abusos del pasado y presente que son evidentes, los cuales dan visos de la violencia provocada por elementos armados del gobierno u otros grupos contrainsurgentes, tales como lo son los grupos subversivos, guerrilleros o paramilitares que encontramos en Chiapas, los cuales han dejado huellas difíciles de superar, ejemplo de ello son la matanza de Acteal en 1997 y actualmente el conflicto armado en los municipios de Chenahló y Aldama, el cual ha dejado un número importante de víctimas y desplazados de la violencia armada (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C. , 2021). Aquí conviene señalar que no solo en este conflicto se han cometido graves afectaciones al Derecho Internacional de los Derecho Humanos (DIDH), también existe una afectación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), por medio de la comisión de crímenes internacionales calificados como graves violaciones. Ordenamientos que, a pesar de ser independientes, estos se complementan para proteger a los seres humanos en situaciones de conflicto. De allí que, es importante dar tratamiento al conflicto en Chiapas por medio de justicia transicional, tal y como ha sucedido en otras partes de la región Latinoamérica, ejemplo de ello son el conflicto en –El Salvador, Guatemala y Perú– o las dictaduras de –Chile, Argentina, Perú y Uruguay– actualmente lo que ocurre en –Colombia– donde la confrontación armada continúa y la existencia misma de una verdadera transición”. (Galvis, 2010, pág. 2) Países en los cuales la práctica de ese tipo de justicia ha modificado profundamente las instituciones jurídicas y ha dado paso a las transformaciones estructurales que la sociedad y las aspiraciones de democracia demandan. Pues el único objetivo es transformar la vida de las personas, alcanzar y consolidar la paz estable y duradera. Por lo que hablamos de un derecho y una obligación de los estados para materializarla. En el caso del conflicto colombiano, la Corte Constitucional, ha dado su visión sobre justicia transicional, al considerar que “es un conjunto amplio de procesos y mecanismos, judiciales y no judiciales, de carácter excepcional y transitorio, que responden a largos periodos de violencia generalizada, en los que se han cometido constantes violaciones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario”. (Corte Constitucional de Colombia, 2018, pág. 55) En el contexto del levantamiento del EZLN, este se ha desarrollado en un periodo largo, si bien es intermitente el conflicto armado, la resistencia ha durado 28 años, en ese periodo una gran cantidad de personas han sido víctimas de represión, violencia, olvido en temas de políticas públicas y diversas afectaciones a sus derechos humanos, lo cual puede provocar el regreso a las armas y una conflagración de mayor amplitud. Otro aspecto que considerar en el conflicto de Chiapas es que la justicia transicional, […] constituye una concepción democrática de la justicia que analiza la forma como las sociedades afectadas por masivas violaciones a los derechos humanos, causadas por una guerra civil, un conflicto violento o por regímenes dictatoriales, pueden hacer tránsito a regímenes democráticos en los que se pueda garantizar una paz duradera (De Gamboa Tapias, 2006, pág. 16). Lo que se pretende con estos procesos es superar y transitar de este tipo de contextos de abuso a un régimen democrático y de desarrollo social, el cual fue uno de los reclamos del EZLN desde la primera declaración, si bien esos gobiernos dictatoriales han venido cambiando, la violencia política y estructural en la región es vigente, está por acción u omisión de las autoridades, lo cual no es garantía de los derechos humanos y de la paz. Por ello, se tienen que desplegar una serie de acciones para la restitutio ad integrum de la Justicia transicional: el camino para pacificar el conflicto armado en chiapas Transitional justice: the way to pacify the armed conflict in chiapas 65 VOX JURIS (40) 2, 2022 ohuertasd@unal.edu.co filiberto.manrique@uabc.edu.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 60-75, 2022 afectación causada, no solo desde una mirada de justicia correctiva sino en términos de una justicia distributiva y como se ha sostenido en la doctrina que esa reparación sea transformadora que en contextos de violaciones a los derechos humanos “deberían ser comprendidas no solo como un instrumento para saldar cuentas con una injusticia que ocurrió en el pasado, sino como una oportunidad de impulsar un mejor futuro”. (Uprimny Yepes, 2016, pág. 745). No podemos olvidar que “la justicia de transición es una justicia de excepción que aspira a cambiar la situación de conflicto o posconflicto “de un peor a un mejor estado” (Ambos, 2009, pág. 28), Chipas requiere de un cambio significativo, para ello es necesario implementar procesos que no solo sean políticas de un sexenio o periodo de gobierno, sino que cuenten con una vigencia determinada, periodo que de manera transitoria pueda ayudar a superar el conflicto o permitir un adecuado proceso de posconflicto. En esta segunda década del siglo XXI, la sociedad mexicana y la chiapaneca deben romper los paradigmas para implementar procesos de transición trasformadora de vida de las personas, pues los mismos están encaminados a generar un cambio positivo de ciertos contextos de conflicto, de diferencias sociales y de violencia. Sin duda, en México se viven cambios políticos que pueden permitir la implementación de estos procesos, para atender las diferencias sociales que han generado el conflicto, pues los déficits de justicia, abandono social y las afectaciones masivas a los derechos humanos amplían el dominio de aplicación de justicia transicional (de Greiff, 2009, pág. 29) y con ello desarrollar un auténtico proceso de paz para la región que atienda las causas primarias que han generado conflicto en las casi 3 décadas de levantamiento armado y resistencia pacífica. CONTENIDOS BÁSICOS DE LOS DERECHOS QUE INTEGRAN LA JUSTICIA TRANSICIONAL Pensar en justicia transicional es pensar en cinco componentes a llevar a cabo, nos referiremos a “la reforma de instituciones, la verdad, la justicia, reparación y la generación de garantías de no repetición” (de Grieff, 2011, pág. 18); para implementar un proceso de justicia transicional en Chiapas será necesaria su observancia, además de la intervención tanto de víctimas, victimarios, gobierno y sociedad. Esto obedece a que desde el diseño hasta la implementación de un proceso de justicia transicional, requiere de un cambio en la visión de la justicia, pues no solo se requiere de la creación de nuevas jurisdicciones o tribunales para la paz, sino de toda una estructura judicial y extra judicial que atienda los factores que produjeron el conflicto, especialmente los sociales; recordemos que estamos hablando de una justicia que supera su carácter retributivo e inclina su balanza al lado restaurativo y distributivo. Por esto, atender las necesidades primarias de la sociedad y de las víctimas es fundamental para que tengan acceso al desarrollo humano, al pleno disfrute de sus derechos y estén en posibilidad de construir en condiciones de dignidad la paz que anhelan. Elementos que son de gran relevancia para superar el conflicto y abrir una nueva época de expansión y progresividad de los derechos humanos de todos los actores del conflicto. El enfoque restaurativo en la estructura del modelo de justicia transicional que se propone para el conflicto armado y resistencia pacífica de Chiapas, cuenta con algunos de los elementos de distintas justicias, aquella que […] corresponde a un modelo de justicia en el cual el eje fundamental no es la venganza o el castigo, propio de la justicia retributiva, ni el tratamiento terapéutico propio de la justicia distributiva, sino en la restitución y en la reparación de los efectos negativos de la acción delictiva en el sujeto pasivo de la misma (Eglash, 1977, pág. 34). Es decir, equilibra los derechos de las víctimas, permitiéndoles con ello, la oportunidad de discutir y plantear cómo han sido afectadas y decidan qué deben hacer para alcanzar la reparación del daño. Aunque no compartimos completamente esa visión, pues también es importante agregar que en materia de reparaciones en contextos transicionales “no deberían ser vistas únicamente como una forma de rectificar un problema del pasado; deberían ser concebidas como un instrumento para promover una Omar Huertas Díaz | Filiberto Eduardo R. Manrique Molina 66 ISSN: 1812-6804 ohuertasd@unal.edu.co filiberto.manrique@uabc.edu.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 60-75, 2022 transformación democrática y lograr mejores condiciones de justicia distributiva para todos”. (Uprimny Yepes, 2016, pág. 747). Pues no solo se trata de regresar a las mismas condiciones de las personas del pasado, sino darles tratamiento trasformador, para evitar que estas sufran nuevos conflictos, en esta tarea participan todos. Pues estamos ante un proceso “a través del cual las partes que se han visto involucradas y que poseen un interés en particular, resuelven de manera colectiva la manera de lidiar con las consecuencias inmediatas de éste y sus repercusiones para el futuro”. (F. Marshall, 1999, pág. 19) La violencia generalizada requiere de una atención mancomunada, que involucre todos los sectores de la sociedad, los gobiernos nacionales e internacionales y las organizaciones, para resolver de raíz aquellos factores que detonan el conflicto. También se debe tomar en cuenta a las víctimas directas, indirectas y potenciales -combatientes y civiles-, pues son los actores primordiales y destinatarios últimos de la justicia de transición; solo de manera solidaria y mancomunada se pueden procurar todos los caminos posibles hacia la paz, el cual consideramos el fin último de los procesos de transición, esto es, tener un mejor espacio en condiciones dignas de libertad e igualdad. De lo anterior, podemos señalar que la justicia transicional es integral, pues la misma está pensada como un conjunto de mecanismos, políticas, planes y programas tendientes a resolver el conflicto y generar las mejores condiciones para el posconflicto; pues son procesos transicionales complejos de superar, que implican una serie de cambios o reformas sociales, legales, económicas, institucionales y políticas. Las cuales se acompañan de una serie de medidas integrales que pueden ser de naturaleza judicial o administrativa; las cuales se encaminan a dar respuesta y transformar los periodos de violencia, para alcanzar la reforma de las instituciones que permitan el acceso a la verdad, justicia, paz duradera, reparación a las víctimas y memoria de un conflicto, respetando en todo momento sus derechos y sobre todo su dignidad, la cual es insurrecta ante el reclamo de las violencias estructurales de las que son víctimas. Para superar el conflicto en Chiapas, de primera mano se requiere de la reforma de instituciones que permitan a los actores el contar con instituciones más sólidas y puedan permitir a las personas afectadas el tener acceso a los derechos como lo son “la verdad, la justicia, reparación y no repetición”, los cuales son derechos fundamentales de un sistema integral para llevar a cabo un proceso de justicia transicional y alcanzar la anhelada paz; a continuación, se desarrollarán esos derechos que son parte del sistema integral, los cuales no son excluyentes. DERECHO A LA VERDAD Este derecho es uno de los pilares de los procesos de justicia transicional, se ha desarrollado bajo las exigencias de los individuos y de la sociedad de conocer de manera completa, objetiva, veraz y detallada la verdad en lo ocurrido en ciertos conflictos, violencia generalizada, guerras civiles o procesos de transición democrática; y de la obligación de los gobernantes de investigar y proporcionar información integra a las víctimas directas, indirectas y a la sociedad sobre la causa, modo, motivos y circunstancias en que ocurrieron dichos sucesos. El concepto jurídico de la verdad hace alusión a su doble dimensión, tanto la dimensión de un derecho individual y colectiva “que tiene la víctima y la sociedad como un todo, respectivamente, de saber lo que ocurrió en relación con las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario” (Ibañez Najar, 2014, pág. 190) Por ello es un pilar en los procesos de Justicia Transicional. Lo cual se liga al derecho que tienen los pueblos de conocer su historia, el pasado de violaciones para efecto de evitar su repetición, lo cual también forma parte de su patrimonio intangible, pues es parte de su memoria; por ello, el Estado mexicano en el contexto del conflicto con el EZLN tiene el deber de preservar la información y toda clase de archivos relacionados con las violaciones a los derechos fundamentales de las personas ex-ante y ex-post del conflicto, lo cual frena además las tesis de negacionistas y escépticos de esos acontecimientos. Justicia transicional: el camino para pacificar el conflicto armado en chiapas Transitional justice: the way to pacify the armed conflict in chiapas 67 VOX JURIS (40) 2, 2022 ohuertasd@unal.edu.co filiberto.manrique@uabc.edu.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 60-75, 2022 Es tan fundamental ese derecho que dentro de los principios actualizados para la lucha contra la impunidad se declara que “cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes” (Orentlicher, 2005, pág. 7). Por ello, el gobierno de México en el caso que nos ocupa es el obligado a proporcionar las debidas medidas para garantizar el derecho de las personas de conocer los hechos del pasado. Empleando para ello comisiones de la verdad, reconciliación u otros órganos que indaguen, preserven la información, archivos, pruebas, cooperen con la justicia y sean sitios de difusión de la memoria, que garanticen su consulta, tales como lo son museos de la memoria, monumentos históricos, etc. De esta manera la justicia transicional, se concibe dentro de un marco amplio e integral de justicia, en la cual, los derechos de las víctimas están en primer orden; derechos como lo son “la verdad y reparación en sentido amplio (…) para ello, son desarrolladas y aplicadas alternativas a la persecución penal (…) en particular comisiones de la verdad” (Ambos, Justicia de Transición. Informes de América Latina, Alemania, Italia y España, 2009, pág. 24). Las cuales, dicho sea de paso, deben ser adoptadas de buena fe y de contar con el componente de legitimidad y aprobación social que permita recuperar la confianza y credibilidad no solo de las víctimas sino de la población en general. Dichas comisiones de la verdad representan además de un derecho, una esperanza y certeza para aquellas víctimas que esperan la interrupción de la impunidad en que se encuentran sus casos, pues las mismas son indispensables y complementarias “para restaurar la justicia y la reconciliación, ya que se centran en las víctimas, ayudan a establecer anales para la historia y recomienda medidas correctivas.” (Security Council UN, 2004, pág. 2) todo ello, encaminado a la búsqueda de la verdad, esclarecimiento de los hechos, rendición de cuentas, conocimiento y divulgación de la verdad. Esteban Cuya nos da claridad meridiana para darle ese valor a la “verdad”, pues en […] los crímenes de derechos humanos reflejan la independencia del poder judicial, la libertad de información y la voluntad del estado para honrar sus compromisos internacionales. Sin verdad no hay posibilidades de reconciliación (…) La verdad plena , que es parte de la memoria histórica, es una deuda para con los familiares de las víctimas de abusos de derechos humanos (…) La verdad tiene un poder restaurador , puede sanar a las personas atormentadas por la falta de información sobre el destino de su ser querido (Cuya, 2019, pág. 1). Es por ello que, el derecho a la verdad también se constituye como una medida de reparación a las víctimas, pues “el conocimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las motivaciones y la identificación de los perpetradores son elementos fundamentales para reparar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos” ( Comisión Interamericana de Derechos Humanos , 2014, pág. 10) por esto se ha dicho que el derecho a la verdad guarda una estrecha relación con otro derechos, tal como lo es la reparación y la justicia. DERECHO A LA JUSTICIA Derecho de reconocimiento de carácter internacional, el cual implica la obligación y el deber de los Estados de investigar, identificar, procesar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Dicha tutela judicial desplegada por tribunales previamente establecidos, deberán de ser reforzada, actuar con la debida diligencia y profesionalismo, evitando “dilaciones y entorpecimientos indebidos, que conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos” (Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas, 2003). Otro aspecto que considerar cuando se habla del derecho a la justicia, llámese -ordinaria o transicional-, es que los tribunales encargados de impartir justicia deberán ser competentes, independientes e imparciales (Huertas Díaz, 2019, pág. 114), ya sea de carácter nacional, internacional o hibrido, etc. Ello en atención a la necesidad de satisfacer el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y Omar Huertas Díaz | Filiberto Eduardo R. Manrique Molina 68 ISSN: 1812-6804 ohuertasd@unal.edu.co filiberto.manrique@uabc.edu.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 60-75, 2022 dentro de un plazo razonable por un tribunal previamente establecido para evitar un ciclo de impunidad e injusticias. Pero también los tribunales deben ser capaces de causar la reconstrucción, reorganización o ajustes de las instituciones gubernamentales, para efecto de poder superar aquellos factores estructurales que pueden ser las causas del conflicto. Por ello, es que en todo el aparato de justicia debe recaer un proceso de reforma de la institución judicial y de aquellas de las que se apoya, la cual van más allá de la actividad tradicional de impartir justicia penal con la investigación, enjuiciamiento, sanción y posterior ejecución de las penas de los responsables de la comisión de crímenes que atentan contra los derechos más básicos de las personas. Sumado a lo anterior, es que los Estados deberán admitir “la competencia concurrente de un tribunal penal internacional o de una corte internacional, cuando los tribunales nacionales no ofrezcan garantías satisfactorias de independencia e imparcialidad o cuando les resulte materialmente imposible desempeñar debidamente sus investigaciones o su seguimiento de una causa criminal o no estén dispuestos a ello” (Orentlicher, 2005, pág. 13). Esto significa, remover cualquier obstáculo de facto y de jure que menoscabe la administración de justicia y propicie la impunidad en sede interna. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL El derecho de reparación integral debe ser adecuada, efectiva y rápida; hace referencia aquella que tiene por finalidad el “promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido” (Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado, 2021). Afectaciones que pueden derivar tanto de acciones u omisiones de respetar y garantizar derechos humanos, cuyos titulares son las víctimas. La reparación a los derechos humanos no solo puede enfocarse o pensarse desde un aspecto económico o sancionatorio, se requiere acudir a la reparación integral en atención a la naturaleza del daño producido, pero también tomar acciones para evitar una afectación futura. Por lo que la indemnización económica es insuficiente para efecto de reparar las violaciones a los derechos humanos. (Huertas Díaz, R. Manrique Molina , Correa de Molina, Trujillo González, & Herreño Castellanos, 2015, pág. 287). Se advierte entonces que la reparación integral debe abrazar medidas como lo son la rehabilitación, satisfacción, restitución e indemnizaciones a las víctimas, entonces deben de abarcar los aspectos patrimoniales, las extrapatrimoniales e impulsar las políticas sociales que permitan el transformar y mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces se trata de un conjunto de medidas de reparación pecuniaria, no pecuniaria y de políticas sociales para efecto de lograr la restitutio in integrum . Sergio García Ramírez ha tenido a bien opinar que, “en el régimen de las reparaciones existe un concepto de muy amplio alcance: como medidas de derecho interno o de orden interno.... Se trata de acciones de variada naturaleza y alcance que atienden a la garantía, el resarcimiento y la no repetición.” (García Ramírez, 2010, pág. 388) dentro de esas acciones de variada naturaleza se comprenden medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción que abarquen todos los daños y perjuicios sufridos por las víctimas. En escenarios de justicia transicional el resarcimiento de las víctimas es masivo, por ello, se “exceden ampliamente las capacidades y posibilidades de los tribunales internos” y de sus instituciones (Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia, 2013), por ello, se requiere de “programas administrativos de reparación que constituyan una de las maneras legítimas de satisfacer el derecho a la reparación.” De allí que derecho y políticas sociales son importantes para cumplir con ese objetivo, lo cual supera los parámetros de reparación que la justicia ordinaria y su legislación plantea. GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Corresponde a un derecho de las víctimas y a una obligación del Estado de garantizar la no repetición de los actos lesivos a los Justicia transicional: el camino para pacificar el conflicto armado en chiapas Transitional justice: the way to pacify the armed conflict in chiapas 69 VOX JURIS (40) 2, 2022 ohuertasd@unal.edu.co filiberto.manrique@uabc.edu.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 60-75, 2022 derechos humanos y al derecho internacional humanitario; las cuales, pueden constituirse en medidas positivas, razonables, concretas y eficaces de protección a las víctimas y prevención en la violación de sus derechos, tales como lo son las campañas de educación, difusión, divulgación y sensibilidad de los derechos humanos, acompañamiento a las víctimas, capacitación de colectivos, servidores públicos, etc. Para alcanzar ese fin, “los Estados deben emprender reformas institucionales y otras medidas necesarias para asegurar el respeto del imperio de la ley, promover y mantener una cultura de respeto de los derechos humanos, y restaurar o establecer la confianza pública en las instituciones gubernamentales.” (Orentlicher, 2005, pág. 18), de allí que, la reconstrucción, reorganización o ajustes de las instituciones gubernamentales, institucionales, jurídicas y administrativas son indispensables para alcanzar tal fin. REFORMA LEGISLATIVA E INSTITUCIONAL Para materializar los derechos anteriormente señalados y alcanzar de manera exitosa los objetivos que pretende la justicia trasnacional, se requiere de la implementación de reformas legales e institucionales de fondo, que permitan un cambio en la esfera judicial y administrativa que ha consentido las violaciones y el desconocimiento a los derechos humanos; por ello, no se puede prescindir de ajustes institucionales que reorganicen, ajusten y viabilicen dichos procesos; “pues en las transiciones a la democracia la implementación de reformas institucionales radicales, se advierte como algo apenas natural.” (Barbosa Castillo, 2016, pág. 30) Resulta necesario que las medidas planteadas por la justicia transicional se desarrollen dentro del marco del Estado de derecho, esto es, que “los poderes públicos están, además, sujetos a la ley y, por lo tanto, limitado o vinculados por ella, no sólo en lo relativo a las formas, sino también en los contenidos” (Ferrajoli, 2001, pág. 31), pues solo de esa manera se podrá responder con un recurso efectivo. Tenemos que hacer hincapié, que los mecanismos jurídicos van variando dependiendo del momento político y social que se vive en el país en donde se pretende desarrollar este tipo de procesos y estrategias de finalización del conflicto, generación de políticas y programas de postconflicto y construcción de paz. Por ello, las reformas estructurales deben de atender los factores contextuales específicos, para alcanzar la calidad de ser idóneo y eficaz para combatir las violaciones causadas durante el conflicto o postconflicto. Por ello, dentro de un proceso de justicia transicional se requiere el desarrollar un marco legal y una serie de medidas de reforma, reconstrucción, reorganización o ajuste de las instituciones gubernamentales para efecto de poder superar aquellas deficiencias estructurales que pueden ser las causas de un patrón de abusos de los derechos más básicos, los cuales son generadoras de conflicto social. Dichas reformas deben de partir de cambios constitucionales que reconozcan a ese nivel la justicia transicional y el derecho a la paz, los cuales son indispensables para la elaboración del marco y formación de leyes secundarias (Huertas Díaz, R. Manrique Molina, Correa de Molina, Trujillo González , & Herreño Castellanos , Retos para lograr en México la cultura de la paz y los derechos humanos, 2015), Aquí es relevante señalar que en México se requiere integrar en el plano constitucional los derechos a la paz y reconocer los procesos de justicia transicional para su adecuada operatividad, pues los escenarios de conflicto armado y resistencia civil como en el caso del movimiento del EZLN, el paramilitarismo y la violencia desborda toda la actividad estatal y la justicia ordinaria para hacer frente y dar tratamiento a esa problemática. Las reformas constitucionales y legales deberán ir en perspectiva de garantizar la verdad y justicia a las víctimas de los grupos al margen de la ley; conceder beneficios para dar por terminado el periodo de violencia, tales como las normas sobre amnistía, indulto y tratamientos especiales; normas que contemplen penas alternativas y sanciones de carácter extrajudicial. Se dicten las normas que contemplen las medidas de vindicación de derechos de las víctimas del conflicto armado interno, tales como lo son la atención, asistencia y reparación integral; Sobre todo aquellas medidas que impacten en presupuestos y políticas sociales, Omar Huertas Díaz | Filiberto Eduardo R. Manrique Molina 70 ISSN: 1812-6804 ohuertasd@unal.edu.co filiberto.manrique@uabc.edu.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 60-75, 2022 pues solo dando un tratamiento contextual se va permitir transitar a un Estado que dote de las debidas garantías para la no repetición (R. Manrique Molina, 2021, pág. 54), a fin de evitar la recurrencia de los actos que originaron las violaciones a sus derechos humanos. Otro de los cambios a implementar es la denominada reforma institucional, para lograr el éxito en un proceso transicional, se requiere de contar con la presencia de nuevas instituciones gubernamentales, quizá con deficiencias en sus capacidades, habilidades, aptitudes y conocimientos necesarios para desarrollar de manera adecuada el proceso, pero que sean existentes. Pues solo estas medidas son viables cuando “se aplican en países con grados relativamente altos de institucionalización tanto horizontal como vertical…estos no eran países en los cuales las instituciones del Estado estaban completamente ausentes de porciones grandes del territorio nacional” (de Grieff, 2011, pág. 18). Si bien, pueden ser instituciones frágiles o interrumpidas, pero susceptibles de ser reformadas y mejoradas. La tarea se complica y el reto toma otras características cuando tenemos ausencia total de la estructura gubernamental, en donde el contexto de violaciones se debe a un estado fallido, porque el gobierno ha perdido el control, la autoridad y la seguridad de un territorio determinado, pues es notoria su ausencia; donde el estado de derecho ha decaído y se ha hecho retorno al estado de naturaleza de las personas, a la imposición de la voluntad del más fuerte; en donde el Estado ha perdido el monopolio de la coacción física para mantener el orden vigente. Aquí conviene señalar que algunas regiones de Chiapas la autoridad estatal ha perdido el control, lo cual significa un reto para alcanzar el éxito. Por ello Weber refiere que, para la existencia del Estado, es importante que los hombres sean sometidos a la autoridad, ello es claro en aras de mantener el orden y la paz, conservando para ello el monopolio de la violencia, pues es el único instituto político legitimado para ejercer la misma (Weber, 2002, pág. 44). Resulta por ello obvio, que en contextos de un estado fallido no hay terreno fértil y se carece de certidumbre para la implementación de la justicia transicional. RECONCILIACIÓN, EL CAMINO HACIA LA PAZ CON DIGNIDAD EN CHIAPAS La reconciliación como derecho individual y colectivo en las esferas social y política, es indispensable para obtener el perdón reciproco entre ofensor y víctima, en el caso que nos ocupa, quienes son actores del conflicto desde el 1de enero de 1994 en el Estado de Chiapas a la actualidad, pues no se trata de olvidar aquellos traumas ocasionados por los acontecimientos violentos, sino de superarlos. Definitivamente, “para que una reconciliación nacional verdadera y durable pudiera tener lugar, sería necesario que todos los actores involucrados en el conflicto, y no sólo los actores armados, participaran activamente en su superación.” (Uprimny Yepes, Saffon Sanín, Botero Marino, & Restrepo Saldarriaga, 2006, pág. 35) para ello, resulta necesario generar confianza en que las negociaciones, acuerdos alcanzados y las promesas entre los actores serán cumplidas. Para ponernos en contexto, debemos entender a la reconciliación como “desarrollar un acuerdo conciliatorio mutuo entre personas o grupos antagónicos o anteriormente antagónicos” (B. Hayner, 2011, pág. 183), En donde la voluntad y el perdón son factores fundamentales para traer a una persona, colectivo o comunidades enteras nuevamente a relaciones amistosas; pues se trata de un acto de carácter personal, en el cual, la víctima o sus derechohabientes conozcan al autor de las violaciones y que éste haya reconocido los hechos y acepte plenamente su responsabilidad. Por ello, en sus inicios del conflicto armado en Chiapas se creó la Comisión de Concordia y Pacificación o también llamada COCOPA, la cual tuvo éxito en sus inicios, pero ante el incumplimiento de los acuerdos firmados por parte del gobierno, todo dialogo para acercar a la concordia entre el EZLN y el gobierno se encuentra suspendido; otros ejemplos de esos esfuerzos en el mundo son los siguientes: Países de África son la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Liberia; la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona; La Comisión de la Equidad y la Reconciliación en Marruecos; En Asia se creó la Comisión para la Acogida, Verdad y la Reconciliación en Timor- Leste; mientras que en Latinoamérica tenemos como ejemplo la Comisión Nacional de Verdad Justicia transicional: el camino para pacificar el conflicto armado en chiapas Transitional justice: the way to pacify the armed conflict in chiapas 71 VOX JURIS (40) 2, 2022 ohuertasd@unal.edu.co filiberto.manrique@uabc.edu.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 60-75, 2022 y Reconciliación de Chile, la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú y en Colombia tenemos más recientemente la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Con justa razón Arendt señaló que “el perdonar, sirve para deshacer los actos del pasado, cuyos «pecados» cuelgan como la espada de Damocles sobre cada nueva generación” (Arendt , 2003, pág. 256), es decir, que la herida de la violencia y el conflicto solo puede cerrarse por medio de la reconciliación vista como el perdón en la sociedad, la cual encamina al mantenimiento de esa paz generacional, si en México se quiere alcanzar la paz, es premisa no emplear la violencia para alcanzarla, para ello, se requiere de la reconciliación nacional. De lo anteriormente señalado, sostenemos que la verdad, justicia, reparación, no repetición y la reconciliación son derechos elementales y fundamentales que se deben observar y cumplir para llevar a cabo un proceso de justicia transicional y como base para alcanzar la paz estable y duradera, en el caso que nos ocupa el conflicto vigente en Chiapas, en el que las personas y sociedad se han visto afectadas y que hoy en día son víctimas del conflicto, del encono, el rencor y la violencia. AMNISTÍAS E INDULTOS EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN Si bien este tema merece un análisis exclusivo, hemos realizado un esfuerzo para aclarar la importancia de figuras que se emplean dentro de los procesos de justicia trasnacional y que frecuentemente genera cierta polémica, nos referimos a las amnistías e indultos, estas son una pieza fundamental para alcanzar la paz, porque a cambio de “su otorgamiento puede conseguirse que los autores de graves crímenes cesen sus actividades delictivas, depongan las armas e, incluso, acepten cambios en el sistema político, en el modelo económico o en la estructura del Estado” (Reyes Alvarado, 2018, pág. 13) sumado a ello, tendremos que señalar que su empleo no es ilegal o contrario al derecho internacional. Pues su legitimidad y empleo tiene su fundamento dentro del “Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional de 1977”, el cual señala dentro de su artículo 6 sobre diligencias penales, apartado 5 lo siguiente: 1. “El presente artículo se aplicará al enjuiciamiento y a la sanción de infracciones penales cometidas en relación con el conflicto armado…” … 5. “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”. Un aspecto fundamental que considerar, es que no se pueden aplicar amnistías de punto final, absolutas, generales, ( blanket amnesties ), autoamnistías u otras medidas de exención en aquellos casos que se han cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra enmarcados en los artículos 6 a 8 de la Corte Penal Internacional 2 . Cabe recordar que las obligaciones que surgen de este importante instrumento internacional son inderogables, por ello, cualquier ley de amnistía de punto final, autoamnistía o prescripción sobre delitos graves o de lesa humanidad son nulas ab nitio y carecen de efectos jurídicos. En ese sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha señalado que “las amnistías que exoneran de sanción penal a los responsables de crímenes atroces en la esperanza de garantizar la paz suelen fracasar en el logro de su objetivo, y en lugar de ello han alentado a sus beneficiarios a cometer nuevos crímenes.” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2008) pues este tipo de medidas contribuyen a generar e incentivar los altos índices de impunidad, constituyéndose en un auténtico obstáculo para el derecho a la verdad, el cual es fundamental para materializar la paz y reconciliación. 2 Recordemos que en [...] los acuerdos de paz aprobados por las Naciones Unidas nunca pueden prometer amnistías por crímenes de genocidio, de guerra, o de lesa humanidad o infracciones graves de los derechos humanos [...], véase Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos.U.N.Doc.S/2004/616,de3deagostode2004, párr. 10. Omar Huertas Díaz | Filiberto Eduardo R. Manrique Molina 72 ISSN: 1812-6804 ohuertasd@unal.edu.co filiberto.manrique@uabc.edu.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 60-75, 2022 Por lo anterior es que, en la justicia transicional se plantean amnistías más responsables o responsabilizantes, “las cuales consisten en negociaciones de paz que hagan todos los esfuerzos necesarios para garantizar los derechos de las víctimas y los deberes del Estado de establecimiento de la verdad, castigo de los victimarios y reparación de las víctimas”. (Uprimny Yepes , 2005, pág. 5); Hablamos de amnistías con enfoque condicionante o flexible, cuya finalidad es la exención de la ejecución de la pena a cambio de la realización o ejecución de ciertos actos, concesiones, aporte verdad o reconozcan participación en hechos; es decir, son medidas de contenido retributivo, pero sin dejar de considerar el aspecto restaurativo, por ello, en estas medidas se deben de privilegiar y atender siempre a criterios amnistiables y garantía de los derechos de las víctimas. Por último, tenemos que señalar que las amnistías, indultos o tratamientos especiales deben de cumplir con los estándares internacionales, entre estos se destacan: “… a) Pensadas para facilitar la consecución de paz y la reconciliación, y no con el propósito de buscar impunidad por graves crímenes internacionales b) La ley que las regula debe ser expedida con estricto apego a los procedimientos propios de un auténtico régimen democrático; c) Dicho cuerpo legal solo debe cobijar los delitos respecto de los cuales la ley, la doctrina y la jurisprudencia internacional lo admiten, prohibiendo de manera expresa su aplicación para aquellos crímenes repudiados a nivel global; d) Su aplicación es condicionada, en la medida en que los beneficiarios de las amnistías están obligados a cumplir con las obligaciones que el Sistema impone en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición; y, finalmente; e) Las amnistías concedidas por uno o varias de los delitos susceptibles de ellas no implican que el beneficiario quede liberado de su eventual responsabilidad penal por crímenes que no admiten este tipo de beneficios; en relación con ellos, deberá ser sometido a los procedimientos previstos en la Jurisdicción Especial, lo que excluye la posibilidad de descalificar este régimen legal con el argumento de que concede amnistías de carácter general, ampliamente desaprobadas por la comunidad internacional…” (Reyes Alvarado, 2018). Comprender el alcance de las amnistías indultos o tratamientos especiales, y su importancia legal dentro de los procesos de justicia transicional es fundamental, pues las mismas persiguen formas alternativas de justicia que pone fin a las violaciones atroces de los derechos humanos. (Villa-Vicencio & Doxrader, 2004, pág. 6). Ayudan a superar el contexto del conflicto, materializando la paz y reconciliación, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos dentro del régimen constitucional y democrático de derecho. COMENTARIOS FINALES Con lo señalado hasta este punto, es de especial relevancia recordar que existe un conflicto armado no resuelto en Chiapas- México. El levantamiento y la resistencia pacífica iniciada por el EZLN el 1 de enero de 1994 sigue vigente. No se puede calificar a este conflicto como de baja intensidad, pues este se alimenta de diversos tipos de violencia que han dejado centenares de víctimas, las cuales no han recibido la atención adecuada por parte del Estado mexicano, por ello lo calificamos de preocupante. En la segunda década del siglo XXI, los factores estructurales que permitieron ese estallido social aún son vigentes y resultan una amenaza de nuevas hostilidades de carácter colectivo, pues las demandas de reclamo de las comunidades indígenas y personas en situación de pobreza siguen siendo las mismas de ayer, esto es: “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz” (Comandancia General del EZLN, 1994, pág. 1). Es importante e inaplazable dar tratamiento a ese tipo de demandas y superar los factores estructurales y sociales que provocaron el conflicto, la represión, la afectación a los derechos humanos en Chiapas y que son causa de perturbaron de la paz, se requiere de la aplicación de medidas judiciales, políticas, sociales, planes y programas tendientes al reconocimiento de las víctimas, la reparación integral de las violaciones masivas de derechos Justicia transicional: el camino para pacificar el conflicto armado en chiapas Transitional justice: the way to pacify the armed conflict in chiapas 73 VOX JURIS (40) 2, 2022 ohuertasd@unal.edu.co filiberto.manrique@uabc.edu.mx VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 60-75, 2022 humanos, la reconciliación y el fortalecimiento del Estado de derecho. Para alcanzar esos objetivos, es necesario emplear procesos de justicia transicional, pues con ese tipo de medidas integrales se permitirá dar tratamiento al conflicto armado y resistencia del sur de México. Con miras a alcanzar la pacificación y reconciliación de los intervinientes, dando tratamiento a un pasado y presente de abusos a gran escala, que ha derivado en violaciones a los derechos humanos y en algunos casos la comisión de crímenes internacionales. Hoy en día es urgente retomar las negociaciones con el EZLN, grupos paramilitares y comunidades en conflicto, atender las demandas, investigar las violaciones masivas del pasado y los derechos de todos los actores del conflicto, en especial de las víctimas, quienes deben ser reconocidos como titulares de derechos y que se les garantice por parte de las autoridades los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, la no repetición y que en todo momento les sea respetada su dignidad; todo ello con miras a alcanzar la reconciliación de toda la sociedad chiapaneca, pues en un contexto de conflicto armado o resistencia civil las víctimas y la sociedad en general no tienen acceso a un derecho tan fundamental como es la paz. Para cerrar y hacer más plausible la idea de esta afirmación, la justicia transicional ha permitido en el mundo la finalización de conflictos armados internos y sentar las bases para su transformación pacífica en el postconflicto; México requiere de esas medidas, reconociendo y atendiendo el conflicto con el EZLN y otros grupos, así como abrir un periodo de dialogo, transición y pasar al posacuerdo que recobre la confianza de las personas, el estado democrático de derecho y la justicia trasformadora y además holística. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Comisión Interamericana de Derechos Humanos . (2014). Derecho a la verdad en América. Washington D.C.: CIDH. Ambos, K. (2009). Justicia de Transición. Informes de América Latina, Alemania, Italia y España. Berlin: Konrad Adenauer Stiftung. Ambos, K., Cortés Rodas, F., & Zuluaga, J. (2018). Justicia transicional y Derecho Penal Internacional. Bogotá D. C.: CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango. Arendt , H. (2003). 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