LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false false 1 1 true ISSN: 1812-6804 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 REFLEXIONES SOBRE LA POSIBLE MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL REFLECTIONS ON THE POSSIBLE MODIFICATION OR EXTINCTION OF THE FOOD PENSION: JURISPRUDENTIAL ANALYSIS Alejandro Rosillo Fairén Centro de Enseñanza Superior “Cardenal Cisneros” Orcid: 0000-0001-6871-8658 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es España Angélica María Castro Acosta Centro de Enseñanza Superior “Cardenal Cisneros” Orcid: 0000-0001-6871-8658 angelicacastroa@hotmail.com https://doi.org/10.24265/voxjuris.2022.v40n2.07 España Recibido: 10 de junio de 2021 Aceptado: 8 de marzo de 2022 SUMARIO • Breves menciones del régimen legal de la obligación de alimentos entre parientes. • Caracterización de la obligación legal de alimentos entre parientes. • Modificación o extinción de la obligación legal de alimentos entre parientes. • Apuntes sobre la edad de extinción de la pensión de alimentos de mayores de edad. • Conclusiones. • Referencias. RESUMEN El presente artículo de investigación reflexiona sobre la posible modificación o extinción de la pensión de alimentos desde un enfoque jurisprudencial. Para ello, desarrolla brevemente el régimen legal de la obligación de alimentos entre parientes. Asimismo, describe las principales características de dicha obligación legal. También, desarrolla con precisión la modificación o extinción de la obligación legal de alimentos entre parientes, precisando apuntes sobre la edad de extinción de la pensión de alimentos de mayores de edad. Concluye que, el nacimiento de la obligación estudiada se imbrica en el reconocimiento legal de un derecho natural, traducido en un deber moral de auxilio y solidaridad para con la familia, fundamentado en el principio de solidaridad familiar, el cual presupone que los lazos de sangre o parentesco generan un compromiso moral de auxilio a aquel miembro de la familia en estado de necesidad. PALABRAS CLAVES Pensión de alimentos, modificación, extinción. ABSTRACT This research article reflects on the possible modification or extinction of the alimony from a jurisprudential approach. To do this, probably develop the legal regime of maintenance obligation between relatives. Also, describe the main characteristics of said legal obligation. Also, it develops with precision the modification or extinction of the legal obligation of alimony between relatives, specifying notes on the age of extinction of the alimony of adults. It concludes that the birth of the studied occupation is intertwined in the legal recognition of a natural right, converted into a moral duty of help and solidarity with the family, based on the principle of family solidarity, which presupposes that blood ties or kinship generates a moral commitment to help that member of the family in a state of need. Reflexiones sobre la posible modificación o extinción de la pensión de alimentos: análisis jurisprudencial Reflections on the possible modification or extinction of the food pension: jurisprudential analysis 91 VOX JURIS (40) 2, 2022 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 KEYWORDS Alimony, modification, extinction. BREVES MENCIONES DEL RÉGIMEN LEGAL DE LA OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS ENTRE PARIENTES Esta obligación nace del reconocimiento legal de un derecho natural traducido en un deber moral de auxilio y solidaridad para con la familia y se ha fundamentado mayoritariamente en el principio de solidaridad familiar 1 el cual presupone que los lazos de sangre o parentesco generan un compromiso moral de auxilio a aquel miembro de la familia en estado de necesidad, cuestión indudable en el modelo familiar antiguo donde la familia era un núcleo unido en contra de cualquier eventualidad o agente externo, y entre más unidos, más fuerte era la familia en su ámbito socioeconómico. Cuestión ahora por lo menos debatible, por un variopinto espectro de cuestiones: el debilitamiento de las relaciones familiares; el nacimiento de nuevas formas familiares un poco menos estructuradas y un poco menos cohesionadas, donde muchas veces los padres no conviven con sus hijos y eso genera un desapego o ausencia de relación con la familia del padre que vive fuera del hogar; y por supuesto, la globalización, que facilita la movilidad geográfica de las empresas y de las familias, generando separaciones, y esto a pesar de los grandes desarrollos tecnológicos que permiten estar en conexión real con personas a kilómetros de distancia; en fin, son múltiples las razones por las cuales el actual modelo familiar no es el mismo que el legislador tuvo en cuenta para el establecimiento de esta figura. Pasando entonces a su origen legal, diversos autores lo sitúan ya en el Derecho Romano, informando que en “Roma, en la época imperial (inicialmente, la patria potestad no originaba obligaciones para el paterfamilias frente a las personas sometidas a él, hasta el punto de que tenía frente a ellas el ius 1 Extensamente desarrollado por la Jurisprudencia de las AP y del TS. Se explica también en las siguientes obras: DÍEZ- PICAZO, L. y GULLÓN, A. (2018). Sistema de derecho civil. vol. IV, tomo 1, 12.ª ed., Madrid. p. 40 y SIERRA PÉREZ, I. (2016). Artículo 142. Concepto de alimentos. En Código Civil comentado. Coord. Por Valpuesta Fernández, Rosario; Cañizares Laso, Ana (dir), De Pablo Contreras, Pedro (dir), y Orduña Moreno, Francisco Javier (dir). vol. I, 2.ª ed., Madrid: Cizur Menor. p. 752 vitae ac necis , hasta su desaparición con Constantino)” (Fuenteseca, 1978, pp. 345- 346)”. Entonces, es en ese específico momento que las relaciones de patronato y clientela pasan a las de familia, y se refieren estas potestades del paterfamilias frente a los hijos y nietos y entre cónyuges, siendo extendida en el siglo II a los descendientes emancipados y ascendientes, y en época justinianea a los hermanos, incluso los naturales. No obstante, será en la Edad Media cuando se establezca propiamente la obligación de los hijos de alimentar a sus padres y hermanos que vengan a la pobreza, reduciéndose su contenido a la mitad en caso de que los progenitores viudos contrajeran nuevas nupcias, y en las Partidas se le da prácticamente la configuración actual, estableciéndose el deber recíproco de padres e hijos de prestarse alimentos en proporción a su riqueza y extendiéndose tal deber a los abuelos y demás ascendientes. Finalmente, la regulación actualmente vigente tiene su precedente más inmediato en la Ley de Matrimonio Civil de 1870, de donde el Código Civil (CC) tomó la regulación contenida en gran parte de sus preceptos (Jiménez Muñoz, 2006). El nombre de la obligación aquí analizada “Alimentos entre parientes” usado en el CC, cuando desarrolla esta carga familiar (entendiendo la familia en su acepción amplia, la cual incluye no sólo a parientes con vinculación sanguínea sino a otros grados de parentesco o vinculación civil), contiene un calificativo descriptivo “entre parientes” y ahí es donde tal título no es muy acertado, técnicamente hablando, primero, porque no es un deber a pretender de todos los parientes, sólo entre aquellos emparentados en línea recta: ascendentes (Art. 143.2 CC) y descendentes (Arts. 110, 143.2 y 154 CC) y por vía colateral solo frente a los hermanos (Artículo 143 in fine CC). Y segundo, porque esta obligación no es debida solo entre parientes, ya que también se incluye la obligación de brindar alimentos: al cónyuge (Art. 143.1 CC) que goza de parentesco civil con el otro cónyuge, aun después incluso de un proceso de divorcio; al tutelado por su tutor (Art. 269 apartados 1 y 2 CC), cuya vinculación es de carácter civil por la instauración judicial de la tutela; a los menores acogidos por quienes los han acogido (Art. 173.1 CC), cuya vinculación es civil por Alejandro Rosillo Fairén | Angélica María Castro Acosta 92 ISSN: 1812-6804 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 el acogimiento efectuado 2 . Por ello devendría en más adecuada la enunciación de esta figura jurídica de forma genérica como “obligación de alimentos”, aunque en la ley se titule como ya se indicó. Se puede definir entonces esta figura como aquella obligación que surge entre uno o varios alimentantes a favor de uno o varios alimentistas, los primeros bajo la obligación de sufragar todo lo que sea necesitado por los segundos para la satisfacción de sus necesidades vitales. Ahora bien, siguiendo las voces jurisprudenciales del TS 3 “La obligación alimenticia se ha de entender como [el] deber impuesto a una o varias personas, de asegurar la subsistencia de otra o de otras y supone la conjunción de dos partes: una acreedora (que tiene derecho a exigir y recibir los alimentos) y otra deudora (sobre la que pesa el deber moral y legal de prestarlos). En los términos fijados por la norma, el primero ha de reunir la condición de necesitado y el segundo poseer medios y bienes aptos para atender la deuda.” (Corchetes fuera de texto) Como es bien sabido, la obligación legal de alimentos se erige como un concepto jurídico más amplio que el concepto de alimentos común, concebido éste último como lo requerido por un ser humano para su mera manutención de supervivencia, por su parte el concepto jurídico de alimentos incluye todo lo necesario para el adecuado desarrollo del alimentista: sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación e instrucción del menor de edad y del mayor de edad cuando no haya terminado su formación por causa no imputable a él (Arts. 110, 142, 143 y 154 CC); y su incumplimiento puede ser causa, entre otras 2 Hilando más fino, existe el derecho a alimentos del concursado, en virtud de las previsiones de la Ley Concursal, durante la tramitación del concurso y hasta que se produzca la apertura de la liquidación, la cual no incluye dentro de los requisitos del alimentante que, en este caso, es la masa activa, tener parentesco con el alimentista concursado, por supuesto que estos alimentos, su cuantía y contenido serán determinados por el administrador concursal o el juez, según aplique.Tambiénseverificalaobligaciónlegaldealimentar a la viuda encinta con cargo a los bienes hereditarios, en consideración a la parte que pudiese corresponderle al hijo póstumo, de nacer y pervivir el alumbramiento, prevista en el artículo 964 CC, no tiene origen en el parentesco, ya que se obliga a la herencia yacente y no se requiere prueba de necesidad, porque la ley claramente lo expresa como un deber, sin ligarlo a su necesidad o no. 3 STS s/n/2015, de 15 de octubre, de Unificación de Doctrina. Recuperada el 11 de marzo de 2021 en el link https://www.poderjudicial.es/search/openCDocument/ f0956b14a72ff217306efeb6e63f0dcc1270fb692f9f2c2c consecuencias, de: desheredación; privación de la patria potestad al alimentante incumplido, ex artículo 170.I CC; privación del derecho a la visita frente a hijos menores o incapacitados, ex artículo 94 CC; no obligación de prestarle alimentos al alimentante incumplido, si este último cayese en necesidad, por parte del alimentista; revocación de donaciones por causa de ingratitud, ex artículo 648.3 CC; e incluso la configuración del delito tipificado por el artículo 227 CP que pena el abandono de familia. La jurisprudencia mantiene que los alimentos, según los artículos 142 y 146 del CC implican “una amplia asistencia que comprende, según una variable proporción entre los medios de quien los recibe, sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación. Ello se traduce en una actitud activa de atenciones que, indudablemente, requieren una base probatoria 4 ”. El derecho de alimentos que ocupa este estudio se refiere: A los denominados alimentos amplios , para descendientes, ascendientes y cónyuges, en donde se incluye todo lo necesario para el adecuado desarrollo del alimentista: sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación e instrucción del menor de edad y del mayor de edad cuando no haya terminado su formación por causa no imputable a él. Y a los denominados alimentos restringidos o auxilios necesarios para la vida , que son aquellos alimentos debidos entre hermanos y cuyo contenido es limitado solo a la satisfacción de las necesidades mínimas y estrictamente indispensables para la subsistencia del alimentista, extendiéndose a los gastos que precise para su educación ex. artículo 143 CC 5 . Frente a los alimentos entre hermanos precisa el TS 6 “para la legislación 4 STS n° 65/1988, de 4 de febrero. 5 Cuestión desarrollada entre otras, en la STS s/n/2015, de 15 de octubre, de Unificación de Doctrina. Recuperada el 11 de marzo de 2021 en el link https:// w w w . p o d e r j u d i c i a l . e s / s e a r c h / o p e n C D o c u m e n t / f0956b14a72ff217306efeb6e63f0dcc1270fb692f9f2c2c, en donde se entiende que la obligación civil de prestarse mutuos auxilios que pesa sobre los hermanos no debe equipararse a la de alimentos cuando se trata del acceso a las prestaciones de Seguridad Social, y que la existencia de hermanos convivientes no impide que surja el derecho a la prestación en favor de familiares, con independencia de su nivel de rentas. 6 STS s/n /2015, de 15 de octubre, de Unificación de Doctrina. Recuperada el 11 de marzo de 2021 en el link https://www.poderjudicial.es/search/openCDocument/ f0956b14a72ff217306efeb6e63f0dcc1270fb692f9f2c2c. Reflexiones sobre la posible modificación o extinción de la pensión de alimentos: análisis jurisprudencial Reflections on the possible modification or extinction of the food pension: jurisprudential analysis 93 VOX JURIS (40) 2, 2022 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 civil (…) entre los hermanos discurre una obligación de naturaleza alimenticia pero distinta al deber de prestarse alimentos en sentido propio y completo.” Válganos aclarar que, en tratándose de alimentos amplios cuando el alimentista supera la minoría de edad, esto es, llega a la mayoría de edad, si bien como indica el TS 7 estos no se extinguen “sino que la obligación se extiende hasta que los hijos alcancen la suficiencia económica, siempre y cuando la necesidad no haya sido creada por la conducta del propio hijo”, los mismos si deben interpretarse de forma más restrictiva, así la SAP de Barcelona n° 591/2010, de 26 de noviembre, establece que, En cuanto a los gastos extraordinarios, dada esa mayoría de edad de la hija, deben ser interpretados muy restrictivamente. Los gastos de estudios, que la sentencia apelada incluye, no deben incluirse, pues entran dentro del concepto de alimentos según el artículo 259 CF. Efectivamente, los gastos extraordinarios deben ser entendidos rectamente como aquellos que son necesarios, no periódicos e imprevisibles (como gastos médicos, odontológicos, etc. no incluidos en la seguridad social o seguro privado) y no requieren acuerdo, por su condición de necesarios, sino comunicación suficiente al otro progenitor, y deben costearse por mitad, salvo razones especiales que determinen otra distribución. Además, precisar que para los alimentos de hijos mayores de edad el artículo 93 CC establece que cuando se van a determinar estos tras una ruptura matrimonial o de convivencia, se prevé que el Juez determiné la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adopte las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento. Continúa el artículo en cita, precisando que de convivir en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el juez deberá fijar los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes del CC. 7 STS n° 991/2008, de 5 de noviembre, Sala de lo Civil. Recuperada el 9 de abril de 2021 en el link https:// www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ b7851bbdb0a563ce/20081127. Se establecen entonces ex art. 93 CC, dos requisitos 8 para el establecimiento de la obligación de alimentos para hijos mayores de edad o emancipados, a saber: • Que carezcan de ingresos propios. • Que convivan en el domicilio familiar. Se debe enfatizar que una vez alcanzada la mayoría de edad los alimentos no se extinguen de forma automática, pero el contenido de la obligación quedará reducido a lo indispensable, ya que la fundamentación de la obligación de alimentos muta, de una obligación legal imperativa derivada de los deberes propios de la patria potestad 9 a un desarrollo del principio de solidaridad familiar, elevado como deber general entre parientes ex art.142 CC. La STS n° 558/2016, de 21 de septiembre, acota que, […] el derecho de alimentos del hijo mayor de edad continuado o sobrevenido a la extinción de la patria potestad conforme al artículo 93.2 del Código Civil se apoya fundamentalmente en lo que la doctrina civilista ha denominado «principio de solidaridad familiar» que, a su vez, debe ponerse en relación con la actitud personal de quien se considera necesitado (art. 152 C.C ); y de este modo, se concluye que el contenido de la obligación de prestar alimentos respecto de los hijos mayores de edad se integra sólo por las situaciones de verdadera necesidad y no meramente asimiladas a las de los hijos menores”. Mencionando desde ahora, que esa actitud personal activa no pasiva de quien se considera 8 Cuestión desarrollada también por HERNÁNDEZ GUILLÉN, E. (2017). Solicitud de alimentos para hijos mayores de edad en proceso matrimonial, Revista Aranzadi Doctrinal num. 6/2017. España: Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor. Quien al analizar la Sentencia STS 411/2000 de 24 abril en un caso donde se solicitaba alimentos para un hijo mayor de edad que estudiaba fuera de España, precisa “Los requisitos para efectuar la petición de alimentos a favor de hijos mayoresdeedad,son«necesidadfinanciera»y«convivencia», sin que sea óbice que tales hijos estén estudiando en el extranjero si después continúan la convivencia con uno de los progenitores. Sin embargo, para realizar esta petición en el ámbito de los procesos de familia se exige que el solicitante tenga no sólo la autorización de los hijos para efectuar la petición, sino que además sea el gestor y administrador de los alimentos”. 9 Cuestión que también aborda MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, M. T. (Abril de 2003). La temporalidad de los alimentos de los hijos mayores de edad. En Revista Sepin Familia. núm. 21. p. 25,cuandoexplica“lanormaconstitucional(refiriéndoseal art. 39.3 CE) hace una distinción entre minoría y mayoría de edad y, señala que en la mayoría de edad la obligación de los padres como derivada de la patria potestad cesa, salvo casos excepcionales”. Alejandro Rosillo Fairén | Angélica María Castro Acosta 94 ISSN: 1812-6804 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 necesitado en el desarrollo jurisprudencial exige su esfuerzo para salir de la situación de necesidad, y por ello se ha indicado jurisprudencialmente que la falta de aplicación a los estudios se configura como una causa verdaderamente paradigmática, ya que el ordenamiento jurídico no puede ni debe amparar situaciones de “parasitismo social” ni el tristemente conocido fenómeno de los “ni- ni” 10 . Lo que en su momento reitera la SAP Madrid, de 3 de julio de 2020 11 cuando tomando apartes de diferentes sentencias del TS establece frente a los alimentos de hijos mayores de edad que el juez fijará los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil “(…) la cuantía de esos alimentos se fijará en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe (…) el artículo 152 dispone que la obligación de dar alimentos cesará «cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades” 12 , se refiere luego a la STS n° 55/2015, de 12 febrero, en donde se predica “un tratamiento jurídico diferente según sean los hijos menores de edad, o no, pues al ser menores más que una obligación propiamente alimenticia lo que existen son deberes insoslayables inherentes a la filiación, que resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en su falta de atención”. Continua la AP indicando que “Tal distinción es tenida en cuenta en la STS n° 603/2015, de 28 octubre, desde esa perspectiva el Tribunal Supremo ha negado los alimentos para no favorecer una situación de pasividad de los alimentistas, poniendo el acento en la diligencia de los hijos en su formación para poder acceder a un empleo, pudiendo rechazarlos basándose en que la pasividad no puede repercutir negativamente en su padre (Sentencias de 21 de noviembre de 2014, de 17 10 Se les conoce como la generación ni-ni, a jóvenes menores de 34 años que ni estudian ni trabajan, parados sin empleo anterior y que no cursan estudios reglados o no reglados, es decir, inactivos, con lo que, en teoría, viven de sus padres. Según revela la Encuesta de Población Activa (EPA), España contaba a mediados de 2009 con 712.735 ni-nis, el 6% de la población menor de 34 años. 11 SAP de Madrid n° 535/2020, de 3 de julio. 12 STS n° 703/2014, de 19 enero de 2015. Recuperada el 10 de abril de 2021 en el link https://www.poderjudicial.es/ search/AN/openDocument/8509193f2e6fb4e0/20150225 de junio de 2015, de 21 de septiembre de 2016 o 22 de junio de 2017)”. Pretendiendo sintetizar la postura del TS, se ha de decir que en el caso de los menores de edad los alimentos se prestan conforme “a las circunstancias económicas y necesidades económicas de los hijos en cada momento” sin importar, en principio los aspectos económicos o de otro índole de los padres alimentantes, ya que esta obligación imperativa se funda en los “deberes insoslayables inherentes a la filiación (…) con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento”. Por su parte, en el caso de los mayores de edad los alimentos serán proporcionales “al caudal de quien los da y a las necesidades de quien los recibe”, existiendo referencias jurisprudenciales a las actitudes exigidas del hijo alimentista, entre ellas una no pasividad frente a la mejora de su situación, sino un actitud activa y diligente para tomar las riendas de su vida adulta, con la ayuda inicial económica de sus padres, mientras termina sus estudios y se integra en la vida laboral, sin apoyar o respaldar el deplorado “parasitismo social”. Para finalizar este apartado introductorio, como aspecto adicional tangencial pero relevante al tema, se debe remarcar que para facilitar la materialización efectiva y el cálculo de la pensión de alimentos de hijos en los procesos de familia, usualmente seguidos tras una crisis o ruptura, y pretendiéndose una mejora de la seguridad jurídica en este ámbito, aparece una aplicación informática de cálculo 13 creada por el CGPJ, quien explica 14 que tales tablas deben ser “entendidas como un instrumento orientador adaptado a las experiencias en esta materia y elaborado conforme a bases científicas con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE)”. Enfatiza el CGPJ que con ellas contribuye a la “pacificación” de una cuestión extraordinariamente polémica y fuente de constante crispación en los procesos de familia: separación, divorcio, modificación de medidas, y demás procesos de familia donde se deba definir una cuota de pensión alimenticia para hijos. 13 La cual se puede consultar en el link www6.poderjudicial. es/PensionAlimenticiaWeb/frmGeneral.aspx. 14 Según explicaciones brindadas por la Comisión Permanente del CGPJ en www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/ Utilidades/Calculo-de-pensiones-alimenticias/Tablas- orientadoras-para-determinar-las-pensiones-alimenticias- de-los-hijos-en-los-procesos-de-familia-elaboradas-por-el- CGPJ. Reflexiones sobre la posible modificación o extinción de la pensión de alimentos: análisis jurisprudencial Reflections on the possible modification or extinction of the food pension: jurisprudential analysis 95 VOX JURIS (40) 2, 2022 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 Estas tablas son de aplicación masiva por los jueces y magistrados, sírvanos para ejemplo la SAP de Madrid n° 125/2014, de 4 de febrero, donde se indica “Solo hay que añadir a los hechos ya expuestos, que con una consulta de los gastos por el coste total mensual de dos hijos, expuestos en la tablas orientadoras para la determinación de las pensiones alimenticias de los hijos aprobadas por Acuerdo del 11 de julio de 2013, por el Consejo General del Poder Judicial, se hubiera comprobado que la cuantía de pensión alimenticia fijada en la sentencia recurrida es muy cercana, incluso algo inferior a la establecida en las citadas tablas”. CARACTERIZACIÓN DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE ALIMENTOS ENTRE PARIENTES Doctrinal y jurisprudencialmente se le asignan a esta figura una serie de características, aunque no todos los autores coinciden en las mismas o les dan igual relevancia a cada una de ellas, por ejemplo, para unos la obligación de alimentos legalmente se configura como irrenunciable, intransmisible, indisponible, inembargable, variable y –con ciertos matices- imprescriptible, mientras que para otro (Jiménez Muñoz, 2006) posee como características adicionales a las indicadas, otras como: legalidad, indeterminabilidad y ser intuitu personae , por la multiplicidad de criterios doctrinales encontrados en los estudios que soportan este artículo, se ha considerado de gran importancia académica, listar aquellas características que serían indesligables de la “obligación legal de alimentos”. Características principales de la obligación legal de alimentos entre parientes Imperatividad Derivada del carácter Legal de esta obligación, cuyo nacimiento se fija en las previsiones legales estatuidas principalmente en los artículos 142 a 153 CC, el legislador impone a una persona (alimentante) la obligación de proveer los medios necesarios para la subsistencia de otra persona (alimentista). Personalísimo o “intuitu personae” Es una característica fundamental de la figura en estudio la adscripción a una persona específica las obligaciones y derechos correlativos derivados de este relacionamiento legal, tanto en su posición activa – acreedora (alimentista) como pasiva – deudora (alimentante) de la relación obligacional, específicamente por sus vínculos naturales o civiles ya estudiados. Característica de la cual se desprende que, las partes alimentista y alimentante, no pueden ser reemplazadas en sus respectivas posiciones por ninguna otra persona; cuestión ratificada por el hecho de que esta obligación se extingue por la muerte de alguno de ellos, acreedor o deudor. Encontramos en esta línea jurisprudencia del TS 15 en donde, de forma reiterada, afirma que “la obligación de prestar alimentos configurada por el Código Civil tiene un carácter personal y particularizado, pues depende totalmente de las condiciones personales y económicas de los sujetos activo y pasivo de la misma.” Irrenunciabilidad Como consecuencia lógica del carácter personalísimo de la obligación de alimentos, descrito antes y de su vinculación indesligable a satisfacer las necesidades de subsistencia del alimentista, el artículo 151 del Código Civil establece que el derecho de alimentos es irrenunciable e intransmisible por el alimentista, pues ese personalismo impide dar entrada en la obligación a terceros que no cumplan el requisito de parentesco, con lo cual, permitir la renuncia o transmisión del derecho del alimentista, supondría que no se cubrirían las necesidades, precisamente en atención a las cuales ha nacido el derecho-obligación. Intransmisibilidad En el mismo sentido de la característica anterior, esta obligación no es trasmisible ni por acto entre vivos, ni mortis causa , en caso de fallecimiento del alimentante o del alimentista, sus herederos podrán ser los nuevos alimentantes o alimentistas, pero por su propia relación de parentesco y debido al nacimiento de una nueva obligación alimenticia, nunca porque se produzca una sucesión en posición alguna de la relación obligacional que vincula o vinculaba a alimentista y alimentante. 15 STS s/n/2015, de 15 de octubre, de Unificación de Doctrina. Recuperada el 11 de marzo de 2021 en el link https://www.poderjudicial.es/search/openCDocument/ f0956b14a72ff217306efeb6e63f0dcc1270fb692f9f2c2c Alejandro Rosillo Fairén | Angélica María Castro Acosta 96 ISSN: 1812-6804 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 Se debe matizar que la intransmisibilidad a terceros, que carezcan de las condiciones personales requeridas para hacer parte de la obligación primigenia de la obligación, tiene su excepción en la posibilidad que establece el legislador de negociación a título oneroso o gratuito del derecho a demandar las pensiones alimenticias atrasadas por parte del alimentista, derivado del hecho que las pensiones atrasadas no brindadas ni consumidas, pierden su característica primordial de solventar las necesidades de subsistencia del alimentista, mutándose en una obligación económica entre acreedor y deudor de la misma, específicamente se convierten en créditos pecuniarios ordinarios, por lo cual, pueden transmitirse a un tercero que se ocupe de buscar su recaudo. Imprescriptibilidad La obligación de alimentos no prescribe, se puede reclamar en cualquier momento, mientras permanezcan vigentes los requisitos legales para exigir tal prestación, aún, cuando el alimentista no la reclame durante mucho tiempo, lo cual se deduce de su fundamento que no es otro que satisfacer las necesidades del alimentista tendientes a su subsistencia, y en últimas, brindar protección al derecho a la vida, teniendo por ello, como único límite temporal la vida del alimentista y del alimentante. Expresado de otra forma, esta obligación cesa o se extingue con la muerte de alguno de los sujetos involucrados en la misma y es exigible siempre que pervivan los requisitos legales que la hicieron nacer a la vida jurídica. La imprescriptibilidad de esta obligación debe ser entendida bajo las siguientes precisiones: es imprescriptible la acción para reclamar el establecimiento de una pensión de alimentos, esto implica que se pueda usar mientras pervivan las circunstancias y hechos que dan nacimiento a la obligación misma, pero una vez reconocida mediante sentencia la existencia de esa obligación y fijada una pensión, la reclamación del pago de los alimentos decretados tiene un plazo de prescripción de cinco años. Lo cual halla su soporte en lo establecido por el Artículo 1966.1 CC frente a las obligaciones de dar, como la de alimentos, y donde establece que las mismas prescriben a los cinco años si no se reclama su pago 16 . Dicho plazo, por supuesto, puede ser 16 Indica la STS 574/2016, de 30 de septiembre: “La ratio de lodispuestoenlafrasefinaldelartículo148.1CC.Loque interrumpido por cualquier medio fehaciente de requerimiento de pago de la obligación, como, por ejemplo, un burofax, requerimiento notarial, etc. Todo lo cual mana del hecho de que las pensiones no pagadas y por ende atrasadas en el tiempo, al devengarse sin consumirse, pierden la razón fundamental de la indispensabilidad para la satisfacción de las necesidades vitales, de modo que se van convirtiendo en créditos pecuniarios ordinarios. Inembargabilidad Que el crédito alimentario sea inembargable es consecuencia indesligable del carácter personalísimo de la obligación alimenticia y de su vinculación a la subsistencia del alimentista, que en últimas, pretende garantizarle el derecho a la vida del alimentista (Art. 607.1 LEC); cuestión diferente supondría que no se cumpliera el fundamento último de esta obligación: favorecer al alimentista que precisa la pensión de alimentos para su propia subsistencia, por ello esta obligación no está destinada a considerarse un crédito a favor del alimentista que llegue a beneficiar a posibles acreedores del alimentista, derivado de suyo de que el alimentista necesita estos alimentos para poder subsistir, al protegerse el derecho a la vida, no es posible que se este crédito se el legislador ha querido con tal disposición, es proteger al deudor de alimentos, evitando que le sea reclamada una cantidad elevada de dinero (hasta cinco años de pensiones, a tenor del art. 1966.1 CC) a quien podía desconocer o dudar razonablemente que era, o por qué importe era, deudor de alimentos.” Recuperada de www.poderjudicial.es/search/ AN/openDocument/15a9da21485a5fd5/20161005 . En idéntico sentido la SAP de Logroño 175/2005, de 13 de junio,lacualreafirma“Estecriterio,vieneinclusoabonado por el tenor del art. 1966, que prevé un plazo prescriptivo de 5 años, respecto de las acciones para exigir el pago de las pensiones alimenticias, pues como se desprende de la sentencia de 24 de febrero de 1989, la prescripción que reconoce con relación a pensiones alimenticias ya devengadas, se refiere a las que provengan del período de tiempo precedente a los indicados 5 años anteriores a la presentación de la demanda, en que se solicita, con independencia del derecho de alimentos a que se refiere el art. 142 y ss., que no se ve afectado por dicho plazo prescriptivo,yaqueelart.1966.1serefierealaspensiones alimenticias periódicas derivadas de aquel derecho, pero no al propio derecho de alimentos. De este modo, tiene que ser interpretado la referencia en que en el art. 148.1 se hace al hecho de que los alimentos no se abonan sino desde la fecha en que se interponga la demanda, pues eso mismo tiene que ser entendido, en el sentido que existen, y se generan con anterioridad, si bien, y no se abonan voluntariamente, su devengo solo se da a partir de la fecha en que se reclamen, pero no que no se puedan reclamar los alimentos devengados con anterioridad a la interposición de la demanda.” Recupera de www.poderjudicial.es/search/ AN/openDocument/c539b369c8267836/20050714. Reflexiones sobre la posible modificación o extinción de la pensión de alimentos: análisis jurisprudencial Reflections on the possible modification or extinction of the food pension: jurisprudential analysis 97 VOX JURIS (40) 2, 2022 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 beneficie un tercero ajeno a la relación matriz de la obligación. Admitir la embargabilidad podría suponer entonces condenar al alimentista necesitado prácticamente a la indigencia, en pro de satisfacer los intereses puramente patrimoniales de posibles acreedores del alimentista. Aclarando desde ya que la inembargabilidad establecida por el artículo 607.1 LEC se limita al porcentaje de la pensión alimentaria que no supere el salario mínimo interprofesional y a lo que exceda de tal límite se le aplicará la escala del artículo 607 LEC. Irretroactividad Los alimentos por mandato expreso del art. 148 CC y su desarrollo jurisprudencial, entre otras en la STC 57/2005, de 14 de marzo, no son retroactivos recordemos “la obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda”; ratificando esto la STS n° 328/1995, de 8 de abril establece “planteada la exigencia de los alimentos ante los tribunales, éstos por carecer aquellos de efecto retroactivo no pueden condenar a pagarlos sino desde la fecha que se interpuso la demanda; consecuencia todo ello de la regla clásica in praeteritum non vivitur y de estar concebidos los alimentos para subvenir a las necesidades presentes y futuras del alimentista y no para épocas ya pasadas en que el alimentista ha vivido sin los alimentos que ahora pide; prescindiendo de la circunstancias que le rodearon en ese tiempo pretérito”. Reciprocidad Según las previsiones del artículo 153 CC, las partes vinculadas por la relación de alimentos, al igual que son recíprocamente parientes, son recíproca y potencialmente tanto acreedores como deudores de la prestación alimenticia, intercambiándose en las posiciones activa y pasiva de esta obligación al configurarse en cada uno de ellos los requisitos legalmente contemplados. Esto sin importar si con el tiempo el derecho a los alimentos pueda convertirse en una obligación unilateral o unidireccional, si alguno de los potenciales acreedores (alimentistas) lo pierde por concurrir una causa de extinción de esta obligación. En conclusión, el alimentista de hoy, si experimenta un incremento patrimonial suficiente, puede ser el alimentante de mañana, bien del propio deudor actual de los alimentos (si incurre en un estado de necesidad), bien de un tercero que cumpla las características personalísimas de relación o vinculación que prevé la ley. Se deduce entonces que esta reciprocidad es potencial, por supuesto no actual, pues al ser una obligación personalísima, se nutre de las particularidades de cada una de las personas vinculadas por este deber-derecho legal, entonces, una misma persona no puede estar en una situación de suficiencia patrimonial y a la misma vez, esto es, en el mismo momento, de insuficiencia patrimonial, en otras palabras, no puede necesitar alimentos de una persona y deberlos a esa misma persona, por ello, no será aplicable a la obligación de alimentos el artículo 1124 del CC, referido a la resolución de obligaciones recíprocas. Indeterminación y variabilidad Algunos autores enuncian esta característica como relatividad . Esta característica establece que la cuantía del derecho de alimentos depende, por mandato legal (Art. 146 CC), del caudal o medios de quien los da (alimentante) y de las necesidades de quien los recibe (alimentista); pero como el deber de dar alimentos permanece por un tiempo más o menos largo, estos aspectos pueden variar, esta variabilidad, es una característica propia de la obligación alimentaria, que se liga al caudal de los recursos del alimentante y a las necesidades del alimentista, con ello las fluctuaciones que puedan devenir en las realidades económicas y en las necesidades de las partes involucradas permean la obligación legal y la hacen mutar o cambiar en el tiempo, tanto en quantum como en responsable. De los mandatos de los arts. 146 y 147 CC se deduce justamente que la obligación de alimentos es variable en cuanto a su cuantía, dado que se va concretando a través del tiempo en función de la situación económica o patrimonial del alimentante y de la situación y grado de necesidad del alimentista, evolucionando conforme varíen los extremos antes dichos. Así las cosas, la cuantía de la pensión se liga en su definición a dos variables que, como ya se ha expuesto, son: Alejandro Rosillo Fairén | Angélica María Castro Acosta 98 ISSN: 1812-6804 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 los ingresos del alimentista y las necesidades del alimentante, mutándose si las realidades económicas y de necesidad varían mientras perviva la obligación de prestar alimentos entre los sujetos vinculados. Cuestión ratificada por el TS 17 de forma reiterada, por ejemplo, cuando indica: “la deuda alimenticia posee una “naturaleza relativa y variable”, existente tan sólo cuando se den situación de necesidad de la persona del acreedor y posibilidad patrimonial de satisfacerla por parte del deudor (art. 152 del C.C.)” Incompensabilidad En el artículo 151 CC se establece igualmente que el derecho de alimentos no es compensable con las deudas que el alimentista tenga con el alimentante, aunque sean recíprocamente acreedor y deudor entre sí por otras causas; esto derivado de que el fundamento de la obligación de alimentos es garantizar la subsistencia del alimentista, más el fundamento de otra posible obligación que exista entre ellos se limita a la mera satisfacción de una deuda de cualquier otra naturaleza (civil o mercantil) contraída por el alimentista con el alimentante, y por ello esta otra obligación cumple sus fines propios, bien sean civiles o mercantiles, tendientes a la satisfacción de un crédito de tal naturaleza. Así las cosas, estos tipos de créditos, diferentes al alimentario, deberán verse satisfechos por otros medios, verbigratia , persiguiendo recursos o bienes del alimentista diversos a la pensión misma, y sin pretenderse nunca una compensación entre la posible obligación externa existente entre alimentista y alimentario con la pensión de alimentos que los vincula. Prohibición de transacción Por mandato expreso del artículo 1814 CC se prohíbe transigir sobre alimentos futuros (artículo 2 de la Ley de Arbitraje), debido a que consecuencia obligada del carácter intuitu personae de la obligación alimenticia, el ejercicio de la acción de reclamación de las cuotas alimentarias no puede quedar en manos de una persona ajena a la relación obligacional. Sin embargo, 17 STS s/n/2015, de 15 de octubre, de Unificación de Doctrina. Recuperada el 11 de marzo de 2021 en el https://www.poderjudicial.es/search/openCDocument/ f0956b14a72ff217306efeb6e63f0dcc1270fb692f9f2c2c. […] sí cabrá que lleguen a un convenio sobre cuánto y cómo ha de percibir el alimentista, pero sin el efecto de cosa juzgada propio de las transacciones, dado que el juez siempre podrá revisar si el pacto produce unos efectos contrarios a la finalidad legal de que las necesidades vitales del alimentista queden cubiertas” 18,19 (Art. 1816 CC). Sin contradecir lo cual, en el Encuentro con la Abogacía especializada en derecho de familia, organizado por el CGPJ (Madrid, septiembre 2013) se concluyó que: […] los pactos económicos sobre hijos mayores de edad forman parte en cualquier caso de derecho dispositivo, no siendo materia de orden público, sin perjuicio de que dichos hijos mayores de edad podrán acudir a un procedimiento de reclamación de alimentos entre parientes. Esta cualidad es un aspecto ampliamente resaltado por el TS y las AP en diversas sentencias 20 . Cuestión diferente es pretender 18 SSTS s/n/1976, de 14 de febrero y s/n/1985, 25 de noviembre. SSAAPP Cantabria de 20 de marzo de 2002 y Cádiz de 20 de septiembre de 2002. 19 Cuestión también desarrollada por JIMENEZ MUÑOZ, F. J. (2006). La regulación española de la obligación legal de alimentos entre parientes. En “Anuario de derecho civil”. Vol.59,Nº2,2006.Madrid:AgenciaEstatalBoletínOficial del Estado. ISSN 0210-301X. pp. 743-792. Recuperado de https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/ abrir_pdf.php?id=ANU-C-2006-20074300792. 20 Sirvan como ejemplo las SSTS s/n/1976, de 14 de febrero y s/n/1985, 25 de noviembre. SSAAPP Cantabria de 20 de marzo de 2002 y Cádiz de 20 de Septiembre de 2002. Y más recientementeratificadoenSSAAPPdeGranada194/2020, de 26 de junio, de Málaga 88/2020, de 30 de enero y de Coruña 486/2019, de 20 de diciembre. Así la SAP de Málaga antes indicada, citando una Sentencia de su propia Sala SAP de Málaga N°390/2010, de 8 de julio, precisa en un supuesto en que se interesaba en la demanda laextincióndelapensióndealimentosfijadaensentencia anterior de divorcio a favor de su hijo y la parte demandada vino a allanarse “estimando el recurso de apelación formulado contra la misma, resuelve que, no afectando la extinción de la pensión alimenticia a los intereses de un menor de edad, a la vista del allanamiento practicado, sí cabe entender que sus efectos deban retrotraerse, no ya por el hecho de que la demandada, en materia alimenticia, viniera ostentando una legitimación por sustitución, sino porque si bien, conforme al artículo 1814 del Código Civil, no se puede transigir sobre alimentos futuros, no existe en cambio obstáculo para poder renunciar pensiones alimenticias atrasadas, según prevención contenida en el artículo 151 del dicho Cuerpo legal, habida cuenta que si bien, en nuestro ordenamiento consagra el carácter de irrenunciabilidad e intransmisibilidad del derecho de alimentos, dada su naturaleza de personalísimo, lo cual no está reñido con la posibilidad de renuncia a las pensiones alimenticias atrasadas, siendo perfectamente compatibles todos y cada uno de los requisitos expuestos, puesto que se debe diferenciar entre el “derecho a interesar alimentos”, irrenunciable e intransmisible, y lo que es el “crédito” en su caso ya devengado e incorporado al patrimonio del acreedor, lo que sucede con otros derechos de naturaleza personalísimo, como es la legítima, de ahí que proceda perfectamente la posibilidad de simultanear un procedimiento extintivo de la pensión alimenticia como el Reflexiones sobre la posible modificación o extinción de la pensión de alimentos: análisis jurisprudencial Reflections on the possible modification or extinction of the food pension: jurisprudential analysis 99 VOX JURIS (40) 2, 2022 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 aplicar esta característica con relación a las cuotas alimentarias vencidas sin pagarse, que como ya se ha indicado, han perdido las características propias del carácter personalísimo, al no cumplir en ese momento su función principal de suplir las necesidades vitales del alimentista, por lo cual mutan en créditos pecuniarios ordinarios y con ellos se convierten en obligaciones plenamente transigibles. Todo esto conduce a indicar que, por su estrecha vinculación con la subsistencia del alimentista, no le es dable a él negociar o disponer jurídicamente de tal derecho, ya que no está disponible en el comercio de los hombres 21 , pero es necesario precisar que, al ser un derecho de su propiedad, puede o no hacer uso del mismo a su favor, lo que en últimas es una forma de disposición por mera liberalidad del titular de un derecho. Divisibilidad Cuando recaiga esta obligación en dos o más personas, se repartirá entre ellas el pago de la pensión en cantidad proporcional al caudal respectivo de cada deudor ex art. 145 CC. Lo anterior en razón a que la cuantía de la prestación alimenticia se determina según el art. 146 CC, por un extremo, tomando en consideración el caudal o los medios económicos de el o los deudores de esta, y por otro extremo, verificando la necesidad del alimentista 22 . Así las cosas, al referirse la deuda a varios deudores, a cada uno de ellos se le fijará el quantum de su obligación o lo que es igual el porcentaje que sobre la pensión alimenticia corre a su cargo, aclarando de paso, la cuantía de la obligación que cada deudor deberá hacer frente y el total de la pensión a percibir por el alimentista. Mancomunada La obligación alimenticia es de naturaleza mancomunada, no solidaria. Lo cual se colige del evento establecido en el art. 145 CC párrafo recogido en la sentencia dictada en la primera instancia, junto con otro por el que sus efectos puedan retrotraerse a fecha anterior a su dictado, como sucede en el caso tratado, todo ello derivado del comportamiento procesal adoptado por la demandada allanándose a la pretensión demandante.” 21 STS s/n/1970, de 7 de octubre. 22 CuestiónreafirmadaenlaSAPdeOurensen°552/2020,de 30 de diciembre. segundo, donde el legislador previó que por urgente necesidad y circunstancias especiales el juez podrá obligar a un solo deudor a prestar los alimentos de forma provisional, sin perjuicio de su derecho a reclamar de los demás obligados la parte que a ellos les correspondan sobre lo sufragado por este obligado inicial; ya que tal representación es la descripción completa de una obligación mancomunada, en donde, a pesar de obligar el pago provisional de alimentos por las necesidades indicadas, el crédito como tal se divide en cuotas o partes plenamente individualizables e independientes unas de otras, por ello el deudor obligado puede pedir lo pagado de los demás deudores según sus cuotas. Gratuidad Por último y de necesaria inclusión, es la mención de que el alimentista, receptor de alimentos, carece de una obligación correlativa de realizar ningún tipo de contraprestación a favor de su alimentante por la recepción de los alimentos. Cuestión que, aunque se presupone, no sobra su mención, en aras de la clarificación académica de esta obligación, por ello el alimentante no puede pretender supeditar el cumplimiento de su obligación legal alimenticia a una contraprestación sinalagmática a su favor por parte de su alimentista. MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE ALIMENTOS ENTRE PARIENTES El artículo 39.3 CE proclama que “Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda” por lo que no se puede albergar duda alguna de que los mandatos civiles de los artículos 142 y ss del CC, analizados de forma previa en este artículo, se incardinan en la propia dimensión constitucional aquí indicada 23 . Concreta el 23 En igual sentido ABAD ARENAS, E. (2013). Reclamación de alimentos en favor de hijos mayores de edad y emancipados. Revisión de su régimen jurídico, requisitos y extinción de la obligación legal. En Revista de Derecho UNED, núm. 12. España. pp. 17-75 (32). Precisa “esta obligación que participa de las notas de solidaridad, no compensación, irrenunciabilidad e, intransmisibilidad, encuentra su fundamento en el contenido del artículo 39.2 (sic) CE, al establecer que «los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda», lo que nos remite a lo previsto por Alejandro Rosillo Fairén | Angélica María Castro Acosta 100 ISSN: 1812-6804 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 Tribunal Constitucional 24 en cumplimiento de su función interpretativa que, […] mientras la obligación de alimentos entre parientes descansa en la situación de necesidad perentoria de los mismos para subsistir y se le abona solo desde la fecha en que se interponga la demanda, los alimentos de los hijos, en la medida que tienen su origen en la filiación, artículo 39.3 CE, ni precisan demanda alguna para que se origine el derecho a su percepción, ni la Ley prevé excepciones al deber constitucional de satisfacerlos. Así pues, la obligación de alimentar a los hijos, se trata de un deber de carácter general, que se origina “sin necesidad de mayores requisitos, por el nacimiento del hijo y no por la presencia del presupuesto de una situación de necesidad” (Amunátegui, 2015, p. 11-45). Ahora bien, en el actual contexto de crisis económica derivada de la pandemia global que se está viviendo, habida cuenta la reducción generalizada de ingresos en las familias españolas y el consecuente decaimiento del poder adquisitivo en amplios sectores de la población, toma gran importancia el evento en que los hijos alimentistas son mayores de edad y ya han concluido su formación, o debieran haberla concluido, y que sin embargo el alimentante continua con la obligación de suministrarle los alimentos, por ello, se debe revisar que el alimentistas no incurra voluntariamente en un posible y proscrito abuso de derecho, ex. artículo 7.2 CC, previniendo que se llegase a configurar en él un posible e indebido enriquecimiento injusto 25 . El TS 26 citando los fundamentos de derecho de la SAP de Vizcaya de 19 de mayo de 2016 analizada por estar recurrida en casación, apoya el razonamiento del ad-quem , que indica que no se puede aceptar la alzada debido a que: A) No [se verifica en el caso el] cumplimiento de la requisitoria del art. 93.2 del C.C., el hijo los artículos 142 y ss., CC –referentes a la regulación de alimentos entre parientes–.” 24 STC 57/2005, de 14 de marzo 25 Para mayor abundamiento en el concepto y consecuencias del enriquecimiento injusto, sirva la lectura de BUSTO, J. M. Y PEÑA, F. (1997). Enriquecimiento injusto y responsabilidad civil extracontractual. En Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Vol. 1. A Coruña – España. pp. 141-166. Recuperado el 10 de abril de 2021 en el link https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/1921 26 STS 147/2019, de 12 de marzo. mayor de edad no convive con la madre desde la fecha indicada (…) y B) (…) lo concluyente es el no cumplirse la requisitoria, no convive y tiene ingresos, capacidad económica (…) explicitándose inmoralidad en el hacer/ conducta. Me amparo en una resolución, sé que no se cumplen los presupuestos que dieron lugar al derecho que nace de la misma, y sigo beneficiándome dañando al inicialmente obligado. No cabe amparo de ese proceder, y en iteración la duda fáctica sí me protege, pero la nitidez del hecho hace decaer mi derecho, hace que mi conducta no sea protegible/amparable (…) incardinación en un cobro indebido, por quien recepciona. (Corchetes explicativos fuera de texto) La SAP de Albacete de 21 de octubre de 2020 27 distingue entre la pensión de alimentos de hijos mayores de edad que convivan en el domicilio familiar y carezcan de ingresos propios y la pensión de alimentos de hijos menores de edad, concluyendo de la mano del artículo 93 CC que, El Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento. Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este Código. De donde se deduce la distinta naturaleza de las pensiones en uno y otro caso, con profuso apoyo jurisprudencial, de forma que, [...] mientras la obligación alimenticia de los hijos menores de edad resulta incondicional (derivando directamente del mandato contenido en el art. 39 CE), con una extensión total (al comprender todo lo necesario para el sustento propiamente dicho y además habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción según resulta del art. 142 CC ) y siendo su base no solo la patria potestad sino la paternidad biológica (ya que el artículo 110 CC impone a los padres la obligación de velar por los hijos menores y prestarles alimentos aunque no ostenten la patria potestad), el deber de alimentos respecto de los hijos mayores de edad deriva del artículo 143 CC que dispone que están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión que señala el artículo precedente entre 27 SAP de Albacete n° 461/2020, de 21 de octubre. Reflexiones sobre la posible modificación o extinción de la pensión de alimentos: análisis jurisprudencial Reflections on the possible modification or extinction of the food pension: jurisprudential analysis 101 VOX JURIS (40) 2, 2022 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 otros los ascendientes y descendientes, siendo su fundamento el principio de solidaridad familiar, que si bien obliga a los parientes a atender las necesidades vitales que cualquiera de ellos tenga o no pueda satisfacer por sí, no resulta absoluto, por cuanto que el mismo debe ponerse en relación con la actitud personal del alimentista, dando lugar según criterio dominante de la doctrina civilista que a partir del momento en que se adquiere una determinada capacitación, la lucha por la vida es asunto personal que cada uno ha de resolver, si bien no se puede dejar de tomar en consideración el fracaso en esa lucha (v. gr., el desempleo) o la imposibilidad de tomar parte en ella (v. gr., niños, enfermos, disminuidos físicos y psíquicos…), como por otro lado se deduce de lo dispuesto en el art. 152 CC al señalar que cesará la obligación de dar alimentos entre otros casos, cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia. Concluye la precitada SAP de Albacete que, […] mientras la obligación de alimentos a los hijos menores se basa de la presunción de su indispensabilidad ya que de ordinario durante la minoría de edad es necesaria la asistencia de los padres, en el caso de los alimentos a los hijos mayores de edad, para que la obligación surja, es necesario que se acredite de manera precisa que las condiciones de vida del hijo mayor no le permiten la posibilidad de defenderse por sí solo en la vida, concurriendo circunstancias ajenas a su voluntad que colocarían al hijo mayor en una situación de cuasi indigencia social y económica. En estrecha relación con lo dicho, tampoco cabe solicitar la extinción con efectos retroactivos de los alimentos abonados y consumidos, pese a acreditar que los hijos cuenten con ingresos propios suficientes que les lleve a tener una vida independiente de sus progenitores en otro domicilio (STS n° 147 de 12 de marzo de 2019). Aunque lógicamente, en dicho contexto, si se pueda y deba solicitar dicha extinción. La propia naturaleza de la una pensión de alimentos entre parientes conlleva la posibilidad de que al variar las condiciones que soportaron la fijación de la pensión de alimentos a favor de un alimentista, se pueda solicitar la modificación o extinción de la obligación alimenticia. Con todo, el legislador no ha fijado un listado taxativo de eventos, pero de una revisión simple del articulado del CC se puede deducir que esta obligación se puede modificar cuando se verifique la mutación de las condiciones iniciales económicas del obligado o del beneficiario, ex artículo 147 CC, y se puede solicitar su extinción, entre otras, por las causas establecidas en los artículos 150 y 152 CC. Especial mención merece el tema que los alimentos debidos a menores de edad incluyen de forma más amplia los conceptos sufragados con la pensión de alimentos, ya indicados en este artículo, y que aquellos debidos a mayores de edad, deben tener una interpretación más restrictiva y pro tempore , tal y como se deduce de las interpretaciones jurisprudenciales reiteradas de los tribunales españoles. En este sentido encontramos que, frente a lo que ocurría décadas atrás, en la actualidad no es insólito que se imponga una edad determinada para la extinción de dicha pensión de alimentos, sobremanera cuando se prevea que por el contexto familiar los hijos van a tener formación universitaria. Esta opción parece bastante razonable y contribuye a clarificar el horizonte jurídico familiar, para que los hijos tengan la convicción real de que la pensión de alimentos no se configura con carácter “vitalicio” y así, se logra como efecto directo de la determinación de las condiciones de la pensión, el desincentivar el llamado “parasitismo social”, verbigratia encontramos que la SAP de Soria de 5 de diciembre de 2012 28 , indica que: “La obligación alimenticia de los hijos mayores de edad no puede tener carácter incondicional e ilimitado temporalmente por lo que se extinguirá cuando la hija alcance la independencia económica o bien cuando cumpla 25 años”. La SAP de Pontevedra, de 6 de julio de 2020 29 informa de la doctrina aplicable por el TS cuando se ha estudiado la posibilidad de que los hijos mayores de edad, que han completado su formación académica o que deberían haberlo hecho, puedan seguir percibiendo pensiones de alimentos a cargo de sus progenitores, e indica: […] sobre esta cuestión venimos matizando la interpretación de los preceptos legales, en línea con la doctrina jurisprudencial emanada de la Sala Primera del TS, en el sentido de entender que no puede correr a cargo de los padres un mantenimiento sine die de las atenciones de 28 SAP de Soria n° 142/2012, de 5 de diciembre. 29 SAP de Pontevedra n° 398/2020, de 6 de julio. Alejandro Rosillo Fairén | Angélica María Castro Acosta 102 ISSN: 1812-6804 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 los hijos, que siguen habitando en la vivienda por pura indolencia o con notorio desinterés en la exigencia de lograr vida independiente, cuando no consta impedimento alguno, físico o psíquico, para pretender acceder al mercado laboral (puede citarse, entre las más recientes, las de 13 y 20 de septiembre de 2010). 12. Cuando los hijos alcanzan una edad lo suficientemente avanzada como para considerar que deberían haber accedido ya a una posibilidad de vida independiente, -operando con pautas de normalidad y en función de las circunstancias de cada caso-, sin que hubieran acabado su formación académica sin razones que lo justificaran, hemos accedido a las pretensiones de extinción de la pensión alimenticia, especialmente en aquellos casos en los que ni siquiera se había intentado convencer sobre la realización de efectivos esfuerzos de incorporación al mercado laboral. 13. La doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del TS insiste en los mismos aspectos, (por todas, STS 558/2016, de 21.9, citada en resoluciones posteriores). Por ello para continuar con este estudio, sin afán taxativo, se enuncian posibles causas de modificación o extinción de la pensión de alimentos. Causas de modificación de la pensión de alimentos Son causas de una posible solicitud de modificación de una pensión alimentaria, entre otras, las siguientes: 1. Disminución de las necesidades del alimentista : Se podrá reducir la pensión de alimentos de forma proporcional a la disminución de las necesidades del alimentista, ex art. 147 CC. 2. Disminución del caudal o medios del alimentante : Se podrá reducir de forma proporcional la pensión de alimentos cuando se verifique la disminución de la fortuna o situación económica del alimentante, ex. Art. 147 CC 30 . 30 En La SAP de Baleares n° 63/2014, de 18 de febrero, impone una pensión inferior a su baremo normal a un padre insolvente y en situación de desempleo a favor de una hija de 26 años de edad, que convivía con la madre y estaba contratada a tiempo parcial en unos grandes almacenes, pero que continuaba estudiando y mientras continuase con su formación y no sea económicamente independiente considerando que “si bien la propia Audiencia Provincial viene fijando unos mínimos en cuanto a pensión de alimentosserefierequeoscilanalrededordelos150euros mensuales, en el presente caso (…) de forma excepcional no resulta posible establecer dicho mínimo” En este sentido la SAP de Cádiz, de 23 de octubre de 2020 31 enfatiza: En definitiva aunque esta obligación de prestar alimentos a los hijos se constituye en un deber inexcusable, no es el mismo tan absoluto que obligue a su mantenimiento cuando consta acreditado en autos que el progenitor a quien se reclaman carece de ingresos o estos son tan reducidos que no alcanzan a cubrir siquiera sus propias necesidades, que vienen siendo atendidas por sus familiares y /o amigos, pues en ese caso esa carencia se convierte evidentemente en una causa de fuerza mayor que impide incluso la fijación del denominado mínimo vital, al convertirse en una prestación imposible. (…) procede la estimación del recurso y la suspensión de la obligación alimenticia ya que nos encontramos ante una situación de pobreza absoluta del alimentante que haría ilusoria cualquier obligación. La SAP de Oviedo, de 26 de octubre de 2020 32 indica que, […] por mucho que estemos ante un deber natural y legal de primera orden que deriva del propio hecho de la filiación, la fijación de una prestación alimenticia o la continuidad de la previamente fijada requiere que el obligado a prestarlos tenga medios y bienes suficientes para atender a los alimentos sin descuidar sus propias necesidades, como así resulta de lo dispuesto en el art. 152 del Código Civil , en el que se contempla como causa de extinción, que se convierte en causa de inexigibilidad o 31 SAP de Cádiz n° 1068/2020 de 23 de octubre. 32 SAP de Oviedo n° 370/2020, de 26 de octubre. Es interesante la diferenciación que hace la sentencia cuando indica: “Esta Sala tiene declarado con reiteración, recogiendo la jurisprudencia del TS (doctrina contenida en sus sentencias de 16 de julio de 2002 y 5 de octubre de 1993, entre otras, interpretando el Art. 146 del C. Civil), que la obligación de prestar alimentos a los hijos menores, tiene unas características peculiares que la distinguen de las restantes deudas alimentarias legales entre parientes, una de cuyas manifestaciones más específicas alcanza a la cuantía, en cuya determinación debe superarse la pauta ordinaria de alcanzar exclusivamente a los indispensables para hacer frente a las necesidades, debiendo seguirse criterios de mayoramplitudenbeneficiodelosmenores.Lacuantíaha defijarseporelloteniendoencuentaelniveleconómicode la familia en sintonía con el interés público de protección de la infancia que subyace en esta, como en el resto de las institucionesqueregulaciónlasrelacionespaterno-filiales. Ahora bien, aun cuando esta obligación de dar alimentos a los hijos es un deber natural de primer rango y por ello la ley trata de rodearla de las mayores garantías de efectividad, anticipando por ejemplo, como se recoge en la reciente sentencia de esta Sala de 7 de octubre próximo pasado, su exigibilidad al momento de interponer la demanda (art. 148 del C. Civil ), sustrayéndolo a la libre disposición de las partes (art. 151 de ese mismo texto legal ), suprimiendo las restricciones impuesta al embargo de salarios (art. 608 de la LEC)oconfigurándolocomodeudadelamasadelconcurso (art. 47 de la Concursal), (…) Reflexiones sobre la posible modificación o extinción de la pensión de alimentos: análisis jurisprudencial Reflections on the possible modification or extinction of the food pension: jurisprudential analysis 103 VOX JURIS (40) 2, 2022 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 suspensión cuando concurra en el momento de ser reclamados, aquel supuesto en que la fortuna del obligado a darlos sea inexistente o se hubiera reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades. En definitiva aunque esta obligación de prestar alimentos a los hijos se constituye en un deber inexcusable, y así se deduce del propio art. 93 del C Civil, en el que imperativamente se previene la obligación del juez de determinar la cuantía de esa contribución, ello no obstante, conciliando dicha previsión con las ya citadas de los arts. 146 y 152 del propio Código Civil, resulta que esa imperatividad en el pago de la pensión de alimentos a los hijos, no puede reputarse tan absoluta para obligar en todo caso bien a su fijación inicial bien a su mantenimiento posterior, en aquellos supuestos en que conste acreditado en autos que el progenitor a quien se reclaman carece de ingresos o estos son tan reducidos que no alcanzan a cubrir siquiera sus propias necesidades, que vienen siendo atendidas por sus familiares, amigos o actual pareja sentimental como es el caso, pues en tales supuestos, esa carencia se convierte evidentemente en una causa de fuerza mayor que impide incluso la fijación del denominado mínimo vital, al convertirse en una prestación imposible, justificando no la extinción de esta obligación, que debe ser mantenida, sino a suspender su efectividad en tanto subsista la situación de carencia de ingresos y precariedad económica en el obligado al pago. 3. Aumento de las necesidades del alimentista: Se podrá aumentar la pensión de alimentos de forma proporcional al aumento de las necesidades del alimentista siempre que se constate la capacidad económica del alimentante obligado por aumento de esta o por mantenimiento de la capacidad en medida que le permita asumir dicho aumento, ex. Art. 147 CC. 4. Aumento de la fortuna del alimentante: Es una posibilidad que si, tomando en consideración la fortuna del alimentante, se hubiese fijado una cuantía inferior, una vez mejorada tal fortuna, se puede pedir la revisión de la pensión de alimentos y solicitar su aumento, ex. Art. 147 CC. Causas de la extinción de la pensión de alimentos Son causas de una posible solicitud de extinción de una Pensión Alimentaria, entre otras, las siguientes: 1. Por muerte del obligado a prestarla (alimentante) (Art. 150 CC). 2. Por muerte del alimentista (beneficiario) (Art. 152.1 CC). 3. Cuando la fortuna del obligado a darlos (alimentante) se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia (Art. 152.2 CC). La SAP de Madrid n° 703/2014, de 19 de enero de 2015 analiza que el obligado no tenía medios suficientes, para poder hacer efectiva la pensión de alimentos, quien percibía cuando se dictó sentencia 889,76 euros, mientras que en la actualidad está en situación de desempleo “Con tal fundamento la AP decide extinguir la obligación de dar alimentos a su hijo mayor de edad” con aplicación de lo dispuesto por el artículo 152 del Código Civil. En similar sentido la STS n° 666/2017, de 13 de diciembre al analizar que el hijo del alimentante pueda trabajar y trabaja a pesar de la minusvalía física acreditada y que el propio alimentante es una persona afectada de una incapacidad absoluta para toda actividad laboral y que percibe por ello una pensión del INSS, de 703,26 euros mensuales, considera que el padre […] también merece una especial protección traducida en la extinción de la prestación alimenticia a su cargo pues carece de medios para que, una vez atendidas sus necesidades más perentorias, es decir, aquellas que resultan de la incapacidad permanente absoluta, pueda cumplir con la obligación de pagar la pensión de alimentos fijada en el procedimiento de separación a favor de su hijo, actualmente mayor de edad [27 años] y en condiciones de desarrollar una actividad laboral retribuida. 4. Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión de alimentos para su subsistencia. (Art. 152.3 CC) Recuerda la SAP de Ciudad Real, de 24 de septiembre de 2020 33 . 33 SAP de Ciudad Real n° 538/2020, de 24 de septiembre. Alejandro Rosillo Fairén | Angélica María Castro Acosta 104 ISSN: 1812-6804 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 […] la obligación de los padres de prestar alimentos carece de justificación para los hijos mayores de edad, cuando éstos han alcanzado la posibilidad de proveer por sí mismos sus necesidades, posibilidad, que si bien no se identifica con una mera capacidad subjetiva de ejercer una profesión u oficio, sino que es preciso se trate de una posibilidad real y concreta en relación con las circunstancias concurrentes, se viene entendiendo que concurre cuando ya se ha producido su incorporación al mundo del trabajo, incorporación que hay que entender producida en las condiciones de precariedad laboral, trabajo temporal o provisional, en que lo hacen gran parte de los jóvenes en nuestro país, que no obstante no ser empleo estable o fijo proporciona medios de subsistencia, pues no hay que olvidar que las normas hay que interpretarlas con arreglo a la realidad social existente en el momento de su aplicación (artículo 3.1 del Código Civil). Con tono más contundente y hablando de la prevención de un posible “Parasitismo Social” la SAP de Ourense de 28 de septiembre de 2020 34 resume: […] conforme a la doctrina jurisprudencial (STS 30 de diciembre de 2000) el derecho a la prestación de alimentos subsiste tras la mayoría de edad, siempre que la situación de necesidad no sea imputable al beneficiado. La STS de 23 de febrero de 2000 indica que para que proceda el abono de alimentos han de darse “determinadas circunstancias, como son reveses de la fortuna, siniestros imprevisibles, enfermedades graves, etc.,” e incluso cabe añadir que en los supuestos de imposibilidad para trabajar, el amplio paraguas tuitivo del sistema nacional y autonómico de protección social prestaciones contributivas y no contributivas, respectivamente) de los artículos 136 y siguientes de un lado, y 144 y siguientes, de otro, ambos de la LGSS, contemplan las correspondientes pensiones, algunas vitalicias, para quienes padecen secuelas físicas y/o psíquicas que le imposibiliten para trabajar. Por tanto, el valor principal en los conflictos interparentales, que es el favor filii, entendido como el interés objetivo (no subjetivo, atendiendo a deseos o inclinaciones) de la prole, (en general y en su concreción en el deber de prestar alimentos) ha de presidir todas las medidas que se adopten judicialmente, pero comienza a debilitarse con el crecimiento y madurez de los hijos, de forma que, en prioridad, ya con la mayoría 34 SAP de Ourense n° 376/2020, de 28 de septiembre. de edad debe irse difuminando y mantenerse sólo cuando sea preciso para completar la educación superior, pero si se merece por parte de los hijos, en base a sus posibilidades y rendimiento académico o a sus expectativas laborales. Por ello el citado artículo 152 del C.C. prevé como causa de extinción de los alimentos que el alimentista pueda ejercer una profesión o su falta de aplicación al trabajo. En esta línea debe cuidarse de que bajo la apariencia de satisfacer una necesidad filial no se oculte una situación de parasitismo, pues en una sociedad económica y socialmente libre, el esfuerzo, el interés y el sacrificio habrán de dar sus resultados, no pudiendo los jóvenes rendirse a la desidia, pretendiendo que sus padres les mantengan, con su esfuerzo y trabajo, argumentando la excusa de la situación de desempleo y la alta tasa de paro. La STS n° 184/2001, de 1 de marzo de 2001, afirma […] no hay base suficiente para que siga vigente tal obligación alimenticia (…) porque dos personas, graduadas universitariamente, con plena capacidad física y mental y que superan los treinta años de edad; no se encuentran, hoy por hoy, y dentro de una sociedad moderna y de oportunidades, en una situación que se pueda definir de necesidad, que les pueda hacer acreedores a una prestación alimentaria; lo contrario sería favorecer una situación pasiva de lucha por la vida, que podría llegar a suponer un “parasitismo social. En múltiples pronunciamientos judiciales 35 se prevé que la incorporación de un mayor 35 Véase por todos: SSAP de Barcelona n° 781/2020, de 25 de noviembre al analizar el caso concluye que “el hijo ha trabajado, aunque sea con contratos temporales pero de duración suficiente para acceder al desempleo, es decir, cabe afirmar un acceso al mercado laboral que produce la extinción de la pensión de alimentos en el proceso matrimonial al margen de cuál sea su situación actual. Debe por tanto estimarse la petición de extinción de la pensión de alimentos fijada.”; de Barcelona n° s.n/2000, de 11 abril 2000 recuperada en el link https://www. poderjudicial.es/search/AN/openDocument/05d9a8db 1ed6de63/20050317, consultado el 30 de abril de 2021, donde se explica que “el acceso al mercado laboral del hijo mayor de edad del matrimonio, (…) con el percibo de remuneraciones salariales suficientes para atender sus necesidades alimenticias, determina la inconcurrencia de todos y cada uno de los presupuestos del párrafo segundo del artículo 93 del Código Civil, pues si bien convive con su madre en el hogar familiar, acontece que tiene una vida económicamenteindependiente,loquedeterminaconfirmar el pronunciamiento de la sentencia apelada referido a la causa extintiva de la obligación de prestación de alimentos, a cargo de su progenitor, establecida en la causa de divorcio matrimonial, con la consecuente estimación de la demanda reconvencional deducida en el presente incidente de modificacióndemedidas”.LaSAPdeSevillan°1830/2017, de 29 de junio, revoca la pensión de alimentos al hijo mayor de edad, por su incorporación al mercado laboral. Reflexiones sobre la posible modificación o extinción de la pensión de alimentos: análisis jurisprudencial Reflections on the possible modification or extinction of the food pension: jurisprudential analysis 105 VOX JURIS (40) 2, 2022 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 de edad al mercado laboral, hace cesar la obligación alimenticia que recaía sobre su progenitor alimentante. Así la STS n° 603/2015, de 28 de octubre, al evaluar la necesidad de alimentos del alimentista, reitera el criterio de que la necesidad debe ser real, al no constatarse esto, consideró que debía dejarse sin efecto la pensión de alimentos que había sido fijada a favor del hijo, mayor de edad, dado que había accedido al mercado laboral, aún de forma intermitente, además de haber abandonado su formación reglada y poseer una vivienda de su propiedad. Considerando que el hijo se había conducido con pasividad, actitud que no debería repercutir negativamente en su padre. 5. Cuando el alimentista (beneficiario), siendo o no heredero forzoso del alimentante, hubiere cometido alguna falta de las que dan lugar a la desheredación previstas en los artículos 852 a 855 CC. (Art. 152.4 CC). 6. Cuando el alimentista (beneficiario) sea descendiente del obligado a dar alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo, mientras subsista esta causa. (Art. 152.1 CC). Esta causal debe ser extendida también al mal o escaso aprovechamiento académico o la desidia en su formación, como vemos en la SAP de Madrid, de 3 de noviembre de 2020 36 cuando recuerda que, […] el régimen jurídico de los alimentos a los hijos menores de edad y a los hijos mayores es diferente; existiendo un criterio legal más restringido para mantener la obligación de alimentos a los hijos mayores de edad, a través del progenitor conviviente y ello es razonable pues con la mayoría de edad los hijos alcanzan su plenitud de derechos, pero también determinadas obligaciones, y los progenitores ya no deben a los mismos una prestación incondicional, sino que cumplen con lo indispensable para la subsistencia (alimentos, vestido, habitación y sanidad) mientras se continúe la formación con aprovechamiento. Cuando ello ya no ocurre esa continuidad respecto de la situación mantenida durante la menor edad, desaparece y debe disponerse la extinción de la prestación que preexistía. 37 36 SAP de Madrid n° 845/2020, de 3 de noviembre. 37 Igual criterio se sigue en las siguientes sentencias: Sentencia del JPI nº 24 de Madrid de 22 de mayo de 2014 La STS n° 395/2017, de 22 de junio, declara la extinción de la pensión de alimentos de un “ni-ni”, al precisar que […] la no culminación de estudios por parte del joven es por causa imputable a su propia actitud, dado el escaso aprovechamiento manifestado de forma continuada, pues no se trata de una crisis académica coyuntural (…) debiéndose las interrupciones y la prolongación en el tiempo a su escasa disposición para el estudio. Tampoco consta intento de inserción laboral. planteaba el supuesto de una joven, de 25 años, que estaba matriculada por octavo año consecutivo en Ciencias de la Información (siendo en aquel momento de cinco años la duración de los estudios), se encontraba viviendo maritalmente con su pareja fuera del domicilio paterno y obtenía unos ingresos de aproximadamente 800 euros mensuales por su condición de becaria. El padre abonaba más de 600 euros mensuales en concepto de alimentos y, lógicamente, pretendía su extinción, que le fue concedida; SAP de Málaga n° 428/2012, de 19 de julio, informa que "de la interpretación conjunta de los artículos 142 y 152.5 del Código Civil, puede concluirse, que si un hijo, ya mayor de edad, muestra desidia en su formación, es decir, en la dedicación a los estudios necesarios para acceder al mundo laboral,nofinalizandoesosestudiosenunplazorazonable pornomostrarselosuficientementeaplicadocualeselcaso que nos ocupa, sin duda, cesa la obligación de los padres en orden a los alimentos, ya que no puede imponerse a unos padres que sean víctimas de la mala conducta o inaplicación del hijo”; SAP de A Coruña n° 357/2007, de 12 de julio, donde citando la STS de 1 de marzo de 2001 explica que “la reclamación de alimentos no abarca las situaciones de parasitismo social” y continúa diciendo que “La falta de aplicación a sus estudios por parte de la actora, que cuenta con 27 años de edad, es tan evidente, que un simple examen de su expediente personal demuestra una notoria falta de interés por los estudios cursados. No es de recibo que lleve matriculada en la Facultad de Biología desde el curso 2000-2001 y hasta el mes de julio del 2006, es decir durante seis años sólo haya aprobado 5 asignaturas (…)”. Concluyendo el ad-quem revocando el fallo de instancia y decretando con apoyo en el art. 152.5 CC la extinción de los alimentos, resaltando que “no puede reclamar ayuda para sus estudios quien no está dispuesta a estudiar, pues sin tal requisito pierde el derecho que le brinda la Ley.”; STS n° 395/2017, 22 de junio, que declara extinguida la pensión de alimentos y la obligación del padre del pago de alquiler de la vivienda, a hijo de 23 años que terminó la ESO con 20 años y lleva tres sin estudiar ni trabajar; STS n° 298/2018, de 24 de mayo, extingue la pensión de alimentos por escaso aprovechamiento académico y falta de medios en el obligado al pago, respecto a una hija de 30 años, que lleva 11 cobrando pensión de su padre, y no ha terminado los estudios de química industrial, frente al padre actualmente en paro y cobrando 426 € y con otro hijo de 7 años a cargo; y SAP de Barcelona n° 307/2019, de 09demayo,conmagníficocriteriodesestimalapeticiónde alimentos de un hijo de 24 años a sus dos progenitores, que estaban separados, que vive en compañía de sus abuelos paternos al haber abandonado el domicilio paterno por sus desavenencias al no querer estudiar ni trabajar y precisa “Lo que no cabe pretender es que los parientes, por más cercanos que sean, sostengan las ilusiones o expectativas de sus más cercanos allegados adultos. La norma jurídica, sobre una base ética, únicamente tiende a proteger la vida, aquello indispensable para seguir viviendo, pero una vez el adulto tiene lo mínimo para tener cobijo, salud y alimento, ya es cuestión de cada uno como la pueda y la quiera vivir con sus propios medios.” Alejandro Rosillo Fairén | Angélica María Castro Acosta 106 ISSN: 1812-6804 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 El Tribunal continúa, con pretensiones de síntesis de las soluciones jurisprudenciales dadas a este tipo de casos, indicando Esta Sala, acudiendo a las circunstancias mencionadas del caso concreto, ha decidido, bien por negar los alimentos para no favorecer una situación de pasividad de dos hermanos de 26 y 29 años, bien por concederlos (STS 700/2014, de 21 noviembre) a una hija de 27 años por entender que no es previsible su próxima entrada en el mercado laboral, cuando la realidad social (artículo 3.1 CC) evidencia la situación de desempleo generalizado de los jóvenes, incluso con mayor formación que la hija de la que se trata. 7. En el desarrollo jurisprudencial reciente efectuado en la STS n° 104/2019, de 19 de febrero, encontramos la configuración de una nueva causa de extinción, referida a la ausencia de relación paternofilial entre alimentista (Beneficiario) y alimentante (Obligado), no originada por el obligado. Algunos autores han optado por llamarla distanciamiento o ingratitud, pero en este artículo se privilegiará la enunciación genérica y técnica de ausencia de relación paternofilial. Con la STS 104/2019, de 19 de febrero, se sientan las bases de una nueva línea de interpretación jurisprudencial 38 , reconociendo como causal de extinción de la obligación legal de alimentos la ausencia de relación familiar paterno-filial, imputable exclusivamente al beneficiario de los alimentos (alimentista), reconociendo la existencia de un tipo de maltrato de alimentista a alimentante, en donde rechaza cualquier contacto con éste pero si recibiendo de él su dinero por alimentos y beneficiándose del mismo. Creando, además, tal vez sin proponérselo, un punto de inflexión para la posible interpretación de temas conexos como desheredación, incapacidad para suceder, entre otros. 38 Lalíneaanterior,queseencuentraenmodificaciónincluía sentencias donde se interpretaba muy restrictivamente esta posibilidad, aduciendo que dicha causa “exigiría la concurrencia de aquellas circunstancias, artículo 152 CC que en su caso podrían dar lugar a la desheredación”, además que la misma era de “difícil concreción objetiva”, exigiendo adicionalmente una prueba casi plena e imposible de los hechos alegados, en tal línea se sitúan las siguientes sentencias: SSAAPP de Lleida n°385/2014, de 24 de septiembre, de Barcelona n°413/2017 de 26 de abril, de Barcelona n° 602/2017, de 29 de junio, de Soria n° 170/2004, de 23 de noviembre, de Las Palmas n° 172/2015, de 20 de marzo. Siguiendo esta nueva línea encontramos la SAP de A Coruña n° 238/2020, de 22 de julio, en donde se analiza que […] desde el nacimiento del hijo común de los litigantes (…) no ha existido relación ni comunicación alguna con su padre, por lo que concurre una ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre ambos, con una evidente situación de desapego o desafección mantenida en el tiempo, no coyuntural o transitoria, que hace desaparecer el principio de solidaridad y vinculación familiar en el que se fundamenta el derecho a los alimentos, que no pueden ser reclamados en beneficio de quien renuncia a la relación familiar, como ocurre en este caso con el hijo de los litigantes, que además ha alcanzado hace un año la mayoría de edad, sin haber acreditado en ningún momento una actitud o predisposición favorable al establecimiento de algún tipo de vínculo o relación con su padre. Esta AP en mención, analiza la posición del TS precisando, […] también ha abordado la jurisprudencia la cuestión relativa a si la ausencia continuada de relación de los hijos mayores de edad con el progenitor alimentante puede ser causa de extinción o cese de la obligación de dar alimentos, de conformidad con lo establecido en el art. 152-4º, en relación con el art. 853, del Código Civil, que, a diferencia de otros ordenamientos civiles, como el Código Civil de Cataluña, no contempla como causa de desheredación específica la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre causante y el legitimario, por causa imputable a éste, por lo que propugna una extensión de las causas concretas de desheredación previstas, haciendo una interpretación flexible de las mismas conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen, mientras el legislador no prevea expresamente dicha circunstancia, pero haciendo una interpretación rígida y restrictiva a la hora de valorar la existencia de tales causas, en atención al espíritu sancionador que las informa. De acuerdo con esta jurisprudencia, para decidir si la ausencia de relación entre el alimentista y sus hijos puede integrarse en el art. 853- 2ª del Código Civil, por vía de interpretación flexible de esta causa de desheredación, ha de acudirse a la doctrina sobre el fundamento del derecho a los alimentos de los hijos mayores de edad, que radica en la solidaridad familiar e intergeneracional, la cual a su vez debe ponerse en relación con la actitud personal Reflexiones sobre la posible modificación o extinción de la pensión de alimentos: análisis jurisprudencial Reflections on the possible modification or extinction of the food pension: jurisprudential analysis 107 VOX JURIS (40) 2, 2022 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 de quien se considera necesitado (SSTS 12 febrero 2015 y 21 septiembre 2016), de modo que si esa solidaridad desaparece por haber incurrido el hijo en alguna de las conductas reprobables previstas en la ley es lícita la extinción, porque no es equitativo que quien renuncia a la relación familiar se beneficie de una institución jurídica que se funda, precisamente, en los vínculos familiares, si bien la apreciación de la prueba sobre la concurrencia de la causa, esto es, la falta de relación manifiesta y que esa falta sea imputable de forma principal y relevante al hijo, ha de ser objeto de interpretación rigurosa y restrictiva (STS 5 febrero 2019). La SAP de Madrid, de 1 de septiembre de 2020 39 sostiene que, […] al constatar la negativa de los hijos a relacionarse con el padre, situación de hecho que aparece consolidada, y por la que éste carece de trato con ellos y conocimiento de la evolución de sus estudios (…) es impropio que subsista la pensión a favor de los alimentistas, por cuanto se estaría propiciando una suerte de enriquecimiento injusto a costa de un padre al que han alejado de sus vidas. En otro aparte expresa, […] cuando la solidaridad intergeneracional ha desaparecido por haber incurrido el legitimario en alguna de las conductas reprobables previstas en la ley es lícita su privación. No resultaría equitativo que quien renuncia a las relaciones familiares y al respaldo y ayuda de todo tipo que éstas comportan, pueda verse beneficiado después por una institución jurídica que encuentra su fundamento, precisamente, en los vínculos parentales 40 . 39 SAP de Madrid n° 686/2020, de 1 de septiembre. 40 Sobre otras cuestiones que derivan en extinción de la pensión de alimentos, encontramos: La STS n° 558/2016, de 21 de septiembre, declara extinguida la pensión a cargo del padre de un hijo de 27 años, soldador profesional, que dice estar en paro y ayudar a veces y sin contrato a su madre en su agencia inmobiliaria porque “no se puede olvidar que quien postula alimentos para el hijo es la madre, al amparo del art 93. CC, y carece de sentido y no es razonable que aduzca la dificultad del mismo para acceder a un empleo cuando precisamente ella tenía en su mano facilitárselo.” La STS n° 95/2019, de 14 de febrero, ratifica la extinción de una pensión a favor de uno de los dos hijos del demandado al transcurrir un año desde la sentencia de la audiencia,quemodificóladeinstanciaintroduciendoeste límite, tratándose de un hijo mayor de edad que no había conseguido superar 2º de bachillerato en los tres años anteriores. Con relación al abandono voluntario de un hijo del domicilio familiar, la STS 151/2000, de 23 de febrero indica “entre dichas personas ha surgido una cuestión que sociológicamente está comúnmente denominada «lucha Modificación o extinción de la obligación legal de alimentos en el caso de hijos mayores de edad con discapacidad Dentro de la práctica jurídica, este tipo de peticiones no son inusuales. La petición puede efectuarse por el alimentante y debe acreditar las condiciones estudiadas para cualquier modificación o extinción de la pensión de alimentos. Así encontramos la STS n°296/2015, de 2 de junio que en el caso de un discapacitado intelectual precisa que, […] la supresión de los alimentos vulnera lo dispuesto en el artículo 39.3 CC y en los artículos 93 y 142 del Código Civil, ya que los progenitores están obligados a prestar alimentos a sus hijos menores de edad y a los mayores, como en este caso, discapacitados que no pueden mantenerse por sí mismos: (i) La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que ha sido ratificada por España en fecha 23 de noviembre de 2007, reconoce el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y la mejora continua de sus condiciones de vida (STS 7 de julio 2014). (ii) La pensión no contributiva podrá tener proyección a la hora de cuantificar la pensión en relación con las posibilidades del obligado, pero “ per se ” no puede conducir, como se recoge en la sentencia recurrida, a una supresión de la pensión (STS 10 de octubre 2014), máxime cuando no es suficiente para cubrirlas necesidades del hijo. generacional»;ydichasituaciónsederiva,enprimerlugar, de la posición de unos padres, que tratan de fijar una norma de vida -horarios, salidas y otros aspectos similares- para una convivencia común y familiar en el hogar, y, en segundo lugar, el desacuerdo con la misma, de una hija que pretende realizar su vida con arreglo a unas normas que, ella, cree imprescindible para desarrollar y reafirmar su personalidad. Las dos partes tienen toda la razón y todo el derecho a actuar como han actuado; y, sobre todo, la hija ha ejercitado, al salir del hogar paterno -no consta que fuera expulsada conminatoriamente del mismo- uno de los mayores, por no decir el mayor, de los bienes o valores que tiene el ser humano, como es el del ejercicio de la libertad personal. Ahora bien, dicha parte recurrente en casación no puede ni debe olvidar, que muchas veces la libertad como valor social particular, exige el pago de un precio, como es el de la pérdida de ciertas comodidades, y de sufrir contratiempos dolorosos, que van desde el área de los afectos hasta el entorno laboral. Y lo que no se puede pretender es realizar un modelo de vida propio y con arreglo a unos principios de conducta, que atacan y contradicen a los de un entorno familiar y social, y seguir obteniendo las ventajas de acogimiento y económicas de dicho entorno, que se rechaza”. Alejandro Rosillo Fairén | Angélica María Castro Acosta 108 ISSN: 1812-6804 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 Esta manifestación precedente no es óbice para concluir que en principio no procederá una modificación o extinción de pensiones alimenticias frente a mayores de edad discapacitados. Sin olvidar que existen casos donde los hijos discapacitados poseen un caudal económico suficiente para hacer frente a sus gastos y que por ello no requieren pensión de alimentos, por ello al desaparecer la causa de necesidad que mueve el otorgamiento de este tipo de pensiones, debería concordantemente desaparecer la obligación del alimentante. Es de mencionar que los hijos discapacitados se equiparaban antiguamente de forma automática a los menores a efectos de alimentos, tesis que ha ido condicionándose por desconocer las situaciones actuales de crisis familiar, debido a que la normativa se originó en una época en donde no existía legislación sobre divorcio. Por ello en materia de alimentos, en especial en casos de conflictos entre los progenitores, la asimilación no es automática, sino que, partiendo de la presunción de capacidad de toda persona, pese a la minusvalía, declarada judicialmente o no, se hace una gradación individualizada de las restricciones, valorándose las potencialidades del hijo para allegar sus propios recursos, con su trabajo o con ayudas públicas. Explica Vara González (2020) que “se aplica también a incapacitados la vertiente habitacional del deber de alimentos: rige también la extinción del uso de la vivienda tras alcanzar la mayoría de edad, cualquiera que sea su grado de incapacidad”. La SAP de Barcelona n° 233/2019, de 20 de marzo, que a propósito de los alimentos a un hijo con trastorno bipolar, declara la extinción de la pensión de alimentos a un hijo con una discapacidad administrativa del 68% sin incapacitación judicial, que sin embargo trabajaba y residía por períodos en una fundación vinculada al centro sanitario donde fue trasladado para su tratamiento médico. Para las SSTS n° 372/2014, de 7 de julio y n° 430/2015, de 17 de julio La situación de discapacidad de un hijo mayor de edad no determina por sí misma la extinción o la modificación de los alimentos que los padres deben prestarle en juicio matrimonial y deberán equipararse a los que se entregan a los menores mientras se mantenga la convivencia del hijo en el domicilio familiar y se carezca de recursos. La STS n° 666/2017, de 13 de diciembre, a propósito de un padre que solicita la extinción de la pensión de alimentos por desmejoramiento de sus condiciones al ser discapacitado total y porque su hijo discapacitado parcial ha estudiado e ingresado al mercado laboral, declara extinguida la pensión de alimentos aunque el hijo mayor de edad padeciera una minusvalía; justificándose en que no se probó el hecho que la minusvalía del hijo le impidiese trabajar y debido a que si obraba prueba que el padre carecía de medios económicos para, una vez atendidas sus necesidades más perentorias, cumplir con la obligación de la pagar alimentos a su hijo. 41 En importante sentencia de 13 de diciembre de 2017 el TS 42 frente a un hijo discapacitado pero incorporado en el mercado laboral cuyo padre alimentista es incapacitado absoluto para trabajar indica […] el hijo no solo puede trabajar, sino que trabaja a pesar de la minusvalía física acreditada. Es más, no consta que esta situación haya influido en el desarrollo de su formación, como tampoco consta que no puede integrarse en el mundo laboral. Pero es que, además, quien le alimenta es una persona afectada de una incapacidad absoluta para toda actividad laboral y que percibe por ello una pensión del INSS, de 703.26 euros mensuales, lo que también merece una especial protección traducida en la extinción de la prestación alimenticia a su cargo pues carece de medios para que, una vez atendidas sus necesidades más perentoria, es decir, aquellas que resultan de la incapacidad permanente absoluta, pueda cumplir con la obligación 41 En similar posición, el TS considera que los discapacitados mayores de edad, no se asimilan a los menores de edad a efectos de asignación del uso de la vivienda, posición reafirmada entre otras en las SSTS n° 31/2017, de 19 de enero; n° 167/2017, de 8 de marzo; n° 181/2018, de 4 de abril y n° 649/2019, de 5 de diciembre. En la STS n° 649/2019, de 5 de diciembre, se analiza el caso de una hija de 40 años, con minusvalía física del 87%, quien reclama de sus padres divorciados 800€ mensuales para sus gastos de mantenimiento y reforma de una VPO de su propiedad, justificando que con ello podría vivir de modo independiente respecto de los dos progenitores, no se le niega su pretensión pero se acota a 271€ a cargo del padre y 128€ a cargo de la madre, recalcando el Tribunal que la demanda percibía rentas (su pensión de minusvalía) y tenía con ellas un patrimonio constituido, pero por el otro extremo, la condición económica de sus padres era precaria. 42 STS n° 666/2017, de 13 de diciembre. Analizada in extenso en VIVAS TESÓN, I. (2018). La obligación de alimentos a favor de los hijos mayores de edad: ponderación de discapacidad de alimentante y alimentista. Comentario a la STS de 13 diciembre 2017 (RJ 2017, 5406). En Revista Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil. núm. 107/2018, Parte Sentencias, Resoluciones, Comentarios. Pamplona: Editorial Civitas, SA. pp. 123-140. Reflexiones sobre la posible modificación o extinción de la pensión de alimentos: análisis jurisprudencial Reflections on the possible modification or extinction of the food pension: jurisprudential analysis 109 VOX JURIS (40) 2, 2022 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 de pagar la pensión de alimentos fijada en el procedimiento de separación a favor de su hijo, actualmente mayor de edad y en condiciones de desarrollar una actividad laboral retribuida. APUNTES SOBRE LA EDAD DE EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS DE MAYORES DE EDAD Para finalizar este artículo, es de obligada mención la referencia a las edad de extinción de la pensión de alimentos en mayores de edad, ya que si bien las previsiones del CC no prevén una limitación temporal para el pago de la pensión de alimentos a mayores de edad, jurisprudencialmente se ha reconocido la importancia de una limitación a la recepción de estos alimentos, con el fin primordial de no mandar un mensaje incorrecto a las nuevas generaciones de pasividad y negligencia con la asunción de la responsabilidad que implica crecer y su celeridad en la incorporación en el mercado laboral. Básicamente se encuentra jurisprudencialmente limitaciones donde se esgrimen dos tipos de motivaciones amplias: limitando la percepción de la pensión a una edad o supeditando esta limitación a una condición o circunstancia subjetiva del hijo, por ejemplo, acceso al mercado laboral de forma más o menos estable. Cuestión importante sería que se fijara jurisprudencialmente el criterio mixto donde se establezca, señala Florit Fernández (2019) que, Un límite en la estable incorporación del hijo al mercado laboral, y en cualquier caso a una determinada edad prudencial, entendiendo que, si pasada la misma no lo ha logrado, es por un motivo imputable a él, quedando siempre a salvo la posibilidad de que el hijo acuda al declarativo de alimentos si sigue existiendo necesidad. Así encontramos jurisprudencia muy diversa que estudiando el caso particular decide la edad máxima de la prestación ahí definida, así, para la STS n° 587/2019, de 6 de noviembre, planteado un caso donde se estudia la extinción de la pensión de alimentos a favor del hijo mayor de edad por desidia de este para procurárselos. El Tribunal indica: No existe ningún precepto que establezca una edad objetivable, sino que se había de estar a las circunstancias del caso, pues todos no son idénticos, sino que tienen sus singularidades. Por ello la sentencia núm. 558/2016, de 21 de septiembre, afirma que “la ley no establece ningún límite de edad y, de ahí, que el casuismo a la hora de ofrecer respuestas sea amplio en nuestros tribunales, en atención a las circunstancias del caso y a las socioeconómicas del momento temporal en que se postulan los alimentos”. Se ha venido a poner el acento para denegarlos en la pasividad del hijo o de la hija (Sentencia 603/2015, de 28 de octubre). Se ha tenido en cuenta la potencialidad no ejecutada de la hija mayor de edad, pues no puede existir derecho de alimentos si no se hace nada por conseguir ingresos para cubrirlos (Sentencia núm. 732/2015 de 17 de junio). Esto es, se ha de constatar pasividad, que no puede repercutir negativamente en el padre (Sentencia núm. 603/2015 de 28 de octubre) si el hijo mayor de edad no realiza esfuerzos en la búsqueda de una salida profesional. Debido a que el proceso analizado por el TS no se acreditó dicha pasividad de las hijas de 24 y 21 años de edad, sino por el contrario diligencia en sus estudios, se concluye que la limitación de la percepción de la pensión de alimentos establecida por el ad-quem en 2 y 3 años respectivamente desde la sentencia, debe ser revocada casando tal sentencia y desestimando el recurso de apelación dejando en firme la sentencia del ad-quo . La SAP de A Coruña n° 428/2020, de 12 de noviembre, concluye que el hecho que un hijo mayor de edad (30 años) no haya acabado sus estudios universitarios iniciados en el curso 2010/2011, faltándole por aprobar […] alguna asignatura y el trabajo final de grado, no puede ser motivador de la extinción de la pensión de alimentos que se pretende con la demanda [ya que se encuentra demostrado que padece trastorno de desenvolvimiento, autismo de etiología no filiada y asiste a las sesiones de orientación del centro donde estudia siguiendo un currículo ajustado a su problemática] Por ello, el tribunal considera que no procede la supresión de la pensión alimenticia, por razón del alegato de su falta de diligencia o esfuerzo en la terminación de sus estudios. Pero enfatiza, […] para que tal obligación sea jurídicamente exigible es preciso que el reclamante actúe lealmente a través de una normal aplicación a sus estudios, en definitiva, que colabore por su parte en su propio proceso formativo. Como reza la precitada STS de 1 de marzo de 2001, Alejandro Rosillo Fairén | Angélica María Castro Acosta 110 ISSN: 1812-6804 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 la reclamación de alimentos no abarca las situaciones de parasitismo social. En la SAP de Barcelona N° 627/2021, de 2 de febrero, en tratándose de una situación personal de discapacidad reconocida del 49% por esquizofrenia de un hijo mayor de edad, el fallador confirma la obligación de los padres de seguir aportando para sus necesidades de alimentos, precisando “Los deberes para con los hijos deben extenderse aun cuando estos sean mayores de edad, en casos de enfermedad y discapacidad y más cuando esta es en un grado importante como lo es en este del 49%”. En otro caso por SAP de Barcelona n° 233/2019, de 20 de marzo, en un caso de hijo mayor de edad con discapacidad por trastorno bipolar reconocida del 68% quien con 30 años consume habitualmente cannabis y alcohol agravando su propia patología pero que ha trabajado, se declara extinguida la obligación alimenticia. Esta sentencia refiere otras del TS indicando “Con referencia a los alimentos de las personas cuya capacidad ha sido modificada la sentencia del Tribunal Supremo de 13-12-2017 (ROJ: STS 4371/2017 - ECLI:ES:TS:2017:4371 ) recoge la doctrina de la sentencia de 7 de julio de 2014 ( ROJ: STS 2622/2014 - ECLI:ES:TS:2014:2622), que señalaba que: […] la situación de discapacidad de un hijo mayor de edad no determina por sí misma la extinción o la modificación de los alimentos que los padres deben prestarle en juicio matrimonial y deberán equipararse a los que se entregan a los menores mientras se mantenga la convivencia del hijo en el domicilio familiar y se carezca de recurso. Pero la matiza diciendo que, Lo que se pretende es garantizar la protección de las personas más vulnerables, manteniendo en juicio matrimonial la prestación alimenticia en favor de los hijos mayores de edad con discapacidad, siempre que concurran las circunstancias previstas en el artículo 93 del CC, de convivencia en la casa y ausencia de recursos económicos. Considerando que no todos los supuestos de minusvalía, física, mental, intelectual o sensorial conllevan la misma solución y que a todos ellos no resulta de aplicación la doctrina antes expuesta, […] relativizando los principios y fundamentos que resultan de la Convención de Nueva York sobre derechos de las personas con discapacidad de 2006, sin ofrecer una respuesta adaptada a las particulares circunstancias de las personas afectada por la minusvalía, y sin valorar si son o no necesarios los apoyos que la Convención ofrece, referidos en este caso a la continuidad de la prestación alimenticia en favor de un hijo mayor de edad. En la SAP de Alicante N° 4047/2019, de 16 de enero, frente al caso de dos hijas mayores de edad, con 20 y 27 años, el juez decidió no fijar límite de edad aún a la hija de 20 años, pero si lo fijó con la hija de 27 años, otorgándole el mantenimiento de la pensión de alimentos a su favor por dos años más, esto es, hasta los 29 años. Resalta la SAP de Badajoz N° 148/2014, de 3 de junio que […] el Código Civil (artículo 93.2) reconoce el derecho de alimentos de un hijo mayor de edad continuado o sobrevenido a la extinción de la patria potestad, si convive en el domicilio familiar y sin independencia económica. De ahí que el mero hecho de la mayoría de edad de un hijo no sea por sí solo suficiente para extinguir la pensión alimenticia. Pero, […] como tiene resuelto la jurisprudencia, los alimentos del hijo mayor de edad, en cuanto a su pervivencia, no se condicionan únicamente a la convivencia en el hogar familiar y a la falta de autonomía económica, pues ello podría derivar en una cómoda postura del alimentista, de modo que, cubiertas sus necesidades básicas, no se esforzara en lograr por sí mismo recursos pecuniarios o no pusiera empeño en culminar su formación académica, como presupuesto básico de su devenir laboral (por todas, véase la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2001). La obligación de los padres de prestar alimentos carece de justificación para los hijos mayores de edad cuando éstos han alcanzado la posibilidad de proveer por sí mismos sus necesidades. El artículo 152.3 del Código Civil (Ley 1/1889) prevé el cese de la obligación de alimentos cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria. La necesidad debe provenir de causa inimputable al alimentista, siendo asimilable la falta de diligencia laboral a la desidia en la dedicación los estudios, pues lo contrario sería favorecer una postura pasiva a la hora salir adelante en la vida (sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2008). Reflexiones sobre la posible modificación o extinción de la pensión de alimentos: análisis jurisprudencial Reflections on the possible modification or extinction of the food pension: jurisprudential analysis 111 VOX JURIS (40) 2, 2022 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 A modo de conclusión de este aparte debemos indicar que, a pesar que el TS en diversas sentencias 43 pone de relieve que no existe ningún precepto que establezca una edad objetivable que establezca una extinción temporal de la pensión de alimentos entre parientes, sino, por el contrario, se habrá de estar a las circunstancias de cada caso particular, si desde la sentencia inicial que fija estas pensiones se definen las circunstancias de tiempo y personales aplicables al caso, se evitaría una litigiosidad posterior, ya que las partes tendrían conocimiento del límite temporal de sus derechos y obligaciones recíprocas, evitando abusos del derecho o propiciando una obligación seudo permanente como carga injusta a los alimentistas en ciertas circunstancias. Aunque se reconoce que el CC establece que los alimentos entre parientes se deberán mientras persista el estado de necesidad por causa no imputable al alimentista, pero esta norma no la erige en una obligación de carácter incondicional, por el contrario, tal y como indica la STS n° 395/2017, de 22 de junio, es posible establecer un límite temporal para la misma “que sirva de acicate para la consolidación de sus estudios y que impida que los efectos de la indolencia recaigan sobre sus progenitores.” CONCLUSIONES 1. El nacimiento de la obligación estudiada se imbrica en el reconocimiento legal de un derecho natural, traducido en un deber moral de auxilio y solidaridad para con la familia, fundamentado en el principio de solidaridad familiar, el cual presupone que los lazos de sangre o parentesco generan un compromiso moral de auxilio a aquel miembro de la familia en estado de necesidad. 2. Tal y como se ha justificado en el artículo, se puede proponer como nombre de la obligación aquí analizada, la forma genérica y comprensiva de “obligación de alimentos” y no el término legal “alimentos entre parientes”, entre otras causas porque su desarrollo legal no sólo incluye a parientes con vinculación sanguínea sino a otros grados de parentesco o vinculación civil. 43 Sirva por todas la STS n° 587/2019, de 6 de noviembre. 3. Habida cuenta de la situación de crisis económica exacerbada por la pandemia global del COVID-19, la modificación o extinción en sede judicial de la obligación legal de alimentos cobra extrema importancia ante la minoración de ingresos de muchas familias, en especial para los casos de mayores de edad que han concluido su formación o que ya deberían haberla concluido, para que los alimentistas no incurran voluntariamente en un posible y proscrito abuso de derecho, ex. artículo 7.2 CC configurándose en ellos un posible e indebido enriquecimiento injusto. 4. Jurisprudencialmente se ha reconocido como una de las causas de modificación de la pensión alimentaria la ausencia de relación paterno-filial entre alimentista (beneficiario) y alimentante (obligado), no originada por el obligado, por lo tanto dicho “contacto” no se configura como mera “obligación natural” sino que alcanza una relevancia de grado superior. 5. Con relación a una edad objetivable para pretender la terminación o cese de la pensión de alimentos a favor de un mayor de edad, la jurisprudencia del TS indica que no existe ningún precepto que establezca tal edad, por lo cual habrá de estarse en cada caso a las circunstancias del mismo, tomando en cuenta en su análisis la existencia de otros hechos que causen la extinción pretendida, como: la falta de aprovechamiento del estudio y la pasividad del alimentista. 6. Puede llegar a proponerse la edad de 25 años como límite razonable para la extinción de la pensión de alimentos, habida cuenta de que en España, la educación obligatoria acaba a los 16 años, con lo cual, le quedarían aún 9 años al alimentista para concluir su formación para acceder al mercado laboral con algún margen y aunado a que el CC en su artículo 175 establece como requisito mínimo de edad al adoptante tener 25 años, soportado en la madurez y asunción de responsabilidades que se le exige a una persona que pretende ser padre adoptivo de otro e iniciar o continuar con ello su propia familia, por interpretación analógica, y tomando en consideración, que si el CC reconoce como plenamente competente a un mayor de 25 años para dar inicio a su propia familia y asumir esta responsabilidad de Alejandro Rosillo Fairén | Angélica María Castro Acosta 112 ISSN: 1812-6804 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 adoptar a otro, se puede considerar que el mayor de 25 años a quien se le ha brindado los estudios requeridos o quien ha decidido no asumir responsablemente los mismos, es tan capaz de valerse por sí mismo, como lo reconoce la ley a un posible adoptante. 7. Estos 25 años, como posible baremo a utilizar en los casos de fijación de la pensión de alimentos, lógicamente no sería un límite absoluto irrebatible, sino por el contrario que, si llegada a dicha edad el mayor alimentista continúa con provecho sus estudios y prevé en un tiempo razonable concluirlos e incorporarse en el mercado laboral, podría ser objeto de modificación de la medida. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABAD ARENAS, E ABAD ARENAS, E. (2013). Reclamación de alimentos en favor de hijos mayores de edad y emancipados. Revisión de su régimen jurídico, requisitos y extinción de la obligación legal. En Revista de Derecho UNED , núm. 12. pp. 17-75 (32). BUSTO, J. M. Y PEÑA, F. (1997). Enriquecimiento injusto y responsabilidad civil extracontractual. En Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña . Vol. 1. A Coruña – España. pp. 141-166. Recuperado el 10 de abril de 2021 en el link https://ruc.udc. es/dspace/handle/2183/1921 De AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C. (2015). 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Reflexiones sobre la posible modificación o extinción de la pensión de alimentos: análisis jurisprudencial Reflections on the possible modification or extinction of the food pension: jurisprudential analysis 113 VOX JURIS (40) 2, 2022 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 JURISPRUDENCIA Tribunal Constitucional STC 57/2005, de 14 de marzo Tribunal Supremo • STS s/n /1970, 7 de octubre. • STS s/n /1976, de 14 de febrero. • STS s/n /1985, de 25 de noviembre. • STS n° 65/1988, de 4 de febrero. • STS n° 328/1995, de 8 de abril. • STS nº 151/2000, de 23 de febrero. • STS n° 411/2000 de 24 abril • STS n° 184/2001, de 1 de marzo de 2001. • STS n° 991/2008, de 5 de noviembre. • STS n° 703/2014, de 19 enero de 2015. • STS n° 372/2014, de 7 de julio. • STS n° 55/2015, de 12 febrero. • STS n°296/2015, de 2 de junio. • STS n° 430/2015, de 17 de julio • STS s/n/2015, de 15 de octubre, de Unificación de Doctrina. • STS n° 603/2015, de 28 octubre. • STS n° 558/2016, de 21 de septiembre. • STS n° 574/2016, de 30 de septiembre. • STS n° 666/2017, de 13 de diciembre. • STS n° 395/2017, de 22 de Junio. • STS n° 95/2019, de 14 de febrero. • STS n° 104/2019, de 19 de febrero. • STS n° 147/2019, de 12 de marzo. • STS n° 587/2019, de 6 de noviembre. 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Alejandro Rosillo Fairén | Angélica María Castro Acosta 114 ISSN: 1812-6804 alejandro.rosillo@claustro-ieb.es angelicacastroa@hotmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 90-114, 2022 • SAP de Madrid n° 686/2020, de 1 de septiembre. • SAP de Ciudad Real n° 538/2020, de 24 de septiembre. • SAP de Ourense n° 376/2020, de 28 de septiembre. • SAP de Albacete n° 461/2020, de 21 de octubre. • SAP de Cádiz n° 1068/2020 de 23 de octubre. • SAP de Oviedo n° 370/2020, de 26 de octubre. • SAP de Madrid n° 845/2020, de 3 de noviembre. • SAP de A Coruña n° 428/2020, de 12 de noviembre. • SAP de Ourense n° 552/2020, de 30 de diciembre. • SAP de Barcelona n° 627/2021, de 2 de febrero. Otros Comisión Permanente del CGPJ en www. poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/ Calculo-de-pensiones-alimenticias/Tablas- orientadoras-para-determinar-las-pensiones- alimenticias-de-los-hijos-en-los-procesos-de- familia-elaboradas-por-el-CGPJ