LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false false 1 1 true ISSN: 1812-6804 rmorente@alu.ucam.edu caginer@ucam.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 180-196, 2022 ACERCA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE (PPR) EN ESPAÑA ABOUT THE CONSTITUTIONALITY OF THE REVIEWABLE PERMANENT PRISON (RPP) IN SPAIN Raúl Morente García Universidad Católica San Antonio de Murcia rmorente@alu.ucam.edu Orcid: 0000-0002-9015-1437 España César Augusto Giner Alegría Universidad Católica San Antonio de Murcia caginer@ucam.edu Orcid: 0000-0002-9743-7414 https://doi.org/10.24265/voxjuris.2022.v40n2.13 España Recibido: 10 de junio de 2021 Aceptado: 8 de marzo de 2022 SUMARIO • Introducción y método. • La aplicación de la PPR en España. • La PPR en el ámbito internacional. • La PPR en los países del entorno europeo. • Los principios constitucionales relacionados con la PPR. • La situación de España en el momento de la adopción de la PPR. • La situación actual tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional español acerca de la constitucionalidad de la PPR. • Resultados. • Discusión. • Referencias. RESUMEN La revisibilidad de la prisión permanente introducida como nueva pena en la modificación del Código Penal en el año 2015, ha sido objeto de cuestionamiento desde su incorporación. El pronunciamiento del TC español acerca de la viabilidad y constitucionalidad, no ha sido óbice para suscitar amplios debates y posturas en lo relativo a determinados principios consagrados constitucionalmente tales como la dignidad, la resocialización o la igualdad y por haber sido utilizada como herramienta estabilizadora social ante determinadas presiones sociales. En este trabajo, mediante un método inductivo-deductivo, analizaré algunos de los pronunciamientos habidos por parte de la doctrina científica y la jurisprudencia existente, así como otros documentos estadísticos hallados monografías, revistas especializadas, entre otros. Con ello se pretende estudiar las circunstancias sociales que influyeron decisivamente en una política criminal de grandes dotes populistas y propagandísticas. Llegaremos a la conclusión de la improcedencia e innecesariedad de una pena excesivamente rogorista que debiera de ser expulsada del ordenamiento penal, a la luz de los datos delincuenciales decrecientes existentes tanto en el momento de su adopción como posteriormente, resultando un modelo de prisión perpetua con mayor dureza de las existentes en los países vecinos. Así mismo, podremos concluir que nos encontramos ante una pena innecesaria y vagamente justificada, fruto de una represiva, radical e inflexible política criminal que, utilizada como herramienta expansiva del derecho penal, pretende alcanzar un clima de seguridad ciudadana. Acerca de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable (PPR) en España About the constitutionality of the reviewable permanent prison (rpp) in Spain 181 VOX JURIS (40) 2, 2022 rmorente@alu.ucam.edu caginer@ucam.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 180-196, 2022 PALABRAS CLAVE Prisión permanente, resocialización, política criminal. ABSTRACT The reviewability of the permanent prison introduced as a new sentence in the modification of the Penal Code in 2015, has been questioned since its incorporation. The pronouncement of the Spanish TC on viability and constitutionality has not been an obstacle to arousing broad debates and positions in relation to certain constitutionally enshrined principles such as dignity, resocialization or equality and for having been used as a social stabilizing tool before certain social pressures. In this work, through an inductive- deductive method, I will analyze some of the pronouncements made by the scientific doctrine and the existing jurisprudence, as well as other statistical documents found in monographs, specialized magazines, among others. This is intended to study the social circumstances that decisively influenced a criminal policy of great populist and propagandistic skills. We will reach the conclusion of the inadmissibility and unnecessaryness of an excessively rogorist sentence that should be expelled from the criminal system, in light of the decreasing criminal data existing both at the time of its adoption and later, resulting in a model of life imprisonment with greater hardness of those existing in neighboring countries. Likewise, we can conclude that we are faced with an unnecessary and vaguely justified sentence, the result of a repressive, radical and inflexible criminal policy that, used as an expansive tool of criminal law, aims to achieve a climate of citizen security. KEY WORDS Prisión permanente, resocialización, política criminal.dignity, humanity, punishment, permanent prison, reviewable. INTRODUCCIÓN Y MÉTODO La prisión permanente revisable (PPR) introducida mediante la LO 1/2015, de 30 de marzo del 2015, ha sido prevista como sanción predeterminada con carácter preceptivo para algunos de los ilícitos que han ocasionado una gran conmoción en la ciudadanía, como así quedó argumentado en los propios fundamentos de la ley. En 2003 se han incorporado varias modificaciones en la normativa penal española con el fin de fortalecer los límites y requisitos de sanciones restrictivas de libertad, no obstante, las injerencias de la ciudanía se vieron reforzadas ante las repercusiones mediáticas tras hechos de gran calado social tales como fueron las muertes de las menores Mari Luz Cortés y Marta del Castillo, ocurridos en 2008 y 2009 en España. La demanda social fue atendida, incorporándose gran rigor y dureza en el sistema punitivo español con esta pena, de mano de una ola de simpatizantes de la cadena perpetua y medidas rigoristas contra el enemigo (Ferrajoli, 2007). El presente trabajo pretende exponer y analizar las circunstancias sociales y criminales del momento que demandarían incorporar una de las reformas más destacadas y novedosas, que refleja la expresión de una nueva era penológica que pretende neutralizar y controlar al elemento peligroso y que ha originado un profuso debate acerca de la constitucionalidad de determinados aspectos de esta nueva pena. Por ello, pondré de manifiesto algunas de las cuestiones suscitadas al respecto sobre la presunta inconstitucionalidad de la PPR en torno a las posibles vulneraciones a algunos principios consagrados constitucionalmente, hasta el reciente pronunciamiento del Pleno del TC el 26 de octubre de 2021 como máximo órgano interpretador quien, finalmente desestimó la cuestión planteada acerca de la posible inconstitucionalidad. Para ello, mostraré cómo ha sido recogida la cuestión por parte de determinados órganos nacionales tales como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal o el propio Consejo General del Poder Judicial y se analizará la regulación de la cuestión utilizando diversos cuerpos jurídicos además de conocer su acogida desde el punto de vista de la doctrina del TEDH y nuestro TC. Igualmente, analizaré determinados datos estadísticos existentes respecto a la situación delincuencial en España en el momento de adoptarse tal medida al objeto de poder entender justificada una pena de tal dureza o, si bien pudiera haberse dado otras circunstancias de índole social que hubieran forzado la incorporación de una sanción cuya dureza y rigor punitivo haya complacido a las demandas Raúl Morente García | César Augusto Giner Alegría 182 ISSN: 1812-6804 rmorente@alu.ucam.edu caginer@ucam.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 180-196, 2022 sociales ejercidas por grupos de presión, que surgieron ante determinados sucesos criminales que fueron tenidos en cuenta por parte de los medios de comunicación social. Con ello, se pondrá de manifiesto los planteamientos que, hasta el reciente pronunciamiento del TC sobre la constitucionalidad de la PPR, han llevado a considerar la misma como una sanción penal de dudosa compatibilidad en nuestro ordenamiento jurídico, con especial atención a principios consagrados constitucionalmente tales como el de humanidad de las penas (arts. 10 y 15 de la CE), de reinserción y reeducación social (art. 25.2 CE), legalidad e igualdad (arts. 25.1 y 14 de la CE, respectivamente). A continuación, expondré la situación actual de constitucionalidad de la PPR tras la sentencia dictada por el TC en octubre de 2021, desestimando el recurso de inconstitucionalidad planteado en septiembre de 2018 por parte de determinados grupos parlamentarios, zanjando así cualquier duda sobre la ilegalidad de esta pena. Finalmente, y a pesar de haber quedado resuelta la cuestión de la no conculcación de los principios constitucionales por parte de la PPR y por lo tanto acorde a nuestro texto constitucional, los datos obtenidos como resultado me permitirán tomar una postura discrepante por considerar innecesaria dicha pena de tal rigor y dureza. Para ello, se empleará un método principalmente inductivo-deductivo, que analizará las fuentes jurídicas de la reglamentación española, además del análisis de la doctrina hallada al respecto, realizándose un concienzudo estudio procesal y sustantivo de manuscritos existentes respecto de la “prisión permanente revisable” así como otros documentos estadísticos hallados. Será de interés analizar las causas que determinaron al estado español a incorporar una línea legislativa de estas características, qué pudo incidir y los efectos que originó. El estudio que hemos realizado constituye una mezcla de varios tipos de análisis metodológicos: teóricos (fuentes documentales) y etnográficos (análisis de realidades concretas con colectivos concretos). Dentro de las técnicas metodológicas que hemos utilizado, destaca la observación documental a través de metaanálisis (búsqueda documental y tratamiento de datos) y el análisis secundario (fuentes de datos, análisis e interpretación). La documentación analizada incluye monografías, revistas especializadas, fuentes demográficas e históricas y prensa. LA APLICACIÓN DE LA PPR EN ESPAÑA La PPR como pena, viene dispuesto en el art. 33.2.a) del CP siendo la primera de la relación de penas graves y en el art. 35 de este código como una sanción restrictiva de libertada en unión a otras ahí expuestas, siendo de aplicación a una relación de supuestos concretos y cerrados de extrema gravedad, tales como los enumerados en el art. 140 CP referentes al asesinato (STC 716/2018, de 16 de enero; STS 520/2018, de 31 de octubre; STC 367/2019, de 18 de julio). Será también de aplicación al delito de homicidio al Jefe de Estado español o extranjero, o persona que gozase de protección de carácter internacional de conforme con los acuerdos internacionales, algunas formas de genocidio, terrorismo o de lesa humanidad (hemos de tener en cuenta que los Códigos penales pasados de 1822, 1848 (reformado en 1850) y el de 1870, contenían penas de trabajos forzados o privaciones a perpetuidad que en la práctica no llegaron a ser suficientemente efectivas o dejadas sin efecto mediante indultos una vez transcurridos los 30 años de privación, no llegando la reclusión a ser vitalicia). El tribunal, podrá acordar la suspensión de la PPR siempre que se den las condiciones establecidas del art. 92 de CP y que son: cumplimiento de veinticinco años (que puede llegar hasta los treinta años en determinadas situaciones) de pena privativa de o estar clasificado en tercer grado penitenciario (el art. 78 bis CP establece los plazos de cumplimiento efectivo de la pena para progresar a tercer grado, siempre que fuesen sentenciados por dos o más delitos, siempre y cuando alguno de los delitos llevase aparejada la PPR. Será necesario el cumplimiento de entre 18 a 25 años de prisión para progresar al tercer grado, según las diversas penas aparejadas a esos delitos). Además, el tribunal valorará, entre otros, aspectos tales como son los antecedentes, personalidad, circunstancias del delito cometido, relevancia de los bienes afectados por su comisión en el delito, comportamiento llevado a cabo en el cumplimiento de la sanción impuesta, así como otros aspectos Acerca de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable (PPR) en España About the constitutionality of the reviewable permanent prison (rpp) in Spain 183 VOX JURIS (40) 2, 2022 rmorente@alu.ucam.edu caginer@ucam.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 180-196, 2022 sociofamiliares. Otros aspectos para tener en cuenta serían los resultados que se estima obtener mediante esperar con la interrupción de la sanción penal y la realización de las medidas que fueran impuestas, así como la existencia de una predicción positiva para el recluso desde el punto de vista de la reinserción social. Así las cosas, en caso de cumplir los requisitos establecidos por el citado art. 92 CP, el tribunal deberá acordar la suspensión de la ejecución de la pena de PPR (Domínguez y Morillas, 2015). Lo que resulta indiscutible es la dificultad para su concesión, teniendo en cuenta la cantidad de requisitos que el legislador establece, no solo para la clasificación en tercer grado, sino también respecto de los periodos de cumplimiento mínimo y la obtención de un favorable pronóstico sobre la peligrosidad del penado (Cuerda, 2012). Pero, si por el contrario el tribunal decidiera con resultado negativo, deberá de verificase tal decisión al menos cada dos años, comprobando si el penado cumple o no lo exigido por el art. 92 CP para poder acordar la suspensión (Roig, 2018). El Consejo de Estado (cuyo informe es preceptivo, pero no vinculante), informó a favor a cerca de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable para los condenados a delitos con especial gravedad pero que, aún siendo constitucional, parecería no obedecer a cuestiones de necesidad. Este órgano consultivo concretó la falta de justificación en la introducción de tal controvertida sanción penal, señalando al Gobierno de turno por haber podido dejarse llevar por la alarma social originada en la opinión pública ante determinados acontecimientos sociales relevantes. Así mismo, considera que el cumplimiento efectito previsto para su revisión obedece no solo al carácter punitivo de la misma, sino también a la función reeducativa y de reinserción social de ésta (EFE, 2013). El Informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya manifestó que la PPR encabezaría la lista de las penas a imponer por su gravedad, y que, dado que no concretaba el máximo de cumplimiento por parte del penado, resultaría opuesta a cuanto expone el art. 25.1 de nuestro texto constitucional. Así mismo, la propia comisión de Estudios e informes del Consejo General del Poder Judicial exponía que, si bien según el TEDH la PPR no resulta contraria a lo dispuesto en el art. 3 de la convención Europea de Derechos Humanos, pues su contenido coincide con lo dispuesto en el art. 15 de la CE (prohibición de penas contrarias a la dignidad de la persona), en cambio no se pronuncia respecto a la inserción en la ciudadanía que se contiene en el art. 25.2 de la CE. Hay que tener en cuenta que, según el informe del CGPJ, “ninguna de las Constituciones de los Estados citados contiene una cláusula íntegramente equiparable a la establecida en el inciso primero del artículo 25.2” (Consejo General del Poder Judicial, 2013). Por su parte, el Consejo de la Abogacía Española, consideró inconstitucional la PPR, por tratarse de una norma que adolecía de la fijación de un límite de cumplimiento de la pena, vulnerando los artículos 10, 15 y 25 de la Constitución Española (Pacheco, 2014). Sin embargo, el Consejo Fiscal considera que la PPR no resulta incompatible con la libertad condicional ya que el condenado tiene acceso a la misma de forma progresiva, mientras va cumpliendo los periodos fijados por la ley. Ello es lo que la hace constitucional respecto al contenido del art 25.2 de la CE, exponiendo claramente que “el precepto es compatible con el principio constitucional de resocialización de los condenados por las mismas razones expuestas por el Tribunal Constitucional alemán en 1977, en síntesis, porque el condenado mantiene una oportunidad concreta y realizable de recuperar la libertad” (Fiscalía General del Estado [FGE], 2013). LA PPR EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL. Expuesto lo anterior, resulta necesario analizar las normas de derecho europeo e internacional respecto a la PPR. Por ello, a continuación se expondrá una breve exposición de la normativa supranacional, a fin de conocer como la normativa europea recoge la cuestión de la revisión de penas de tan larga duración, así como la postura adoptada por el TEDH, así como algunas posiciones del nuestro TC antes de su sentencia en octubre de 2021. Hemos de tener en cuenta que el derecho internacional, establece los principios orientadores de nuestro ordenamiento jurídico, respecto a las normas relativas a los disposiciones protectoras de derechos y libertades de carácter fundamental reconocidas Raúl Morente García | César Augusto Giner Alegría 184 ISSN: 1812-6804 rmorente@alu.ucam.edu caginer@ucam.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 180-196, 2022 por nuestra norma constitucional y que habrán de ser interpretadas de conforme a lo establecido en la normativa internacional de derechos del hombre, así como otros instrumentos supranacionales acordados por España en esta materia, además de cuanto ha dispuesto nuestra propia jurisprudencia (STC 91/2000, de 30 de marzo). En el ámbito del derecho penal internacional y europeo cabe mencionar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma el 17 de julio de 1988, que constituye un instrumento de gran relevancia internacional sobre este tema (Martínez, 2018). Su art. 77(b). Permite la reclusión a perpetuidad por determinados crímenes de extrema gravedad y determinadas circunstancias personales del penado, contemplando la posibilidad de revisión una vez haya cumplido el penado dos tercios de la condena o al menos veinticinco años de prisión para el caso de la condena a perpetuidad. Así mismo contempla la posibilidad de disminuir la condena si el reo declara su intención de colaboración en el proceso llevado a cabo contra él. De acuerdo con la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la Orden de Detención Europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en el caso de una orden de detención europea que esté relacionada con una infracción que tenga aparejada una sanción que implique restricción de libertad con carácter vitalicio, ésta quedará condicionada a que el ordenamiento del Estado del que dimana la orden contemple en su normativa la posibilidad de remisión de la sanción prevista (a requerimiento o tras haber transcurrido al menos una veintena de años). Por parte del Comité de ministros del Consejo de Europa se han aprobado varios instrumentos y recomendaciones relativas a las condenas de duración prolongadas y a perpetuidad tales como la Recomendación REC (2003) (22) o REC (2003) (23), que contienen indicaciones sobre la puesta en libertad condicional, condiciones impuestas y garantías procesales. En lo que respecta al TEDH: esta figura ha sido objeto de valoración por parte de este alto tribunal, estableciendo los requisitos condicionantes para que este tipo de pena sea compartida con lo establecido en el art. 3 de la Convención de Roma (prohibición de penas y tratos inhumanos o degradantes) concluyendo que no contradice lo establecido en el Tratado de Roma (Presno, 2019). El caso con mayor transcendencia sobre el que se pronunció el Alto Tribunal Europeo fue a través de la sentencia de 12 de febrero de 2008, Kafkaris contra Chipre (nº 21906/04), en donde el Tribunal recuerda que la pena de prisión perpetua impuesta a un adulto, por sí misma no es contraria al art. 3 ni a ninguna otra disposición de la Convención. Así mismo, puntualiza que esta pena podría serlo, en el caso de que se tratase de una pena permanente e incomprensible. Sería contraria al citado art. 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) cuando no fuera susceptible de reducción, como ocurría en los casos Wynne contra Reino Unido (dec.), nº 67385/01, Stanford contra Reino Unido (dec.), nº 73299/02 (SSTEHD, Casos Kafkaris contra Chipre de 12 de febrero de 2008, Stanford contra Reino Unido de 28 de mayo de 2002 y Wynne contra Reino Unido de 16 de enero de 2004). El Tribunal expone que, si el condenado a perpetuidad tuviera la posibilidad de ser liberado y el ordenamiento jurídico del Estado contiene la oportunidad de comprobar la sanción a perpetuidad con la posibilidad de dejarla sin efecto, remitirla, conmutarla o dar la liberar del reo bajo determinados requisitos, con ello se cumple con lo exigido en el art. 3. En síntesis, el Tribunal considera que no podría establecerse que un reo sancionado con una pena vitalicia hubiera sido privado de la oportunidad de alcanzar la libertad siempre que sea contemplada una revisión de la condena y ésta le permitiera la libertad condicional una vez hayan transcurrido los periodos establecidos. Basta con el hecho de que sea reductible, de jure y de facto , no transformándose en incomprensible por el simple hecho de que en la práctica hubiera posibilidad de cumplimiento en su integridad (Van Zyl, 2014). El Tribunal Constitucional en España y en el marco de la extradición ya se pronunció en el sentido de entender que “la imposición de una pena de cadena perpetua pude vulnerar la prohibición de penas inhumanas o degradantes del artículo 15 de la CE” (STC 181/2004, de 02 de noviembre). Sin embargo, y de conforme con la doctrina del TEDH, ha tenido por suficiente para acordar la extradición que la ejecución de esta “no sea indefectiblemente de por vida”, y que por tanto requiere que sea revisable (STC 148/2004, de 13 de septiembre). Acerca de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable (PPR) en España About the constitutionality of the reviewable permanent prison (rpp) in Spain 185 VOX JURIS (40) 2, 2022 rmorente@alu.ucam.edu caginer@ucam.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 180-196, 2022 No obstante, lo expuesto resulta conveniente ver cómo los países del entorno europeo afrontan la PPR, así como los periodos de revisibilidad de la pena. LAS PPR EN LOS PAÍSES DEL ENTORNO EUROPEO Este tipo de pena restrictiva de la libertad, si bien aparece recogida en la normativa de algunos estados de la UE, es cierto que en la mayor parte de estos queda recogida con un menor rigor punitivo en comparación a cómo se establece en la normativa penal de España. Las revisiones se producen casi siempre mucho antes, y los reclusos condenados a esta pena tienen la oportunidad de salir de prisión en plazos más cortos, por lo que, con contadas excepciones, estas condenas no equivalen a una cadena perpetua real. En Alemania, su legislación contempla esta modalidad de prisión para ser aplicada a delitos de entidad muy grave tales como los asesinatos, genocidio o cuando se producen varios delitos de muy grave entidad. La revisión de la pena se realizará a los 15 años de privación de libertad, mientras que en España no se producirá, al menos, hasta los 25 años de cárcel. El condenado en Alemania suele permanecer encarcelado un promedio de 17 a 20 años, excepto en aquellos sucesos de gran gravedad como el ensañamiento en el que el sujeto estará en prisión entre los 23 a 25 años. Cuenta con permisos penitenciarios desde el cumplimiento de los 10 años de prisión. En Francia, se procederá a la revisión entre los 18 y los 22 años de condena. La libertad condicional podrá ser solicitada a los 30 años de prisión, tras examen de tipo psiquiátrico (en situaciones menos graves se obtendría a los 15 años por parte del Ministerio de Justicia tras informe favorable de la comisión penitenciaria y del comité nacional). La libertad condicional estará sujeta a un periodo de vigilancia ente los 5 y los 10 años, pudiendo entrar nuevamente en prisión tras incumplimiento de las obligaciones impuestas o por reprochable conducta. En Italia, hasta pasados los 26 años de prisión no se produce la revisión, si bien el máximo periodo de encarcelamiento está en los 30 años (se reduce en caso de colaboración con la justicia. La libertad condicional tendrá una duración de 5 años, tras los cuales, sin haber incumplido las obligaciones impuestas, la cadena perpetua se tomará como extinguida. Bélgica, castiga mediante esta pena aquellos delitos más graves como el asesinato y las violaciones. Este Estado permite la solicitud de la libertad condicional tras un tiempo de 15 años de prisión si no ha sido juzgada por ningún otro delito (o de 23 años de condena, en caso de haber cometido algún delito grave previo), mediante acuerdo de un tribunal compuesto por tres jueces, un funcionario de prisiones y un agente de reinserción social En lo referente al Reino Unido, Inglaterra y Gales (donde fue abolida la pena de muerte en 1965), los asesinatos cometidos por mayores de 21 años llevarán aparejada la cadena perpetua, pudiendo salir en libertad condicional tras un tiempo mínimo fijado por la autoridad judicial. En casos extremos el juez fijará una condena perpetua para toda la vida del encarcelado. Esta forma de cadena perpetua instaurada en Inglaterra y Gales ha sido considerada por el TEDH contraria a la CEDH, ya que no permite acceso a revisión de la pena por parte de los condenados. En Escocia no existe la cadena perpetua, mientras que, en Irlanda del Norte, se somete a revisión (Navarro, 2018). LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA PPR Como se había adelantado en la introducción de este trabajo, otro de los aspectos a analizar son determinados principios consagrados constitucionalmente y cuya presunta vulneración hasta el pronunciamiento del TC español en octubre de 2021 suscitaron una profusa discusión respecto a la posible conculcación por parte de la nueva pena de la PPR (Cuerda, 2012; Serrano, A y Serrano I., 2017). El legislador español incluyó la PPR justificando su posibilidad de revisión de la condena como suficiente motivo para evita ser considerada de vulnerar lo preceptuado en el art. 10 CE (dignidad humana), considerando que una posible respuesta negativa en el proceso de revisión sería, más o menos, algo que dependería o respondería de los propios actos del condenado (STC 65/86, de 22 de mayo). En el plano de lo práctico, el cumplimiento de una pena que es revisada a los 25 ó 30 años par una persona que entrase en prisión con unos 40 años, supondría que saldría de prisión con 65 a 70 años, en una situación de soledad y sin proyecto de vida laboral o familiar Raúl Morente García | César Augusto Giner Alegría 186 ISSN: 1812-6804 rmorente@alu.ucam.edu caginer@ucam.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 180-196, 2022 desarrollado: una pena de muerte social. No han sido pocos lo partidarios de considerar que la dignidad consiste precisamente en poder tener posibilidades ciertas y reales de integración nuevamente en la sociedad para poder desarrollar un proyecto vital tanto desde el punto de vida social, laboral con familiar, que precisamente con este tipo de sanción penal queda incumplido, aunque se intente hacer pasar por revisable algo que tiene miras de ser perpetuo (Gimbernat, 2010; López, 2004 y Mapelli, 2005). Si bien el art. 15 de la CE ya establece la proscripción de las torturas ni penas o tratos degradantes, resulta difícil concretar determinados aspectos de la degradación o la inhumanidad, considerando que se trata de una sanción punitiva que la ciudadanía ha admitido. Parte de la corriente doctrinal contraria a este tipo de pena entiende que, el transcurso de periodos carcelarios superiores a los quince años origina un gran trastorno y afectación de la personalidad del reo, no contribuyendo en el proceso educativo que se espera del interno (STC 91/2000, de 30 de marzo). La propia angustia que el recluso siente mientras se decide sobe su petición de libertad condicional, en opinión de algunos autores (y particularmente así lo considero) alberga al menos dudas de inhumanidad o trato degradante, ya que de esa importante y trascendente decisión depende su posible continuación para el resto de sus días, aspecto altamente criticado (Cuerda, 2011). La permanencia de tan extensos periodos carcelarios en los que se adolece de una pretendida libertad supone un sufrimiento humano superior al consustancial de la misma sanción impuesta, que supera y desborda las facultades físicas y mentales de la persona, a lo que habría que sumar la propia indeterminación a la hora de conocer el fin de la pena dada la carencia de unos requisitos tasados por ley. En relación a ello, podemos hacer referencia a padecimientos psíquicos padecidos por gran cantidad de presos a consecuencia de la permanencia durante largos periodos de tiempo en prisión, habiendo sido informado por parte de Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, en el año 2010, el 40% de los presos padecían una enfermedad de tipo mental, recibiendo diagnóstico por trastorno psiquiátrico más de un 25%, alcanzando cifras que se duplican cuando se toma como referencia los internos con tratamientos por adicciones a drogas (Ríos, 2013). En relación con este aspecto el TS se pronunció en el sentido de considerar que el excesivo y largo periodo de cumplimiento de la prisión resulta opuesto a cuanto contiene el art. 15 CE, pues este órgano entiende que la superación de los 30 años merece la catalogación de inhumana y no compatible con la finalidad reeducativa y resocializadora establecida en los art. 15 y 25.2 CE (STS 1822/1994, de 20 de octubre). Otros aspectos para tener en cuenta son la reeducación y reinserción social, que constituyen los dos contenidos del art. 25.2 CE, de suma importancia a considerar en la estancia en prisión, que origina en el penado una continua sensación de peligro constante, indefensión y una profunda desconfianza como medio de supervivencia (Secretaría General Instituciones Penitenciarias, 2017). Durante los periodos de privación de libertad, el reo padece el afloramiento de sentimientos de odio hacia los demás, síntomas de afectación mental, así como situaciones psicológicas inherentes al propio condenado a largos periodos de privación de libertad, constituyen el conocido fenómeno de la “prisionización” (Ríos, 2013). Este fenómeno origina en el penado un gran y agudizado comportamiento delictivo, pues este fenómeno inculca lo peor de la prisión al reo, quien ha de vivir en una especie de subcultura a la que deberá de adaptarse, sobreviviendo a las normas que otros reclusos imponen entre sus propios compañeros (Fernández, 2014). El proceso de inserción del reo en la sociedad es proclamado constitucionalmente como fin básico de nuestro sistema penal a fin de reintroducir al condenado a la vida en sociedad en un futuro (STS 650/2014, de 16 de octubre). Sin embargo, la PPR supone la permanencia en prisión durante un periodo extremadamente largo y que conlleva padecimientos graves no solo en la mentalidad del reo, sino en aspectos tales como su propia actitud, desconfianza en el sistema y en la sociedad, amplios deseos de venganza, trastornos psicológicos, además de altas posibilidades de adentrarse en el consumo de drogas. Todo ello, determina de manera decisiva un desarraigo social del mismo, lo que me lleva a pensar que una pena de tan larga duración y que puede ser de por vida, no minimiza estos efectos, sino que lo que produce es la falta de cualquier esperanza en el reo en alcanzar la libertad y con ello se debilita la posibilidad de la reinserción social (efecto de la prisionización anteriormente Acerca de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable (PPR) en España About the constitutionality of the reviewable permanent prison (rpp) in Spain 187 VOX JURIS (40) 2, 2022 rmorente@alu.ucam.edu caginer@ucam.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 180-196, 2022 comentado). Por ello, este tipo de pena ha hecho resurgir amplias polémicas, entendiendo que no cumpliría con el mandato constitucional de reinserción social como finalidad de la pena, de conforme con lo establecido por el TEDH en su sentencia Dickson c. Reino Unido, donde reconoce la institución de la reinserción social, como una de las funciones asignadas a la pena, más allá de la función disuasoria o de justo castigo (STEDH Caso Dickson contra Reino Unido de 4 de diciembre de 2007). Como ya ha apuntado algún autor, “si lo que pretendemos es no atentar contra los fines de la reeducación y reinserción social, habrá de respetarse en todo caso a la individualización penitenciaria atendiendo a la evolución de la personalidad de los condenados”, eliminado cualquier otro tipo de límite que impide tal pretensión (Fernández, 2014). La reinserción social supone una readaptación del individuo a la sociedad en donde vuelve a ser objeto de responsabilidad personal (STC 65/2012, de 29 de marzo). Para ello, el recluido debe de progresar a través del sistema penitenciario hasta la propia preparación a una futura puesta en libertad: lo que se conoce con el principio de progresión (López, 2018). Que el individuo no pueda ser reinsertado en la sociedad por cumplimiento de una pena de por vida, supondría dejar a un lado y acabar con ese procedimiento gradual, concreto y específico que expone las disposiciones penitenciarias cuando, “en muchas ocasiones la ejecución de la prisión se hace girar en torno a la gravedad de los hechos cometidos por el penado y no a su potencial reinserción” (Núñez, 2014, p. 66). La seguridad jurídica consagrada en el art. 9.3 CE contiene uno de los pilares básicos en los que se asienta nuestro Estado de Derecho y que consagra un valor que se manifiesta en el ámbito penal bajo el principio de legalidad penal. La determinación o certeza que ha de imperar en la norma penal viene a colación de lo dispuesto en el art. 25.1 de la CE. En base a este principio de legalidad queda proscrito cualquier tipo de sanción indeterminada, dado que la concreción de la sanción, como consecuencia jurídica tras la comisión del hecho criminal, debe contar con unos máximos y unos mínimos como márgenes de la pena a imponer por parte del juzgador (STC 34/1996, de 11 de marzo; STC 25/2002, de 11 de febrero). En relación con lo anterior, la pena debe de ser determinada (principio de determinación) y encontrarse perfectamente definida en la ley (reserva de ley), por la propia naturaleza de esta y a su duración. En el caso de la PPR, el inicio de su cumplimiento resulta un dato conocido, pero no respecto al fin de esta, siendo imprevisible determinar tal momento. En torno al concepto de certeza y determinación jurídica, el TEDH se ha manifestado en la línea de considerar y calificar de criterios discrecionales cuando los elementos de evaluación que se van a tener en cuenta la hora de valorar la duración de su ejecución son elementos no relacionados con el instante en que aconteció el hecho delictivo, sino con momentos ulteriores. Este aspecto ha sido recogido por la jurisprudencia de nuestro TC, en lo referente a la vulneración del principio de taxatividad penal. Por ello y según se ha pronunciado el Alto Tribunal interpretador constitucional, existiría vulneración si, teniendo en cuenta las delimitaciones establecidas de duración máxima y mínima de la duración de la pena, la norma no contiene los métodos o principios para adecuar la condena y por lo tanto exista una adecuada correlación entre la importancia del hecho criminal y la pena a imponer, dejando un amplio margen de discrecionalidad a su eventual desproporción. (STC 100/2003, de 02 de junio). Con este tipo de pena, el órgano judicial sentenciador no dispondrá de margen de discreción a la hora de tener en cuenta posibles circunstancias que modifiquen la responsabilidad del autor, ni tampoco aspectos de la personalidad de este (STS 367/2015, de 11 de junio; STS 706/2015, de 19 de noviembre). La pena a ser la misma, suponiendo una limitación en la posibilidad de imposición de la pena por parte del juez, quien tendrá que imponerla, aunque la gravedad del hecho o las circunstancias de personales no aconsejasen tal imposición (Cámara, 2019). El principio de igualdad consagrado en el art. 14 CE, contiene un derecho relativo que supone mismo trato entre iguales, y uno desigual para los diferentes. Con relación a lo anterior, la PPR, no permite al Tribunal facultad y potestad para concretar la sanción más adecuada a los hechos enjuiciados, de conforme con los hechos declarados como probados en el Raúl Morente García | César Augusto Giner Alegría 188 ISSN: 1812-6804 rmorente@alu.ucam.edu caginer@ucam.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 180-196, 2022 procedimiento, aspectos que modificarían la presunta responsabilidad o participación del autor. Los aspectos de carácter biológicos como la resistencia física o psíquica del reo serán factores dependientes para el cumplimiento de la condena. Por lo tanto, la duración de esta no va a depender exclusivamente de factores penales o criminológicos. La jurisprudencia del TC ha tachado de desigualdad de trato proscrita por el legislador al entender que “resulta artificiosa e injustificada, por no venir fundada en criterios objetivos suficientemente razonable, de acuerdo con puntos de vista o juicios de valor generalmente aceptados” (STC 22/2010, de 27 de abril). LA SITUACIÓN EN ESPAÑA EN EL MOMENTO DE LA ADOPCIÓN DE LA PPR Datos proporcionados por el propio Ministerio del Interior respecto de los años anteriores de la introducción de la PPR, en España se producía un descenso generalizado de las infracciones penales: en 2011 hubo un descenso de un 0.5% respecto al año anterior, en 2012, también se redujo en un 0.7%, un 4.3% en 2013 y un 3.6% en 2014 (Ministerio del Interior, 2015). Para el quinquenio 2010 a 2015, la tasa por cada mil habitantes descendió desde la cifra de 48.9 (en 2010), a 43.8 (en 2015). En el año 2015 la tasa de criminalidad había descendido en cerca de 2%. Precisamente, el propio Ministerio del Interior (2015) hacía hincapié en la reducción de la delincuencia en España con respecto a los países del entorno europeo, incluido el propio delito de asesinato (principal delito sancionado con esta pena), tenía uno de los niveles más bajos de Europa; en España, la tasa por este delito se sitúa en 0.64%, mientras que la media en Europa está en 1.00% (Ministerio del Interior, 2015). Respecto a los datos del año 2014 (por cada mil habitantes), el índice delictivo español resulta ser de las más bajas, situándose en unos 44.7 delitos por cada mil habitantes, frente a la tasa de 61.3 en Europa o los 147.9 de Suecia (primero de lista). Solo Grecia y Portugal se encuentran por debajo de las tasas de criminalidad de España (con 17.5 y 38. 2 respectivamente), mientras que Suecia (147.9) y Bélgica (96.8) encabezan las listas con cifras muy superiores. La población reclusa existente en España se vio incrementada notablemente en los últimos años treinta años desde los 18,000 a 76,000 internos (ICNdiario, 2014). El endurecimiento de las normas penales ha dado como resultado en España unas tasas de encarcelamiento de aproximadamente 133 por cada 10,000 habitantes, siendo uno de los países del entorno europeo con más presos junto a países del Este como Hungría, Rumanía y Polonia, muy superior a la media establecida en 96 preso por cada 10,000 habitantes (Navarro, 2018). La tasa de delitos patrimoniales en el año 2014 se encontraba en un 76% del total de delitos cometidos, suponiendo únicamente un 16% los delitos cometidos contra las personas. La tasa de homicidios en la UE en el año 2014 se sitúa en un 0.92% de la delincuencia, mientras que la obtenida por España se sitúa en un 0.69%. Respecto a la tipología de delitos que se cometen en España, el 76% corresponde a delitos patrimoniales, mientras que aquellos de carácter violento y grave constituyen una mínima parte del total. Por ello, España se sitúa como el tercer país con menos homicidios en Europa (Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario, 2015). En consonancia con lo anterior, y respecto al comportamiento de la delincuencia social para el quinquenio comprendido entre los años 2016 a 2020, periodo en el que se encontraba en vigor la PPR, los datos estadísticos existentes en las fuentes oficiales exponen unas tasas de criminalidad (infracciones penales /1,000 habitantes) es de 43.2 (año 2016), 43.9 (año 2017), 45.6 (año 2018), 46.8 (año 2019) y 37.2 (año 2020). Los datos nos indican que la tasa criminal ha ido incrementándose a lo largo del quinquenio 2015-2020 (a excepción de la bajada existente para el año 2020, como consecuencia de las restricciones habidas en la población y que sí han hecho reducir la perpetración de hechos delictivos). Ello nos conduce a la conclusión de que, a pesar de la implantación de una pena de tal dureza, esta no ha provocado unos efectos preventivos de contención en la población, pues al potencial criminal no le supone freno alguno si la comisión del delito va a irrogarle una pena de 30 ó 40 años, o bien la PPR (Ministerio del Interior, 2020). Acerca de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable (PPR) en España About the constitutionality of the reviewable permanent prison (rpp) in Spain 189 VOX JURIS (40) 2, 2022 rmorente@alu.ucam.edu caginer@ucam.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 180-196, 2022 En lo que a aspectos sociales se refiere, no debemos olvidar tal y como adelantábamos al inicio de este trabajo (muertes de las menores Mari Luz Cortés y Marta del Castillo en 2008 y 2009 respectivamente, entre otros), las repercusiones mediáticas que se originaron ante el suceso de determinados delitos (contra la vida, la libertad e indemnidad sexual o terrorismo), incrementado la sensación de inseguridad ciudadana y demandándose por parte de la sociedad unas respuestas más contundentes y “eficaces” de manos del Estado. LA SITUACIÓN ACTUAL TRAS EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL ACERCA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA PPR. La dialéctica suscitada acerca de la pretendida inconstitucionalidad de la PPR en torno a las posibles vulneraciones al principio expuestos anteriormente llegó hasta el punto en que la cuestión fue planteada mediante el oportuno recurso de inconstitucionalidad por parte determinados grupos parlamentarios en septiembre de 2018 y admitido con fecha 21 de julio del mismo año por parte del Pleno del TC, como máximo órgano interpretador de esta cuestión. Finalmente, el 26 de octubre de 2021 este el Pleno del TC se pronunció a cerca de la posible inconstitucionalidad presentada en el recurso sobre la PPR, desestimando tal pretensión. (Nota Informativa, 2021) La sentencia dejó de manifiesto cómo la PPR no supone una sanción desproporcionada ni conculcadora de derecho a la libertad contenido en el art. 17.1 de la CE, así como tampoco vulneraría el contenido del art. 25.1 referido al derecho a la legalidad penal. Así las cosas, el Alto Tribunal entiende que los largos periodos de mínimo cumplimiento de la pena hasta ser revisada (mínimo de 25 años, y hasta 28, 30 y 35 años para aquellos supuestos relacionados con terrorismo, delincuencia organizada o pluralidad de condenas), supone la respuesta del ordenamiento penal y no excediendo de manera manifiesta a la establecida para otros comportamientos delictivos de carácter grave. Además, se trata de una sanción que prevé un sistema individualizado y adaptado a las circunstancias personales y a su propia evolución personal, cumpliendo con los estándares europeos en lo que se refiere al tratamiento que ha otorgar al condenado a penas perpetuas o de larga duración. Por ello, y en relación con este último aspecto, el Alto Tribunal ha declarado que la PPR no vulnera la esencia del principio de reeducación y reinserción social dispuesto en el art. 25.2 de la CE (Sentencia del TC 169/2021, de 06 de octubre). A pesar de la claridad con la que la sentencia despeja las dudas habidas al respecto y donde se exponían como principal argumentación el compromiso que esta sanción penal suponía para ciertos principios fundamentales que orientan la sociedad democrática española, la misma ha contado con el voto particular de tres magistrados que mantuvieron su posición en contra del mantenimiento en el ordenamiento jurídico por considerarla inconstitucional. Estos magistrados, centran sus posiciones contrarias a la PPR considerando que el carácter de perpetuidad que conlleva la pena respecto a la indeterminación del límite máximo quebrantaría no solo el principio de seguridad jurídica, sino también el derecho a la legalidad y a la libertad (arts. 9.3, 25.1 y 17.1 de la CE, respectivamente). Por similares motivos, el principio de progresividad consagrado en el art. 25.2 de la CE, en lo referente al mandado consitucional de reinserción social, quedaría igualmente afectado. Además, estos magistrados continúan en su argumentación haciendo hincapié acerca de la falta de suficiente justificación desde el prisma constitucional al regreso de una sanción que ha estado fuera de nuestro ordenamiento jurídico desde hace cerca de cien años, ni siquiera ante el acontecimiento de delitos de gran gravedad que parecían haber inquietado a la sociedad y la paz del estado español, y con ello la propia estructura de nuestro sistema. Las razones esgrimidas por estos magistrados concluyen mostrando un debilitamiento del sistema democrático ante la influencia de los grupos de presión social, demandando políticas que parecen olvidar la defensa de valores y principios fundamentales de un ordenamiento legislativo en España (Sentencia del TC 169/2021, de 06 de octubre). RESULTADOS La PPR cumple con los parámetros establecidos por el TEDH. Sul carácter de revisable y el respecto al artículo 3 de la Convención de protección de los derechos humanos Raúl Morente García | César Augusto Giner Alegría 190 ISSN: 1812-6804 rmorente@alu.ucam.edu caginer@ucam.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 180-196, 2022 pueden haber revestido de constitucional una pena que también ha recibido el aval de su constitucionalidad por parte de nuestro TC. No obstante, y teniendo en cuenta el momento en que surgió y fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico, la función resocializadora del derecho penal parece haber quedado en un segundo plano antes la cesión del legislador dadas las continuas demandas sociales exigiendo un mayor rigor punitivo de los delitos. Los medios de comunicación social provocan ciertas excitaciones en la población, generando una inseguridad ciudadana, así como cierta dosis de venganza, a pesar de que contamos con una de las tasas delictivas más bajas de Europa. El endurecimiento de las penas ante la comisión de delitos de cierta gravedad, suficientemente severas ya de por sí (algunas pueden llegar hasta los 40 años de prisión), no deberían constituir un mero instrumento de satisfacción a las víctimas. Debieran ser los poderes públicos los que de alguna manera asegurasen una reparación integral de la victima tanto desde el punto de vista personal como económico, y no mediante un ius puniendi cada vez con mayor rigor que pretendería la satisfacción de unos ansiados deseos de justicia, contra el “enemigo” de la sociedad (González, 2019). Pero, ahora sí, el TC ha dejado claro que la PPR es una pena constitucional, que, si bien desde una cuestión puramente formal cumple con los estándares establecidos por el propio TEDH, ha originado grandes dudas acerca de su encaje constitucional en lo referente a principios y derechos fundamentales expuestos anteriormente. Teniendo en cuenta que las sanciones penales han de tener como premisa fundamental la rehabilitación, resocialización y reeducación del condenado y por tanto la obtención de la libertad condicional, considero que el hecho mantener al condenado a largos periodos de privación de libertad, que incluso pueden llegar a ser de por vida podría poner en riesgo los objetivos de reinserción, además de tenerse en cuenta que en los procedimientos de revisión, algunos de los requisitos obedecen a cuestiones de revisión un tanto subjetivo. Ha sido necesario el pronunciamiento por parte del Alto Tribunal para despejar las enormes dudas surgidas dadas las circunstancias ya enunciadas anteriormente, habiendo llevado a grandes sectores de la doctrina a considerar que se estaba legislando en caliente, incorporando una pena con presuntas incompatibilidades respecto del principio de resocialización de la pena, entendiendo que la PPR no favorece de ninguna manera el contacto con la vida exterior, perdiendo la posibilidad de cualquier tipo de habilidad propia de una convivencia en sociedad. Así mismo, el debate surgido y ahora resuelto, consideraba que debiera mejorarse los recursos en el ámbito judicial a fin de que el ciudadano y la sociedad obtengan una respuesta más ágil y efectiva a fin de combatir posibles sentimientos de inseguridad, en lugar de limitar y restringir derechos y las libertades del penado. No obstante, el pronunciamiento de compatibilidad con el principio de humanidad dispuesto en los arts. 10 y 15 de la CE, puede resultar una falacia la justificación de una pena que pivota sobre la remota eventual oportunidad de alcanzar la libertad tras la privación durante un elevado número de años y cuya pretensión podrá ser denegada por parte del Tribunal (STS 139/2016, de 25 de febrero). Si bien es cierto que la sociedad ha de procurar establecer medidas y políticas criminales aptas para responder ante las situaciones de grave criminalidad, éstas han de estar orientadas bajo criterios objetivos y claros que vayan más allá de la subjetividad que pueda arrojar el claro componente mediático que en ocasiones el legislador parece no tener en cuenta a la hora de incluir determinadas modificaciones penales en el ordenamiento jurídico. Considero que la situación criminal existente en el momento en que se planteó tal inclusión, no respondía a una situación objetiva de aumento de las tasas criminales, y quizá las prisiones y demandas sociales tuvieron un mayor fuerza y protagonismo, que la propia necesidad de aquel momento, motivo por el cual ha suscitado tan ardua polémica en lo referente no solo a la justificación de la necesidad de dicha pena, sino también a cuestiones de idoneidad y ajuste a nuestros principios fundamentales establecidos en la CE, y que ahora el Alto Tribunal ha declarado acorde a la misma. La PPR como sanción penal para hechos de extraordinaria gravedad ha sido una alternativa en la política legislativa instalada en el propio Derecho comparado y ahora aceptada por el propio legislador en España quien, comprometido por la situación de alarma social Acerca de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable (PPR) en España About the constitutionality of the reviewable permanent prison (rpp) in Spain 191 VOX JURIS (40) 2, 2022 rmorente@alu.ucam.edu caginer@ucam.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 180-196, 2022 existente, haciendo de su carácter revisable, la piedra angular para superar las profundas discusiones habidas respecto ante su posible constitucionalidad, encontrando encaje formal y conforme a la jurisprudencia habida por parte del Tribunal de Estrasburgo y del TC español en la actualidad. No obstante, los plazos establecidos para proceder a la revisión, poder acceder al tercer grado y la posibilidad de alcanzar los permisos de salida (25 años, 15 años y 8 años), aún considerando la mejor de las situaciones en las que puede situarse el penado, nos situaríamos ante una posición no fácil en lo que a la rehabilitación y reinserción se refiere, colocando al reo en un escenario finalístico estrictamente punitivo con periodos muchos más extensos para lograr estas finalidades. Ello significa que quedará sometido a una serie de efectos de carácter negativo y perjudicial por la aflicción que supone la reclusión por periodos de larga duración (efectos ocasionados no solo por la PPR sino también por aquellas penas de larga duración), además del aislamiento del reo respecto de la sociedad, lo que le provoca la separación y rotura de los lazos familiares y sociales, haciendo prácticamente nulo su conexión con la sociedad en el exterior. Así las cosas, hemos de considerar que la alternativa o posibilidad de revisión establecida como mecanismo por parte del tribunal puede no llegar nunca, y es precisamente ese escenario de prisión a perpetuidad lo que ha suscitado no pocas críticas y exacerbados debates y opiniones por considerar una conculcación de la prohibición de las penas inhumanas y degradantes (art. 15 de la CE) y con ello el fin de la reinserción social (art. 25.2 de la CE). DISCUSIÓN La PPR introducida mediante la LO 1/2015, de 30 de marzo de 2015, incorporó esta pena para determinados delitos con carácter preceptivo a fin de reprimir ilícitos que habrían ocasionado gran alarma social como bien se argumentaba en la propia fundamentación de esta norma. Las cifras de delincuencia en esos momentos no estaban precisamente en aumento, sino más bien lo contrario, y en comparación con otros países del entorno europeo, podemos decir que se encontraba por debajo de la media. Con la introducción de la PPR cuyo cumplimiento mínimo está establecido en 25 años y que puede alcanzar hasta los 35 años en casos de gran gravedad, con unos plazos de revisión que son superiores a los establecidos para la mayoría de las legislaciones europeas y superando el término de 25 años que el TEDH ha indicado. Por ejemplo, para el caso de Alemania, también fijado una revisión de la pena a los 15 años de prisión, mientras que España lo realizará a los 25 años, a pesar de que la tasa de criminalidad en Alemania es mucho mayor que en España (Roig, 2013). La existencia de este tipo de pena PPR en otros países del entorno europeo, así como la aprobación por parte de la Corte Europea respecto de la legalidad de esta, fueron los razonamientos expuestos por el legislador como fundamentos para la implantación de esta sanción tan restrictiva de libertad, y no aspectos relacionados con la necesidad de prevención y protección de algunos bienes jurídicos. A pesar de la efectista fundamentación de esta pena, no esconde otra cosa que un pretendido afán de neutralización e intimidación general en la población, lo que lleva a pensar en un cambio desde el derecho penal humanista que pretende la reincorporación del delincuente a la sociedad (propio de un Estado social), a un Derecho penal del castigo de corte neoliberal. Por ello, en lo que a España respecta considero que no quedaría justificado la introducción de esta pena en lo que se refiere a la eficacia preventiva, dado los datos estadísticos con los que contaba España en el momento en que se introdujo esta pena. El TC ha considerado suficiente para considerar consitucional penas como la introducida, la propia previsión de revisión periódica de la situación del reo, pues ello permite al mismo unas expectativas sólidas de libertad para el futuro (aunque nunca llegue a obtener la libertad), constituyendo tal revisión la posibilidad adecuada y apta para cumplir con el texto constitucional e impidiendo tenerse como inhumana y degradante pues dicho carácter no viene determinado únicamente por su duración, sino por su ejecución y que en la misma se articulen o no posibilidades de alcanzar la libertad anticipada (Sentencias TC 65/1986, de 22 de mayo o 91/2000, de 30 de marzo). Hay que tener en cuenta que desde un planteamiento rigorista del principio de legalidad que exige la determinación de la pena Raúl Morente García | César Augusto Giner Alegría 192 ISSN: 1812-6804 rmorente@alu.ucam.edu caginer@ucam.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 180-196, 2022 al caso concreto y concretando la consecuencia de la sanción que lleva aparejada la conducta ilícita, la indeterminación de la extensión máxima de la pena y vinculada a la valoración por el tribunal (aptitud para reinserción) pueda arrojar cierta inseguridad jurídica a la luz de algunos pronunciamientos jurisprudenciales en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Estos pronunciamientos han considerado cómo la inexistencia del máximo en una sanción administrativa supone una sanción de carácter indeterminada, pues no permite que la norma pueda considerarse como lex certa y por tanto incompatible materialmente con el principio de legalidad consagrado en el art. 25.1 de la CE (STC 29/1989 de 06 de febrero, sala segunda: STC 25/2002, de 11 de febrero Sala primera). Similar pronunciamiento fue realizado por el TS (STS de 15 de noviembre de 1999). Teniendo en cuenta que, el art. 25.2 de la CE prohíbe la imposición de penas que obstaculicen o de alguna forma impidan la reinserción social del penado, considero que la PPR establece unos plazos para acceder a el examen y comprobación de la condena impuesta, acceso al tercer grado y para obtener autorizaciones de salida exacerbados que no va a lograr otra cosa que el propio desarraigo del penado de la sociedad en el exterior, quien además de sufrir la denominada prisionización del penado, quedará desocializado. Creo que nos encontramos ante una pena con vagos criterios para justificar la predicción de inserción en la sociedad, y que convierte la revisión de la condena en un proceso parcial e impronosticable en el que unos conseguirán obtener la libertad una vez revisada la pena, pero otros muchos no. Por ello, teniendo en cuenta que los Códigos penales pasados de 1822, 1848 (reformado en 1850) y el de 1870, ya incorporaban en las mismas sanciones consistentes en trabajos forzados o privaciones a perpetuidad que en la práctica no llegaron a ser suficientemente efectivas o dejadas sin efecto mediante indultos una vez transcurridos los 30 años de privación, no llegando la reclusión a ser vitalicia. Es por ello que, a juicio de este autor resulta conveniente hacer ligera reflexión respecto de la nueva imposición de la PPR y convertir la misma en una pena determinada que abarcase una entidad penológica que bien pudiera situarse entre los 20 y los 30 años de prisión ante la comisión de un único delito (el art. 76 del CP establece una duración máxima de 20 años de prisión para un delito cometido), teniendo en cuenta lo dispuesto por el TS respecto a la inconstitucionalidad de los cumplimientos efectivos de pena privativa de libertad superior a los 30 años, “excesiva exasperación de las penas”, consideradas de tal intensidad que “supondría una privación de oportunidad reinsertadora para el sujeto, una humillación o sensación de envilecimiento superior a la que acompaña a la simple imposición de la condena, trato inhumano y degradante proscrito por el artículo 15 de la Constitución” (STS 13338/1999 de 30 de mayo Sala Penal). España es uno de los países del entorno europeo con menor tasa de incidencia criminal, pero cuenta, a pesar de ser uno de los Estados que cuenta con periodos de revisión mucho más elevados, como se ha expuesto anteriormente. Por consiguiente, considero que no es conveniente que el resurgimiento de una sanción penal de tal calado pues supone un alto sacrificio para los derechos de la persona a los que contrarresta, con una clara utilización política de la retribución vengativa, discrepando respecto de aquéllos que defienden su implantación y a pesar de contar con el respaldo constitucional del Alto Tribunal, que recientemente se pronunció al respecto. El surgimiento de esta pena desde sus inicios no contó precisamente con el apoyo del CGPJ ni del Consejo de Estado, tratándose de una medida tan rigorista considero que debiera de haber requerido un mayor acuerdo que fuera más allá de intentar acabar con determinada criminalidad a golpe de dureza penal que, por otro lado, popularmente parece tener un clamoroso acogimiento, con ciertos tonos demagógicos y simbólicos. La cuestión no es baladí, pues fueron numerosos y continuos debates acerca de la condición populista de esta pena, entre quienes en unas posiciones de progresismo rechazaban a aquéllos que bajo la recogida de firmas y usando la crudeza punitiva (aunque simbólicamente) usaban la alarma social fabricada desde el sector político y los medios de comunicación, pretendían una legislación a golpe de telediario. Como consecuencia a lo dicho creo que la PPR es una pena de tal rigor y dureza que debiera de ser derogada del texto penal, algo prácticamente complicado Acerca de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable (PPR) en España About the constitutionality of the reviewable permanent prison (rpp) in Spain 193 VOX JURIS (40) 2, 2022 rmorente@alu.ucam.edu caginer@ucam.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 180-196, 2022 cuando el TC se ha pronunciado claramente al respecto sobre constitucionalidad. Por ello, si no fuera posible su derogación, considero que habría que llevarse a cabo un acortamiento de los amplios plazos establecidos para su revisión, moderando los rigurosos requisitos de acceso a tales revisiones, haciéndose igualmente extensivo la revisión otras penas de larga duración existentes. Considero que la denominada “expansión del derecho penal” en pocas ocasiones permite retrocesos, y significa una forma de de transmitir a la sociedad un mayor rigor para alcanzar un clima de seguridad ciudadana mediante el endurecimiento de las penas existentes, o tipificando acciones que antes no lo eran, es una regresión en el avance de nuestra sociedad. Evidentemente, seguirá subsistiendo el problema de qué hacer con aquellos delincuentes de difícil corrección, así como la dificultad de saber de antemano qué personas serán incorregibles, y éste es un riesgo que la sociedad ha de contemplar. Una sociedad moderna basada en el modelo de Estado social y democrático de derecho habrá de perseguir medidas alternativas que no pretendan la privación de libertad de por vida a una persona, que adopte medidas de política criminal pensadas y desarrolladas por personal técnico y no por determinados sectores y ciudadanos de a pie, dejando a un lado la legislación en caliente que a veces otorga cierto rédito electoral. Esta medida, cuenta con grandes dotes populistas y propagandísticas, se pretende hacer frente a la más violenta delincuencia con un mayor rigor y contundencia penal (Gimbernat, 2018). Con ello no se pretende otra cosa que fortalecer la confianza en la administración de justicia mediante la utilización del derecho penal como un mero estabilizador para tranquilizar a la sociedad a través de la criminalización de determinadas conductas o exacerbación de sus penas (Yenissey, 2015). Por ello, se demanda del legislador la supresión de esta PPR y por tanto su expulsión del ordenamiento jurídico penal español (volviendo al sistema punitivo anterior), optando por una política criminal de mayor seriedad, eficacia y próxima los consagrados principios de corte liberal, aislando aquellas peticiones que pudieran comprometer la progresión de un estado demócrata y de derecho. Estoy convencido de la capacidad que la sociedad española tiene para afrontar las situaciones criminales existentes en cada momento, mediante el recurso a unas acordes políticas criminales, sin recurrir a la herramienta del derecho penal rigorista cuyo uso, a veces tendencioso, que parece obedecer más a criterios políticos, electorales y presiones sociales que a cuestiones de eficacia preventiva del delito (Sánchez, 2018). REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Cámara, S. (2019). Cadena perpetua en España: la falacia de su justificación en el Derecho comparado y estado actual de la cuestión. Revista Derecho y Cambio Social, 57, JUL-SET 2019 . https://lnx.derechoycambiosocial.com/ ojs-3.1.1-4/index.php/derechoycambiosocial/ article/view/146/101 (Consultado web día 06/03/2022). Cuerda, A. (2011). La cadena perpetua y las penas muy largas de prisión: porqué son inconstitucionales en España . Atelier. Cuerda, A. (2012). Inconstitucionalidad de la Prisión Permanente Revisable y de las penas muy largas de prisión. Revista Otrosí, nº 12, .29-33. http://www.pensamientopenal.com. ar/system/files/2014/04/doctrina38568.pdf (Consultado web día 06/03/2022). Domínguez, E. y Morillas, L. (2015). El nuevo sistema de penas a la luz de las últimas reformas”, en Estudios sobre el Código Penal reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015) . Madrid. EFE (03 de septiembre de 2013). El Consejo de Estado ve constitucional la prisión permanente revisable. Noticias RTVE. https:// www.rtve.es/noticias/20130903/consejo- estado-ve-constitucional-prision-permanente- revisable/744540.shtml (Consultado web día 06/03/2022). Fernández, D. (2014). Una propuesta revisable: la prisión permanente. Revista La ley penal , 110, 75-87. Ferrajoli, L. (2007). El derecho penal del enemigo y la disolución del derecho penal. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C., 19, 5-22. https://revistaius. Raúl Morente García | César Augusto Giner Alegría 194 ISSN: 1812-6804 rmorente@alu.ucam.edu caginer@ucam.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 180-196, 2022 com/index.php/ius/article/view/176/171 (Consultado web día 06/03/2022). García, L. (2014). Sobre la negación de la condición de persona como paradigma del Derecho penal del enemigo. Revista General de Derecho Penal, 2. https://www.iustel. com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_ noticia=403334&d=1 (Consultado web día 06/03/2022). Gimbernat, E. (2010). Prólogo a la segunda edición, en su 16ª Ed. Del Código Penal . Tecnos. Gimbernat, E. (2018). “Contra la prisión permanente revisable”, 2018. https://www. elmundo.es/opinion/2018/06/29/5b34c04a2 68e3e9f3e8b4775.html (Consultado web día 06/03/2022). González, P. (2019). La negación de la calidad de ciudadano o de persona en el derecho penal del enemigo. Revista de Ciencias Humanas y Sociales , 25, 1070-1103. https://www. produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/ article/view/32334/33748 (Consultado web día 06/03/2022). Icndiario. (29 de enero de 2014). Balance de la criminalidad en España; infracciones penales descienden un 4,3%. Iberoamérica Central Noticias . https://www.icndiario.com/2014/01/ b a l a n c e - d e - l a - c r i m i n a l i d a d - e n - e s p a n a - infracciones-penales-descienden-un-43/ (Consultado web día 06/03/2022). López, C. (2004). ¿Lucha contra la criminalidad mediante el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas?. REIC , 1(2004), 1-20. López, C. (2018). Más motivos para derogar la prisión permanente revisable. RECPC 20-30, 1-49. http://criminet.ugr.es/recpc/20/ recpc20-30.pdf (Consultado web día 06/03/2022). Mapelli, B. (2005). Las consecuencias jurídicas del delito , 4ª. Ed . Civitas. Martínez, A. (2018). La prisión permanente revisable. Un análisis del argumento internacional. Revista de derecho penal y criminología, 18, 83-118. http://revistas.uned. es/index.php/RDPC/article/view/24412/19230 (Consultado web día 06/03/2022). Núñez, J. (2014). Análisis crítico de la libertad condicional en el Proyecto de Reforma del Código Penal de 20 de septiembre de 2013: especial referencia a la prisión permanente revisable. Revista La ley penal , 110, 50-74. Navarro P.A., (2018): “Los Códigos de nuestros vecinos”, Prisión cada vez más permanente. Los Dossieres, El siglo de Europa . Disponible en: https://elsiglodeuropa. e s / h e m e r o t e c a / 2 0 1 8 / 1 2 3 3 / I n d e x % 2 0 Los%20Dossieres.html (Consultado web día 06/03/2022). Pacheco, M. (2014). Prisión permanente revisable. Revista Noticias Jurídicas . Disponible en: https://noticias.juridicas.com/ conocimiento/articulos-doctrinales/4914- prision-permanente-revisable/ (Consultado web día 06/03/2022). Presno, M.A. (2019). “¿Es constitucional la pena de prisión permanente revisable?”, Blog El derecho y el revés. Disponible en: https:// presnolinera.wordpress.com/2018/02/13/ algunos-apuntes-sobre-la-constitucionalidad- d e - l a - p r i s i o n - p e r m a n e n t e - r e v i s a b l e / (Consultado web día 06/03/2022). Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario. (2015). Estudio de la realidad penal y penitenciaria: una visión desde las entidades sociales . https://www.solidarios.org. es/wp-content/uploads/Estudio-de-la-realidad- penal-y-penitenciaria.-Una-visi%C3%B3n- desde-las-entidades-sociales.pdf (Consultado web día 06/03/2022). Ríos, J.C. (2013). La Prisión perpetua en España. Razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad . Gakoa. Roig, M. (2013). La cadena perpetua: los modelos inglés y alemán. Análisis de la STEDH de 9 de julio de 2013. La Prisión permanente revisable a examen. Cuadernos de política Criminal , 111, 97-144. http://criminet. ugr.es/recpc/20/recpc20-30.pdf (Consultado web día 06/03/2022). Roig, M. (2018). El pronóstico de reinserción social en la prisión permanente revisable. Revista para el Análisis del Derecho, 1-18, 1-40. https://indret.com/wp-content/ uploads/2020/05/1352.pdf (Consultado web día 06/03/2022). Acerca de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable (PPR) en España About the constitutionality of the reviewable permanent prison (rpp) in Spain 195 VOX JURIS (40) 2, 2022 rmorente@alu.ucam.edu caginer@ucam.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 180-196, 2022 Ministerio del Interior. (2015). Informe Balance de Criminalidad 20015. http://www.interior. gob.es/prensa/balances-e-informes/2015 (Consultado web día 06/03/2022). Ministerio del Interior. (2020). Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2020. http://www.interior.gob.es/web/archivos-y- documentacion/anuario-estadistico-de-2020 (Consultado web día 06/03/2022). Ministerio del Interior (04 de febrero de 2015). La criminalidad desciende un 3,6% en 2014 y posiciona a España entre los países más seguros del mundo. Sala Prensa Ministerio del Interior. http://www.interior.gob.es/prensa/ noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/ content/id/3283275 (Consultado web día 06/03/2022). Nota Informativa. (2021). Nota Informativa nº 98/2021 del Pleno del TC por mayoría declara que la prisión permanente revisable constituye una pena proporcionada y no vulnera los principios de reeducación y reinserción social proclamados en la Constitución. h t t p s : / / w w w. t r i b u n a l c o n s t i t u c i o n a l . e s / NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_098/ N O T A % 2 0 I N F O R M A T I V A % 2 0 N%C2%BA%2098-2021.pdf (Consultado web día 06/03/2022). Sánchez, C. (2018). Sobre el fenómeno intensivo de la exclusión jurídica de los enemigos. Especial referencia a la prisión permanente revisable española. Revista Crítica Penal y Poder , 15, 23-42. https://revistes. ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/ view/22117 (Consultado web día 06/03/2022). Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. (2017). La estancia en prisión: Consecuencias y Reincidencia. Publicaciones Secretaria General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior . http://www.interior.gob.es/ documents/642317/1201664/La_estancia_en_ prision_126170566_web.pdf/9402e5be-cb74- 4a2d-b536-4a3a9de6ff59 (Consultado web día 06/03/2022). Serrano, A. y Serrano, I. (2017). Constitucionalidad de la prisión permanente revisable y razones para su derogación . Dykinson. Van Zyl, D. (2014). “Whole Life Sentences and the Tide of European Human Rights Jurisprudence: What is to Be Done?”. Human Rights Law review, nº 14. Yenissey, I. (2015). “La proporcionalidad en las penas”, Revista Pensamiento Penal . Disponible en: http://www.pensamientopenal. com.ar/system/files/2015/11/doctrina42462. pdf (Consultado web día 06/03/2022). Textos Normativos Consejo General del Poder Judicial. (2013). Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder- Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/ Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al- Anteproyecto-de-Ley-Organica-por-la-que- se-modifica-la-Ley-Organica-10-1995--de-23- de-noviembre--del-Codigo-Penal (Consultado web día 06/03/2022). Fiscalía General del Estado. (2013). Informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto de LO por la que se modifica la ley orgánica 10/1995, del Código Penal. Http://s01.s3c.es/imag/_ v3/ecoley/documentos-iuris/18-01-2013/16. informeFiscalia.pdf (Consultado web día 06/03/2022). Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, de 24 de noviembre de 1995, núm. 281, pp. 33987 a 34058. https://www.boe.es/buscar/ doc.php?id=BOE-A-1995-25444 (Consultado web día 06/03/2022). Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, de 23 de junio de 2010, núm. 152, pp. 54811 a 54883. https://www. boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-9953 (Consultado web día 06/03/2022). Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, de 31 de marzo de 2015, núm. 77, pp. 27061 a 27176. https://www. boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3439 (Consultado web día 06/03/2022). Raúl Morente García | César Augusto Giner Alegría 196 ISSN: 1812-6804 rmorente@alu.ucam.edu caginer@ucam.edu VOX JURIS, Lima (Perú) 40 (2): 180-196, 2022 Jurisprudencia Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Stafford Reino Unido de 28 de mayo de 2002. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Winne contra Reino Unido de 16 de enero de 2004. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Dickson contra Reino Unido de 4 de diciembre de 2007 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Kafkaris contra Chipre de 12 de febrero de 2008. Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 65/1986, de 22 de mayo de 1986 Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 34/1996, de 11 de marzo de 1996. Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 136/1999, de 20 de julio de 1999. Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 91/2000, de 30 de marzo de 2000. Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 25/2002, de 11 de febrero de 2002. Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 100/2003, de 02 de junio de 2003. Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 148/2004, de 13 de septiembre de 2004. Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 181/2004, de 02 de noviembre de 2004. Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 75/2008, de 31 de marzo de 2008. Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 22/2010, de 27 de abril de 2010. Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 65/2012, de 29 de marzo de 2012. Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 169/2021, de 06 de octubre de 2021. Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia núm. 1822/1994, de 20 de octubre de 1994. Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia núm. 650/2014, de 16 de octubre de 2014. Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia núm. 367/2015, de 11 de junio de 2015 Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia núm. 706/2015, de 19 de noviembre de 2015. Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia núm. 139/2016, de 25 de febrero de 2016. Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia núm. 520/2018, de 31 de octubre de 2018. Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia núm. 716/2018, de 16 de enero de 2018. Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia núm. 367/2019, de 18 de julio de 2019.