LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false false 1 1 true 129 pedrohuaccho@gmail.com, elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 129-144, 2023 EL SICARIATO JUVENIL EN EL PERÚ Y LA JUSTICIA RESTAURATIVA THE JUVENILE SICARIATE IN PERU AND RESTORATIVE JUSTICE Pedro Antonio Huaccho Trujillo ORCID: 0000-0001-7577-528X Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión pedrohuaccho@gmail.com Elizabeth Rosmery Huamán García ORCID: 0000-0001-8009-4788 Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión elizabethhgarcia76@gmail.com Perú DOI: 10.24265/voxjuris.2023.v41n2.11 Recibido: 16 de julio de 2022. Aceptado: 13 de enero de 2023. SUMARIO: • Introducción. • La reforma del proceso penal. • La administración de justicia penal juvenil. • Justicia restaurativa juvenil en el Perú. • La reinserción de los adolescentes en conflictopenal. • El sicariato juvenil. • Conclusiones. • Fuentes de información. RESUMEN La norma que regulaba la infracción a la ley penal por el adolescente lo establecía el Libro Cuarto, Titulo II, Capítulo III del Código del Niño y Adolescentes que, planteaba como objetivo la rehabilitación y reincorporación del adolescente infractor a la sociedad, la que fue modificada por Decreto Legislativo N° 1204, estableciendo tres sanciones en reemplazo de las medidas socioeducativas, las sanciones socioeducativas; las limitaciones de derechos que establecían ciertas prohibiciones y las privativas de la libertad, el incremento de pena de privación de la libertad, que fue observado por Comité de los Derechos del Niño, recomendándole al Estado peruano su derogación. Camino que recorrió el Estado en busca de solucionar el gran incremento delincuencial, especialmente el sicariato juvenil que, por las penas benignas eran utilizadas por el crimen organizado y como Estado Parte de normas internacionales de derechos humanos se vio obligado a adoptar un sistema de justicia juvenil dentro del marco de las normas internacionales, promulgando el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes que requería de una implementación suficiente que no puede cumplir el Estado por el escaso presupuesto asignado y que, por lo tanto, ni ha podido resolver la problemática de la delincuencia juvenil, especialmente en lo referente al sicariato, originando debates sobre un posible endurecimiento de las penas y su sanción como adultos. En ese sentido el presente trabajo pretende investigar los factores que estarían incidiendo para no ser posible una correcta aplicación de la justicia restaurativa en la solución del sicariato juvenil. PALABRAS CLAVE Justicia retributiva, justicia restaurativa, medidas socioeducativas, sicariato juvenil. ABSTRACT The norm that regulated the infraction of the adolescent on the criminal law was established in the Fourth Book, Title II, Chapter III of the Code of Children and Adolescents, which proposed as an end their rehabilitation and social reincorporation, whose modification through Legislative Decree No. 1204 provided three sanctions to replace socio-educational measures: socio-educational sanctions, the P edro A ntonio H uAccHo t rujillo - e lizAbetH r osmery H uAmán G ArcíA 130 pedrohuaccho@gmail.com, elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 129-144, 2023 limitations of rights established by certain prohibitions and deprivation of liberty, the increase in the sentence of deprivation of liberty, which was observed by the Committee on the Rights of the Child, which recommended its repeal to the Peruvian State. This was adopted by the State in search of solving the great increase in crime, especially juvenile hired killers, which due to their benign punishments were used by organized crime, therefore, to protect human rights, the State developed a system of juvenile justice within the framework of international standards, by enacting the Code of Criminal Responsibility for Adolescents that required a sufficient implementation that the State could not fulfill due to its scarce budget; for this reason, it was not possible to resolve the problem of juvenile delinquency, especially in relation to hired assassins, which originates debates on a possible hardening of sentences and their sanction as adults. In this sense, this work investigates the factors that prevent a correct application of restorative justice in the solution of juvenile hired killers. KEYWORDS Retributive justice, restorative justice, socio- educational policies, juvenile hired killer. INTRODUCCIÓN Las normas aplicadas a los adolescentes que tienen autoría o participación en hechos punibles que transgreden la ley penal han tenidounainfluenciadentrodeladoctrinadela situación irregular, donde la pena está asociada necesariamente al dolor, la aflicción de la personaynoposeeunfinpreventivo,secentra en el pasado y su utilidad es muy relativa, lo que sucede con la justicia retributiva que considera a la pena como una retribución al dolor causado por el delito: mal con mal se paga, daño con daño,dolorcondolor,alfinaltieneunsentido de venganza. La justicia retributiva centra su aplicación en identificar la culpa para establecer sanciones como retribución al daño que el delito ocasiona, sinotorgarleotrautilidaddiferente,elúnicofines identificarlagravedaddeldelitoparaestablecer una gravedad en la pena y la privación de la libertad, sistema de justicia que ha resultado ineficazporlosaltoscostosdelproceso,costos carcelarios y no ha cumplido con su papel de rehabilitador menos con la atención justa de la víctima, que por su desarrollo evolutivo físico, psicológico es vulnerable. Ante esta crisis surge la posibilidad de dar una mejor respuesta al tratamiento de delitos penales de adolescentes, una forma más eficiente de enfrentar el conflicto penal y se trata de la justicia restaurativa, que responde a la doctrina de la protección integral propugnada por la Convención sobre los Derechos del Niño, que ofrece alternativas de métodos y programas desolucióndeconflictospenalesatravésdela participación conjunta y voluntaria de la víctima, el infractor y la comunidad; de tal forma que en un diálogo abierto y directo el delincuente se sensibilice y reconozca la magnitud del daño causado, lo que permite asumir su obligación de una reparación justa y su arrepentimiento que lo conduce apartarse del camino delincuencial ingresando a su rehabilitación y por parte de la víctima, se reduce su re victimización y se logra la satisfacción de sus expectativas. En esa línea, este trabajo pretende establecer las bondades y beneficios de la aplicación de la justicia restaurativa como medio alternativo desolucióndeconflictospenalesdelsicariato juvenil, a través de consulta de trabajos de investigación que tratan de esclarecer su objetivos, características, beneficios y principios sobre los que se edifica la justicia restaurativa, como también hacer referencia sobre las corrientes que apoyan y critican el sistema, sus métodos o programas que hacen efectivolasolucióndelconflictopenalenforma pacíficayjusta. Finalmente se establece las conclusiones más importantes del tema circunscritas a aclarar qué se entiende por justicia restaurativa, su diferenciación con la justicia retributiva, su utilidad e interés en la solución del conflicto del adolescente con la ley penal, como también para la comunidad. LA REFORMA DEL PROCESO PENAL EnLatinoamérica,hastafinesdelsiglopasado, prevaleció el régimen procesal penal mixto, tal y como se evidenciaba en los respectivos códigos procesales; no obstante, con el paso de los años, se convirtió en un sistema notablemente inquisitivo, de naturaleza escrita, burocrática y des individualizada que, más que un sistema de administración judicial, representaba un modo de afrontar la realidad, lo que condujo E l sicariato juvEnil En El pErú y la justicia rEstaurativa T he juvenile sicariaTe in peru and resToraTive jusTice 131 pedrohuaccho@gmail.com, elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 129-144, 2023 a rigurosos cuestionamientos y un posterior proceso de reforma procesal penal. Características y causas Según Binder (2019) el sistema de justicia penal lo conforma un conjunto de normas e instituciones a través del cual el Estado ejerce su facultad sancionadora del delito, es decir, aquelqueconfiguraelejerciciodeliuspuniendi estatal; pero conforme lo señala Calderón (2015) lo ejerce a través de los órganos jurisdiccionales que,conelfindeaplicarunasanción,desarrollan previamente una serie de actos previos, como la instrucción y juzgamiento, denominados proceso penal. Agrega que, en el sistema inquisitivo, el proceso penal en la persecución del delito, se funda en el poder represivo del Estado que hace uso de medios humillantes para lograr la confesión del acusado y que, siguiendo a Duymovich (2007), el Código de Procedimientos Penales de 1940 fundamentado en el proceso inquisitivo reformado o mixto no pudo atacar la raíz de los actos delincuenciales, por cuanto la pena expresa la venganza sin resolver el conflicto social, fracaso de este sistema de justicia penal expresado en el incremento de la delincuencia, presencia de nuevas formas delictivas y un gran descontento social que obligó al Estado a optar por una reforma procesal penal, basada en un sistema acusatorio, completamente opuesto al inquisitivo, en la persecución, investigación y juzgamiento del delito, expresando nuevas figuras como el Principio de oportunidad y la Terminación anticipada del proceso, que conlleva a institucionalizar la justicia penal negociada, teniendo como protagonistas del conflicto penal a la víctima y a su ofensor, dejando al Estado en un rol mediador, principio de una justicia restaurativa, impuesto a la luz de la Constitución Política y de las normas internacionales de derechos humanos, reforma recogida en el Nuevo Código Procesal Penal de 2004, vigente a nivel nacional. Respecto a las características, se resaltan las siguientes (MINJUSDH, 2021): • Un pensamiento netamente formalista que se centra más en las formas que en la resolucióndelosconflictos. • Una creencia considerablemente burocrática que se manifiesta en la formación del expediente judicial. • Una organización administrativa anticuada, ineficaz y costosa frente a los incipientes recursos del Estado. • Un proceder pusilánime por parte de los jueces y fiscales que se muestran bastante renuentes a cualquier cambio. • Una cultura prominentemente tradicionalista y poco ingeniosa. • Un sistema de administración judicial notoriamente influido por el Derecho Canónico. • Unrégimenprocesalpenalinflexibleypoco predispuesto al empleo de mecanismos modernosparalasolucióndeconflictos. • Un sistema penal que se concibe bajo una “cruzada” contra las desviaciones sociales. Modelos procesales En consonancia con la evolución histórica del hombre, enmarcada en una determinada ideología, religión y carácter social; se desarrolló diversos modelos procesales con características propias del momento histórico-social vivido. Así tenemos los modelos de Justicia retributiva y de Justicia restaurativa . El modelo de “justicia retributiva” Basta (2004) enseña que Kant ofrece una justicia penal retributiva como principio y criterio de medida de igualdad entre el delito y la pena, igualdadquesignificaelderechoalarepresalia y que es la esencia de la justicia penal. Kant sostiene que el castigo es un padecimiento que tiene que sufrir el delincuente en razón a su delito cometido y que de ello no puede extraerse ningún provecho ni para el mismo delincuente ni para la sociedad, no sirve para promover otro bien, el delincuente es castigado sólo a causa de haberdelinquido,notieneningúnfinadicional por más humano y generoso que se pueda ofrecer, sólo el derecho a la represalia, el ius talionis, puede ofrecer la cualidad y cantidad del castigo, todo lo demás no se adecúa a la pura y estricta justicia. Cavadino y Dignan (1997) expresan que existe una confrontación en derecho penal entre el utilitarismo y el retribucionismo: el utilitarismo sostienequelapenatieneunfinteleológicoenla esperanzadelograrbeneficiosposteriorescomo la reducción de la frecuencia de criminalidad; P edro A ntonio H uAccHo t rujillo - e lizAbetH r osmery H uAmán G ArcíA 132 pedrohuaccho@gmail.com, elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 129-144, 2023 mientras que, los retribucionistas plantean que el castigo es de naturaleza a posteriori en razón al castigo impuesto a la conducta criminal realizada, en proporción a la gravedad de la conducta delictiva, al grado del daño causado o a los favores injustamente conseguidos o por la alteración moral causado. Gonzáles (2012) afirma que, la justicia retributiva se sostiene en la teoría del castigo como medida moralmente aceptada y adoptada en réplica al delito, sin tener en cuenta o sin importar que este castigo tenga o no resultados beneficiosos tangibles, cuyo objetivo es demostrar delitos, decretar culpas y sancionar con un castigo equivalente al daño producido por el delincuente, cuyo control y tutelaje de los derechos está a cargo de los poderes del Estado, estableciendo la pena como una manera de devolución por el delincuente del daño que ha causado a la sociedad. La aplicación de la justicia retributiva solo ha traído el incremento de los delitos con la consecuencia de elevados costos de inversión en la administración de las cárceles, que al final sirve de motivación a la escuela del delito y al rencor, ineficaz como medio preventivo, solo efectivo en delitos menores y delincuentes débiles. La justicia retributiva pretende responder a interrogantes como ¿cuál ley fue afectada? ¿quién lo hizo? y ¿cuáles son las penas que merecen las personas que vulneraron el orden social?; es decir, la justicia restaurativa se centra en preguntas como ¿quiénes fueron afectados?, ¿cuáles son las necesidades de los individuos que recibieron el perjuicio? y ¿quiénes deben satisfacer tales necesidades? El modelo de “justicia restaurativa” Según Sampedro (2010), la justicia restaurativa se contrapone al proceso penal que se basa en un proceso de sanción ante un delito cometido, por cuanto el delito no solo debe ser sancionado por el daño que ocasiona, sino que esencialmente debe repararlo para la sanación de las heridas, es una justicia reparadora que se opone a la justicia sancionadora porque esta se basa en una conducta punible que ocasiona daños concretos a los actores y a la comunidad, mientras que la justicia restaurativa requiere de la participación activa de las víctimas, del delincuente y de los miembros afectados de la comunidad actores como fundamento restaurador de reparación del daño y de la paz social. Pérez y Zaragoza (2011) señalan que la justicia restaurativa reemplaza el castigo por la aceptación del infractor en la responsabilidad de sus hechos, buscando que las partes involucradas en un delito, colectivamente determinen los métodos o la manera de afrontar y solucionar la reparación del daño, respetando la dignidad y la equidad de los involucrados al construir la comprensión y promover la armonía social basadas en la “sensibilidad, apertura, confianza, esperanza y sanación” de las partes involucradas y de la comunidad. La Organización de las Naciones Unidas considera a la justicia restaurativa como la participación conjunta y activa de las víctimas, infractores y miembros de la comunidad afectados por la conducta criminal en la solución del hecho punitivo y con la ayuda de un facilitador en la aplicación de programas o métodos restaurativos que concluya atendiendo las necesidades, compromisos y en la reintegración de las partes involucradas. Geraldes y Serrano (2014) afirman que la justicia restaurativa permite enmendar la incapacidad del Estado de establecer en las normas el protagonismo de la víctima como parte central del proceso y la transferencia a la comunidad del poder del Estado en su rol de colaborador de las partes para la negociación y planteamiento de métodos de solución del conflictoysuprevención. A su vez, Gonzáles (2020) considera que el contar con la participación de un equipo interdisciplinario hace que en el proceso restaurativo el infractor tome conciencia de la magnitud del daño que su conducta delictiva ocasionó y que reconozca en su víctima a la persona que sufre por el daño, con derecho a una reparación justa y que ésta valore las reparaciones aun siendo mínimas o parciales se sienta reparada y no dañada y que es reintegrada a su forma de vida anterior al hecho delictivo, para el efecto el método restaurativo cuenta con mecanismos de protección al infractor de una víctima usurera. Además, agrega que al mantener un equilibrio emocional de las partes minimiza los costos del proceso. La justicia restaurativa, más que oponerse a la retributiva, busca complementarla, incluso permite un equilibrio entre ambas, ya que la justicia retributiva es insuficiente; dado que, únicamente se centra en la pena y deja lado el rol de la víctima, al eliminar la cooperación comunal, en tanto que tiende a la venganza E l sicariato juvEnil En El pErú y la justicia rEstaurativa T he juvenile sicariaTe in peru and resToraTive jusTice 133 pedrohuaccho@gmail.com, elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 129-144, 2023 y el establecimiento del castigo como una herramienta de control de la violencia, a causa del terror y el dolor provocado por la delincuencia (González, 2019). LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL JUVENIL Características Mayoría de edad penal La Convención sobre los Derechos del Niño en el inciso 3, literal a) de su artículo 40º obliga a los Estados Partes adoptar medidas apropiadas estableciendo leyes sustantiva y adjetiva, autoridades e instituciones propias para niños, estableciendo una edad mínima a partir del cual se podrá acusar o declarar culpable de haber transgredido las leyes penales; en consecuencia, la Convención al considerar niño a los menores de 18 años, obliga a los Estados partes de no aplicar las leyes penales de adultos a los menores de 18 años, concordante con ello, el artículo 20º del Código Penal Peruano establece que no tienen responsabilidad penal los menores de 18 años de edad; y que según Mateo (2000), es derecho de cada Estado de acuerdo a su realidad social y respetando el interés superior del niño establecer la mayoría de edad penal para los adolescentes. Considerando el numeral 1 del artículo 40º de las Reglas de Beijing , que recomienda no fijar la edad mínima penal para los menores de edad demasiado temprano a fin de compatibilizarlo con su “madurez emocional, mental e intelectual”, el artículo IV del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes establece en su último párrafo, que para el caso de acusación y sanción por delitos penales, establece que a los menores de 14 años se le aplicarán medidas de protección y para los mayores a esta edad, medidas socio-educativas; por tanto, en Perú la edad para imputar responsabilidad penal a niños y adolescentes, se establece para los mayores de 14 años hasta los 18 años. Al respecto, Barletta (2022) refiere que, la doctrina, las normas nacional e internacional sustentan por el principio de autonomía progresiva, que los adolescentes no son imputables penalmente por los delitos cometidos, lo que no quita que sean responsables penalmente, atendiendo que no son sujetos de pleno ejercicio de su capacidad civil a diferencia de los adultos. Es un sistema especial El numeral 5 del artículo 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que las niñas, niños y adolescentes deben ser procesados penalmente por un tribunal especial, separados de los adultos y con la mayor celeridad; de la misma manera el numeral 4 del artículo 40º de la Convención sobre los Derechos del Niño y el numeral 3 de la regla 6 de las Reglas de Beijing, establecen para el procesamiento penal de adolescentes se deben contar con órganos especiales y propios, diferentes al de los adultos, preparados y capacitados en derechos humanos del niño y en psicología infantil, que garanticen la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas ordenadas. Añade el Comité de Derechos del Niño, en la Observación General N°10, fundamento 97, que los operadores de justicia deben encontrarse en una continua especialización en “desarrollo físico, psicológico, mental y social del niño”; en el caso peruano, en lugares fuera de las ciudades principales, conocen lo penal juvenil los jueces mixtos no especializados, que desconocen los principios del sistema jurídico especial para menores de edad. Sin embargo, afirma la autora, para las ciudades existe policía, Ministerio Público y jueces especializados en familia, con Juzgados de Familia implementados con Equipos Multidisciplinarios conformados por médicos, psicólogos y asistentes sociales, cuyas funciones son atender los informes solicitados por el Ministerio Público o por los jueces, que determinen no sólo las características y valores del adolescente, sino también los motivos por los que realizaron la comisión de la infracción; y de realizar el seguimiento de las medidas ordenadas,conelfindeproponerlasmedidas socio educativa idóneas correspondientes a la realidad personal, familiar y social de los menores de edad infractores, tendientes a garantizar su desarrollo sano y su reinserción socio familiar. P edro A ntonio H uAccHo t rujillo - e lizAbetH r osmery H uAmán G ArcíA 134 pedrohuaccho@gmail.com, elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 129-144, 2023 Medida de protección contra lo penal juvenil Barletta (2015) refiere que, el sistema jurídico peruano establece, para el caso de persecución de delitos penales de adolescentes, una sanción socioeducativa, considerando que los jóvenes en conflicto con la ley penal proceden de familias que no respetan sus derechos y de sociedades que los excluyen y que dentro de una doctrinas de protección integral, no deben sustentarse en medidas de protección como un mecanismo de control socio-penal, propias de la doctrina de la situación irregular superadas por la a Convención sobre los Derechos del Niño. Diferencia bien marcada por cuanto la medida de protección, está orientada considerando como el fin último la restitución del adolescente de su derecho a la vida y desarrollo integral dentro de una familia funcional; mientras que, en lo penal juvenil, el fin último es el castigo al infractor adolescente para que no reincida en vulnerar las leyes penales buscando a inserción en la comunidad para restablecer el orden social establecido. Es bueno precisar que la “Directriz 56 de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil” establece que, ninguna conducta no considerada como delito y sancionado cuando lo comete un adulto, tampoco será considera como tal y sancionada cuando lo comete un adolescente. Derecho penal mínimo El adolescente que tiene autoría o participación en hechos punibles que transgreden la ley penal, es considerado sólo como infractor por el artículo 183 del Código de los Niños y Adolescentes, por su moderada responsabilidad penal en el hecho debido a su proceso gradual en el desarrollo de su madurez que no le permite tener conciencia plena de las consecuencias de dichos hechos. En ese sentido, Beloff (2019) refiere que, en materia de culpabilidad y dolo, el adolescente debido a su desarrollo holístico, que no le permite tener conciencia del daño que causa su accionar, carece de responsabilidad plena en la comisión de delitos, siendo solidariamente responsables, la familia y la sociedad por no resguardar en forma efectiva los derechos del adolescente; y el Estado por no implementar políticas sociales preventivas. Barletta (2015) señala que, el derecho penal mínimo se sustenta jurídicamente por cuanto el sistema penal genera daños irremediables en el adolescente, así lo considera la normatividad internacional al establecer que el derecho penal ocasiona amenaza gravemente a la salud y al desarrollo holístico del adolescente; en consecuencia,suaplicaciónsólosejustificasi está dirigido a un fin educativo y a satisfacer el requerimiento de la víctima por el daño sufrido, por lo que la sanción penal constituye la última ratio. Principios de la especialidad penal juvenil Principio del adolescente como sujeto de derechos Barletta (2015) explica que, este principio determina el ejercicio progresivo de los derechos del adolescente como sujeto de derecho que es, pero también su consiguiente cumplimiento de sus deberes y obligaciones, todo en función de su capacidad evolutiva, de tal forma que el ser imputable o no dependerá de su edad y capacidad de descernimiento o madurez, siendo obligación del Estado brindarles medidas especiales de protección e instrumentos legales que no obstaculicen la construcción de su identidad. Principio del interés superior del adolescente Es importante la interpretación del principio del interés superior del adolescente en el campo del derecho penal juvenil porque permite el respeto de sus derechos, que como sujeto de derecho le corresponde, especialmente cuando se confronta con los derechos de otras personas, o cuando se adoptan medidas especiales de protección que resguardan sus derechos y garantías de adolescente infractor como el derecho a su libertad personal, o cuando el juez tiene que decidir la participación del adolescente en el proceso penal respectivo, o la participación de los padres o de su representante salvo que sea perjudicial a su interés superior o cuando tiene que decidir por la limitación al principio de publicidad en resguardo de su identidad y repercusiones en su vida futura, lo cual no se respeta en situaciones de gravedad, como en el caso de sicariato donde los medios E l sicariato juvEnil En El pErú y la justicia rEstaurativa T he juvenile sicariaTe in peru and resToraTive jusTice 135 pedrohuaccho@gmail.com, elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 129-144, 2023 de comunicación vulneran el derecho a la protección de su identidad como principio del interés superior del adolescente. (Barletta,2015) Principio de igualdad y no discriminación El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (2012) considera fundamental este principio para los casos de responsabilidad penal juvenil, especialmente en los temas de las acciones afirmativas y de las discriminaciones estructurales que en ocasiones sufren los adolescentes, por cuanto la igualdad de trato que tienen todas las personas sin ninguna distinción, es una norma de carácter perentorio, que por temas de insuficiencia de recursos no sejustificaqueelprincipiodeespecialidaddel sistema penal juvenil no sea aplicado en zonas rurales formas discriminatorias en relación con las zonas urbanas donde se observa el respeto a las garantías y salvaguardas propias de un proceso especializado; en consecuencia es obligatorioidentificaryeliminarentodanorma sustantiva o adjetiva elementos discriminatorios y comportamientos inequitativos de los operadores de justicia en los sistemas de justicia penal juvenil. Barletta (2015) sostiene que, es una constante que la aplicación del sistema de justicia penal juvenil sea para jóvenes que proceden de familias disfuncionales, que por su carecer de soporte no pueden brindar soporte al adolescente infractor, en ese sentido se hace necesarios tratos diferenciados acorde con los antecedentes individuales del adolescente infractor a fin de identificar causas de riesgo para asumir una posición protectora especial para cada caso. JUSTICIA RESTAURATIVA JUVENIL EN EL PERÚ Marco legal internacional La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) señala que, el concepto de corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos en materia de niñez, es el conjunto de mecanismos internacionales de contenido y efectos jurídicos, interrelacionadas y destinadas a garantizar los derechos humanos de los niños y adolescentes, que, en materia de justicia juvenil, ratificado por el Estado peruano, según Alburqueque (2017) son: El Comité de los Derechos del Niño El Comité de los Derechos del Niño en la Observación General N° 10 (2007) considerando la enorme diferencia en el desarrollo físico, psicológico, emocional y educativa entre el niño y el adulto, la imperiosa necesidad de dotar de instrumentos especiales de protección distintos a los del adulto, estableció un modelo de justicia juvenil que lo denominó restitutiva y que la doctrina lo bautizó como restaurativa, declarando que los niños al ser sujetos de derecho, adquieren sus responsabilidades jurídicas-penales gradualmente, a determina edad, tan distinta a la responsabilidad penal del adulto que requiere la inclusión de mecanismos de desjudicialización y especialización del sistema de justicia penal juvenil que contemple medidas socioeducativas y que para el caso de privación de la libertad deben ser excepcionales y sólo para infracciones más graves y se haya descartado toda sanción menos gravosa. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing) Establece que, un proceso penal para menores de edad debe ser muy diferente a lo establecido para el adulto, que los actos considerados como delitos para los adultos no lo son para los infantes y adolescentes, sino que deben ser considerados como de peligro para el orden social establecido, brindándoles al infractor de condiciones económicas y sociales que garanticen su reinserción en la sociedad. Reglas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad (Reglas de Tokio) Establece que, es importante garantizar un equilibrio entre los derechos del infractor adolescente, de su víctima y de la sociedad, teniendo en cuenta que las medidas alternativas a la privación de la libertad impactan positivamente en la colaboración del infractor, como también en su resocialización y reinserción social, siendo importante para su logro la participación de la sociedad en la P edro A ntonio H uAccHo t rujillo - e lizAbetH r osmery H uAmán G ArcíA 136 pedrohuaccho@gmail.com, elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 129-144, 2023 justicia penal juvenil, fomentando medidas de reinserción social para el infractor. Reglas para la protección de menores privados de libertad (Reglas de la Habana) Determina que, se debe agotar medidas alternativas antes de decidir por la prisión o pérdida de libertad que es una medida de última ratio y en caso de que el menor de edad haya sido privado de su libertad se le brindará medios que aseguren su integridad física, mental y su salud en forma integral. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de RIAD) Sustenta la creación de un ambiente familiar que permita el desarrollo holístico del niño, de tal forma que la familia se constituya en un espacio de control social informal y que junto con espacios urbanos que fomenten la participación de los niños y adolescentes se construya gradualmente el concepto de ciudadano para su identificacióneinserciónsocial. Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH) La Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 19 determina la responsabilidad que tiene la familia, sociedad y Estado de garantizar el derecho a medidas especiales de protección que requiere el niño y adolescente, que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe entenderse que el estado asume la obligación de garantizar medidas especiales para el ejercicio del derecho a participar en los procesos judiciales en defensa y disfrute de los demás derechos que como sujeto de derecho le son inherentes, y que por el principio de legalidad previamente deben demarcarse las conductas, sanciones, penas y toda medida de las acciones que constituyen delito cometido por menores de edad, como también de protegerlos de prácticas judiciales arbitrarias. Directrices de Viena En Viena se desarrolló las directrices de acción sobre el niño en el sistema de justicia penal, planteando por primera vez en forma taxativa la aplicación de la justicia restaurativa como una medida alternativa a la privación de la libertad del menor de edad, que requiere de cuidados especiales por su condición de vulnerabilidad y fragilidad para protegerlos de efectos perjudiciales que impiden su resocialización y de ser el caso de estar privado de su libertad, será necesario regular su protección, en resguardo de su integridad física, de su salud, de su dignidad humana y de su vida. Declaración de Lima sobre justicia juvenil restaurativa La Declaración de Lima producto del Primer Congreso Mundial sobre Justicia Juvenil Restaurativa realizado en Lima en noviembre del 2009, establece que la justicia juvenil restaurativa deberá aplicarse como una medida alternativa, durante todo el proceso de justicia juvenil, incluso para procesos de delitos graves sin recurrir a un proceso judicial, como una forma de lograr reparar el daño causado por la conducta del infractor, tanto individual como socialmente, para el efecto deberán participar activamente el infractor, la víctima y miembros de la comunidad, generando un impacto positivo al logar la conciliación del infractor con su víctima y con la sociedad, logrando su reintegración y que asuma un rol constructivo dentro de la sociedad. Para el efecto, los Estados deberán implementar con relación a los niños en conflicto con la ley penal, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser informado sobre los cargos formulados, derecho a contar con un asesor legal, derecho a no declararse culpable, el derecho a respetar su privacidad durante todo el proceso, derecho a una autoridad competente, imparcial e independiente que resuelva el caso con celeridad. Legislación nacional La imputabilidad desarrollada por nuestra legislación está basada en la edad de la persona incursa en un hecho delictivo, adoptando para tal fin una edad límite de 18 años, de tal forma que los menores de 18 años son inimputables, no pueden ser merecedor de una sanción penal. E l sicariato juvEnil En El pErú y la justicia rEstaurativa T he juvenile sicariaTe in peru and resToraTive jusTice 137 pedrohuaccho@gmail.com, elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 129-144, 2023 En ese sentido, el artículo 20° del Código Penal establece que los menores de edad son inimputables por no tener capacidad de discernimiento que le permita identificar la ilicitud de su actuar y de adecuar su comportamiento al respeto de una norma. A inicios del año 2017, se promulgó el Decreto Legislativo N° 1348 que aprobó el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, fundamentada en el principio acusatorio cuyos contenidos destacables son: • Responsabilidadpenalespecialomedidas socioeducativas : Determina que el adolescente entre los 14 y 18 años tiene derechos y obligaciones y responden por la comisión de una infracción a la ley penal en consideración a una responsabilidad penal especial que atiende su edad y característica personales del adolescente, en virtud del cual obliga la aplicación de medidas socioeducativas que pueden ser no privativas de la libertad o con internamiento en un “Centro Juvenil”. • Creación de juzgados especiales : Mediante esta norma se crean los juzgados especializados con competencia para procesos a adolescentes, de tal manera que la investigación y la etapa intermedia estará a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria del Adolescente, y el juicio oral por las instancias de juzgamiento del adolescente; de ese modo, serán responsables de las impugnaciones las Salas Penales de las Cortes Superiores de Justicia que correspondas; y de las casaciones la Sala Penal de la Corte Suprema. • Medidas de coerción procesal : Cuando el adolescente infractor no asiste por cualquier motivo a las audiencias, el juez para garantizar su asistencia puede hacer uso de medidas coercitivas procesales como la detención que no puede durar más de 24 horas. También puede optar por otras medidas como el impedimento de salida al exterior, impedir toda gestión laboral, decidir por una internación preventiva cuando exista razones justificadoras, pudiendo evaluarse la internación en domicilio o una comparecencia. • Desarrollo del proceso : Consta de una primera etapa de investigación, una intermedia de evaluación de pruebas y de un juicio oral, pudiendo optar por un proceso de terminación anticipada cuando el adolescente acepta su responsabilidad del hechoanteelfiscalacargo. • Otras alternativas para el proceso : A fin denorealizarseunprocesojudicialelfiscal puede optar por el recurso de remisión, enviando al infractor a un programa de orientación restaurativo, cuando la infracción es leve. También se tiene el acuerdo preparatorio mediante el cual el infractor frente a su víctima acepta el daño que su conducta ocasionó y asume un compromiso de repararlo a satisfacción de la víctima. Además de todo ello se cuenta con un mecanismo relevante, el mecanismo restaurativo mediante el cual el fiscal o el juez autorizan a un conciliador especializado a establecer un diálogo entre el infractor y su víctima. • Cuando el infractor internado cumple la mayoría de edad : En caso el infractor cumpliera la mayoría de edad durante su internación, ya no será transferido a un centro penitenciario y deberá permanecer hasta cumplir con la medida establecida en el Centro Juvenil. Manifestaciones de justicia retributiva en el sistema penal juvenil • Laremisión : El artículo 206° del Código del Niño y Adolescentes, ya derogado, establecía que, para infracciones leves el fiscal podía disponer la remisión a programas de orientación supervisadas por PROMUDEH con el compromiso de su cumplimiento por parte del adolescente o de los responsables, estando ahora regulada en el artículo 129° del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, como una medida alternativa para evitar la acción penal para casos de infracciones leves, brindándoles la remisión a programas de orientación con enfoque restaurativo por un tiempo no mayor a 12 meses, siempre en cuando sea del consentimiento del adolescente y su familia y que exista condiciones personales y familiares que garanticen la reparación del daño, que en la práctica es muy limitada por desconocimiento de la norma, falta de equipos interdisciplinarios y de instituciones que dirijan los programas de orientación con enfoque restaurativo; pero que no son aplicables para casos de infracciones graves. • Compromiso de reparación de daño : El acuerdo entre la víctima y el adolescente P edro A ntonio H uAccHo t rujillo - e lizAbetH r osmery H uAmán G ArcíA 138 pedrohuaccho@gmail.com, elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 129-144, 2023 para la aplicación de esta herramienta restaurativa lo establece el artículo 137° del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, mediante el cual el infractor reconoce el daño producido al patrimonio de la víctima por efecto de su conducta infractora, siempre en cuando no haya dañado su integridad o su vida, comprometiéndose a repararlo o a resarcir el daño mediante un servicio que debe prestarlo en beneficio de la víctima, con la dirección y apoyo de un conciliador o mediador autorizado por el fiscal o juez competente, quien debe tener el cuidado que el trato no sea inhumano y degradante para el infractor. No está permitido su aplicación para casos de infracciones graves. • Medidas socioeducativas : Las medidas socioeducativas son propios del modelo garantista que busca evitar la judicialización de los actos del infractor juvenil y su reclusión en un centro penitenciario, cuya característica es su función pedagógica orientadas a promover la reintegración y su actitud constructora en la sociedad. El Código de Responsabilidad Penal del Adolescente regula una serie de medidas socioeducativas como la amonestación, libertad asistida, la prestación de servicios a la comunidad y libertad restringida, perteneciendo a la justicia juvenil restaurativa los servicios que el infractor se compromete en ejecutar a favor de la comunidad o los que ejecuta en favor de la víctima, acciones que tienen un impacto positivo en el cambio de conducta del adolescente infractor. La justicia restaurativa juvenil en el Perú La Fundación Terre des Hommes Lausanne (Tdh-L, Suiza) introduce a finales del 2004 la justicia restaurativa en el Perú mediante un proyecto piloto de justicia juvenil restaurativa con la participación de diversas instituciones del Estado y de la sociedad civil y el asesoramiento de especialistas extranjeros, que después de 4 años de puesta en aplicación arrojó resultados positivos, evidenciándose un incremento de la remisión fiscal, el acompañamiento y asesoramiento profesional al adolescente infractor, la participación de la familia y comunidades, la reunión del infractor con su víctima mediante la mediación penal, especialización de operadores de justicia, recolección y publicación de materiales pedagógicos; de tal manera que en el año 2010 este proyecto piloto se transformó en el “Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa” que por sus valiosos resultados es acogido en el año 2016 por el “Programa de Prevención Estratégica del Delito” del Ministerio Público, dando nacimiento a la “Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa.” El Ministerio de Justicia participó en la capacitación de los operadores de justicia y defensores públicos en justicia restaurativa, la Academia de la Magistratura y la Escuela del Ministerio Público ofrecieron cursos de especialización en justicia restaurativa, así como también colaboraron los ONG, Defensoría del Pueblo y Gobiernos locales y regionales. Nada fácil ha sido la implementación y aceptación de la justicia restaurativa en el Perú por la frontal confrontación del periodismo y de algunos congresistas y líderes políticos, para que en el año 2017 se promulgara el Decreto Legislativo N° 1348, Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, cuerpo normativo que establece el encuentro de la víctima, para buscar la reparación del daño que le ha causado la infracción, con su agresor quien reconoce si responsabilidad en el hecho y asume un compromiso de reparar el daño, a efectos de superar los impactos negativos de la infracción y de prevenir la comisión de futuras infracciones, mediante un conciliador o mediador que es un miembro del equipo interdisciplinario. En los procesos el Código de los Niños y Adolescentes actualmente se viene aplicando para los casos seguido contra el adolescente infractor de la ley penal, siendo el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes de aplicación solo para establecer las medidas socioeducativas que deben adoptarse y de su ejecución. LA REINSERCIÓN DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO PENAL Características de las medidas socioeducativas • Discrecionalidad : No existe conexión entre la infracción ejecutada y la medida socioeducativa que debe aplicarse, tal como existe en los procesos penales para adultos, recurriéndose a la discrecionalidad del juez para que pueda decidir por la medida socioeducativa que corresponda al hecho delictuoso probado, teniendo en cuenta las características personales y socio familiares del infractor; siendo necesaria para optar por la medida apropiada, contar con herramientas que permitan valorar correctamente el riesgo evitando causar factores criminógenos. E l sicariato juvEnil En El pErú y la justicia rEstaurativa T he juvenile sicariaTe in peru and resToraTive jusTice 139 pedrohuaccho@gmail.com, elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 129-144, 2023 • La inexistencia de mínimos legales : La normatividad no establece un mínimo de sanción legal, lo que deja a la discrecionalidad del juez para su adopción y solo existe un máximo para la aplicar la medida socioeducativa; en ese sentido, la discrecionalidad del juez siempre resulta probable de incurrir en una arbitrariedad, cuando para una misma infracción varíe la sanción sin la presencia de criterios objetivos que lo justifiquen y que se puede verificar mediante el cruce de información. Cuando la privación de la libertad es por un plazo muy corto de tiempo, como para casos de infracción no grave, resultan controvertido; porque lo apropiado hubiese sido optar por una medida socioeducativa no privativa de la libertad. • Prescripción : Según el Código del Niño y Adolescentes la persecución y la aplicación de medidas socioeducativas para los adolescentes en conflicto con la ley penal, prescribe a los dos años para el caso de comisión de delito y de seis meses para faltas consideradas en el código Penal. Finalidad de las medidas socioeducativas Lasmedidassocioeducativastienenporfinalidad la rehabilitación del adolescente infractor, de lograr su recuperación, restablecimiento en el logro de su desarrolloholísticoafindereinsertarloasuvida socio familiar y prepararlo para que no vuelva a reincidir, más por el contrario se vuelva en un agente activo en la construcción de la sociedad, en consecuencia, los conduce a la restitución de sus derechos suspendidos a causa de su infracción, que en el caso de adolescentes no generas antecedentes penales, judiciales y policiales. Medidas socioeducativas en nuestro ordenamiento jurídico A. Medidas socioeducativas no privativas de libertad • Amonestación : Es eficaz para infracciones muy leves, por ello su presencia en la mayoría de legislaciones juveniles y que de acuerdo al artículo 158 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, la amonestación es una advertencia del juez al adolescente infractor exhortándolo a no volver a infringir la leyes y a los padres, tutores o responsables de los adolescentes a ejercer un mejor control en el comportamiento del adolescente, para el efecto, refiere García (2016), el juez debe hacer uso de un lenguaje simple para que el adolescente y sus padres puedan comprender la ilicitud de su conducta y las consecuencias jurídicas que acarrearía si volviera a reincidir en la infracción. • Libertad asistida : Esta medida consiste en conceder libertad al adolescente infractor y someterlo a programas educativos para recibir orientación por parte de especialistas en tratamiento de adolescentes con una duración de 6 a 12 meses, programas que pueden ser ejecutadas por entidades públicas o privadas quienes deben informar trimestralmente al juez del cumplimiento de la medida socioeducativa y que deben ser supervisadas por el Servicio de Orientación del adolescente. Esta medida de corte pedagógica preventiva está orientada a su desarrollo holístico para logar un cambio de actitudquelepermitasueficazreinserción en la sociedad. • Prestación de servicios a la comunidad : Esta medida socioeducativa es la expresión propia de la justicia restaurativa, que consiste en realizar tareas gratuitas de interés comunitario en entidades o instituciones públicas o privadas autorizadas por los centros juveniles y que deben guardar relación con las aptitudes del infractor, donde las labores deben realizarse con el consentimiento del infractor y deben estar relacionados con el bien jurídico dañado que le permita al adolescente comprender la negatividad de su conducta ilícita cometida. • Libertad restringida : A diferencia del servicio comunitario esta medida se cumple debido a una sentencia, que consiste en que el adolescente debe asistir diaria y obligatoriamente a programas formativo- educativoconelfindeorientarycontrolar sus actividades y que se ejecutará a través del Servicio de Orientación del adolescente o en instituciones públicas o privadas y que deben informar trimestralmente al fiscal o juez de la evaluación y resultado de los programas. B. Medida socioeducativa privativa de libertad Es una medida socioeducativa excepcional que priva la libertad del adolescente infractor y que es una mediada de última ratio, que debe aplicarse cuando los hechos sean tipificados como dolosos y sancionados por el Código P edro A ntonio H uAccHo t rujillo - e lizAbetH r osmery H uAmán G ArcíA 140 pedrohuaccho@gmail.com, elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 129-144, 2023 Penal con penas privativa de la libertad no menor de 6 años, siempre en cuando hayan puesto en peligro la vida e integridad física-psicológica de las personas o por el incumplimiento reiterado e injustificado de otras medidas socioeducativas impuestas o en la reiteración de otras infracciones. . EL SICARIATO JUVENIL Teorías de la delincuencia juvenil Según Aebi (2013), las teorías que tratan de explicar el fenómeno de la delincuencia juvenil son: A. Teorías de la elección racional : Corresponde a la criminología clásica sostiene que la delincuencia se origina en la voluntad del hombre sin importancia prioritaria del medio social, es decir es el hombre que racional y libremente elije sus actos de acuerdo a su interés y asumiendo toda la responsabilidad. B. Teoría social de la desorganización : La influencia del positivismo llevó a determinar que el origen de la delincuencia juvenil está en la cultura, donde se produce el quiebre de las relaciones familiares y sociales, que produce un incremento desproporcionado del individualismo cuyo efecto es la falta de valores, de esta manera familias en estado de desorganización producirán hijos propensos a la delincuencia. C. Teoría de la tensión : Se sustenta en las investigaciones de Robert Merton quien sostiene que para tener éxito ya existe un camino aceptado por la sociedad y que la delincuencia es causa de los obstáculos que los adolescentes encuentran al recorrer dichos caminos y que no logran el éxito, estos obstáculos son la pobreza, la falta de oportunidades. D. Teoría de subculturas : Relacionada con la teoría de la tensión, sostiene que la falta de éxito lleva a los jóvenes a agruparse estableciendo subculturas que luego se convierten en subcultura delincuenciales, con sus propios valores, normas patrones de conducta y estilos de vida, opuestos a valores y normas que la sociedad tiene por aceptada. E. Teoría de asociación diferenciada : Sostiene que, ante la existencia de un grupo dedicado a la delincuencia, el joven es captado para firmar parte del grupo o puede hacer suya la escala de valores del grupo, al ser sometido a una presión social por las simuladas ventajas sociales, ganancia económica y otros, y que incluso después de adquirir habilidades puede formar su propio grupo. F. Teoría del etiquetado : Se fundamenta en que el adolescente al ser tildado constantemente de delincuente por la sociedad se interioriza con dicha etiqueta y comete delitos, para luego buscar a otros jóvenes que él cree que son sus similares formando grupos delincuenciales. G. Teoría del aprendizaje social : Sostenida por Ronald Akers, fundamenta que el origen de la delincuencia se encuentra en la imitación o modelación del joven de los patrones de comportamiento de grupos delincuenciales de su entorno; es decir paras esta teoría es importante el entorno social y familiar del adolescente quien emitirá normas y valores evaluados a grupos de su entorno. El perfil del sicario juvenil Martínez (1993) sostiene que, el sicario juvenil procede de una familia de condiciones económicaspobre,sinocupacióncondeficiente estudios, con padres de poca preparación, sin empleo o subempleadas, de madre soltera o abandonada, con padres ausentes, donde impera ambientesflexibles,depocaoescasaautoridad por lo que forman un código de conducta propio al no comprender las normas y valores, con actitudes de autoprotección, no tiene afán de conservar su vida porque es consiente que no tiene oportunidades en la vida, una conducta destructora de lo instituido, con un marcado escepticismo ante la vida por la carencia de un futuro que percibe y a la escasa posibilidad de vivir dignamente, tiene poca valoración a la vida de las personas, ausencia del miedo a morir de joven, actitud normal de actuar contra toda norma respondiendo a su propio código E l sicariato juvEnil En El pErú y la justicia rEstaurativa T he juvenile sicariaTe in peru and resToraTive jusTice 141 pedrohuaccho@gmail.com, elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 129-144, 2023 de conducta y al de su grupo, es desconfiado ante las personas y la sociedad, se emocionan ante la violencia, motivados a toda aventura que signifique un buen ingreso económico que le permite salir de la pobreza, problema para amar y con alto sentimiento de venganza. En las familias donde impera la violencia y la delincuencia, los niños adoptan una personalidad con modelos de conducta antisocial y son muy conflictivos, groseros, bruscos, violentos, agresivos, mayormente con trastornos psicopáticos. El sicario juvenil procede de una familia donde prevalece la ausencia física y emocional de los padres, el niño crece en un abandono total, sin afecto y comunicación con los padres en contactoconinfluenciasnegativas,noconocen el amor, la compasión, son indolentes ante el sufrimiento, no tienen remordimientos, encuentra satisfacción en golpear y molestar a otros, es mentiroso y manipulador y cuando los padres son complacientes llegan a un trastorno psicopático. La sanción como adultos Monzón(2018)refiereque,elgranincremento del sicariato juvenil vinculado a organizaciones criminales abrió un debate sobre el posible endurecimiento de las penas y su sanción como adultos, pronunciándose en favor de dichas medidas José Luís Pérez Guadalupe, ex ministro del interior; Eduardo Pérez Rocha, ex director de la PNP; el ex Presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza Vásquez planteó a las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia analizar la posible disminución dela edad mínima de 18 años a 16 años para sancionar a los adolescentes como adultos. Posiciones opuestas se hicieron presentes, como la de Verónica Henry, en representación de la ONG ‘Fundación Tierra de Hombres’ quien sostiene que el incremento de la pena no soluciona la delincuencia, tal como ocurre en los Estados Unidos donde existe la pena de muerte, que no puede tratarse al adolescente como adulto de la misma que al sicario juvenil con otros menores de edad que cometen delitos comunes, que no se trata de reducir la edad para sancionar al sicario juvenil como adulto, sino que el Estado haga frente a su origen con políticas económicasysociales,talcomoloafirmaIván Meini, director de estudios de la Facultad de Derecho de la PUCP, que una manera de hacer frente al sicariato juvenil es planteando políticas públicas de prevención y rehabilitación, así se redujera la edad mínima a 15 años, las organizaciones criminales lo utilizarían a menores de 14 años, entonces, así no se estaría enfrentando efectivamente al sicariato juvenil, se estaría arraigando el problema; en ese mismo sentido se pronunciaron Roberto Chiabra, ex ministro de Defensa, y María Barletta, miembro del proyecto “Niñez sin rejas.” Recientemente, en aquel entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres indicó en una conferencia de prensa, que en gran parte de los países desarrollados la imputabilidad penal para menores de edad empieza entre los 16 y 14 años de edad, debiendo el Perú adoptar tal criterio. Reducir la edad de imputabilidad penal para los menores de edad significaría una transgresión a las obligaciones que el Estado peruano se comprometió como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 40 establece que el niño investigado o declarado culpable de infringir las leyes penales deberán ser tratados respetando su dignidad, derechos humanos, teniendo en cuenta su edad y promoviendo su reintegración y dotándole de condiciones para desempeñar un rol constructivo en la sociedad. De igual forma estaría incumpliendo con sus obligaciones asumidas con otros instrumentos internacionales, como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en cuanto el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (2019), en su Observación General N° 24 reconoce que al niño se le debe aplicar un sistema distinto, diferenciado e individualizado, por cuanto el sistema de justicia penal los perjudica limitando condiciones que impiden convertirse en ciudadanos responsables. Las modificaciones al sistema penal juvenil La norma que regulaba la infracción a la ley penal por el adolescente lo establecía el libro Cuarto, Titulo II, Capítulo III del Código del Niño y Adolescentes que planteaba como objetivo la rehabilitación y reincorporación del adolescente infractor a la sociedad, pero sin establecer un procedimiento específico para su aplicación, teniendo como aporte al sistema judicial penal juvenil la autonomía y especialización, de tal manera que los encargados en materia de infracción penal juvenil le correspondía a tres P edro A ntonio H uAccHo t rujillo - e lizAbetH r osmery H uAmán G ArcíA 142 pedrohuaccho@gmail.com, elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 129-144, 2023 juzgados de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima. El Decreto Legislativo N° 1204, modificaba el Capítulo VII, Título II del Libro Cuarto del Código de los Niños y Adolescentes, estableciendo tres sanciones en reemplazo de las medidas socioeducativas, las sanciones socioeducativas; las limitaciones de derechos que establecían ciertas prohibiciones y las privativas de la libertad. Dentro de la privativas de la libertad, modificó el tiempo de internación considerando para infracciones graves, entre 4 y 8 años para adolescentes entre los 14 y 16 años de edad; de 6 a 10 años para adolescentes entre los 16 y 18 años de edad. El Comité de los Derechos del Niño (2007) en su observación general número 10 recomendó al Estado peruano derogar el Decreto Legislativo N° 1204 y adoptar un sistema de justicia juvenil dentro de los principios de la Convención y otras normas internacionales. En ese sentido, ser promulga el Decreto Legislativo N° 1348, Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, autónomo por sus fundamentos; principios, como el Interés superior del niño , el principio educativo, el principio pro infante; y mecanismos de aplicación, que requiere de profesionales con capacitación especializada para que el juez con el apoyo de equipos interdisciplinarios, imponga una medida idónea que repercuta en su educación, formación e inserción social, buscando que cause la menor angustia y afectación de sus derechos. Considerando para ello la situación de su participación y las condiciones psicológicos, familiares y sociales; de tal manera que el infractor repare el daño causado, que ejecute actividades comunitarias, que se prepare profesionalmente y solo cuando la infracción es grave y como última ratio establecer la pena privativa de la libertad por el menor tiempo posible, que de manera general será de 1 a 6 años y para hechos graves de 3 a 5 años para adolescentes de 14 a 16 de edad y de 4 a 6 años para adolescentes de 16 a 18 de edad; a excepción de sicariato, violación sexual de menor de edad que provoque muerte o lesión grave y por terrorismo, que será de 6 a 8 años para adolescentes de 14 a 16 de edad y de 8 a 10 años para adolescentes de 16 a 18 de edad. CONCLUSIONES • La justicia restaurativa conceptúa al delito como un conflicto entre la víctima, el infractor y la comunidad del entorno, diferente al concepto de la justicia retributiva o tradicional que lo considera como un conflictoentreeldelincuenteyelEstado. • El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes enmarcada dentro de la justicia restaurativa busca reparar el daño causado a la víctima como el reconocimiento de la responsabilidad del adolescente infractor y su compromiso de repararla. • Se pretende desjudicializar el proceso aplicando medidas socioeducativas acompañados de programas educativos con el findequereconozcalailicituddesuconducta yseprepareparasureinsercióneficaz. • Debido a su condición de persona en desarrollo los menores de edad adquieren progresivamente la capacidad de discernimiento, por lo que no pueden ser imputables de los hechos cometidos en contra de la ley penal y no se les puede aplicar la ley como a los adultos. FUENTES DE INFORMACIÓN Aebi, M. F. 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