LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false false 1 1 true 163 aespinozab@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 163-170, 2023 ¿PUEDE LA PRIVATIZACIÓN DE LAS CÁRCELES SOLUCIONAR LA CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL PERÚ? CAN THE PRIVATIZATION OF PRISONS SOLVE THE CRISIS OF THE PRISON SYSTEM IN PERU? Augusto Renzo Espinoza Bonifaz ORCID: 0000-0002-3641-4868 Facultad de Derecho USMP aespinozab@usmp.pe Perú DOI: 10.24265/voxjuris.2023.v41n2.13 Recibido: 6 de diciembre de 2022. Aceptado: 13 de febrero de 2023. SUMARIO: • Introducción. • Las penas perdidas. • La privatización de la cárcel. • ¿Es conveniente privatizar la cárcel? • La experiencia peruana: cárceles productivas. • Conclusiones. • Fuentes de información. RESUMEN El presente artículo de revisión se dedica, en la introducción,adescribirlaproblemáticaidentificada por el autor respecto al sistema penitenciario, como también a determinar los objetivos de este. Luego, se expone que el sistema penal, y no solamente su ámbito penitenciario, ha venido desperdiciando, durante muchos años, la posibilidad de que la pena privativa de libertad cumpla su finalidad resocializadora. Posteriormente, se explica qué implica privatizar la administración de las cárceles y cuáles son las ventajas y desventajas de hacerlo. A continuación, se describe la experiencia peruana de cárceles productivas impulsada desde el año 2017. Finalmente, se brindan las principales conclusiones a las que se han podido arribar como resultado de la investigación. PALABRAS CLAVES Sistema penitenciario, privatización de las cárceles, cárceles productivas. ABSTRACT This review article is dedicated, in the introduction,todescribetheproblemsidentified by the author regarding the prison system, as well as to determine its objectives. Then, it is exposed that the penal system, and not only its prison environment, has been wasting, for many years, the possibility that the custodial sentence fulfills its resocializing purpose. Subsequently, it explains what privatizing prison administration implies and what are the advantages and disadvantages of doing so. The Peruvian experience of productive prisons promoted since 2017 is described below. Finally, the main conclusions that have been reached as a result of the investigation are provided. KEYWORDS Penitentiary system, privatization of prisons, productive prisons. “Ninguna persona responsable castiga por el delito ya cometido, sino para evitar que se cometa en el futuro” Platón INTRODUCCIÓN La prevención, detección, juzgamiento y sanción de la criminalidad es un problema neurálgico en nuestro país, el cual no encuentra solución pese a las diversas reformas administrativas y normativas que se han implementado. Parte de este problema, es la situación crítica por la que atraviesa, durante muchos años, el sistema penitenciario, el mismo que es resultado de la indiferencia e ineficaz gestión de los funcionarios a su cargo. El Instituto Nacional Penitenciario (2022), en su informe estadístico de julio de este año, señala la existencia de 119% de sobrepoblación penitenciaria y 99% de hacinamiento penitenciario, situación que pone en evidencia que en las cárceles se vulneran derechos fundamentales de las personas ahí recluidas. A ugusto R enzo e spinozA B onifAz 164 aespinozab@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 163-170, 2023 En estas circunstancias, resulta difícil que el régimen penitenciario pueda lograr la “reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”, como lo establece el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución Política, pues la cárcel no ofrece las condiciones necesarias para que la pena privativa de libertad puedacumplirsufinresocializador. Ante este escenario es válido preguntarse si el Estado resulta ser un buen gestor del sistema penitenciario y, si la situación de este sistema mejoraría con la privatización de la administración de las cárceles. Por ello, los objetivos del presente trabajo de investigación son: 1) Revelar que la crisis penitenciaria produce penas perdidas, 2) Explicar qué implica privatizar la administración de las cárceles y, 3) Establecer cuáles son las ventajas y desventajas de hacerlo. Esta investigación resulta significativa, ya que busca analizar si resulta viable la privatización de las cárceles, con la finalidad de mejorar la situación del sistema penitenciario de nuestro país y, de esta manera, garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas recluidas en los establecimientos penitenciarios. El enfoque metodológico utilizado es cualitativo, de tipo documental, y se emplea el método deductivo, comparado e interdisciplinario. LAS PENAS PÉRDIDAS Respecto al hacinamiento penitenciario, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado, en el fundamento jurídico N° 75 de la sentencia emitida el 26 de mayo de 2020 en el expediente N° 05436-2014-PHC/TC, que: 75. Dicho hacinamiento evidentemente ha repercutido en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad y recluidas en establecimientos penitenciarios en el Perú, tanto más si se advierte que, junto al problema del hacinamiento crítico, existentambiénseverasdeficienciasenmateria de infraestructura de los establecimientos penitenciarios, lo que incluye también la brechaydeficientecalidaddelasinstalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros. Asimismo, añade en los fundamentos jurídicos N° 77, 78 y 80 respectivamente, que: 77. En efecto,de las 8 Oficinas Regionales,por lo menos 6 tienen una “mala” infraestructura de pabellones, según el INPE, que es igual o mayor al 50 %. A su vez, el 49 % de las instalaciones de desagüe en los establecimientos penitenciarios anivelnacionalson,asimismo,calificadoscomo de mala calidad por el INPE. 78. Además, el 67 % de la infraestructura en salud, así como el 45 % de la infraestructura en seguridad a nivel nacional son consideradas como de mala calidad por el INPE a setiembre de 2019. 80. Por otro lado, de acuerdo al INPE, más del 50 % a nivel nacional de las personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios no estudia ni trabaja. Así también, según la información alcanzada a este Tribunal, el INPE, a setiembre de 2019, solo contaba con dos médicos psiquiatras a nivel nacional para los correspondientes servicios médicos de los reclusos; además, el INPE indicó que, a dicha fecha, no tenía información sobre la población condiscapacidadanivelnacional,refiriendoque los espacios que estas personas usan son “iguales” a los de la población en general; y, también, que tampoco se contaba con información sobre la población LGTBI (ver página 61, 88 y 89 del documento remitido a este Tribunal mediante Oficio 1187-2019-INPE/01, obrante en el expediente de autos). Esta situación revela que el sistema penal, y no solamente su ámbito penitenciario, ha venido desperdiciando, durante muchos años, la posibilidad de que la pena privativa de libertad cumpla su finalidad resocializadora. Por ello, Zaffaroni (1998) afirma la existencia de “una progresiva “pérdida” de las “penas”, es decir, de dolor sin sentido (perdido, o sea, carente de racionalidad)” (p.16). Asimismo, resulta evidente que lo que la Constitución Política y las leyes establecen en materiapenalypenitenciarianoseverificaenla realidad y, para ello, no es necesario realizar un estudio profundo de las instituciones penales, sino solamente efectuar una observación superficial de ellas. De esta manera, nos encontramos ante a un discurso jurídico penal puramente teórico, pues los encargados de llevarlo a la práctica no demuestran voluntad alguna para hacerlo efectivo. Además, esta situación se mantiene debido a la indiferencia por garantizar los derechos fundamentales de las personas recluidas en los establecimientos penitenciarios. Lo señalado, demuestra la incapacidad del Estado peruano para gestionar el sistema penitenciario, manteniendo y reforzando la idea de que la cárcel es una “institución de secuestro” (Foucault, 1975), la cual, en lugar de mejorar a los presos, los deteriora. Este hecho también repercute en la percepción que tiene la ciudadanía sobre la institución carcelaria y en quienes tras cumplir ¿P uede la Privatización de las cárceles solucionar la crisis del sistema Penitenciario en el Perú ? C an the privatization of prisons solve the Crisis of the prison system in peru ? 165 aespinozab@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 163-170, 2023 su pena egresan para intentar reinsertarse a la sociedad, ya que al ver la situación carcelaria es lógico pensar que nadie puede salir siendo mejor de ahí, sino todo lo contario. Aunado a ello, desde los establecimientos penitenciarios se cometen delitos, pues la cárcel no se encuentra realmente controlada por el Instituto Nacional Penitenciario sino por los mismos reclusos, hecho que se debe a la falta de agentes penitenciarios y a la corrupción existente, que permite que los internos tengan acceso a celulares para extorsionar o, que dentro de la prisión se comercialicen drogas. Ante lo anotado, es totalmente válido preguntarse si existe alternativa para solucionar la crisis penitenciaria, o si solamente debemos esperar que el Estado se encargue de cumplir, y hacer cumplir, lo establecido constitucional y legalmente sobre los derechos fundamentales de los presos, en especial lo establecido en el inciso 21 del artículo 139 de la Constitución Política referente al “derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados”. Para ello, en el siguiente apartado explicaremos qué implica privatizar las cárceles. LA PRIVATIZACIÓN DE LA CÁRCEL La sobrecriminalización, el aumento de la criminalidad y el uso excesivo de la prisión preventiva vienen generando que el presupuesto para solventar los gastos de las prisiones sea cada vez más elevado, sobre todo si se espera que la pena privativa de libertad tenga como función reeducar, rehabilitar y reinsertar al penado a la sociedad, pues, para ello, resulta necesario contratar profesionales calificados y contar con unainfraestructuraadecuadaparatalfin. Anteestepanorama,enelquelasdeficiencias del sistema penitenciario resultan cada vez más difíciles de resolver por parte del Estado, en algunos países, se apuesta por la privatización de la administración de las cárceles como posible solución. Así, podemos definir a la privatización como “una transferencia o asignación sistemática de funciones y actividades tradicionalmente realizadas por el sector público al sector privado, con mayor o menorfiscalizacióndelosserviciosprestados” (De Melo, 2022, p. 145). Si bien ha existido intervención privada en la actividad carcelaria, por ejemplo, suministrando diversos servicios al sistema público penitenciario, el origen de la privatización de las cárceles se remonta a la década de los ochenta, del siglo pasado, en los Estados Unidos de Norteamérica, ya que en dicho momento surgen los primeros contratos para administrar las prisiones, los cuales de manera detallada establecen las condiciones y responsabilidades que debe cumplir el Estado y la empresa privada que asumirá la gestión del establecimiento penitenciario. “La prisión privada sería entonces una unidad penal cuya dirección y administración se encuentra a cargo de una entidad privada, permaneciendo bajo la responsabilidad del sector público en un régimen contractual con el Estado” (Sanz, 2000, p. 141-143). En este sentido, apunta Schichor (1998): Las autoridades estatales acuden al sector privado conlaexpectativadecontarconunaliadoflexible y creativo, capaz de generar rentabilidad con la gestión penitenciaria mediante una operación más eficiente,demayorcalidadyaunmenorcostoque el de las agencias gubernamentales. (p. 82) El despegue de la privatización de las cárceles se evidencia cuando el año 1983, en Estados Unidos de Norteamérica se funda Corrections Corporation of America , la cual, “participa desde 1994 en la bolsa de Nueva York y sus acciones han aumentado de forma sorprendente, de manera que la compañía se ha capitalizado en 3,5 billones de dólares, convirtiéndose en una apuesta casi segura para los inversionistas” (Arraigada, 2012, p.13). Por otro lado, respecto a los modelos que han estado utilizándose para contratar a las empresas privadas, dependen de las actividades y servicios que ofrecen; no obstante, de acuerdo con Arraigada (2012) podríamos resumirlos en: El modelo de leasing , en virtud del cual las empresas privadas, con capitales propios o aportados, diseñan, construyen e implementan el recinto penitenciario para luego traspasarlo al Estado cuando este haya pagado por dichas prestaciones en el plazo convenido; el modelo de privatización, que delega absolutamente la actividad penitenciaria en el sector privado, encargándose el Estado de su fiscalización; y el modelo mixto, que delega algunas actividades al sector privado, encargándose el Estado de cumplir las funciones de seguridad y vigilancia de los reclusos al interior del establecimiento. (p. 14). Así, la idea de privatizar la cárcel se expandió a países de distintos continentes, en cada uno de ellos la privatización se plasmó de acuerdo con su entorno y contexto carcelario, no obstante, el concepto común que caracterizó todas ellas, fue la noción de que los privados representan A ugusto R enzo e spinozA B onifAz 166 aespinozab@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 163-170, 2023 inestimables socios para administrar con eficiencia y eficacia las prisiones, pues tienen acreditada experiencia en el mercado de bienes y servicios. Por eso, Cavise (1998) señala que la privatización de las cárceles es polémica. Los que están a favor indican que solo la empresa privada puede edificar prisiones rápidamente porque no tienen que cumplir con los procedimientos burocráticos, los cualessiempredificultanlaactividadpública, además el sector privada es flexible y se adapta mejor a nuevas necesidades. Los que se oponen manifiestan que el control de la criminalidad es un asunto público, por ello, al Estado “le incumbe la obligación de velar por que se cumplan los objetivos de la reclusión: ello supone un control permanente ejercido por una administración cuya motivación no es el lucro sino el bien del individuo y de la sociedad” (p. 20). ¿ES CONVENIENTE PRIVATIZAR LA CÁRCEL? Lo primero que debemos apuntar, como lo indican Garrido, Stangeland y Redondo (2001) es que: La gestión del sistema penitenciario implica costos de naturaleza distintas: hay gastos con instalaciones (mantenimiento, reparaciones, etc.) y administración (personal); gastos de seguridad, vigilancia y atención médica de los reclusos; y, por último, el costo de los programas que promueven la reinserción. Al examinar la relación entre estas diversas inversiones y las medidas inherentes a la resocialización (frecuencia en la progresión de regímenes y otorgamiento de salidas temporales, participación de los internos en actividades educativas, etc.), se observa que los establecimientos criminales de menor dimensión física –precisamente aquellos que, en una perspectiva económica, son más caros y costosos para cada preso – son los que logran los mejores resultados. (p. 797). Por ello, como sostiene De Melo (2022): El debate sobre la privatización de las cárceles parece girar en torno a dos ejes en los que se apoyan tanto los entusiastas de este modelo de gestión penitenciaria como sus críticos: a) el argumento de la eficiencia de la privatización (ahorro de costos, desburocratización, potencial de resocialización de los presos, etc.), aunque atrayente, serviría únicamente para encubrir el interés exclusivo de las empresas en el lucro y su compromiso con la racionalidad del mercado; b) los límites de la delegación al sector privado de una actividad siempre considerada monopolio estatal, por implicar restricciones a los derechos fundamentales, particularmente a la libertad de la persona. (p. 149). Así, los impulsores de la privatización de las cárceles señalan que las ventajas de hacerlo es el ahorro de la construcción de las prisiones y su mantenimiento, la mejora los servicios y la desburocratización de la gestión del personal. Lo cual se logra debido a que las empresas que buscan ser contratadas deben ofrecer propuestas que se destaquen por ser innovadoras y de calidad, sino no serán contratadas. Además, las empresas gestionan de una mejor manera su estructura organizativa, ya que administran de manera eficiente sus procesos, lo que usualmente no sucede con la administración pública, pues la burocracia impuesta por los organismos de control estatal genera procesos de contratación lentos y engorrosos. Asimismo, la gestión privada de las cárceles produce que los funcionarios públicos que se relacionan con la empresa a cargo de la administración de la prisión mejoren sus rutinas y la calidad de su trabajo, ya que deben adaptarsuslaboresaloscriteriosdeeficiencia yeficaciadelaactividadempresarialprivada. De esta manera, como sostiene Prado (1995): La proposición es tentadora (...) las empresas privadas se comportan en forma relativamente eficiente y construyen rápidamente cárceles modernas y adecuadas, con lo cual disminuye sensiblemente el hacinamiento y mejoran las condiciones de vida de los internos. Además, y ello es siempre importante y más cuando se incrementa el gasto social por la necesidad de controlar una criminalidad en aumento, las cárceles privadas operan con costos menores que los aparatos estatales. Así todo el mundo parece obtener ventajas. (p. 77). En consecuencia, como indica Núñez y Rojas (2006): Quienes apoyan la iniciativa de privatización de las cárceles, consideran las siguientes ventajas: es una buena solución para el problema del hacinamiento; significa un menor costo de la administración; con ella se van a dar mejores condiciones de vida para los internos; la participación del sector privado es la manera máseficazdedartrabajoalosreclusosyenla administración de las cárceles, constituirá una oportunidad para generar riqueza; incluso, ello constituye una vía más rápida para llevar a cabo la reformas del sistema carcelario y supone una revisión de la normativa existente para todo el sistema carcelario. (pp. 20-21). ¿P uede la Privatización de las cárceles solucionar la crisis del sistema Penitenciario en el Perú ? C an the privatization of prisons solve the Crisis of the prison system in peru ? 167 aespinozab@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 163-170, 2023 En este orden de ideas, la privatización de las cárceles se sustentaría en: a. Garantizar la seguridad del sistema penitenciario; b. Eliminar la sobrepoblación y hacinamiento en los centros penitenciarios; c. Mejorar los procedimientos para clasificar y ubicar a los presos; d. Garantizar que los presos accedan a programas para su resocialización, lo cual incluye formación académica y profesional, con el objetivo de disminuir la reincidencia; e. Respetar los derechos fundamentales de los presos; f. Prevenir y gestionar los conflictos internos que puedan suscitarse; y g. Disminuir los costos operativos. Por otra parte, los que se encuentran en contra señalan que “la privatización es una herramienta política de la clase dominante. Basada en el argumento de que el Estado es pésimo administrador, se creó el mito acerca de la excelencia administrativa de los “ managerman ” y de sus entornos empresariales” (Núñez y Rojas, 2006, p.14). “Las cárceles pasan asersinónimodedinero,puesenlosedificios,en el equipamiento y en la administración, siempre intervienen empresas privadas que de una u otra forma compiten por ser concesionarios de este negocio” (Núñez y Rojas, 2006, p.18). Señalan que el verdadero propósito de privatizar la cárcel es lucrar, pues este negocio resultará perfecto en la medida en que la población carcelaria se mantenga siempre en aumento. Por ello, sostiene Bronstein (2003): Alentar a los gobiernos para construir grandes y nuevas prisiones sin costos iniciales, ha sido la forma en que las empresas privadas aparecen en escena ofreciendo una solución. Sin embargo, en realidad, están creando más problemas que los ya existentes. Estas empresas privadas pretenden dar por concluido un debate esencial acerca de las sanciones mas adecuadas para los delincuentes. La verdad es que a largo plazo, mediante la liberación de personas de la cárcel y a través del desarrollo de alternativas a la prisión, se ahorraría mucho dinero y se evitaría, en gran medida el daño individual y social. (p. 146) Por lo tanto, se trataría de una medida que no solucionará los problemas endémicos del sistema penitenciario, pues resulta incorrecto, desde la perspectiva de la legitimidad del poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que el Estado reduzca todo el complejo problema social, político, filosófico y jurídico de la ejecución penal, exclusivamente, a un problema decostebeneficio”(DelRosal,1990,p.579). Además, Nathan (2005) señala que: La cárcel privada es un negocio y los negocios deben expandir su mercado, en las cárceles privadas requieren más privados de libertad, no menos. Mientras unos trabajan tratando de tener menos personas en prisión, estas compañías tratan de tener más gente en la cárcel. Los privatizadores en el sector privado tienen como único propósito producir dinero y necesitan expandir su mercado. En este sentido, Ñuñez y Rojas (2006) indican que: La experiencia de Estados Unidos así lo ha demostrado. Por medio de muchos caminos las compañías de prisiones de ese país han ejercido una gran influencia en quienes tienen a su cargo la política en materia de justicia penal, no solo en el ámbito estatal sino también en el federal. (p .69). En la misma línea de ideas, Christie (1993) señala: Considerando el delito como un recurso ilimitado de la industria del control del delito, este tipo de razonamiento nos parece peligroso. Los intereses económicos de la industria (…) siempre van a estar del lado de exceso de oferta, tanto de policía comodecapacidadcarcelaria.Estosignificaque hay una fuerza extraordinariamente potente que apoya la expansión del sistema. (p 118). Por otro lado, los detractores de la privatización cuestionan la posibilidad de delegar el poder estatal de la ejecución de las sanciones penales a los particulares, pues este poder, por mandato constitucional, es y debe ser exclusivo del Estado, ya que es irrenunciable e intransferible, al respecto Del Rosal (1990) explica: Desde el momento en que la organización de la ejecución penal ya no ha de servir únicamente a losfinesquelevenganasignadosporlalegislación vigente, sino que en ella van a intervenir de forma decisiva los cambiantes intereses privados de la empresa concesionaria, los criterios de valoración y de selección del uso de la coacción y la fuerza se van, igualmente, a distorsionar, haciendo fácilmente su aparición la inseguridad y las desviaciones y abuso del poder. (p. 579). Por lo dicho, parecería improbable la delegación de la ejecución del castigo a los particulares, puescomoafirmaPrado(1995): El Estado por mandato de la ciudadanía, es la instancia que determina quiénes, dónde y en qué condiciones cumplirán penas las personas que han sido encontradas culpables de delitos. Ello exige A ugusto R enzo e spinozA B onifAz 168 aespinozab@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 163-170, 2023 un control absoluto sobre el sistema de ejecución de las penas, control que la participación decisiva de instancias no- estatales impide o, al menos dificulta. Si se delegan esas funciones (...) es difícil encontrar razones para no privatizar las policías o los tribunales de justicia, lo que abre la posibilidad de abusos de todo tipo. (p. 81). Por su parte Ríos (2022) señala que: La privatización de las cárceles conlleva, de jure, forjar utilidades económicas desde la aguda y traumática experiencia de la pérdida de libertad de un ser humano. El Derecho no puede usarse para hacer del hombre una especie de activo financiero. En la mentalidad de rentabilidad privada, ajena a todo beneficio social, la reeducación, resocialización, rehabilitación y reintegración del penado a la sociedad, no se lograrían porque se considerarían un gasto y no una inversión. (p. 26). LA EXPERIENCIA PERUANA: CÁRCELES PRODUCTIVAS Mediante el Decreto Legislativo Nº 1343, publicado el 7 de enero de 2017, se buscó la “Promoción e Implementación de Talleres Productivos en los Establecimientos Penitenciarios y de Medio Libre; a fin de fortalecer el tratamiento penitenciario y post penitenciario, a través del desarrollo de actividades productivas con participación del sector público, privado y la sociedad civil”. La finalidad del citado dispositivo legal es, entre otros, “cumplir con el propósito de la pena a través de la realización de actividades productivas para coadyuvar a la resocialización del condenado, mediante su capacitación en diversas actividades laborales y, regular las actividades productivas para incentivar la participación del sector privado en la resocialización de los internos” (artículo 3). Para ello, “las instituciones públicas o privadas pueden suscribir convenios o contratos con el INPE para desarrollar productos o prestación de servicios específicos de corta duración en el marco de las actividades productivas que se desarrollan en los talleres y actividades productivos individuales o grupales, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente” (artículo 13). Asimismo, “el INPE promueve la participación de personas naturales o jurídicas de derecho privado, de acuerdo con lo dispuesto por el marco normativo vigente, para la implementación y administración de talleres productivos de los establecimientos penitenciarios o de medio libre” (artículo 23). Además, “las personas naturales o jurídicas de derecho privado que administran talleres productivos pueden celebrar contratos de capacitación con la población penitenciaria que no cuenta con destreza laboral a fin de complementar su proceso de capacitación y su incorporación a las actividades productivas” (artículo 26). Loayza (2020) en su tesis “De talleres de trabajo a cárceles productivas: Explicando los cambios en el trabajo penitenciario durante el gobierno de PPK (2016-2018) en Perú”, concluyó que: La importancia de estos cambios recae en que ningún gobierno anterior había tenido la voluntad política de transformar los talleres de trabajo de los centros penitenciarios en un programa de alcance nacional institucionalizado, como se hizo durante la presidencia de PPK. Con la llegada de PPK al gobierno en 2016, no se esperaba iniciativas como Cárceles Productivas, pues los gobiernos de derecha no suelen promocionar política en pos de derechos humanos y se los suele asociar a los intereses de grandes empresas, lobbies y la poca preocupación por cuestiones sociales. A través de las entrevistas realizadas a informantes clave para esta tesis se encontró que un factor importante para la implementación de Cárceles Productivas sería la iniciativa y liderazgo de un burócrata intermedio con la voluntad de hacer cambios significativos durante su gestión. Es a partir de la gestión de Carlos Vásquez Ganoza, ex presidente del INPE (2016-2018) que se hace posible la formulación e implementación y desarrollo de Cárceles Productivas. Los cambios que se logran durante esta gestión tienen como finalidad mejorar la condición de los presos y abarcan la inclusión de diferentes sectores de la sociedad, como empresas privadas, en la reinserción social y laboral de los internos; el intento de la institucionalización del programa; así como la posibilidad de que las empresas privadas instalen sus talleres productivos dentro de las cárceles. La explicación de la transformación del trabajo penitenciario tiene como principal factor al liderazgo e iniciativa de este burócrata. Sin embargo, (…) este burócrata contó con el respaldo político necesario para seguir adelante con la iniciativa. Por parte de la ideología política, un factor importante para el éxito de Cárceles Productivas fue la participación de la empresa privada. (…) A través de la gestión de diferentes Cámaras de Comercio en todo el país y de las empresas ¿P uede la Privatización de las cárceles solucionar la crisis del sistema Penitenciario en el Perú ? C an the privatization of prisons solve the Crisis of the prison system in peru ? 169 aespinozab@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 163-170, 2023 privadas se pudo emplear a parte de la población penitenciaria. Sin embargo, la participación de las empresas privadas, ponen en evidencia las deficiencias del estado peruano, pues durante muchos años no hubo grandes cambios en el trabajo penitenciario. La participación e involucramiento de la empresa privada implica que se cambien algunos elementos infraestructurales y que los programas se desempeñen mejor. Desde lo contado por las personas que fueron entrevistadas, es evidente el entusiasmo de las empresas y Cámaras de Comercio por el programa Cárceles Productivas (…) Cárceles Productivas puede tener debilidades, como cualquier política pública. Existen aspectos a mejorar, como establecer o delimitar las modalidades de trabajo con las empresas privadas y que así puedan funcionar de la misma forma en todas las regiones o la simplificación de procesos, pues durante las entrevistas se sugirió que podían encontrarse algunas fallas administrativas. Sin embargo, es una iniciativa que ayuda a proteger y preservar los derechos de la población penitenciaria. El programa ha demostrado que la población penitenciaria es capaz de elaborar productos de alta calidad y competitivos en el mercado y ha logrado dar una segunda oportunidad a las personas privadas de libertad. Este tipo de programas es capaz de dar soluciones a largo plazopuesotorgaasusbeneficiarioscapacidades que les serán útiles en cualquier circunstancia. Por esta razón, este tipo de programas deberían seguir implementándose con diferentes poblaciones pues sería una manera de que puedan sostenerse económicamente a través de las capacidades que adquirieron. (pp. 64-67). Por otro lado, de acuerdo con Delgado (2019): En el 2017, el INPE organizó 13 encuentros empresariales en todo el país. Los más destacables fueron con la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Asociación de Exportadores (ADEX), entidades que abrieron sus puertas e invitaron a sus agremiados para recibir información sobre el tema. (…) Se informó sobre los 306 talleres productivos que funcionan en los penales a escala nacional tales como zapatería, textiles, costura, carpintería, panadería y otros más; además la posibilidad de contratar la mano de obra de 25,596 internos que están inscritos en el área de trabajo de sus respectivos centros penitenciarios, los que están deseosos de empezar a trabajar para los empresarios. (…) El impacto de estas acciones con los empresarios fue realmente sorprendente, pues no solo nació el interés de iniciar negocios rentables, sino también el profundo deseo de hacer algo positivo por ayudar a estas personas privadas de libertad que solo piden una oportunidad para empezar una nueva vida. A la fecha, la cifra de internos contratados por las empresas participantes de Cárceles productivas llega a más de 1,307 reclusos en todo el país, de los cuales 216 son mujeres. Todos ellos recibenunpagofijobajolamodalidaddetrabajo a destajo. La proyección es incluirlos en planilla, con los descuentos de ley por el concepto de reparación civil a favor del Estado. Eso, desde ya, aseguraría una justicia restaurativa para la sociedad. (pp. 4-5) CONCLUSIONES Es evidente que la situación crítica que atraviesa el sistema penitenciario de nuestro país, el cual vulnera de manera sistemática los derechos humanos de los privados de libertad, obliga a buscar nuevas alternativas para superarlo, entre ellas, la experiencia comparada nos sugiere la privatización de las cárceles. Como hemos podido observar existen posiciones a favor y en contra de esta medida, las cuales cuentan con argumentos razonables que las apoyan respectivamente, enriqueciendo con ello el debate sobre el tema en beneficio de optar por una mejor decisión. Sin embargo, respondiendo el título de este artículo de investigación consideramos que la privatización de las cárceles no alcanzaría para solucionar la crisis del sistema penitenciario del Perú, pues las causas que la originan no dependen únicamente de quién administra los centros penitenciarios, sino de la sobrecriminalización primaria y secundaria producidas por el populismo punitivo que se ha cimentado en nuestra región hace muchos años, así como por la corrupción estructural que sufrimos en nuestra sociedad. No obstante, se opte o no por la privatización de la cárcel, se requiere de voluntad política para transformar radicalmente la situación actual de los centros penitenciarios de nuestro país, pues no debemos ser indiferentes ante las violaciones que día a día sufren los presos, y menos aun, promover un sentimiento social de venganza contra las personas que cometen delitos, incitando discursos que difundan la idea que las personas privadas de libertad deben sufrir física y emocionalmente en la cárcel para pagar sus culpas. Finalmente, una opción intermedia es la impulsada a través del programa “Cárceles productivas”, creado a través del Decreto Legislativo Nº 1343, que al parecer, otorgándole mayor apoyo y vigilancia en el respeto de los derechos laborales de los internos, podría constituirse como una opción idónea para que A ugusto R enzo e spinozA B onifAz 170 aespinozab@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (2): 163-170, 2023 los presos perciban ingresos producto de su trabajo durante sus estancia en la cárcel, así como, para facilitar y garantizar su reinserción social al momento de egresar del centro penitenciario tras cumplir su condena. FUENTES DE INFORMACIÓN Arraigada, I. (2012). De cárceles y concesiones: Privatización carcelaria y penalidad neoliberal. Revista de Derecho (Valdivia) , Vol. XXV, Nº 2, pp. 9-31. Bronstein, A. (2003). La privatización de la cárcel. Revista Defensa Pública, Número 3. Cavise, L. (1998). La privatización de las cárceles. El correo de la UNESCO , pp. 20-22. Christie, N. 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