LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false false 1 1 true 47 liliarebed@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 47-60, 2024 RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR INFRACTOR EN AMÉRICA LATINA Y ESPAÑA. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA ENTRE LOS AÑOS 2018 A 2022 CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE JUVENILE OFFENDER IN LATIN AMERICA AND SPAIN. A SYSTEMATIC REVIEW BETWEEN THE YEARS 2018 TO 2022 Lilia J. Reyes Bedoya ORCID: 0000-0002-7757-4155 Universidad Autónoma de Ica liliarebed@gmail.com Perú DOI: 10.24265/voxjuris.2024.v42n1.05 Recibido: 16 de febrero de 2023. Aceptado: 29 de marzo de 2023. SUMARIO • Introducción. • Objetivo. • Metodología. • Resultados. • Conclusiones. • Fuentes de información. RESUMEN El actual estado de la sociedad es de una amenaza de expansión delincuencial extendida en menores de edad con prácticas más extremas como la de los sicarios, en perjuicio de la integridad común y personal. Además, se percibe un clima de convulsión e incertidumbre económica propia del contexto difícil que atraviesan las sociedades modernas y globalizadas, con tendencia a acrecentarse por la crisis mundial económica y social. Estas crisis son a su vez consecuencias delimpactodelosconflictosbélicosentrepaíses potencias en pleno inicio de la transición del uso deinsumosenergéticos,porunlado,y,porotro lado, el impacto negativo del cambio climático en un ambiente de pandemia y postpandemia del Covid-19. Esta realidad hace que sea de preocupación decidirse a tomar acciones preventivasconefectosbenéficosydirectospara la sociedad y el bien común. La convulsión social y el elevado costo de vida no solo trae consigo el desempleo sino el consumo de sustancias ilícitas como medio de escape de los menores y adolescentes en abandono moral, todo lo cual puede desencadenar en que estos cometan ilícitos penales por sí solos o participando de bandas criminales. Es así como en este trabajo de revisión se pretende recoger todos los aportes de diversas realidades de la región deAmérica Latina respecto al trato del menor infractor adolescente basándose en la magnitud del daño y orden del agravio cometido. PALABRAS CLAVE responsabilidad penal, menor de edad, medidas socioeducativas, reinserción, infracción, delito. ABSTRACT The current state of society is that of a threat of widespread criminal expansion in minors with more extreme practices such as those of hitmen, to the detriment of common and personal integrity. In addition, there is a climate of turbulence and economic uncertainty typical of thedifficultcontextthatmodernandglobalized societies are going through, with a tendency to increase due to the global economic and social crisis. These crises are, in turn, consequences of the impact of armed conflicts between powerful countries at the very beginning of the transition in the use of energy inputs, on the one hand, and, on the other hand, of the negative impact of climate change in an environment pandemic and post-pandemic. from covid-19. This reality makes it worrying to decide to take preventive actions with beneficial and direct effects for society and the common good.The social upheaval and the high cost of living bring with them not only unemployment but also the consumption of illicit substances as an escape route for minors and adolescents in moral abandonment, all of which can encourage them to commit crimes on their own account or by participating in criminal gangs. This is how this review work aims to collect all the contributions from various realities in the Latin Lilia J. Reyes Bedoya 48 liliarebed@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 47-60, 2024 American region regarding the treatment of juvenile offenders based on the magnitude of the damage and order of the crime committed. KEYWORDS criminal responsibility, minor, socio- educational measures, reinsertion, infraction, crime. INTRODUCCIÓN Se aborda los análisis y estudios de autores, en donde se hallan publicaciones con la temática de la edad de responsabilidad del menor infractor para los países de España, Colombia, Argentina, Brasil y Perú; además, se encuentra una sola publicación por país para los países de Ecuador, Uruguay, Venezuela y Puerto Rico, por lo que se decidió agruparlos en un solo acápite en el que explica la posición individual de cada uno de ellos. Como es razonable, en el derecho penal la edad del menor que infringe la ley debe corresponder a una adecuada tipificación de las conductas que están inmersas en el acto delictivo, y así poder dedicar una responsabilidad criminal y su debida sanción atribuida, en lo que se incluye principalmente las medidas o regímenes socioeducativos que sustituyen el ejercicio del derecho penal en menores de edad, situándose convenientemente como el último recurso aplicable. OBJETIVO El artículo de revisión sistemática tiene por objetivo destacar estudios publicados que incluyan como tema principal la responsabilidad del menor infractor, plasmados en publicaciones con menos de cinco años de antigüedad, diferenciando su perspectiva de estudio temático y puntos de análisis o discusión. Este documento pretende servir primero para un análisis panorámico y quizá luego para un análisis más exhaustivo a cargo de futuros investigadores juristas, así como para reconocer la importancia y necesidad de analizar la jurisprudencia de la mano con las opiniones y aportes de otros autores con publicaciones en revistascientíficasoespecializadas,locualno se realiza con mucha frecuencia. METODOLOGÍA El presente estudio se desarrolla con la técnicaométododelderechocomparadocon la finalidad de identificar rasgos generales ‘convergentes’ de las legislaciones de varios países de la región de América Latina y España, orientada a la solución de sus propios problemas sociales internos. Este modelo convergente como objetivo de la disciplina del Derecho Comparado tiene la finalidad de permitir “superar las contradicciones, poniendo de presente las semejanzas y las diferencias, haciéndolas explícitas, a través de un diálogo que permita el reconocimiento mutuo” (L. Gómez, 2009). Asimismo, como artículo de revisión sistemática de artículos publicados en revistas científicas indexadas contenidas en reconocidos repositorios tales como Dialnet yGoogleacadémicoanivelinternacional,así como Vox Juris a nivel nacional. Se ha valido de las palabras “edad” “responsabilidad penal” con sus respectivos operadores booleanos según sea la necesidad de cada repositorio o base de datos utilizada. Para un mejor alcance cultural y social se incluye los idiomas español y portugués, excluyendo por razones prácticas el idioma francés (para la búsqueda de artículos de la Guayana Francesa y Haití) y el idioma inglés (para los países de la Guyana o ex Guayana Británica, Surinam o ex Guayana Holandesa, Jamaica y Trinidad y Tobago). En esta búsqueda se procede a valorar los últimos cinco años como fecha previa de publicación, considerando por el alcance del idioma español y portugués abarcando a España y a 22 de los 28 países considerados de América Latina, es decir algunos países de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, exceptuando a la Guayana Francesa, Guyana o ex Guayana Británica y Surinam o ex Guayana Holandesa), de Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), deAmérica del Norte (México), de las Antillas mayores del Caribe (Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, exceptuando a Haití y Jamaica) y de las Antillas menores del Caribe (Granada, exceptuando a Trinidad y Tobago) para los cuales se podrían encontrar estudios referidos al tema en cuestión, en orden de su importancia. Finalmente se ubica un autor de cada uno de los países de Ecuador, Uruguay, Venezuela y Puerto Rico, lo que motiva la agrupación de ello en un solo acápite en el que se explica la posición de cada uno de ellos. R esponsabilidad penal del menoR infRactoR en a méRica l atina y e spaña . U na Revisión sistemática entRe los años 2018 a 2022. C riminal responsibility of the juvenile offender in l atin a meriCa and s pain . a systematiC review between the years 2018 to 2022 49 liliarebed@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 47-60, 2024 RESULTADOS En la interpretación de los resultados que se refieran de manera directa o indirecta al tema de la responsabilidad penal establecida para los infractores menores de edad se han clasificado según los países en donde se realizó el estudio. Tabla 1. Resultados de búsqueda de artículos académicos por país e idioma N BASE DE DATOS AUTOR DESCRIPCIÓN PAÍS IDIOMA 1 Dialnet Barbosa (2019) La minoría de edad penal y su naturaleza en el Derecho brasileño Brasil Español 2 Dialnet Gutiérrez(2020) Dossier II: la ley orgánica de responsabilidad penal del menor España Español 3 Dialnet Martínez (2020) Edad sexual y exclusión de la responsabilidad penal. Fundamentos del Derecho anglosajón España Español 4 Dialnet Zaragoza (2019) Menores y redes sociales. Nuevos tipos penales y responsabilidad penal España Español 5 Dialnet Ordoñez (2022) Reflexionessobrelaresponsabilidadpenal y las medidas privativas de libertad de los menores. Especial referencia a Cataluña (1) España Español 6 Dialnet Ríos y Ríos (2018) El sistema de responsabilidad penal de adolescentes en Colombia desde un análisis económico del derecho Colombia Español 7 Dialnet Andrade et al. (2021) Caracterización de jóvenes y adolescentes bajo el sistema de responsabilidad penal en Bogotá, Colombia: modalidad privativa en un centro de atención especializado Colombia Español 8 Dialnet Bertolín (2021) El consentimiento sexual de los menores de edad en España: Consideraciones clínicas y jurisprudenciales España Español 9 Dialnet Torres y Corrales (2019) Inimputabilidad e inmadurez psicológica y su relación con Los principios generales de la responsabilidad penal del adolescente infractor en Colombia Colombia Español 10 Dialnet Boldova (2021) La relatividad legal de la edad de consentimiento sexual de los menores de 16 años: regla y excepción España Español 11 Dialnet Gómez (2019) Teleología del Derecho penal de menores México Español 12 Dialnet Alva (2019) La niñez encarcelada: Lineamientos en cuanto aunaposiblereformaalRégimenPenal Juvenil. La baja de edad de inimputabilidad detrás de una supuesta reforma progresista Argentina Español 13 Dialnet Useche (2021) Laresponsabilidaddecrecerenelconflicto Colombia Español 14 Dialnet González (2021) Observaciones a las novedades introducidas por la Ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en relación con la materia penal España Español 15 Dialnet Rivero (2020) La autopuesta en peligro de la víctima como factor atenuante de la responsabilidad civil México Español 16 Dialnet Tizzano (2018) Comprobación de la edad mínima para ser considerado responsable penalmente para poder enjuiciar o condenar en concreto a un menor España Español Lilia J. Reyes Bedoya 50 liliarebed@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 47-60, 2024 17 Dialnet Navarro (2020) La sexualidad de los adolescentes: valor jurídico del consentimiento en el derecho penal. Su análisis en el contexto legal ecuatoriano Ecuador Español 18 Dialnet Silva (2019) Sexualidad adolescente y derecho penal. Avances, estancamiento y retrocesos en la legislación uruguaya Uruguay Español 19 Dialnet García (2018) Un ejemplo más de política legislativa securitaria: Análisis del discurso del legislador español en el ámbito del derecho penal juvenil España Español 20 Dialnet Arrieta et al. (2020) Delitos sexuales en contra de menores de edad en Colombia: Caracterización criminológica y político-criminal Colombia Español 21 Dialnet Cortes et al. (2022) Experiencias restaurativas en jóvenes infractores un análisis narrativo del diálogo víctima-ofensor Colombia Español 22 Dialnet Pozuelo (2020) Poena sine culpa? Cuando las medidas se convierten en penas por el mero transcurso del tiempo España Español 23 Dialnet Colombero (2021) The metamorphosis of the discourse on infancy and crime in Argentina: A review of thefieldofproductionofthelegaldiscourse of the Criminal Regime for Minors. La metamorfosis del discurso sobre la infancia y el delito en Argentina: Una revisión del campo de producción del discurso jurídico del Régimen Penal de Menores Argentina Inglés 24 Dialnet Iglesias (2021) Sobre a (in)xustiza xuvenil: da súa histórica vocación educativa e a intrusión da lóxica neoliberal Sobre la (in)justicia juvenil: su histórica vocación educativa y la intrusión de la lógica neoliberal España Gallego 25 Dialnet Da Rosa y Zangerolame (2020) A relativização da presunção de vulnerabilidade dos menores de 14 anos no crime de estupro de vulnerável: uma análise da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul La relativización de la presunción de vulnerabilidad de los menores de 14 años en el delito de violación de persona vulnerable: un análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul. Brasil Portugués 26 Dialnet González (2020) La regla de las equivalencias del art 183 quater y el consentimiento La sexualidad de los jóvenes ¿en suspenso?. España Español 27 Dialnet Periago (2020) Las alternativas a la privación de libertad en nuestro sistema de justicia juvenil más allá de la instrucción. El recurso a la justicia restaurativayalprincipiodeflexibilidad España Español 28 Dialnet DelgadoyPérez(2018) Sistema Sancionatorio Administrativo con Medidas de Protección Socio-Educativas para los Niños, Niñas y Adolescentes Venezuela Español 29 Dialnet Siesto (2019) Legislación y tratamiento de los menores que cometen delitos antes de los 14 años España Español R esponsabilidad penal del menoR infRactoR en a méRica l atina y e spaña . U na Revisión sistemática entRe los años 2018 a 2022. C riminal responsibility of the juvenile offender in l atin a meriCa and s pain . a systematiC review between the years 2018 to 2022 51 liliarebed@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 47-60, 2024 30 Dialnet Bernuz (2021) Emocionalización de la justicia de menores. Un análisis preliminar España Español 31 Vox Juris Oyarce (2019) Responsabilidad restringida por la edad en la comisión de delitos graves y la jurisprudencia de las salas de la Corte Suprema Perú Español 32 Vox Juris Hikal (2020) Involucramientos de adolescentes en el crimen organizado: abordaje mediático, jurídico y criminológico Perú Español 33 Google académico Ferreira et al. (2021) La Reducción de la Edad de Responsabilidad Penal desde la Perspectiva de Adolescentes Brasil Portugués 34 Google académico Rangel (2021) La edad de responsabilidad penal juvenil enMéxico México Español 35 Google académico Parrondo (2020) Reflexionesacercadelabajadelaedad mínima de responsabilidad penal Argentina Español 36 Google académico De Rosa (2018) Garantía sustancial de edad mínima de responsabilidad penal juvenil Argentina Español 37 Google académico Jiménez(2019) En Defensa del Establecimiento de una Edad Mínima de Responsabilidad Penal Puerto Rico Español 38 Google académico Guemureman y Bianchi (2019) Riesgos no tan explícitos y peligros no tan solapados. Un análisis de los proyectos de ley sobre responsabilidad penal juvenil en Argentina 2016-2018 Argentina Español 39 Google académico Paredes-Sotelo (2022) El sicariato y la problemática de la justicia penal y el tratamiento de los adolescentes infractores en el Distrito Judicial de Lima Perú Español Elaboración propia Tabla 2. Resumen de los resultados de la revisión sistemática por autores Términosde búsqueda Base de datos Hallazgos por países Total España Colombia Argentina Brasil México Perú Otros (Ecuador, Uruguay, Venezuela y Puerto Rico “edad” “respon-sabilidad penal” Dialnet 15 6 2 2 2 - 3 30 “responsa-bilidad penal” Vox juris - - - - - 2 - 2 “edad” “respon-sabilidad penal” Google académico - - 3 1 1 1 1 7 Total 15 6 5 3 3 3 4 39 Elaboración propia Lilia J. Reyes Bedoya 52 liliarebed@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 47-60, 2024 España En un plano más amplio Tizzano (2018) explica su interpretación del Derecho de la Unión con jurisdicción en los países de la Unión Europea, incluyendo a España, la cual prevé denegar la detención de individuos menores de edad al no responsabilizarlos penalmente según la ejecución de cada país miembro, para lo cual se examina prioritariamente la edad, incluso sobre los cargos o condenas imputadas. Luego de casi dos décadas de la normativa española sobre la responsabilidad penal de las personas menores de edad, García (2018) evalúa las particularidades de las modificaciones del enfoque penal sobre seguridad ciudadana que realzan al modelo securitario sobre el garantista. En el marco de esta reforma, las normativas se orientan a endurecer las penas por actos delictivos de gravedad acompañados de actos intimidatorios o violentos, debido a que se viene percibiendo impunidad de las infracciones que atentan contra el patrimonio. Es así como se propone equilibrar la proporcionalidad con el interés máximo otorgados a los menores de edad, basándose en la retribución de la sanción penal, y para lo cual se contrastó con otros estudios, así como con encuestas de opinión en torno a los crímenes o delitos recientes. PorsuparteelfiscaldefamiliaespañolJavier Zaragoza (2019) frente a delitos que devienen del abundante uso de las redes sociales virtuales infringidos por menores contra otros menores de edad discute la idea de proceder a resoluciones extrajudiciales, así como de la aplicación de penas o sanciones diferenciadas tales como la inactividad o desconexión total de las redes sociales. La capacidad e idoneidad del sistema de la LO 5/2000, aplicada desde hace dos décadas, es cuestionada por la opinión de Siesto (2019), específicamente al tratar con acciones ilícitas cometidas por menores de 14 años desde un análisis social y jurídico a cargo de expertos que evalúan el abordaje de las entidades encargadas de la acción educativa con menores de 14 años que delinquen, constituyendo su análisis en el ámbito jurisdiccional nacional de la provincia de Málaga y a nivel de Comunidad Autónoma de Andalucía a la que pertenece. EnEspaña,segúnelanálisisdeGutiérrez(2020) acerca de la pertinencia de la ley orgánica española LORPM que regula la edad penal para el ámbito de los menores de edad (Ley 5/2000) incluye el razonamiento de los criterios sobre ciertos delitos para prevenir que se afiancen conductas ilícitas en los menores, de tal manera que no se perciba impunidad o condescendencia según la óptica de mayoría de los ciudadanos. Así se observa que la mayoría de los ilícitos penales, considerados ‘delitos’ cometidos por menores, son los que atentan contra la propiedad y los sicariatos, y bajo esta realidad se plantea que es más conveniente instaurar medidas sancionadoras y a su vez medidas educativas,dondesiemprepermanecelafigura del menor que asume su responsabilidad, pero con un sistema de medidas que sustituye al sistema de penas para adultos. Hay que considerar también que el hecho de asumir su responsabilidad y ser reeducado, no quiere decir que no se apliquen medidas restrictivas con su respectiva gradualidad, así como su tratamiento por dependencias o drogas. El autor ayuda a distinguir a aquellos ciudadanos que delinquen con minoría de edad hasta 14 años no son alcanzados por la LORPM, sino por normas protectoras como la de Protección Jurídica del Menor (Ley Orgánica 1/1996) y el Código Civil, no obstante sí asumen responsabilidad y juzgamiento de las consecuencias de sus actos pero no de manera penal, y si alcanzan infracciones graves, se exigen conductas sobre los padres o tutores mientras estos ostenten capacidades para ofrecer un ambiente familiar estructurado, buena formación en valores y en aspectos cognitivos, sino en caso contrario, se les daría en adopción a sus hijos involucrados. Un alcance mayor es el que aporta Martínez (2020) al explicar los fundamentos anglosajones para la responsabilidad penal en relación con la edad sexual del infractor, específicamente analizando de manera análoga la cláusula que excluye de responsabilidad penal (artículo 183 quáter CP) donde se establecen parámetros más flexibles o permisibles basados en el consentimiento de establecer relaciones sexuales por dos personas siendo próximas en edades o en desarrollo psicológico o físico. Es así como observando la edad de responsabilidad menor en los Estados Unidos no se configura como tal, sino a partir de la valoración de la gravedad de la infracción o delito que el menor de edad (menor de 18 años y en algunos casos hasta los 21 años) es que un juez termina por decidir si es procesado bajo el sistema penal de cortes juveniles o si es transferido al sistema penal de adultos. Es también relevante que siendo la edad de responsabilidad penal de 14 años el promedio de los Estados, la ONU por R esponsabilidad penal del menoR infRactoR en a méRica l atina y e spaña . U na Revisión sistemática entRe los años 2018 a 2022. C riminal responsibility of the juvenile offender in l atin a meriCa and s pain . a systematiC review between the years 2018 to 2022 53 liliarebed@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 47-60, 2024 mediodesuComitéporlosDerechosdelNiño recomienda que sea entre 15 a 16 años. Pese a ello es que en los países del Reino Unido y Gales tienen el récord más bajo de edad responsable penalmente a partir de los 10 años. Similarmente, en Escocia recientemente en el año 2019 se elevó la edad de 8 años hasta los 12 como edad en la que a partir de la cual el o la menor son responsables penalmente, para lo cual hasta los 16 años se aplica el procedimiento del ‘Children’s Hearing’. Para el caso de Canadá, a diferencia de los países anteriormente descritos, la edad de consentimiento sexual es a partir de los 16 años, elevada desde el año 2008 siendo antes la edad de 14 años la que desde 1890 era la requerida para dicho consentimiento. No obstante esta norma no es general para no admitir delitos sexuales entre menores, pues entre algunas de las excepciones para validar el delito sexual está la edad de la víctima entre 12 a 14 años y con la edad del acusado no mayor de dos años más que su víctima; o también con la edad de la víctima entre 14 a 16 años y la edad del acusado no mayor de 5 años que la de su víctima, no existiendo una posición de autoridad, confianza, dependencia o estado de explotación (pornografía o prostitución) para ambos casos. También existen otras situaciones, como en la que se llevan relaciones sentimentales de carácter virtual por Internet o redes sociales con una diferencia mayor de cinco añosentrelavíctimayelacusado,pudiéndose considerarse como una situación de explotación y estableciéndose la edad de consentimiento sexual de 18 años. Un abordaje interesante ofrece Pozuelo (2020) dada su incapacidad de culpabilidad penal, no era delito? En este trabajo se abordan los problemas derivados de la previsión legal que permite enviar a una prisión de adultos a alguien que, tras ser condenado siendo menor a la medida de internamiento en régimen cerrado, alcanza la edad de 18 o 21 años (con diferentes requisitos en uno u otro supuesto acerca de la problemática del trasladoderégimendeinternamientodemenores al haber cumplido mayoría de edad o hasta los 21 años, pues se considera que cambia en este proceso su ‘imputabilidad adolescente’ (denominada así la capacidad limitada de culpa del menor) a la imputabilidad del adulto con la que se procesa según el Código Penal para adultos y ya no por la L.O. 5/2000 que regula la RPM (responsabilidad penal de los menores). Tal hecho es cuestionable por razones de que el adolescente que cumple 18 años en reclusión y bajo intervenciones socioeducativas, no cuenta con la capacidad de culpa completa (estándar de capacidades mínimas volitivas y cognitivas). De esta manera se advierte de un error en la práctica acerca de una ‘grave contradicción valorativa’, tal como lo define el autor, pues pasa a un nuevo entorno que incluye penas efectivas ofrece un peligro de graves consecuencias, victimizando al menor quien poco tiempo antes fue valorado por sus acciones ilícitas con intervenciones educativas. Otro análisis que se concentra en la realidad del no otorgamiento de la responsabilidad penal al menor de edad en España es el que realiza González (2020) desagregando analíticamente la cláusula de equivalencia incluida en el artículo 183 quater CP, ampliando y reforzando los conceptos con cierta ambigüedad, entre ellos el de ‘madurez’, ‘desarrollo personal’, ‘edad’ y ‘proximidad’, determinando así las condicionales y necesidades que permiten validar el consentimiento de niños y adolescentes en su práctica sexual entre pares. Además, el autor realiza un análisis de los elementos que se requieren para tal consentimiento de los menores de acuerdo con el artículo 189 quater CP considerando también otros factores que acotan o extienden tales requerimientos. Como se ha visto en el análisis de Pozuelo (2020),unanálisismásespecíficoesrealizado por Periago (2020), quien propone valerse de todos los elementos ofrecidos o soluciones por parte de la justicia restaurativa en fases específicasdelprocesodetrasladoderégimen, considerando que la privación de su libertad es el último recurso para los menores que han infringido la ley, por lo que se adopta su intervención educativa. Dentro de los varios análisis expuestos sobre aspectos de la sexualidad de los menores de edad en una publicación de Bertolín (2021) se encuentra la Ley Orgánica 5/2000 que regula en los menores su responsabilidad con respecto a lo penal, la cual fue modificada en el año 2012. También hace referencia de una modificacióndelCódigoPenalespañoldelaño 1995 introduciendo en el año 2010 un capítulo dedicado a los abusos sexuales a menores con edadespordebajodelos13años.Tambiénen España se incrementó la edad de consentimiento sexual a la de 16 años, considerándose como abuso las situaciones sexuales por debajo de ese límite de edad, aunque en otros países de la Unión Europea todavía permanezcan con la edad de 14 años como límite de edad mínimo para no considerar como delitos a los actos sexuales actuados. Lilia J. Reyes Bedoya 54 liliarebed@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 47-60, 2024 Sobre esta última modificación en la edad mínima para el consentimiento sexual, Boldova (2021) describe de manera más específica las condiciones. Una de ellas es la famosa cláusula denominada ‘Romeo y Julieta’ donde basta la proximidad en las edades mental y cronológica para que no se considere abuso o ilícito de carácter sexual; siendo este un punto donde se rebate la supuesta presunción acerca de la frágil voluntad de los menores de 16 años, a la vez que se resguarda la indemnidad sexual orientándola a una libre voluntad respecto a los actos sexuales de cualquier individuo. De este modosebeneficiaalosmenoresexcluyéndoles de carga delictiva respecto al ejercicio de su sexualidad, aunque pueda resultar la norma invasiva o indeterminada para algunos. Este análisis concluye con la propuesta de lege ferenda para la norma en cuestión con el fin de darle mayor garantía y seguridad en la aplicación futura de la misma. Una explicación necesaria de las recientes modificaciones de las leyes penales españolas es otorgada por González (2021) a partir de los cambios del Código Penal español, la ley que ampara a los infantes y adolescentes (Ley Orgánica 8/2021), así como a la ley general del orden penitenciario de España, poniendo en relieve las inclusiones o reconsideraciones de ciertos delitos, los niveles de exoneración de responsabilidad penal, las amonestaciones y sanciones penales, diferenciando los casos en los que se cometa discriminación. En su apreciación también refiere de manera informativa de la idoneidad de las normas relacionadas a la verificación del registro de delitos sexuales y de trata de personas. Iglesias (2021) en su estudio crítico, analiza el sistema de justicia juvenil específicamente de La Coruña, Galicia y denuncia una violación sistemática de los derechos de las niñas y niños,analizandoafondolostérminosfácticos sobre los que se ha justificado la fijación de las particularidades de la responsabilidad penal del menor, de manera específica en tres aspectos: a) las estrategias consensuadas en el ámbito político parlamentario, b) el quehacer educativo en el tiempo histórico con fines de sopesar la intervención de bien, el control social y regulación, o sino contrariamente sus competencias básicas de reconocimiento e identificación de sus propios deberes y derechos, y c) un debate político acerca de las garantías de una justicia auténtica para los menores a quienes se les atribuye ilícitos. Según la observación de Bernuz (2021), el hecho que los menores de edad se responsabilicen por sus actos delictivos es parte de su tratamiento como también son las acciones que favorecen su reinserción a la sociedad, evitando así que prosigan en una carrera delincuencial, y en medio de todo ello existe transversalmente una valoración del estado emocional que percibe el menor sobre el acto delictivo y su víctima, lo cual se analiza que pueda tener un mayor o menor peso valorativo a fin de establecer instrumentos moralizadores o considerar que asuma su responsabilidad sobre sus actos al margen de la ley. Siguiendo con un análisis de la normativa española, específicamente la catalana, concerniente a los menores de edad imputados penalmente, Ordoñez (2022) explica las sanciones penales, las herramientas reeducadoras y resocializadoras dentro de un plano de controversia, así como las medidas a aplicarse de manera individual y adecuaciones normativas en los lugares destinados para su internación de los menores que realicen ilícitos penales dentro del límite de la edad que lo coloca como responsable penalmente por tales actos. Colombia En Colombia Ríos y Ríos (2018) aborda el hecho de que siendo recurrente el problema social de los actos delincuenciales infringidos por adolescentes, en el año 2006 la ley 1098 que incorporó la aplicación de un Sistema de responsabilidad penal del adolescente , con un trato distinto para los menores entre 14 y 18 años, valorando la importancia metodológica del ‘Análisis Económico del Derecho’ a fin de dar un mejoramiento continuo y una más amplia difusión de dicha ley, es decir de manera más entendible. En el estudio hermenéutico del colombiano Arrieta et al. (2020) incorpora la revisión de delitos sexuales en contra de menores bajo la concepción y aplicación del ‘derecho penal del enemigo’ por lo que propone retos para una adecuación tanto para los delitos de índole sexual como para los que incluyen a menores como sus víctimas. Los datos que describen Andrade et al. (2021) en cuanto al perfil sociodemográfico como sexo y edades de 483 adolescentes colombianos, además la frecuencia que estos cometían en homicidio y hurto (15.9% y 62.1% respectivamente), así como el índice de R esponsabilidad penal del menoR infRactoR en a méRica l atina y e spaña . U na Revisión sistemática entRe los años 2018 a 2022. C riminal responsibility of the juvenile offender in l atin a meriCa and s pain . a systematiC review between the years 2018 to 2022 55 liliarebed@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 47-60, 2024 reincidencia del 31.1%, permitió un análisis de su asociación de esta reincidencia en acciones delincuenciales con el abuso de sustancias de tipo psicoactivas, contribuyendo de esta forma a concluir y proyectar los resultados que conducen a establecer que se aplican sanciones efectivasdecorrección,asícomolaeficaciadel cumplimiento sobre lo que se espera en dicho sistema. Respecto al análisis emocional y psicológico del infractor, Torres y Corrales (2019) analizan la manera cómo la ley 1098 del año 2006 se desenvuelve en su aplicación, siendo sustentado en principios que ayudan a mantener las características de específico, adversarial y acusatorio. De este modo, considerando a los infractores adolescentes entre 14 a 18 años como inimputables de la acción penal, sino con un tratamiento especial, los autores de este artículo profundizan en la madurez psicológica para concluir que se equilibre las expectativas sociales. Otro autor colombiano como Useche (2021) ofrece otra perspectiva dentro del mismo análisis al estudiar las descripciones que distinguen diferenciadamente a quienes se perjudicaron del conflicto armado, en lo que se incluye algunos esclarecimientos respecto a las posiciones contrarias y a favor del nivel de responsabilidad que se pudiera atribuir a menores de edad. Es así como se expone el caso particular de Dominic Ongwen a quien la CPI Corte Penal Internacional no considera su reclutamiento a temprana edad para su juzgamiento. Desde la óptica de Cortes et al. (2022) de la Justicia Restaurativa expone un estudio descriptivo a partir del diálogo entre siete ofensores menores de edad y sus víctimas, eventos acontecidos entre el año 2015 al 2021 con la finalidad de liberar malas emociones y dar un nuevo rumbo tanto al perjuicio realizado como al de su actitud antisocial. Argentina De Rosa (2018) pone en relieve la carencia de voluntadpolíticaafindeestablecerlamodalidad en la que el Estado intervendría a los menores que no son considerados punibles (según la ley argentina 22.278 de 1980), ya que en vista que se aplica una garantía de mínima edad con la que el menor adquiere responsabilidad penal. Esta norma pone en evidencia una restricción del sistema de reprensión del Estado, para sustituirlo por prevenir el delito ofreciendo protección de sus derechos de manera integral. En la publicación del estudio crítico de Alva (2019) propone acciones jurídicas, políticas y sociales de reforma del régimen penal que incluye a los jóvenes que incurren en ilícitos penales, con la finalidad de que alcance a este Régimen Penal Juvenil elevarse la edad de inimputabilidad a la edad de 16 años, la cual al no ser uniformizada continua siendo 12 años. Cabe mencionar que el CDN (Comité de los Derechos del Niño) recomienda que la edad de imputabilidad sea acorde a una madurez intelectual, mental y emocional. Guemureman y Bianchi (2019) ofrecen un análisis de la posición de temor de los menores que infringen la ley sobre los discursos, por lo que desde una posición política pone en relieve ocho proyectos de ley al respecto, los mismos que sin ser unitarios o antagónicos guardan una combinación de valores, conceptos y percepciones. Se concluye que el estudio aporta con claves analíticas a partir de las concepciones de vulneración, peligro y riesgo, las cuales trascienden otros varios conceptos dicotómicos tales como justicia restaurativa o actorial, regresión o progresión, pena o garantía, derecho o tutela. El aporte de Parrondo (2020) se centra en el análisis de la existencia de fundamentos constitucionales que restringen al ius puniendi del Estado, según las normas internacionales en el marco del derecho penal juvenil. Asimismo, el autor explica las consecuencias positivas en torno a la Justicia Restaurativa (proponiendo una reforma penal en su país), y por otro lado los efectos negativos de la teoría denominada del ‘etiquetamiento’. En este sentido, Colombero (2021) explica el trasfondo en base a discursos políticos dados que sustentan la reducción de la edad de responsabilidad que alcanza a menores acusados de presunta infracción de la ley penal, concluyendo en una crítica de dicha sanción dura sobre niños y adolescentes, la cual puede derivar en tratos inhumanos y crueles en la práctica. Brasil En la línea de pensamiento de varios estudios, es que se presenta el breve análisis de Barbosa (2019), quien aborda el tema de la minoría de edad en el marco del derecho brasileño, y quien concluye acertadamente en su análisis Lilia J. Reyes Bedoya 56 liliarebed@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 47-60, 2024 que el ECA (Estatuto del Niño y Adolescente) de Brasil se aplica aportando las medidas de educación social partiendo del hecho del expreso reconocimiento de ser el adolescente responsable de sus propias acciones. De este orden de ideas se explica que en Brasil la exención de su responsabilidad penal se entienda como responsabilidad no reconocida para la aplicación de penas que pueda ejercer un Juez de Menores, sino para la aplicación de medidasoregímenesespecíficosenreemplazo de las penas. Da Rosa y Zangelolame (2020) presentan una investigación de tipo jurisprudencial de un conjunto de sentencias sobre las que no se aceptó ninguna exención de responsabilidad penal por consentimiento de menores para tener relaciones sexuales en el marco del artículo 217-A del Código Penal brasilero. Sobre esas sentencias se analizan tanto la definición de carácter jurídico de violación de personas en estado de vulnerabilidad, como la posición jurídica y de doctrina en cuanto a relativizar tal vulnerabilidad. Un debate entre adolescentes de 12 a 17 años (entre los cuales 5 guardan medidas socioeducativas) sobre la propuesta vigente respecto a la reducción de la edad de responsabilidad penal, es el presentado por Ferreira et al. (2021) en el que haciendo uso de círculos y entrevistas grupales no solo opinaron sino que elaboraron soluciones de relevancia. De este estudio se concluye la necesaria e importante intervención profesional en prácticas de psicología sobre los menores que cometieran ilicitud. México Desde el punto de análisis de Gómez (2019) defiendelanecesidaddeladolescenteinfractor de reinsertarse a nivel familiar y social en el marco del derecho especializado para menores, con sus propias instituciones y principios, no obstante este se deriva del derecho ejercido para individuos en edad adulta, y que se desarrolla en base al conocimiento de las particularidades con las que se desenvuelven los menores y respaldados por los términos de la firmada ‘Convención sobre los derechos del niño’. Otro autor que examina el rango de edades es Rivero (2020), quien parte de la perspectiva de la responsabilidad civil por actos temerarios que podrían darse por negligencia del cuidador hacia el menor de edad cuidado, en el marco del artículo 100 del Código Civil de Yucatán, el cual asimila la exclusión del delito de exposición al peligro. Por su parte el mexicano Rangel (2021) estudia los criterios que sustentan a la edad base de 12 años con la que se halla a los púberes infractores de la ley como responsables penalmente, edad reducida a partir del año 2005 con el cambio del artículo 18 de la carta magna mexicana, dado a que sus niveles de comprensión y entendimiento son aceptables. Un aspecto a tenerencuentaesqueseconsideratambiénque a esta edad de 12 años los menores brasileros ya poseen autonomía al identificarse y al razonar de manera independiente. Perú Desde su experiencia investigativa Oyarce (2019) explica que en el ámbito de excepción de la imputabilidad de crímenes en países latinoamericanos se encuentra el caso de Chile, en el que a partir de los 16 años los menores son evaluados en su estado mental y discernimiento para poder definir con certeza que cuenta con capacidad de la comprensión de sus actos fuera delalicitud.También,haciendounaexplicación del término ‘imputabilidad’ o ‘responsabilidad disminuida, atenuada o disminuida’, explica que según el artículo 22 del Código Penal peruano esta no solo se basa en la edad entre 18 a 21 años y mayor de 65 años, sino en la situación de lapersonalidaddébilogradodeimputabilidad del acusado y de las circunstancias que rodean la escena del crimen, donde la edad sería considerada un atenuante. Por otro lado, lo destacable de la publicación de Hikal (2020) es el análisis de la conducta criminal del adolescente (entre 12 a 18 años) en crímenes organizados y su evolución con connotación negativa, así como los factores que lo propician su criminalidad (tales como la distinción entre fantasía versus realidad, la influenciadelosmediosdelosmediosmasivos y el Internet, entre otros), lo que deviene en conducta desviada o antisocial, producto de factores tales como agresión en cualquiera de sus modalidades y circunstancias, así como el rechazo social producido por condiciones de escasez, falta de servicios básicos, de educación y salud o la separación de los progenitores, la presión de sus compañeros de grupo, el afianzamientodesupersonalidadyautoestima, entre otros. En sus conclusiones hace planteamientosgeneralessobremodificaciones enelsistemaeducativodeMéxico,enlosquese R esponsabilidad penal del menoR infRactoR en a méRica l atina y e spaña . U na Revisión sistemática entRe los años 2018 a 2022. C riminal responsibility of the juvenile offender in l atin a meriCa and s pain . a systematiC review between the years 2018 to 2022 57 liliarebed@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 47-60, 2024 incluyentalleresdeidentificacióndeconductas de riesgo o antisociales y mecanismos de interlocución y consulta de las necesidades no satisfechas, alternativas de solución ineficientemente adoptadas y la propuesta de nuevas. Dentro del mismo entorno peruano, Paredes- Sotelo (2022)crime levels have increased and Peru has not escaped this reality. Various factors motivate criminal organizations to commit illegal acts, the most commonly used being hired killersmand extortion, most of which are carried out by minors. Thus, in this study we aimed to recognize thedeficiencies of juvenile criminal justice that influence the treatment of juvenile offenders in the Judicial District of Lima. The result is that there is a direct and moderate relationship (Rho de Spearman = .529 expone el aprovechamiento de los menores de edad como instrumentos para cometer homicidios por encargo o sicariato, a lavezqueidentificaeltratodeficientehacialos adolescentes infractores en la jurisdicción de Lima generado por una poco efectiva justicia penal para jóvenes, adolescentes e infantes. También propone que se incorpore la figura de ‘responsabilidad penal con restricciones’ representándose como un requerimiento de carácter jurídico. Ecuador, Uruguay, Venezuela y Puerto Rico En la realidad ecuatoriana acerca de los delitos sexuales y la edad considerada válida para el consentimiento por parte de los menores de edad, Navarro (2020) trató una discusión teórica acerca de considerarlos ‘intangibles o indemnes sexuales’ a las víctimas, así como la consideración a los culpados como sujetos activos de los ilícitos penales por causa de la política criminal, del aspecto biopsicosocial y jurídico (incluyendo la ‘capacidad progresiva’ y la libertad de los adolescentes), todo con el fin de prevalecer la trascendencia de delimitar los rangos de edades que se deben definir, proponiendo completar el vacío de la normativa penal del Ecuador, incluidas las prácticas y dogmáticas de carácter penal. Para el entorno de la legislación uruguaya conservadora Silva (2019) incorpora la concepción de la ‘autonomía progresiva’ de los adolescentes que no solo se encuentra excluida sino que su situación excluida se presenta confrontada con los derechos constitucionales y los derechos humanos dentro del campo del Derecho Internacional. La crítica de autor abarcó incluso áreas confusas, acciones delictivas desfasadas como el posible ejercicio de tutela sexual para el adolescente bajo la reciente ley que ofrece básicamente protección yprevencióndelaviolenciadegénerodelaño 2017. En la realidad de Venezuela y partiendo de la edad de 14 años como el límite mínimo para responsabilizar penalmente al adolescente, DelgadoyPérez(2018)amplíalabaseteórica afindeproponerseoperacionalicelagarantía hacia la tutela completa que logre proteger a los menores infantes y adolescentes. Para ello, el diseño de programas de carácter estratégico y operativo tendrían la finalidad de fijar los principios en materia procesal de justicia para los imputados de ilícitos penales a cargo de menores entre rango etario entre 8 a 13 años, focalizadamente analizado en una población específica. Finalmente el autor puertorriqueño Jiménez (2019) observa directa y profundamente un estudio que orienta a incorporar los términos de una edad más baja para responsabilizar a los menores que infringieran algún ilícito. CONCLUSIONES Si bien no se ha observado uniformidad de todos los temas comunes para todos los países sudamericanos y España, los cuales se encontraron publicaciones entre el 2018 hasta la actualidad, se ha podido hacer un recorrido de etapas distintas en cuanto al avance de principios y bases para no solo establecer la edad a partir de la que un menor se hace responsable desusilícitos,sinotambiénlasmodalidadesde intervenciónmáseficiente,lascualessevienen desarrollando y especializando según la carga de casos ya recibidos. Hallando una amplia lista de estudios publicados de diferente tipo --ya sea de análisis,hermenéutico,odediscusiónabierta-- que incluyen el tema de la penalidad ejercida sobre el menor infractor en España, en que se estudia, debate y discute constantemente la normatividad penal española que incluye la edad de inimputabilidad penal hasta los 21 años y el consentimiento sexual con el mínimo de 16 años con sus pares próximos etarios, guardando relevancia siempre las medidas de corrección, educadoras e integrativas sobre Lilia J. Reyes Bedoya 58 liliarebed@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 47-60, 2024 las sanciones penales orientadas hacia los adultos. En los estudios colombianos revisados se ha encontrado temáticas que van desde estilos narrativos, teóricos y hermenéuticos hasta investigaciones descriptivas, estudio de casos y de investigación-acción en los que participan los propios involucrados, con el fin de escudriñar en el espíritu de la ley penal y ofrecer mejores propuestas en el ámbito de la justicia restaurativa para el menor infractor entre 14 a 18 años que se enfrenta a la ley penal según sus vivencias, problemáticas sociales y en un entorno de violencia acontecido en la historia reciente de Colombia. Existe una clara posición de los autores argentinos de defensa de los derechos y protección del Estado sobre los menores de edad hasta los 12 años, donde en más de una publicación se critica el aprovechamiento político para intentar incrementar las penas a findesatisfacerlavoluntadpopularqueensu mayoría desconoce por desinterés de los fines del derecho, proponiendo por otro lado una reforma penal en Argentina donde se discuta una mayor participación de los principios de la justicia restaurativa. Los autores de las publicaciones encontradas en relación con la edad del menor que incurre en ilícitos en Brasil además de esclarecer la posición excluyente del derecho penal brasilero, defiendenyproponenenelfondolaaplicación del derecho penal como último recurso sobre tales menores, aplicando regímenes educativos y sociales, pues si bien adquieren responsabilidad sobre sus acciones no amerita de ninguna manera la aplicación de penas en reemplazo de medidas acorde a su desarrollo personal y social. Entre los tres autores mexicanos que incluyen laaplicacióndelderechohaciaelbeneficiodel menor infractor, se pudo apreciar con claridad la voluntad de dos de ellos de no incluir al menor infractor al alcance del sanciones punitivas de derecho penal, en observancia de los derechos del niño reconocidos y aceptados, así como la responsabilidad que recae en los cuidadores, generándose discrepancia frente al mero enfoque de la edad de 12 años de edad deresponsabilidadpenalalcanzableenMéxico sostenida en comparación con la autonomía adquirida en esa edad --mas no responsabilidad penal --en el Brasil. De los tres estudios de autores peruanos recogidos se pudo distinguir claramente, aunque se pueda considerar como una cantidad escasa de publicaciones en razón de la relevancia actual del manejo de la delincuencia juvenil, que aún persiste en uno de los autores una percepción de insatisfacción de la aplicación de la justicia meramente penal para los menores que participan en crímenes por encargo; no obstante los otros dos autores peruanos --y desde un plano más general en cuanto a delitos--buscan analizar y escudriñar los factores y causas manejables que puedenmodificarlaconductayllevaralmenor infractor a su plena socialización. Además de estos estudios, se hallaron publicaciones con la temática de la edad de responsabilidaddelmenorinfractor,reflejada en un autor por país respecto a Ecuador, Uruguay, Venezuela y Puerto Rico, por lo que se decidió agruparlos en un solo acápite en el que explica la posición individual de cada uno de ellos. En este ámbito que recoge las publicaciones más notorias de los últimos años que incluyen temáticas concernientes a la edad de responsabilidad penal en menores de edad en América Latina y España, no se aprecia un consenso uniforme más sí mayoritario de otorgar una responsabilidad de sus actos delincuenciales que va desde los 12 años hasta los 16 años, por lo que se debe siempre mantener una actitud analítica y dialogante entre todos los actores que se vinculan, integrando el compromiso de ofrecer un buen ambiente y trato al menor de edad que infringe la ley bajo los fines previstos del propio derecho y el bienestar social. FUENTES DE INFORMACIÓN Fuentes bibliográficas Gómez, L. (2009). Metodología y técnicas en el Derecho Comparado . Centro de Investigaciones Socio Jurídicas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Fuentes hemerográficas Alba, S. (2019). La niñez encarcelada: Lineamientos en cuanto a una posible reforma al Régimen Penal Juvenil. 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