LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false false 1 1 true 129 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 DERECHO PENAL DEL ENEMIGO CRIMINAL LAW OF THE ENEMY Néstor Suárez Pérez ORCID: 0009-0005-0067-9513 Universidad de San Martín de Porres nestor_suarez@usmp.pe Perú DOI: 10.24265/voxjuris.2024.v42n1.11 Recibido: 30 de mayo de 2023. Aceptado: 4 de julio de 2023. SUMARIO • Introducción. • Estado fáctico natural. • Contrato social originario y pactos sociales derivados. • Estructura cognitiva del individuo peligroso. • Aportefinal. • Recomendación. • Conclusiones. • Fuentes de información. RESUMEN En el presente trabajo de investigación se cuestiona los fundamentos esenciales del derecho penal del enemigo, tales como la expulsión del individuo potencialmente peligroso a un estado fáctico natural, la falta de consideración respecto de la existencia de más de una clase de contrato social, la ausencia de análisis de la inclinación potencialmente antijurídica a través de una estructura cognitiva del enemigo, y la pena como mecanismo jurídico de apariencias. PALABRAS CLAVE contrato social, enemigo, Estado, estado fáctico natural, peligrosidad, pena. ABSTRACT In the present essay I question the essential foundations of the criminal law of the enemy, such as the expulsion of the potentially dangerous individual to a natural factual state, the lack of consideration of the existence of more than one kind of social contract, the absence of analysis of the potentially unlawful inclination through a cognitive structure of the enemy, and punishment as a legal mechanism of appearances. KEYWORDS danger, enemy, natural factual status, penalty, social contract, State. INTRODUCCIÓN La modernidad ha traído como consecuencia inevitable el aumento de los índices de criminalidad y la sofisticación del delito. Esto ha inducido a algunos a plantear una serie de posibles soluciones indistintas, cuyo factor común es la mayor drasticidad de las sanciones. Siendo la criminalidad un fenómeno de alcance global, es un tema de preeminencia, sobre todo ahora, que los cimientos del Estado y de la sociedad son sacudidos a diario por hechos ilícitos desde los más comunes hasta los que requieren de una estructura organizativa para su comisión. Entonces aparece el derecho penal del enemigo como respuesta propicia que pretende eliminar de la esfera de dominación jurídica al sujeto potencialmente quebrantador de la vigencia del ordenamiento legal. Debido a la complejidad del tema procederé a establecer niveles cognitivos del agente refractario, sin antes redefinir el estado fáctico natural y la condición que se ejercerá estando en él, para luego referirme a la clasificación del contrato social. Realizaré un enfoque crítico respecto de los pilares de esta proposición, tratando de plantear una perspectiva teórica en amparo de la institucionalidad y vigencia del ordenamiento jurídico. ESTADO FÁCTICO NATURAL El derecho penal del enemigo es una categoría científico-descriptiva más no constitutiva de realidades, que aparece como contraposición al derecho penal del ciudadano (efectiva lesión Néstor Suárez Pérez 130 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 de bienes jurídicos) adelantando las barreras de punibilidad,siendoestasufinalidadaparentey no su propósito real, que será la estabilización de la seguridad cognitiva de los ciudadanos en la norma (Mancera, 2011), como complemento del valor prioritario que es la estabilidad del sistema (Espinosa 2005). Sin embargo, este carácter, tiene que ser determinado con más claridad y precisión. Para ello he desarrollado cuatro puntos principales sobre esta categoría científica, pero solo mencionaré uno de ellos: La supuesta personalidad real derivada de la vigencia de la norma, como un estadio posterior (constitución social) al estado fáctico natural. EnpalabrasdeZaffaroni(2006): El profesor de Bonn llamó derecho penal del enemigo al tratamiento diferenciado de algunos delincuentes -en especial de los terroristas-, mediante medidas de contención, como táctica destinada a detener el avance de esta tendencia que amenaza con invadir todo el campo penal. Conforme a este autor, el derecho penal debería habilitar poder punitivo de una manera para los ciudadanos y de otra para los enemigos, reservando el carácter de persona para los primeros y considerando no personas a los segundos, pero confinando esta habilitación en un compartimento estanco del derecho penal, de modo que todo lo demás siga funcionando conforme a los principios del derecho penal liberal. Se trataría de una especie de cuarentena penal del enemigo . (Pág. 134-135) Mientras que Silva (2001) precisa que, “El derecho del enemigo —cabría pensar— sería, entonces, ante todo el derecho de las medidas de seguridad aplicables a imputables peligrosos. Ello, aunque tales medidas se mostraran en ocasiones bajo la apariencia formal de penas. Expresado de otro modo, no habría un Derecho «penal», en sentido estricto, de enemigos.” (Pág. 165) Por otro lado, Polaino (2006), señala las características del derecho penal del enemigo que son: cientificidad, descriptividad, neutralidad valorativa, relativismo, autoexclusión potestativa, eventualidad temporal y proporcional. Ya el Tribunal Constitucional en las sentencias de los expedientes N.° 0003-2005-PI/TC y Exp N.° 0014-2006-PI/TC, ha establecido en los fundamentos jurídicos N.° 16 y el N.° 04, respectivamente que: [la] política de persecución criminal de un Estado constitucional democrático no puede distinguir entre un derecho penal de los ciudadanos y un derecho penal del enemigo; es decir, un derecho penal que distinga, en cuanto a las garantías penalesylosfinesdelaspenasaplicables,entre ciudadanos que delinquen incidentalmente y desde su status en tanto tales, de aquellos otros que delinquen en tanto se ubican extramuros del Derecho en general y son, por ello, considerados ya no ciudadanos sino más bien enemigos. Para los primerossonaplicableslosfinesconstitucionales de las penas antes aludidas, mientras que, para los segundos, no cabe otra alternativa más que su total eliminación. Evidentemente, esta concepción no puede ser asumida dentro de un Estado que se funda, por un lado, en el derecho- principio de dignidad humana y, por otro lado, en el principio político democrático. (Tribunal Constitucional, 2005) Sin embargo, a pesar de lo establecido por el Tribunal Constitucional sobre su inconstitucionalidad, cabe cuestionar al derecho penal del enemigo desde sus mismos fundamentos, como señala Cruz (2021): El derecho penal del ciudadano, considerado como aquel derecho en el que se espera que la persona exteriorice el hecho -y no la expulsión de peligros potenciales- es más coherente con la estabilidad y perduración del Estado, puesto que no solo mantiene la plena vigencia del ordenamiento jurídico, sino también trata de evitar el estado natural precedente a su creación, algo que el derecho penal del enemigo pretende provocar, mediante un enfoque autodestructivo sopretextodeconformarlaconfiguraciónsocial. Pero tal incongruencia no se manifiesta hasta queseprocedeaanalizarcuáleslafinalidadreal del Estado y si el cumplimiento de esta ha sido exitoso o no. Por ello, señalar que la existencia del derecho penal del enemigo sería justificable para “…evitar la propagación de la delincuencia organizada y prevenir ese tipo de delitos graves que afectan la sociedad y sobre todo el control de la seguridad que debe de ejercer exclusivamente el Estado” (Pág. 86) no es realmente correcto. Cuando Jakobs (2003) pretende que se expulse al sujeto potencialmente peligroso, no hace más que contradecir la vigencia del sistema jurídico, debido a que el Estado siempre tratará de contar con individuos con los cuales condicionar su permanencia, a través de un impulso de sobrevivencia institucional , y si se le abolieran ciertos derechos al individuo peligroso, este vuelve a un estado fáctico natural, demostrando el sistema jurídico no poder establecer lineamientos conductuales vinculantes y además su imposibilidad para conducir el impulso delictual a través de estas directrices, contradiciendo el Estado su propio poderío. Lo que sí se generará es una debilidad que será aprovechada por otros sujetos vulneradores, convirtiéndose esto en un proceso de transgresión- D erecho penal Del enemigo . C riminal law of the enemy . 131 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 reafirmación constante. Entiéndase esto con la analogía del hombre rico que, poseedor de un campo de cultivo que le permite vivir con suntuosidad, contrata a los tres mejores agricultores de la ciudad, para que labren sus tierras. El primero de ellos, busca realizar un buen trabajo como medio de obtención de mayor ventaja remunerativa frente a los demás, pero obtiene siempre un nivel de producción promedio. El segundo, trabaja menos que el primero, pero con los métodos que utiliza, hace que la tierra que cultiva tenga mayor producción que el primer trabajador. Y el tercero, trabaja con presteza y ahínco, consiguiendo mayor producción respecto de los demás agricultores, pero dicho resultado lo obtiene realizando técnicas de cultivo que el dueño prohibía al considerarlas nocivas para sus tierras, pues ignoraba el beneficio de dichos métodos. Entonces el dueño al notar la desobediencia del tercer trabajador, y por considerar que podría seguir contradiciendo sus mandatos, lo despide. Tiempo después contrata a otro campesino que cumple con todas sus órdenes, pero su productividad es escasa. Luego de cierto período el nivel de producción va disminuyendo, y con ello su riqueza. El derecho penal del enemigo se manifiesta de la misma forma: el Estado (reflejo metafórico del dueño), estaría contrariando y, en consecuencia, situando en riesgo su propia estabilidad y vigencia al expulsar a personas -que Jakobs califica de peligrosas- del ordenamiento jurídico. El sujeto vulnerador delanormajurídica,definidoalegóricamente como el obrero de mayor productividad), es el que dota de significado jurídico-penal al Estado. Sin él no se podría delimitar qué es legal y qué no lo es; tampoco se podría hablar de normas jurídicas, sin que nos hayamos referido previamente a las consecuencias de su vulneración; no se calificaría de fundamentales a ciertos derechos, sin que se ponga en tela de juicio su imprescindibilidad; no se podría concebir un proceso penal, sin un sujeto quebrantador que recorra cada una de sus etapas, demostrando el Estado de esta forma, el vigor y el carácter actual de su fuerza represora; qué significado tendría la pena si no existiera un individuo dentro del sistema jurídico que haya considerado irrelevante tal proposición social; qué significado tendría el contrato social para el Estado, si nuestros intereses y bienes jurídicos se encontraran seguros, qué otra cosa podríamos exigirle más que la perpetuidad de esa seguridad (cognitiva y no solo normativa, que es la única clase de seguridad que garantiza el derecho penal del enemigo (Muñoz, 2005), pero si el sujeto potencialmente vulnerador ya no existe dentro del sistema jurídico, sería innecesario requerir protección, por lo que el ordenamiento jurídico no tendrá otra contraprestación que ofrecer y su institucionalidad perderá fundamento de permanencia; siendo posible llegar a un estado fáctico natural con la severa fuerza reguladora y punitiva por parte del sistema jurídico. Es aquí donde se deben determinar dos clases de estado fáctico natural: Estado fáctico natural por impulso individual (cuando el sujeto se encuentra en él a nivel cognitivo, mucho antes de la revelación antijurídica confirmadora de tal estado) y estado fáctico natural por impulso sistematizado (considérese no como una expulsión, sino como una condición que genera el Estado ante una sobreprotección normativa). En consecuencia, el agente delictivo es la razón por la que existe salvaguardia de normas y bienes jurídicos, y el sentido del contrato social; por tanto, si el criminal juega un papel principal dentro del sistema normativo será propicio sancionarlo dentro del mismo régimen jurídico que pretendió vulnerar y no fuera de este. Para mejor comprensión, deberá advertirse dos momentos: antes del peligro , que no es más que los preceptos preventivos por parte de la política criminal de cada sistema; y después del peligro , con qué medidas se sancionará al sujeto vulnerador (derecho penal del ciudadano o del enemigo). Considérese a la crítica que se realiza, dentro del segundo momento, por lo que sería incorrecto deducir de modo peyorativo que el Estado debe mantener una actitud pasiva con los ilícitos penales, sino que la sanción a imponer deberá encontrarse dentro de la esfera de dominación jurídica. Por ello, no le falta razón a Zaffaroni (2006) cuando señala que: La propuesta de Jakobs no está emparentada con Schmitt, como tampoco lo estuvieron todas las anteriores que postularon el trato penal diferencial del enemigo con otro nombre, pues ni siquiera la legislación penal nacionalsocialista partía de Schmitt, sino que se afiliaba a la tradición garofaliana . Pero su táctica de contención, al aceptar la incorporación del hostis al Estado de derecho para salvarlo de su naufragio autoritario, al igual que sus predecesoras pretendidamente liberales con terminología menos irritativa, no cae en la cuenta de que, precisamente, Schmitt tenía razón: el concepto jurídico de enemigo sólo es admisible en un estado absoluto. (Pág. 138) Néstor Suárez Pérez 132 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 CONTRATO SOCIAL ORIGINARIO Y PACTOS SOCIALES DERIVADOS El contrato social, según Demetrio (2004) puede ser definido como un escenario analítico-ideal de intereses contrapuestos: seguridad jurídica y fidelidadnormativa-siempreycuandoreafirme la identidad normativa del sistema social. La mayoría de los pactos sociales son efímeros. El único pacto social permanente es el que sitúa a la persona en un proceso de autodeterminación de bienes jurídicos. En base a ello, pueden establecerse dos clases de contrato social: El pacto social originario (contrato social en sentido estricto) y pactos sociales derivados (directrices normativas concordantes con el cambio o no de política criminal). Al primero, se lo puede definir como el vínculo que la propia naturaleza impone a una persona, por ser en esencia un ser social que obligatoriamente debe ser precisado, para regular su conducta y sancionarlo dentro del ordenamiento jurídico (su característica principal será la permanencia). Mientras que un pacto social derivado es el vínculo que el legislador obrante determina y renueva cada cierto período, para que el Derecho vaya en paralelo con las nuevas exigencias que el perfeccionamiento del delito signifique (su caracteriza esencial será la temporalidad). Por ello, según Jakobs (2003) no se estaría hablando del mantenimiento de un estado comunitario legal, como sí se haría respecto de la vigencia global de los derechos humanos, sino más bien de su establecimiento. Considérese que al hallarse en un estado de preexistencia a la constitución social, no se puede conjeturar que se esté ante una personalidad real, pero es justo antes de esta sumisión estructural, que el hombre no se encuentra en condición subjetiva de pertenecer a tal configuración, pues no estaríamos hablando de una personalidad contrafáctica, siendo inconsistente decir que la sociedad determinada por una estructura normativa, te brinda personalidad real (Jakobs, 2003, p. 34), ya que de ser así, no se podría responder por la contradicción al contrato social que el sujeto con su impulso delictivo realiza, sino solo lo hará en la medida que la vigencia de la norma le otorga tal cualidad ius filosófica . Por lo que es jurídicamente posible, en el escenario de la convención social ya conformada, que el deudor no pueda cumplir con su obligación por razones imputables al acreedor. Entonces, tanto el derecho penal del ciudadano (negación de preceptos) como el derecho penal del enemigo (expulsión de peligros), se asemejan, en el sentido de que cumplen una función impulsiva legitimada, debido a que en realidad, el derecho penal del enemigo no despoja a una persona de tal condición por la potencial peligrosidad de su conducta, sino que buscará vengarse de ella, por haber develado a los demás sujetos socialmente existentes, la incapacidad del Estado para establecer con claridad y eficacia las directrices que los ciudadanos deberán de seguir al interrelacionarse entre semejantes - determinación interna - y con el Estado - determinación externa - a través de esos lineamientos. Entonces el sistema estatal conocedor de su poder punitivo y represivo instauró la pena como un medio de violencia legítima y metódica para sancionar. Por ello, la pena aparte de ser coercitiva es un mecanismo instintivo de conservación , para no regresionar al estado fáctico natural , preservando la configuraciónestructuraldelEstado 1 . El primer supuesto, es un axioma por lo que no se requerirá de un esfuerzo de demostración, por lo tanto, coincidirán con Jakobs, tanto los más entusiastas defensores del derecho penal del enemigo, como sus más viscerales detractores; sin embargo, la divergencia se presenta en el segundo y tercer supuesto. Considérese lo siguiente antes de desarrollarlos: en la analogía del hombre rico, hubiera sido más adecuado para el propietario de la tierra no despedir al trabajador productivo, sino redefinir los lineamientos y términos contractuales, pues, la fortuna de la que era acreedor provenía de la producción de su cultivo, específicamente del trabajo del agricultor rentable, y expulsar a aquel que le produce riqueza, no hace más que empeorar su situación. Si el castigo que impone el derecho penal del enemigo es separar de la estructura estatal al individuo temerario, es claro para cuál de los dos será más peligrosa esta sanción, para el fracaso de un individuo o la caída de un aparato sistematizado de legítimo poder. Cualquier Estado por muy perfecto y preciso que sea su derecho penal, su irremediable destino sería sucumbir. Como dice Gracia (2005, Pág. 40) “En Pufendorf, pues, no 1 No le falta razón a Ferrajoli (2006) cuando refiere que en la “identificación del terrorista y del criminal como enemigos (…), hay un deslizamiento semántico en función de autolegitimación;laconfusiónentrederechopenalyguerra: nadamásdestructivodelderechoydelestadodederecho”(p. 10);debidoaquelafinalidaddeasemejarfigurasnormativas dispares se debe, al carácter inconstante del funcionalismo normativo, y como consecuencia, a la maleabilidad de los conceptosparalograrconservarlaidentidadnormativadela sociedad. D erecho penal Del enemigo . C riminal law of the enemy . 133 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 hay ninguna base para excluir a ningún hombre (…) pues él no establece distinciones entre los hombres en virtud de ninguna atribución de status, sino que se sitúa en el plano ontológico de la dignidad…”. En tal sentido, Zaffaroni (2006) establece que: No es correcto defender la posición de Jakobs, minimizando su afirmación y sosteniendo que éste sólo postula que los enemigos tengan menos derechos individuales que los ciudadanos, puesto que su negación del carácter de persona en los enemigos es perfectamente coherente e inevitable; más bien corresponde señalar la contradicción de quienes desde la modernidad hasta hoy han postulado o legitimado lo mismo sin advertir esa consecuencia ineludible. (Pág. 141) Además, Suárez (2020, Pág. 41-42) señala que Hobbes: …aborda esta problemática no solo desde una perspectiva contractualista, sino también desde un enfoque de protección institucional. Con esto pretendemos dar a entender que expulsar al enemigodelmundodelavida,significaríaatentar contra la propia estabilidad estatal, en otras palabras, el método de conservación del sistema jurídico auto poiético representaría también un mecanismo de autodestrucción. Por lo que solo se justificaría esta auto aflicción cuando el acto del enemigo signifique una mayor afectación al Derecho que el propio mecanismo salvaguarda. El único caso en el que se aplicaría (según Hobbes) sería en el delito de rebelión pues esta es una gran ofensa al Estado, contraviniendo su poderío, recayendo de esta forma en un estado de naturaleza, siendo por ello ya no un subordinado, sino más bien un enemigo Estado mismo (Hobbes, 1651, p. 135). Ferrajoli (1995) concuerda con lo expuesto por Hobbes, cuando manifiesta que la confrontación contra el enemigo solo se da si esta amenaza la perennidad estatal y no ante cualquier clase de amenaza o transgresión (p. 829). ESTRUCTURA COGNITIVA DEL INDIVIDUO PELIGROSO Si el derecho penal del enemigo pretende abordar el hecho delictivo basándose en una inclinación potencialmente antijurídica, el siguiente paso metodológico que debió dar y desarrollar Jakobs, era analizar sus características particulares, y determinar con ellas, la estructura cognitiva de esta propensión. Es poco sensato discutir la expulsión del agente delictivo del ordenamiento jurídico, cuando el impulso reprochable que condujo a tal efecto no pudo ser controlado ni por el Estado ni por la sociedad (entiéndase: conjunto de determinaciones cognitivas que en interrelación tienen efectos jurídicos y antijurídicos). Por lo tanto, la estructura cognitiva del enemigo se encuentra compuesta por tres elementos: 1. Indiferencia respecto del contrato social originario, como de los pactos sociales derivados, por considerar que el sistema político - jurídico no ha cumplido con la contraprestación que tenía con él. 2. Conciencia respecto de la falta de regulación político-penal única, constante y no variable. 3. Estado fáctico natural , en el que se encuentra el sujeto, por lo menos a nivel psicológico, mucho antes de la revelación antijurídica. Adviértase entonces, que el derecho penal del enemigo incurre en un segundo error, al considerar como componente principal de su aplicación, la expulsión del sujeto vulnerador a un estado fáctico natural, porque tal estado se encuentra como proyección cognitiva en el agente -sea este ciudadano o individuo peligroso-, que se reafirmará con la posterior exteriorización, y es por esta proyección que ya no sería posible dirigir al sujeto potencialmente peligroso a un segundo estadio, sino determinarlo dentro de los parámetros establecidos por el derecho penal del ciudadano por la primera proyección cognitiva que en el mundo perceptible fue corroborada. El derecho penal del enemigo acarrea otra dificultad: La institucionalización del sujeto potencialmente peligroso. No debe caerse en el error –prejuicioso- de considerarlos seres indiferentes con el derecho, sino que en un primer momento, serán agentes proteccionistas de la ley, y estos son los que, paradójicamente, tendrán más probabilidades de cometer ilícitos penales, por dos razones: primero, tener la calidad de defensor de la legalidad o justicia, servirácomounartificiooengaño;ysegundo, al ser proteccionista de la ley se requerirá tener conocimientos especializados, con los cuales los métodos delictivos irán optimizándose. Entonces, desconociéndose su condición son capacitados, y cuando el agente quebrantador se encuentre en un estado superior de preparación al que tenía, es el mismo Estado el que afrontará una gran dificultad que viene presentándose desde tiempos inmemoriales. Para explicar este problema, recordemos el caso de “los cuellos blancos del puerto”, una organización criminal cuyo objeto es el control de los aparatos jurídicos del poder estatal (demostrando con esto la pertinencia actual de desarrollar este planteamiento). El Estado indirectamente contribuye con el individuo peligroso en su subsistencia de diversas formas, v.gr. aleccionando en el dominio del Néstor Suárez Pérez 134 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 derecho, pretendiendo una lucha eficaz contra el delito, pero se obtiene el resultado opuesto: su perfeccionamiento; estatus, que le facilita tener vínculos con otros enemigos, con lo que el sujeto potencialmente peligroso dejará de actuar solo y formará parte de grupos estructurados de enemigos. Cuando esto suceda, el refractario conocedor de su instrucción superior aplicará austeramente el derecho penal del enemigo al ciudadano, pero será contemplativo al sancionar a uno de sus pares. Entonces lo más interesante esfinalmentedevelado:lapenanovendríaaser más que un mecanismo jurídico de apariencias, como señala García (2019, Pág. 207) “por lo que el aseguramiento cognitivo que se pretende alcanzar con el aligeramiento de los límites y los controlesdelareacciónpenal”,seráineficaz. El Estado, al estar minado por enemigos, aplicará la pena como una demostración artificial de cumplimiento tanto del contrato social primario, como de los pactos sociales secundarios, pero no se tratará -en forma alguna- de una lucha real contra los individuos con los que verdaderamente debería mantenerse una relación jurídica hostil, sino que el sujeto refractario ya institucionalizado, aplicará el derecho penal de peligros al delincuente cognitivamente inferior, como un método de manipulación a gran escala, haciendo creer que se condena al sujeto potencialmente peligroso; pero lo que no se logrará vislumbrar- al menos hasta cierto momento-, es que el derecho penal del enemigo será empleado por el propio enemigo, para sancionar al ciudadano transgresor. Por tales consideraciones, Múñoz (2008, Pág. 102) indica que “…no necesitamos un derecho penal del enemigo, ni tampoco un derecho penal internacional del enemigo, para luchar eficazmente contra los que atacan las bases de nuestra convivencia, bien (…) como delincuentes comunes, bien (…) con acciones terroristas” APORTE FINAL Toda la investigación realizada no tendría sentido, si es que no se tratara de aplicarla en la realidad. Para ello, hemos partido de la idea expuesta por Jakobs, sobre todo porque consideramos, además, que uno de los temores más profundos que causa el modelo descriptivo bajo análisis es que sus normas se apliquen también en los casos del Derecho Penal del ciudadano. Pero esta diferenciación, tendrá que ser explícita para evitar interpretaciones arbitrarias que causen inseguridad en la aplicación del modelo del ciudadano (Jakobs, 1997, p. 323). La Ley N. ° 20202 es sui generis en el Perú, debido a que es el primer intento legal de delimitar aquellos preceptos que combaten peligrosdeaquellosotrosquebuscanreafirmar la vigencia de la norma. Por ello, su objeto seráfijarloslímites,enelaspectosustantivoy adjetivo (investigación, juzgamiento y sanción), de la normativa del Derecho Penal del enemigo. Implícitamente, esta ley también busca establecer garantías para aquellos sujetos que sí cuentan con cimentación cognitiva de fidelidad normativa (ciudadano), pues, no se les investigará, procesará o sancionará como aquellos que no cuenta con ella (enemigo). Además, al limitar las restricciones más gravosas existentes en el sistema jurídico penal peruano a los delitos de criminalidad organizada y a los regulados en el artículo 3° de esta norma, trata de apartarse de la política criminalperniciosa,influenciadaporelclamor popular, los medios de comunicación, políticos y organizaciones no gubernamentales; que responde con la elevación irracional de las penas, para delitos que no son realmente gravososparaelEstadoodetipificarconductas que otras ramas del Derecho pueden regular con eficacia. Esto implica la vulneración tanto del principio de subsidiariedad como del principio de fragmentariedad, ambos informantes del principio de mínima intervención, y este, a su vez, de la intervención penal. En el artículo 2° se define al DPE. como aquella clase de Derecho Penal que regula las normas que se caracterizan por su adelanto de las barreras de punibilidad, la proporcionalidad de las sanciones con la inseguridad cognitiva generada en los demás miembros del sistema social, las restricciones de garantías procesales y la eliminación de beneficios penitenciarios, contra aquellos individuos que muestran objetivamenteeldéficitdeseguridadcognitiva en la norma. Otro criterio considerado para la delimitación realizada por esta ley es que la transgresión deberá situar al Estado en una posición de inseguridad interna y externa o atentar contra la condición humana, y cualquier otro delito que facilite su comisión o encubrimiento. La ley restringirá el contenido no principal de los derechos fundamentales, más no se tratará de una transgresión de su contenido esencial. D erecho penal Del enemigo . C riminal law of the enemy . 135 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 RECOMENDACIÓN Actualmente, el avance del fenómeno del Derecho Penal del enemigo, en países latinoamericanos, se ha tornado imparable. Por ello, a pesar de los cuestionamientos realizados, por ahora se debe evitar que las normas del Derecho Penal del enemigo se apliquen en aquellos casos en los que debe incidir el Derecho Penal del ciudadano, y viceversa. En consecuencia, el autor ha redactado este Proyecto de Ley, que hemos tenido a bien denominar “Ley de la excepción”, para tal propósito. El cual se somete a consideración del lector como una recomendación del autor. LEY DE LA EXCEPCIÓN TÍTULO I OBJETO, CRITERIOS, DELITOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Artículo 1°: Objeto de la Ley LapresenteLeytieneporobjetofijarloslímites referentes a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos comprendidos en la normativa del Derecho Penal del enemigo. También se buscará limitar las restricciones más gravosas existentes en el sistema jurídico penal peruano, a los delitos de criminalidad organizada y a los regulados en el artículo 3° de esta norma, tratando de conseguir, con ello, que el ciudadano cuente con las garantías que le corresponde y no sea sancionado como un individuo con la cimentación cognitiva erosionada. Artículo 2°: Definición y criterios para determinar la aplicación del Derecho Penal del enemigo Para efectos de la presente Ley, se entiende por Derecho Penal del enemigo a aquella categoría del Derecho Penal que regula las normas que se caracterizan por su adelanto de las barreras de punibilidad, la proporcionalidad de las sanciones con la inseguridad cognitiva generada en los demás miembros del sistema social, las restricción de garantíasprocesalesylaeliminacióndebeneficios penitenciarios, contra aquellos individuos que muestran objetivamente el déficit de seguridad cognitiva en la norma. Otro criterio considerado para la delimitación realizada por esta Ley es que la transgresión deberá situar al Estado en una posición de inseguridad interna y externa o atentar contra la naturaleza humana. Y cualquier otro delito que facilite su comisión o encubrimiento. La presente Ley restringirá el contenido no esencial de los derechos fundamentales, más no se tratará de una suspensión de su contenido esencial. El procesado o condenado por los delitos de combate, seguirá siendo portador de derechos y obligaciones en cualquier ámbito que no sea el estrictamente vulnerado por su actuación antijurídica. Artículo 3°: Delitos comprendidos La presente Ley es aplicable a los siguientes delitos: 1. Tratadepersonas,tipificadoenelartículo 153° del Código Penal. 2. Formas agravadas de Trata de personas, tipificadoenelartículo153°-AdelCódigo Penal. 3. Esclavitud y otras formas de explotación, tipificadoenelartículo153°-CdelCódigo Penal. 4. Formasagravadasdetráficoilícitodedrogas, tipificadoenelartículo297° in fine . 5. Delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, tipificado en el artículo 315°-A in fine del Código Penal. 6. Apología de los delitos de combate, tipificadoenelartículo316°-AdelCódigo Penal. 7. Marcaje o reglaje, regulado en el artículo 317-A. 8. Genocidio, tipificado en el artículo 319° del Código Penal. 9. Desaparición forzada de personas, tipificado en el artículo 320° del Código Penal. 10. Tortura,tipificadoenelartículo321°del Código Penal. 11. Atentados contra la soberanía nacional, tipificadoenelartículo325°delCódigoPenal. 12. Participación en grupo armado dirigido por extranjero, previsto en el artículo 326° del Código Penal. 13. Formas agravadas de atentados contra la seguridad nacional, regulado en el artículo 328° del Código Penal. 14. Inteligenciadeslealconelextranjero,tipificado en el artículo 329° del Código Penal. 15. Revelación de secretos nacionales, tipificado en el artículo 330° del Código Penal. 16. Espionaje, tipificado en el artículo 331° del Código Penal. Néstor Suárez Pérez 136 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 17. Favorecimiento bélico a Estado extranjero, tipificado en el artículo 332° del Código Penal. 18. Rebelión, tipificado en el artículo 346° del Código Penal. 19. Sedición, tipificado en el artículo 347° del Código Penal. 20. Perturbación o impedimento de proceso electoral, tipificado en el artículo 354° del Código Penal. 21. Terrorismo, regulado en el Decreto Ley N. ° 25475. 22. Delitos informáticos, previsto en el artículo 11° inciso 4 de la Ley N. ° 30096. 23. Delitos regulados en el Decreto Legislativo N. ° 1106, siempre que el dinero, bienes, efectos o ganancias provengan de los delitos referidos en los incisos anteriores. Los delitos cometidos por organizaciones criminales o bandas se someterán a lo estipulado por la presente Ley, siempre que tales ilícitos penales estén comprendidos en este artículo. Aquellos delitos que cuenten con responsabilidad subjetiva dolosa y culposa, será de aplicación la presente Ley solo si la comisión es de la primera clase. Artículo 4°: Conspiración Será reprimido con la misma pena que el autor: 1. Quien participa en una conspiración para promover, reclutar, favorecer, financiar o facilitar los delitos de combate. 2. Quien solicita u ofrece a otros cometer los delitos de combate o actúa a través de otra persona. Artículo 5°: Ámbito de aplicación Para la investigación, juzgamiento y sanción de los procesados o condenados, en calidad de autor o partícipe, por los delitos señalados en el artículo 3°, rige el Decreto Legislativo N.º 957, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en la presente Ley, y de lo prescrito en la Ley N. ° 30077, el Decreto Ley N. ° 25475 y el Decreto Legislativo N. ° 1106, en lo pertinente. TÍTULO II INVESTIGACIÓN Y PROCESO PENAL CAPÍTULO I GENERALIDADES Artículo 6°: Contenido no esencial de los derechos fundamentales Para la investigación, sanción y ejecución de los delitos establecidos taxativamente en el artículo 3°, por su naturaleza desestabilizadora, es necesario restringirse -más no limitarse por completo- el ejercicio de los derechos fundamentales, procediendo conforme a Ley y respetando las garantías que esta establezca. Artículo 7°: Alto funcionario público El alto funcionario público comprendido en el artículo 99° de la Constitución Política, que cometa cualquiera de los delitos señalados hasta cinco años después de haber cesado en él, se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N. ° 957, salvo lo que se disponga Artículo 8°: Delitos conexos Si el agente ha cometido cualquier delito comprendido en el artículo 3° de la presente Ley y otro que le sea ajeno, no se acumularán, salvo cuando este último sea indispensable para corroborar la realización o no del delito imputado. CAPÍTULO II INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Artículo 9°: Disposición de inicio de Investigación Preparatoria Artículo 10°: Plazo El plazo de la Investigación Preparatoria es de treinta y seis meses como máximo, prorrogables en igual término, con la aprobación del Juez. Artículo 11°: Criterios de razonabilidad El Fiscal deberá motivar cualificadamente su Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria, así como su duración, sin perjuicio de los criterios establecidos en el Decreto Legislativo N° 957, en los siguientes: 1. La complejidad de la investigación. 2. La realización de los actos de investigación idóneos que se esperan realizar. 3. Los elementos probatorios o indiciarios recabados. D erecho penal Del enemigo . C riminal law of the enemy . 137 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 4. La peligrosidad y gravedad de los hechos imputados. 5. La existencia de una organización criminal. 6. Cuando se trate de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos previstos en el artículo 3° de esta Ley, se requerirá Informe técnico de la SMV que establezca como inadecuado el modelo de prevención delictiva adoptado. Artículo 12°: Aprobación de la prórroga de la duración de la Investigación Preparatoria El Juez, para realizar la aprobación de la prórroga de la duración de la Investigación Preparatoria, deberá considerar los criterios de razonabilidad expuestos en elartículo14°deestaLey.ElJuez,luegodeverificará la existencia o no de los supuestos establecidos en el numeral anterior, mediante auto, cualificadamente motivado, aprobará o no la prórroga de la duración de la Investigación Preparatoria, exponiendo detalladamente las razones de su decisión. Artículo 13°: Reserva de identidad Una vez dispuesta la formalización y continuación de la Investigación Preparatoria, el Fiscal dispondrá la reserva de identidad del denunciante, comunicando de inmediato al Juez de la Investigación Preparatoria. Artículo 14°: Programa de protección El Poder Ejecutivo, dentro de los ciento ochenta días depublicadalaLeyenelDiarioOficial“ElPeruano”, en coordinación con la Fiscalía de la Nación, definiráelProgramadeProteccióndedenunciantes, agraviados, testigos, peritos y colaboradores de la justicia vinculados a los ilícitos penales establecidos en el artículo 3 de la presente Ley. Artículo 15°: Persona Jurídica El juez, a requerimiento del Ministerio Público, dispondrá las siguientes medidas administrativas contra las personas jurídicas que resulten responsables de la comisión de los delitos previstos en el artículo 3 de la presente Ley: 1. Multa correspondiente al séxtuplo del beneficioobtenidooqueseesperabaobtener con la comisión del delito. 2. Prohibición definitiva de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza de aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. 3. Disolución. Artículo 16°: Efectos jurídicos y valoración La eximente regulada en el artículo 17° de la Ley N. ° 30424, procederá en los delitos de combate, siempre que el informe técnico de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV establezca que la implementación y funcionamiento del modelo de prevención antes de la comisión del delito, fue adecuado. FINALES PRIMERA. – Vigencia La presente Ley entrará en vigor a los ciento ochenta días calendario de su publicación en el DiarioOficial“ElPeruano”. SEGUNDA.- Competencia La investigación y procesamiento por los delitos comprendidos en el artículo 3° de la presente Ley se someterán a la competencia que corresponda por los delitos cometido por organizaciones criminales. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS PRIMERA.- Aplicación a investigaciones y procesos en trámite Luego de su entrada en vigor, la aplicación de esta ley será a nivel nacional, bajo la vigencia del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo N. ° 957, a los procesos penales que se siguieren por los delitos regulados en el artículo 3° de la presente Ley, instaurados con posterioridad a su entrada en vigor. SEGUNDA.- Eficacia El Estado, a través de sus diversas instituciones, emitirá las disposiciones necesarias para el cumplimiento cabal y efectivo de la presente Ley, así como en la capacitación de los operados jurídicos respecto a esta. TERCERA.- FINANCIAMIENTO La aplicación de la presente Ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y en el marco de las leyes anuales de presupuesto. Néstor Suárez Pérez 138 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS PRIMERA.- Modifíquense los artículos 36.9, 38, 46-A, 46-B, 46-C, 69, 88-A, 297, 315-A, 316, 316-A, 317-A, 349, 350, 359-C, 367, 404, 405, 407, 409-A, 417-A del Código Penal: “Art. 36.- Inhabilitación (.) 9. Incapacidad definitiva para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones de educación básica, centros de educación técnico-productiva, institutos o escuelas de educación superior, instituciones de educación superior artística, universidades, escuelas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, Ministerio de Educación o sus organismos públicos adscritos, Direcciones o Gerencias Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local y, en general, en toda institución u organismo educativo, incluyendo centros de resocialización o rehabilitación, que desarrollan actividades permanentes o temporales vinculadas a la educación, capacitación y formación sobre cualquier materia, incluyendo los ámbitos deportivo, artístico y cultural; así como, para ejercer actividad, profesión, ocupación u oficio que implique la enseñanza, el cuidado, vigilancia o atención de niñas, niños o adolescentes o del alumnado de educación superior tanto técnica como universitaria; respecto de las personas condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada, incluido el grado de tentativa, por cualquiera de los siguientes delitos: (.) r) Delitos comprendidos en el artículo 3° de la Ley 20202. (.) Art. 38.- Duración de la inhabilitación principal (.) La inhabilitación principal también se extiende de cinco a veinte años cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, así como los artículos 296, 296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297 del Código Penal. En los supuestos del párrafo anterior, la inhabilitación será perpetua cuando el agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella; o cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las quinientas unidades impositivas tributarias. También será perpetua cuando el agente haya sido condenado por la comisión de los delitos establecidos en el artículo 3 de la Ley N. ° 20202. En el caso de los delitos contemplados en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, la inhabilitación también será perpetua cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, secuestro, extorsión o los delitos de combate. Art. 46-A.- Circunstancia agravante por condición del sujeto activo (.) Constituye circunstancia agravante, cuando el sujeto activo, desde un establecimiento penitenciario donde se encuentre privado de su libertad, comete encalidaddeautoropartícipeeldelitodetráfico ilícito de drogas, lavado de activos, extorsión, secuestro o cualquiera de los delitos regulados en el artículo 3° de la Ley N° 20202. (.) Artículo 46-B.- Reincidencia El que, después de haber cumplido condena por los delitos cometidos por organización criminal o los establecidos en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202, incurre en nuevo delito doloso, sin límite de tiempo, tiene la condición de reincidente. Tiene igual condición quien después de haber sido condenado por falta o delito dolosos, cometa cualquiera de los delitos regulados en el artículo 3° de la Ley N. ° 30077, o los delitos de combate, en cualquier momento. Constituye circunstancia agravante cualificada, por consiguiente, el juez aumentará la pena en no menos de dos tercios por encima del máximo legal fijado para el delito más grave, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. Se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieron ser cancelados. Artículo 46-C.- Habitualidad D erecho penal Del enemigo . C riminal law of the enemy . 139 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 Si el agente comete un nuevo delito doloso es considerado delincuente habitual, siempre que se trate por lo menos de tres hechos punibles que se hayan perpetrado sin límite de tiempo, por los delitos previstos en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202 y en el artículo 3° de la Ley N. ° 30077. Si los dos primeros delitos fueran diferentes a los establecidos en el artículo 3° de la Ley N.° 20202 y en el artículo 3° de la Ley N. ° 30077, seaplicaráestafigura,siempreycuandoelotro delito cometido se encuentre regulado en las leyes especiales señaladas. Si cualquiera de los dos primeros delitos cometidos, fueran delitos de combate o contra la criminalidad organizada, se aplicará esta figuraporcualquierdelitoofaltacometida,sin límite de tiempo. La habitualidad en el delito constituye circunstancia cualificada agravante, por consiguiente, el Juez aumentará la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijadoparaeltipopenal,sinqueseanaplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. Se computarán los antecedentes cancelados o que debieren estar cancelados. Artículo 69. Rehabilitación automática (.) La rehabilitación automática no opera cuando se trate de inhabilitación perpetua impuesta por la comisión de los delitos previstos en los artículos 296, 296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297; o por la comisión de cualquiera de los delitos contra la Administración Pública; o por los delitos previstos en los capítulos IX, X y XI del Título IV del Libro Segundo del Código Penal así como por los delitos establecidos en la Ley N. ° 20202, y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, en cuyos casos la rehabilitación puede ser declarada por el órgano jurisdiccional que dictó la condena luego de transcurridos veinte años, conforme al artículo 59-B del Código de Ejecución Penal. Artículo 88-A.- Imprescriptibilidad de la pena y de la acción penal La pena y la acción penal son imprescriptibles en los delitos previstos en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202. Artículo 297.- Formas agravadas La pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinticinco años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1) , 2) , 4) , 5) y 8) cuando: (.) 7. (.) (.) Igual pena se aplicará al agente que se vale del tráfico ilícito de drogas para financiar actividades vinculadas a los delitos establecidos en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202. Artículo 315-A.- Delito de grave perturbación de la tranquilidad pública (.) Si el agente actúa en calidad de integrante de una organización criminal que, para lograr susfines,cualesquieraquesean,utilizacomo medio la amenaza de la comisión de los delitos regulados en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años. Artículo 316.- Apología (.) Silaexaltación,justificaciónoenaltecimiento se hace de delito previsto en los artículos 152, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 318-A, 327, 333, 348 al 350 o de los delitos de lavado de activos, o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe, la pena será no menor de cuatro años ni mayor de seis años, de doscientos días multa, e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4 y 8 del artículo 36 del Código Penal. Artículo 316-A.- Apología de los delitos de combate Silaexaltación,justificaciónoenaltecimiento se hace de cualquiera de los delitos establecidos en el artículo 3 de la Ley N. ° 20202 o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe por los mismos ilícitos penales o los regulados en el artículo 3 de la Ley N. ° 30077, la pena será no menor de seis ni mayor de ocho años, trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4, 6 y 8 del artículo 36 del Código Penal. Néstor Suárez Pérez 140 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 Si la exaltación, justificación o enaltecimiento de dichos delitos se realiza: a) en ejercicio de la condición de autoridad, docente o personal administrativo de una institución educativa, o b) utilizando o facilitando la presencia de menores de edad, la pena será no menor de ocho ni mayor de diez años e inhabilitación, conforme a los incisos 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal. Si la exaltación, justificación o enaltecimiento se propaga mediante objetos, libros, escritos, imágenes visuales o audios, o se realiza a través de imprenta, radiodifusión u otros medios de comunicación social o mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación, de los delitos de combate o de la persona que haya sido condenada por sentencia firmecomoautoropartícipeportalesdelitos,la pena será no menor de diez ni mayor de quince años e inhabilitación, conforme a los incisos 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal. Artículo 317-A.- Marcaje o reglaje Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años el que para cometer o facilitar la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos previstos en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202, acopia o entrega información, realiza vigilancia o seguimiento, o colabora en la ejecución de tales conductas mediante el uso de armas, vehículos, teléfonos u otros instrumentos idóneos. La pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de catorce años cuando el agente: (.) Artículo 349.- Conspiración para un motín El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer el delito de motín, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años. Artículo 350.- Seducción, usurpación y retención ilegal de mando El que seduce a tropas, usurpa el mando de estas, el mando de un buque o aeronave de guerra o de una plaza fuerte o puesto de guardia, o retiene ilegalmente un mando político o militar con el findecometermotín,seráreprimidoconpena privativa de libertad no mayor a cuatro años. Artículo 359-C.- Fuentes de financiamiento legalmente prohibidas Son fuentes de financiamiento legalmente prohibidas aquellas que provengan de: (.) 3. Personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada por los delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, lavado de activos, criminalidad organizada y de combate; o con mandato de prisión preventiva vigente por los delitos cometidos por organizaciones criminales y los establecidos en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202, según información obtenida a través del procedimiento de la ley sobre la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral, en lo que resulte aplicable. La prohibición se extiende hasta diez (10) años después de cumplida la condena. (.) Artículo 367.- Formas agravadas (.) La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años cuando: (.) 5. El hecho se comete respecto a investigaciones ojuzgamientoporlosdelitosdetráficoilícitode drogas, lavado de activos, secuestro, extorsión, criminalidad organizada y de combate. (.) Artículo 404.- Encubrimiento personal (.) Si el agente sustrae al autor de los delitos previstos en los artículos 152, 200, 273 al 279- D, 296 al 298, 315, 318- A, 327, 333, 348, 349 y 350, la pena privativa de libertad será no menor de siete ni mayor de diez años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. Si se sustrae al autor de los delitos de combate, lavado de activos y crimen organizado, la pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de quince años y trescientos sesenta y cinco días-multa. Artículo 405.- Encubrimiento real Elquedificultalaaccióndelajusticiaprocurando la desaparición de las huellas o prueba del delito u ocultando los efectos de este, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos D erecho penal Del enemigo . C riminal law of the enemy . 141 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 ni mayor de cuatro años. Si el hecho se comete respecto a los delitos previstos en los artículos 152, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 318- A, 327, 333, 348, 349 y 350, la pena privativa de libertad será no menor de siete ni mayor de diez años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. Si se sustrae al autor de los delitos de combate, lavado de activos y crimen organizado, la pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de quince años y trescientos sesenta y cinco días-multa. Artículo 407.- Omisión de denuncia (.) Si la omisión está referida a los delitos de combate, la pena será no menor de cinco ni mayor de ocho años. Artículo 409-A.- Obstrucción de la justicia (.) Si el hecho se comete respecto en la investigación preliminar o proceso penal por los delitos previstos en los artículos 152, 200, 296 al 298 o en el Decreto Legislativo N. ° 1106, la pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de ocho años y de noventa a ciento ochenta días multa. La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si la obstrucción se comete en el proceso penal por los delitos establecidos en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202 y por los regulados en el artículo 3 de la Ley N. ° 30077. Artículo 417-A.- Insolvencia provocada (.) Si el hecho se comete respecto a proceso por delito previsto en los artículos 152, 200, 296 al 298 o en el Decreto Legislativo N. ° 1106, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. La pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de diez años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si la insolvencia se provoca en el proceso penal por los delitos establecidos en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202 y por los regulados en el artículo 3 de la Ley N. ° 30077.” SEGUNDA.- Modifíquense los artículos 161, 207, 231.5, 242.1.e, 249.2, 261.4, 263.1, 266.7, 268.b, 272, 274, 333, 341.1, 341-A.1, 342.2, 342.3, 344.1, 345.4, 346.1, 351.4, 372.2, 471, 474.2, 475.6 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo N. ° 957. “Artículo 161.- Efecto de la confesión sincera (.) Este beneficio también es inaplicable en los casos de los delitos comprendidos en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202 y por los delitos establecidos en el artículo 3° de la Ley N. ° 30077. Artículo 207.- Presupuestos y Ejecución de la videovigilancia 1. En las investigaciones por delitos violentos, graves, contra organizaciones delictivas o por los delitos comprendidos en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202, el Fiscal, por propia iniciativa o a pedido de la Policía, y sin conocimiento del afectado, puede ordenar: (.) Artículo 231.- Registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación (.) 5. Si durante la ejecución del mandato judicial de intervención y control de las comunicaciones en tiempo real, a través de nuevos números telefónicos o de identificación de comunicaciones, se tomará conocimiento de la comisión de delitos que atenten contra la vida e integridad de las personas, y cuando se trate de los delitos regulados en la Ley N. ° 20202 o el de tráfico ilícito de drogas, a cometerse en las próximas horas, el Fiscal, excepcionalmente y dando cuenta en forma inmediata al Juez competente para su convalidación, podrá disponer la incorporación de dicho número al procedimiento de intervención de las comunicaciones ya existente, siempre y cuando el Juez en el mandato judicial prevenga esta eventualidad . Néstor Suárez Pérez 142 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 Artículo 242.- Supuestos de prueba anticipada 1. Durante las diligencias preliminares o una vez formalizada la investigación preparatoria, a solicitud del Fiscal o de los demás sujetos procesales, podrá instarse al Juez de la Investigación Preparatoria la actuación de una prueba anticipada, en los siguientes casos: (.) e) Declaración, testimonial y examen de perito en casos de criminalidad organizada, así como en los delitos contra la administración pública, previstos en los artículos 382 al 401 del Código Penal o los regulados en el artículo 3° de la Ley N ° 20202. (.) Artículo 249.- Medidas adicionales (.) 2. El Fiscal decidirá si, una vez finalizado el proceso siempre que estime que se mantiene la circunstancia de peligro grave prevista en este título, la continuación de las medidas de protección, con excepción de la reserva de identidad del denunciante, la que mantendrá dicho carácter en el caso de organizaciones criminales o en los delitos establecidos en la Ley N.° 20202. (.) Artículo 261.- Detención Preliminar Judicial (.) 4. Las requisitorias cursadas a la autoridad policial tienen una vigencia de seis meses. Vencido este plazo, caducan automáticamente bajo responsabilidad, salvo que fuesen renovadas. La vigencia de la requisitoria para loscasosdetráficoilícitodedrogasylosdelitos previstos en la Ley N. ° 20202, no caducan hasta la efectiva detención de los requisitoriados . Artículo 263.- Deberes de la policía 1. La Policía que ha efectuado la detención en flagrante delito o en los casos de arresto ciudadano, informará al detenido el delito que se le atribuye y comunicará inmediatamente el hecho al Ministerio Público. También informará al Juez de la Investigación Preparatoria tratándose de los delitos de tráfico ilícito de drogas y los previstos en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202. (.) Artículo 266.- Detención judicial en caso de flagrancia (.) 7. El presente artículo no es aplicable para los delitos de tráfico ilícito de drogas y los regulados en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202. Artículo 268.- Presupuestos materiales El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: (.) b) Que la sanción a imponerse sea por los delitos cometidos por organizaciones criminales y los establecidos en el artículo 3° de la Ley N.° 20202. (.) Artículo 272.- Duración El plazo de la prisión preventiva no durará más de treinta y seis (36) meses. Artículo 274.- Prolongación de la prisión preventiva 1. Cuando concurran circunstancias que importenunaespecialdificultadoprolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, el plazo de la prisión preventiva podrá prolongarse hasta doce (12) meses adicionales. (.) Artículo 333.- Coordinación interinstitucional de la Policía Nacional con el Ministerio Público Sin perjuicio de la organización policial establecida por la Ley y de lo dispuesto en el artículo 69, la Policía Nacional instituirá un órgano especializado encargado de coordinar las funciones de investigación de dicha institución con el Ministerio Público, de establecer los mecanismos de comunicación con los órganos de gobierno del Ministerio Público y con las Fiscalías, de centralizar la información sobre la criminalidad violenta, organizada o relacionada con los delitos de combate, de aportar su experiencia en la elaboración de los programas D erecho penal Del enemigo . C riminal law of the enemy . 143 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 y acciones para la adecuada persecución del delito, y de desarrollar programas de protección y seguridad. Artículo 341.- Agente Encubierto y Agente Especial 1. El Fiscal, cuando se trate de diligencias que afecten actividades propias de la criminalidad organizada, de los delitos de combate y de los delitos contra la administración pública previstos en los artículos 382 al 401 del Código Penal, y en tanto existan indicios de su comisión, podrá autorizar a miembros especializados de la Policía Nacional del Perú, mediante una disposición y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Fiscal por el plazo de seis (6) meses, prorrogables por períodos de igual duración mientras perduren las condiciones para su empleo, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. En tanto sea indispensable para la realización de la investigación, se pueden crear, cambiar y utilizar los correspondientes documentos de identidad. El Fiscal, cuando las circunstancias así lo requieran, podrá disponer la utilización de un agente especial, entendiéndose como tal al ciudadano que, por el rol o situación en que está inmerso dentro de una organización criminal, opera para proporcionar las evidencias incriminatorias del ilícito penal. (.) Artículo 341-A.- Operaciones encubiertas 1. Cuando en las Diligencias Preliminares o Investigación Preparatoria, se trate de identificar personas naturales y jurídicas, así como bienes y actividades propias de la criminalidad organizada, de los delitos de combate y de los delitos contra la administración pública previstos en los artículos 382 al 401 del Código Penal, en tanto existan indicios de su comisión, el Ministerio Público podrá autorizar a la Policía Nacional del Perú a fin de que realice operaciones encubiertas sin el conocimiento de los investigados, tales como la protección legal de personas jurídicas, de bienes en general, incluyendo títulos, derechos y otros de naturaleza intangible, entre otros procedimientos. El Fiscal podrá crear, estrictamenteparalosfinesdelainvestigación, personasjurídicasficticiasomodificarotrasya existentes, así como autoriza la participación de personas naturales encubiertas, quienes podrán participar de procesos de selección, contratación, adquisición o cualquier operación realizada con o para el Estado. (.) Artículo 342.- Plazo de la Investigación Preparatoria (.) 2. Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la Investigación Preparatoria es de ocho meses. Para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de esta y los delitos de combate, el plazo de la investigación preparatoria es de treinta y seis meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el Juez de la Investigación Preparatoria. 3. Corresponde al Fiscal emitir la disposición que declara complejo el proceso cuando: a) requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; e) necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; f) involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales; g) revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado; o h) comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, o se trate de delitos comprendidos en el artículo 3 de la Ley N. ° 20202. Artículo 344.- Decisión del Ministerio Público 1. Dispuesta la conclusión de la Investigación Preparatoria, de conformidad con el numeral 1) del artículo 343, el Fiscal decidirá en el plazo de quince días si formula acusación, siempre que existabasesuficienteparaello,osirequiereel sobreseimiento de la causa. En casos complejos, de criminalidad organizada y de los delitos de combate, el Fiscal decide en el plazo de treinta días, bajo responsabilidad. Néstor Suárez Pérez 144 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 (.) Artículo 345.- Control del requerimiento de sobreseimiento y Audiencia de control del sobreseimiento (.) 4. Entre el requerimiento de sobreseimiento y la audiencia que resuelve lo pertinente no puede transcurrir más de treinta (30) días. En casos complejos, de criminalidad organizada y delitos de combate, no podrá exceder de sesenta (60) días, bajo responsabilidad. Artículo 346.- Pronunciamiento del Juez de la Investigación Preparatoria 1. El Juez se pronunciará en el plazo de quince (15) días. En casos complejos, de criminalidad organizada y delitos de combate, no podrá exceder de los treinta (30) días. Si considera fundadoelrequerimientofiscal,dictaráautode sobreseimiento. Si no lo considera procedente, expedirá un auto elevando las actuaciones al Fiscal Superior para que ratifique o rectifique la solicitud del Fiscal Provincial. La resolución judicial debe expresar las razones en que funda su desacuerdo. (.) Artículo 351.- Audiencia Preliminar (.) 4. Si la audiencia es suspendida, la siguiente sesión deberá realizarse en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles. Entre el requerimiento acusatorio y la emisión del auto que lo resuelve no puede transcurrir más de cuarenta (40) días. En casos complejos, de criminalidad organizada y delitos de combate, no podrá exceder noventa (90) días, bajo responsabilidad. Artículo 372.- Posición del acusado y conclusión anticipada del juicio (.) 2. Si el acusado, previa consulta con su abogado defensor, responde afirmativamente, el Juez declarará la conclusión del juicio. Antes de responder, el acusado también podrá solicitar por sí o a través de su abogado conferenciar previamente con el Fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena para cuyo efecto se suspenderá por breve término. La sentencia se dictará en esa misma sesión o en la siguiente, que no podrá postergarse por más de cuarenta y ocho horas, bajo sanción de nulidad del juicio. La reducción de la pena no procede cuando al imputado se le atribuya la comisión del delito en condición de integrante de una organización criminal, esté vinculado o actúe por encargo de ella, o por los delitos regulados en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202. (.) Artículo 471.- Reducción adicional acumulable (.) La reducción de la pena por terminación anticipada no procede cuando al imputado se le atribuya la comisión del delito en condición de integrante de una organización criminal, esté vinculado o actúe por encargo de ella, o por los delitos regulados en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202. Artículo 474.- Procedencia (.) 2. Los delitos que pueden ser objeto del Acuerdo, son los siguientes: a) Lavado de activos, delitos informáticos, sicariato y delitos cometidos por organización criminal. También procederá en los delitos de combate, comprendidos en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202. (.) Artículo 475.- Requisitos de la eficacia de la informaciónybeneficiospremiales (.) 6. Los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones delictivas, que hayan cometido cualquiera de los delitos comprendidos en el artículo 3° de la Ley N.° 30077, así como el artículo 3° de la Ley N. °20202 y los que han intervenido en delitos que han causado consecuencias especialmente graves, únicamente podránacogersealbeneficiodedisminuciónde la pena o suspensión de su ejecución, siempre quesuaportepermitaidentificaramiembrosde la organización con mayor rango jerárquico. El Fiscal para acordar el beneficio, debe ponderar la proporcionalidad entre el grado de aporte del colaborador y su grado de participación dentro de la estructura criminal y el delito. (.)” D erecho penal Del enemigo . C riminal law of the enemy . 145 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 TERCERA.- Modifíquense los artículos 11, 11-A, 11-B, 46, 50 del Código de Ejecución Penal “Artículo 11.- Criterios de separación de internos Los internos están separados de acuerdo con los siguientes criterios básicos: (.) 6.- Los procesados y condenados por la comisión de los delitos de combate. 7.- Los que, a través de la evaluación de la Junta Técnica de Clasificación, obtienen una prognosis favorable para su readaptación de los que requieren mayor tratamiento. 8.- Otros que determine el Reglamento. Artículo 11-A.- Ubicación de internos en un establecimiento penitenciario En los establecimientos transitorios y otros que hagan sus veces, la Junta Técnica de Clasificación encargada de determinar el establecimiento penitenciario que corresponde a un interno, incorporará como criterio de evaluación, si el interno se encuentra o no vinculado a una organización criminal o a los delitos comprendidos en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202, en cuyos casos optará por un establecimiento que ofrezca razonables condiciones de seguridad. Artículo11-B.-Clasificacióndeinternosenun régimen penitenciario (.) La vinculación del interno a una organización criminal o a los delitos de combate y/o su condición de un mayor tratamiento para su readaptación, conjuntamente con la evaluación de su perfil personal, fundamentan su clasificaciónenunadelasetapasdelRégimen Cerrado Especial. Artículo 46.- Improcedencia y casos especiales de redención de pena por trabajo o estudio Noesprocedenteelbeneficiopenitenciariode redención de la pena por el trabajo o estudio para aquellos internos que hayan cometido delitos vinculados al crimen organizado conforme a la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Tampoco es procedente para los internos sentenciados por los delitos regulados en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202. En los casos de internos que hayan cometido los delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 121-B, 200, 279-G, 297, 323 del Código Penal, la redención de pena por el trabajo o la educación se realiza a razón de un día de pena por seis días de labor o de estudio, respectivamente. Artículo 50.- Improcedencia y casos especiales delosbeneficiospenitenciariosdesemilibertad o liberación condicional Nosonprocedenteslosbeneficiospenitenciarios de semilibertad y liberación condicional para aquellos internos que hayan cometido delitos vinculados al crimen organizado conforme a la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Tampoco son procedentes para aquellos internos que se encuentran sentenciados por la comisión de los delitos previstos en los artículos 297, 382, 383, 384, primer, segundo y tercer párrafos del 387, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397- A, 398, 399, 400 y 401, así como los delitos previstos en el artículo 3 de la Ley N. ° 20202. (.)” CUARTA. - Modifíquense los artículos 4, 5, 6 y 10 del Decreto Legislativo N. ° 1106 “Artículo 4.- Circunstancias agravantes y atenuantes (.) La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, secuestro, extorsión o cualquier delito establecido en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202. (.) Artículo 5.- Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado y que conociendo o debiendo conocer su origen vinculado a cualquiera de los delitos establecidos en el artículo 3° de Néstor Suárez Pérez 146 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 la Ley N.° 20202, según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de doce años, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Código Penal. (.) Artículo 6.- Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente, la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida, en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, o deliberadamente presta la información de modo inexacto o brinda información falsa, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, con cincuenta a ochenta días multa e inhabilitación no mayor de tres años de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Código Penal. Si la conducta descrita se realiza en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal, al crimen organizado, o cualquier otro delito regulado en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202; o si el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es superior al equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias, el agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, con ochenta a ciento ochenta días multa e inhabilitación de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Código Penal. Artículo 10.- Autonomía del delito y prueba indiciaria (.) El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente Decreto Legislativo, corresponde a actividades criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, los delitos contra la administración pública,elsecuestro,elproxenetismo,eltráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo, los delitos aduaneros, los delitos de combate o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal. El origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. (.)” QUINTO. - Modifíquese el artículo 11° de la Ley N. ° 30096 “Artículo 11. Agravantes (.) 5. El agente comete el delito para impedir la identificación de los agentes refractarios o de cualquier rastro vinculado a la comisión de los ilícitos penales, regulados en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202.” SEXTO. - Modifíquese el artículo 9° del Decreto Ley N. ° 25475 “Artículo 4.- Colaboración con el terrorismo Será reprimido con la misma pena que el autor, aquel que de manera voluntaria realiza los siguientes actos de colaboración de cualquier modo, favoreciendo la comisión de delitos comprendidos en este Decreto Ley: (.) Artículo 4-A. Financiamiento del terrorismo El que por cualquier medio, directa o indirectamente, al interior o fuera del territorio nacional, voluntariamente provea, aporte o recolectemedios,fondos,recursosfinancieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos o de cualquier naturaleza, seandeorigenlícitooilícito,conlafinalidad de cometer cualquiera de los delitos previstos en este decreto ley, cualquiera de los actos terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte, la realización de los fines o asegurar la existencia de un grupo terrorista o terroristas individuales, le corresponderá la pena del autor e inhabilitación de conformidad con los incisos 1), 2) y 8) del artículo 36 del Código Penal. También le corresponderá la pena del autor, al que ofrece u otorga recompensa por la comisión de un acto terrorista o tiene la calidad de funcionario o servidor público. En este último caso, además, se impondrá la inhabilitación prevista en los incisos 1, 2, 6 y 8 del artículo 36 del Código Penal. D erecho penal Del enemigo . C riminal law of the enemy . 147 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 Artículo 6-A.- Reclutamiento de personas El que, por cualquier medio, recluta o capta personas para facilitar o cometer actos terroristas, será reprimido con la misma pena que el autor. También le corresponderá la pena del autor, a aquel que reclute o capte menores de edad con lamismafinalidad. (.) Artículo 9.- Reincidencia Los reincidentes, serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de treinta años. Para efectos del presente Decreto Ley contra el terrorismo, se considera reincidente al delincuente que, habiendo sufrido pena privativa de libertad, impuesta por sentencia nacional o extranjera, incurra en la comisión de un nuevo delito sin límite de tiempo.” SÉPTIMO.- Modifíquese el artículo 1° de LA Ley N. ° 30424 “Artículo 1. Objeto de la Ley La presente ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por los delitos previstos en los artículos 384, 397, 397-A, 398 y 400 del Código Penal, en los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo N. °1106(DecretoLegislativodeluchaeficazcontrael Lavado de Activos), en el artículo 4-A del Decreto Ley 25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio; y otros delitos relacionados a la minería ilegal, crimen organizado y delitos de combate. Artículo 12. Circunstancias atenuantes Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas las siguientes: (.) Las circunstancias atenuantes establecidas en los literales d y e, resultarán inaplicables siempre que se trate de la comisión de los delitos establecidos en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202. (.) El párrafo anterior resulta inaplicable en los delitos comprendidos en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202 y por los delitos establecidos en el artículo 3° de la Ley N. ° 30077, exceptuando los incisos 14, 15, 19 y 2, que, por su mayor complejidad, sea difícil llegar a conocer la verdad material de los hechos investigados. Artículo 13. Circunstancias agravantes (.) El párrafo anterior resulta inaplicable, siempre y cuando el delito que fue materia de la primera sanción sea de los establecidos en el artículo 3° de la Ley N. ° 20202.” DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA ÚNICA.- Derogación de normas Deróguense los siguientes dispositivos: 1. El artículo 36 inciso 9 literal a), f), h) y p); 108-D, 153.5, 322, 404 in fine del Código Penal. 2. El artículo 272.2, 272.3, 274.1 literal a, b y c, 274.2 y 474.2 literal b del Decreto Legislativo N. ° 957. 3. El artículo 46 tercer párrafo del Decreto Legislativo N. º 654. 4. Los artículos 3.3 y 3.17 de la Ley N. ° 30077. 5. Los artículos 6-B y 8 del Decreto Ley N. ° 25475. 6. Cualquier otra norma que contraríe lo dispuesto en la presente Ley. CONCLUSIONES 1. El Derecho penal del enemigo pretende provocar el estado fáctico natural precedente a la creación del sistema jurídico, lo que conllevará que pierda fundamento de permanencia. 2. La estructura normativa no brinda personalidad real, siendo posible que el sujeto responda por la contradicción al contrato social que con su propensión delictuosa realiza, sin que para ello se requiera, que la vigencia de la norma le dé esa categoría. 3. La pena no es más que un mecanismo jurídico de apariencias, porque el Estado, al estar minado por enemigos, la aplicará como una demostración artificial de cumplimiento tanto del contrato social primario como de los pactos sociales derivados. 4. En un estado fáctico natural por impulso individual , el agente se encontrará a nivel cognitivo en él, por lo que sería innecesario que el sistema jurídico-penal lo expulse de su esfera de dominio. En cambio, si se trata de un estado fáctico natural por impulso sistematizado , el Estado promocionará su autodestrucción. Néstor Suárez Pérez 148 nestor_suarez@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (1): 129-148, 2024 FUENTES DE INFORMACIÓN Fuentes bibliográficas Ferrajoli, L. (1995). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal . Madrid: Editorial TROTTA. García Cavero, P. (2019). Derecho penal. Parte general. (3° ed.). Lima: Ideas Solución Editorial S.A.C. Jakobs, G. & Cancio Meliá, M. (2003). Derecho penal del enemigo . Madrid, España: Civitas Ediciones, S. L. Polaino-Orts, M. (2006). Derecho penal del enemigo. Desmitificación de un concepto. Lima: Grijley. Silva Sánchez, J. M. (2001). La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. (2° edición). Madrid, España: Civitas Ediciones, S. L. Zaffaroni, E. R. (2006). El enemigo en el Derecho penal , Buenos Aires, Argentina: Ediar. Fuentes digitales Cruz López, M. R. (2021). Derecho penal del enemigo. Revista Ciencia Multidisciplinaria CUNORI , 5(2), 81-88. https://doi.org/10.36314/ cunori.v5i2.171 Demetrio Crespo, E. (2004). Del “derecho penal liberal” al “derecho penal del enemigo”. Revista de Derecho Penal y Criminología , 14, 87-116. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?c odigo=2216833&orden=321297&info=link Espinosa Torres, M. (2005). El derecho penal del enemigo. Letras Jurídicas. 11(6), 1-6. http:// cdigital.uv.mx/handle/1944/51117 Ferrajoli, L. (2007). El Derecho penal del enemigo y la disolución del Derecho penal. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C., 19, 5-22. http://www.redalyc.org/ articulo.oa?id=293222926001 Gracia Martín, L. (2005). Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho penal del enemigo”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 07(02), pp. 02:1-02:43. http://criminet.ugr.es/ recpc/07/recpc07-02.pdf Mancera Espinosa, M. A. (2007). ¿Derecho penal del enemigo en México? Panorama internacional sobre justicia penal. Política criminal, derecho penal y criminología. Culturas y sistemas jurídicos comparados. http://ru.juridicas.unam. mx:80/xmlui/handle/123456789/28674 Muñoz Conde, F. (2005). De nuevo sobre “el derecho penal del enemigo”. Revista Penal , 16 , 123-137. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo? codigo=1202746&orden=0&info=link Muñoz Conde, F. (2008). ¿Es el Derecho penal internacional un «Derecho penal del enemigo»? Revista Penal, 21, 93-102. https://rabida.uhu. es/dspace/bitstream/handle/10272/12023/Es%20 el%20Derecho.pdf?sequence=2 Fuentes de tesis Suárez Pérez, N. M. (2020). Legitimidad del Derecho penal del enemigo en el Perú (tesis para optar por el Título Profesional de Abogado). Universidad de San Martín de Porres, Perú. Fuentes jurisprudenciales Tribunal Constitucional (2006). Sentencia 003-2005- PI. Magistrado Presidente García Toma. chrome- extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://img. lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/12/Exp-003-2005- PI-TC-LPDerecho.pdf Tribunal Constitucional (2007). Sentencia 0014-2006- PI. Magistrado Presidente Landa Arroyo. chrome- extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:// tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00014-2006-AI.pdf