LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false false 1 1 true 48 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 CONTUMACIA Y EXTRADICIÓN COMO OBSTÁCULOS PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN EL CÓDIGO PENAL PERUANO CONTUMACY AND EXTRADITION AS OBSTACLES TO THE CALCULATION OF THE LIMITATION PERIOD OF THE ACTION IN THE PERUVIAN CRIMINAL CODE Diego Alonso Noronha Val ORCID: 0009-0007-3358-6641 Universidad Nacional Mayor de San Marcos diego.noronha@unmsm.edu.pe Perú DOI: https://doi.org/10.24265/voxjuris.2024.v42n2.04 Recibido: 11 de setiembre de 2023. Aceptado: 18 de diciembre de 2023. SUMARIO • Introducción. • Desarrollo. • Conclusiones. • Fuentes de información. RESUMEN La suspensión de la prescripción de la acción penal surge frente a la configuración de un obstáculo que imposibilita el trámite del procesamiento penal. Esto se desprende del primer párrafo del artículo 84 del CP. Sin embargo, hasta antes de su modificaciónporlaLeyN.°31751,noseestablecía expresamente un momento típico de cese. Es posterior a ello que, a través de su nuevo segundo párrafo, se pone fin a la controversia sobre la duración del plazo de suspensión por contumacia y procesos de extradición, imponiendo un plazo legal material de un año para tal efecto. PALABRAS CLAVE Suspensión, prescripción, contumacia, extradición ABSTRACT The criminal action’s prescription suspension arises from the configuration of an obstacle that turns the criminal prosecution procedure impossible to continue, as it follows from the CriminalCode,article84,firstparagraph.Before this norm’s modification by Law N.° 31751, a typical moment of termination was expressly established. However, it is after this that, through its new second paragraph, the controversy about the duration of the suspension term due to contumacy and extradition processes came to an end, imposing a one-year legal material term for this purpose. KEYWORDS Suspension, prescription, contumacy, extradition INTRODUCCIÓN El 25 de mayo de 2023, se publicó la Ley N.º 31751, con la que se modifica el artículo 84 del Código Penal (CP). Dicha modificatoria agrega un segundo párrafo al primigeniamente existente, a partir del que se instituye un precepto limitativo temporal a la suspensión del cómputo del plazo prescriptorio de la acción penal. A tenor literal, precisa: “La suspensión de la prescripción nopodráprolongarsemásalládelosplazosque se disponen para las etapas del proceso penal u otros procedimientos. En ningún caso dicha suspensiónserámayoraunaño.” El legislador ha considerado que el cómputo de la suspensión de la prescripción de la acción penal no podráexcederdeunaño,bajoningúnsupuesto.Es decir, ha considerado dicho marco temporal como aquel en el que razonablemente puede mantenerse en incertidumbre al ciudadano mientras se resuelva el factor extraprocesal indispensable para el ejercicio válido del poder de coerción estatal sobre él. El plazo de un año instituido se expresa, por tanto, como aquella contención al ius puniendi ,yconsecuentereafirmacióndelprincipio de celeridad en las actuaciones estatales, sean fiscalesojudiciales.Estoúltimoesespecialmente importante, si consideramos que el Estado, en su condición de gran Leviatán , cuenta con una gran corporación que debería permitir, al menos C ontumaCia y extradiCión Como obstáCulos para el Cómputo del plazo de presCripCión de la aCCión en el Código penal peruano C ontumaCy and extradition as obstaCles to the CalCulation of the limitation period of the aCtion in the peruvian Criminal Code 49 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 teóricamente, la consecución rápida y eficaz de todoslosindispensablesrequisitosparalaválida persecución del delito. La expresión “en ningún caso” , utilizada en la agregada fórmula normativa, pone en especial relieve que dicha regla limitativa alcanza a absolutamente todas las múltiples causas que derivan en la suspensión del cómputo del plazo prescriptorio de la acción penal. Sin embargo, es a dosdeellasalasqueestamodificatoriageneraría unimpactodemeridianasignificación,queseverá manifestada en la práctica judicial forense. Ello, considerando la pluralidad de casos en trámite, cuyos plazos de prescripción vienen suspendidos prolongadamente por su configuración, hasta la actualidad. Nos referimos a la suspensión producto de la declaratoria de contumacia y por la instauración de procesos de extradición. Para describir el impacto al que hacemos referencia, es necesario abordar el escenario precedente a la modificación. Dicho estado de cosas, jurisprudencialmente instituido respecto al tratamiento de estas dos causas de suspensión, es manifiestamente contrario a aquel que este cambio establece. En tal sentido, realizaremos este ejercicio para determinar, posteriormente, la forma en que este cambio legislativo ha variado el escenario actual respecto al abordaje de ambas causales de suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. DESARROLLO Conceptos preliminares Elcursodelejercicioválidodelaacciónpuede verse afectado por múltiples circunstancias. Cada una de ellas, dependiendo de la naturaleza y el tratamiento normativo o jurisprudencial que les alcanza, generará como efecto su interrupción o suspensión. La interrupción se produce con la adopción de medidas jurídico procesales que promueven el procesamiento penal. Es decir, la prescripción se interrumpe con la expresión de voluntad estatal documentada de llevar a cabo el proceso penal (Jescheck y Weigend, 2014, p. 1362). De ahí que el artículo 83 del CP reconozca a las actuaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial como sus causales, en la medida en que, a través de ellos, el Estado manifiesta indubitablemente su intención de perseguir un hecho penalmente relevante (Meini, 2009, p. 77). De otro lado, la suspensión surge por la configuracióndeunobstáculoqueimposibilita continuar con el ejercicio de la acción penal, lo que supondrá una crisis en el procesamiento. Elprocesopenalnopodráavanzar,portanto, en la medida en que la acción penal no pueda ejercitarse válidamente por la ausencia de alguno de sus requisitos de procedencia. La crisis importa, así, una falta de certeza en la prejudicialidad de la acción, que impide la consecución del proceso penal. Como señala el profesor Claus Roxin (2000), hablamos de una situación que “afecta la capacidad del tribunalpenal”(p.166-167).Dichanaturaleza u origen, sin embargo, sólo puede extraerse vía interpretación, ya que el texto literal del artículo 84 del CP, que regula esta institución, solo explicita sus efectos. El texto original, refiriéndonos al hoy primer párrafo de la norma, precisa que el efecto ocasionado por la conformación de una cuestión exógena al procesamiento penal, que deba ser resuelta previamente mediante otro procedimiento, es el suspenso del cómputo del plazo prescriptorio 1 . Lo problemático en este punto surge cuando se advierte que el texto primigenio tampoco preveíaunplazootiempoespecíficodeduración de la situación de incertidumbre. Esta sugería, al menos desde una interpretación literal, que el suspenso se mantenía hasta que la cuestión extraprocesalfueraresuelta,loqueenlapráctica judicial forense pudo haber resultado en una irrazonable suspensión de plazos prescriptorios que, incluso, colisionara con el derecho al plazo razonable por una indebida expresión ad infinitum de su cómputo . La existencia de dicho solitario párrafo en el texto del comentado artículo hacía que el criterio interpretativo al que hacemos referencia resultara aplicable para todas las causas de suspensión del cómputo del plazo prescriptorio. Ello no podía ser de otra manera, en tanto la norma no distinguía tratamiento alguno entre ellas, es decir, las causas generarían sus efectos indefinidamente hasta que la situación endógena se resuelva o, en algunos casos, hasta que el supuesto de hecho, determinado por la ley o la jurisprudencia, se cumpliera. 1 El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente N.° 03681-2010-PHC/TC Lima, caso Ernesto César Schütz Landázuri, precisó en el segundo párrafo del fundamento cuarto que la suspensión de la de la prescripción de la acción penal no cuenta con causales establecidas en el Código Penal, agregado en el tercer párrafo del mismo que de la lectura del artículo 84 del CP “puede concluirse que la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal se presenta cuando: i) preexiste o surge ulteriormente una cuestión jurídica controvertida que impida la iniciación o la continuación del proceso penal; y ii) la decisión del otro procedimiento distinto incida sobre la iniciación o la continuación del proceso penal”. Diego A. Noronha Val 50 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 El cumplimiento del primer grupo al que hacemos referencia dependía estrictamente de la actuación de los órganos estatales, sea el Poder Judicial en eltrámitedecuestionesprevias,prejudicialeso quejas de derecho, o el Poder Legislativo, frente al antejuicio o procedimientos de desafuero. El segundo, por otro lado, dependía de actos de agentes ajenos a la gran corporación estatal, bien del ciudadano rebelde que se sustrae del procesamiento dolosamente a sabiendas de su incorporación (contumacia) o, bien del trámite procedimental del mecanismo de entreayuda penal internacional (Valle-riestra, 2011, p. 22) por la autoridad extranjera (extradición). Este últimogruporepresentabaaaquellosobstáculos en el procesamiento fuera del control del poder estatalque,portanto,resultabanmássusceptibles de prolongación en el tiempo, especialmente, en los casos de alta complejidad. A partir de esta idea, si planteamos como hipótesis la posibilidad de que un ciudadano logre sustraerse delasautoridadesestatalesindefinidamentepara evitar su procesamiento, así como la eventual configuración de procesos de extradición inconclusos durante amplios períodos de tiempo, nos preguntamos ¿El cómputo de la prescripción tendríaquesuspenderseporelmismoindefinido plazo,otendríaqueexistirunlímitematerialfijado razonablemente por el ordenamiento jurídico? Antesdelamodificatoriadelartículo84delCP,la Corte Suprema de Justicia ya había respondido a la pregunta, incluso, con posiciones discordantes. Abordaremos éstas en la sección que sigue. El estado de cosas previo Como se ha señalado, el texto original del artículo 84 del CP establece los efectos de la suspensión del cómputo del plazo prescriptorio deldelito,peronohacelopropioparadefinirsu origen ni su plazo de duración. En tal sentido, su literalidad sugería que ésta surtía efectos de forma indefinida, sea con el cumplimiento del procedimiento extraprocesal o del supuesto de hecho legal o jurisprudencialmente establecido comoobstáculosenelprocesamientopenal.Sin embargo, la indefinicióndel plazo que sugería el texto no resultaba constitucionalmente adecuada. Dicha interpretación colisionaba gravemente con el derecho a ser juzgado y procesado en un plazo razonable, especialmente tratándose de las causales por declaratoria de contumacia y por el trámite de procesos de extradiciónque,enlaprácticajudicialforense, envolvían situaciones que generaban extensas suspensiones del proceso. Por dicho motivo, la Corte Suprema, en aras de su intento por forjar una interpretación compatible con la Constitución, ha desarrollado en su jurisprudencia la respuesta a la pregunta que planteamos, procurando fijar o definir razonablemente, atendiendo a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional 2 , el plazo del cómputo de la suspensión de la prescripción de la acción penal para estas dos problemáticascausales. Sobre el tratamiento de la contumacia Antes de conocer la posición divergente de la CorteSupremaparadefinirelplazoporelque la acción puede verse suspendida, es necesario abordar el contenido de la norma que instituye legislativamente al estado de contumacia como una causa de tal circunstancia. El miércoles 26 de junio de 1996, en el marco del gobierno autoritario del presidente Alberto Fujimori, se publicólaLeyN.°26641,encuyoartículo1se expresó lo siguiente: Interprétese por vía auténtica que, tratándose de contumaces, el principio de la función jurisdiccional de no ser condenado en ausencia, se aplica sin perjuicio de la interrupción de los términos prescriptorios, la misma que opera desde que existen evidencias irrefutables que el acusado rehúye del proceso y hasta que el mismo se ponga a derecho. El juez encargado del proceso declara la condición de contumaz y la suspensión de la prescripción. Esta norma resultó polémica en sus inicios por la inadecuada y confusa 3 técnica legislativa con la que se gestó. Se utilizaron indistintamente las figuras de la interrupción y suspensión, sin considerar sus diferencias sustantivas desde la dogmática penal. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no abundó en dar claridad sobre el tratamiento de esta materia. De hecho, las sentencias recaídas en los expedientes N.°4118-2004-HC/TCPiura,casoLuisAlberto VelásquezAngulo,defecha6dejuniode2005, y la N.° 7451-2005-PHC/TC, caso Franklin Macedonio Alcántara Muñoz, de fecha 17 de octubrede2005,coincidieronenque“tratándose 2 Precisamente, el Tribunal Constitucional (TC), en la sentencia recaída en el expediente N.° 04959-2008-PHC/TC Lima, caso Benedicto Nemesio Jiménez Bacca, señalaba en su fundamento décimo quinto que: “15. Este Tribunal Constitucional considera necesario señalar que la suspensión de los plazos de prescripción, en aplicación de la referida Ley N.° 26641, en caso de mantener vigente la acción penal ad infinitum resultaría a todas luces inconstitucional. Como ya se ha señalado, el poder punitivo del Estado no puede ser ilimitado ni infinito”. 3 El profesor Víctor Prado Saldarriaga (2000), precisamente, reconocía que la Ley N.° 26641 “incorporó confusas fórmulas de suspensión de interrupción de la prescripción de la acción penal para tales casos” (p. 933). C ontumaCia y extradiCión Como obstáCulos para el Cómputo del plazo de presCripCión de la aCCión en el Código penal peruano C ontumaCy and extradition as obstaCles to the CalCulation of the limitation period of the aCtion in the peruvian Criminal Code 51 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 de reos contumaces, los plazos de prescripción se interrumpen si existen evidencias irrefutables de que el acusado rehúye del proceso y hasta que elmismosepongaaderecho”(fundamento11y 12, respectivamente). Lafaltadeclaridadseintensificóconlasentencia recaídaenelexpedienteN.°03681-2010-PHC/ TCLima,casoErnestoCésarSchützLandázuri, del 20 de abril de 2011, en tanto el tribunal, atendiendo a las sentencias precedentes, consideró que debía justificarse por qué la contumacia tenía por efecto la suspensión o la interrupción, lo que dejaba a un simple ejercicio argumentativo la posibilidad de asumir dicha situación como generadora de uno u otro efecto, según lo considerase el juzgador del caso en concreto. Empero, es posterior a ello que el Tribunal Constitucional uniformemente señala, en diversas sentencias, que la declaración de contumacia genera como efecto la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal, y no la interrupción. Esta posición se manifestó en las sentencias recaídas en los expedientes N.º 01279-2010-PHC/TC Lima, del 18 de agosto de 2011; N.º 03711-2011-PHC/TC Callao, del 19 de octubre de 2011; N.º 05398-2016-PHC/ TC Lambayeque, del 4 de agosto de 2020, entre muchas otras. Así, el Tribunal sentó su posición por considerarla un impedimento para la continuación del procesamiento penal. Aun cuando en la actualidad esta situación jurídica sea ya incontrovertida, lo que sí ha resultado problemático para los justiciables responde a las divergencias interpretativas que presentan los magistrados de la Corte Suprema en sus pronunciamientos, situación que ha generado plena inseguridad jurídica en la prácticajudicial.Ella,manifestadaendecisiones disímiles entre órganos jurisdiccionales inferiores que generan, por tanto, un tratamiento desigual entre las causas penales resueltas. En un primer episodio, en el marco del desarrollo histórico jurisprudencial del tratamiento de esta circunstancia, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema estableció en el Recurso de Nulidad N.° 2606-2013/Lima, del 28 de febrero de 2014, ponencia del juez supremo Cevallos Vegas, componiendo colegiado con los magistrados Villa Stein, BarriosAlvarado, Neyra Flores y Morales Parraguez, lo siguiente: 2.1.Delanálisisdelaspruebasactuadasdurante el decurso del proceso es de verse de autos, que mediante resolución de veintidós de mayor de mil novecientos noventa y ocho (...) se declaró Reo contumaz al procesado (...), reservándose su juzgamiento mediante sentencia de veinte de junio de dos mil cinco (...) advirtiéndole del contenido de la citada resolución que no hace mención en forma expresa de la suspensión del plazo de prescripción, razón por la cual no procede efectivizar la suspensión del referido plazo, en tanto el Ministerio Público titular de la acción penal no lo ha cuestionado dicha resolución en su oportunidad. (...) 2.5. Siendo que el procesado según la ficha RENIEC (...) nació el nueve de diciembre de mil novecientos setenta y siete, por lo que al momento de ocurridos los hechos (veinte de enero de mil novecientos noventa y siete) tenía diecinueve años, un mes y once días de edad, que para la prescripción de la presente acción penal es necesario que transcurran treinta años computados desde la fecha en que se produjo el evento criminoso, resulta de aplicación el artículo ochenta y uno del Código Penal, por el cual el plazo de prescripción se reduce a la mitad, es decir, a quince años, el mismo que a la fecha ha vencido en exceso, en consecuencia la potestad persecutoria feneció por el transcurso del tiempo. De esta resolución podemos advertir claramente la posición que asumió la Sala Penal Permanente respecto a la operancia del efecto que legalmente generaba la declaración de contumacia. Recordemos que la Ley N.º 26641, interpretada por la jurisprudencia constitucional, dispuso la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción a partir de la configuración de esta circunstancia, sin fijar que éste pudiera ser discrecionalmente dispuesto por el órgano judicial. Sin embargo, conforme podemos claramente identificar, el supremo tribunal convalidó la inaplicación de la referida ley en tanto el órgano inferior no mencionó expresamente la efectivización de la suspensión. Fuera del debate, que posteriormente sería zanjado, respecto a la nula necesidad del señalamiento explícito del efecto, lo cierto es que la Sala Penal Permanente avaló su inaplicación y, por ende, computó el plazo de prescripción extraordinaria desde la fecha de comisión del delito hasta cumplidoslosquinceañosfijados,atendiendoa su edad (responsabilidad restringida). Esto es, sin ninguna sustracción aritmética por la suspensión de plazos prescriptorios legalmente instituida. Aunque la inaplicación de la disposición legal (Ley N.º 26641) resultó de convalidar un criterio que posteriormente fue corregido, en tanto la norma no habilitaba la generación del efecto de la contumacia de forma discrecional, lo cierto es que los referidos magistrados asumieron completamente la posibilidad de no suspender Diego A. Noronha Val 52 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 los plazos de prescripción por la declaratoria de contumacia. En un segundo episodio, la misma Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, estableció en el fundamento cuarto del Recurso deNulidadN.°658-2014/Junín,del20deabril de 2015, ponencia del juez supremo Neyra Flores, conformando colegiado esta vez con sus pares Villa Stein, Rodríguez Tineo, Pariona PastranayLoliBonilla,losiguiente: CUARTO. Al respecto, cabe indicar que la declaración de contumacia, por su propia naturaleza, tiene como efecto la suspensión de pleno derecho de la prescripción de la acción penal, desde el momento en que se declaró contumaz al acusado hasta que se ponga a derecho, plazo que deberádescontarsealtiempotranscurridodesdela fecha de la comisión del delito. (...). Este mismo argumento es replicado por el mismo órgano judicial en el fundamento quinto del Recurso de Nulidad N.º 977-2015/Lima, del 31 de mayo de 2016, ponencia del mismo juez supremo Neyra Flores. A través de estas resoluciones,laCorteSupremaperfilólalínea argumentativa respecto al tratamiento de esta causal de suspensión de prescripción de la acción penal, lo que favoreció a la predictibilidad y seguridad jurídica del ordenamiento. Esta misma posición fue asumida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, estableciendo en el Recurso de Nulidad N.° 1945-2014/La Libertad, del 11 de agosto de 2016, ponencia del juez supremo San Martín Castro, conformando colegiado con sus pares Prado Saldarriaga, Salas Arenas, Barrios Alvarado y Príncipe Trujillo, lo siguiente: TERCERO. Que, si bien los autos antes mencionados no dispusieron la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal, es de tener en cuenta lo terminantemente dispuesto por la Ley número 26641, de veintiséis de junio de mil novecientos noventa y seis. Esa Ley estatuye la suspensión de la prescripción, como consecuencia o efecto jurídico necesario de la declaración de contumacia. Se trata de una norma procesal. (...). CUARTO. Que los autos en cuestión se emitieron en agosto de mil novecientos noventa y siete -la ley antes citada y estaba en vigencia-; y mientras no se captura o pongan a derechos los imputados, no corre el plazo prescriptorio, que por ministerio de la ley está suspendido. La suspensión es una consecuencia necesaria, no discrecional del juez, por tanto, que el juez no la indique textualmente en laresoluciónjudicial(...)nosignificaquedesdeya el término de la prescripción se interrumpió (…). Son dos los detalles que saltan a la vista de estos fundamentos que resultan relevantes para el tema que tratamos. En primer lugar, se advierte una falta de prolijidad en el lenguaje utilizado por el juez ponente al referirse al efecto de la declaratoria de contumacia. Se parte por señalar que su efecto, a partir de una interpretación literal de la ley en cuestión (de ahí que utilice la expresión “terminantemente dispuesto” ), es el de la suspensión, para que, en la parte in fine del fundamento cuarto, se haga referencia a la interrupción de la prescripción. Si bien no resulta determinante para generar una variación sustancial en el razonamiento de la decisión, lo cierto es que, precisamente esta falta de pulcritud en los términos, en lo que coadyuvó al debate inicial al que hicimos referencia. En segundo lugar, y lo que resulta realmente nuclear,sepuedeidentificarclaramenteelcriterio interpretativo asumido en este punto histórico porlaCorteSupremarespectoalfindelcómputo de la suspensión de los plazos prescriptorios generados por la declaratoria de contumacia y, por ende, su duración. En este primer momento, se establece que se extienden los efectos de la suspensión durante aquel período en el que el ciudadano imputado se encuentre sustraído del procesamiento hasta su comparecencia a él, sea a través de su captura o de mutuo propio. Es decir, se persistió y mantuvo un criterio formal de duración, sin considerar que dicha circunstancia fáctica podía eventualmente prolongarse por amplios márgenes temporales y generar un debilitamiento del poder de coerción estatal 4 . La pregunta, así, persistía ¿Podía la suspensión extenderse ad infinitum ? Hacia un tercer episodio, esta posición varió, aplicandouncriterioaparentementemásadecuado a la Constitución. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema estableció en el fundamento vigésimodelRecursodeNulidadN.°1835-2015/ Lima, del 07 de diciembre de 2016, lo siguiente: 20. En consecuencia, el plazo razonable para la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal seguida contra un procesado contumaz, en los procesos complejos, en aplicación de la Ley 26641, debe ser 6 años o 72 meses, que se computará a partir de la fecha en que se lo declara reo contumaz; y una vez vencido el mismo, comenzará a correr nuevamente el plazo extraordinario de prescripción, 4 El Tribunal Constitucional, ha señalado que la prescripción, “desde la óptica penal, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado al ius puniendi, bajo el supuesto de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción existiendo apenas memoria social sobre ella”. Criterio uniforme, contenido en las sentencias recaídas en los expedientes N.° 1805-2005-HC/TC Lima, N.° 02407-2011-PHC/TC Lima, N.° 03116-2012-PHC/TC Lima, N.° 02428-2015-PHC/TC Callao, N.° 00214-2016-PHC/TC Lima Norte, N.° 00051-2020-PHC/TC Lima Este, entre otras. C ontumaCia y extradiCión Como obstáCulos para el Cómputo del plazo de presCripCión de la aCCión en el Código penal peruano C ontumaCy and extradition as obstaCles to the CalCulation of the limitation period of the aCtion in the peruvian Criminal Code 53 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 conformealartículo83°,infine,delcódigopenal, por lo que debe revocarse la resolución impugnada, fijándoseunplazomenoralaestablecidaporlaSala Superior. Por mayoría 5 , el supremo colegiado estableció taxativamente, a partir de una aparente interpretaciónsistemáticadelaLeyN.°26641,que el plazo razonable de cómputo de la suspensión del ejercicio de la acción penal producto de la declaratoria de contumacia correspondía a 6 años. Este criterio hacía que cualquier marco temporal de suspensión que lo excediera devenga en contrario al orden jurídico jurisprudencialmente instituido para ese momento. Cumplido dicho tiempo, tal como señaló la ejecutoria, continuaría el cómputo del plazo extraordinario de prescripción con normalidad, al que se le adicionaría el tiempo transcurrido antes de la declaratoria de contumacia. Lodispuestoporlasalasupremafijóunlímite, ya no solo formal o meramente conceptual, sino estrictamente determinado. Como señaló ésta misma en el fundamento 19 de su Ejecutoria, irrelevante sería el motivo por el que el encausado se encuentre sustraído de la justicia 6 , computándoseelplazodesuspensiónsoloporel marco temporal propuesto. Ello, evidentemente, tuvo un efecto bastante más favorable al imputado, conteniendo 7 en mayor medida el poder punitivo del Estado y brindándole al ciudadano seguridad plena sobre los plazos con los que la gran corporación estatal disponía para la persecución del delito. La posibilidad deunasuspensióndelaprescripciónindefinida o extendida ad infinitum, se anuló para aquel momento. Posterior a ello, nuevamente la Sala Penal Permanente, mediante una ponencia del juez Neyra Flores, contenida en el Recurso de NulidadN.°2694-2017/Tacna,del15demarzo de 2018, se reitera el criterio sostenido por este mismo, conforme consta del segundo párrafo de su fundamento octavo. Del mismo modo, la ponencia del juez Príncipe Trujillo, contenida en elRecursodeNulidadN.°1176-2017/Puno,del 5 Decisión asumida por los jueces Supremos Villa Stein, Rodríguez Tineo, Pariona Pastrana e Hinostroza Pariachi, siendo este último, ponente. El Juez Supremo Príncipe Trujillo, dejó constancia de su voto discordante. 6 El maestro Luis E. Roy Freyre (1998) señalaba que “es un principio propio del Derecho natural reconocerle a la persona que se sabe perseguida por la justicia, la posibilidad de eludir su detención y juzgamiento valiéndose de un medio tan elemental y a su alcance como es el sustraerse de la acción de la justicia” (p. 106-107) 7 Hay que tener en cuenta que el Derecho Penal se concibe como una contención al poder punitivo del Estado, más no como un elemento legitimador de concepciones ideológicas. 22 de octubre de 2018, asume dicha misma lógica, realizando la sustracción del tiempo propio de la suspensión por la declaratoria de contumacia en el caso concreto, desde el momento en que se definió su situación jurídica como tal, hasta aquel otro en que fue capturado. Esto supuso el retorno a lo que, hasta aquel momento, supuso un tratamiento mayoritario. Ello siguió manifestándose así mediante el Recurso de Nulidad N.° 1678-2018/Madre de Dios, del 7 de mayo de 2019, emitido también por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema compuesta por los jueces San Martín Castro, Figueroa Navarro, Príncipe Trujillo, Sequeiros VargasyChávezMella,seestableció: CUARTO. (...) Luego, por imperio de la declaración de contumacia, conforme al artículo 1 de la Ley 26641, de veintiséis de junio de mil novecientos noventa y seis, desde el veintiocho de abril de dos mil cuatro se suspendió el plazo de prescripción, el cual se reanudó luego de doce años, atento a la línea jurisprudencial sancionada por este Tribunal Supremo, el día veintiocho de abril de dos mil dieciséis, y desde esta fecha a la actualidad, sumando los dos años transcurridos antes de la suspensión, no ha transcurrido el plazo de doce años exigible (artículos 80 y 83 del Código Penal). La citada ejecutoria hace referencia a la existenciadeunalíneajurisprudencialfijadapor la Corte Suprema. La ponencia del juez supremo San Martín Castro sigue la lógica que éste mismo expresó y desarrolló en el pronunciamiento que comentamos inicialmente (Recurso de Nulidad N.° 1945-2014/La Libertad), y la atribuye como una línea consolidada. Sin embargo, lo afirmadonosólonosecondiceconeldesarrollo jurisprudencial histórico que se ha puesto de manifiesto, sino que tampoco responde a una línea pacífica en la propia Sala Penal Permanente, órgano en el que también se emitió el Recurso de Nulidad N.° 1835-2015/Lima, con un razonamiento disímil. Ciertamente, como se ha mencionado, podemos entender esta posicióncomomayoritaria,másnoconsolidada concluyentemente. El apartamiento de dicho criterio, incluso, exigía una motivación reforzada, aun cuando éste último no constituyera doctrina jurisprudencial. Lo cierto es que, frente a la existencia de criterios diversos en la jurisprudencia de un órgano jurisdiccional, se debe definir los motivos por los que se aplica uno y otro para tal o cual caso concreto, situación que no se configuró en este cuarto episodio. En tal sentido,noconsideramosprecisalaafirmación del juez Supremo en su ponencia, en la medida Diego A. Noronha Val 54 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 que, hasta aquel momento, la heterogeneidad en los pronunciamientos imperaba. Lógicamente, ello no abundaba a la seguridad jurídica, ya que permitía a los órganos inferiores alrededor del país decidir sin uniformidad y bajo un tratamiento, por tanto, desigual. La incertidumbre y heterogeneidad en la jurisprudencia, sin embargo, se intensificó con lo resuelto en el Recurso de Nulidad N.° 1666-2019/Lima, del 27 de julio de 2020, también emitido por la Sala Penal Permanente de la Suprema Corte. La denominada doctrina “Schutz Landázuri”, más bien, se afianzó con esta decisión de los jueces San Martín Castro, Figueroa Navarro, Castañeda Espinoza, SequeirosVargas(ponente)yCoaguilaChávez, quienes aplicaron expresamente dicha lógica: 6.12. De esta manera, atendiendo a que los hechos ocurrieron el quince de junio de dos mil tres y el diez de agosto de dos mil cinco se suspendió el plazo de prescripción en aplicación de la Ejecutoria Suprema recaída en el Recurso de Nulidad número 1835-2015/Lima [del siete de diciembre de dos mil dieciséis] invocada por la defensa, el plazo de prescripción no es ilimitado, sino que debe ser razonable, esto es, de seis años. Entonces, hasta allí transcurrieron dos años, un mes y veinticinco días, cuando se suspenden los plazos. Y, aplicando el plazo razonable de prescripción - seis años -, este venció el diez de agosto de dos mil once, fecha en la que se continúa computando el plazo de prescripción (extraordinario), que es de quince años. En consecuencia, hasta el momento solo han transcurrido de tal plazo once años, un mes y ocho días, por lo que aún no opera la prescripción de la acción penal en contra de la citada acusada. Lo primero que salta a la vista, como se puede fácilmente advertir, es que nos encontramos frenteaunaEjecutoriacondecisiónunánime.En segundolugar,yconsideramosnosotroslomás resaltante, es que particularmente este colegiado fue integrado por tres de los magistrados que en elRecursodeNulidadN.°1678-2018/Madrede Dios asumieron una posición tangencialmente disímil. Hablamos de los jueces supremos San Martín Castro, Figueroa Navarro y Sequeiros Vargas, éste último en su calidad de ponente. No solo resulta manifiestamente incongruente que éstos tres jueces hayan suscrito esta nueva ejecutoria con un criterio inicialmente negado (o, cuando menos, no aceptado expresamente) por éstos mismos, sino que resulta una vulneración reiterada y evidente al principio de seguridad jurídica. Cada vez que resoluciones contradictorias, suscritas por la misma conformación de jueces, son emitidas, se genera un grave quebrantamiento a la predictibilidad del sistema jurídico, en la que el ciudadano imputado se presenta como principal afectado. Luego de ello, la misma Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, manteniendo su conformación por los jueces San Martín Castro (ponente), Figueroa Navarro y Sequeiros Vargas, en compañía delosjuecesCoaguilaChávezyCarbajalChávez, emiten el Recurso de Nulidad N.° 2298-2019/ Lambayeque, en cuyo fundamento sexto precisó: SEXTO. Que es de precisar que la Ley 26696 no dispone un plazo de suspensión indeterminado, sino que lo condiciona a la puesta a derecho del contumaz -ese es el término final de carácter objetivo o dies a quem-. Empero, el plazo concreto -según dure el ocultamiento del imputado rebelde o contumaz- se ha de modular en aplicación del principio de proporcionalidad y sobre la base de la ponderación concreta entre el derecho a un plazo razonable (...)”. ∞ En tal virtud, si el delito no es grave y si a la demora de la causa contribuyó concurrentemente la conducta negligente del órgano jurisdiccional es posible entender, por razones de necesidad de pena por la antigüedad del delito -que es el fundamento de la institución de la prescripción (criterio material)-, que ya no sería razonable el mantenimiento del proceso y, por ende, por un dilatado transcurso del tiempo ya no resultaría compatible con las bases del sistema penal la imposición de una sanción penal al responsable. (...). A través de esta ejecutoria, esta misma sala varía nuevamente su criterio y retorna al que el juez San Martín Castro planteó inicialmente, dejando expresamente consignado que el plazo de suspensión por declaratoria de contumacia noesindeterminado,sinoquesufinestásujeto al tiempo en que el imputado se encuentre oculto. Lo problemático, sin embargo, seguía siendo aquellos casos en los que la sustracción del procesamiento se extendía ampliamente en el tiempo, como parte del ejercicio natural a la libertad que le alcanza a todos los seres humanos. A ello, la ejecutoria ofrece una solución: Ya no sería razonable el mantenimiento del proceso, aun cuando el imputado se encuentre en situación de rebeldía, cuando el delito en trámite no sea grave, y concurra una conducta negligente por parte del órgano judicial. Esto último que menciona la ejecutoria resulta de especial relevancia porque habilita la posibilidad, incluso, que, de cumplirse el supuesto de hecho anotado (delito leve y conducta negligente del aparato judicial), opere la prescripción por cuestiones de necesidad de la pena. ¿Deberíamos entender que ello tendría que aplicarse sin importar el tiempo de sustracción transcurrido? C ontumaCia y extradiCión Como obstáCulos para el Cómputo del plazo de presCripCión de la aCCión en el Código penal peruano C ontumaCy and extradition as obstaCles to the CalCulation of the limitation period of the aCtion in the peruvian Criminal Code 55 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 No se desprende con claridad de la ponencia. No obstante, ello resulta un criterio que sugiere un alto grado de discrecionalidad judicial, que, si bien podría ser objeto de control a través de los mecanismos impugnatorios, respondería a una gran carga ideológica que podría desnaturalizar elsentidodeladecisiónylosfinesdelderecho penal para determinados casos, sobre todo, los de contenido político. La complejidad del caso podría definirse, en ese sentido, según los intereses político criminales asumidos por los juzgadores, sin atender a un criterio objetivo. Lo paradójico de esta resolución, sin embargo, no recae en que insiste en mantener un estado de vaivén jurisprudencial generador de plena inseguridad jurídica en el ordenamiento, sino que aquí sí cumple el colegiado con motivar, en eltercerpárrafodelmismofundamentosexto,el apartamientodeladoctrina“SchutzLandázuri”,a la que sí se adhirió expresamente en la Ejecutoria anteriormente abordada (N.° 1666-2019/Lima). Al respecto, precisó que: SEXTO. (...) ∞ Es relevante hacer mención a la Ejecutoria Suprema 1835-2015/Lima, de siete de diciembre de dos mil dieciséis, ponente Hinostroza Pariachi, que invocando la doctrina constitucional antes citadafijóelplazodesuspensiónporcontumacia para delitos graves en seis años tomando como referencia el plazo máximo de detención (...). Esta decisión, empero, no puede seguirse, primero, porque no es compatible con la doctrina constitucionalquefijacriteriosvariablesenfunción de coordenadas predeterminadas (complejidad del asunto, actividad procesal del interesado y conducta del órgano jurisdiccional) -no se trata de fijar criterios únicos y plazos específicos que por lo demás corresponde al legislador-; y, segundo, porque la norma de referencia (de la prisión preventiva) no es homologable con el plazo de suspensión de la causa (...). Es posible rescatar de la resolución que esta haya cumplido con argumentar y sostener los motivos por los que consideró válido el apartamiento del precedente de su propia sala. Sin embargo, a través de ella se intensifica el trato desigual a los ciudadanos. De haber sido un colegiado con integrantes íntegramente distintos, como no es el caso, quizás, la situación no resultaría tan problemática. Hacia un quinto momento, el Recurso de Nulidad N.° 944-2019/Apurímac, emitido por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema 8 , ponencia 8 Decisión unánime asumida por los jueces Supremos Brousset Salas, Castañeda Otsu (ponente), Pacheco Huancas, Guerrero López y Bermejo Ríos. de la magistrada Castañeda Otsu (ponente), somete a debate y consideración las dos posiciones, hasta ese entonces, preponderantes sobre la materia, planteando una tercera a partir de una interpretación de la ya comentada Ejecutoria N.° 2298-2019/Lambayeque. Precisamente, en los fundamentos destacados se señala: DECIMOPRIMERO. (...) Lo que procede determinar es si el tiempo que suspendió era razonable o no, pues no puede ser indefinido. Para esto, jurisprudencialmente se estableció en los recursos de nulidad números 1835-2015/Lima y 1666-2019/Lima que el plazo máximorazonabledesuspensiónporcontumacia es de seis años o setenta y dos meses, pues se tuvo comoreferenciaelplazomáximodedetencióny su prolongación para tales casos. Sinembargo,enelRecursodeNulidadN.°2298- 2019/Lambayeque hubo un cambio y apartamiento de los criterios establecidos, por considerarse incompatibles con la doctrina constitucional que ha establecido criterios variables para determinar el plazo razonable en cada caso en concreto, en función a la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta del órgano jurisdiccional. Se señaló que no era posible este criterioúnicoyplazoespecíficoparalasuspensión por contumacia, pues dicha potestad sólo correspondía al legislador. (...) Así, se estableció que, en estricto, el plazo de suspensión se modularía de acuerdo con el principio de proporcionalidad y sobre la ponderación entre el derecho a un plazo razonable y las necesidades de la justicia penal, tutela del bien jurídico protegido, protección de la seguridad ciudadana y lucha contra la impunidad (bienes jurídicos constitucionales de naturaleza material). DECIMOSEGUNDO. Siguiendo esta última línea jurisprudencial, consideramos que el plazo de suspensióndeseisañosfijadoporlaSalaSuperior es proporcional, dado que el delito materia de procesamiento fue el de violación sexual, el cual es un grave y se intensifica aún más cuando es cometido en perjuicio de menores de edad. (...) DECIMOTERCERO. (...) Luego de cumplidos los seis años por la contumacia, los plazos prescriptorios se reanudaron el 26 de agosto de 2014. (...). Esta tercera posición a la que hacemos referencia es especialmente interesante por la interpretación que efectúa de la Ejecutoria N.° 2298-2019/Lambayeque. En efecto, tal como se cita en el tercer párrafo del fundamento destacado decimoprimero, la citada resolución hace referencia a la fijación de un plazo concreto, en función del tiempo de ocultamiento específico del imputado, que Diego A. Noronha Val 56 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 debe modularse conforme a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Es a partir de dicho ejercicio valorativo que, alejándose de lo prescrito en el Recurso de Nulidad N.° 1945-2014/La Libertad, donde se planteó inicial y tajantemente que el plazo de suspensión opera estrictamente en función del tiempo de ocultamiento del imputado (sin importar cuánto fuera), la Sala Transitoria asume la posibilidad de plantear un plazo determinado de suspensión, pero, como se ha señalado anteriormente, bajo un alto grado de discrecionalidad al fijarlo. Precisamente, la ponencia de la juez Castañeda Otsu opta por convalidarlafijacióndelcómputodeseisaños de suspensión del plazo prescriptorio efectuada por la resolución de la Sala Superior, elevada en grado, bajo los criterios apuntados. En un sexto momento, nuevamente la Sala Penal Permanente emite tres resoluciones que ponen nuevamente de relieve el endeble e inseguro sistema jurisprudencial en el país, anulando todo ápicedepredictibilidadsobrela materia.EnlosRecursosdeNulidadN.°951- 2020/CallaoyN.°959/2020/Nacional,ambas del 02 de setiembre de 2021, y el Recurso de NulidadN.°658-202,del08denoviembrede 2021, emitidas por el colegiado compuesto por los jueces supremos San Martín Castro, Sequeiros Vargas, Bermejo Ríos, Coaguila Chávez y Torres Muñoz como ponente, se realiza una interpretación restringida y parcial del contenido de la Ejecutoria N.° 2298- 2019/Lambayeque, precisando expresamente su disentimiento con la doctrina “Schutz Landázuri”, de la Ejecutoria N.° 1835-2015/ Lima.Así,enelprimerpárrafodelfundamento sexto del primer Recurso de Nulidad en mención, se señala 9 : Sexto. El deber de comparecer de todo encausado, da cuenta de la lógica imperativa del proceso penal, pues sin él, naufragaría la naturaleza coercitiva de la justicia, al dejar librada a la discrecionalidad de las partes la posibilidad de concurrir o no a los actos que componen el procedimiento; siendo esto así, no puede ser concebida la evasión del imputado, como propio del derecho de defensa, pues a la actitud afecta la eficacia de la justicia penal (...). Posteriormente, en el segundo párrafo de éste mismo fundamento en la citada ejecutoria, texto 9 Criterio replicado en el segundo párrafo del fundamento sexto del Recurso de Nulidad N.° 2298-2019/Lambayeque, y en el fundamento decimotercero del Recurso de Nulidad N.°959/2020/Nacional replicado en el fundamento decimotercero de la segunda resolución en referencia, se señala: Porlodiscernido;esteSupremoTribunal,ratifica la vigencia del fundamento sexto, contenido en el RecursodeNulidadN.°2998-2019-Lambayeque del veintiuno de enero de dos mil veintiuno, donde en uno de sus extremos, señala: [...] La Ley 26641 no dispone un plazo de suspensión indeterminado, sino que lo condiciona a la puesta a derecho del contumaz - ese es el término final de carácter objetivo o dies a quem -. Empero, el plazo concreto - según dure el ocultamiento del imputado rebelde o contumaz - se ha de modular en aplicación del principio de proporcionalidad y sobre la base de la ponderación concreta entre el derecho a un plazo razonable - que integra la garantía genérica del debido proceso - y las necesidad de la justicia penal, tutela del bien jurídico protegido por la norma penal, protección de la seguridad ciudadana y lucha contra la impunidad - bienes jurídicos constitucionales de naturaleza material [...] En ese sentido, disentimos una vez más con el R.N.N.°1835.2015-Lima,delsietedediciembre de dos mil dieciséis (ponente Hinostroza Pariachi) que por mayoría establece como plazo razonable de suspensión de la prescripción ante contumaces, el de setenta y dos meses, es decir seis años (artículo 137 del Código Procesal Penal de mil novecientos noventa y uno), tomando comoreferenteelplazomáximodeladetención, entre otros particulares argumentos En los tres casos, los últimos fundamentos de cada una de las ejecutorias concluyen en que la suspensión del plazo de prescripción venceráenelmomentoenquelosimputadosse pongan a disposición del órgano jurisdiccional voluntariamente o por medio de la autoridad judicial. Sobre estas ejecutorias, son varios los detalles a señalar. Lo primero que advertimos es que las tres obtienen un criterio de aplicación a partir de la interpretación del Recurso de Nulidad N.°2998-2019/Lambayeque,talcomosehizoel RecursodeNulidadN.°944-2019/Apurímac.Lo curioso, cuando menos, es que, a partir del mismo antecedente jurisprudencial, las ejecutorias concluyen en criterios distintos. La ponencia de la juez Castañeda Otsu asumió, a partir de una interpretación integral del texto jurisprudencial, que el plazo concreto de suspensión, que ciertamente parte del tiempo que la persona lleva oculto, debe ser modulado conforme al principio de proporcionalidad y razonabilidad. Por otro lado, la juez Torre Muñoz entendió, bajo una C ontumaCia y extradiCión Como obstáCulos para el Cómputo del plazo de presCripCión de la aCCión en el Código penal peruano C ontumaCy and extradition as obstaCles to the CalCulation of the limitation period of the aCtion in the peruvian Criminal Code 57 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 lectura parcial del mismo, que la suspensión de la prescripción se entiende por computada durante todo aquel tiempo en que el imputado se encuentre sustraído de la acción judicial. Así, si se interpretó la misma ejecutoria como base, y se llegó a dos criterios interpretativos distintos, ¿Cuálusamos? Lo segundo, precisamente, viene por la inobservancia, en ambas ejecutorias, de lo señalado en el Recurso de Nulidad N.° 944- 2019/Apurímac, que abordó ese mismo tema, dos meses antes en el mismo año. Lo que describimos demuestra un claro problema de sistematización de la Corte Suprema, en la que se obtienen sentencias que tienen como base interpretativa el mismo instrumento jurisprudencial, pero de las que se obtienen como conclusión criterios disímiles que mantienen e insisten en la inseguridad jurídica. Esta, más bien, se adecúa en mayor medida al criterio inicialmenteplanteadoenlaEjecutoriaN.°1945- 2014/La Libertad, ponencia del juez San Martín Castro, que no ofrecía ningún criterio valorativo, como sí lo hace en su ponencia de la Ejecutoria 2998-2019/Lambayeque, para modular el plazo de suspensión de la prescripción. Lo establecido en las ponencias de la juez Torres Muñoz,además,ponderalaaplicaciónefectivade la suspensión de la prescripción por declaratoria de contumacia en consonancia con el derecho al plazo razonable. Para determinar si es aplicable o no el cómputo de la suspensión del plazo de prescripción, construye la argumentación según lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en lasentenciarecaídaenelexpedienteN.°1388- 2010-PHC/TC Pasco, en cuyo fundamento 15 se precisa que “la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal para los reos contumaces, sólo puede ser de aplicación en caso la misma no resuelve vulneratoria del derecho al plazorazonabledelproceso” 10 , posición asumida unificadamenteporéstemáximointérprete 11 . Pero, lo que más resalta en sentido práctico es que,unavezmás,losjuecesSanMartínCastro y Sequeiros Vargas, como integrantes de la Sala Penal Permanente, varían su criterio. En estas sentencias, es tajante el criterio en cuanto a que el tiempo de ocultamiento de contumaz 10 Los componentes del derecho al plazo razonable fueron desarrollados por primera vez en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N.° 2915-2004-HC/TC Lima, emblemático caso Federico Tiberio Berrocal Prudencio. 11 Sentencias recaídas en los expedientes N.°4959-2008-PHC/ TC Lima, N.° 01279-2010-PHC/TC Lima, 03711-2011-PHC/ TC Callao, N.° 01558-2018-PHC/TC, entre otros. se contabiliza íntegramente, mientras que en la Ejecutoria 2998-2019/Lambayeque, última suscrita por ambos sobre la materia, el criterio de fijación del plazo de suspensión concreto resultaba mucho más amplio en virtud de la operancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Es decir, se seguía fracasando en la idea de tener una real línea jurisprudencial o, cuando menos, posiciones predictibles entre salas y magistrados supremos. En un séptimo y más reciente episodio, la Sala Penal Transitoria reaparece en este recuento histórico con dos pronunciamientos que tampoco abundan a consolidar una línea jurisprudencial uniforme. El primero, corresponde al Recurso de Nulidad N.° 972-2021/Cusco, del 08 de marzo de 2022, ponencia de la juez Pacheco Huancas, conformando colegiado con los señores jueces Prado Saldarriaga, Núñez Julca, Brousset Salas y Guerrero López, en cuyos fundamentos 16, 17 y 19, se expresa: 16. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado enelmismosentido,señalandoque“laLeyN.° 26641, que dispone la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal para los reos contumaces, solo puede ser de aplicación en caso la misma no resulta vulneratoria del derecho al plazo razonable del proceso” [STC 4959-2008- PHC/TC, del 1 de agosto de 2009, f.j. 16]. 17. Es así que, en el caso concreto, el delito se trata de violación sexual de menor de edad en grado de tentativa que es sancionado con pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 20 años. En aplicación a las reglas generales de la prescripción, la acción se extinguiría en un plazo igual a 30 años (20 años más 10 que es la mitad); sin embargo, atendiendo a que en el caso concurre la reducción a la mitad del plazo prescriptorio porque el imputado tenía 76 años a la fecha de los hechos (artículo 81 del Código Penal), la acción prescribiría a los 15 años. Este eselplazomáximoqueenestecasodeberíadurar la suspensión de la prescripción por declaratoria de contumacia. (...) 19. Es a partir del 4 de noviembre de 1999 que se debe computar aquel plazo de 15 años como máximoparalasuspensióndelaprescripción,lo que culmina el 3 de noviembre de 2014. A partir del 4 de noviembre de 2014 tendría que retomarse elconteoelplazoprescriptorio”. Esta ejecutoria nos ofrece un razonamiento siguiendo y afianzando el criterio interpretativo delRecursodeNulidadN.°944-2019/Apurímac, en el que la fijación del plazo concreto de suspensión de la prescripción de la acción penal Diego A. Noronha Val 58 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 tiene que ser proporcional y razonablemente establecido. Lo problemático entre ambas resoluciones, sin embargo, es que ambas versan sobre el juzgamiento del mismo delito, esto es, el de violación sexual de menor de edad, y respecto a hechos que circulan entre el año 1997 y 1995, respectivamente. En el primer caso se estableció como razonable la suspensión de la prescripción por 15 años, mientras que, en el segundo, como se ha señalado, se convalidó la suspensión de 6 años fijada por la Sala Superior. Salta a la vista que, además, se haya fijado un plazo de suspensión mayor en el primer caso, cuya imputación respondía a un delito cometido en grado de tentativa y con responsabilidad restringida, mientras que el otro se seguía por hechos cuyas circunstancias resultaban más graves 12 y por un delito consumado. Por tanto, queda claro que, al menos a primera vista, tenemos un trato desigual para casos similares, curiosamente, aplicando un mismo criterio, situación que acentúa el problema. De otro lado, conelRecursodeNulidadN.°1827-2021/Lima, del 18 de octubre del 2022, ponencia del juez supremo Prado Saldarriaga, se asume nuevamente el criterio inicialmente planteado por los jueces Neyra Flores, Príncipe Trujillo y San Martín Castro, estableciendo en su sumilla que: “(...) La declaratoria de contumacia suspende el cómputo del plazo de prescripción. Por consiguiente, el transcurso del tiempo acumulado mientras permanezca dicha condición procesal no surte efectossobrelaprescripción” Lo que primero resulta problemático con esta resolución son los integrantes que conforman el colegiado. Al ponente lo acompañan los jueces BroussetSalas,CastañedaOtsu,PachecoHuancas y Guerrero López. Es decir, prácticamente los mismos magistrados que emitieron, no solo la sentenciaantesabordada(RecursodeNulidadN.° 972-2021/Cusco),sinotambiénlaEjecutoriaN.° 944-2019/Apurímac, ambas, como ya sabemos que siguen el mismo criterio interpretativo de aplicación. Si ello es así, no resulta congruente que la Sala Suprema Transitoria en su integridad, pero especialmente las juezas Castañeda Otsu y Pacheco Huancas (ponentes de las mencionadas resoluciones), hayan suscrito el criterio esbozado por el juez Prado en su ponencia. Esto, evidentemente, destaca nuevamente la ineficacia delaCorteSupremaenfijarcriteriosdeverdadera uniformidad entre sus magistrados, promoviendo sin lugar a dudas un ambiente de incertidumbre en 12 Ver segundo párrafo del fundamento décimo segundo del Recurso de Nulidad N.° 944-2019/Apurímac. el tratamiento de esta materia. Ello, en la medida en que el ciudadano no tenía mayor opción que esperar, como rueda de la fortuna, qué magistrado resolvería su caso, a efectos de presumir qué criterio utilizaría al respecto. Lamentablemente, esta situación se replica cuando se aborda cualquier otro tema sustantivo y adjetivo. Con todo lo expuesto en esta sección, no cabe duda que el estado de cosas previo a la última modificatoria del artículo 84 del CP era uno oscuro, por la falta de un razonamiento uniforme entre las salas y magistrados. La jurisprudencia penal ordinaria peruana de los últimos 10 años demostrónobrindarseguridadjurídicasuficiente al ciudadano. Aun cuando se pudiera advertir una posición cuantitativamente mayoritaria en el devenir histórico jurisprudencial, los constantes vaivenes fueron superiores. Ello supuso un autosabotaje a la vigencia del ordenamiento jurídico respecto a la materia. Este es uno de los problemas de los que adolece la Corte Suprema peruana, y que se pone de manifiesto en un problema jurídico tan concreto como el que abordamos en esta sección. Sobre el tratamiento de la extradición A diferencia de la declaratoria de contumacia, la suspensión del cómputo de plazos de prescripción por motivos de extradición 13 no fue establecida positivamente en la legislación nacional. Su determinación como causal de tal efecto, sin embargo, fue consolidada vía interpretación, materializada en la jurisprudencia peruana sobre la materia. En este punto, es importante reiterar que la suspensión de la prescripción surge frente a la aparición de obstáculos que impiden el inicio o continuación del procesamiento penal. Como regla general, tal como se ha precisado, la existencia del obstáculo determina el tiempo de duración de la suspensión, como efecto sine qua non . Sin embargo, nuevamente como idea abstracta, dicho efecto no podrá extenderse más allá de lo estrictamente razonable para cada caso en concreto. 13 Víctor Prado Saldarriaga (2006), señala que la extradición es “el procedimiento de cooperación judicial internacional en materia penal de mayor tradición histórica” (p. 95); Asimismo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente N.° 3966- 2004-HC/TC, caso Enrique José Benavides Morales, precisa en su fundamento 9, que “la extradición es un procedimiento mediante el cual un Estado es requerido para que haga entrega de un individuo que se encuentra dentro de su territorio y que tiene la condición de procesado o condenado por un delito común, por otro Estado requirente o solicitante, en virtud de un tratado o, a falta de éste, por aplicación del principio de reciprocidad, para que sea puesto a disposición de la autoridad judicial competente y se le enjuicie penalmente o para que cumpla y se ejecute la pena impuesta, (…)”, concepto al que se adhirió la Corte Suprema, en la Extradición Pasiva N.° 09-2021/Lima Norte. C ontumaCia y extradiCión Como obstáCulos para el Cómputo del plazo de presCripCión de la aCCión en el Código penal peruano C ontumaCy and extradition as obstaCles to the CalCulation of the limitation period of the aCtion in the peruvian Criminal Code 59 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 La doctrina entiende que la suspensión de la prescripción surge por causas personales y materiales 14 .Lasprimerasestánreferidasatodas aquellas situaciones impeditivas inherentes a la condición específica del sujeto activo o perseguido, generadas en virtud de la existencia concretadeunvínculodecarácterinstitucional. Las segundas, reúnen a todas aquellas circunstancias jurídicas ajenas al proceso penal de necesaria dilucidación ex ante. Por otro lado, la jurisprudencia penal ha distinguido dos clases de suspensión del cómputo de los plazos prescriptorios, conforme a su materialización. Al respecto, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en la Resolución consultiva que contieneeltrámitedelaExtradiciónPasivaN.° 42-2012/Callao, ha señalado en su fundamento décimo, que: Décimo. Que, aunado a ello, se configuró la suspensión de dichos plazos, de acuerdo con lo previsto en el artículo ochenta y cuatro, del Código Sustantivo. En efecto, la norma incorpora dos formas de suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal. En primer lugar, alude a la suspensión de origen, la cual se configura por imperio legal, directo y absoluto, cuando no es posible el inicio de un proceso penal sin previa autorización específica que regula la Ley, por ejemplo, la inmunidad parlamentaria. Y, en segundolugar,serefieretambiénalasuspensión sobreviviente, que es la que tiene lugar en función a una circunstancia posterior a la incoación del proceso penal, pero que impide su prosecución hastaqueelobstáculoproducidoseasuperado . Como mencionamos al inicio, la suspensión surge siempre de circunstancias estrictamente exógenas a la persecución penal, es decir, ajenas procesalmente a esta actividad , pero de íntima relación con el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la misma. Entre éstas, la primera clase de suspensión resulta originaria, en estricto, por su fuente: La ley. Es esta fuente del derecho la que define y determina los mecanismos adjetivos de exigencia compulsoria para la incoación del ulterior procesamiento penal, es decir, aquellos procedimientos de necesario trámite previo, establecidos por la legislación,paraelposteriorimpulsoválidode la acción penal pública. El efecto sobrevenido, por otro lado, resulta de una circunstancia exógena, no necesariamente prevista por la ley, que impide jurídicamente la consecución del procesamiento penal. Precisamente, a partir de lo que inicialmente establecimos en esta sección, la extradición 14 Meini,I;Parma,C.yAmuchástegui,A.;entreotros. se configura como una causal de suspensión sobrevenida, esto es, como un obstáculo que genera la crisis en el procedimiento ex post y no ex ante. El extraditable o extraditurus tiene siempre la condición de procesado 15 , y es su ausencia en el país el obstáculo o situación sobrevenida que impide la debida conformación del procesamiento penal o su continuación. Es a partir de dicha lógica que, realizando una interpretación sistemática del artículo 84 del Código Penal, la Corte Suprema, en el expediente A.V. 09-2004, del 26 de julio de 2006, precisó en su fundamento 7, lo siguiente: [...] es precisar que el citado artículo 84 del Código Penal, no establece que el procedimiento, en el que se resolverá la cuestión jurídica controvertida que incida causalmente en el comienzo o la continuación del proceso penal, debe tener una naturaleza extra penal, civil, contenciosa, administrativa, parlamentaria o constitucional; que en efecto, la disposición sólo estipula que se trate de “otro procesamiento” y sin duda, otro procedimiento es el de extradición, que aun cuando relacionado con el que lo originó, tiene su propio objeto y estatuto jurídico; es, en suma un procedimiento distinto delprocesopenalpropiamentedichoy,además, debe resolverse por una autoridad distinta de la que tiene a cargo la causa; que la presencia del imputado en otro país, y la necesidad de una extradición debidamente instaurada, constituye lo que propiamente es la razón de ser de la suspensión, un obstáculo legal que impide que la acción penal prosiga. Si la presencia de un ciudadano imputado resultaindispensableparaelcorrectotrámite del procedimiento penal, entonces, estamos ante un requisito de procedibilidad cuyo incumplimiento deriva en la imposibilidad de continuar con él. Así, en efecto, las peticiones de extradición tienen como finalidad última la aprehensión del ciudadano sustraído cuya presencia es indispensable para su procesamiento o juzgamiento oportuno. En ese sentido, la extradición no es un mecanismo menor, sino que representa un acto procesal de dirección del procedimiento penal sustancial y consustancial al procedimiento penal, en esencia 16 .Enesemismosentido,ybasándose 15 Al respecto, Chanjan (2012), precisa que “la declaratoria de contumacia constituye un acto procesal necesario para cualquier procedimiento de extradición”, (p. 08). 16 De acuerdo a la doctrina, la suspensión del cómputo de los plazos prescriptorios, a partir de esta causal jurisprudencialmente instituida, se justifica en que “la justicia del país requirente no queda a merced de los plazos y trámites que se pueden dilatar en el país requerido, imposibilitando investigar y en su caso sancionar al imputado del delito por el cual se pide su extradición” (Parma y Amuchástegui, 2019, p. 543). Diego A. Noronha Val 60 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 en la cita anterior, la Sala Penal Transitoria, en la resolución que resuelve la Extradición Pasiva N.° 42-2012/Callao, señala en su fundamento 24, que: 24. Lo expuesto nos lleva a afirmar que en este caso estamos ante un supuesto de suspensión derivada al activarse este proceso de extradición que tiene vinculación directa con el proceso a cargo de la autoridad requirente, pero que por su naturaleza es diferente al proceso penal ante la República Federativa de Rusia. Desde esta perspectiva encuentra una interpretación armónica las disposiciones 80, 83 y 84 del Código Penal, respecto al cómputo de la prescripción en los procesos de extradición. Sobre esta misma materia, la reputada Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Español (TSE), en la STS 7076/2012, conteniendo el Recurso deCasaciónPenalN.°869/2012,ponenciadel Supremo magistrado Juan Saavedra Ruiz, del 24 de octubre de 2012, criterio replicado en la STC 1711/2013, conteniendo el Recurso de CasaciónPenalN.°928/2012,del11deabrilde 2013,señalóenelsextopárrafodelnumeral3 de su fundamento primero, lo siguiente: En suma, debemos entender que la solicitud de extradición cursada por las autoridades españolas en estecasoseajustóalprotocolofijado.Esindudableque una petición de extradición desplazada de acuerdo con el procedimiento exigible (...) constituye una actuación material de dirección del proceso contra el presunto responsable. De ello se sigue la necesaria consecuencia de interrumpir el plazo de prescripción. (...) tal efecto no puedequedarsupeditadoalresultadofinal,favorableo adverso a la extradición, siempre que la solicitud inicial reúna todos los presupuestos materiales necesarios. No sería un criterio ajustado a parámetros de seguridad jurídica aquel que validara una interrupción de los plazos de prescripción del delito o de la pena supeditada a su resultado, siempre que, como decimos, hayan concurrido ab initio los presupuestos que justificaron una fundada petición extradicional . Esta misma línea es asumida legislativamente por Costa Rica, México y Alemania, en cuyas normas penales se encuentra prevista expresamente a la extradición como causa de suspensión del cómputo de la prescripción de la acción penal. A saber: Tabla N.° 1: Legislación de Costa Rica, México y Alemania sobre la extradición como causal de suspensión del cómputo del plazo de prescripción de la acción penal. Costa Rica México Alemania Baselegal:Literald)del artículo 34 del Código ProcesalPenal-LeyN.°7594 Baselegal:Tercerpárrafodelartículo 110 del Código Penal Federal. Baselegal:Artículo78binciso5delCódigoPenal Alemán(StGB) Art. 34.- Suspensión del cómputo de la prescripción El cómputo de la prescripción sesuspenderá: (...) d) Mientras dure, en el extranjero,eltrámitede extradición. Art. 110.- (...) La prescripción de las acciones se interrumpirátambiénpor(...)las diligencias que se practiquen para obtener la extradición internacional, (...). En el primer caso también causaránlainterrupciónlas actuaciones que practique la autoridad requerida (...) Art. 78b Se suspende el plazo de prescripción: (...) (5) Si el delincuente se encuentra en el extranjero y si la autoridad competente realiza una solicitud formal de extradición a ese estado, el plazo de prescripción se suspendeapartirdelmomentoenquesenotificalasolicitud al estado extranjero. 1. Hasta que el delincuente sea entregado a las autoridades alemanas, 2. Hasta que el infractor abandone el territorio del Estado extranjero requerido por otros medios, 3. Hasta que la denegación de la solicitud por parte del estadoextranjeroseanotificadaalasautoridadesalemanas o, 4. Hasta que se retire la solicitud. Nota: Elaboración propia. C ontumaCia y extradiCión Como obstáCulos para el Cómputo del plazo de presCripCión de la aCCión en el Código penal peruano C ontumaCy and extradition as obstaCles to the CalCulation of the limitation period of the aCtion in the peruvian Criminal Code 61 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 Las legislaciones de Costa Rica y México prevén con bastante claridad que el proceso de extradición es una causal de suspensión de la prescripción, sin embargo, no establecen un término expreso de tal efecto. Lo mismo no ocurreenelordenamientojurídicopenalalemán, en el que sí se especifica hasta qué momento surte efectos la suspensión en el cómputo de la prescripción de la acción penal. Aun cuando establecelossupuestosdehechoqueponenfina dicho efecto, no prevé un plazo concreto puntual de duración, lo que deja la posibilidad de que la suspensión se extienda materialmente, esto es, enlarealidad,deformaindefinidao ad infinitum. Lo que sí es unánime en la legislación comparada es que la extradición, entonces, es un mecanismo de especial relevancia en el trámite del procedimiento penal en los casos en los que el ciudadano imputado se sustrae dolosamente de la acción persecutoria, en un país foráneo. Deahíquesejustifiquesudeterminacióncomo causal de suspensión, en la medida en que es un procedimiento ajeno a la actuación del Estado, plenamente atribuible al imputado, y que exige un trámite de carácter supranacional que involucra y afecta a dos Estados a través de la participación activa y efectiva de sus órganos judiciales. No obstante, persiste la duda respecto al plazo concreto de duración de dicho efecto. Precisamente, de la lectura del artículo 84 del CP antes de la modificatoria, “el período de suspensión de la prescripción de la acción penal puede tener una duración prácticamente indefinida” (Pérez, 2021, p. 732), al menos, en sentido literal y estricto. Evidentemente, se entiendequelasuspensiónduraráeltiempoque la petición extradicional demore en resolverse, sea favorable o desfavorable a los intereses del Estado. Esto se obtiene, incluso, del abordaje de la legislación comparada que apuntamos. Sin embargo, persistimos en preguntarnos, ¿Qué ocurre con las extradiciones tramitadas por cuantiosos años? El estado de cosas posterior De la misma forma en que la inoperancia estatal no tendría que ser una carga asumida por el ciudadano, el incumplimiento doloso de la obligación de comparecencia de este último no tendría que ser sumisamente asumida por este aparato corporativo estatal. Aun cuando la protección de la libertad sea un hecho natural, incluso a través de la sustracción de la actividad coercitivadelEstado,estasóloresultarálegítima frente a su violación o amenaza cierta e inminente. Para esta situación es que, precisamente, la Constitución habilita la garantía del habeas corpus para su protección. En tal sentido, la sola incoación del proceso penal, como mecanismo desolucióndeconflictossocialesyexpresiónde la jurisdicción 17 , no puede ser entendida como una violación o amenaza que pudiera justificar legítimamente el rehusamiento a participar en él. Es por dicho motivo que no es razonable entender que la evasión dolosa del proceso pudiera resultar, de algún modo, beneficiosa para aquel cuya conducta obstruye o estorba el desarrollo de la función jurisdiccional. La ausencia del imputado en el proceso penal genera un estado de incertidumbre en éste porqueimpidelaconsecucióndesusfinesysu prosecución material. Es por ello que el efecto natural de su manifestación es la suspensión del plazo que la ley le otorga al Estado para ejercer tutela sobre situaciones jurídico penalmente controvertidas, que no es otra cosa que el plazo prescriptorio de la acción penal. Precisamente, PérezLópez(2021),citandoaBinder,señalaque (…) no deben ser considerados precisamente como actos interruptivos de la prescripción aquellos que implican impulsar de manera real y eficazelprocedimientoporpartedelosórganos o de la persona que tienen la facultad de hacerlo, sino que sólo es admisible una superación de los términos precisos cuando una condición externa a la actividad del Estado le genera una imposibilidad absoluta de ejercer el poder penal o la persecución, tal como sería el caso de la fuga del procesado, siempre que exista la garantía propia del Estado de derecho que imposibilita realizar juicios en ausencia(p. 726). Sin embargo, aun cuando se acepte razonablemente ello,lapreguntaquesiemprepersistirá,es¿Cuánto tiempo? ¿La negligente conducta del imputado, aunque reprochable moralmente, merece ser indefinidaenunmundoconstitucionalizado?Esta preocupación es compartida por el Juez Supremo BroussetSalas(2015),quienexpresaque: El art. 84 del Código Penal prevé la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal, en los casos que el comienzo o la continuación del proceso penal dependa de cualquiera cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, en cuyo caso se suspende en el tiempo el plazo prescriptorio, hasta que dicho proceso quede concluido - la suspensión aplica en caso de declararse fundada una cuestión prejudicial o instarse un proceso de extradición -; asimismo se acordó la suspensión del plazo prescriptorio 17 Poder-deber del Estado de administrar justicia. Diego A. Noronha Val 62 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 como consecuencia de la declaración de contumacia, cabe precisar que en este supuesto debe establecerse un plazo razonable de cese de la suspensión, como condición para considerarla compatible con la Constitución(p. 222). La modificatoria del artículo 84 del CP, finalmente, atiende a dicha necesidad. En el nuevosegundopárrafodelanorma,ellegislador propone dos supuestos de hecho que determinan el plazo concreto de suspensión del cómputo de la prescripción de la acción penal. Primero, se establece que la suspensión no puede extenderse másalládeltiempoprevistopara:i)Lasetapas del proceso penal o ii) Otros procedimientos. El plazo concreto de acuerdo a este primer extremo, por tanto, exige la determinación previa del marco de duración de las etapas previstas para el proceso penal - común o especial en el caso del Código Procesal Penal de 2004, u ordinario o sumario en el caso del Código de Procedimientos Penales de 1940, o el procedimiento extrapenal deespecíficotrámite. Si bien esta primera cláusula determinaría que el cómputo de la suspensión resultaría variable según cada caso en concreto, dependiendo de la causaespecíficadesuspensión(procesopenalo procedimiento extrapenal), el segundo extremo de la modificatoria establece una cláusula equiparadora: En ningún caso dicha suspensión será mayor a un año. Sea cual sea la causal de suspensión,sinimportarsunaturalezaespecífica, ninguna de ellas habilitará la posibilidad de extender el cómputo de dicha institución por encima del año. Esta nueva redacción se asemeja a aquella del artículo 83 del CP, en tanto éste reconoceunareglaespecífica(interrupcióndela prescripciónporactosfiscalesojudiciales),ala que se le agrega una regla equiparadora señalando que, en todo caso, la acción penal prescribe con el cómputo del plazo extraordinario (el plazo ordinariomáslamitad). La redacción del nuevo precepto normativo del artículo 84 del CP sugiere, como se explicó, que ninguna causal de suspensión puede computarse por un período mayor al año. La frase “en ningún caso”, interpretada desde la estricta literalidad del principio de legalidad, incluye a todas las causales legales y jurisprudencialmente previstas de suspensión de la prescripción de la acción penal, entre ellas, la declaratoria de contumacia y los procesos de extradición. Esto quiere decir que, sea cual sea el tiempo que el imputado se encuentre en rebeldía y, del mismo modo, que demore el procedimiento extradicional, en ninguno de esos casos el cómputo suspensivo puede sobrepasar el año previsto en la norma. Es asíque,culminadoéste,sevolveráacontabilizar el plazo de prescripción extraordinaria, conforme a ley. Elescenarioactual,atravésdelquesefijaun plazo concreto de suspensión de la prescripción de la acción penal, resulta, evidentemente, másbeneficiosoparaelimputadorebelde.En tal sentido, teniendo especial consideración la multiplicidad de casos cuyos trámites vienen suspendidos, producto precisamente, de declaratorias de contumacia o procesos de extradición inconclusos hasta la actualidad, cabe preguntarnos, ¿Esta nueva norma les alcanza? Aplicación retroactiva de la ley penal La ley penal se aplica, como regla general, desde el momento en que ésta entra en vigencia a través de su publicación y efectiva comunicación a los ciudadanos.Tiene,portanto,efectosdecarácter inmediato en el ordenamiento jurídico. Esto se manifiesta, evidentemente, en un deber del Estado de precisar el contenido de las conductas materialmente prohibidas, cuyo conocimiento previo por los ciudadanos les permita organizar adecuadamente sus competencias, conforme a sus propias expectativas. La adecuación de las conductas personales a dichos conceptos será, por tanto, expresión del ejercicio responsable de la autonomía y libertad del ser humano civilizado. Esto hace que la atribución de responsabilidad penal por un hecho cuya delictuosidad se desconoce no sea posible. Así, la norma penal no podrá aplicarse retroactivamente, como consecuencia inevitable del principio de seguridad jurídica, que incide en su función motivadora y de prevención (Caro y Reyna, 2023, p. 132). Frente a dicha regla general, existe una excepción. Es posible aplicar la ley penal de forma retroactiva siempre que su aplicación al casoconcretofueramásfavorablealciudadano imputado. No solo es un mandato expreso de la Constitución peruana (Villavicencio, 2019, p. 91), sino que es una “exigencia de justicia derivada del principio de proporcionalidad” (Lascuraín, 2017, p. 369). Dicha favorabilidad será determinada según los intereses del procesado al momento de juzgamiento del hecho, lo que supone un ejercicio valorativo a partir del específico cambio normativo suscitado en el tiempo. En la medida en que la nueva norma resulte más eficiente para resolverelconflictodeintereses,materialmente C ontumaCia y extradiCión Como obstáCulos para el Cómputo del plazo de presCripCión de la aCCión en el Código penal peruano C ontumaCy and extradition as obstaCles to the CalCulation of the limitation period of the aCtion in the peruvian Criminal Code 63 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 producido en el pasado, en favor del imputado, seráesalaquedeberáoperarporsobreaquella que se encontró en vigencia al momento de dicha manifestación fenomenológica. De ahí que Mir Puig (2011) señala que “(...) resultaría inadmisible seguir aplicando la ley anterior másfavorableparaelreocuanto,yaderogada, ha dejado de considerarse necesaria para la proteccióndelasociedad”(p.107). Sucede que el legislador se encuentra en una actividad valorativa constante de la realidad. Las normas penales que éste produce surgen en virtud de una visión jurídico penal determinada de la sociedad, a partir del cual se proponen soluciones que atienden a necesidades históricas específicas. Es así que las modificaciones normativas se expresan frente a la consolidación de una auténtica manifestación del cambio de visión sobre el tratamiento del factor jurídico social penalmente relevante a regular. En aquelloscasosenlosqueellegisladoridentifica que una disposición penal se torna ineficiente para resolver una determinada cuestión social porinnecesariaoexcesiva,éstepodrásustraerla del orden jurídico establecido para emitir una nueva que responda a la estricta necesidad del nuevo momento. Es bajo tal contexto que la leyactualmásfavorableseimponefrenteala anteriormásgravosa.“Locontrariosignificaría dejar de tener en cuenta las razones que han motivado el cambio de valoración, juzgando y castigando al sujeto que actuó bajo la vigencia de la ley anterior conforme a unos parámetros que han dejado de considerarse apropiados” (Maraver, 2019, p. 119). En ese orden, como señala Lascurraín (2017), “habrá que aplicar retroactivamente la nueva norma cuando la solución alternativa, la aplicación de la anterior, serevelecomounasolucióndesproporcionada” (p. 376). Ahora bien, la regla de la benignidad no está restringidamente pensada para aquellos casos en los que una conducta es desincriminizada o la pena abstracta se ve reducida. Si bien son las muestras más tangibles de adecuación al principio de proporcionalidad conforme a la valoración histórica específica del legislador, no constituyen los únicos casos en los que la favorabilidad debe operar. Precisamente, Zaffaroni (1998) deja expresa constancia de ello señalando que, En principio, la retroactividad es de la ley penal y debe extenderse a toda disposición penal que desincrimine, que convierte un delito en contravención, que introduzca una nueva causa de justificación,unanuevacausadeinculpabilidadouna causa que impida la operatividad de la punibilidad, es decir, a todo el contenido que hace recaer pena sobre la conducta. En segundo lugar, la mayor benignidad de la ley no la da solamente la pena, sino que hay un gran número de circunstancias que deben tomarse en cuenta en cada caso, como puede ser un menor tiempo de prescripción, una distinta clase de pena, el cumplimiento parcial de la misma, etc. Todo ello determina que la individualización de laleypenalmásbenignadebahacerseencadacaso concreto (...) (p. 464). En ese mismo derrotero, Jakobs (1997) señalaba que “la ley que ha de aplicarse como ley más favorable no es sólo la de determinación del tipo delictivo en la Parte Especial, sino la de la situación jurídica total” (p. 121). La regla de mayor favorabilidad o benignidad de la norma penalnosolosereducealaidentificacióndeltipo penalmásespecíficoydemenorincidenciaenla libertad personal del imputado, sino que exige un análisis global de todo aquello que pudiera afectarlo en mayor medida y que se encuentre referido al ejercicio de la potestad coercitiva estatal en su contra. Es así que, este autor agrega que “la ley más favorable no se determina conforme a la valoración legal general, sino conforme a los efectos sobre el autor en el caso concreto(...)”(Jakobs,1997,p.125).Asimismo, (…)ladeterminacióndelaleymásfavorableha de llevarse a cabo por separado para cada clase de reacción y para cada fase de la determinación, de modo que puede haber que aplicar, en función de cada reacción penal o de la fase de cómputo en cuestión,distintasleyescomoencadacasomás favorables (Jakobs, 1997, p. 126). A pesar que esta regla excepcional podría resultar teórica y conceptualmente sencilla, su aplicación no siempre resulta así. La determinación de la normamásfavorableobenignaexigealórgano jurisdiccional, como puntualiza Frister (2020), “reflexionar acerca de qué consecuencias jurídicas se derivarían, en el caso concreto ” (p. 117). Cuando una conducta se descriminaliza o una pena abstracta reduce sus extremos, la favorabilidad de la nueva situación jurídica y su consecuente operancia excepcional resultará evidente. Sin embargo, cuando estamos frente a normas heterogéneas, el ejercicio se complica. Como método, Jakobs (1997) señalaba que para dicha determinación “hay que comparar la gravedad de las consecuencias del hecho de la ley antigua acumuladas con la ley nueva, tambiénacumuladas”(p.125).Esdichoejercicio analíticoelquesedebeseguirparaidentificarsi estamodificatoriadelartículo84delCPresulta másfavorablealosciudadanos,ono. Diego A. Noronha Val 64 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 La aplicación de este método de ponderación exige, en primer lugar, identificar la naturaleza a la que pertenece la norma objeto de análisis. Ello, porque el principio de retroactividad benigna solamente puede ser aplicada a normas de derecho penal sustantivo y no adjetivo, en tanto éstas últimas se rigen, principalmente, por el principio tempus regit actum, salvo por aquellas leyes penales procesales que regulen la operancia de derechos fundamentales. Es posible aplicarla retroactivamente “si es que ésta ofrececondicionesmás flexibles o beneficiosas para el ejercicio de los derechos individuales del procesado en el proceso penal y siempre que no haya precluido la oportunidad procesal para hacerlo” (García, 2019, p. 165). Precisamente, sobre la necesidad de distinguir la naturaleza de las leyes penales que regulan la prescripción de la acción penal, señala San Martín (1999) lo siguiente: […] la importancia práctica de adscribirse una u otra oposición que su razón de ser en el hecho de la admisión de la retroactividad. Un sector considera que, si se considera la prescripción como una institución material, al concebirse como una cuestión perteneciente a los presupuestos de la penalidad (teorías material y mixta), no es posible aplicar retroactivamente una ley más perjudicial, lo que sí se podría hacer si se asume la concepción procesal. Tal posición, empero, no es correcta, porque aun cuando se considere a la prescripción un impedimento procesal, vinculado a la persecución o al derecho de ejecución penal, en tanto la nueva ley más perjudicial altera el sentido político criminal delprocesoalmodificarlascondicionesdelderecho de penar del Estado y afectar, por ende, el status del imputado y las bases del debido proceso, no se puede aplicar retroactivamente. Rige en estos casos el brocardo tempus comissi delicti y no el tempus regit actum (p. 282) . Laprescripcióndelaacciónpenalvamásalláde lamerafinalidadinstrumentalconlaquealgunos autores justifican su pertenencia al derecho procesal. Esta institución tiene directa relación con la capacidad del Estado de perseguir y de punir, es decir, con el ejercicio de su potestad coercitiva frente a los ciudadanos, situación que la hace indefectiblemente pertenecer al derecho penal sustantivo. Precisamente, el profesor Hurtado Pozo (2005) señala que la prescripción se funda en la “inutilidad de la represión penal cuando ha transcurrido un lapso más o menos largo desde la comisión del delito o la imposición de la sentencia penal” (p. 331). En tal sentido, las instituciones de la suspensión e interrupción de la prescripción de la acción penal surgirían como mecanismos favorecedores al ejercicio del ius puniendi, a través de las que se acepta la posibilidad de la configuración de situaciones no atribuibles al Estado que pudieran restringir indebidamente su acción frente al delito. Esto las hace, por tanto, parte del derecho penal material y no procesal. Aun cuando no son situaciones producidas dolosamenteporelestado,loproblemáticodela suspensión del cómputo del plazo de prescripción de la acción penal es que ella puede prolongarla excesivamente y puede finalmente constituir un arma “para reforzar la represión del Estado y servir de coartada a su ineficacia” (Hurtado, 2005, p. 331). Esto es lo que, en puridad, hace importante la modificatoria del artículo 84 del Código Penal y la hace una norma sustantiva benigna ante el estado de cosas legal anterior. Precisamente, el ya citado Hurtado Pozo (2005) señala con gran sapiencia lo siguiente: (...) resulta contraproducente aceptar un criterio que podría conducir a una continua prolongación de los plazos; es decir la competencia del Estado para castigar. Además, la admisión del criterio propuesto evitaría abandonar en manos del Estado un excesivo poder, lo que debilitaría la seguridad jurídica.Pormásgravequeseaeldelitocometido o más deseada o justificada que sea la represión en determinados casos, no creemos que sea conveniente para la seguridad personal admitir la retroactividad de las nuevas disposiciones concernientes a la prescripción que sean más severas que las anteriores (p. 331). No solo no resulta razonable aplicar las normas posteriores más gravosas que regulan la prescripción de forma retroactiva, sino que todas aquellas que estén dirigidas a limitar el ejercicio del poder coercitivo en favor del ciudadano para evitar la prolongación excesiva del plazo devendrá en aquellas benignas y, por tanto, de aplicación retroactiva. El hecho de que el artículo 84 del Código Penal reconozca en su modificatoriaunplazodeterminadomáximopara la suspensión del plazo de prescripción pone de manifiestoqueelEstadohavaloradolarealidad y ha determinado la inutilidad de la prolongación excesiva producto de la suspensión de la misma. Esto hace que, en definitiva, esta modificatoria resulte la benigna frente a cualquier otra, típica del momento normativo anterior. Contodoloexpuesto,¿Porquélamodificatoria del artículo 84 del Código Penal es más favorable para los ciudadanos? Porque reduce razonablemente el tiempo de incertidumbre, promueve la seguridad jurídica y permite al imputado tener certeza sobre el tiempo por el que se verá suspendido el tiempo que constitucionalmente se le otorga al Estado C ontumaCia y extradiCión Como obstáCulos para el Cómputo del plazo de presCripCión de la aCCión en el Código penal peruano C ontumaCy and extradition as obstaCles to the CalCulation of the limitation period of the aCtion in the peruvian Criminal Code 65 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 para perseguirlo, situación que se condice con el derecho a ser procesado y juzgado en un plazo razonable. Representa un límite al poder punitivo del Estado, que no permitirá que la perseguibilidad se extienda indefinidamente y de forma irrazonable, más aún en los casos en los que el tiempo de sustracción, aun cuando sea dolosa, supere el tiempo de prescripción extraordinaria. Interpretación más favorable al ciudadano (pro homine) Comosehayaidentificado,elsegundopárrafo del artículo 84 del CP modificado tiene dos oraciones. La que genera especial interés, es la segunda,enlamedidaenquerecogeunacláusula abierta que alcanzaría a todas las causas de suspensión del cómputo del plazo prescriptorio de la acción penal, incluyendo a la contumacia y al procedimiento de extradición. Estas eran lasque,enlamayoríadecasosemblemáticos, mantienen en largo suspenso el procesamiento, por lo que el efecto de esta modificación es relevante. No hay forma distinta de entender el vocablo “en ningún caso” excluyendo a alguna de las causas que suspenden el plazo prescriptorio, en tanto el texto normativo, y la ley penal en general, se interpreta conforme al principio pro homine. Este principio se define clásicamentecomoaquel (...) criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a lainterpretaciónmásextensiva,cuandosetratade reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre (Pinto, 1997, p. 163). En efecto, el citado vocablo sólo puede referirse, ampliamente, a absolutamente todas aquellas situaciones que impiden el inicio o continuación del procesamiento penal. Este no podría estar restringido a sólo ciertas causales, primero, por mandato expreso del criterio interpretativo al que hacemos referencia y, segundo, porque el mismo texto de la norma sugiere literalmente que la ningún caso - sobre entendiéndose de suspensión delaprescripción-podráextendersedelmarco temporal específico establecido. En tal sentido, no cabe duda que esta modificatoria generará efectos de especial trascendencia en la práctica forense, atendiendo a la gran cantidad de casos que, hasta la actualidad, se encuentran reservados por estados, precisamente, de contumacia y por pedidos de extradición hasta ahora inconclusos. Al respecto, tenemos que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en una reciente Ejecutoria contenida en el Recurso de Nulidad N.° 159- 2022/Lima, ponencia de la Juez Suprema Castañeda Otsu, utilizando dicho criterio más favorable al ciudadano aun cuando en dicho caso en concreto concurrieron múltiples causas de suspensión del cómputo del plazo prescriptorio de la acción penal que sobrepasaba el año, se estableció claramente que dicho efecto no puede superar dicho período. En el fundamento 21, este alto Tribunal señaló que: 21. Al respecto, sobre la suspensión del plazo por un año, cuatro meses y dieciséis días, con motivo de la interposición de los recursos de queja excepcional, esta Sala Penal Transitoria, de conformidadconlamodificacióndelartículo84 delCP,mediantelaLeyN.°31751,consideraque elplazodesuspensiónnoserámayoraunaño. Queda claro, por tanto, que en virtud del principio pro homine, nohayformadequelamodificatoria del artículo 84 del Código Penal sea interpretada restringidamente para abarcar solo a algunas de las causales de suspensión de la acción penal, y no todas. El vocablo y lenguaje utilizado para la redacción de la norma por parte del legislador permite entender, sin duda alguna, que la suspensión del cómputo de la prescripción de la acciónpenalnopuedeprolongarsemásdeunaño, sea la causal que sea, sin criterio distintivo. CONCLUSIONES La declaratoria de contumacia y la instauración de procedimientos extradicionales son, sin lugar a dudas, situaciones que obstaculizan el desarrollo de los procesamientos penales. La primera, es una condición procesal que surge de la sustracción dolosa del ciudadano imputado del proceso, con pleno conocimiento sobre su persecución. La segunda, se da como consecuencia de la primera, siempre que dicha evasión material se haga efectiva en el extranjero, es decir, que el imputado se encuentre rehuyendo a la justicia nacional con estancia en territorio foráneo, situación que exige la activación de los sistemas judiciales del país requirente y el requerido a efectos de lograr el retorno de dicho sustraído ciudadano al país. De la descripción de ambas situaciones se desprende que ninguna de ellas es producida por negligencia estatal, si no, másbien,alaconductaprocesaldelciudadano encausado. Diego A. Noronha Val 66 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 La obstaculización del proceso penal por causas ajenas al aparato estatal obliga a éste a disponer de todos los recursos adjetivos necesarios para procurar la presencia del imputado en él. Esto, como es evidente, eleva los costos de transacción por sobre aquellos propios del procesamiento y genera un retraso inevitablemente colisionante con el derecho de acceso a la justicia. Es por ello, y por la exigencia que ambas situaciones generan de mayor tiempo para efectuar los actos coadyuvantes para el cumplimiento de la finalidadinstrumentaldelprocesopenal,quela suspensión de la prescripción del cómputo de la acciónpenaloperaysejustificacomounaacción legitimadora del ius puniendi. La suspensión del cómputo del plazo prescriptorio de la acción penal, como señalamos, es legítima en la medida en que coadyuva a la finalidad instrumental del proceso penal. Sin embargo, cuando ésta opera por tiempos sumamente prolongados, dicho efecto procesal colisiona con el derecho al plazo razonable, aun cuando su causa no sea atribuible al Estado. Esto se intensifica cuando el tiempo de suspenso rebasa el término del plazo de prescripción extraordinaria, que surge como manifestación, precisamente, de este derecho. El criterio del Tribunal Constitucional es claro, a mayor tiempo transcurrido, menor memoria se tiene y, en dicha medida, no solamente el poder de represión del Estado se reduce materialmente respecto al concreto hecho delictivo, sino que los fines preventivos constitucionalmente instituidos de la pena se tornan de imposible cumplimiento frente a juzgamientos dilatados que se alejan del momento histórico en el que el reproche social era realmente necesario. En tal sentido, aun cuando las causales de contumacia y procedimientos de extradición no sean situaciones atribuibles al Estado, la suspensión generada por éstas no puede ser excesivamente prolongada, porque colisiona con el derecho a ser procesado y juzgado en un plazo razonable. Sea cual sea el delito, y teniendo en cuenta que el derecho penal de autor está proscrito, necesario era que se establezca un límite específicamente determinado a la suspensión de la prescripción para que, en un país eminentemente positivista y legalista como el Perú, ésta no coadyuvase a prolongar desproporcionadamente el poder de coerción del Estado, tal como en la realidad ocurre. Esta modificatoria,portanto,representaunagarantía del debido proceso, la seguridad jurídica, y el procesamiento en plazos razonables. Lamodificatoriadelartículo84delCódigoPenal establecequenohabrácasoenlaquelasuspensión delplazoefectivoenquesemanifiestelacapacidad del Estado de perseguir el delito pueda superar el año. La redacción de la norma sugiere, por tanto, que todas las causas que puedan generar un suspenso o representenunobstáculoenelprocesamientoestán sujetas a dicha limitación temporal. Todo aquello quesuspendalaprescripciónnopodrágenerarsus efectos por encima del año previsto en la norma. Podrían surgir cuestionamientos respecto al plazo establecido de un año, más aún si tomamos en cuenta la multiplicidad de casos emblemáticos tramitados a la actualidad que se encuentran precisamente suspendidos por situaciones de contumacia y procesos de extradición en trámite. Sin embargo, ello podría ser materia de trabajos deinvestigaciónfuturos,aefectosdeverificarlos motivos concretos por los que el legislador optó porese,ynounplazomásextenso,quepudieraser en la misma medida compatible con los derechos fundamentales. FUENTE DE INFORMACIÓN Fuentes bibliográficas Binder, A (1990). Prescripción de la acción penal: el indescifrable enigma de la secuela del juicio . Doctrina Penal N.º 49/59. Brousset,R.(2015).Delaprescripciónordinaria a la prescripción extraordinaria: Sobre las actuaciones interruptivas del plazo prescriptorio de la acción penal . Actualidad Penal. Caro, C. y Reyna, L. (2023). Derecho Penal PG. Sello Editorial LP. Chanjan, R. (2012) CASO: Las resoluciones del Tribunal Constitucional en el caso Ernesto Schütz Landázuri. Boletín N.º 12 Proyecto Anticorrupción. Frister, H. (2020). Derecho Penal PG 9 na Ed. Hammurabi. García, P. (2019). Derecho Penal PG 3 era Ed. Ideas Solución Editorial. Hurtado, J. (2005). Manual de Derecho Penal Parte General I. Grijley. Jakobs, G (1997). Derecho Penal PG, Fundamentos y Teoría de la imputación. Marcial Pons. Jescheck, H. y Weigend, T (2014). Tratado de DerechoPenalPGV.II.InstitutoPacífico. C ontumaCia y extradiCión Como obstáCulos para el Cómputo del plazo de presCripCión de la aCCión en el Código penal peruano C ontumaCy and extradition as obstaCles to the CalCulation of the limitation period of the aCtion in the peruvian Criminal Code 67 diego.noronha@unmsm.edu.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 48-67, 2024 Lascuraín, J. (2017). Retroactividad e irretroactividad de la ley penal, Comentario a los artículos 6 y 7 del Código Penal peruano. RevistaPeruanadeCienciaPenalesN.°31. Maraver, M. (2019). Vigencia temporal de la ley penal. En J. Lascuraín (Coord.), Manual de Introducción al Derecho Penal . Agencia EstatalBoletínOficialdelEstado. Meini, I. (2009). Sobre la prescripción de la acción penal. Foro jurídico. Mir, S. (2011). Derecho Penal Parte General 9 na Ed. Editorial Reppertor. Parma, C. y Amuchástegui, A (2019). Comentario al artículo 84 del Código Penal Peruano. En N. Salazar (Coord.). Comentarios al Código Penal Peruano Parte General T III . Gaceta jurídica. Pérez, J. (2021). Derecho Penal Parte General. InstitutoPacífico. Pinto, M. (1997). El principio pro homine, Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos. En M. Abregú y C. Courtis (Comp.). La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales . Editores del Puerto. Prado, V. (2000). Causales de extinción de la acción penal y de la ejecución de la pena. Derecho PUCP. Prado, V. (2006). Sobre la Extradición. Foro jurídico PUCP. Roy, L. (1998). Causales de extinción de la acción penal y de la pena. Grijley. San Martín, C. (1999). Derecho Procesal Penal Volumen I. Grijley. Valle-riestra, J. (2011). Tratado de la Extradición Volumen 1. A.F.A. Villavicencio, F. (2019). Derecho Penal Parte General. Grijley. Zaffaroni,E.(1998).TratadodeDerechoPenal Parte General I. Ediar. Jurisprudencia Expediente N.° 4118-2004-HC/TC Piura, caso LuisAlbertoVelásquezAngulo Expediente N.° 7451-2005-PHC/TC, caso FranklinMacedonioAlcántaraMuñoz ExpedienteN.°04959-2008-PHC/TCLima,caso BenedictoNemesioJiménezBacca ExpedienteN.°1388-2010-PHC/TCPasco,caso Cirilo Cornelio Salvador ExpedienteN.°03681-2010-PHC/TCLima,caso ErnestoCésarSchützLandázuri ExpedienteN.°01279-2010-PHC/TCLima,caso Antonio Yapachura Cussi Expediente N.° 03711-2011-PHC/TC Callao, caso Carlos Pacheco Ortiz ExpedienteN.°05398-2016-PHC/TCLambayeque, caso J.J.A.L Expediente N.° 01558-2018-PHC/TC, Freddy Daniel Zevallos López Expediente A.V. 09-2004 ExtradiciónPasivaN.°42-2012/Callao RecursodeNulidadN.°2606-2013/Lima RecursodeNulidadN.°1945-2014/LaLibertad RecursodeNulidadN.°658-2014/Junín RecursodeNulidadN.°977-2015/Lima RecursodeNulidadN.°1835-2015/Lima RecursodeNulidadN.°2694-2017/Tacna RecursodeNulidadN.°1678-2018/MadredeDios RecursodeNulidadN.°1666-2019/Lima RecursodeNulidadN.°2298-2019/Lambayeque SentenciadeCasaciónN.°333-2019/Ica RecursodeNulidadN.°944-2019/Apurímac RecursodeNulidadN.°972-2021/Cusco RecursodeNulidadN.°159-2022/Lima STS 7076/2012, Recurso de Casación Penal N.° 869/2012 STS1711/2013,elRecursodeCasaciónPenalN.° 928/2012