LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false false 1 1 true 106 marcos.aravena1@cloud.uautonoma.cl, rocio.brebi@cloud.uautonoma.cl VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 106-121, 2024 SISTEMA PENITENCIARIO CHILENO: HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DESDE UN ENFOQUE DE JUSTICIA SOCIAL CHILEAN PENITENTIARY SYSTEM: TOWARDS A NEW CONCEPTION FROM A SOCIAL JUSTICE PERSPECTIVE Marcos Antonio Aravena Flores 1 ORCID: 0009-0006-0262-7618 Universidad Autónoma de Chile marcos.aravena1@cloud.uautonoma.cl Rocío Belén Brebi Rivera 2 ORCID: 0000-0002-4807-0660 Universidad Autónoma de Chile rocio.brebi@cloud.uautonoma.cl Chile DOI: https://doi.org/10.24265/voxjuris.2024.v42n2.08 Recibido: 22 de enero de 2024. Aceptado: 26 de febrero de 2024. 1 Abogado. Magister en Derecho Penal por la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Docente de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Chile. ORCID: https://orcid.org/0009-0006-0262-7618 2 Abogado. Magister en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Chile. Docente de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Chile. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4807-0660 SUMARIO • Introducción. • Deficiencias del sistema penitenciario a la luz de un enfoque de justicia. • Hacia una concepción de justicia social: fundamentos y dimensiones aplicables. • Incorporación de la justicia social en el sistema penitenciario chileno. • Conclusión. • Fuentes de información. RESUMEN La presente investigación tuvo por objeto analizar críticamente el sistema penitenciario chileno con el fin de plantear una respuesta reflexiva a través de un enfoque de justicia social. En virtud de lo anterior, se logró constatar, que es insuficiente el sistema penitenciario en Chileparacalificarlocomojusto,dadoquelas falencias que derivan de la noción de justicia retributiva imperante no logran abordar la problemática en todo su contexto. Sin embargo, un enfoque de justicia social permitiría mitigar los efectos retributivos negativos del sistema, contribuyendo a una correcta distribución de los recursos, velando por el reconocimiento y la participación con miras al bien común de la comunidad penitenciaria. Esta investigación se divide en tres acápites, el primero trata sobre las deficiencias del sistema penitenciario a la luz de un enfoque de justicia, el segundo sobre la concepción de justicia social desarrollando sus fundamentos y dimensiones aplicables, y tercero, la incorporación de la justicia social en el sistema penitenciario chileno. Por último, en cuanto a metodología utilizada, se aplicó la de tipo documental, con un método dogmático jurídico. PALABRAS CLAVES Justicia Distributiva, Justicia Retributiva, Justicia Social, Participación Carcelaria, Reconocimiento, Sistema Penitenciario. ABSTRACT The purpose of this research was to critically analyze the Chilean prison system in order to propose a reflexive response through a social justice approach. By virtue of the above, it was found that the penitentiary system in Chile is insufficient to qualify as fair, since the shortcomings derived from the prevailing notion of retributive justice fail to address the problem in its full context. However, a social justice approach would allow for mitigating the negative retributive effects of the system, S iStema penitenciario chileno : hacia una nueva concepción deSde un enfoque de juSticia Social C hilean penitentiary system : towards a new ConCeption from a soCial justiCe perspeCtive 107 marcos.aravena1@cloud.uautonoma.cl, rocio.brebi@cloud.uautonoma.cl VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 106-121, 2024 contributing to the correct distribution of resources, and ensuring recognition and participation for the common good of the prison community. This research is divided into three sections:thefirstdealswiththedeficienciesof the penitentiary system in the light of a justice approach; the second deals with the conception of social justice, developing its foundations and applicable dimensions; and the third deals with the incorporation of social justice in the chilean penitentiary system. Finally, as for the methodology used, the documentary type was applied with a legal dogmatic method. KEYWORDS Distributive Justice, Retributive Justice, Social Justice, Prison Participation, Recognition, Penitentiary System. INTRODUCCIÓN América Latina es una de las regiones que congrega más países con sistemas penitenciarios en crisis por falta de institucionalidad y Chile no es la excepción, siendo la ejecución de las penas unadelasetapasmásdeficientesdelsistemade justicia criminal (Espinoza, 2012, p. 16). Y en este sentido, para el caso chileno, la ley penal en cuanto a la etapa de ejecución de las penas es donde más falencias presenta, teniendo esta última un desarrollo limitado (Cury Urzúa, 2008, p. 722), lo cual ha sido advertido por una serie de informes sobre la materia, que dan cuenta de alertantes niveles de ocupación en los centros penitenciarios y preocupantes condiciones materiales en donde permanecen recluida la población penitenciaria (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2020, p.s/n; Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2021, p. s/n). A ello debemos agregar una tendencia legislativa quehapromovidolatipificacióndenuevostipos penales, el aumento de las penas aplicables a los delitos ya existentes e incluso la restricción aaccesodebeneficiospenitenciarios,cuestión que ha tensionado aún más el saturado sistema penitenciario chileno. Esta realidad imperante en el sistema penitenciario da cuenta de una noción de justicia retributiva, derivada de falencias que afectan a la población penitenciaria y que nos llevanareflexionarsobresielsistemacalifica como justo para quienes dependen de él. Así, las expectativas sobre un sistema penitenciario justo, adquiere connotación, cuando existe una condena que se aplica al infractor, pero que no contribuye en una reparación que permita más tarde no seguir reincidiendo. Ante esta problemática resulta necesario plantear un análisis centrado en las concepciones de justicia imperante, postulando la incorporación de una justicia social, la cual actualmente ha sido un tema recurrente en distintas disciplinas deestudios,talescomolafilosofía,sociología, economía, educación y política, igualmente adquiere relevancia en el derecho, cuando su enfoque sirve de criterio para analizar la justicia de un sistema penitenciario. De este modo, la interrogante que surge es ¿será posible plantear una concepción de justicia social en el sistema penitenciario chileno que permita cumplir con las aspiraciones de justicia en favor de la población penitenciaria? Es así como el objetivo de esta investigación será analizarlasdeficienciasdelsistemapenitenciario y plantear soluciones para una mejor justicia dentro del sistema en Chile, reformulando el paradigma aplicado para entender la realidad penitenciaria. Para ello, la metodología será de tipo documental con un método dogmático jurídico, a fin de estructurar la investigación en tres acápites; El primero, trata sobre las deficiencias del sistema penitenciario a la luz de un enfoque de justicia; El segundo, sobre la concepción de justicia social desarrollando sus fundamentos y dimensiones aplicables; y tercero, la incorporación de la justicia social en el sistema penitenciario chileno, proponiendo un cambio en el enfoque de justicia empleado antesuinsuficiencia. DEFICIENCIAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO A LA LUZ DE UN ENFOQUE DE JUSTICIA El sistema penitenciario es un elemento estructural en toda sociedad, ya que debe ser una etapa en la que transita una persona, que ha cometido un delito y que ha sido condenada, que se encuentra a cargo de instituciones del Estado, para hacer efectivas las funciones que la sociedad y que el propio Estado han determinado para el derecho penal de cada ordenamiento jurídico. Actualmente el sistema penitenciario chileno se ha visto afectado por la política criminal imperante, que ha propiciado “un conjunto de medidas legislativas concretas que han tenido un significativo impacto en el aumento de la red penal y –consecuencialmente– de la población privada de libertad en Chile” (Walker Martínez, 2022, p. 108). Lo anterior ha dado lugar a una serie de deficienciasquehadetenersepresentesihade Marcos A. Aravena Flores | Rocío B. Brebi Rivera 108 marcos.aravena1@cloud.uautonoma.cl, rocio.brebi@cloud.uautonoma.cl VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 106-121, 2024 buscarse una mejora del sistema penitenciario. Sin embargo, el sistema en Chile ha demostrado una actitud pasiva frente al discurso sobre el tratamiento de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios, salvo respecto de problemáticas observadas con fines destinado a la seguridad penitenciaria. Ante estos planteamientos, se hace preciso indagar sobre cuál es la concepción de justicia que trasciende en el sistema penitenciario a la luz de la política criminal imperante en la actualidad, y como ellahadadolugaradeficienciasquejustifican la búsqueda de nuevas perspectivas sobre un sistemapenitenciariocalificabledejusto. Castigar antes de prevenir: La preponderancia de una justicia retributiva Hoy en día vivimos en una sociedad convencida de que la única respuesta a la delincuencia es la privación de libertad de los responsables de un delito, de tal modo que, mientras más sufra el sentenciado en el cumplimiento de su condena, mejor será el castigo. Asimismo, la política criminal no contribuye en alejarnos de dicha valoración, al contrario, favorece la tensión del sistema penitenciario, toda vez que en estos últimos años ha ido en constante expansión (Morales Peillard, 2012, p. s/n), utilizando un conjunto de leyes que más que descongestionar el ya sobrecargado sistema penitenciario ha perjudicado aún más su funcionamiento. Si bien la política criminal se ha ido sustentando en una serie de reformas penales sustantivas punitivitas (Fernández Cruz & González Guarda, 2022, p. 310), esta ha manifestado una tendencia hacia un sistema de carácter expansivo e invasivo, que “tiende a desvirtuarlo a través de la inobservancia o reorientación de sus características y de sus principios estructurales” (Gallego Díaz, 2016, p. 44), alejándose de esta forma de ciertos principios como la resocialización, reorientación o educación, que cada vez se ven más difícil de concretar en los sistemas penitenciarios, producto de esta realidad. El escenario que se enfrenta ha sido denominado como un fenómeno de “populismo penal”, en este sentido, en el medio nacional se ha expuesto que Chile “se enfrenta, nuevamente, a una nueva ola de populismo penal” (Moraga, 2016, p. s/n), en atención a que “se aprecia sin duda en la praxis político criminal del Estado un aumento del intervencionismo penal ya sea a través de agravación de penas, ampliación del tenor de los tipos, o la inclusión de nuevos delitos al catálogo penal” (Carnevalli, 2008, p. 30). Las consecuencias de dicho fenómeno han remitido hacia un aumento exponencial del encarcelamiento en Chile, el que se ha enfocado en la privación de libertad y en el aumento significativo de la población sometida a la medida cautelar de prisión preventiva (Walker Martínez, 2022, p. 125), lo cual pese a buscar una solución al problema de la delincuencia, ha contribuido más bien a crear nuevos obstáculos para el sistema penitenciario, ya que el resultado que se obtuvo ha sido más bien sobresaturar y llevar al límite a dicho sistema. Motivo por el cual se ha sostenido que “llenar las cárceles de Chile no nos hará una sociedad mejor y más segura, sino que generará el efecto contrario” (Moraga, 2016, p. s/n). Este tipo de política criminal ha ocasionado que el sistema penitenciario en Chile sea uno de los países con mayores tasas de población presa por habitante de América Latina, siendo el diagnóstico de su sistema penitenciario desalentador, caracterizado por un incremento constante de la población recluida, con niveles de hacinamiento importantes y una limitada capacidad de reinserción y rehabilitación de los internos (Dammert, 2006, p. 1). Dicha afirmaciónseevidenciaenelinformepresentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante INDH) del año 2018, quienes en su estudio sobre las condiciones carcelarias en Chile detallan que el promedio nacional de ocupación penitenciaria es 101,5%, cifra que califica en un nivel de sobreocupación. No obstante, dicho promedio no demuestra en detalle la realidad acontecida en ciertos centros penitenciarios, ya que “19 recintos penales (22,9% del total de cárceles) mantiene un nivel de hacinamiento crítico, sobre el 140% de ocupación” (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2020, pp. 51-54). A mayor abundamiento, es preciso hacer presente que los estudios informados por el INDH aplican los criterios de distinción denominado Semáforo de ocupación penitenciara, el cual es un indicador establecido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos México (CNDH), en el que sehacelaclasificaciónentre;niveldeocupación bajo su capacidad cuyo tasa de ocupación es menor al 100%, nivel de sobreocupación que abarca la tasa de 100% y 119% de ocupación, nivel de hacinamiento alto que alcanza la tasa de 120% y 139% de ocupación, y por último, nivel de hacinamiento crítico cuya tasa de ocupación sobrepasa la tasa correspondiente al 140% S iStema penitenciario chileno : hacia una nueva concepción deSde un enfoque de juSticia Social C hilean penitentiary system : towards a new ConCeption from a soCial justiCe perspeCtive 109 marcos.aravena1@cloud.uautonoma.cl, rocio.brebi@cloud.uautonoma.cl VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 106-121, 2024 (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2020, p. 53), cuestión que se logra visibilizar en otros centros penitenciarios nacionales. Solo para demostrar algunos casos, el informe de condiciones carcelarias de la ONG LEASUR de 2018, demostró en su estudio que el CDP de Limache, con una capacidad de 110 personas, alberga a 318 personas, generando una sobrepoblación del 189%, y el CCP de Copiapó, cuya capacidad para 242 personas, contaba con 462 personas recluidas, alcanzando una sobrepoblación del 90% (ONG LEASUR, 2018, p. 4). En los mismos términos, según consta en el informe del INDH del año 2019, del total de 82 cárceles, se determina que 45 de ellas alcanzan un índice de ocupación superior al 100%, que representa a un 54,9% (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2021, p. 48). Asimismo, se determina que “19 cárceles tienen sobre el 140% de ocupación en lo que se clasifica como hacinamiento crítico, lo que corresponde al 23,2% de las cárceles” (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2021, p. 48). Y haciendo la comparación con el informe anterior del año 2018, se expone que “el índice de ocupación general de las cárceles ha aumentado. Si en 2018 era del 101,5%, para el año 2019 se registra un 106,4%” (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2021, p. 42), lo que nos permite constatar el crecimiento de la población penitenciaria, pero a la vez un estado permanente de hacinamiento critico en la gran mayoría de los centros penitenciarios. Para aclarar esta realidad, explica Salineros, que las respuestas ante esta tendencia de aumento de la población penal se pueden atribuir a tres factores: primero, la existencia de un mayor flujo de ingresos al sistema penitenciario, que no guardaría la debida correspondencia con quienes egresan; segundo, que algunas personas para determinados delitos ingresarían al sistema penitenciario y permanecerían largos tiempos de privación de libertad en comparación con lo que sucedía en décadas pasadas, y, finalmente, un tercer factor que correspondealafaltademecanismoseficientes que ayuden descomprimir el sistema carcelario (Salinero Echeverría, 2012, p. 120). Según lo expuesto, se puede sostener que el sistema penitenciario gira con preponderante ambiente a la noción del castigo, usando una justicia de carácter retributiva, sujeta a la aplicación de una sanción penal, pretendiendo como objetivo el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad. Así, conforme a la concepción de una justicia retributiva, se estaría legitimando la pena bajo el fundamento de “dar un mal por otro mal, es decir, retribuir al delincuente con un castigo, en especial la de privación de la libertad por el mal causado a la víctima por delito” (Márquez Cárdenas, 2007, p. 204). De este modo, este castigo, que el condenado debe compensar, se dirige sobre toda la sociedad, por la infracción que hizo a un miembro de la comunidad (Márquez Cárdenas, 2007, p. 204). Es así como al identificar una preponderancia en el sistema penitenciario hacia una justicia retributiva, es posible dar cuenta de distintos rasgos negativos, especialmente cuando centramos la atención en la persona, toda vez que se ha sostenido que este tipo de justicia tiende a estigmatizar a las personas, marcándolas indeleblemente con una etiqueta negativa (Márquez Cárdenas, 2007, p. 204). Asimismo, la retribución se sustenta en el hecho cometido conelfindecompensarelmalcausado,yello solo se logra con una pena proporcional a la gravedad del hecho. Sin embargo, ello nos lleva a excluir determinados objetivos, tales como; prevención o resocialización, finalidades que no presentan atención preponderante en los centros penitenciarios y en la política criminal. Desfavorables condiciones de vida en centros penitenciarios En este punto, se debe partir de la base que “las personas privadas de libertad gozan de una plena vigencia de sus derechos fundamentales, salvo de aquellos que pudiesen verse restringidos directa o indirectamente por la condena” (Villagra Pincheira, 2020, p. 362), conforme a la naturaleza jurídica de cada una de las penas. Sin perjuicio de ello, resulta ser un deber del Estado garantizar el respeto de los derechos de la población penitenciaria, evitando poner en peligro o dañar el derecho a la vida e integridad física y moral, a la salud, a la igualdad y la no discriminación, entre otros derechos inalienables (Eurosocial, 2014, p. s/n). Pese a ello, a consecuencia de la sobreocupación carcelaria, surge problemas entorno a las condiciones de vida de los internos en los centros penitenciarios. En este sentido, se ha evidenciado distintos problemas que afectan las condiciones materiales de vida en los centros penitenciarios, siendo uno de los más grandes la sobrepoblación, que deriva en hacinamiento. Esto genera “condiciones de habitabilidad inhumanas, saturando el acceso a Marcos A. Aravena Flores | Rocío B. Brebi Rivera 110 marcos.aravena1@cloud.uautonoma.cl, rocio.brebi@cloud.uautonoma.cl VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 106-121, 2024 servicios básicos, instalaciones, y programas de (re)inserción social y, en general, produciendo y potenciando los efectos nocivos de la privación de libertad” (ONG LEASUR, 2018, p. 4). Asimismo, se ha expuesto la deficiencia de asistencia médica en los recintos penitenciarios, en los que solo existe una atención primaria, sin dotación médica o de especialistas. Esto podría poner en peligro la vida o integridad física, especialmente en situaciones complejas donde se dificultaría el transporte o la asistencia por parte de funcionarios que pudieran asistir a su traslado, lo que lleva a que sean “atendidos en la misma unidad penal por paramédicos sin los implementos y conocimientos necesarios” (ONG LEASUR, 2018, p. 13). A ello se suma los problemas de infraestructura que no satisfacen las necesidades básicas de quienes residen en ellos, generando condiciones de vida deficitarias. Así, se han reportado falencias en “las instalaciones eléctricas, alcantarillado y agua dentro de los recintos penitenciarios de Chile, lo que provoca serios problemas de higiene y salubridad” (ONG LEASUR, 2018, p. 7). Lo mismo ocurre con las condiciones de alimentación, siendo en muchos casos deficiente y llevando a una constante desnutrición de la persona privada de libertad (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2021, pp. 124-130). El acceso a espacios de vivienda es otro aspecto crucial, dado que el hacinamiento resultante provoca efectos negativos en la salud mental y física de los reclusos. Esta situación constituye una violación por parte del Estado al respeto de los derechos humanos y a la propia dignidad del individuo, contraviniendo además una serie de normativas establecidas a nivel nacional e internacional (ONG LEASUR, 2018, pp. 9-10). Con relación a lo anterior, es importante recordar que la disponibilidad de agua y servicios de higiene son elementos fundamentales y transversales de las condiciones de vida carcelarias. Así, según lo dispuesto en las reglas Nelson Mandela, se dispone en la Regla 22 que, cada persona podrá proveerse de agua potable cuando la necesite (UNODC, 2015, p. 7). En tales términos, se ha expuesto que en virtud de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas , en su principio XI, se señala que, las personas privadas de libertad deben tener acceso a agua potableyalaalimentación,deformasuficiente y adecuada para facilitar su consumo en todo momento (CIDH, 2008, p. s/n). De este modo, según lo expuesto en el informe del INDH del año 2018, la realidad penitenciaria da cuenta de que determinados centros penitenciario no cumplen con dichas condiciones mínimas y en otros “se presentan importantes carencias de elementos tales como servicios higiénicos, acceso al agua, acceso agua caliente y en higiene” (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2020, p. 95), lo cual resulta ser preocupante si tenemos presente que “el acceso a agua y a servicios higiénicos son elementos básicos y transversales en las condiciones de habitabilidad de los recintos penales” (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2020, p. 95). A mayor abundamiento, el referido informe indica que tan solo “13 de los 36 recintos observados existe acceso al agua y al baño las 24 horas en todos los espacios que albergan población penal”, agregando que, “en 23 cárceles este acceso no está asegurado para todos” (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2020, p. 97). Esta realidad se ha mantenido según se desprende de estudios posteriores, dado que en el informe del INDH del año 2019 se relata que no existe acceso en 23 de las 44 cárceles, ya que se prescinde a la población penitenciaria de servicios higiénicos al interior de la celda o ellos no están en condiciones de ser utilizados (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2021, pp. 107-108). Por otro lado, se suman diversas y graves afectaciones de condiciones materiales que deben cumplirse en los centros penitenciario. Según los informes de INDH (2020) y INDH (2021) otras afectaciones de condiciones materiales que se aluden dicen relación con el acceso a nivel de ocupación por cárcel asociados a la capacidad de diseño, cama individual, ropa de cama, presencia de plagas, aseo e higiene, alimentación, los problemas de calefacción presentes en tales recintos penitenciarios, entre otros (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2020, p. 100). Así, siguiendo los resultados expuestos por el INDH, el año 2018, se identificó que, a nivel nacional, solo cinco centros penitenciarios cuentan con sistemas de calefacción, que funcionen sin inconvenientes, que permitan cubrir la totalidad o gran parte del recinto penitenciario (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2020, p. 98), por lo que “31 cárceles no tienen calefacción en sus dependencias. Esto se torna gravoso en las zonas que, ya sea durante todo el año o en meses invernales u horarios nocturnos, requieren de este elemento” (Instituto S iStema penitenciario chileno : hacia una nueva concepción deSde un enfoque de juSticia Social C hilean penitentiary system : towards a new ConCeption from a soCial justiCe perspeCtive 111 marcos.aravena1@cloud.uautonoma.cl, rocio.brebi@cloud.uautonoma.cl VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 106-121, 2024 Nacional de Derechos Humanos, 2020, p. 99). Y, según la misma entidad, en el año 2019, de las 44 unidades penitenciarias, tan solo dos centros penitenciarios que contaban con “sistemas de calefacción apropiados y disponibles para toda la población penal” (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2021, p. 113). De este modo, “se constata que casi todas las unidades penales de este estudio carecen de un sistema de calefacción en buen estado y que cubra todo el establecimiento penal” (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2021, p. 114). Porúltimo,dentrodelasdeficienciasrelevantes, seencuentraaquellasqueserefierenalafaltade oportunidades educacionales y de capacitación para los miembros de la población penitenciaria. Al respecto, hay que partir de la base de que la autoridad administrativa cuenta con Centros de Estudio y Trabajo (en adelante CET), encargados de contribuir en el proceso de reinserción social, por medio de formación laboral, psicosocial y educacional. No obstante, ellos no son suficientes para dar cobertura a las necesidades de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios, toda vez que se identificó que a nivel nacional tan solo existen 16 centros penitenciarios que cuentan con CET (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2021, p. 282). A la vez, si bien nuestro reglamento penitenciario establece como derecho la educación básica, los niveles superiores de educación tan solo son incentivados por la autoridad administrativa, no siendo garantizado o resguardado el acceso a ello (ONG LEASUR, 2018, p. 18), ya que su acceso ha sido entendido como un privilegio para aquellas personas calificadas con buena conducta y en la medida que existe disponibilidad de cupos, “los que no siempre son suficientes para la totalidad de los internos/as que requieren acceder a educación” (ONG LEASUR, 2018, p. 18). Lo anterior da cuenta de una realidad educativa desalentadora, en la que “el 98% de los privados de libertad no han completado la educación obligatoria que es considerada mínima para optar a empleos formales” (ONG LEASUR, 2018, p. 17). Es necesario recalcar, que las malas condiciones de vida en centros penitenciarios son una preocupación a nivel internacional, razón por la cual existen una serie de tratados internacionales y convenciones que establecen estándares mínimos que se deben respetar por parte de los estados, en orden a garantizar un trato humano y digno hacia las personas privadas de libertad (Cavada Herrera, 2018, pp. 1-9). Algunos de los tratados más relevantes que abordan la temática son, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de 1987, el cual prohíbe estrictamente cualquier conducta atentatoria contra la persona, incluyendo así aquellas afectaciones existentes en los centros penitenciarios, lo cual daría resguardo a el respeto a la dignidad humana (OHCHR, 1987, p. s/n). También se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, el cual reconoce una serie de derechos fundamentales aun cuando se encuentren privadas de libertad, así lo establece el artículo 8 de dicho Pacto, señalando que nadie puede ser tratado de forma cruel, inhumana o degradante (OHCHR, 1976, p. s/n). Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1978, el cual protege una amplia gama de derechos humanos en la región americana, expone que todo individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y a ser tratada humanamente (Refworld, 2024a, p. s/n), lo cual sería aplicable incluso durante el cumplimiento de una pena. Lo mismo hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949, quien refuerza la igualdad de trato en los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 23, 26 (United Nations, 1949, p. s/n). Porotraparte,deformaespecíficaseencuentran los Principios básicos para el tratamiento de las personas carcelarias , de 1990, los cuales contribuyen al resguardo y el estándar mínimo que deben tener los estados a nivel penitenciario, promoviendo la rehabilitación y reinserción social del individuo. Entre sus principios se incluye el respeto a la dignidad, la no discriminación, la seguridad en cuanto a no someterlos a abusos o violencia, que tengan acceso a atención médica, la alimentación, el alojamiento adecuado, el trabajo y educación promoviendo con ello su reinserción de forma exitosa y la comunicación con el exterior incluido sus familiares o representantes legales (Refworld, 2024b, p. 1). Y, por último, resultan plenamente aplicable, como un estándar mínimo universalmente reconocido, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos , específicamente, lasreglas1,2,3y4queserefierenaladignidad y valor inherente de las personas privadas de libertad, y los Principios y Buenas Prácticas sobre Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas , de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que en su principio N° I se refiere particularmente Marcos A. Aravena Flores | Rocío B. Brebi Rivera 112 marcos.aravena1@cloud.uautonoma.cl, rocio.brebi@cloud.uautonoma.cl VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 106-121, 2024 al trato humano que merecen a toda persona privada de libertad, y a partir del principio X, XI, XII y XII se refieren a la salud, albergue, condiciones de higiene y educación. Todas estas normas permiten dar asistencia a los derechos que deben garantizarse y promoverse en el sistema penitenciario, que resultan ser aplicable incluso por expresa disposición del reglamento carcelario chileno, así lo reitera su artículo 4 disponiendo que “la actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, las leyes y sus reglamentos y las sentencias judiciales” (Del Congreso Nacional, 2020, p. s/n). De esta manera, conforme a lo planteado, resulta necesaria la búsqueda de concepciones de justicia que cambien el paradigma de los centros penitenciarios, a fin de cubrir los problemas de la población penitencia y que sirvan de bases para impulsar modificacioneslegalesparamejorarlarealidad expuesta. HACIA UNA CONCEPCIÓN DE JUSTICIA SOCIAL: FUNDAMENTOS Y DIMENSIONES APLICABLES Antelasdeficienciasidentificadasenelsistema penitenciario no queda menos que reflexionar sobre si la realidad de dicho sistema es susceptible de calificarlo como justo, cuestión que resulta complejo de determinar, considerando la complejidad que involucra el estudio del término de justicia para las ciencias jurídicas En este sentido, la justicia es uno de aquellos términos más utilizados y difíciles de determinar en el mundo jurídico, por el profundo análisis de este concepto en la ciencia del derecho y por las nociones o valores que le podemos atribuir al término. A consecuencia de ello, Ninno expone que “pocas ideas despiertan tantas pasiones, consumen tantas energías, provocan tantas controversias, y tienen tanto impacto en todo lo que los seres humanos valoran como la idea de justicia” (Nino, 1993, p. 61). Sin duda, aclarar el término de justicia es difícil, ya que se ha debatido mucho y sigue siéndolo, por lo que siempre se debe recurrir a determinados autores y nociones de justicia para analizar este término importante para la ciencia del derecho y para el tema de este trabajo. El punto de partida es que la justicia ha sido un concepto estrechamente relacionado con el derecho, así se ha sostenido que “la idea de justicia tiende a objetivarse en el derecho, locualsignificaqueelderechoessiempreuna cierta medida de justicia, en el sentido de que todo ordenamiento jurídico se presenta como un intento de expresión y de realización de una determinada concepción” (Squella Narducci, 2010, p. 177). La justicia es un valor esencialmente vinculado con lo humano y social, porque sólo puede predicarse, con propiedad, respecto de las acciones de los hombres (Ponce Esteban, 2005, p. 213). En este sentido, se ha expresado que “referida a los aspectos sociales, la justicia tiene lugar cuando hay equilibrio en situaciones de intercambio de bienes entre miembros de la sociedad, esto es, cuando nadie es desposeído de lo que le corresponde” (Aranda Fraga, 2015, p. 72). Sobre este asunto giran las principales controversias y discusiones en cuanto al concepto de justicia, y la teoría más adecuada sobre la misma con relación a su correcta aplicación en una sociedad (Aranda Fraga, 2015, pp. 72-73). Desde este enfoque, se ha reconocido que “la justicia es un valor social, ya que se refiere a comportamientos o actos de una persona que afectan a otras” (Ponce Esteban, 2005, p. 213). Así la justicia exige la concurrencia de al menos dos sujetos y la existencia de relaciones entre ellos, circunstancia que al igual que la utilidad, la belleza o la bondad, son siempre acciones humanas referidas a otros (Pérez Luño, 2004, p. 213). Por consiguiente, la justicia corresponde a un valor fundamental en la sociedad, de modo que no es posible prescindir de ella en el orden social. En este sentido, “la justicia social como clase de justicia, no es una virtud, sino un valor, dado que se impone coactivamente, sin que pueda admitir actuaciones contrarias manifestadas bajo otros valores” (Gago Guerrero, 1994, p. 87). Esta clase de justicia, a la que se le añadirá el calificativo de social, “obliga al Estado a aplicar medidas de apoyo, amparo e integración, exigiendo niveles de bienestar material” (Gago Guerrero, 1994, p. 94). Así, la justicia social, como criterio o enfoque de justicia ha tenido un desarrollo reciente, en comparación con otros enfoques más clásicos de justicia, y no es exageradoafirmarqueenestasúltimasdécadas el desarrollo humanitario ha estado marcado por la lucha por su consecución como ideal de justicia. De este modo, se ha afirmado que “el siglo XX no sería entendible sin ese término” (Marías, 1974, p. 7). Sin embargo, actualmente S iStema penitenciario chileno : hacia una nueva concepción deSde un enfoque de juSticia Social C hilean penitentiary system : towards a new ConCeption from a soCial justiCe perspeCtive 113 marcos.aravena1@cloud.uautonoma.cl, rocio.brebi@cloud.uautonoma.cl VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 106-121, 2024 se ha sentido con mayor fuerza la necesidad de retomar los postulados de una justicia social, que trascienda una justicia legal o meramente formal. Efectivamente según Murillo Torecilla y Hernández Castilla (2011) “el anhelo por una mayor justicia social surge, en primer lugar, por la nítida percepción de las múltiples y crecientes injusticias que nos rodean; pero también en la búsqueda de una mejor sociedad” (p.8). La justicia social, como se ha expuesto, es una noción de justicia que se basa en la igualdad de oportunidades, que va más allá del concepto tradicional de justicia legal (UNICEF, 2020, p. s/n). Por tanto, esta concepción de justicia responde a una tendencia actualizada, que ha ido ganando posición en distintas áreas del derecho, así lo destaca Messner (citado en Gago Guerrero, 1994) quien aclara que “el objeto de la justicia legal es el bien común del Estado y el de la justicia social el bien común” (p.95). De esta manera, “la justicia social pretende llevar a cabo modernamente el principio clásico de dar a cada uno lo suyo (…) basándose en dos principios fundamentales: el de prestación y el de necesidad” (Messner citado en Gago Guerrero, 1994, p. 95). Como bien explica Gago Guerrero (1994); “hasta ahora, la justicia social ha puesto en función con mayor o menor éxito, y utilizado con más o menos regularidad, los principios de distribución, igualdad, integración, proteccionista y asistencial” (p.97). Ahora bien, para entender el objeto de esta noción de justicia, Marías (1974) explica que “la justicia social sería aquélla que corrige o rectifica una situación social que envuelve una injusticia previa que, si se mantuviera, invalidaría las conductas justas, los actos individuales de justicia” (p. 16). Por consiguiente, la justicia social constituye un principio de la vida en común que se relaciona con el ámbito del derecho y de la legislación y está relacionada con la autoridad legítima del Estado (Montané, 2015, p. 94). En este punto, aunque se ha explicado que consiste este enfoque de justicia social, es importante presentar que en sus exponentes existen diferentes perspectivas para aplicar este tipo de justicia. De esta manera, se reconoce que “con ayuda de otros pensadores, este concepto se fue popularizando con el ideal de conseguir una sociedad justa” (Alarcon Sánchez et al., 2018, p. 169), así en la actualidad se han destacado como precursores a John Rawls quien en su obra Teoría de justicia explica una justicia social de carácter distributiva, asimismo siguiendo los postulados de la justicia social encontramos ciertos precursores como Axel Honneth, quien explica este tipo de justicia como una forma de reconocimiento, y finalmente otros autores se adhieren a una concepción de justicia social como participación. Dichos planteamientos son esenciales para entender este enfoque de justicia social, ya que como bien plantea Dubet (citado en Sarmiento Pelayo & Fernández Moreno, 2020), que en el siglo XXI, “la justicia social se constituye en dos vías: la igualdad de posiciones y la igualdad de oportunidades. En términos generales, estas vías se desarrollan, respectivamente, mediante la justicia distributiva y la justicia como reconocimiento” (p.15). Los postulados de los referidos autores no son teorías independientes, al contrario, comparten argumentos y planteamiento en común, ya que se fundan todos en este enfoque de justicia social. Para entender a profundidad los planteamientos del enfoque de justicia social, se expondrán brevemente ciertas posiciones de autores adheridos a esta forma de entender la justicia. Justicia social distributiva Uno de los autores que funda su teoría de justicia conforme a la noción de justicia social es John Rawls, quien postula que ésta es el principio de prudencia racional aplicado a una concepción colectiva del bienestar del grupo (Rawls, 1995, p. 34). De este modo, “la primera virtud de las instituciones sociales” (Rawls, 1995, p. 17). Rawls (1995), en su teoría expone que la justicia debería ser la nota distintiva de las instituciones básicas de la sociedad, así expone que no sólo basta con que sean ordenadas y eficientes, ya que, si las instituciones básicas no son justas, estas deben cambiarse (p.17). Por eso Rawls (1995) niega que la pérdida de libertad para algunos se vuelva justa porque un mayor bien es compartido por otros (p.17). Conforme a esta concepción, los principios de la justicia social proporcionan un modo para asignar derechos y deberes en las instituciones básicasdelasociedadydefinenladistribución apropiada de los beneficios y las cargas de la cooperación social (Rawls, 1995, p. 18). Cuando las instituciones más importantes de la sociedad están dispuestas a obtener el mayor equilibrio neto de satisfacción distribuido entre todos los individuos, la sociedad está ordenada y justa (Rawls, 1995, p. 34). De esta manera, según Rawls, la justicia entendida como un esquema social dependerá en la forma en “cómo se Marcos A. Aravena Flores | Rocío B. Brebi Rivera 114 marcos.aravena1@cloud.uautonoma.cl, rocio.brebi@cloud.uautonoma.cl VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 106-121, 2024 asignan los derechos y deberes fundamentales, y de las oportunidades económicas y las condiciones sociales en los diversos sectores de la sociedad” (Rawls, 1995, p. 21), por ello, una concepción de la justicia social ha de ser considerada como aquella que proporciona, en primera instancia, una pauta con la cual evaluar los aspectos distributivos de la estructura básica de la sociedad (Rawls, 1995, p. 22). La justicia social propuesta por Rawls (1995) tiene por el objeto primario la estructura básicadelasociedadyenespecífico,secentra en el modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social (p.20). Con los argumentos de Rawls (1995), sepuedeafirmarquelasinstitucionessociales, como el sistema penitenciario, garantizan la convivencia equitativa entre los miembros de una sociedad. Por ello, el problema surge entonces cuando no podemos considerar estas instituciones como justa (p.17), en aquellos casos en que no hay una distribución equitativa. Justicia social de reconocimiento y participación Una segunda concepción de la justicia social, es aquella planteada por Axel Honneth, quien realiza una propuesta distintas respecto de lo que ha de entenderse por justicia en las sociedades modernas. Conforme a lo expuesto por Honneth (citado en Fascioli, 2011) en su obra titulada reconocimiento y menosprecio: sobre la fundamentación normativa de una teoría social, se expone una crítica a la noción de justicia imperante hasta los años 90, esto es, una justicia predominante fundada en una concepción de redistribución equitativa, como garantía para la libertad de los miembros de una sociedad. Según Honneth (1996), “el giro provocado por la teoría del reconocimiento en la conceptualización de la justicia lleva a entender que la justicia social, constituye una garantía de las condiciones sociales para el reconocimiento mutuo” (p.56). Esta nueva noción de justicia social, fundada en el reconocimiento, introduce nuevos aspectos que no son considerados en la justicia social de carácter distributivo, como postula Rawls, toda vez que, “la justicia distributiva tiene un alcance limitado, ya que no da cuenta de toda la injusticia social” (Sarmiento Pelayo & Fernández Moreno, 2020, p. 17). Dado que existen determinadas formas de trato socialmente injusto que no son percibidas por las teorías distributivas, porque lo que está en juego no es la ausencia de bienes o derechos, sino la ausencia de amor y cuidado, o de estima social (Fascioli, 2011, p. 58). Por lo cual, el enfoque sobre la distribución como ideal de justicia, donde el sujeto autónomo alcanza su libertad en un proceso que debe tender a igualar las posibilidades es limitado porque no da cuenta en toda su magnitud de las injusticias sociales (Revuelta & Hernández-Arencibia, 2019, p. 335). En este sentido, los planteamientos de Honneth explican que se requirió “solo un pequeño paso para llegar a la opinión generalizada de que “la cualidad moral de las relaciones sociales no puede medirse solamente por la distribución equitativa o justa de los bienes materiales” (Honneth, 1996, p. 5), por lo cual, la representación de lo que es justo, más bien “debe estar relacionada esencialmente con aquellas concepciones acerca de cómo y qué se reconocen recíprocamente los sujetos” (Honneth, 1996, p. 5). Por ello, el giro de la teoría del reconocimiento en la conceptualización de la justicia lleva a entender la justicia social de otra forma, como garantía de las condiciones sociales para el reconocimiento mutuo (Revuelta & Hernández- Arencibia, 2019, p. 335). Desde esta perspectiva, “el reconocimiento señala una relación recíproca ideal entre personas, en la que cada uno contempla al otro como su igual y a su vez como separado de sí mismo” (Murillo Torecilla & Hernández Castilla, 2011, p. 17). Es así como esta concepción pretende sostener que “cada uno se convierte en ser individual sólo en la medida en que reconoce al otro sujeto y es reconocido por él” (Murillo Torecilla & Hernández Castilla, 2011, p. 17). En estrecha relación al reconocimiento, se pretende por medio de la justicia social, dar cobertura a la participación, la promoción del acceso y la equidad para asegurar la plena participación en la vida social, especialmente para aquellos que han sido sistemáticamente excluidos (Murillo Torecilla & Hernández Castilla, 2011, p. 18). Por tanto, y así lo expresa Young (citado en Carneros Revuelta, 2018) “para que una condición social sea justa, debe permitir a todos satisfacer sus necesidades y ejercer su libertad; así la justicia requiere que todos puedan expresar sus necesidades” (p. s/n). Desde este punto de vista, la justicia social “se asienta sobre la convicción de que todos los seres humanos tienen derecho a un trato equitativo, a un apoyo para alcanzar sus derechos humanos y a una distribución justa de los recursos sociales” (Murillo Torecilla & Hernández Castilla, 2011, p. 18). Así, la justicia social no solo implica el S iStema penitenciario chileno : hacia una nueva concepción deSde un enfoque de juSticia Social C hilean penitentiary system : towards a new ConCeption from a soCial justiCe perspeCtive 115 marcos.aravena1@cloud.uautonoma.cl, rocio.brebi@cloud.uautonoma.cl VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 106-121, 2024 reparto de determinados bienes primarios, como explica la concepción distributiva, sino que comprende otros bienes asociados, asi abarca a la vez “la igualdad de oportunidades, el acceso al poder, la posibilidad de participar en diferentes espacios públicos o el acceso al conocimiento” (Murillo Torecilla & Hernández Castilla, 2011, p. 18), por tanto, la justicia social como participación “implica la promoción del acceso y la equidad para asegurar la plena participación en la vida social” (Murillo Torecilla & Hernández Castilla, 2011, p. 18), lo cual adquiere relevancia especialmente tratándose de aquellos que sistemáticamente son excluidos. Según lo que se ha planteado, la justicia social es posible de abordarla conforme a diferentes dimensiones. Si bien cada una de ellas pueden ser comprendida como complemento destinadas a una sola finalidad, no es menos cierto que cada una de ellas postula una solución diferente, ya que, a partir de un enfoque fundado en la distribución, el remedio a injusticia requerirá aplicar algún tipo de reestructuración de tipo económico. Mientras que en el enfoque del reconocimiento la solución será más bien un cambio cultural o simbólico o una reevaluación ascendente de las identidades no respetadas o sus productos culturales (Fraser, 1997, p. s/n). No obstante, cada una de dichas dimensiones nos permiten entender ampliamente los postulados de una justicia social, la cual se erige como una herramienta para el respeto y promoción de una distribución correcta, reconocimiento de oportunidades y una plena participación o acceso de cada una de las personas a los espacios públicos según en entorno y necesidades exigidas. INCORPORACIÓN DE LA JUSTICIA SOCIAL EN EL SISTEMA PENITENCIARIO CHILENO Conforme a lo expuesto, se ha afirmado la preponderancia de una justicia retributiva en el sistema penitenciario chileno, la cual, si bien castiga a los infractores por los hechos delictivos ejecutados, no presenta utilidad si lo que se busca es el progreso a una sociedad más equilibrada, empática y con conciencia propia (García-Bullé, 2020, p. s/n), elementos esenciales para considerar justo un sistema penitenciario con enfoque de justicia social. Razón por la cual “no se concibe hoy una justicia jurídica que no sea social” (Castán Tobeñas, 1996, p. 36)., dado a que “la justicia social constituye una aplicación de la idea de justicia propia de nuestro tiempo, traída por las exigencias de la vida actual, económica o social y también espiritual” (Castán Tobeñas, 1996, p. 36). Es por ello por lo que la intervención y el tratamiento de los delincuentes, así como la valoración de su nivel de riesgo para comisión de nuevos delitos es una necesidad, no solo a nivel judicial y penitenciario, sino también una demanda social (NguyeN et al., 2011, p. 274). Deestemodo,seafirmaque“lajusticiasocial viene dada por prácticas y condiciones sociales que posibilitan el reconocimiento mutuo con atención afectiva, igualdad jurídica y estima social” (Bolívar, 2015, p. 27). Conforme a ello, se concibe que existen formas de trato socialmente injustas en las que “lo que está en juego no es distribución de bienes o derechos, sino ausencia de afectos y cuidado o de estima social, que hurtan la dignidad o el honor” (Bolívar, 2015, p. 27). Es importante hacer presente que la justicia social juega un rol previo a la legal o formal, ya que se oriente a consolidar las condiciones de vida, de la que un sistema judicial penitenciario, como preceptivo, debe velar por que sea posible. Así, la justicia social al ser un valor implica velar por la protección de otros tipos de valores diferentes a los de equivalencia objetiva en la vida, como por la vida individual y colectiva de los miembros del sistema penitenciario, y por su reconocimiento y participación en el mismo. Es preocupante que la justicia social sea un enfoque colectivo, comparado a una legal, que dice relación con aspectos relacionados con el ejercicio individual de determinados derechos. Por ello, resulta ser un elemento irrenunciable de un sistema penitenciario acorde con una concepción de justicia social, la condición sine qua non, de que en cada una de las personas que reúnan la condición de condenados, se desarrollen dentro del sistema de una forma adecuada, según los correspondientes cuidados y sus particulares necesidades. No obstante, estos planteamientos se vislumbran cada vez más difícil de cumplir en el sistema penitenciario, el cual atiende a criterios propios de una justicia retributiva. Sin perjuicio de ello, a partir de una justicia social es posible construir las bases para rectificar o evitar las deficienciasalertadasenelsistemapenitenciario. Racionalización del uso de la pena fundamentada en el castigo Partiendo de la premisa que el derecho aspira a la justicia, es posible reconocer que sus normas jurídicas se estructuran sobre la base de “un Marcos A. Aravena Flores | Rocío B. Brebi Rivera 116 marcos.aravena1@cloud.uautonoma.cl, rocio.brebi@cloud.uautonoma.cl VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 106-121, 2024 contenido de carácter ideológico, que es del fundamento ideológico, político constitucional del Estado, que, a su vez, como en nuestro caso, direcciona los fines y las funciones estatales hacia la construcción de una sociedad justa y armoniosa” (Quenta Fernández, 2017, p. 136). Sin embargo, pareciera que las falencias identificadas en nuestro sistema penitenciario distan de ser calificable de justas para la población penitenciaria, dado la imperante preponderancia de una justicia retributiva. Así, un sistema penitenciario eminentemente retributivo margina a la población penal, aplicando penas privativas de libertad larga, lejos de los beneficios penitenciarios o de reintegrarse a la sociedad. Esta realidad actual debería cambiarse, porque en un sistema penal democrático se prefiere la imposición de castigos que no significan la separación completa del condenado de los miembros de la sociedad, sino sólo si la privación de libertad lo demuestra. Para que la pena sea inevitable, la ejecución de la pena debe facilitar la readaptación del condenado al medio libre, evitando en la medida de lo posible un efecto disociador de la pena, con el fin de alcanzar una finalidad penológica preventiva. Por tanto, resulta insuficiente un sistema penitenciario retributivo que no promueva la integración social y comunitaria, para ello resulta necesario “proveer de las oportunidades necesarias para que las personas sujetas al control penal puedan integrarse a la sociedad de forma igualitaria, apuntando a una disminución de la exclusión social y la vulnerabilidad” (Morales Peillard et al., 2018, p. 114). De esta forma, “resulta particularmente relevante la necesidad de fomentar la participación de dichos sujetos en actividades comunitarias, tanto intra como extramuros” (Fundación Paz Ciudadana, 2015, p. 152). Explica esta lamentable realidad el hecho de que “la mayoría de los reclusos en Chile carecen de educación formal y habilidades laborales y llegan a un sistema penitenciario que suele ofrecer escasas opciones de capacitación laboral o nivelación educativa” (Sanhueza, 2019, p. 108),locualhasidoverificado,yaque“el98% de los privados de libertad no han completado la educación obligatoria que es considerada mínima para optar a empleos formales” (ONG LEASUR, 2018, p. 17). Razón por lo cual, “el desafío en curso es avanzar en el fortalecimiento de una política penitenciaria integral, que logre disminuir la reincidencia delictiva y promover la reinserción social” (Villagra Pincheira, 2020, p. 372). Concentrando los recursos en programas de tratamiento, educación y capacitación laboral que aborden oportunidades de reintegración puede ser más efectivo para prevenir la reincidencia, lo que permitiría enfocarse en las raíces del comportamiento delictivo. Cuestión opuesta al paradigma actual, fundado en la justicia retributiva, que se centra en castigar al delincuente sin abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo, no contribuye de manera efectiva a la prevención del delito. Por tanto, aplicando un enfoque de justifica social, un sistema penitenciario ha de atender a la resociabilización, para así tratar a los infractores de la ley penal como individuos capaces de cambio, lo cual permitiría tratar las causas subyacentes del delito y proporcionar las herramientas necesarias para reintegrarse en la sociedad. Cuestión que será posible de lograr por medios de programas de reinserción, rehabilitación y educación que sean acorde a las necesidad particulares de cada condenado, especialmente de aquellos grupos que han sido reconocidos por enfrentar una situación de vulnerabilidad en el ámbito penitenciario, como ocurre con las personas privadas de libertad indígenas, extranjeros, discapacitados, mujeres o de diversidad sexual, quienes requieren de especiales formas de abordaje e intervenciones especiales acordes a sus necesidades. Para ello, hay que plantear la transición desde sistemas de reinserción concebidos para la mayoría de los condenados hacia sistemas que sean capaces de identificar y reconocer la diversidad y heterogeneidad de aquellos que integran la población penitenciaria, considerando sus identidades, recursos y necesidades propias, lo que implica reconocer la realidad de cada miembro de la población penitenciaria. De esta forma, “la justicia social requiere, como primeramedida,analizaryreflejareldesarrollo, aprendizajes y desempeños de mujeres y hombres, con diferentes capacidades, pero iguales en derechos” (Murillo et al., 2011, p. 14), lo cual permitiría dar mayor relevancia y pertinencia al desarrollo de la población penitenciaria, dado que constituyen un grupo o colectivos que necesitan que el sistema penitenciario les brinde mayores oportunidades materiales e inmateriales para su pleno desarrollo como miembros a reinsertarse a la sociedad conforme a sus capacidades, intereses y necesidades. Este enfoque más humano y empático puede fomentar la rehabilitación y promover una sociedad que valora la redención sobre la retribución, puede facilitar la integración S iStema penitenciario chileno : hacia una nueva concepción deSde un enfoque de juSticia Social C hilean penitentiary system : towards a new ConCeption from a soCial justiCe perspeCtive 117 marcos.aravena1@cloud.uautonoma.cl, rocio.brebi@cloud.uautonoma.cl VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 106-121, 2024 de los exdelincuentes en la sociedad, evitando la estigmatización y la exclusión social que a menudo acompañan a las penas retributivas. La cárcel como espacio de participación y reconocimiento de las particulares necesidades del condenado En este punto, hay que considerar la relación que vincula al Estado con aquellas personas que se encuentran privadas de libertad, que se encuentra regulada por normativa nacional, sin perjuicio de las disposiciones contemplada en el ámbito internacional. Así, a nivel interno o nacional, la Constitución Política de la República de Chile de 1980 en su artículo 19 dispone que todas las personas: “1°, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; 2°, la igualdad ante la ley; y 3°, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos” (Del Congreso Nacional, 2024, p. s/n). Y a ello, se agrega lo dispuesto en el artículo 9 del mismo cuerpo legal antes citado, que se reconoce el derecho a la protección de la salud de las personas. Por otro lado, es trascendental destacar que todas las personas privadas de libertad son sujetos de derecho, por lo que son titulares de todos los atributos y prerrogativas que no están excluidas por ley o por la sentencia dictada respecto de ellos, según la clase de pena que se impone. Cuestión que incluso es reconocido en el Reglamento Penitenciario de Chile de 1998 disponiéndolo en su artículo 2, “como un principio rector de la actividad penitenciaria” (Eurosocial, 2014, p. 106), de tal forma que “se encuentran en una relación de Derecho Público con el Estado, de manera que fuera de los derechos perdidos o limitados por su detención, prisión preventiva o condena, su condición jurídica es idéntica a la de los ciudadanos libres” (Del Congreso Nacional, 2020, p. s/n). Así, a partir de dicho precepto legal, debiese darse un enfoque asegurador, velando por el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de aquellos que están bajo la dependencia del Estado en los recintos penitenciarios, lo cual estaría en concordancia con una lógica del trato humano y una posición de garante que debe asumir el Estado, en orden a evitar, los menoscabos o restricciones o restringir innecesarios de las personas sometidas al encierro institucional. Porello,considerandoelcarácteraflictivodela pena, el que despoja al individuo del derecho de disponer de su libertad, es que el Estado debe propender la no agravación de la afectación de los derechos reconocidos a las personas privadas de libertad. Por ello, en un sistema penitenciario es indispensable aplicar criterios de justicia social, basados en una correcta distribución de bienes, derechos y obligaciones, que eviten las deficienciasalertadaspreviamente,especialmente aquellas que afectan las condiciones de vida de la población penitenciaria. Asimismo, en la labor penitenciaria es fundamental lograr la participación del condenado en la vida social, con el fin que expresen sus necesidades y que no sean víctimas de un sistema que aplique tratamientos de reinserción social generales y no acordes a la realidad del condenado. Así, una justicia social sirve para proteger a estos grupos vulnerables de la sociedad, personas en situación de riesgo por encontrarse en desventaja social que los limita al acceso a un sano desarrollo integral (Gorjón Gómez & Sauceda Villeda, 2018). Por ello, la participación como eje central del enfoque de justicia social además tiene otro aspecto de gran relevancia, que dice relación con la promoción en el ejercicio de derechos políticos, sociales y culturales, los cuales se ven afectados por la imposición de la condena, toda vez que según Rivera (citado en Morales Peillard et al., 2018) “todos sus derechos fundamentales se ven comprometidos de alguna forma, en especial en el caso de las personas encarceladas” (p. 114). Por eso, no es justo desde un enfoque de justicia social, un sistema penitenciario que no considera una política de trato penitenciario que promueva el ejercicio pleno de todos aquellos derechos, a fin de que no se vean afectados directamente sus derechos por la sanción judicial. Por último, según un enfoque de justicia social, debe propender al reconocimiento de los presos, en el sentido de que la privación de libertad no implicaría la pérdida de la dignidad humana o de su calidad de ciudadano ya que todos los individuos, independientemente de su situación legal, tienen derecho a ser tratados con respeto y a ser reconocidos como seres humanos con valor intrínseco, cuestión que no siempre se tiene a la vista por las autoridades o los miembros de la sociedad. Con lo anterior, las personas que se encuentran privadas de libertad en centros penitenciarios son considerados por el resto de la sociedad como ciudadanos de tercera clase, lo cual podemos deducir del hecho que no existe un claro interés por parte del Estado chileno para avanzar en esta materia, lo anterior se puede constatar en los escasos intentos legislativos en esta materia y los proyectos legislativos que se encuentran entrampados y sin una discusión pronta a tratar hasta la fecha, lo cual da señales Marcos A. Aravena Flores | Rocío B. Brebi Rivera 118 marcos.aravena1@cloud.uautonoma.cl, rocio.brebi@cloud.uautonoma.cl VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 106-121, 2024 de que no existe una voluntad de nuestras autoridades de mejorar las condiciones del sistema penitenciario, quedando todos estos problemas penitenciarios invisibilizados. CONCLUSIONES De acuerdo con lo expuesto, el sistema penitenciario de Chile muestra una serie de deficiencias que impactan negativamente en la población carcelaria. Estasdeficienciassemanifiestanenunatendencia hacia el castigo, la sobrepoblación y condiciones de vida precarias, evidenciando la necesidad urgente de otorgar mayor atención y respeto a esta área de la sociedad. Es importante destacar que a nivel nacional se ha establecido el deber de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad, tal como lo demandan los tratados internacionales pertinentes y las normas a nivel doméstico. Sin embargo, la situación actualdelsistemapenitenciariollevaareflexionar sobre esta problemática desde una perspectiva de justicia, con el propósito de determinar si el sistema penitenciario realmente garantiza la justicia para quienes dependen de él. Si bien, los temas vinculados a la justicia son complejos y requieren de un profundo análisis, pero la concepción debe adaptarse a las necesidades de los miembros de la sociedad, y en este caso, de quienes forman parte del sistema penitenciario. Como se ha expuesto, un sistema penitenciario justo desde un enfoque social debiese velar por una correcta distribución de los recursos, velar por el reconocimiento, participación, y en definitiva propender al bien comúndesusmiembros,conelfindedesarrollar el máximo potencial de aquellos que integra y dependen del sistema penitenciario, lo cual es un finimprescindibleparaunsistemadeejecución de penas. Sin embargo, si comparamos un enfoque social de la justicia con una justicia retributiva, como la aplicada en el sistema penitenciariochileno,quetienecomofinúltimo, el cumplimiento efectivo de una condena, prescindiendo de objetivos que tiendan a entregar herramientas efectivas para un bienestar material,noresultasersuficienteparacalificarlo como justo a la luz del enfoque de justicia social. Es útil e innovador proponer un enfoque de justicia social ante la insuficiencia del sistema penitenciario, ya que tal noción en la actualidad esprecariaydifieredeloquesedebeentender por justicia retributiva asentada por el populismo penal o punitivo de la política criminal en Chile. Por eso, es indispensable hacer notar a los operadores del sistema penitenciario, a las autoridades y a los miembros de la sociedad, la necesidad de un cambio que parte de lo conceptual, incidiendo con ello en la aplicación justa de una pena o de su cumplimiento, ya que el sistema penitenciario debe evitar la marginación y menoscabo de la persona privada de libertad, y debe velar por el reconocimiento, participación y promoción del acceso a actividades que lo reintegren a la sociedad, como también, que existalasuficienteequidadparaasegurarlaplena participación en la vida social. Sin embargo, la despreocupación de la etapa de ejecución hacequesedificulteelcumplimientodedichos fines, confirmando la necesidad de replantear el enfoque de justicia imperante en el sistema penitenciario. Atendido a lo expuesto, se propone abordar la insuficiencia del sistema penitenciario, desde un enfoque de justicia social, que permita hacer presente la necesidad de avanzar hacia un sistema penitenciario que mitigue los efectos retributivos negativos para potenciar espacios de posible resocialización y rehabilitación para quienes cometieran delitos puedan enfrentar las consecuencias de una condena con miras al futuro, evitando todo trato degradante que impliquen un menoscabo de sus integrantes. En este punto, es importante hacer presente lo explicado por John Rawls, quien en su enfoque de justicia sostiene que no basta con que determinadas instituciones básicas de la sociedad, como lo es el sistema penitenciario, sean ordenadas y cumplan determinadas funciones, ya que sin el cumplimiento de sus funciones no se puede considerar como justas, y en este sentido, estás deben cambiarse. Por consiguiente, es necesario visibilizar cuando dichas funciones no ocurren para dar cuenta de determinadas situaciones injustas que determinan la insuficiencia de un determinada institución o sistema, como ocurre en el sistema penitenciario chileno. Por último, se advierte que proponer una solución concreta escapa del objetivo del presente trabajo, pero es necesario que futuras investigaciones sobre esta temática lo aborden generando un debate y una posible respuesta. Incorporando del mismo modo la interseccionalidad, es decir, analizando el sistema penitenciario chileno en cuanto a un enfoque de justicia social hacia otros grupos vulnerables como ocurre por ejemplo con las mujeres que forman parte de la población penitenciaria, entre otros grupos en particular, lo cual permitiría dar una respuesta hacia la protección de estos grupos vulnerables. S iStema penitenciario chileno : hacia una nueva concepción deSde un enfoque de juSticia Social C hilean penitentiary system : towards a new ConCeption from a soCial justiCe perspeCtive 119 marcos.aravena1@cloud.uautonoma.cl, rocio.brebi@cloud.uautonoma.cl VOX JURIS, Lima (Perú) 42 (2): 106-121, 2024 FUENTES DE INFORMACIÓN Alarcon Sánchez, G., Díaz Ossa, S., & Martínez Rodríguez, L. (2018). Tendencias teóricas sobre justicia social: Balance documental. Revista Republicana (24), 163-180. doi: https://doi. org/10.21017/rev.repub.2018.v24.a45 Aranda Fraga, F. (2015). Debates actuales sobre la justicia: historia y desarrollo. Revista Davarlogod, 14 (2), 71-100. https://dialnet.unirioja. es/servlet/articulo?codigo=5792393 Bolivar, A. (2015). Justicia social y equidad escolar. Una revisión actual. Revista Internacional De Educación Para La Justicia Social, 1 (1), 9-45. doi: https://doi.org/10.15366/ riejs2012.1.1.001 Carneros Revuelta, S. (25 de octubre de 2018). 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