LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false false 1 1 true 25 elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 25-38, 2025 EL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL Y LA EFECTIVIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS THE CRIMINAL EXECUTION JUDGE AND THE IMPLEMENTATION OF PENITENTIARY BENEFITS Elizabeth Rosmery Huamán García https://orcid.org/0000-0001-8009-4788 Universidad de San Martín de Porres elizabethhgarcia76@gmail.com Perú Recibido: 26 de agosto de 2023. Aceptado: 8 de marzo de 2024. SUMARIO • Introducción. • La pena. • La ejecución de la pena. • La administrativización de la ejecución de la pena. • La judicialización o jurisdiccionalización de la ejecución de la pena. • Naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios. • El Juez de Ejecución Penal. • Conclusiones. • Fuentes de información RESUMEN El presente trabajo de investigación fija su norte en escudriñar los tratamientos doctrinarios y jurisprudenciales de la ejecución de la pena, deteniéndose en los criterios ideológicos de la administrativización de la ejecución de las penas, especialmente las que, corresponden a las privativas de la libertad, propios de un Estado, premoderno que propicia el ejercicio abusivo del poder disciplinario de la autoridad administrativa penitenciaria y que, deja de lado el ejercicio de los derechos de los autores del delito, no comprometidos por la ley y la naturaleza de la sentencia impuesta, como también de sus derechos fundamentales que, la constitución y los tratados internacionales lo reconocen y lo protegen; llegando a la conclusión su ilegal aplicación dentro de un Estado democrático de derecho que, exige e impone al Estado la judicialización de la ejecución de la pena, a través del juez de ejecución penal como herramienta jurisdiccional que, efectivice la protección de la libertad y dignidad humana del condenado que, constituye el principio superior de todos los derechos constitucionales y que, los instrumentos internacionales lo reconocen. PALABRAS CLAVE: pena, administrativización de la ejecución penal, jurisdiccionalización de la ejecución de la pena, agente administrativo estatal de la ejecución penal, juez de ejecución penal. ABSTRACT This research seeks to scrutinize the doctrinal and jurisprudential treatments of the execution of the sentence, stopping at the ideological criteria of the administrativeization of the execution of the punishment, especially those that correspond to the deprivation of liberty, typical of a pre-modern State that favors the abusive exercise of the disciplinary power of the penitentiary administrative authority and that leaves aside the exercise of the rights of the perpetrators of the crime, not compromised by the law and the nature of the sentence imposed, as well as their fundamental rights, which the Constitution and international treaties recognize and protect; reaching the conclusion that its illegal application within a democratic State of law, which requires and imposes on the State the judicialization of the execution of the punishment, through the Criminal Execution judge as a jurisdictional tool that makes effective the protection of freedom and human dignity of the convicted person, which constitutes the superior principle of all constitutional rights and which is recognized by international instruments. KEYWORDS: punishment, administrativeization of the execution of the punishment, judicialization of the execution of the punishment, state 26 elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 25-38, 2025 E lizabEth R osmERy h uamán G aRcía administrative agent of penal execution, criminal execution judge. INTRODUCCIÓN El análisis y la indagación del juez de ejecución penal y la efectivización de los beneficios penitenciarios, nos lleva en primer lugar a definir la pena desde el punto de vista de las teorías de la pena armonizando con sus fines según el tipo de Estado sustentado en una determinada realidad y tiempo, las mismas que, trascienden fundamentalmente en la fase de ejecución de la pena donde verdaderamente se manifiesta los fines propuestos de la pena que, en el Estado liberal clásico enfrenta al delito como hecho y no al delincuente. En el Estado social se acepta considerar al sujeto solo en las medidas de seguridad pero sin la intervención del sujeto y es sólo en el Estado social democrático que, se considera la idea resocializadora de la ejecución de la pena, especialmente en la ejecución de la pena privativa de libertad brindando oportunidades para que, el condenado pueda participar realmente en la reacción penal al presentarles alternativas hacia su conducta delictuosa, y que, en un Estado social democrático se busca la reincorporación del delincuente a la vida en libertad en un respeto irrestricto a sus derechos fundamentales y a su dignidad humana, lo que justifica el fin de la pena y limita el ius puniendi del Estado, al prohibir formas ilegítimas de ejecución penal que, dramáticamente desamparan al delincuente, vulneran sus derechos esenciales y fundamentales al dejar la ejecución de la pena simplemente a la actividad administrativa fuera de un control especializado independiente, sólo en poder de un agente de la administración penitenciaria, produciéndose la administrativización de la ejecución penal que, en el caso peruano es el INPE como autoridad administrativa y no judicial. El INPE es quien supervisa y vigila la ejecución de la sanción penal, afectando lamentablemente los derechos fundamentales y los beneficios penitenciarios del condenado, haciéndose necesario establecer una instancia jurisdiccional de ejecución penal que, tutele y garantice los derechos humanos y otros no negados por la sentencia, con un juez de ejecución penal como la única institución que, garantiza la materialización de los mecanismos que tiene por finalidad disminuir los efectos temporales de la pena privativa de libertad impuestas en la sanción penal, como recompensa de su sometimiento y esfuerzo de adaptar su conducta a mecanismos legales establecido por ley o normas disciplinarias que, constituyen los beneficios penitenciarios. LA PENA Concepto de pena Berdugo, et al. (2004) define a la pena como un efecto jurídico frente a la perpetración de un hecho punible, concretizándose mediante el despojo o reducción de bienes jurídicos determinados en la ley e impuestas por el juez o tribunal competente al autor del hecho punible. Según Roxin (1981) la pena es la mayor injerencia del Estado en los derechos fundamentales de la persona regulado por un conjunto de normas jurídicas que, sanciona un daño social ocasionado por una conducta delictuosa, castigo que debe ser proporcional a la magnitud del daño a fin de prevenir y no ocasionar más daños; en ese sentido el Estado aplicará la pena solo ante la presencia de un hecho delictuoso que, ocasione un daño intolerable para la convivencia en paz de la sociedad, siempre en cuando no se pueda aplicar otras formas menos gravosas. Para Peñaranda (2015) la pena es el despojo o reducción de derechos que, impone los órganos jurisdiccionales al que violenta la ley, como castigo por su conducta jurídicamente reprochable, a fin de restaurar el orden jurídico trastocado por el delito, por lo que, el derecho penal tiene que cancelar esta conducta delincuencial del delincuente imponiendo la pena y de no ser así el delito y no el derecho persistiría a través del tiempo. En ese sentido, Fernández (2021) define la pena como un acto de privar o restringir bienes jurídicos normados por ley penal y establecidos por un órgano judicial competente al que violenta dicha ley y puede ser penas privativas de libertad, privativas de derecho y monetario. La pena a criterio de Rodríguez (2019) se caracteriza esencialmente porque conlleva forzosamente a imponer un mal, el despojo o reducción de derechos, a causa de la ejecución de una conducta jurídicamente reprochable que, se considera como delito, impuestas por el juez o tribunal competente de acuerdo a la ley transgredida. García (1991) la pena como castigo es un daño ocasionado por el derecho a bienes jurídicos 27 elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 25-38, 2025 EL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL Y LA EFECTIVIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS THE CRIMINAL EXECUTION JUDGE AND THE IMPLEMENTATION OF PENITENTIARY BENEFITS del que dañó el bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico, orientado a hacer conocer al autor del delito el mal que ha ocasionado a través del mal que se le impone, por tanto, la pena desde un ángulo jurídico es un mal, muy distinto a la pena desde el punto de vista psicológico, por ello para que sea eficaz, la privación o restricción de bienes o derechos deben ser socialmente valiosas, razonables y no tomadas por capricho o venganza, sino un justo equivalente proporcional al daño causado, a los motivos y naturaleza del autor , por cuanto una deficiencia en el grado de la pena representa debilidad y todo exceso es una crueldad, en consecuencia, son injustas y la pena no es idónea. El castigo por el sufrimiento, dolor y tormento que, conlleva es un motivador para no transgredir la ley, desalienta a violar la ley; a la vez que, sirve para resarcir el daño producido a un bien, corrigiendo, eliminando errores o defectos que, ocasionaron la transgresión de la ley, pretende disuadir al autor del daño que vuelva a reincidir. Además, el castigo sirve de ejemplo para que, otros se inhiben a imitar la conducta dañosa del autor y de interiorizar un sentimiento de seguridad en la sociedad, al mantener el orden social. Teorías de la pena De acuerdo con Bacigalupo (1998) podemos afirmar que, toda teoría de la pena está destinada a establecer la función que debe desempeñar el derecho penal, ya que, toda función determinada por el Estado para la pena, lo establece igualmente para el derecho penal. Rodríguez (2019) señala que, el aforismo de Grocio nemo prudens punitur quia peccatum est sed ne peccetur (ninguna persona razonable o prudente castiga porque se ha pecado, sino para que no se peque), sienta las bases para un debate de la justificación de la pena atendiendo sus dos alternativas, quia peccatum est (porque se ha pecado) y sed ne peccetur (para que no se peque), desde un punto de vista del pasado considerando el delito cometido o del futuro considerando los beneficios tanto individuales como colectivos, respectivamente. En ese sentido la doctrina a fin de limitar la práctica de la pena del ius puniendi del Estado propone tres teorías de la pena. Teorías retributivas Rodríguez (2019) indica que, la alternativa punitur quia peccatum est (castigar porque se ha pecado) se ha confrontado con las llamadas teorías absolutas de la pena, destacando que, lo bueno de la pena radica en sí misma y no en sus efectos, sustentada en la consideración de imponer un mal a quien previamente ha ejecutado un mal es muy justo. Cote (2007) refiere que, esta teoría es sostenida por diversos sectores a partir de los alemanes Kant y Hegel que consideran la pena como el daño y la tortura que debe sufrir quien infringe la ley a causa del daño y padecimiento que produce su conducta delictuosa, es decir la pena está en una relación directamente proporcional a la culpabilidad, de tal manera que, de acuerdo a la gravedad de la culpa se establecerá el grado de la pena; que de acuerdo a Kant su imposición está dirigido a la restitución del valor justicia que, debe prevalecer en la tierra o de acuerdo con Hegel la pena es la negación del delito, por cuanto éste es la negación del derecho. En ese sentido, Cabrera (s/f) manifiesta que, la comuna vertebral de las teorías absolutas radica en la retribución la que refleja el valor justicia, porque mediante la retribución se hace justica al que ha delinquido, retribución que puede ser moral o jurídica. La retribución moral, sustentada por Immanuel Kant, se fundamenta en que, el mal es retribuido con el mal, así como al bien le corresponde un premio y que el delito es la transgresión de la ley racional que, obliga aplicar una pena al infractor y que dicha pena nunca puede ser un medio para alcanzar un objetivo utilitario o preventivo, de lo contrario sería arbitraria e injusta. Kant sostiene que, el hombre razonable es el hombre libre que actúa de acuerdo a la autonomía de la voluntad, autonomía que es soberana y que hace del hombre un fin y no un medio, por lo que, la pena jurídica nunca debe ser aplicado como medio que sirve para pretender otro bien así fuese en provecho del que ha delinquido o de la comunidad, es decir siempre debe aplicarse contra el que ha delinquido, en consecuencia la pena tiene significación sólo si es retributiva de la culpabilidad y nunca un medio para obtener otro bien en provecho del que ha delinquido o de la comunidad, más al contrario siempre se impondrá contra el culpable en razón a que ha delinquido y asignarle otro fin sería una violación a la dignidad de la persona, por cuanto se le estaría considerando como un instrumento o como un objeto. El delincuente juzgado es digno de castigo, es digno de las penas que merece su conducta delincuencial para lograr la justicia y si la justicia no existe, el hombre 28 elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 25-38, 2025 E lizabEth R osmERy h uamán G aRcía no tiene razón de permanecer en la tierra, por tanto, lo cualitativo y cuantitativo de la pena presenta una igualdad en la ley de talión. La retribución jurídica, sustentada por Hegel predica que, el fin del Estado es mantener el orden jurídico y que la pena restaura ipso facto el derecho destruido a causa del delito ; justificando el carácter retributivo de la pena en el imperativo de restituir la validez de la “voluntad general” que, constituye el orden jurídico, la misma que es negada por la voluntad del que ha delinquido, por lo que, es necesario negar la mencionada negación mediante el castigo penal, lográndose la afirmación de la “voluntad general”, por cuanto dialécticamente la negación de una negación es de nuevo una afirmación. La pena como retribución jurídica constituye una expresión del delito, en esa línea la pena es la manifestación de la justicia que, restablece el derecho dañado, es decir se anula el mal con otro mal. Para Rabossi (1976) carácter retributivo de la pena consiste en el uso del castigo separado totalmente de finalidad alguna y el castigo que, se impone al delincuente tiene justificación moral porque es justo que sea castigado por el hecho punible cometido. Según Jescheck y Weigend (2002) la pena es un mal que, se impone a un sujeto con el fin de compensar el mal que ha causado con su conducta, conciliándose de esta manera la conducta delictuosa del sujeto, es decir, la pena es una retribución que se impone a causa de un delito perpetrado con el fin de restaurar la justicia. Al respecto, Mir (2004) señala que, tradicionalmente la retribución fue una forma de reaccionar a raíz de un delito, considerando que el mal siempre debe ser castigado, de tal manera que, el sujeto de la conducta delictuosa lo tiene muy merecido. Teorías relativas Cote (2007) señala que, esta teoría de la pena se formuló desde la Grecia antigua y Platón sostenía que, imponer una pena sobre la conducta del que delinque es una forma de venganza y nada racional; lo racional es imponer una pena no por la conducta delictuosa por cuanto el autor no puede deshacer lo que hizo, pero si en razón de no volver a cometer el mismo delito u otros al ser testigos del sufrimiento del reo. Rodríguez (2019) indica que, la alternativa sed ne peccetur (para que no se peque) sustenta las llamadas teorías relativas de la pena, justificando la pena por estar orientadas hacia propósitos extraños a la misma pena y estar dirigidos a la prevención de delitos futuros, siendo estos propósitos por su mayor beneficio que hacen llevadero la conminación de un mal. Refiere este autor que, esta justificación de la pena de servir para prevenir delitos está dirigido a toda la sociedad con la llamada prevención general y en forma específica al que ha delinquido, como previsión especial. Las teorías de la previsión general como disuasión de delitos fueron propuestos por Feuerbach y Bentham. Feuerbach sostiene que, al encontrarse el Estado en la imposibilidad de garantizar la convivencia de los ciudadanos mediante medidas físicas, vio la necesidad de anular toda tentación de transgredir la ley a través de la amenaza de un mal impuesta después del hecho punible, operando la pena frente a los ciudadanos en general en forma de presión psicológica que disuada la perpetración de delitos que, se desarrolla con la conminación legal dirigida a la intimidación general y con la ejecución de la pena encaminada a garantizar la credibilidad en las normas penales. Las teorías de la prevención especial propuesto por Franz Von Liszt justifica la pena porque está dirigida a evitar que, el que ha delinquido vuelva a delinquir mediante, la corrección dirigida a infractores de la norma penal que, son aptos de corrección; la intimidación si no son necesitados de corrección; y la inocuización si no son aptos de corrección; siendo la corrección una expresión de la prevención especial positiva, por el contrario la intimidación y la inocuización son manifestaciones de la prevención especial negativa.. Teorías mixtas Llamadas también teorías de la unión según Jescheck y Weigend. (2002) recogen los principios de las teorías retributivas y de las preventivas no como una sumativa de sus fundamentos básicos y contradictorios, sino a través de una praxis reflexiva, favoreciendo que, la pena pueda aplicar en forma real todas sus funciones en las diferentes circunstancias de interactuación con la sociedad y el autor del hecho delictivo. Al respecto Roxin (2001) sostiene que, es imprescindible mantener los aspectos positivos tanto de la teoría retributiva como de la 29 elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 25-38, 2025 EL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL Y LA EFECTIVIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS THE CRIMINAL EXECUTION JUDGE AND THE IMPLEMENTATION OF PENITENTIARY BENEFITS preventiva, debiendo aplicarse en las tres fases del proceso penal, es decir en la conminación, aplicación judicial y ejecución de la pena. Además, afirma que, las normas penales se justifican sólo si están dirigidas a proteger la libertad individual y el orden social. Fines de la pena Fin preventivo El fin preventivo busca justificar la pena pretendiendo prevenir que ocurra el delito. Se distingue dos tipos de prevención: La prevención especial si esta pretensión va dirigido al recluso para que no vuelva a reincidir en el futuro; y la pretensión general si esta pretensión va dirigido a una tercera persona para evitar que delinca. Según Duran (2016) el fin preventivo especial o individual justifica la pena considerándola como un medio o instrumento de enfrentar al delito y su propagación en la sociedad y está dirigido al delincuente o condenado en forma individual, buscando prevenir el delito, dirigiéndose directamente al condenado, razón por lo que, sólo se puede aplicar en las fases de imposición de la pena y en la fase de ejecución de la pena; mientras que, la prevención general está dirigida a un conjunto de ciudadanos en la pretensión de prevenir el delito, de ahí que, puede aplicarse en las tres fases del proceso penal, conminación legal, imposición de las pena y ejecución de la pena (Mir, 2000). Fin resocializadora Zaffaroni (2006) indica que, el fin resocializadora de la pena constituye un limitante al ius puniendi del Estado propio del Estado social y democrático de derecho que restringe la instauración de normas penales. Duran (2016) manifiesta que, en un Estado liberal clásico no existe el fin resocializador ya que, la pena está dirigida a enfrentar directamente al delito como hecho y no al delincuente; mientras que, en el Estado social se acepta considerar al sujeto solo en las disposiciones de seguridad y en el interior de la ejecución de la pena, pero sin la intervención del sujeto que sólo es un simple objeto de la acción del Estado. Es en el Estado social democrático que, se considera la idea resocializadora de la ejecución de la pena, especialmente en la ejecución de la pena privativa de libertad brindando oportunidades para que, el condenado pueda participar realmente en la reacción penal al presentarles alternativas hacia su conducta delictuosa, en consecuencia para cumplir con la pena, la forma de ejecución penal se va materializando y sufriendo cambios según evoluciona la relación Estado y condenado, sin permitir su marginación de participación directa con la comunicación con la sociedad, más al contrario buscando que, el condenado se reincorpore a la vida en libertad, en respeto a sus derechos fundamentales y a su dignidad humana. Es este principio de humanidad y de respeto a la dignidad humana del condenado que justifica la pena y limita el ius puniendi del Estado, al no permitir formas ilegítimas de ejecución penal, como torturas y todo trato inhumano y degradantes que constituyen una vulneración a la dignidad humana. LA EJECUCIÓN DE LA PENA Concepto Fernández (2021) señala que, la ejecución de la pena es el conjunto de acciones ejercidas por los órganos competentes facultados por el Estado a fin de concretar y hacer cumplir lo dictaminado por el juez o tribunal comprendidos en una sentencia penal condenatoria. En esa misma línea Hinojosa (2002) expresa que, la ejecución de la pena es el conjunto de acciones legalmente asignados a los órganos estatales con el fin de hacer efectivo, dentro del margen de la ley y los reglamentos, el cumplimiento de la sentencia condenatoria consentida y ejecutoriada. En esta fase es donde se fijan determinadas circunstancias y condiciones a fin de hacer posible que se cumpla con la pena sancionada y la factibilidad de sus modificaciones, respetando los derechos, beneficios y garantías que posee el condenado, razón por lo que, las decisiones que se tomen deben emanar de un órgano judicial independizado de la administración. Naturaleza jurídica de la ejecución de la pena Según Fernández (2021), en lo que corresponde a la ejecución de la pena privativa de la libertad, existe confrontación directa doctrinaria. Así para Santoro en la doctrina italiana, para Gutiérrez de Cabiedes en la doctrina española es de naturaleza netamente administrativa, por cuanto una vez determinada la sanción penal finaliza el proceso penal y se inicia los actos 30 elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 25-38, 2025 E lizabEth R osmERy h uamán G aRcía netos de la función administrativa; mientras que, Carnelutti y luego Marsich sostienen que, luego de la sentencia penal condenatoria y firme, continúa el proceso penal hasta que finaliza la pena, por tanto es de naturaleza procesal; y una tercera posición dada en la doctrina italiana por Manzini, Falchi, Catelani y Leone; en la española con Gómez Orbaneja sostienen que, es de naturaleza mixta con una primera etapa de ejecución que corresponde a los órganos jurisdiccionales, haciendo ejecutar lo sancionado y otra de cumplimiento tangible de las penas que, corresponde a la actividad administrativa que, también se denomina actividad penitenciaria desarrolladas en las instituciones penitenciarias con el fin primero en el denominado régimen penitenciario, de retener y custodiar al condenado; segundo, en el denominado tratamiento penitenciario destinado a su reeducación y resocialización social; y tercero, a establecer programas de prestaciones asistenciales en beneficio de los condenados. Los derechos fundamentales de la persona privada de libertad El Tribunal Constitucional del Perú, en la sentencia del expediente 1429-2002-HC/ TC, afirma que nuestra Constitución Política garantiza la defensa y protección de los derechos fundamentales del ciudadano y que el goce de estos derechos no está subordinado ni tampoco pueden ser suspendidos por efecto de la privación del derecho a la libertad, es decir el régimen penitenciario se formula y aplica observando los derechos del recluso que posee iguales derechos que el ciudadano en libertad salvo los afectados y limitados por la sentencia. Asimismo los tratados internacionales en materia de derechos humanos confirman que, los internos de los establecimientos penales gozan de todos sus derechos fundamentales, menos de los limitados por la resolución judicial sancionadora. Según Cafferata (2000) la reclusión del condenado a un establecimiento penitenciario está regulado por el Código Penal y Código Procesal Penal, éstos deben observar el principio de legalidad penal, siendo descartados las aplicaciones análogas, los derechos derivados de usos y costumbres, la observancia retroactiva de la ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2005) manifiesta que, los tratados internacionales en materia de derechos humanos protegen a las personas ante la arbitrariedad del poder público, la tutela de sus derechos en la fase de ejecución de la pena cobra importancia porque en esta etapa del proceso penal ocurre las violaciones de derechos, por tanto existiendo una dependencia entre el recluso y el Estado, siendo el Estado el obligado de la custodia del recluso en los establecimientos penitenciarios es el responsable de proteger los derechos fundamentales de los condenados, asumiendo su custodia y vigilancia. Los principios rectores de la ejecución de la pena Estos principios rectores son: el principio de jurisdiccionalidad, el principio de legalidad y el principio de oficialidad. El principio de jurisdiccionalidad Según Fernández (2021) este principio implica todo acto dirigido a llevar a cabo la ejecución de lo juzgado cuya función solo corresponde al juez o tribunal competente conforme lo dispone la ley. El principio de legalidad Para Fernández (2021) este principio comprende cuatro garantías. La garantía criminal, la garantía penal, la garantía jurisdiccional y procesal, establece que, la ejecución de la pena y las disposiciones de seguridad solo es factible cuando existe una sentencia firme sancionada por el juez o tribunal competente según las leyes, y la garantía ejecutiva establece que, la ejecución de la pena y las disposiciones de seguridad solo se aplican en la forma establecida por ley y reglamentos controlados por el juez y tribunal competente. El principio de oficialidad En la ejecución penal se da el impulso de oficio por el órgano jurisdiccional establecida y fijada por la ley que los encomienda, correspondiendo en España al juez o tribunal que sentencia. (Fernández, 2021). EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INPE) Solís (2008) indica que, el Código de Ejecución Penal de 1985 instituyó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como un ente rector del sistema penitenciario en el Perú que reemplazó a la Dirección General de Establecimientos Penales y Readaptación Social; y que, debido a los cambios sufridos por el Código de Ejecución Penal en 1991 sufrió también cambios en su 31 elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 25-38, 2025 EL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL Y LA EFECTIVIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS THE CRIMINAL EXECUTION JUDGE AND THE IMPLEMENTATION OF PENITENTIARY BENEFITS estructura orgánica, estando en vigencia desde el año 2007 su actual Reglamento de Organización y Funciones, que fijan como su objetivo que, deberían cumplir en la dirección, control y supervisión, tanto técnica como administrativa, en la ejecución de las penas privativas de la libertad, restrictivas de libertad y limitativas de derecho, así como también las disposiciones de seguridad, del Sistema Penitenciario Nacional, en su finalidad resocializadora del condenado, especialmente en la pena privativa de la libertad dentro de un establecimiento penitenciario que, en la práctica solo se aplica la modalidad cerrada de las otras dos, semiabierto y abierto que determina el Código de Ejecución Penal, con las dramática realidad que en lugar de resocializar, desocializan a los condenados. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo manifiesta que, es competencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la custodia, seguridad y otros, del condenado, es decir en el marco del actual modelo de administración penitenciaria del sistema de control de la ejecución penal, es el INPE quien soluciona y ejecuta la sanción penal, afectando lamentablemente los derechos fundamentales y los beneficios penitenciarios, reconocidos por nuestra Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Estado peruano, haciéndose necesario establecer una instancia jurisdiccional de ejecución penal que tutele y garantice los derechos humanos y otros no negados por la sentencia, y que son propios de un Estado democrático de derecho. LA ADMINISTRATIVIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA Kûnsemûller (2010) señala que, una vez que el derecho penal adjetivo o derecho procesal penal dicta sentencia, el juez que sentenció se desvincula del condenado y ya no interviene directamente en el cumplimiento de la pena que ha impuesto, quedando la fase ejecutiva de la pena fuera de la atención jurídico-penal y dependiendo de la intervención de la administración estatal mediante un servicio público, es decir se deja al condenado ajeno al derecho, desamparándolo de las consecuencias que estas traen y que, inciden en sus derechos esenciales y fundamentales, pues dejar la ejecución de la pena simplemente a la actividad administrativa conlleva a privar de legitimidad y funciones al derecho penal que es la encargada de la organización de las formas, métodos, tratamientos, garantías, derechos y obligaciones de los condenados en la fase de ejecución de las penas; y de esta manera esta fase queda fuera de un control especializado independiente del que lo sancionó, sólo en poder de un agente de administrativo carcelario, produciéndose la administrativización de la ejecución penal, haciendo de la pena un fin en sí misma, desvirtuando todo lo positivo alcanzado en las dos fases anteriores del proceso, haciendo irrealizable la rehabilitación del condenado, quienes pierden su personalidad y su sociabilidad, vulnerando sus derechos fundamentales como su derecho a la dignidad humana que, la Constitución y los instrumentos internacionales consagra a toda persona, aún fuese un delincuente. En ese contexto se pronuncia Pérez (2016) una vez impuesta la pena privativa de la libertad por el órgano jurisdiccional competente lo abandonaban al condenado hasta pronunciarse sobre la recuperación de su libertad, de tal forma que, la actividad penitenciaria se encontraba dentro del marco de la administración penitenciaria que funcionaban deficientemente tomando decisiones arbitrarias que transgredían los derechos del condenado, generalmente cuando no existía supervisión y control judicial, con lo que, se generaba la protesta de la población de condenados mediante motines y diversas formas de violencia a tal punto diversos certámenes internacionales fomentaron la necesidad de la creación del juez de ejecución penal. Con la creación del juez de ejecución penal se evitaría las decisiones arbitrarias e injustas de la autoridad administrativa, puesto que, constituye un juez imparcial, especializado y con funciones legales que la ley lo reconoce, superando no solo la realidad colombiana sino de todos los países, lo que Orjuela (2019) señala que, en el reglamento penitenciario colombiano establece que, toda sanción disciplinaria puede ser apelada ante la administración penitenciaria, que es la misma que sancionó el castigo, sólo que es atendido por el superior jerárquico, lo que resulta una fractura del orden justo, porque en la praxis la administración penitenciaria aprovecha su condición de supremacía sobre los internos y vulnera sus derechos fundamentales. LA JUDICIALIZACIÓN O JURISDICCIONALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA Según Kûnsemûller (2010) el tribunal que, juzgó y sentenció pone punto final a su jurisdicción al llegar a la sentencia ejecutiva, a partir de ahí comienza la jurisdicción de otro tribunal especializado, encargado de supervisar, velar y amparar los 32 elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 25-38, 2025 E lizabEth R osmERy h uamán G aRcía derechos del condenado al hacer cumplir la sentencia penal, dando lugar a la judicialización de la sentencia, cuya virtud es observar el principio de legalidad, columna vertebral del derecho punitivo, y garantizar los derechos de los reclusos no comprendidos por la ley y por la misma sentencia; constituyéndose en una herramienta imprescindible para el tránsito del nivel declarativo o programático al nivel de su materialización en acciones concretas que, hacen efectivo el fin que busca la pena, garantizando los derechos de los reclusos mediante una vía únicamente judicial, ejerciendo control y vigilancia hacia las autoridades encargadas de ejecutar las penas y establecer medidas opcionales para su cumplimiento. La judicialización de la pena se encamina tanto a proteger que las sanciones penales se cumplan correctamente como a salvaguardar los derechos humanos del condenado, protecciones encomendadas únicamente a una judicatura especial, diferente al que emitió la sentencia. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS Tanto Small (2010) como Milla (2019) sostienen que, los beneficios penitenciarios son genuinos incentivos y no derechos, creados como una razonable posibilidad de derechos del condenado, con una gran perspectiva de que, las normas de comportamiento para el campo penitenciario conlleven a reducir el tiempo de internamiento del recluso, beneficiándose gradualmente con el otorgamiento de la semilibertad, libertad condicional y finalmente con la libertad, gracias a un sistema de condonación de pena por trabajo o educación; y no puede ser derecho porque el derecho obliga al reo cumplir con los requisitos para su otorgamiento. Bueno (1989) opina que, los beneficios penitenciarios son derechos subjetivos de los condenados porque no sólo se debe al hecho de que están privados de su libertad, sino que necesariamente tienen que cumplir con un juicio de valor exigido por la norma correspondiente. Mientras que, el Tribunal Constitucional peruano, en la sentencia 0842-2003-HC/TC, sanciona que los beneficios penitenciarios no son derechos subjetivos ni derechos fundamentales, sólo son garantías establecidas por el Código de Ejecución Penal. EL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL La doctrina moderna según Kûnsemûller (2010) sostiene que, el juez de ejecución penal necesariamente debe ser un órgano jurisdiccional, es decir un representante del Poder Judicial y no una autoridad administrativa que marca una clara diferencia entre el campo administrativo-penitenciario con el campo netamente jurisdiccional, lo que, no significa negar que debe existir una rigurosa colaboración entre dichas esferas, puesto que, en esta fase de ejecución se requiere de la colaboración de la esfera administrativa estatal para que el órgano jurisdiccional, el juez, pueda hacer efectiva el fin de la pena; dado que, -así lo sostiene Manzanares (1984)- una sentencia penal no es nada estático, más al contrario es dinámico que, está en constante cambio sufriendo alteraciones en su ejecución, como en su libertad condicional, en los beneficios penitenciarios, en los castigos y disciplina impuestas; que por lo tanto se requiere someterlas a estrictos y delicados controles y supervisión, de manera que, se garanticen la protección de los derechos fundamentales que no los pierde el condenado por su condena penal, sino que, debe ser reconocido y respetado por su derecho a la dignidad, pilar fundamental de un Estado de derecho y que sólo un juez de ejecución penal es el órgano garantista. Orjuela (2019) menciona que, la designación del juez de ejecución penal tiene su génesis en la función que desempeña, la misma que está relacionada con las penas privativas de la libertad del condenado recluido en un penal, concediendo alicientes de libertad condicional, permisos y descuentos por cálculo de las actividades educativas, de trabajo y de enseñanza desarrollados por el condenado, de aceptar o negar los beneficios penitenciarios de acuerdo a la evaluación realizada por la administración penitenciaria. Al respecto Haddad (1999) menciona que, el juez de ejecución penal posee amplias funciones como de tutela, de decisión, de control y de un puro conocimiento. Según Solís (1990) el juez de ejecución penal por la cultura que posee, por su independencia y por sus facultades operantes y de inspección constituyen garantía de los derechos y beneficios del recluso. En ese sentido Fernández (2021) expresa que, el juez de ejecución penal es idóneo para el control del cumplimiento conveniente de las sentencias condenatorias, para garantizar el respeto de los derechos del prisionero y resolver todo los problemas que se presenten durante la fase de la ejecución de la pena; para el efecto establece programas de inspección y visita a las 33 elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 25-38, 2025 EL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL Y LA EFECTIVIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS THE CRIMINAL EXECUTION JUDGE AND THE IMPLEMENTATION OF PENITENTIARY BENEFITS instituciones penitenciarias, pudiendo confrontar a los sentenciados con los responsables de los establecimientos penitenciarios para cumplir con sus funciones de vigilancia y control, estableciendo formas para su cumplimiento y dictando medidas necesarias para corregir y prevenir fallas y defectos observados en el desempeño del sistema penitenciario. En ese sentido, podemos observar que, el Código Penitenciario y Carcelario de Colombia dispone que, es el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la autoridad judicial competente que garantiza la legalidad del cumplimiento de la ejecución de las sanciones penales, pero según Mendieta, et al. (2020) el rol de proteger, preservar y salvaguardar los derechos fundamentales de los reclusos es letra muerta por cuanto debido a la falta de recursos humanos y financieros no se puede garantizar la presencia permanente en los establecimientos carcelarios del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. La necesidad de un juez de ejecución penal Orjuela (2019) señala que, Perú eliminó la institucionalidad del juez de ejecución penal, transfiriendo la potestad y el poder de conocer los asuntos vinculados con la ejecución penal y la actividad penitenciaria, a la administración a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y lo concerniente a los beneficios penitenciarios a los jueces penales que conocieron el proceso, lo que provoca un conflicto por el escaso conocimiento del aspecto de la resocialización del condenado. El Nuevo Código Procesal Peruano, faculta la juez de la investigación preparatoria conocer los requerimientos, observaciones y todo lo accesorio correspondiente a la sentencia impuesta, así como resolver lo concerniente a los beneficios penitenciarios, sin embargo, esta amplia facultad del juez de investigación preparatoria de conocer y resolver sobre el otorgamiento del beneficio penitenciario, de los incidentes ocurridos y de hacer uso de diligencias para su correcto cumplimiento, a opinión de Orjuela (2019) la práctica se encarga de demostrar que, la actividad de dichos jueces es negativa porque hacen uso de los mismos fundamentos y criterios que se emitieron en la fase de la responsabilidad penal como si se tratara de condenar de nuevo al reo, sin tener en cuenta que, es una fase independiente encargada de valorar la permanencia del recluso, su comportamiento, insolvencia económica, condiciones psicológicas y de salud, o en otras ocasiones no asumen su competencia dejando a la discrecionalidad de las autoridades penitenciarias del Instituto Nacional Penitenciario. Al respecto, Millán (2016) sostiene que, no es nada razonable, prudente ni sensato que, el juez que diligenció el proceso sea el encargado de evaluar y resolver los beneficios penitenciarios porque se halla inficionado del caso lo que no le permite hacer una evaluación objetiva, por ello se hace necesario la reinstauración de los jueces de ejecución. Podemos mencionar tres razones de utilidad que, conlleva la reinstauración de los jueces de ejecución penal. La primera razón, evitaría y limitaría la posible arbitrariedad que, pueda cometer la administración penitenciaria, ejerciendo control sobre las medidas desproporcionadas emitidas por el órgano interno administrativo, logrando establecer un orden justo en los presidios, al lograr un equilibrio entre el condenado y la administración penitenciaria, sin que, ello signifique una contraposición a la facultad sancionadora de la administración penitenciaria, porque se trata de controlar a través de un órgano judicial todo procedimiento disciplinario – administrativo. Como segunda razón, concretar la tutela judicial efectiva en la fase de ejecución que conlleva a garantizar: el ingreso a un órgano judicial imparcial que favorece una evaluación objetiva para una correcta toma de decisiones; el debido proceso respetando el derecho de defensa y la conducta del condenado frente a decisiones arbitrarias, como puede ser el caso de un condenado que tuvo una conducta violenta durante el juicio y que luego de un tratamiento penitenciario aprendió a controlar sus emociones sustentada en un informe psicológico. La tercera razón sustenta que, favorece la concreción y materialización de los fines resocializadora, reeducadora y rehabilitadora que persigue las penas y que, conlleva a que, el condenado cumpla con los requisitos para lograr los beneficios penitenciarios, recuperando su libertad y garantizando a la sociedad su no reincidencia. La necesidad de compatibilizar el sistema penitenciario peruano con los pronunciamientos de las instituciones internacionales El Estado peruano está obligado a cumplir con los pronunciamientos y mandatos de las instituciones internacionales sobre derechos humanos, por tanto, conciliar y compatibilizar 34 elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 25-38, 2025 E lizabEth R osmERy h uamán G aRcía el sistema penitenciario con el mandato de los tratados internacionales, como son: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el año 1966, vigente desde 1976 y aprobado por el Perú mediante Decreto Ley Nº 22128 en 1978. Dispone en el artículo 10º numeral 1 que, todo condenado en un establecimiento penitenciario tendrá un trato humanitario, respetando su dignidad humana que le es inherente por su condición de ser humano; y en el numeral 3 que, el condenado es favorecido con un tratamiento penitenciario con la finalidad de lograr su reforma y readaptación a la sociedad, por cuanto asume un rol de prevención del delito y de rehabilitación del condenado. En el artículo 14 obliga al Estado a establecer mecanismos que, garanticen la adecuada aplicación de la justicia observando la igualdad de condiciones por los órganos judiciales tanto ordinarios como especiales, es decir toda persona tiene derecho a un juicio justo y al respeto a las garantías procesales y a solicitud del condenado a revisar su sentencia por un tribunal diferente al que sentenció, garantizando el debido proceso y la materialización de la tutela judicial efectiva. Convención Americana sobre Derechos Humanos Más conocido como el Pacto de San José de Costa Rica , fue aprobada el año 1969 y vigente a partir del año 1978, reconoce el derecho de toda persona, entendiéndose que se incluye a los reclusos, a exigir el respeto a su vida; a su integridad física, psíquica y moral; no someterlos a torturas y tratos cueles e inhumanos, los condenados deben ser tratados con respeto a su dignidad humana por el solo hecho de ser humano, por tanto, tienen derecho a la reforma y a la readaptación social, derecho a la defensa, al libre acceso a la justicia, el derecho de ser oído por un tribunal imparcial dentro del plazo que corresponde y con las garantías debidas. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura Aprobada en 1985 en Cartagena de Indias, Colombia y vigente a partir de 1987, define tortura como un acto ejecutado en forma intencional sobre una persona provocando penas, dolor, angustia y daños físicos o mentales, o que recurran a métodos dirigidos a inhabilitar su personalidad a excepción de penas, dolor, angustia y daños físicos o mentales que son consecuencias de sanciones legales. Los Estados partes garantizarán en su ordenamiento penal que, todos los actos e intentos de tortura sean considerados como delitos de tortura, estableciendo castigos y sanciones rigurosas de acuerdo al grado de gravedad y estableciendo dispositivos de prevención y sancionadoras frente a todas penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibiendo al personal policial y funcionarios públicos responsables de custodiar a los reos en los establecimientos penitenciarios el uso de medios de tortura, considerando que nada justifica su empleo, ni la peligrosidad del condenado, ni la inseguridad del establecimiento penitenciario. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) Aprobado en San Salvador, el Salvador en el año 1988 y entró en vigencia el año 1999, este Protocolo obliga a los Estados partes a adoptar las medidas necesarias tanto internas, de acuerdo a sus procedimientos constitucionales, como en colaboración con otros Estados para hacer efectivo todos los derechos reconocidos en dicho Protocolo sin discriminación alguna. Un derecho importante dirigido a los reclusos es el derecho a la salud, a disfrutar del mayor grado de bienestar físico, mental y social, para ello los Estados partes declararán la salud como un bien público, a vivir en un ambiente sano con servicios básicos adecuados, a una nutrición adecuada que, garantice su bienestar físico, emocional e intelectual que, le permite desarrollar eficientemente su tratamiento penitenciario. Convenio sobre traslado de personas condenadas – Estrasburgo sobre la ejecución de penas Aprobado en Estrasburgo en 1983 orientado a establecer una relación de unión y cooperación entre Estados en materia penal en busca de lograr una buena administración de justicia y servir de fuente para la eficiente reinserción social de los reos extranjeros consignados 35 elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 25-38, 2025 EL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL Y LA EFECTIVIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS THE CRIMINAL EXECUTION JUDGE AND THE IMPLEMENTATION OF PENITENTIARY BENEFITS en establecimientos penitenciarios de países ajenos, para ello mutuamente los Estados asumen su colaboración en todo lo necesario para el traslado de condenados hacia su medio social de nacimiento considerando que es el mejor medio para un eficiente tratamiento penitenciario. Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos adoptadas por la Organización de Naciones Unidas y principios básicos de tratamiento penitenciarios Aprobadas en Ginebra en el año 1955 y vigentes desde los años 1957 y 1977 sirvieron de base e inspiración para la reglamentación y administración penitenciaria de todo el mundo a pesar de las diferencias, políticas, económicas, sociales y culturales de los diferentes países. El objetivo de estas Reglas mínimas es establecer los principios y las reglas a fin de lograr una buena organización de los establecimientos penitenciarios y un eficiente tratamiento de los condenados. Establece que, los establecimientos penitenciarios deben ofrecer ambientes ventilados, con acceso a luz natural, sanos, higiénicos, ropas y cama limpias y en un buen estado, alimentación de calidad y bien servida, nutritivas que permiten al recluso mantener su salud y fuerza, el orden y la disciplina debe mantenerse sin imponer limitaciones exageradas que linden con el abuso, la crueldad, acciones inhumanas y degradantes, para su sanción debe existir normas informadas al recluso y que le permita su defensa. La administración penitenciaria seleccionará cuidosamente al personal de nivel y grado de acuerdo al puesto de trabajo, dado que, de la integración, humanidad, perfil personal y profesional es la garantía de una buena dirección de los establecimientos penitenciarios y un tratamiento eficiente a los reclusos con el fin de lograr su modificación y reinserción a la sociedad. Reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusas (Reglas de Bangkok) La Asamblea General de las Naciones Unidas sancionó en el año 2010 las Reglas de Bangkok justificando que, varones y mujeres no pueden recibir igual trato sino tratos diferentes, con políticas y leyes de acuerdo al género de los condenados y condenadas, atendiendo que, las mujeres privativas de libertad son muy vulnerables por muchas razones, como puede ser su pasado afectado por la violencia doméstica y/o sexual, en el uso y tráfico de drogas, su discriminación en todo los estatus sociales, la misma que se agrava en los centros penitenciarios, razón por lo que, requieren de políticas y régimen penitenciario especiales que eviterna la vulneración de su dignidad humana y garanticen su desarrollo físico y mental. Dispone de las formas como la administración penitenciaria debe ingresar, registrar, determinar el lugar de reclusión distinguiendo si son reclusas embarazadas o con hijos menores de edad, seguridad y vigilancia y otros más. El Manual de Buenas Prácticas Penitenciarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos El Instituto Interamericano de Derechos Humanos en 1988 elaboró este Manual señalando que, las autoridades administrativas de los establecimientos penitenciarios para sancionar por motivos disciplinarios deben observar la razón de necesidad, el principio de legalidad, el respeto al debido proceso, de no ser penado doblemente por una infracción igual a la ya sancionada. La Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2008 La Comisión reiteró la obligación de los Estados partes de observar los derechos de todos los reclusos conforme los tratados internacionales sobre derechos humanos, respetando la dignidad humana y sus derechos humanos de los condenados. El proceso disciplinario en los establecimientos penitenciarios debe observar el principio de legalidad de tal manera que, las resoluciones tanto judiciales como administrativas no deben limitar los derechos de los reclusos por encima de lo permitido; las sanciones disciplinarias requieren observar lo dispuesto por las normas internacionales; respetar el debido proceso; las mujeres en estado de gravidez, las madres que tienen a sus hijos menores de edad conviviendo con ella, los reclusos con incapacidad mental deben ser aislados previo informe médico. Las Comisión establece que los Estados partes deben garantizar instancias especiales judiciales para una eficiente administración penitenciaria estableciendo jueces de control y ejecución de penas. 36 elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 25-38, 2025 E lizabEth R osmERy h uamán G aRcía CONCLUSIONES La pena es la privación o restricción de derechos que impone los órganos jurisdiccionales al que violenta la ley, como castigo por su conducta jurídicamente reprochable, a fin de restaurar el orden jurídico trastocado por el delito y que, según la teoría mixta de las penas es la que, desalienta y educa en un alcance social- pedagógico, aunando la prevención con la resocialización del condenado. La ejecución penal es la actividad ejercida por los órganos del Estado determinados legalmente por la correspondiente norma con el propósito de materializar y hacer efectivo todos y cada uno de lo dispuesto por el fallo de una sentencia penal firme, así como también de establecer medidas de seguridad que garanticen el cumplimiento de los fines de la pena, que es la resocialización de los condenados y que dentro de un Estado social y democrático de derecho le corresponde al Poder Judicial, a través de un juez de ejecución penal. Dejar la ejecución de la pena simplemente a la actividad administrativa significa privar de legitimidad y funciones al derecho penal que, es la encargada de la organización de las formas, métodos, tratamientos, garantías, derechos y obligaciones de los condenados en la fase de ejecución de las penas; y de esta manera, ésta fase queda fuera de un control especializado independiente del que lo sancionó, sólo en poder de un agente de la administración penitenciaria, produciéndose la administrativización de la ejecución penal, haciendo de la pena un fin en sí misma, desvirtuando todo lo positivo alcanzado en las dos fases anteriores del proceso, haciendo irrealizable la rehabilitación del condenado, quienes pierden su personalidad y su sociabilidad, vulnerando sus derechos fundamentales como su derecho a la dignidad humana, que la Constitución y los instrumentos internacionales consagra a toda persona. La virtud de la judicialización de la sentencia es la observación del principio de legalidad, columna vertebral del derecho punitivo, y la de garantizar los derechos de los condenados no comprendidos por la ley y por la misma sentencia; constituyéndose en una herramienta imprescindible para el tránsito del nivel declarativo o programático al nivel de su materialización en acciones concretas que hacen efectivo el fin que busca la pena, garantizando los derechos de los condenados mediante una vía únicamente judicial, ejerciendo control y vigilancia hacia las autoridades encargadas de ejecutar las penas y establecer medidas opcionales para su cumplimiento. Podemos mencionar tres razones de utilidad que conlleva la reinstauración de los jueces de ejecución penal. La primera razón, evitaría y limitaría la posible arbitrariedad que pueda cometer la administración penitenciaria, ejerciendo control sobre las medidas desproporcionadas emitidas por el órgano interno administrativo, logrando establecer un orden justo en los presidios, al lograr un equilibrio entre el condenado y la administración penitenciaria, sin que, ello signifique una contraposición a la facultad sancionadora de la administración penitenciaria, porque se trata de controlar a través de un órgano judicial todo procedimiento disciplinario – administrativo. Como segunda razón, concretar la tutela judicial efectiva en la fase de ejecución que, conlleva a garantizar: el ingreso a un órgano judicial imparcial que favorece una evaluación objetiva para una correcta toma de decisiones; el debido proceso respetando el derecho de defensa y la conducta del condenado frente a decisiones arbitrarias, como puede ser el caso de un condenado que tuvo una conducta violenta durante el juicio y que luego de un tratamiento penitenciario aprendió a controlar sus emociones sustentada en un informe psicológico. La tercera razón sustenta que, favorece la concreción y materialización de los fines resocializadora, reeducadora y rehabilitadora que persigue las penas y que conlleva a que, el condenado cumpla con los requisitos para lograr los beneficios penitenciarios, recuperando su libertad y garantizando a la sociedad su no reincidencia. Por último, la reinstauración de los jueces de ejecución penal es una necesidad de compatibilizar el sistema penitenciario peruano con los principios constitucionales y pronunciamientos de las instituciones internacionales en materia de derechos humanos. FUENTES DE INFORMACIÓN Bacigalupo, E. (2005). Las teorías de la pena y el sujeto del Derecho Penal. En: Los Desafíos del Derecho Penal en el Siglo XXI . Ara Editores: Lima. Berdugo, I. et, al. (2004). Curso de Derecho Penal . Parte General. Ediciones Experiencia S.L: Barcelona. Bueno, F. (1989). Los beneficios penitenciarios después de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Revista de Estudios Penitenciarios . Extra 1 37 elizabethhgarcia76@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 25-38, 2025 EL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL Y LA EFECTIVIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS THE CRIMINAL EXECUTION JUDGE AND THE IMPLEMENTATION OF PENITENTIARY BENEFITS Cabrera, S. (s/f). Teorías absolutas de la pena. 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