LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false false 1 1 true 124 alangarhuitron@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 124-139, 2025 CRIMINOLOGÍA DEL GENOCIDIO REFLEXIONES EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LUIS ECHEVERRÍA DURANTE LA GUERRA SUCIA THE CRIMINOLOGY OF GENOCIDE REFLECTIONS ON CRIMINAL RESPONSIBILITY OF LUIS ECHEVERRÍA IN DIRTY WAR CRIMES Alan García Huitrón https://orcid.org/0000-0002-6462-5785 Centro de Investigación (CDI) de Flores Serna & Asociados alangarhuitron@gmail.com México Recibido: 30 de abril del 2024. Aceptado: 30 de julio de 2024. SUMARIO • Introducción • Metodología • Marco teórico • Análisis • Conclusión • Fuentes de información RESUMEN El objetivo del artículo fue reflexionar, desde la criminología, el papel del expresidente mexicano Luis Echeverr í a en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco ocurrida en 1974. A partir de un análisis documental de la figura de la cadena de mando militar y del contexto situacional, estructural e intersubjetivo del ejército mexicano durante la época conocida como guerra sucia , se pudo demostrar que Echeverría fue un genocida y junto con el ex secretario de la Defensa Nacional y otros jefes de sección y zonas militares actuaron como parte de una empresa criminal a fin de llevar a cabo un plan estructurado tendiente a erradicar -fuera del Estado de derecho- todo lo que fuera, pareciera, apoyara o simpatizara con las gavillas (término usado para aquellas personas que buscaban modificar las condiciones sociales en un horizonte de justicia). PALABRAS CLAVE: Criminología, Genocidio, Guerra sucia, Luis Echeverría, Rosendo Radilla ABSTRACT The objective of the article was to reflect, from criminology, on the role of former Mexican president Luis Echeverria in the forced disappearance of Rosendo Radilla Pacheco that occurred in 1974. Based on a documentary analysis of the figure of the military chain of command and the situational, structural and intersubjective context of the Mexican Army during the era known as the Dirty War, it was possible to demonstrate that Echeverría, the former Secretary of National Defense and other leaders section and military zones acted as part of a criminal enterprise in order to carry out a structured plan aimed at eradicating - outside the rule of law - everything that was, seemed, supported or sympathized with the sheaves (term used for those people who sought to modify social conditions within a horizon of justice). KEY WORDS: Criminology, Dirty War, Genocide, Luis Echeverr í a, Rosendo Radilla INTRODUCCIÓN: OBSTACULIZANDO LA JUSTICIA El presente texto se enmarca en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) Caso Rosendo Radilla Pacheco y sus familiares vs el Estado mexicano , del 23 de noviembre de 2009, particularmente, en la primera recomendación relacionada a la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar, y en su caso, sancionar a los responsables. 125 alangarhuitron@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 124-139, 2025 CRIMINOLOGÍA DEL GENOCIDIO. REFLEXIONES EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LUIS ECHEVERRÍA DURANTE LA GUERRA SUCIA THE CRIMINOLOGY OF GENOCIDE. REFLECTIONS ON CRIMINAL RESPONSIBILITY OF LUIS ECHEVERRÍA IN DIRTY WAR CRIMES Para cumplir este punto, desde 2007 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la actual Fiscalía General de la República (FGR) ha reunido diversos elementos probatorios entorno al Ejército mexicano, acusado de detener, interrogar, torturar y desaparecer al señor Rosendo, así como de negar los datos sobre su paradero. Uno de los últimos análisis sobre este punto, obrado en la carpeta de investigación del caso, fue el del Dr. Carlos Castresana Fernández, mismo que recomienda profundizar y esclarecer la figura jurídica de la cadena de mando en la institución castrense que permita deslindar y determinar las verdaderas responsabilidades penales. De esta manera, partiendo tanto de la sentencia de la Corte Interamericana y su supervisión de cumplimiento a través de las resoluciones de 2011, 2012, 2013 y 2015 como de los puntuales avances que la Subprocuraduría ha obtenido respecto a esa particular obligación, los objetivos particulares analizarán la figura militar de la cadena de mando, así como el contexto situacional, estructural e intersubjetivo del ejército mexicano durante la época conocida como “guerra sucia”, con la finalidad de aportar elementos probatorios que permitan determinar los diferentes grados de responsabilidad penal (ejecutores, superiores y participes) por medio de las figuras autor mediato, empresa criminal conjunta y responsabilidad del superior jerárquico. Se trata de no únicamente describir la figura jurídica de la cadena de mando bajo condiciones ideales y controladas (deber ser), sino de explicar cómo ella operó bajo ciertos contextos situacionales, estructurales e intersubjetivos que incidieron en la participación militar de graves violaciones de derechos humanos en tales periodos (ser), buscando así responder a las interrogantes de por qué el ejército participó en estas conductas delictivas, cómo es qué lo hizo, quién o quiénes participaron y de qué forma. Por supuesto, no se busca justificar los actos criminales perpetrados ni sumarse a su impunidad estructural, pero tampoco adelantarse a concluir juicios sumarios a todos aquellos militares de la época, por el contrario, centrarse en quienes son potencialmente los verdaderos responsables para, en este sentido, conducir las líneas de investigación vigentes hacia su juzgamiento y sanción. La hipótesis que guía estos objetivos es que el expresidente Echeverría fue responsable de genocidio durante la “guerra sucia”, actuando junto con otros actores de estirpe militar como parte de una empresa criminal a fin de llevar a cabo un plan estructurado tendiente a erradicar a las gavillas (término usado para aquellas personas que buscaban modificar las condiciones sociales en un horizonte de justicia). En vista del reciente fallecimiento por causas naturales de Luis Echeverría Álvarez en julio del año 2022, este estudio toma especial relevancia pues, desde entonces, han sido constantes las voces que piden no olvidar la participación de dicho personaje en sucesos de violencia política como: los ocurridos en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968; en el Casco de Santo Tomás el 4 de noviembre de 1970; en junio de 1971 en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); el 10 de junio de 1971 en la Avenida de los Maestros; el ataque al periódico Excélsior en agosto de 1972; en la Guerra “Sucia” o Terror de Estado durante su sexenio, o bien, en la expropiación del Valle del Yaqui en 1976. Y es que, si bien Echeverría ha sido el único exmandatario mexicano en ser llevado ante la justicia penal, luego de que la entonces Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) -creada por el expresidente Fox para lograr legitimidad política en el 2000 (Jacheta, 2020, p. 211)- ejerciera acción penal por genocidio y crímenes de lesa humanidad por los hechos conocidos como “la matanza de Tlatelolco” y el “Halconazo o Jueves de Corpus” , dada su longeva edad y la existencia de “mecanismos de conveniencia entre el poder judicial y político” (Rodríguez, 2022) Echeverría nunca pisó la cárcel (pasará poco más de dos años en prisión domiciliaria), incluso, amparado desde 2009, fue puesto en libertad bajo reservas de la ley. En efecto. Desde 1998, las víctimas de estos acontecimientos han vivido un completo calvario procesal. En ese año, integrantes del Comité 68 denunciaron a Echeverría y a doce ex servidores públicos por los hechos ocurridos el 2 de octubre del 68 y el 10 de junio del 71 en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien en noviembre de ese mismo año resolvió no proceder, pues los delitos -adujeron- habían prescrito, motivo por el cual el Comité impugnó mediante juicio de amparo ante el Poder Judicial, el cual en abril de 1999 ordenó a la Procuraduría atender la denuncia; ésta, a su vez, interpuso recurso de revisión, el cual fue turnado al Tribunal Colegiado, quien se declaró incompetente y turnó el asunto a 126 alangarhuitron@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 124-139, 2025 A lAn G ArcíA H uitrón la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 1 instancia que en enero de 2002 ordenó integrar la averiguación por genocidio. Tras la resolución de la Corte, y en un segundo acto, la PGR turnó la denuncia a la recién creada FEMOSPP, quien a través de su Agente del Ministerio Público ejerció acción penal en noviembre de 2005 en contra de los implicados y solicitó órdenes de aprehensión, las cuales se cumplimentaron en junio/julio de 2006; no obstante, dos años después y luego del amparo interpuesto por parte de la defensa de Echeverría, un juez del Tercer Tribunal Unitario ordenó su liberación, considerando nuevamente que los delitos habían prescrito, con lo cual la PGR -que antes había aducido lo mismo- apeló la decisión por segunda ocasión, esta vez, ante el Segundo Tribunal Unitario, quien en noviembre de 2006 liberó la orden de aprehensión en contra del expresidente para su posterior prisión preventiva, la cual en virtud de su estado de salud y edad habría de llevarse a cabo en el domicilio del propio inculpado. Esta histórica decisión, como parte del último acto, será nuevamente impugnada por la defensa del imputado en marzo de 2007, generando que el asunto fuese turnado al Tercer Tribunal Unitario el cual, si bien concluyó en que existían pruebas del delito de genocidio en los aludidos hechos, éstas no conducían a la participación de Echeverría, por lo que concedió el amparo y, con ello, suspendió el auto de formal prisión, cuestión que resolverá definitivamente en marzo del 2009 el Quinto Tribunal Colegiado, ratificando el amparo y resolviendo que no quedaba demostrada la responsabilidad de Echeverría en la comisión del delito de genocidio, ordenando su liberación definitiva por falta de elementos para procesarlo. Desde entonces, la PGR -hoy Fiscalía General de la República (FGR)-, ha realizado más de cien diligencias; muchas derivadas del amparo promovido por el Comité 68 en 2018, año en que se cumplieron cincuenta años de la “Matanza de Tlatelolco”. En el entendido de que “el crimen de genocidio es imprescriptible no solo en cuanto a sus consecuencias penales, sino también en cuanto 1 Si bien la SCJN reconoció la comisión del delito de genocidio, nunca atrajo el caso. Incluso, en junio de 2005, resolvió que antes de la adopción de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los de Lesa Humanidad por el Estado mexicano en el 2002, el genocidio no podía condenarse si transcurrió antes del año de 2002 y si las acciones dirigidas a que sea reparado se intentan después de 30 años del suceso. a sus efectos civiles, es decir, resarcitorios o reparadores” (Zaffaroni, 2012, p. 8), y tras la muerte de Echeverría, el Comité comunicó: Exigimos la continuación de los procesos judiciales, la lista de perpetradores es conocida por todos y continúan gozando de impunidad y la protección del poder político oficial. Exigimos una reforma al sistema judicial para que ningún crimen de Estado en contra del pueblo quede impune y jamás se vuelva a cometer. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Insistimos en el acceso pleno a la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición. Demandamos la extinción de dominio de los cuantiosos bienes de Echeverría para ser aplicados en favor de sus víctimas. (Comité 68, 2022). El asunto, por supuesto, no es mera anécdota. Se trata de graves e impunes crímenes y violaciones a derechos humanos con funestas consecuencias victimológicas tanto en las personas directamente afectadas como en la memoria colectiva de todo un país, comprometiendo su progreso social, cultural, económico y político. En este sentido, no hay informe internacional en materia de derechos humanos que no haga alusión al pendiente histórico que el Estado mexicano tiene con sus víctimas de los crímenes del pasado. Máxime que, desde 2011, nuestro país experimenta un cambio estructural en los ámbitos de la seguridad y la justicia a través del paradigma de derechos humanos que, a decir de Placencia (2015, pp. 170-178), implica entre otras cuestiones la responsabilidad del Poder Ejecutivo y sus agencias, que ahora tendrán que observar el principio de legalidad de manera amplia, no solo refiriéndose al tradicional formalismo, incluyendo en todos sus actos las obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar las necesidades y los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños. Lo anterior debiese anular aquella resolución de la Corte de junio de 2005 en que “no se hizo consistir en si el crimen de genocidio era o no imprescriptible, sino si la Convención sobre Imprescriptibilidad podía contradecir el principio internacional y constitucional de irretroactividad de la ley” (Silva, 2006, pp. 250-251), para más bien, comprender que “la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y genocidio es un principio superior al de irretroactividad de los tratados y de la legislación secundaria” (Córdova, 2009, p. 588). Restaría, entonces, solventar la supuesta insuficiencia de elementos de prueba que conecten la figura del entonces presidente -y antes secretario de gobernación- con los aludidos 127 alangarhuitron@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 124-139, 2025 CRIMINOLOGÍA DEL GENOCIDIO. REFLEXIONES EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LUIS ECHEVERRÍA DURANTE LA GUERRA SUCIA THE CRIMINOLOGY OF GENOCIDE. REFLECTIONS ON CRIMINAL RESPONSIBILITY OF LUIS ECHEVERRÍA IN DIRTY WAR CRIMES crímenes de estado, particularmente, los relacionados a la mal llamada Guerra Sucia que, cabe señalar, estuvieron ausentes en los procesos penales antes mencionados y, con ello, aportar al todavía pendiente “análisis de la violencia política en México a través del estudio de las características sistemáticas y de la operatividad misma ejercida desde el Estado mexicano contra sus opositores, y las verdaderas causas que la animaron”, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, 2022, p. 10). METODOLOGÍA Este estudio parte de un análisis documental con estrategias de investigación tanto transversales (exploratoria y descriptiva) como longitudinales (histórica), compuestas fundamentalmente por la técnica de la observación documental, entendida como “el tipo de observaciones o de datos que está contenido en escritos de diversos tipos, como instrumentos informativos” (Pardinas, 2005, p. 93). Esta información a recabar, como indica Hurtado, puede estar “bajo la forma de datos que pueden haber sido producto de mediciones hechas por otros, o como textos que en sí mismos constituyen los eventos de estudio” (2002, p. 427). Este procedimiento se compone, a su vez, de las siguientes fases (véase Tabla I): primero, la búsqueda, identificación y análisis de la lógica normativa y orgánica (grados, cargos, deberes y funciones) de la figura de la cadena de mando del ejército mexicano, a través del análisis documental de la normatividad vigente en la época de los hechos (leyes, reglamentos y manuales). Tabla I. Cronograma de actividades Actividades Búsqueda, identificación y análisis de la figura de la cadena de mando del Ejército mexicano, en leyes, reglamentos y manuales vigentes durante la Guerra Sucia. Identificación del contexto situacional de la Guerra sucia a partir del caso Rosendo Radilla, en los XXXIII tomos y anexos de la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007. Identificación del contexto estructural e intersubjetivo del Ejército mexicano durante la Guerra sucia, en bibliografía especializada en la materia. Fuente y elaboración propia. En segundo momento, la identificación del contexto situacional en términos de la averiguación previa donde obran las constancias de la probable comisión del delito de desaparición forzada en contra del señor Rosendo Radilla y sus familiares por parte de elementos del Ejército mexicano el 25 de agosto de 1974 en Guerrero, en el marco de la Guerra sucia , esto, a partir del análisis documental de todos y cada uno de los XXXIII tomos y anexos que conforman dicha averiguación, donde se analizaron, cabe subrayar, las declaraciones ministeriales de diversos elementos militares de diferentes niveles y grados que fueron testigos durante la época de los hechos investigados, así como las inspecciones ministeriales al Archivo General de la Nación (AGN), y los respectivos dictámenes de análisis documental realizados por peritas y peritos sobre la documentación extraída de dicho acervo, en relación a la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) y otras instituciones como la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Finalmente, como última etapa, la identificación del contexto estructural e intersubjetivo del Ejército mexicano, que permita contextualizar, historizar y culturizar a los hechos ocurridos y a los actores participantes en aquellos años, por medio del análisis documental de bibliografía especializada en la materia. Sobre la forma en que se realizó la búsqueda y los criterios seguidos para el muestro documental, cabe precisar los siguiente. Al ser la cadena de mando un concepto jurídico y técnico-operativo de la milicia, la búsqueda se limitó a leyes, reglamentos y manuales del Ejército mexicano vigentes durante 1968 a 1975 (excluyendo el marco normativo anterior o posterior a tales fechas), período en el cual la participación del Ejército para enfrentar las revueltas sociales y la guerrilla fue pública e institucional, para lo cual se acudió al Archivo General de la Nación (AGN), donde obra documentación histórica. Para conocer el contexto situacional de la Guerra sucia , por su parte, se seleccionó a Rosendo Radilla, el único caso de desaparición forzada cometida por el Estado (Ejército) de los 275 casos comprobados por la CNDH en su Recomendación 26/2001, que llegó a la CoIDH, analizando su carpeta de investigación que obra en la actual FGR (más de 35 mil hojas). Finalmente, se consultaron en bibliotecas y en páginas institucionales y de la sociedad civil (CNDH, Centro Prodh, Archivos de la Represión de Artículo 19, Memoria y Verdad, Repositorio Digital M68 del Centro Cultural UNAM y el Mecanismo para la Verdad 128 alangarhuitron@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 124-139, 2025 A lAn G ArcíA H uitrón y el Esclarecimiento Histórico del Gobierno mexicano) informes, reportes y libros sobre las categorías Ejército y Guerra sucia , esto, para conocer el contexto estructural e intersubjetivo del Ejército mexicano durante la Guerra sucia . En general, dada la naturaleza del estudio, se siguió un muestreo no probabilístico, técnica en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo, relacionado a los objetivos que se buscan. MARCO TEÓRICO: LA CRIMINOLOGÍA COMO DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS Aunque históricamente la criminología “se dedicó al ladrón de bicicletas y se olvidó del asesinato masivo” (Morrison, 2012, p. 48) y de que aun cuando aborda estos temas lo hace con la lógica de “…no calificar al Estado como criminal… [ salvo ] … el hecho de que individuos que forman parte de los aparatos de Estado realicen conductas antisociales” (Durán, 2010, p. 75), su madurez científica (base humanista; ampliación teórica y metodológica del daño social; interdependencia de las definiciones jurídicas nacionales; disciplina de la complejidad; desideologización de la defensa social; crítico de la modernidad; carácter no eurocéntrico, y proyección política) permite analizar este tipo de “nuevas” cuestiones criminales que no ha sido ni son “…la vieja criminalidad de subsistencia, ejecutada por sujetos individuales, prevalentemente marginados…[sino]…la criminalidad del poder” (Ferrajoli, 2005, p. 73). En efecto, con el pasar del tiempo, la criminología ha complejizado su objeto de estudio, permitiendo una visión caracterizada por la interdisciplina, la complejidad y la crítica; con las primeras dos, se ha pasado de la explicación de solo una dimensión del criminal como hecho natural y marginal a tratar de comprender a éste, como fenómeno criminal y funcional producto de diferentes contextos relacionados entre sí. Lo anterior ha incidido en que, en vez de causa, se hable de contextos como categoría diversa, relativa y compleja. La característica de la crítica, finalmente, ha sido fundamental para incluir tanto el análisis de las normas transgredidas por el fenómeno criminal investigado, como los fenómenos del delito de cuello blanco, los crímenes de estado y de mercado, marcadamente mucho más dañinos que los delitos convencionales, aunque con mayor impunidad. De esta forma, a pesar de que nunca se le practicó el dictamen criminológico a Echeverría, en realidad éste -como cualquiera de los que se practican y practicaban con el anterior sistema penal- no hubiese sido de utilidad, más que para “demostrar que la persona se parece al delito que se le imputa, incluso desde antes de cometerlo” (Foucault, 2007); un estudio contrario al derecho a la igualdad y no discriminación, al derecho penal de acto, así como a los principios de reinserción, legalidad, presunción de inocencia, prohibición de las marcas y del non bis in idem (SCJN, 2014 y 2016). En su lugar, y siendo más afín a la “urgente transformación de la criminología en México, a fin de que se le conozca y reconozca como saber científico, contemporáneo y útil sobre el problema del crimen y su control” (García, 2022, p. 2), las páginas que siguen tienen por objeto probar, desde las características sociopolíticas del contexto, la participación del expresidente Echeverría en los sucesos mencionados a partir del caso representativo de Rosendo Radilla Pacheco -desaparecido por el Ejército mexicano en los 70s-; una de las obligaciones pendientes del Estado mexicano frente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y, con ello, entrever una criminología del genocidio que busque “explicar los orígenes, las dinámicas, el contexto y las circunstancias que auspician esta forma extrema de violencia colectiva” (Álvarez, 2010, p. 2) y, así, “evitar los genocidios, pues el Derecho Penal Internacional no alcanza” (Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, 2012, p. 9). ANÁLISIS Rosendo Radilla Pacheco: el caso de la Guerra sucia La detención arbitraria, tortura y posterior desaparición forzada, con su consecuente impunidad estructural, de Rosendo Radilla ocurrida desde agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, por parte de militares del ejército nacional mexicano no obedece a un hecho aislado ni marginal, mucho menos a una causa patológica, por el contrario, aquellas prácticas, junto a otras como la represión de manifestaciones o la vigilancia de opositores políticos, fueron parte constitutiva de una política de estado reactiva ante ciertas demandas, tendiente a la conservación del statu quo por medio de la violencia institucional. Un caso representativo de un contexto más amplio en una especie de ciclo de violencias que implicó varios procesos: primero, las condiciones de injusticia social que él y muchos habitantes de 129 alangarhuitron@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 124-139, 2025 CRIMINOLOGÍA DEL GENOCIDIO. REFLEXIONES EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LUIS ECHEVERRÍA DURANTE LA GUERRA SUCIA THE CRIMINOLOGY OF GENOCIDE. REFLECTIONS ON CRIMINAL RESPONSIBILITY OF LUIS ECHEVERRÍA IN DIRTY WAR CRIMES Guerrero vivieron desde principios del siglo XX; segundo, los movimientos de insurgencia que, tras este descontento, aparecieron y en los cuales Rosendo intervino; tercero y cuarto, la respuesta del Estado mexicano a estos brotes de sublevación por medio de medidas de contrainsurgencia y de represión militar, mismos que alcanzaron la dignidad de Rosendo con su detención, tortura y, posterior, desaparición forzada. (García, 2023, p. 6). Detrás de cada uno de estos procesos, a su vez hubo varios actores y acontecimientos que es preciso señalar. En primer lugar, la llamada Guerra fría como contexto internacional. Este sistema ideológico bipolar implicó, por parte de la población, levantamientos armados en diferentes países del mundo, del que abrevaron los movimientos mexicanos; por parte de los estados, prácticas propias de un terrorismo de Estado, provocando la caída de gobiernos no afines, o bien, condicionando los modelos de seguridad locales a la doctrina de seguridad nacional americana, acelerando la participación militar en temas de seguridad y demonizando a la insurgencia como la principal amenaza interna-externa; ambos casos, seguidos muy de cerca por el entonces presidente Echeverría (García, 2023, p. 7). 2 La relación de la Guerra fría -en específico, el contexto norteamericano- y el ejército mexicano puede ser visto a través de diferentes puntos, sin afán de explicar la influencia castrense imperialista como factor determinante, pero sí tomarlo como elemento condicionante para cualquier sociedad dependiente (Piñeyro, 1985, p. 35). En primer lugar, las acciones de contrainsurgencia, entre otras, las de vigilancia y seguimiento del posible enemigo “comunista”, el uso de la población civil que ayudara a las operaciones militares como segundo, y la preparación táctica y estratégica de los militares, el tercero. (García, 2023, p. 7). Del primero, resulta de trascendencia el hecho de que, de acuerdo con diversos documentos del gobierno de Estados Unidos desclasificados a principios del siglo XXI, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) tuvo bastante injerencia en los años 60s a través de estos personajes, quienes eran identificados como LITEMPO 2 (Ordaz), LITEMPO 8 (Echeverría) y LITEMPO 12 (Barrios). (Morley, 2006). Aunque no 2 “A pesar de la lealtad de los militares hacia el presidente durante la crisis, Echevarría todavía veía a los oficiales como posibles competidores por el poder político, no como futuros leales. El golpe de estado de 1973 contra Allende reforzó su actitud” (Al Camp, 2010, p. 70). hay testimonios de que la CIA entregaba a Echeverría un resumen de inteligencia diario, como si existe evidencia con Ordaz (Aguayo, 2001, p. 105), es muy probable que así haya sido, pues “desde mediados de 1940, hubo colaboración del Departamento del Estado, el FBI y la CIA con la Secretaría de Gobernación mexicana y su Dirección Federal de Seguridad.” (Condés, 2007, p. 65). El uso militar de población civil, considerado una táctica de contraguerrilla, también fue una constante por aquellos años. Según el Manual de Guerra Irregular , estas operaciones eran: realizadas por las fuerzas armadas en o de una invasión o en contra de transgresores de la ley que empleen tácticas de guerrilla. Forman parte de las medidas de seguridad que adopta un comandante en su zona de retaguardia, para evitar que las operaciones regulares sufran interferencias ocasionadas por la acción de bandas de traidores y enemigos, para lo cual el comandante deberá emplear a todos los elementos organizados y aun a la población civil para localizar, hostigar y destruir a las fuerzas adversarias (SEDENA, 1995). En este sentido, es preciso recordar el papel de la Brigada Blanca o Grupo de Sangre como grupo paramilitar, creada en 1972, pero reconocida hasta principios del siglo XXI, la cual era integrada por cientos de policías y militares, entre ellos, los generales Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo y el mayor Javier Barquín que serán imputados por diversos casos. Por otro lado, la población civil que ayudó a ubicar, cercar y aniquilar a los movimientos guerrilleros en el marco del denominado “Plan Telaraña” del Gobierno federal en 1971 para la erradicación de la guerrilla en Guerrero, y que tuviera como una de sus fases el acercamiento de los militares con población para obtener información, infiltrarse y proporcionar labor social; operación que surtió efecto en el caso Rosendo, donde Zacarías Barrientos, Abundio o Santiago Onofre Campos -madrina o dedo del Ejército- contribuyó a su señalamiento y, posterior, detención. Como tercer elemento, la profesionalización táctica y estratégica de los militares. Además de pasar de 55 mil efectivos en 1960 a 82 mil en 1975, y de aumentar su presupuesto de 5,015.824.000 en 1960 a 6,717.642.000 en los 70s, es preciso observar cómo a partir de los años 60s el Ejército mexicano acelera fuertemente su profesionalización a través de diferentes hechos, según Piñeyro (1985, pp. 85-86): movilizaciones de miles de soldados como entrenamiento para la batida antiguerrillera y antisubversiva; los problemas tácticos variaron 130 alangarhuitron@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 124-139, 2025 A lAn G ArcíA H uitrón según el clima social, focalizándose en disturbios civiles y subversión, levantamientos armados, y problemas obreros, sindicales y agrarios; nuevo armamento; renovación de las transmisiones; reorganización de los Cuerpos de Defensa Rurales; rotación de mandos; elaboración masiva de manuales para la guerra irregular y el envío de militares para adiestrarse en EUA. Respecto al punto de la educación y la doctrina militar, resulta interesante cómo de 1964 a 1974, más de 440 soldados y oficiales mexicanos recibieron entrenamiento en Estados Unidos y en la Zona del Canal de Panamá (Piñeyro, 1985, p. 106). 3 Ello, como muestra Bautista (1976), significaba una histórica transición entre los viejos revolucionarios y una nueva élite militar, compuesta principalmente por los Diplomados del Estado Mayor (DEM) como Hermenegildo Cuenca Díaz, Eliseo Jiménez Ruíz, Jesús Gómez Ruíz, Juan Gerardo Chávez Vidal, Alfredo Cassani Mariña, José Domínguez Ramírez Garrido Abreu, entre otros, mismos que de alguna manera fueron parte del Ejército en 1974 en Guerrero, durante la investigación de los hechos. De lado de lo material, entre 1971 a 1974 fueron comprados a Bélgica 7,150 fusiles y ametralladoras y millones de cartuchos y refacciones, así como 100 aviones y 34 helicópteros (Piñeyro, 1976, pp. 171-178). En segundo lugar, el contexto político nacional. Se ha dicho, y no con error -aunque sí con matices- que México es un ejemplo regional de la subordinación militar al gobierno civil; que, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, nuca vivió una dictadura militar o un golpe de estado militar (García, 2023, p. 7); que el ejército, en la Guerra fría , se mantuvo al margen de las operaciones de insurgencia y contrainsurgencia, y que sólo fue utilizado en últimas instancias. Si bien esto puede argumentarse con bastante evidencia, también es cierto que lo comentado líneas atrás no deja duda de que, al menos en las décadas de los 60s y 70s, el Ejército mexicano fue un actor sociopolítico clave. Como señala Piñeyro, “en el fortalecimiento del Estado mexicano moderno su brazo armado jugó un papel básico no solo con los servicios coercitivos a sectores contrarios al 3 “Documentos recientemente publicados por la embajada de Estados Unidos revelan que Echeverría tenía conocimiento claro de los halcones, y que su líder, el coronel Manuel Díaz Escobar, así como el subsecretario y el secretario de Relaciones Exteriores, José Gallástegui y Emilio Rabasa, solicitaron adiestramiento completo para estos hombres en Estados Unidos, meses antes de que tuviera lugar la represión” (Al Camp, 2010, p. 69). naciente poder central, sino como ente político- ideológico” (1985, p. 133). A diferencia de la historia de otros ejércitos del mundo, el Ejército mexicano actual tuvo un origen popular, en el contexto de la Revolución mexicana. Con el paso de tiempo, sobre todo con los gobiernos de Cárdenas y Camacho, se avanzará hacia su profesionalismo y su -parcial- subordinación al poder civil. Más que subordinación, aquí se postula que las relaciones entre el poder militar y el poder político, por lo menos en las épocas que provocan este análisis, son de intercambio (García, 2023, p. 7). Así pues, si bien en los hechos que se investigan el ejército mexicano fue “ordenado para participar en misiones internas debido a la falta de eficiencia de sistemas políticos y judiciales, incapaces de neutralizar al crimen organizado o cuestiones de orden común (Benítez, 1999, p. 58), es absurdo pensar esta relación “acrítica, pasiva, mecánica, respecto a los gobiernos en turno” (López, 1999, p. 35). Antes de Echeverría, represión militar; con Echeverría, represión militar. Ya a finales del gobierno de Ordaz -donde Luis fue secretario de Gobernación-, el secretario de la Defensa, García Barragán, hacía un diagnóstico de la situación del estado de Guerrero: En criterio del general García Barragán los grupos que operan en Atoyac y Coyuca de Catalán, pueden tipificarse como guerrillas rurales por su ideología radical, armamento que poseen, adiestramiento y el adoctrinamiento que en la conciencia de los campesinos tratan de imbuir, sobre ideas de extrema izquierda, contando para este fin con el apoyo incondicional de numerosos profesores egresados de las escuelas normales rurales... (Oikión,2007, p. 74). La relación entre Luis Echeverría y el poder militar no era buena, por lo que rápidamente aquél, como se observó más arriba, otorgó diferentes concesiones al instituto armado, quien, a cambio, le juro lealtad para impedir que su gobierno fuese derrocado por conspiraciones comunistas y le pidió puestos políticos (García, 2023, p. 8). Los documentos estadunidenses desclasificados y que se encuentran en el Archivo Nacional de Estados Unidos, “dejan en claro que Echeverría utilizó la persecución contra los radicales de izquierda para aplacar a un ejército descontento y reforzar su posición de derecha.” (Doyle, 2003, p. 27). Aquí la tesis seguida, entonces, es que al Ejército mexicano no le incomodó hacer valer su 131 alangarhuitron@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 124-139, 2025 CRIMINOLOGÍA DEL GENOCIDIO. REFLEXIONES EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LUIS ECHEVERRÍA DURANTE LA GUERRA SUCIA THE CRIMINOLOGY OF GENOCIDE. REFLECTIONS ON CRIMINAL RESPONSIBILITY OF LUIS ECHEVERRÍA IN DIRTY WAR CRIMES naturaleza coercitiva; al final, para eso han sido creados (García, 2023, p. 8). Esto, claro, tiene que ser analizado, a partir del crisol de la cadena de mando, pues habrá militares que rechacen su participación en el combate a la guerrilla o al narcotráfico, a otros que le sea indiferente, y unos más a quienes les traiga vastos réditos. 4 Piénsese, tan solo, en cómo algunos de los principales actores militares de esta época antiguerrilla, obtuvieron una importante participación política; tal es el caso del general de división DEM Elíseo Jiménez Ruíz, comandante de la 27° Zona Militar de 1974 a 1976, quien fuera nombrado gobernador de Oaxaca en 1977, o bien, el del propio Hermenegildo Cuenca, secretario de la Defensa Nacional, designado candidato a gobernador de Baja California en diciembre de 1976. Lo anterior no habría sido posible sin la histórica simbiosis entre poder político y poder militar surgida en los albores del hoy Partido de la Revolución Institucional (PRI) (García, 2023, p. 8). Si bien la maniobra de Cárdenas de incluir al ejército al ámbito político, en vez de promover un militarismo, tuvo como objetivo estratégico controlar a las fuerzas armadas, incluyéndolas y vigilándolas desde cerca, es claro que desde entonces fue generada una relación de compromisos entre ambas instituciones; no por casualidad, entre 1946 y 1964, cuatro generales dirigieron el Partido. (Al Camp, 1992, p. 79). Tampoco resulta ajeno, entonces, los ordenamientos jurídicos vigentes (en los cuales, la participación de militares ha sido decisiva), que tienden un puente de relación directa entre el poder civil y el poder militar, sea con la doctrina del DN-II, la facultad del presidente de nombrar a oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, la figura del presidente como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y su facultad de disponer sobre ellas para la seguridad interior y la defensa exterior. Y mucho menos extraña, la ausencia -todavía 4 Como recuerda un oficial, “una de las consecuencias más extraordinarias de mi experiencia ahí fue ver a campesinos ancianos atados y con los ojos vendados, y empezar a preguntarme qué hacíamos realmente ahí y por qué tratábamos a la gente de esa manera. No fue sólo un sentimiento mío, aunque lo expresé más abiertamente, sino el sentir de muchos otros oficiales jóvenes. De hecho, el sentimiento de insatisfacción con la misión militar de Guerrero se extendió tanto que muchos oficiales no fueron destinados ni a Guerrero ni a Oaxaca. La SEDENA nos separó intencionalmente después de esta misión para que no pudiéramos conformar un grupo unido para expresar nuestra insatisfacción” (Al Camp, 2010, p. 215). hoy- de un control democrático, constitucional y de derechos humanos sobre el instituto armado, por ejemplo: en el presupuesto y la compra de armamento; la definición clara y sin contradicciones de un marco constitucional de sus funciones; los ascensos militares; la ratificación de los principales jefes militares; la investigación de faltas graves en la dirección militar o de casos de corrupción de mandos; la asimilación del concepto de seguridad nacional al de seguridad interior en estricto sentido, la no adecuación a estándares internacionales del código de justicia militar, entre otros pendientes (Sierra, 1999). Finalmente, en tercer lugar, el contexto intersubjetivo que entiende al ejército como un conjunto de personas profesionalizadas. Este, pretende dilucidar qué cuestiones individuales y culturales fueron significativas en la participación de los militares; sobre el comandante supremo, Luis Echeverría, se han advertido algunos puntos interesantes como lo fue la especie de delirio de persecución que sufría en el sentido de pensar en un posible golpe de estado proveniente no sólo de los guerrilleros con “conexiones internacionales”, sino incluso de parte de los propios militares; asimismo, cómo tenía cierta afinidad a los gobiernos de derecha, históricamente relacionados con acciones represivas frente a las demandas sociales; por último, se mencionó que durante el gobierno de su antecesor -Díaz Ordaz- Echeverría tuvo la clave LITEMPO 14 como espía para la CIA (García, 2023, p. 8). En 2013, las comunicaciones diplomáticas “LEA’S Travel: Is This Trip Really Necessary?”, y “President Echeverría’s U.N. Aspirations”, dados a conocer por WIKILEAKS, describían el carácter del expresidente con toques de megalomanía y mesianismo. Uno punto más, de igual importancia, era el contacto militar de Echeverría: por un lado, el “hermano de su suegro, el general Alberto Zuno Hernández, una figura regional sobresaliente que dirigió el Heroico Colegio Militar en 1939 y el Departamento de Caballería en 1941, y su mentor político, el general de división Rodolfo Sánchez Taboada, presidente del PRI y secretario de Marina” (Al Camp, 2010, p. 168). De lado del secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, “se le consideró el símbolo de la modernización completa del ejército, pues fue el primer soldado completamente formado por el sistema profesional postrevolucionario que llegó a 132 alangarhuitron@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 124-139, 2025 A lAn G ArcíA H uitrón ocupar el máximo mando estrictamente militar de la república” (Benítez, 2000, p. 38), lo que evidencia su distancia con el origen popular y antimilitarista de los generales revolucionarios y su cercanía, por el contrario, con el poder político central del entonces PRM -hoy PRI-, del que fuera senador -antes de su puesto militar- y candidato a gobernador de Baja California después de su participación (García, 2023, p. 8). “Fue el último secretario de Defensa que fue político y militar” (Villalpando, 2014, p. 334). Este acercamiento político, fue clave primero para ser candidato a senador por Baja California y luego para su salto a lo militar, pues, “desde comienzos de los sesenta, se distinguió por su proclividad hacia el trabajo policial, con su constante hostilidad hacia los opositores políticos de izquierda y las organizaciones sociales independientes” (Condés, 2007, pp. 95-98). Similar análisis puede aplicarse al general de división Eliseo Jiménez Ruíz, quien antes de participar en los hechos de Guerrero en 1972, había estado en Jalisco para cooperar con autoridades civiles tras la agitación estudiantil en el caso Ladewig Ramírez, y en Nuevo León en 1971 para garantizar el orden tras las revueltas estudiantiles (García, 2023, p. 9), por lo que su traspaso de la 35° zona militar a la 27° zona militar a inicios de agosto de 1974, activa nuevas operaciones militares en las que Rosendo será desaparecido. Para él, “México tendría problemas como El Salvador, Nicaragua u otros países si se hubiera dejado crecer la guerrilla de Lucio, si no se apaga ese fuego… pero se apagó a tiempo. Se apagó con la ley” (Gómez, 2002). En cuanto a los militares -demás generales, jefes, oficiales y tropa- que conformaron al instituto armado enfocado en combatir la guerrilla en Guerrero por aquellos años, si bien es complicado hacer un análisis pormenorizado de cada uno de ellos, es importante aquí mencionar la cultura militar como una lógica total que sostiene y refuerza este tipo de hechos, donde el poder encomendado se ejerce arbitraria y criminalmente. Como en su momento dilucidará el gran sociólogo de la vida cotidiana, Erving Goffman (2001), los ejércitos, al igual que otras instituciones como las prisiones, los orfanatos o los psiquiátricos, son instituciones totales (mundo dividido entre supervisados y supervisores, con actividades colectivas y reguladas -incluso las necesidades humanas- por una autoridad jerárquica y burocrática bajo un mismo espacio que comparten situación que, sin interacción con el exterior, suprimen la subjetividad entre supervisados y supervisores). Si a lo anterior se agrega, por un lado, la naturaleza política y bélica del ejército en tanto busca destruir a un enemigo a través de la violencia legitima a fin de proteger al Estado y, por otro, un conservador y antimarxista ejército mexicano (Nunn, 1984, p. 49), están dadas las condiciones para la implementación de una masacre. Camino a la justicia: cadena de mando como figura de responsabilidad criminal Echeverría y los altos mandos del Ejército siempre han negado su participación en tal masacre. No sorprende, uno de los elementos de las masacres, criminológicamente hablando, ha sido y es la negación. De allí que, como propone Zaffaroni (2007, pp. 27-30), sea posible aplicar aquellas técnicas de neutralización de Sykes y Matza, a partir de las cuales se explica por qué los seres humanos violan las leyes en las que ellos mismos creen: 1. La negación de la responsabilidad. “Yo no fui”, respondió Echeverría tras ser acusado en una entrevista de ser instigador en la matanza del 68 (24 horas, 2022). “Se reitera una vez más que el Ejército no intervino en la proyectada manifestación ni intervendrá en los asuntos propios de los estudiantes”, comunicó su gobierno luego de los sucesos del 1971 (The National Security Archive, 2006, p. 43). Respecto a la Guerra Sucia (en particular, el caso Radilla), el expresidente respondió con evasivas al cuestionario que la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales le aplicó en abril de 2018. En palabras del general Jiménez Ruiz, “no sé a qué le llamen Guerra Sucia, porque no hay guerras limpias ni sucias. Además, no estamos ni hemos estado en guerra en ningún momento. Así que no sé a qu é se refieren cuando hablan de una Guerra Sucia» (Gómez, 2002). 2. La negación de la lesión. “No fue para tanto”, dijo Luis en entrevista para CNI en 1998, diciendo que se exageró en el número de muertos en la masacre del 68 (24 horas, 2022). Sobre el 10 de junio, y en otro momento, Echeverr í a revir ó con que esos sucesos lamentables no pueden calificarse de matanza (Suárez, 1979, p. 136); los estudiantes se pelearon con los Halcones, pero no hubo tal matazón realmente, sentenció (Castañeda, 1999, p. 72). 3. La negación de la víctima. Revoltosos, agitadores subversivos, comunistas, maleantes, cuatreros, gavilleros, delincuentes son solo algunas de las categorías que el Estado utilizó entre aquellos años para instaurar la imagen de un enemigo que alteraba el orden público y la paz social, y al cual era preciso eliminar; 133 alangarhuitron@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 124-139, 2025 CRIMINOLOGÍA DEL GENOCIDIO. REFLEXIONES EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LUIS ECHEVERRÍA DURANTE LA GUERRA SUCIA THE CRIMINOLOGY OF GENOCIDE. REFLECTIONS ON CRIMINAL RESPONSIBILITY OF LUIS ECHEVERRÍA IN DIRTY WAR CRIMES el caso de Rosendo -como cientos más- es significativo, pues es detenido por componer corridos. En el conocido Plan telaraña , de hecho, el ejército tuvo como principal objetivo cooperar con el gobierno para erradicar las pugnas fratricidas y la existencia de gavillas. 4. La condenación de los condenadores. En los hechos particulares del 68, ha dicho que él -siendo secretario de Gobernación- no tuvo conocimiento de las acciones de represión; la orden al Ejército de atacar fue del presidente Díaz Ordaz -comentó-, quien en sus memorias póstumas sin embargo asumió la responsabilidad, más no la culpabilidad que, dijo, fue de su secretario (Fernández de Mendoza, 2007, p. 70). En cuanto a lo del 10 de junio de 1971, “fue una imprudencia de Alfonso Corona del Rosal, jefe de la policía, que era muy amigo y del cual dependían los Halcones”, comentó (Castañeda, 1999, p. 73). 5. La apelación a lealtades más altas. “Quieren calar a mi gobierno, pero los vamos a escarmentar… La izquierda me está toreando, quieren que muestre debilidad y entonces se me subirán a las barbas. Los meteremos al orden” (Castillo, 2022), comentó Echeverría respecto a la posterior manifestación del 10 de junio del 71. El Ejército, por su parte, en reiteradas ocasiones ha mencionado que “las fuerzas armadas actuaron de conformidad con las leyes vigentes y siempre en apoyo de las autoridades civiles” (Fuentes, 1983, p. 322). “Si no se apagaba ese fuego -la guerrilla- tal vez se hubiera extendido, pero se apagó a tiempo. Se apago con la ley” (Gómez, 2002), respondió Ruíz al ser cuestionado sobre la actuación militar. A diferencia del delincuente ordinario, el delincuente de cuello blanco o de Estado negará todo imputación, vestigio o prueba en su contra; difícilmente aceptará su responsabilidad, dando cuenta de cada detalle. No solo porque, aun su criminalización, sigue revistiendo cierto poder, sino por las consecuencias de la verdad revelada que, seguramente, harían tambalear la efigie misma del Estado. Por ello es por lo que “el requisito de la intención de destruir en el crimen de genocidio debería ser remplazado por un enfoque combinado que tenga por base la estructura y el conocimiento y que distinga de acuerdo al estatus y al rol de los perpetradores” (Ambos & Bôhm, 2010, p. 66). Es claro que esta época no fue un mero accidente del parto en la historia del México moderno, o bien, un simple cumplimiento a las leyes vigentes que supuso la restauración del orden ante peligrosas revueltas sociales. Tanto los contextos estructurales como situacionales e intersubjetivos, antes mencionados, permiten advertir que más que un accidente, la Guerra sucia fue una lógica que bien podría ser rastreada desde la misma colonización, la independencia y la revolución, donde lo que está en juego es el ejercicio mismo de poder; no por nada, los años sesenta y setenta representan una crisis más en la historia del capitalismo occidental en general y americano en particular. Menos aún, supuso una simple restauración legal del orden, puesto que: 1) la legitimidad del poder político y militar estaba puesta en entredicho, dadas las condiciones de desigualdad, violencia y corrupción en que vivían miles de personas en diferentes puntos de la república, principalmente en Guerrero; condiciones, muchas veces, sostenidas por la participación militar; 2) si bien la utilización de los militares para esta “restauración” puede verse conforme a derecho, es claro que la constitución en ello, tenía -y tiene- varios defectos en términos de un control civil y constitucional de las operaciones militares, y 3) esta “restauración” fue hecha a través de una política de estado criminal con métodos propios de la Alemania nazi o de las dictaduras latinoamericanas como la desaparición forzada, mismos que no solo violaron los derechos humanos de quienes cometían delitos sino que se extendió a toda la población inocente, tal cual masacre. Es en medio de este contexto, en que sucede el caso de la desaparición de Rosendo. Desde entonces, a casi 50 años, no se conoce su paradero, y solo por las constantes luchas de sus familiares el asunto se dio a conocer públicamente a nivel nacional e internacional a partir de finales del siglo XX y principios del XXI. Dadas las características criminológicas del genocidio, entre ellas: participación de varios actos y actores; calidad estatal de éstos; intervención de instituciones jerarquizadas; multiplicidad de derechos violados; pluralidad de víctimas, y supresión de todo vestigio que lleve a conocer la verdad, una de las cuestiones más problemáticas para las víctimas en su derecho a la reparación integral del daño es la identificación, juzgamiento y sanción de las y los responsables. De allí que, desde el derecho internacional y ante dicha impunidad imperante frente a similares violaciones graves de derechos humanos, se hayan creado diversas figuras jurídicas de imputación a superiores, por ejemplo, la autoría mediata, la empresa criminal conjunta y/o responsabilidad del superior jerárquico, las cuales permiten deslindar y determinar las 134 alangarhuitron@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 124-139, 2025 A lAn G ArcíA H uitrón diferentes responsabilidades más allá de los meros y sacrificados autores materiales. La importancia de la cadena de mano es tal que, sin su existencia, el organismo militar no podría cumplir con sus principales funciones, dado que la esencia de éste radica precisamente en mandar y obedecer, para lo cual se estructura bajo una división del trabajo, a través de la cual la autoridad se reparte y la función se subdivide verticalmente en ramas cada vez más pequeñas, en cuyas terminales se encuentran los individuos (SEDENA, 1969, p. 37). En México, la estructura normativa y orgánica del Ejército Nacional era y es rígida y vertical a través de seis grados jerárquicos que son, de forma descendente: presidente de la república, secretario de la defensa nacional, generales, jefes, oficiales y tropa, mismos que están organizados, de soldado a general de división, en diferentes armas: infantería, caballería, artillería, ingenieros, arma blindada y aeronáutica. Como tal, el mando atraviesa a todos y cada uno de los niveles de organización militar, y es en quien se deposita la autoridad y la responsabilidad. Visto de otra forma, “desde el soldado hasta el general de división, todos los militares tienen como deber obedecer las órdenes porque es indispensable mantener intacta la disciplina” (Corona del Rosal, 1988, p. 255). De esta forma, en primer momento, está el mando supremo representado por el Presidente; seguido del alto mando del Secretario de la Defensa; después, los mandos superiores que corresponden a los generales de los diversos grados; luego, los mandos de corporación, correspondientes a los coroneles en batallones o regimientos, y mayores y tenientes coroneles respecto a compañías o grupos; posteriormente, los mandos subalternos en términos de oficiales de diversos grados, a cargo de compañías y secciones, finalmente, los mandos de pelotón y escuadra (SEDENA, 1969, p. 27). Dicho lo anterior, y dado que la obediencia debida no puede ser invocada como eximente de responsabilidad ni en favor de los operadores ni de los mandos, quienes debían tener conocimiento de lo que sucedía (Hirales, 2017, p. 150), es posible anotar lo siguiente aplicando diferentes modelos de imputación a superiores (Ambos & Ontiveros, 2018): 1. Vista la cadena de mando y el contexto criminológico, el expresidente Luis Echeverría Álvarez es responsable de los hechos que se investigan, a través de la figura jurídica de la autoría mediata por dominio de la organización, en tanto se cubren los requisitos que demanda dicha figura, prevista en el artículo 13 de nuestro Código Penal Federal y en el artículo 25 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, a saber: existencia de una organización jerárquica, vertical y estructurada como lo era el Ejército mexicano; poder de mando sobre esta organización, de acuerdo al artículo 89 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y los artículos 1, 2, 11 y 13 de la Ley Orgánica del Ejército; existencia de una diversidad de autores intercambiables; 5 apartamiento o desvinculación del derecho de la organización militar, pues si bien su constitución y participación de forma fue constitucional, sus actos y consecuencias de fondo en términos de detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y demás violaciones graves de derechos humanos son ajenos tanto a las leyes civiles 6 como a los tratados internacionales, por último, Echeverría pasó de actuar como ente individual a ser parte de la organización jerárquica como mando supremo, a manera de un todo estratégico, operativo e ideológico. 2. Los delitos cometidos durante la Guerra Sucia, particularmente los ocurridos en Guerrero durante los años 70s, no fueron consecuencia de actos individuales aislados, sino que constituyeron manifestaciones de una criminalidad colectiva, es decir, delitos que se llevaron a cabo por grupos de militares, policías, paramilitares y parapolicías que actuaron en extensión al cumplimiento del plan común denominado “Telaraña”. 7 El Ejército Nacional actúo, de esta forma, como empresa criminal conjunta, una figura sustentada en jurisprudencia 5 La intercambiabilidad es uno de los principios de la orgánica militar. Según el Manual de Operaciones en Campaña, “significa que los diversos componentes destinados a cumplir misiones similares deberán ser capaces de relevarse unos a otros, de substituirse mutuamente, de sumar sus esfuerzos y, con todo ello, de lograr la continuidad en la acción u operación”. (SEDENA, 1969, p. 37). 6 “El militar no está excluido de obedecer las leyes civiles, en consecuencia, debe observar las leyes que rigen la vida civil y, a la vez, también el rígido estatuto militar” (Corona del Rosa, 1988, p. 255). 7 Plan que movilizó por lo menos a 3, 102 soldados de tropa, 87 oficiales, 23 jefes, aglutinados en 107 partidas militares y 1 General, además de un número indeterminado de Defensas Rurales y el apoyo aéreo, con tres helicópteros de la entonces PGR. Las zonas participantes fueron la 27 y la 35, así como los batallones de infantería 32, 48, 27, 49 y 50. (Noriega & Fuentes, 2015, p. 210). 135 alangarhuitron@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 124-139, 2025 CRIMINOLOGÍA DEL GENOCIDIO. REFLEXIONES EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LUIS ECHEVERRÍA DURANTE LA GUERRA SUCIA THE CRIMINOLOGY OF GENOCIDE. REFLECTIONS ON CRIMINAL RESPONSIBILITY OF LUIS ECHEVERRÍA IN DIRTY WAR CRIMES del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Si bien el plan duró de abril de 1971 a fines de 1972, éste significó solo una etapa más dentro de la política de estado civil/militar tendiente a la eliminación del comunismo. Su importancia debe subrayarse en tres sentidos: por un lado, este plan hace notar la existencia de un plan de gobierno federal en contra de la guerrilla guerrerense; segundo, que este plan incluía, como parte esencial del mismo, a las zonas 27° y 35°militares, las tropas del 32, 48, 49 y 50 batallón de infantería, los refuerzos del 27 batallón de infantería y de la policía militar para actividades sociales y militares; tercero y último, aunque este plan advierte que los miembros del Ejército tenían que buscar, localizar, cercar y neutralizar o capturar a los maleantes, para su interrogatorio en el 2° Batallón de Policía Militar, en él, también se logra leer que su misión es “cooperar con el gobierno para erradicar las pugnas fratricidas y la existencia de gavillas”. Así, este objetivo combinado con los contextos estructurales, situacionales e intersubjetivos -antes desarrollados-, daba carta abierta a militares - pese a la no declaración de guerra y a que la actuación de los militares se regiría por procedimientos de operaciones irregulares en su aspecto contraguerrillas- 8 de cometer violaciones graves a derechos humanos. 8 En esto, dos puntos son importantes. Como se ha comentado a lo largo de este dictamen, no hay que perder de vista que una parte importante de los mandos del ejército mexicano -cualitativamente, no cuantitativamente- que combatieron la guerrilla durante la Guerra Sucia fueron adiestrados en Estados Unidos. De allí que sea importante mirar los manuales de contraguerrilla norteamericanos utilizados hasta ese momento -en los cuales, los mandos mexicanos pudieron ser educados-. De acuerdo con Cano (2013, pp. 11-14), el Counterguerrilla Operations de 1963 del Department ot the Army, refiere que a la insurgencia se “le hace frente con la anti subversión, como parte de la contrainteligencia destinada a destruir la efectividad de las actividades anímicas subversivas por medio de la identificación, utilización, penetración, manipulación y represión de las personas, grupos u organizaciones que conducen, o son capaces de conducir, tales actividades…[Asimismo, que]…las fuerzas guerrilleras deben ser hostigadas y destruidas mediante operaciones de ataque y a la vez, se debe evitar el apoyo de la población civil local y/o externo de las potencias patrocinadoras.” Por otro, el Manual de Guerra Irregular de la SEDENA refiere; “una vez que ha sido eliminada o neutralizada la resistencia”. En otro apartado dice; “las operaciones para controlar al pueblo y sus recursos tienen tres objetivos que son: 1) detectar y neutralizar las acciones enemigas y, con ello, descubrir y eliminar a los traidores a la patria”. Otro más; “las operaciones psicológicas se planean para reducir o eliminar el apoyo de los partidarios o simpatizantes al enemigo”. Uno más; “Para alcanzar su finalidad no necesariamente se debe desaparecer o eliminar a la persona, sino que también se puede actuar anulándola o bien a través de ella allegarse recursos de cualquier naturaleza.”. El último; “Se dará prioridad a la captura de guerrilleros que, a la eliminación de éstos, debido a la importancia que presenta el obtener información de los mismos.” La figura de la empresa criminal conjunta puede presentarse, para el presente caso, como forma sistémica, donde miembros de unidades jerarquizadas cometen delitos sobre la base de un plan común, o bien, extendida, donde los coautores participan en actos delictivos que van más allá del plan común, pero que constituyen una consecuencia natural y previsible de la realización del plan. 3. Otra figura aplicable es la responsabilidad penal del superior jerárquico, contenida en documentos internacionales como el Estatuto de Roma y la Convención de Ginebra, la cual permite imputar al mando o mandos a cargo de los subordinados ejecutores de violaciones graves a derechos humanos a través de cuestiones como la omisión, los deberes, el no ejercicio de control adecuado ni la toma de medidas necesarias y razonables para prevenir ni reprimir los actos. En el tema específico del caso Rosendo, recuérdese que existen al menos dos fases con cadena de mando de responsabilidad penal del superior, por un lado, la detención arbitraria en un retén militar y, posteriormente, la tortura y desaparición sucedida en el cuartel de la 27° zona militar, por lo que es importante establecer lo siguiente: - En cuanto al contexto que permitió las violaciones en contra del señor Radilla, es fundamental responsabilizar como superiores jerárquicos en vista de la cadena de mando vigente para aquéllos años: al presidente de la República, Luis Echeverría, y al secretario de la Defensa y los jefes del Estado Mayor, generales Hermenegildo Cuenca, Roberto Yáñez Vázquez y Alberto Sánchez López quienes, como mandos superiores del ejército mexicano, y omitiendo las medidas necesarias para impedir los hechos previsibles, -pues existe evidencia de que, en el año de 1974, los altos mandos recibieron cartas por parte de decenas de campesinos, que denunciaban los crímenes cometidos por elementos del Ejército- tomaron potestad imperativa con sus subordinados para que éstos cometieran ciertos crímenes. Asimismo, al teniente coronel de Infantería DEM, jefe de la Sección 3 del Estado Mayor, quien era el responsable de la comunicación entre el mando territorial de la 27 y 35 zonas militares y el secretario de la Defensa, Cuenca, en el marco del Plan de Operaciones Telaraña y consecuentes. 136 alangarhuitron@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 124-139, 2025 A lAn G ArcíA H uitrón CONCLUSIONES La desaparición forzada de personas es un grave crimen de estado que permanece impune. Más que un acto delictivo aislado y marginal, históricamente se ha presentado como una práctica generalizada y sistemática de represión social a cargo de los gobiernos. Así fue durante las décadas conocidas como la Guerra sucia; oscuro período histórico mexicano, ubicado en la década del 60 y del 70, que tuvo como escenario graves violaciones a derechos humanos, cometidas por diversos agentes militares, policiales y paramilitares, quienes participaron junto al poder civil y político de entonces para aplastar a los movimientos de izquierda y, así, mantener el statu quo . Si bien esta historia se mantuvo por mucho tiempo en silencio y ocultada en viejos archivos, la transición democrática vivida por nuestro país desde finales del siglo XX hasta nuestros días ha permitido conocer los casos, las historias, los testimonios y los crímenes en los que decenas y cientos de personas se reconocen como parte de aquella trágica memoria. Uno de ellos, es el del señor Rosendo Radilla - detenido arbitrariamente, torturado y desparecido por elementos del ejército nacional mexicano en agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero- que gracias a sus familiares se ha posicionado en la historia contemporánea de la lucha por la justicia en México. Luego de ser parte crucial de la Recomendación 26/2001 de la CNDH y de los cientos de casos analizados de la FEMOSPP, el caso Rosendo llegó a la CoIDH, quien en 2009 sentenció al Estado mexicano por violaciones a sus derechos y lo conminó, desde entonces, a cumplir con ciertas obligaciones. Una de ellas, es la de identificar a las personas responsables de este y demás hechos en mencionadas décadas, uniéndose así a los pendientes de justicia entorno a la guerra sucia , y ante los cuales no existe informe internacional en materia de derechos humanos sobre México, que no haga alusión. La hoy FGR, quien ha tenido el caso desde 2007 a través de la intervención de diferentes agentes ministeriales, ha realizado importantes esfuerzos por cumplir con este importante objetivo, difícil de alcanzar en delitos como la desaparición forzada caracterizada por la falta o negación de información por parte de los responsables y su interés por borrar cualquier vestigio que lleve al esclarecimiento de los hechos. Más aún, cuando el caso cumplirá próximamente 50 años de sucedido. El presente estudio, se suma a estos esfuerzos de la Fiscalía por cumplir este importante objetivo que es la identificación, sanción y, posterior, juzgamiento de los responsables y, a partir de la materia criminológica, realiza un análisis documental de la figura de la cadena de mando militar y del contexto situacional, estructural e intersubjetivo del Ejército Mexicano durante la época conocida como Guerra sucia . Uno de los puntos de mayor importancia es entender que, en México, la relación civil militar no es de subordinación, como la mayor parte de autores asegura, -al menos no, en los períodos analizados-, donde más que dependencia ciega, el poder militar y el poder político se han comprometido a través de ciertas prebendas del uno al otro, y de éste a aquél (poder, violencia, asensos, impunidad, entre otros bienes de intercambio). Esta relación horizontal, más que vertical, permite integrar la teoría de corresponsabilidad, en tanto que el poder civil y el poder militar son responsables de lo ocurrido en aquellas fechas. De esta forma, a partir de los modelos de imputación como la autoría mediata, la empresa criminal conjunta y la responsabilidad del superior jerárquico por cadena de mando, se ha podido establecer la responsabilidad penal, primero, del ex presidente Echeverría, segundo, del ex secretario de la Defensa Nacional y sus jefes del estado mayor, así como del jefe de la sección 3 del Estado Mayor, y tercero, de generales, jefes y oficiales de zonas militares, cuarteles, batallones, compañías, partidas, agrupamientos, secciones y patrullas que actuaron en el marco del Plan Telaraña y las diversas operaciones militares que le secundaron, tendientes a erradicar -fuera del estado de derecho- todo lo que fuera, pareciera, apoyara o simpatizara con las llamadas gavillas. Que Echeverría fuese, en la tipología de los perpetradores del genocidio (Mann, 2005, pp. 27-29), un homicida ideológico, intolerante, violento, temeroso, de carrera, materialista, disciplinado, camarada o burocrático, o bien, que tuviese o no un trastorno de personalidad con sus diversos componentes de alto egocentrismo, agresividad, indiferencia afectiva y labilidad es algo irrelevante, pues estos crímenes no son “el resultado de la toma del poder estatal 137 alangarhuitron@gmail.com VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 124-139, 2025 CRIMINOLOGÍA DEL GENOCIDIO. REFLEXIONES EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LUIS ECHEVERRÍA DURANTE LA GUERRA SUCIA THE CRIMINOLOGY OF GENOCIDE. REFLECTIONS ON CRIMINAL RESPONSIBILITY OF LUIS ECHEVERRÍA IN DIRTY WAR CRIMES por alucinados racistas o alienados mentales que disfrutarían de las matanzas colectivas” (Feierstein, 2012, p. 91), si no se comprenden -como se intentó hacer en este texto- los procesos contextuales, históricos y relacionales que, en cuerpo, tiempo y espacio, permiten la fabricación, ejecución y mantenimiento de masacres como las analizadas en este texto. Si bien Echeverría ha fallecido, el anterior análisis junto a la comentada interpretación de la imprescriptibilidad de los crímenes de genocidio como principio superior permitiría un acceso pleno a la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición para los cientos de víctimas que, como Rosendo y su familia, siguen exigiendo la continuación de los procesos judiciales y el cese a la impunidad. No olvidar, implica no repetir y prevenir. ¿Qué tanto del pasado pervive en el presente? ¿Qué tanto el presente se distingue del pasado? Actualmente México suma, en el marco de la lucha contra el delito, más de 100 mil personas desaparecidas, más de 500 mil víctimas de homicidio doloso y más de 85 millones de personas con al menos una carencia social; un contexto de genocidio por goteo (Zaffaroni, 2016, p. 121) en el que en 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Al comparar los casos paradigmáticos de Radilla y de los 43 normalistas, “ambos casos demuestran una serie de prácticas sistemáticas. Los dos ocurrieron en el estado de Guerrero; asimismo, se trató de complicidad entre cuerpos policiales y paramilitares o grupos delincuenciales. De igual forma, la respuesta de las autoridades de los tres niveles de gobierno dejó mucho que desear, originando la intervención del derecho internacional de derechos humanos. Ambos casos indican que más que rompimiento entre guerras, existe continuidad.” (García & Cunjama, 2019, p. 46). FUENTES DE INFORMACIÓN Aguayo Quezada, S. (2001). La charola. 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