LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false false 1 1 true 173 jairo.llano@unad.edu.co, nicolevcano@gmail.com, andres.roncancio@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 173-184, 2025 CORTE CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA: TRANSFORMACIONES Y AVANCES EN COLOMBIA CONSTITUTIONAL COURT AND SPECIAL INDIGENOUS JURISDICTION: TRANSFORMATIONS AND ADVANCES IN COLOMBIA Jairo Vladimir Llano Franco https://orcid.org/0000-0002-4018-5412 Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD jairo.llano@unad.edu.co Nicole Velasco Cano https://orcid.org/0000-0002-7406-7860 Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD nicolevcano@gmail.com Andrés Felipe Roncancio https://orcid.org/0000-0002-1257-3813 Universidad Cooperativa de Colombia andres.roncancio@campusucc.edu.co Colombia Recibido: 22 de enero de 2024. Aceptado: 16 de agosto de 2024. SUMARIO • Introducción • Constitución 1991: Reconocimiento de la Jurisdicción Indígena • Jurisdicción Especial Indígena: Reconocimiento en la Corte Constitucional. • Cada vez menos límites: Corte Constitucional con los pueblos indígenas • Movilización indígena e innovaciones constitucionales • Corte Constitucional y multiculturalismo liberal • Conclusión • Fuentes de información RESUMEN El reconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena por parte de la Corte Constitucional ha sido determinante en la consolidación de la diversidad cultural y étnica del contexto colombiano. En por esto, que el artículo pretende analizar las transformaciones y avances que ha tenido la Jurisdicción Especial Indígena respecto a algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana. La metodología utilizada principalmente fue la hermenéutica, ya que se interpretó la jurisprudencia constitucional y los tratados internacionales que abordan la temática del reconocimiento cultural y la autonomía indígena en cuanto a la facultad que tienen los pueblos indígenas de resolver sus conflictos aplicando sus formas de justicia y prácticas ancestrales. Dicha aproximación se realizó desde el enfoque teórico del multiculturalismo. Esta aproximación metodológica permitió examinar el impacto y avance que ha tenido la Jurisdicción Especial Indígena. Se resalta la contribución a la preservación y promoción de la diversidad e identidad cultural, y el pluralismo jurídico, asimismo en la salvaguarda de los derechos y la autonomía de las comunidades indígenas en Colombia, que incluso logran vincular acontecimientos recientes como lo es la movilización indígena. PALABRAS CLAVE: Jurisprudencia constitucional, Diversidad Cultural, Pueblos Indígenas, Derechos Constitucionales y Reivindicaciones étnicas. ABSTRACT The recognition of the Special Indigenous Jurisdiction by the Constitutional Court has been decisive in the consolidation of the cultural and ethnic diversity of the Colombian context. For this reason, the article aims to analyze the 174 jairo.llano@unad.edu.co, nicolevcano@gmail.com, andres.roncancio@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 173-184, 2025 Jairo Vladimir Llano Franco | Nicole Velasco Cano | Andrés Felipe Roncancio transformations and advances that the Special Indigenous Jurisdiction has had with respect to some pronouncements of the Colombian Constitutional Court. The methodology used was mainly hermeneutics, which involved interpreting the constitutional case law and international treaties that address the issue of cultural recognition and indigenous autonomy regarding the power of indigenous peoples to resolve their conflicts using their own forms of justice and ancestral practices. This approach was carried out from the theoretical perspective of multiculturalism. This methodological approach allowed us to examine the impact and progress of the JEI, highlighting its contribution to the preservation and promotion of cultural diversity and identity, and legal pluralism. It also highlights its contribution to the safeguarding of the rights and autonomy of indigenous communities in Colombia, even to the point of linking it to recent events such as the indigenous mobilization. KEYWORDS: C onstitutional jurisprudence, cultural diversity, indigenous people, constitutional rights, and ethnic of rigths claims . INTRODUCCIÓN La Corte Constitucional colombiana se ha caracterizado por ser la institución estatal que más se ha pronunciado a través de jurisprudencia sobre los pueblos indígenas. Estas decisiones constitucionales han llevado a una garantía y protección para las comunidades indígenas en el derecho al reconocimiento de la diversidad cultural, tanto por parte, de las organizaciones estatales y sus funcionarios, como también de la sociedad general (Semper,2006). Entre las decisiones adoptadas por la Corte, se destaca el desarrollo de la Jurisdicción Especial Indígena, la cual, hacia finales del siglo XX, era considerada una figura constitucional innovadora en el contexto latinoamericano. En este sentido, el alto tribunal a lo largo de sus decisiones ha ampliado las regulaciones de esta jurisdicción, variando con el tiempo los límites constitucionales, el ámbito de aplicación y la relación con el derecho internacional. Estas decisiones jurisprudenciales se terminan insertando en las deliberaciones teóricas recientes a nivel global como lo son el multiculturalismo y el pluralismo jurídico, donde parece existir un consenso en que los Estados democráticos y liberales deben impulsar y consolidar el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural (Cantillo Pushaina,2021). El desarrollo del artículo se estructura en varias secciones. La primera sección presenta la relación entre la Constitución y la Jurisdicción Especial Indígena desde su promulgación en 1991. En el segundo apartado, se explica cómo esta jurisdicción encontró un primer limite a partir de los derechos fundamentales en general, una orientación que surge de las primeras sentencias sobre el tema emitidas por la Corte Constitucional. La tercera sección, detalla cómo la jurisprudencia constitucional se ha transformado, otorgando mayor autonomía a la jurisdicción indígena y reduciendo sus límites a unos pocos derechos constitucionales. En el cuarto apartado, se aborda el cambio jurisprudencial de la Corte Constitucional respecto al concepto del territorio y la aplicación de la Jurisdicción Indígena, al reconocer que las distintas culturas de los pueblos indígenas no pueden limitarse a un lugar geográfico, sino que trascienden los resguardos. Esta decisión está en línea con acciones constitucionales encaminadas a proteger las comunidades étnicas y su reproducción cultural, en consonancia con el reconocimiento de la diferencia en el ámbito del derecho internacional y constitucional contemporáneo. En la quinta sección, se analiza cómo el reconocimiento de la jurisdicción indígena ha llevado a que los pueblos originarios además de integrarlas en sus prácticas cotidianas, también la utilicen en sus procesos de movilización y reivindicación, con el objetivo de evitar agresiones a los procesos organizativos de carácter social, cultural, político y jurídico. Para finalizar en la sexta y última sección, está dedicada a un análisis teórico de las decisiones de la Corte Constitucional que la referencian en el multiculturalismo liberal. CONSTITUCIÓN 1991: RECONOCIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA La Constitución colombiana de 1991 marcó un hito en la historia del país al reconocer la diversidad cultural y étnica como un derecho fundamental, vinculando de esta manera al texto constitucional la autonomía y el respeto a las cosmovisiones de las poblaciones indígenas (Laurent V,2021). Este reconocimiento fue consecuencia de un proceso de lucha por parte de los pueblos indígenas (Dosa acevedo, 2021), el cual termina reflejando un ejercicio de 175 jairo.llano@unad.edu.co, nicolevcano@gmail.com, andres.roncancio@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 173-184, 2025 CORTE CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA: TRANSFORMACIONES Y AVANCES EN COLOMBIA CONSTITUTIONAL COURT AND SPECIAL INDIGENOUS JURISDICTION: TRANSFORMATIONS AND ADVANCES IN COLOMBIA organización política, a través de instituciones como la Organización Nacional Indígena de Colombia y el Consejo Regional Indígena del Cauca, y social mediante el Movimiento Armado Quintín Lame. Precisamente, este último, posibilita el acuerdo de paz entre el gobierno de César Gaviria y el grupo armado indígena Quintín Lame, quienes terminarían posibilitando que los indígenas se incluyeran en la asamblea nacional constituyente: En mayo de 1991 el Quintín Lame firma la paz y retorna a la vida sin armas, bajo el gobierno de C é sar Gaviria Trujillo quien se compromete a permitir que sus integrantes retornen a sus territorios de origen, manteniendo presencia activa en la vida política local, quienes aprovecharon los beneficios políticos que se derivaron de los programas de inversión acordados, que facilitaron el reencuentro con sus bases sociales (Pares Fundación Paz y Reconciliación, 28 de enero de 2016, párr. 10). Aunque la participación indígena fue minoritaria, con solo dos (2) delegados, su presencia, junto al apoyo de otros constituyentes que representaban sectores alternativos, termino siendo crucial para que se plasmaran en el texto constitucional los derechos de la diversidad étnica: La participación indígena fue de 3 representantes, 2 delegatarios por elección y 1 por el movimiento desmovilizado Quintín Lame, con voz, pero sin voto. […] entre ellos dos delegatarios, Francisco Rojas Birry (Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic–) y Lorenzo Muelas Hurtado (Autoridades Indígenas de Colombia –Aico–, quienes fueron elegidos popularmente el 9 de diciembre de 1990 con un porcentaje del 1,5 % del total de la votación. Y, también, Alfonso Peña Chepe, indígena por el Quintín Lame, movimiento armado que se desmovilizaba solo con voz (Pérez, 2020, pp. 136,141). Para el caso de Colombia, el texto constitucional establece los derechos reconocidos que están enmarcados en el ámbito de la diversidad étnica, entre estos, se destaca el derecho a la Jurisdicción Especial Indígena (JEI), consagrado en el artículo 246 de la Constitución de 1991 señala que: Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. Este derecho permite a los pueblos indígenas aplicar su propia justicia, basada en sus costumbres y prácticas ancestrales, para resolver los conflictos que se presenten dentro de sus comunidades, dichas formas de aplicar justicia pueden ser diferentes a la aplicación de justicia por parte de las instituciones estatales que son responsables de la justicia y el derecho (Cárdenas Londoño, 2022). Sumado al proceso nacional de la constituyente, se encuentra el reconocimiento internacional por parte de organizaciones supra testales, tales como, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Convenio 169 de 1989 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, entre los derechos que establece el convenio se puede destacar, la diversidad e identidad cultural, y el pluralismo jurídico a través del acceso a la justicia propia de los pueblos, es así como “Las comunidades indígenas […] tienen mayor protección desde el derecho internacional de los derechos humanos […] se vinculan por medio del bloque de constitucionalidad […] es el caso del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales” (Llano, 2020, p. 19). Precisamente, la vinculación constitucional del convenio se da mediante la ratificación de la Ley 21 de 1991.También se ha incorporado de carácter legal a partir primera Ley Estatutaria de Administración de Justicia 270 de 1996, la cual en su artículo 12 expone que: La función jurisdiccional se ejerce como propia y habitual y de manera permanente por las corporaciones y personas dotadas de investidura legal para hacerlo, […] las jurisdicciones especiales tales como: la penal militar, la indígena y la justicia de paz, y la jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción. Esta ley fue modificada por el artículo 5 de la ley 1285 del 2009, peo a pesar de la modificación realizada sigue manteniendo el reconocimiento: “…, las jurisdicciones especiales tales como: la penal militar, la indígena y la justicia de paz, y la jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción”. Si bien la Constitución colombiana reconoce el derecho a la Jurisdicción Especial Indígena, este derecho no es absoluto, pues existen límites establecidos que “…, delimitan el contenido y alcance de la jurisdicción especial indígena en nuestro ordenamiento constitucional: 1) la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas […] 3) la sujeción de dicha jurisdicción y normas a la Constitución” (Rodríguez, 2017, p. 24). En un primer momento, 176 jairo.llano@unad.edu.co, nicolevcano@gmail.com, andres.roncancio@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 173-184, 2025 Jairo Vladimir Llano Franco | Nicole Velasco Cano | Andrés Felipe Roncancio la jurisprudencia estableció mayores limitaciones a la Jurisdicción Especial Indígena, al determinar que no podía contradecir las normas constitucionales y legales (Jiménez, 2022). Posteriormente, se produjo una ampliación que fortaleció la autonomía de la justicia indígena . En este segundo momento, los límites se ciñeron estrictamente a los derechos fundamentales, debido al desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA: RECONOCIMIENTO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL Como se mencionó, los límites de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) se han ampliado con el tiempo a partir de las reglas establecidas por la Corte Constitucional. Las primeras sentencias del alto tribunal constitucional determinaban que los derechos fundamentales plasmados en la Constitución y las normas legales debían ser las principales limitantes de la JEI: […], como la indicada en el artículo 246 de la Constitución plantea el problema de determinar cuál es la jerarquía existente entre la ley y las costumbres y usos indígenas, como fuentes de derecho. En efecto, la atribución constitucional de ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial […] está supeditada a la condición de que éstos y aquellas no sean contrarios a la Constitución y a la ley (Corte Constitucional, sentencia T-254 de 1994). Las primeras decisiones sobre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) incluyen la Sentencia de Tutela 254 de 1994. Este caso abordó una acción de amparo interpuesta por Ananías Narváez, miembro de la comunidad indígena del Tambo, por ser desterrado junto con su familia por las autoridades indígenas por el delito de hurto . En respuesta, el accionante acudió a la justicia ordinaria constitucional para solicitar la protección de sus derechos fundamentales . “Entre estos se encontraban el debido proceso, el trabajo, la honra y el buen nombre, la vida y la protección contra la prohibición constitucional de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación” (Corte Constitucional, sentencia de T-254 de 1994). A partir de este caso, la Corte se manifiesta respecto a la Jurisdicción Especial Indígena, estableciendo las primeras reglas para resolver tensiones por diferencias conceptuales y valorativos que se presenten en la aplicación de diferentes ordenes jurídicos: 1. A mayor grado de conservación de sus tradiciones y prácticas culturales, mayor será la autonomía de la comunidad indígena. 2. Los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares. 3. Las normas legales imperativas (de orden público) de la República priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural. 4. Los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas legales dispositivas (Corte Constitucional, sentencia de T-254 de 1994). La Corte, en efecto, establece que la última regla no concede a la jurisdicción indígena la facultad de aplicar prácticas contrarias a la ley. En este sentido, la Corte concluye que la sanción impuesta por la Jurisdicción Especial Indígena vulnera las normas constitucionales y, por ende, dicha sanción debe de ajustarse a lo previsto en el marco jurídico estatal (Ismare guatico, 2022). La decisión de la Corte Constitucional determina que la justicia indígena no puede desconocer los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, ni sus prácticas pueden contradecir las normas legales: La autonomía política y jurídica reconocida a las comunidades indígenas por el constituyente, por su parte, debe ejercerse dentro de los estrictos parámetros señalados por el mismo texto constitucional: de conformidad con sus usos y costumbres, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a la ley, de forma que se asegure la unidad nacional (Corte Constitucional, sentencia T-254 de 1994). Las decisiones iniciales de la Corte Constitucional en el ámbito de la diversidad cultural y la Jurisdicción Especial Indígena, de alguna manera, terminaban limitando la autonomía plena de los pueblos indígenas para aplicar sus propias prácticas y formas de justicia. Esto se debía a que el concepto de unidad y la preeminencia del derecho estatal seguían siendo imperantes. Esta situación reflejaba un ejercicio de mantener la unidad nacional, concepción propia del Estado- nación, el cual es el único capaz de producir derecho. Como resultado, se centralizaban y controlaban las formas de derecho locales o comunitarias que se desenvolvían en el espacio de la soberanía del Estado, como lo señala Wolkmer (2018): [...], el monismo jurídico liberal-eurocéntrico, es perceptible la gradual sumisión y reducción del Derecho estatal al Derecho positivo [...] el Derecho no sólo es Derecho en cuanto producción del Estado, sino, sobre todo, de que sólo el Derecho positivo es verdaderamente Derecho (p. 58). En este sentido, se podría decir que el reconocimiento de la diversidad cultural estaría 177 jairo.llano@unad.edu.co, nicolevcano@gmail.com, andres.roncancio@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 173-184, 2025 CORTE CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA: TRANSFORMACIONES Y AVANCES EN COLOMBIA CONSTITUTIONAL COURT AND SPECIAL INDIGENOUS JURISDICTION: TRANSFORMATIONS AND ADVANCES IN COLOMBIA enmarcado dentro del monismo jurídico. Otra de las sentencias de la Corte Constitucional fue la C-139 de 1996. En las consideraciones de esta sentencia el tribunal constitucional realiza una interpretación del art. 246, dividiéndolo en dos partes, una parte, la autonomía indígena, y la otra parte, la integración y coordinación que debe tener estas formas jurídicas propias con el derecho nacional: El análisis del artículo 246 muestra los cuatro elementos centrales de la jurisdicción indígena en nuestro ordenamiento constitucional: la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, la potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios, la sujeción de dichas jurisdicción y normas a la Constitución y la ley, y la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. Los dos primeros elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas -que se extiende no sólo al ámbito jurisdiccional sino también al legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de creación de “normas y procedimientos”-, mientras que los dos segundos constituyen los mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto del ordenamiento nacional. En la misma estructura del artículo 246, entonces, está presente el conflicto valorativo entre diversidad y unidad (Corte Constitucional, sentencia C-139 de 1996). En esta sentencia la Corte paulatinamente va reconocimiento que el derecho a la autonomía indígena el cual está relacionado con la capacidad de aplicar justicia propia, es importante y no puede ser limitado por cualquier autoridad, sin embargo, sigue siendo enfática en las limitaciones constitucionales y legales que se puedan prever: En este precepto se consagra el autogobierno indígena, cuyo ejercicio puede ser limitado sólo por las disposiciones de la Carta y las expedidas por el legislador, que a su vez deben ser conformes a aquéllas. Ni el gobierno nacional ni las autoridades eclesiásticas están autorizadas por la Constitución para intervenir en la esfera del gobierno indígena (Corte Constitucional, sentencia C-139 de 1996). Sin duda, estas decisiones de interpretación constitucional sobre la Jurisdicción Especial Indígena se pueden entender desde la compleja realidad colombiana. Para muchos ciudadanos, reconocer una jurisdicción distinta a la estatal resultaba novedoso, peculiar y generaba rechazo en ciertos sectores sociales. Por décadas, desde las instituciones estatales, se difundió el calificativo de los indígenas como inferiores y salvajes, discurso que terminó calando en la sociedad nacional y perpetuando estereotipos discriminatorios: “…, los indígenas eran juzgados y castigados bajo otros valores de cultura y de derecho, y se les despreciaba […] encarcelándolos por años, o simplemente devolviéndolos a su mundo clasificados como salvajes a fin de afirmar su inferioridad” (Sánchez, 2006, pp. 107-108). Por lo que sería sorprendente que a las comunidades indígenas se les otorgara la capacidad de administrar justicia. CADA VEZ MENOS LÍMITES: CORTE CONSTITUCIONAL CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS La Corte Constitucional ha ampliado progresivamente la autonomía de los pueblos indígenas para implementar la Jurisdicción Especial Indígena . Esta medida busca proteger y garantizar que los pueblos indígenas puedan aplicar sus propios sistemas normativos para regular y resolver sus conflictos internos . Es así como la restricción del derecho estatal a esta justicia propia se limitaría a ser aplicada para respetar derechos fundamentales específicos: “Los límites mínimos […] deben cumplir las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales […] derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la tortura […] la legalidad en los delitos y […] penas” (Corte Constitucional, sentencia T-523 de 1997). Las decisiones del tribunal terminarían posibilitando la práctica de las cosmovisiones de las comunidades sin intromisiones externas significativas. Igualmente, cabe destacar el compromiso recíproco entre Estado y pueblos indígenas, puesto que, en el intercambio cultural, también han transformado sus justicias propias para armonizarlas con los límites de los derechos fundamentales. En este sentido, las comunidades indígenas se han convertido en protectores de la vida, protegiendo la naturaleza de sus territorios y exigiendo el fin del conflicto armado mediante movilizaciones pacíficas. Asimismo, han condenado la esclavitud y denunciado la explotación económica de sus jóvenes y niños, quienes son víctimas de prácticas laborales degradantes, e incluso han ido rechazando colectivamente prácticas que eran tradicionales como la ablación de clítoris en las mujeres. Por otra parte, frente a la restricción como la tortura, las deliberaciones son constantes en las prácticas culturales que han establecido para sancionar a los infractores, si bien algunas de estas formas de castigo son ancestrales y otras, como el cepo, o el fuete para el paez, son producto de la colonización, las poblaciones indígenas no las consideran tortura. Para estos casos el 178 jairo.llano@unad.edu.co, nicolevcano@gmail.com, andres.roncancio@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 173-184, 2025 Jairo Vladimir Llano Franco | Nicole Velasco Cano | Andrés Felipe Roncancio tribunal constitucional ha determinado que dichas prácticas no se tipifican como tortura, sino que forman parte de las cosmovisiones de los pueblos originarios: “El fuete consiste en la flagelación con “perrero de arriar ganado”, […] su finalidad no es causar un sufrimiento excesivo, sino representar el elemento que servirá para purificar al individuo, el rayo […] un ritual que utiliza la comunidad” (Corte Constitucional, sentencia T-523 de 1997). Otra de los derechos que se vuelve límite de la Jurisdicción Especial Indígena, es el del debido proceso, el cual no puede ser considerado desde la óptica jurídica estatal, sino desde los procedimientos y formas de castigo que se usan tradicionalmente en cada una de las poblaciones indígenas, en este sentido la Corte ha realizado aclaraciones: […], los límites a la autonomía reconocida en favor de las comunidades indígenas están dados, en primer lugar, por un núcleo duro de derechos humanos, junto con el principio de legalidad como garantía del debido proceso y, en segundo lugar, por los derechos fundamentales, mínimos de convivencia cuyo núcleo esencial debe mantenerse a salvo de actuaciones arbitrarias (Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2016). Los pronunciamientos de la Corte Constitucional han impulsado una transición de la prevención a la implementación de la Jurisdicción Especial Indígena por parte de dichos pueblos pasando de manera mayoritaria a su aplicación. Esto también se puede observar con el cambio que se ha dado respecto a que esta justicia se aplicara solamente dentro de los territorios constituidos como resguardos: “…, las jurisdicciones especiales se deriva el derecho de los miembros de las comunidades indígenas a un fuero. Se concede el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial” (Corte Constitucional, sentencia T-496 de 1996). Sin embargo, la jurisprudencia reciente ha ampliado su alcance, reconociendo su aplicación a todos los miembros de un pueblo indígena, independientemente de su ubicación territorial, y extendiéndola a una mayor variedad de casos, construyendo el reconocimiento jurídico al fuero indígena. El reconocimiento del fuero indígena ha sido un proceso gradual. Inicialmente, no se aplicaba a los indígenas que cometían faltas fuera de su territorio, pues eran juzgados por la justicia ordinaria. Tampoco se aplicaba a los no indígenas que cometían delitos en territorios de resguardo, ya que eran remitidos a la administración de justicia estatal: El fuero indígena comprende entonces dos elementos esenciales, el personal con el que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad y el territorial que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias normas (Corte Constitucional, sentencia T-728 de 2002). Es así como se puede ir observando como la autonomía de los pueblos indígenas en Colombia se ha visto fortalecida por la Jurisdicción Especial Indígena. Esta justicia propia ha permitido a los pueblos aplicar sus formas de justicia para regular y resolver sus conflictos internos, respetando sus cosmovisiones y tradiciones. Además, la Corte Constitucional ha sido clave en la ampliación progresiva de la Jurisdicción Especial Indígena. El fuero indígena y lo cultural más allá del territorio La orientación constitucional sobre el fuero indígena fue experimentando una transformación gradual a lo largo del tiempo . A pesar de las resistencias iniciales por parte de la Corte Constitucional y los jueces en general, los hechos socioculturales han impulsado un cambio paulatino en la percepción de los jueces. Dichas trasformaciones constitucionales han hecho que la ampliación de la Jurisdicción Especial Indígena abarque a personas que no son integrantes de la comunidad indígena, siempre y cuando, cometan transgresiones culturales dentro de los territorios de resguardos. Un caso emblemático que refleja esta situación fue el de un militar detenido durante una movilización indígena en el Cauca, por considerar que afectaba el buen desarrollo de la minga indígena al punto de terminar estigmatizándola. En este caso, fue involucrado el líder indígena Feliciano Valencia, acusado penalmente de secuestro por los jueces de primera y segunda instancia. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia finalmente decidió fallar a favor del pueblo indígena nasa y desligar de cualquier responsabilidad penal al líder indígena, exponiendo que: […, ] aquí la retención del cabo Chaparral Santiago obedeció al acto de jurisdicción que desplegaron las autoridades indígenas al investigar y sancionar a quien consideraron invadió sus territorios sagrados, lo cual elimina el ánimo del autor necesario para la configuración típica de un secuestro (Corte Suprema de Justicia, Sentencia SP9243-2017, p. 19). Este cambio transformó la concepción de la justicia indígena, ampliando su alcance más allá de las fronteras físicas y territoriales hacia 179 jairo.llano@unad.edu.co, nicolevcano@gmail.com, andres.roncancio@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 173-184, 2025 CORTE CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA: TRANSFORMACIONES Y AVANCES EN COLOMBIA CONSTITUTIONAL COURT AND SPECIAL INDIGENOUS JURISDICTION: TRANSFORMATIONS AND ADVANCES IN COLOMBIA una mirada cultural que reconoce la identidad indígena como un factor determinante: “…, el espacio vital de las comunidades no coincide necesariamente con los límites geográficos de su territorio, de modo que un hecho ocurrido por fuera de esos límites puede ser remitido a las autoridades indígenas por razones culturales” (Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2016). Las orientaciones de la Corte frente al reconocimiento que la cosmovisión indígena no se limita solamente al territorio ha impulsado la protección de su identidad cultural en situaciones complejas. Un ejemplo de ello es el caso de los comuneros que cometen delitos fuera de los territorios indígenas. La Corte Constitucional ha establecido que, a pesar de estar siendo procesados por la jurisdicción ordinaria, se les debe dar las garantías necesarias para preservar identidad cultural y poder seguir reproduciéndola en la medida de lo posible: […], un enfoque diferencial indígena materializado en el cumplimiento de la pena en un lugar de reclusión propio que establezca el resguardo indígena al cual pertenece el miembro indígena -imputado o condenado-; o la creación de establecimientos de reclusión especiales, proporcionados por el Estado; o, en su defecto, pabellones diferenciados dentro de las mismas cárceles ordinarias, son medidas constitucionales que protegen la identidad cultural y la diversidad étnica (Corte Constitucional, sentencia T-642 de 2014). Sin embargo, posteriormente la Corte Constitucional intentaría buscar que los indígenas que cometen delitos bajo la jurisdicción ordinaria cumplan sus sentencias en lugares que respeten su diversidad en este sentido plantea que: “…, independientemente de la jurisdicción aplicable, los miembros de comunidades indígenas no deben cumplir penas en establecimientos ordinarios de reclusión, ya que la mayoría de costumbres indígenas no conciben la pena de encarcelamiento como una forma de sanción” (Corte Constitucional, sentencia T-642 de 2014). Desde esta perspectiva, la misma Corte posibilita incluso que las condenas realizadas por el juez ordinario se cumplan en el territorio indígena. Por ejemplo, si las autoridades indígenas deciden solicitar a un indígena ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), este debería ser trasladado del sistema carcelario al territorio indígena (López & Becerra, 2018). Este es el caso del pueblo nasa con la creación de los Centros de Armonización, los cuales se convierten en escenarios que logran coordinar la justicia ordinaria con la justicia indígena, en clave de protección de la identidad cultural individual y colectiva: “Los CAI [Centros de Armonización Indígena] se han convertido en una expresión de la justicia indígena […] Por lo general se encuentran ubicados en sitios que para los Nasa son espirituales para que los procesos de armonización sean más efectivos” (Velasco, 2018, p. 122). Estos avances constitucionales no solo son el resultado de las reivindicaciones indígenas, la acción de la Corte Constitucional, y el desarrollo del derecho internacional, que en cada nueva declaración aprobada reconoce una mayor autonomía a los pueblos indígenas (Diestikova, 2020). Un ejemplo reciente es la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que expande la autonomía de los pueblos indígenas de la región que incluso terminaría limitando las acciones del Estado: “artículo 5. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados” (Organización de Estados Americanos [OEA], 2016, p. 15). MOVILIZACIÓN INDÍGENA E INNOVACIONES CONSTITUCIONALES Las comunidades indígenas han incorporado elementos del derecho internacional en su búsqueda por la innovación constitucional. En este sentido, las comunicades indígenas para las recientes movilizaciones de la minga en el suroccidente colombiano, que se extendieron al ámbito nacional: “…, las comunidades étnicas participan de forma solidaria y colaborativa con la Minga realizada el primer semestre del 2019, donde la principal vía que conecta el centro del país con el Sur […] fuera cerrada por varios días” (Zapata y Llano, 2019, p. 62), han determinado que la Jurisdicción Especial Indígena se aplica en los territorios por donde transita la Minga, lo que representa una ampliación. Al interior de las movilizaciones indígenas, campesinas y afros se implementaron acciones en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena . En procesos de movilización se han visto algunos policías o militares que realizan actividades de inteligencia y que incluso puede terminan afectando o estigmatizando el ejercicio de la movilización, cuando ocurren este tipo de situaciones, las personas que son encontradas trasgrediendo a la comunidad, terminan siendo llevadas por la guardia indígena ante las autoridades del Cabildo, quienes determinan los procedimientos a 180 jairo.llano@unad.edu.co, nicolevcano@gmail.com, andres.roncancio@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 173-184, 2025 Jairo Vladimir Llano Franco | Nicole Velasco Cano | Andrés Felipe Roncancio realizar. Por lo general, terminan siendo llevados a una asamblea comunitaria y aplicándoseles un castigo desde el proceso de armonización. En algunos territorios del país se ha implementado la Jurisdicción Especial Indígena en contexto de movilización, particularmente, la ciudad de Cali es una muestra de esto. La capital del suroccidente colombiano y una de las principales ciudades del país, ha sido escenario de un caso de interés nacional e internacional de las movilizaciones de la minga. En estas ocasiones, la minga ha llegado a Cali para expresar sus inconformidades y presentar sus reivindicaciones al gobierno central. La última movilización se llevó a cabo en mayo de 2021, en apoyo al paro nacional, en este caso, en un ejercicio de movilización, terminan 9 mingueras y mingueros heridos a bala: “El primero de mayo 5.000 indígenas, con sus 127 autoridades, llegaron desde el Cauca a la ciudad de Cali en minga. Hubo 25 puntos de concentración de manifestantes que bloquearon las principales carreteras en señal de apoyo al Paro” (Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC, 2021). En este proceso de movilización, hubo varios incidentes de conflicto entre algunos ciudadanos no indígenas y la minga indígena, como por ejemplo el que sucedió en las afueras de la ciudad con la pretensión de limitar el paso de los indígenas: […], algunos ciudadanos del sur de Cali que se manifestaban en contra del paro Nacional y la minga indígena, que pretendían quitar uno de los puntos de resisten, retienen un vehículo donde se movilizaban autoridades y mingueros; los agreden y ante la llegada de más comunidad a protegerlos, estos disparan con armas de fuego (Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC, 2021b). Las personas que terminaron afectado el desarrollo de la movilización indígena, no fue el único de los casos, por el contrario, otra situación similar terminó incidiendo en la aplicación de la justicia indígena, con la pretensión de salvaguardar el ejercicio de movilización (Viana y Ariza, 2024). Las diferentes formas de interpretar la Jurisdicción Especial Indígena, tanto desde la perspectiva constitucional como desde la comunitaria, terminan mostrando una diferencia entre un reconocimiento limitado de la autonomía indígena y una garantía amplia de la misma. Esta situación se encuentra en dos aspectos clave: Los desarrollos teóricos que fundamentan las decisiones de la Corte Constitucional y la interpretación que se le otorga desde lo cultural y antropológico a las prácticas que los pueblos indígenas implementan al momento de aplicar la Jurisdicción Especial (Rodríguez, 2023). CORTE CONSTITUCIONAL Y MULTICULTURALISMO LIBERAL Un análisis teórico de las primeras decisiones de la Corte Constitucional sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas muestra una tendencia basada en una visión de la teoría del multiculturalismo liberal: “El modelo de filosofía política que subyace a la doctrina de la Corte sobre consulta previa es el que denomino monismo liberal multicultural. Este modelo explica la mayor parte de la jurisprudencia desarrollada por la Corte” (Bonilla, 2015, p. 312). Esta teoría del multiculturalismo liberal ha sido desarrollada principalmente por países del norte global, como Canadá y Estados Unidos, logrando expandirse globalmente con las ideas de los profesores Charles Taylor y Will Kymlicka. Estos académicos han considerado que las sociedades liberales y las democracias de dichos Estados deberían reconocer sus contextos de diversidad cultural: “…, multiculturalismo liberal es considerado una de las respuestas más influyente de cómo estudiar la diversidad cultural. Surge a partir de la segunda mitad del siglo XX […] para hacer referencia a una serie de demandas por parte de grupos minoritarios” (García y Villavicencio, 2016, p.14). El multiculturalismo liberal, como teoría, surge a partir de reflexionar la realidad actual, la cual pretende mostrar la existencia de la diversidad dentro de una sociedad y cultura (Maldonado, 2021). Cada vez es más común que diferentes culturas se encuentren y coexistan en espacios reducidos, lo que convierte en una necesidad la convivencia pacífica y armoniosa de esta diversidad. Precisamente, la pretensión de espacios de tolerancia y convivencia se terminan haciendo necesarios reconocerlos desde el marco constitucional y el Estado que es responsable de dicha acción, convirtiéndose en una opción para lograr este objetivo: “Existen otras culturas, y tenemos que convivir, (…) en la escala mundial como en la sociedad individual […] culturas que han aportado un horizonte de significado para gran cantidad de seres humanos […] merece nuestra admiración y respeto” (Taylor, 2001, p. 106). Para los Estados, este reconocimiento de la diferencia cultural permitiría fortalecer la democracia y posibilitar que las distintas 181 jairo.llano@unad.edu.co, nicolevcano@gmail.com, andres.roncancio@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 173-184, 2025 CORTE CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA: TRANSFORMACIONES Y AVANCES EN COLOMBIA CONSTITUTIONAL COURT AND SPECIAL INDIGENOUS JURISDICTION: TRANSFORMATIONS AND ADVANCES IN COLOMBIA culturas reconocieran a las instituciones estatales como un regulador. En este sentido, el Estado actuaría como un intermediario cultural, facilitando el diálogo y la comprensión entre las diferentes culturas que coexisten dentro de un marco estatal. Por lo tanto, las relaciones interculturales deben basarse en la comprensión y el entendimiento mutuo, sin abusos o excesos en el reconocimiento de su diferencia para obtener beneficios indebidos. En este contexto, la autonomía cultural se encuentra regulada por el Estado, y los grupos culturales deben adecuar sus acciones al derecho existente. Esto se observa en las decisiones iniciales de la Corte Constitucional sobre el reconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena. Esta propuesta multicultural de corte liberal, principalmente se desarrolla en las sociedades anglosajonas que, si bien es cierto, pretenden un respeto por la diversidad cultural, también promueven el desarrollo de una economía capitalista y de mercado que termina caracterizando a este tipo de sociedades: “…, el capitalismo representa no solo un diseño técnico-económico, sino también un sistema cultural complejo […] en el Occidente moderno. Esta concepción, que siempre ha tenido partidarios […] ha recibido apoyo adicional de antropólogos y sociólogos de la cultura euro- estadounidense” (Appadurai, 2015, p. 78). El multiculturalismo liberal, que se ha traído para los contextos latinoamericanos, termina teniendo amplias diferencias con las realidades propias de la región, que se caracteriza por la diversidad cultural, pero de carácter principalmente étnico, en este sentido, reconocer la diversidad desde esta propuesta teórica ha sido objeto de críticas (Fernández Ruiz, 2021). Particularmente, para Colombia la implementación del multiculturalismo liberal presenta una complejidad considerable. En un primer plano, se observa un reconocimiento de la diversidad cultural, con la pretensión de integrarla al mercado. Esto se ha visto con diversos pueblos indígenas, cuyos productos ancestrales se convierten en piezas exóticas para las élites y la clase media global, adquiriendo un valor de consumo y prestigio. Sin embargo, esta coexistencia con el mercado no siempre es justa. A pesar del reconocimiento constitucional de los pueblos étnicos, sus derechos son vulnerados por diferentes intereses tanto del sector empresarial local, nacional y transnacional, que buscan explotar sus recursos naturales de forma legal e ilegal, poniendo en riesgo la supervivencia de las comunidades étnicas (Wilmmer y Hellmund, 2020). CONCLUSIÓN El reconocimiento y avances de la Jurisdicción Especial Indígena por parte de la Corte Constitucional son indiscutibles, claro, dentro de la lógica del multiculturalismo liberal de procedencia anglosajona y la influencia de las declaraciones y tratados internacionales de derechos sobre pueblos indígenas, decisiones que han beneficiado a las comunidades en su proceso de ampliar su autonomía, sin embargo, es suficiente y los desafíos se encuentran también en el horizonte. Son varias las deliberaciones internas e incluso decisiones de la Corte de forma reciente, que se han realizado con una perspectiva conservadora, que ha pretendido disminuir los alcances que tiene la jurisdicción en estos momentos (Gutiérrez, 2021). Ante el riesgo de desmonte de derechos de la diversidad étnica como la intromisión en la autonomía indígena para reducirla o algunos planteamientos del ejecutivo o el legislativo de limitar por ejemplo el derecho a la consulta previa se hace necesario acudir a concepciones de mayor avances en materia constitucional en lo correspondiente a pueblos indígenas, como los referentes de Ecuador y Bolivia como Estados plurinacionales pero también con un eje que permite garantía de derechos a la diferencia como el buen vivir, hacia esos faros debe dirigirse la Corte Constitucional y de esa forma se protegerá uno de los baluartes del constitucionalismo colombiano en la región, la Jurisdicción Especia Indígena (Figuera y Ortiz, 2019). En ese sentido, la dimensión del constitucionalismo que se observa desde el caso colombiano tiene unos lineamientos que permite ver como el activismo judicial ha establecido dimensiones que tienen una incidencia política más fuerte que determina los puntos de articulación entre lo que se evidencia como parte del sistema jurídico pero que el mismo debe tener una interlocución directa con los lineamientos positivos y con ello políticos que se demandan de una esfera de las categorías jurídicas a las que se dimensiona la construcción de ser sujetos especiales de protección y los márgenes de diferenciación positiva (Bedoya, Restrepo y Villa, 2020). Por esta razón, la articulación implica determinar diferentes variables que están establecidas por un marco de relación que se establece desde 182 jairo.llano@unad.edu.co, nicolevcano@gmail.com, andres.roncancio@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (1): 173-184, 2025 Jairo Vladimir Llano Franco | Nicole Velasco Cano | Andrés Felipe Roncancio lo multicultural, que si bien en su concepción liberal trae consigo el arraigo a disposición de índole positiva, desde un marco más amplia debe también impactar la visión política de autogobierno y autogestión del cuerpo territorial, en donde se establece que la misma tiene una identidad que se reconoce en clave estructural del proceso de autogobierno, y por tanto de los fueros de identificación que deben resultar de una relación verdaderamente concebida más allá del fuero liberal, en donde estos sujetos pueden convertirse en entender lo indígena para ser un activo político y constitucional de los ámbitos tradicionalmente concebidos, máxime cuando cada vez el constitucionalismo colombiano y el activismo de la corte constitucional avanza en establecer los espacios dialógicos que deben propugnar por concepciones abiertas al campo dialógico, allí se establece un marco de interpretación y que se tienen desde el rango constitucionalización que cada vez más establece una diferenciación no solo jurídica sino política en términos del territorio. Todo lo anterior, pasa también por ver que viejas categorías conceptuales especialmente las antropocéntricas hoy están siendo transformadas, dando cuenta que la relación de los actores, transversalizados por una visión ecocéntrica de los derechos, establece que los espacios colectivos considerados, así como los rangos políticos están en un constante proceso de transformación, para lo que establece el margo de una pluralismo en clave liberal que pasa a transformarse en un marco estructurado de análisis, que lleva en su conceptualización un marco de autorreconocimiento más allá de la mera diferenciación, en donde el dialogo entre lo constitucional y las claves jurídicas toman cada vez más relevancia en el proceso de transformación de lo que se entiende como multicultural. Siendo importante resaltar que este proceso se da aun en desarrollo y tendrá muchos impactos en la transformación política y jurídica del Estado y sus instituciones (Zambrano,2021). FUENTES DE INFORMACIÓN Appadurai, A. 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