LibreOffice/7.3.7.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/e114eadc50a9ff8d8c8a0567d6da8f454beeb84f 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 true true false true false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false true false 1 1 true 161 yenifer.suarezd@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (2): 161-171, 2025 DESAFÍOS EN LA APLICACIÓN DE LA ANTIJURIDICIDAD MATERIAL EN LA VIOLENCIA ECONÓMICA CONTRA LAS MUJERES CHALLENGES IN THE APPLICATION OF MATERIAL UNLAWFULNESS IN ECONOMIC VIOLENCE AGAINST WOMEN Yenifer Yiseth Suárez Díaz https://orcid.org/0000-0003-1697-008X Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, yenifer.suarezd@campusucc.edu.co Colombia Recibido: 28 de octubre de 2024. Aceptado: 2 de diciembre del 2024. SUMARIO • Introducción • ¿Qué es el bien jurídico? • ¿Qué es la antijuridicidad? • La violencia económica como manifestación de violencia de género • Principio de lesividad • Bibliografía RESUMEN El artículo analiza el concepto de antijuridicidad en el derecho penal colombiano, desde el principio de lesividad, teniendo en cuenta que una conducta solo es punible si es antijurídica materialmente, es decir, que no solo considera la contradicción con la norma, sino la lesión efectiva a un bien jurídico. Este principio busca evitar que el poder judicial criminalice conductas que no dañen significativamente intereses protegidos. El texto destaca cómo el bien jurídico sirve como base para la política criminal y el diseño legislativo, abordando debates sobre su definiciónylegitimación.Seexaminanteorías como las de Von Liszt y Jakobs, y se resalta el papel del principio de lesividad desde la jurisprudencia y la complejidad que implica su aplicación para los casos de violencia económica dentro de las familias. Para ello, se analiza la transversalización del enfoque de género en las decisiones judiciales, para reconocer la lesión que causa la violencia económica en las mujeres, aunque sea una forma menos visible o sutil. PALABRAS CLAVE violencia económica, antijuridicidad, género, micromachismo. ABSTRACT The article analyzes the concept of unlawfulness in Colombian criminal law, from the principle of harmfulness, considering that a conduct is only punishable if it is materially unlawful. This means it not only contradicts the law but also causes actual harm to a legally protected interest. This principle limits judicial power to prevent the criminalization of actions that do notsignificantlydamageprotectedinterests. The text highlights how the legal interest serves as a basis for criminal policy and legislative design, addressing debates about its definition and legitimacy. It examines theories such as those of Von Liszt and Jakobs, emphasizing the role of the principle of harmfulness from jurisprudence and the complexity of its application to cases of economic violence within families. To this end, the article explores the integration of a gender perspective in judicial decisions to recognize the harm caused by economic violence against women, even if it is a less visible or subtle form. KEYWORDS economic violence, unlawfulness, gender, micro-machismo. INTRODUCCIÓN La violencia económica es una manifestación sutil pero que genera afectaciones en las víctimas, además de ser recurrente y sistemática. Yenifer Yiseth Suárez Díaz 162 yenifer.suarezd@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (2): 161-171, 2025 Esta forma de violencia restringe la autonomía y limita sus oportunidades mediante el control y la manipulación de sus recursos económicos. Aunque menos visible que otras formas de abuso, sus efectos son relevantes, porque lesionan tanto a las mujeres como a su entorno familiar, ya que perpetúa la dependencia y la desigualdad estructural. En el derecho penal colombiano, la categorización de esta forma de violencia bajo el principio de antijuridicidad material plantea desafíos significativos. Para que una conducta sea penalmente punible, debe demostrar no solo una contradicción con la norma, sino una lesión efectiva a un bien jurídico protegido, según el principio de lesividad. Sin embargo, en el caso de la violencia económica, esta lesión no siempre es evidente, lo que complica su reconocimiento y sanción dentro del marco legal existente. Se analizarán las dificultades en la aplicación del principio de lesividad, en el estudio de la antijuridicidad material en la persecución penal de la violencia económica contra las mujeres en Colombia. Se examinará la adecuación del marco legal actual para enfrentar esta forma de violencia, así como la necesidad de una interpretación interseccional, que contemple una perspectiva de género con la que se reconozca la naturaleza insidiosa y menos tangible de la violencia económica. Asimismo, se explorarán las teorías jurídicas relacionadas con el bien jurídico y el principio de lesividad, y cómo estas pueden ajustarse para proteger de manera más efectiva los derechos y la autonomía de las mujeres en contextos de violencia de género. Para desarrollar esta investigación, se empleó un enfoque metodológico cualitativo basado en el análisis doctrinal y jurisprudencial. Se revisaron leyes, doctrinas y sentencias clave emitidas por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de Colombia, centrándose en la interpretación del principio de antijuridicidad material y su aplicación en casos de violencia económica.Esteanálisispermitióidentificarla necesidad de transversalizar la perspectiva de género para analizar la violencia económica en los ámbitos familiares, en contra de la mujer. ¿QUÉ ES EL BIEN JURÍDICO? Ante este cuestionamiento, se puede decir que se trata de un ¿derecho?, o ¿valor de la sociedad?, o ¿un sentimiento?, o ¿la posibilidad de los individuos de ejercer sus derechos?, o un ¿interés? Pues bien, aunque parece ser una categoría arraigada al referirse al delito, no es una de la que se puedan predicar pacíficos planteamientos, no solamente en el aspecto teórico sino en el diseño legislativo y en la aplicación judicial. Al analizar el comportamiento humano por bajo las tres categorías dogmáticas para determinar la condición de delictivo, surgen diversas discusiones relacionadas con la lesión del bien jurídico. Primero, puede observarse desde una dimensión intrasistémica en la que el bien jurídico se constituye como la piedra angular en la legitimación del diseño de la política criminal y la legislación de los tipos penales y segundo, a partir de una visión crítica, para rebatir la penalización de actos meramente inmorales. Aunque suele acudirse a Von Liszt el análisis de esta categoría, no se puede desconocer que el concepto provino de Birnbaum y fue rescatado y destacado por Binding. Para este autor fue el camino para diferenciar las conductas criminales de aquellas lesivas de la religión, la moralidad y las contravenciones marcando su caracterización en el derecho penal. Binding además, le otorgó el valor de ser una condición de vida, dentro de la denominadacomunidadjurídica,loquesignifica que ese valor conocido como bien jurídico se identificaconlavalidezdelanorma. Contrario al pensamiento positivo que extrae los bienesdelanorma,bajoladefinicióndeVonLiszt, F (1994), se admite como un interés vital que es preexistente al ordenamiento jurídico. Para él se definencomotrozosdevidanodelderechosino de la sociedad como tal. En otras palabras, es un concepto que al ser pre jurídico tiene la condición de ser limitante al poder legislativo. Para Welzel (1951) no se trata de una necesidad humana, sino de valores elementales de la vida en comunidad, que denomina ético sociales. Esto implica que es el Estado el que dispone la validez de los valores positivos a través del juicio ético social de los ciudadanos. De manera que Szczaranski, ( 2012, p. 389) señala que es la sociedad la que otorga significación al bien, sin que se exija su corporeidad pero que su suma e interrelación conforma el denominado orden social Como se ha visto hasta ahora, independientemente de que sea un concepto pre jurídico o que nace de la vida jurídica, si se establece como legitimación del derecho penal, por lo que una norma que no proteja nada digno de protección es ilegítima. D esafíos en la aplicación De la antijuriDiciDaD material en la violencia económica contra las mujeres c hallenges in the application of material unlawfulness in economic violence against women 163 yenifer.suarezd@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (2): 161-171, 2025 Debate del que se plantean críticamente las teorías del bien jurídico, que por sí solas no dan límites para su estructuración. Según Hefendehl et al. (2016), es importante acudir a principios filosóficosparadotardesignificadoalconcepto de bien jurídico como limitante del derecho penal (p. 424). Por ejemplo, elegir aquellos bienes que sean coherentes con el modelo constitucional. Como se ha consagrado desde una postura crítica: una prohibición de una conducta bajo amenaza penal que no pudiera remitirse a un bien jurídico sería terror de Estado (Hassemer, 2007). Los límites no son una decisión arbitraria de quienes discuten los planteamientos acerca del bien jurídico. Porque el problema de no establecer contornos mínimos es que -como refería Amelung- la raza aria era el bien jurídico de las desafortunadas leyes de Nuremeberg (Sánchez Lascurain, 1995), de manera que no puede ser tan amplio para repetir horrores, ni tan limitado que derive en injusticias. Se debe atender a este como un concepto orientativo y eliminando la posibilidad de entenderlo como una figura ideológica, como fue empleado por Mezger (1958). Por esa razón, no es que critique la amplitud. De hecho, el carácter «vacío» del concepto- dice Amelung- es justamente la razón de su riqueza porque permite completarlo con las valoraciones que se correspondan dependiendo del modelo de Estado y por supuesto de la sociedad. Así, en esa profundidad, la renombrada teoría de la imputación objetiva, se consagra a través del derecho penal la protección de la expectativa, la seguridad del comportamiento del otro (Con base en los principios de confianza y riesgo permitido). En otras palabras, se salvaguarda la vigencia de la norma. Para Shüneman esto significa que Jakobs pretende deslindar la esencia del delito como daño a un bien jurídico, para comprenderlo desde un criterio formal como la lesión o infracción del deber (Schünemann, 2018, p. 100). Retomando los aspectos hegelianos de la reafirmación de la norma a través de la negación del delito con el derecho penal. En ese sentido, un Estado democrático se procura la protección de una condición de vida comunitaria en libertad (Sánchez Lascurain, 1995, p. 262), por lo que, en términos de Roxin, se refieren a: «realidades o fines que son necesarios para una vida social libre y segura que garantice los derechos humanos y fundamentales del individuo, o para el funcionamiento del sistema estatal erigido para la consecución de tal fin» (Hefendehl et al., 2016, p. 448). De donde se debe aceptar no solo la remisión a objetos concretos, sino la valoración de la relación social del sujeto con los objetos a la que hacía alusión Muñoz Conde como una esencia de la protección. De esa manera, se puede decir que en Colombia la referencia al bien jurídico reviste diferentes significantes. De un lado, cumple la función de comprender la motivación de la norma y de interpretación de los tipos penales y de otro, significalaalusiónalosobjetoslegítimamente protegibles a través del derecho penal, que hacen parte de una realidad y necesarios para el desarrollo de la vida. Tanto así que, a partir de la determinación del bien protegible se pueden establecer los comportamientos que pese a lesionar materialmente un objeto, no son conductas sujetas a reproche penal. Ese ejercicio de selección y clasificación de los bienes objeto de protección del derecho penal, en cualquier caso, debe obedecer a los principios de necesidad y proporcionalidad constitucional, así como a los del derecho penal, referidos a la legalidad, igualdad, culpabilidad, y fragmentariedad, justamente por el principio de ultima ratio que caracteriza al ius puniendi. En el mismo sentido la Corte Constitucional establece que no existe una lista taxativa de bienes jurídicos susceptibles de ser protegidos por el poder punitivo, pero sí el mandato de criminalizar conductas particularmente ofensivas, en cuanto a la dignidad humana. Por ejemplo, el deber que adquiere el Estado al suscribir tratados internacionales (C-091 de 2017). Situación en la que adquiere relevancia la participación del Estado en diversos organismos internacionales que establecen la obligación de criminalizar ciertas conductas. Algunas referidas a derechos humanos como la inscripción de Colombia ante la Corte Penal Internacional y otras de orden económico como la OCDE, de donde derivó para el Estado el deber de condenar el soborno trasnacional, incluyendo a personas jurídicas. De donde surgió controversia, precisamente porque esta clase de responsabilidad en el ámbito penal es inexistente en Colombia. Pero que fue resulta a través de la sanción administrativa por parte de la Superintendencia de Sociedades. Yenifer Yiseth Suárez Díaz 164 yenifer.suarezd@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (2): 161-171, 2025 En conclusión, la amplitud del término permite su valoración dinámica conforme a las interacciones sociales y de Estado, siempre que enmarque como un límite de política criminal y de valoración para la conducta criminal. ¿QUÉ ES LA ANTIJURIDICIDAD? En el derecho penal colombiano el artículo 11 del Código Penal establece dentro de sus principios: Antijuridicidad.- Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Así,conbaseenladefinicióndelbienjurídico, la norma exige demostrar la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico y el ordenamiento jurídico. Pero ¿qué se entiende por lesión o peligro efectivo?. Pues conforme a lo que se dijo precedentemente si el bien jurídico es un valor (en el sentido de una valoración positiva) como señala Jakobs, el análisis de la antijuridicidad partirá de un desvalor. Ese desvalor recaerá sobre dos elementos, primero sobre la conducta típica que sea contraria al ordenamiento jurídico y segundo, sobre el objeto de tutela del derecho penal. De manera que, el primer ejercicio, es la confrontación entre el comportamiento que fue calificadocomotípicoysuefectivacontradicción con el orden legal, lo que constituye la denominada antijuridicidad formal, que se corresponde con la perspectiva de los clásicos de limitarse al cotejo, para determinar la violación del deber jurídico. Análisis que se realizaba en Colombia, antes de la Constitución de 1991, recuérdese que el artículo 4 del Decreto 100 de 1980, solamente requería que lesionara o pusiera en peligro sin justa causa. Elementoqueresultainsuficiente frente a la consideración de la específica lesión efectiva al bien jurídico considerado como objeto necesario para el desarrollo de la comunidad. De donde surge la apreciación dual, es decir, además del carácter formal, estudiar la antijuridicidad material. Como indica Zaffaroni, el orden jurídico supone también un orden normativo de tal suerte que la antijuridicidad debe analizar no solo su es contraria a la norma, sino que lesione efectivamente el objeto de protección. Valoración para la cual se acude al principio de lesividad, que como se estableció en la sentencia Radicado 21923 del 25 de mayo de 2006 de la Corte Suprema de Justicia, es una obligación constitucional, en virtud de los artículos 2, 86 y 228 de la Carta Política. Al respecto, se trata del elemento que rige la antijuridicidad material y no esta categoría en sí misma, como parece confundirse en ocasiones. Su puesta en escena dentro de la antijuridicidad obedece a la respuesta del liberalismo para controlar el poder omnipotente del legislativo (Gómez Pavajeau, 2012). Motivo por el cual, se trata de un principio, lo que dentro de un Estado constitucional significaqueseauncriteriomaterialquenoqueda al arbitrio de la voluntad democrática. Así mismo, la Corte Constitucional en sentencias C-542 de 1993, T-669-1996 y T-184 de 2000, puntualizó en los límites del poder legislativo, indicando el derecho pierde su eficacia específica cuando se condiciona la validez de un derecho constitucional a los criterios de las mayorías. Por ello en un diálogo con el principio de trascendencia, el de lesividad se consagra como axioma del Estado Social y Democrático de Derecho. Para limitar la política criminal en el diseño de conductas típicas que de modo efectivo lesionen o pongan en peligro el bien jurídico. De allí que en la práctica judicial también se excluyan de condena, los comportamientos que no alcanzan dicho umbral de lesividad, como en las tentativas imposibles. Desde la imputación objetiva, el principio de lesividad permite determinar la efectiva puesta en peligro de los bienes jurídicos. Con ella se parte de la existencia de un desvalor de acto, referido a la creación de un riesgo no permitido por el ordenamiento jurídico y que puede materializarse en el resultado lesivo cuando se trata de los denominados delitos de resultado. Precisando que ese resultado también debe ser valorado en el sentido de que no exista eximente de responsabilidad. Cuando se trata de delitos de mera conducta se valora el riesgo a partir de las circunstancias que posibilitan de producción del daño, lo que también se considera en la valoración de la tentativa. Aunque no es posible exigir un resultado si se debe acreditar que la conducta desplegada constituye previamente un riesgo normativo típicamente relevante para el objeto de tutela. No puede valorarse la antijuridicidad desde un aspectonegativo,enelsentidosolamenteverificar D esafíos en la aplicación De la antijuriDiciDaD material en la violencia económica contra las mujeres c hallenges in the application of material unlawfulness in economic violence against women 165 yenifer.suarezd@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (2): 161-171, 2025 la inexistencia de causales de justificación, sino que es necesaria la valoración de la lesión o puesta en peligro (Rettig Espinoza, 2009). La antijuridicidad penal, tampoco puede contrariarse con las demás ramas del derecho, por lo que la Sala en el radicado 20926 del 27 de octubre de 2004, estableció la noción de antijuridicidad unitaria,confirmealacualuninjustocivilpodría adquirir el rasgo de injusto penal. La categoría dogmática de antijuridicidad es necesaria para la determinación de la existencia de conducta punible y tiene relevancia constitucional como fue precisado por la Corte Constitucional en la sentencia C-070 de 1996. Su utilidad radica, en que permite delimitar el alcance del derecho penal, en tanto no puede ser desproporcionado si no existe- se insiste- efectiva lesión a un bien jurídico tutelado. Que hace referencia al juicio material que se hace sobre la conducta, objeto de estudio del derecho penal. La Corte Constitucional (C-181 de 2016), ha sido reiterativa en que este concepto se acepta, siempre que exista una valoración dual (formal- material). Y que además garantiza el respeto al modelo de Estado, porque se restringe su diseño los principios constitucionales de dignidad humana, efectividad, prohibición de tratos o penas crueles e igualdad. Lo que significa dejar atrás la sola constatación de la conducta generadora de riesgo, referida al desvalor de acto que en últimas se hace a través del ejercicio de establecimiento de la tipicidad objetiva. Por ello se establece como límite de la función legislativa en materia de política criminal, para la protección de bienes jurídicos a través un ejercicio de ponderación que determine idóneo, proporcional y necesaria la restricción de la libertad de un individuo. Lo que consagró la Corte Constitucional se constata a través del principio de legalidad (C-118 de 1996). De manera que, el estudio de la antijuridicidad está caracterizado por el contenido de injusticia(Gómez Pavajeau, 2012), que requiere como presupuesto la existencia de la contrariedad de la norma (formal), pero la valoración específica de la lesión. Lo que significa que la antijuridicidad material presupone la formal, aunque no al contrario. De donde se deriva que, para el Estado colombiano, a partir de la categoría de antijuridicidad y su redacción en la Ley 599 de 2000, acude al principio constitucional de lesividad para su valoración. Empero podría señalarse que, siendo un principio del Estado democrático social y de derecho, es el orientador en la elaboración uy análisis de la denominada antijuridicidad material. En la decisión del 5 de octubre de 2016 Radicado 40089, se insistió en la superación de la mera contradicción entre el comportamiento delictivo y el ordenamiento para reiterar lo ateniente al principio de lesividad y la antijuridicidad material. El primero como elemento de política criminal y el segundo como categoría dogmática. Así,laSalaafirmóellímitequeesteprincipioda al poder punitivo que debe desechar actos que no dañen o lesionen significativamente los bienes jurídicos, tales como los actos inmorales o las contravenciones. Dicho concepto que no opera únicamente como límite legislativo sino como valoración judicial, conforme a la variación de la significaciónsocialdelosactosyloyaindicado desde 2004 frente al modelo de Estado. Sin embargo, desde la dogmática resulta cuestionable esta forma de valoración, porque la puesta en peligro no depende de la acreditación de la misma, que pertenece más al campo de la tentativa en cuanto a la aproximación a la lesión efectiva del bien jurídico que a la lesividad en los delitos de peligro abstracto. Como se dijo en la decisión Rad. 21064 del 15 de septiembre de 2004, todo peligro es abstracto y el impacto sobre el bien jurídico se valora caso a caso. En la tentativa, por el contrario, se exige la acreditación de la puesta en peligro, justamente porque de acuerdo con el artículo 27 del Código Penal, supone un comportamiento doloso que ha superado las fases del iter criminis correspondientes a la ideación y a la preparación del delito y que ha comenzado a ejecutarse, sin conseguir la última etapa que es la consumación y, desde luego, tanto menos su agotamiento (Corte Suprema de Justicia, Rad. 50543, 2018) . En este aspecto, resulta relevante tanto el análisis de los medios empleados como capaces para lesionar el bien jurídico y la ejecución de actos que inequívocamente se encontraban dirigidos a causar dicha afectación. En conclusión, el sistema penal colombiano se orienta valorar negativamente el solo incumplimiento del deber o la ausencia de fidelidad al ordenamiento jurídico, pero exige sobre la selección de los bienes jurídicos que hace el legislador en su libertad de configuración, la exigencia de una efectiva lesión o puesta en peligro, Yenifer Yiseth Suárez Díaz 166 yenifer.suarezd@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (2): 161-171, 2025 bajo los presupuestos del principio de lesividad que, como criterio político criminal, obedece a los finesyvaloresdelaConstituciónPolítica. Con base en los criterios dogmáticos y la construcción del análisis judicial de la antijuridicidad material en el Estado constitucional, sería importante que la jurisprudencia indicara el por qué frente a unos aspectos -como la responsabilidad- se da aplicación a la imputación objetiva, pero no frente a la antijuridicidad. Porque en caso de aceptarla, llevaría a desconocer el principio constitucional de lesividad y se retrotraería la aplicación del derecho penal a la simple contrariedad de la norma para validara.) LA VIOLENCIA ECONÓMICA COMO MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO La violencia de género sigue siendo un aspecto persistente y de relevancia que afecta a las mujeres en diferentes espacios o a todo aquel que no comparte los valores heteronormados. Según la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer-CEDAW: La violencia de género se define como: cualquier acto de violencia basado en el género que resulta, o es probable que resulte, en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o privada. Esta forma de violencia se reconoce como una manifestación de la discriminación de género y una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres (Comisión Económica para América Latina y el Caribe-Cepal, 1996). La violencia física es una de las formas más reconocidos de violencia basada en género y se refiere a cualquier acto que inflige daño corporal a la víctima. La violencia física no solo causa daño inmediato, sino que también a largo plazo en la salud física y mental de las mujeres afectadas. En los ámbitos privados, también puede consistir en la denegación de atención médica, obligar a consumir alcohol o drogas, o incluso el daño a la propiedad (O.M.S., 2021). La violencia psicológica o violencia emocional, incluye comportamientos que causan daño emocional y disminuyen la autoestima de la víctima. Este tipo de violencia puede ser manifestada a través de insultos, amenazas, humillaciones, aislamiento y manipulación. En el caso, de la violencia doméstica, esta forma de violencia implica la intimidación y amenazas de causar daños que no solamente incluyen a la mujer sino a sus hijos. La CEDAW reconoce que la violencia psicológica es tan perjudicial como la física, ya que puede llevar a trastornos psicológicos graves, como la depresión y la ansiedad, y afecta profundamente el bienestar y la capacidad de las mujeres para llevar una vida plena y saludable (ONU Mujeres, s. f.). En esta forma de violencia también se encuentran los denominados micromachismos. La violencia económica es otra forma de violencia basada en género, que implica el control de los recursos financieros y económicos para mantener el poder y la dominación sobre la víctima. Esto puede incluir la restricción del acceso al dinero, la prohibición de trabajar o el control estricto de los ingresos y gastos (O.M.S., 2021). La violencia económica limita la independencia y la autonomía de las mujeres, dejándolas vulnerables y dependientes del agresor. La CEDAW insta a los Estados a implementar medidas que garanticen la autonomía económica de las mujeres y su acceso a recursos económicos como un medio para prevenir y combatir esta forma de violencia (Nousiainent, s. f.). Laviolenciainstitucionalserefierealafaltade respuesta adecuada por parte de las instituciones que deberían proteger a las víctimas de violencia basada en género. Esto incluye la negligencia, la complicidad y la revictimización por parte de las autoridades policiales, judiciales y de salud (Caso Bedoya Lima y otra vs. Colombia, 2021). La CEDAW enfatiza que los Estados tienen entre otros, el deber de actuar bajo el precepto de la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia basada en género, y para proporcionar reparaciones adecuadas a las víctimas. La falta de acción por parte del Estado es considerada una violación de los derechos humanos de las mujeres y perpetúa la impunidad y la desigualdad(Committee on the Elimination of Discrimination & against Women, 2017). En el ordenamiento jurídico colombiano, la Ley 1257de2008,ensuartículo2define: Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privada. Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción D esafíos en la aplicación De la antijuriDiciDaD material en la violencia económica contra las mujeres c hallenges in the application of material unlawfulness in economic violence against women 167 yenifer.suarezd@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (2): 161-171, 2025 u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas.En efecto, la Corte Constitucional (1993) ha reconocido la violencia económica como una de carácter estructural, originada por los patrones culturales y estereotiposdegénero.Afirmóqué: A nivel social, dada la situación en el contexto doméstico, la mujer era reconocida como económicamente dependiente, sin autonomía para asumir obligaciones financieras y sin capacidad para hacerse cargo de responsabilidades diferentes a las del hogar. Se le excluía en buena medida de participar del mercado laboral, lo que aseguraba su dependencia económica, y en particular se le impedía desempeñar determinados oficios y ocupar específicos puestos de trabajo, asociados a la fuerza física o a altas responsabilidades. Mucho menos se le permitía la formación académica y profesional (C-371, 2000). Y, en la decisión C-539 de 2016, reiterando lo planteado en la T-012 de 2016, indicando: La violencia económica, propia del ámbito doméstico, se produce cuando, en perjuicio de la mujer, el hombre administra con exclusividad los recursos económicos del hogar, independientemente de si ella concurre con él a su aporte o asume sola toda la carga económica. El hombre decide unilateralmente cómo y en qué se gastan, le provee algo de dinero, pero con la destinación que él mismo determina, vigila su gasto, la obliga a informar sobre su uso y reduce aquello que le proporciona, de modo que en ocasiones ella no cuenta con lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. En general, este tipo de violencia priva a la mujer de los ingresos de los cuales depende su subsistencia digna y la pone en situación de desigualdad (Corte Constitucional, C-539, 2016). De esta manera, la violencia económica es un de las manifestaciones de violencia basada en género, puede revestir diferentes comportamientos. Así, el Ministerio de Justicia y del Derecho en Colombia, puntualizó que puede verse cuando: • Una persona tiene control sobre el dinero de otra persona, este control puede ser total o parcial, por ejemplo, si el dinero que una persona gana lo controla la familia o la pareja, o se condiciona a la persona para no comprarse cosas que quiere. • Una persona no le deja conseguir dinero propio a otra persona, por ejemplo, si una persona quiere conseguir trabajo o vender algo para tener un poco de dinero, y le niegan esa posibilidad. • Una persona que tenga acciones humillantes sobre la cantidad de dinero que gana frente a otra persona, por ejemplo, si la pareja de una persona gana más dinero y todo el tiempo se lo echa en cara, o le dice que es una carga económica. • Una persona que no le permita el acceso a algunos bienes básicos, por ejemplo, una persona que no le permita el acceso al carro, la cocina, o partes de la casa solo por el hecho de no tener mucho dinero.” (Ministerio de Justicia y del Derecho, s. f.) Así, se comprende que, el privilegio masculino perpetúa la violencia basada en género (Heise, 1998, p. 263). De manera que, a través de la violencia económica, se desestima el aporte que generan las mujeres especialmente desde la economía del cuidado. Sin embargo, se trata de una forma de violencia silenciosa De acuerdo con los datos elaborados por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, en 2015, las mujeres cuya edad oscila 13 y 49 años, al menos una vez habían sufrido de violencia económica por iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAjUAAAEjCAYAAADKcvCDAAAEKklEQVR42u3WMQ0AAAzDsPIn 3bLYMdkQciUFAHggEgAApgYAwNQAAJgaAABTAwCYGgAAUwMAYGoAAEwNAGBqAABMDQCAqQEA MDUAgKkBADA1AACmBgDA1AAApgYAwNQAAJgaAABTAwBgagAAUwMAYGoAAEwNAICpAQBMDQCA qQEAMDUAAKYGADA1AACmBgDA1AAAmBoAwNQAAJgaAABTAwBgagAATA0AYGoAAEwNAICpAQAw NQCAqQEAMDUAAKYGAMDUAACmBgDA1AAAmBoAAFMDAJgaAABTAwBgagAATA0AYGoAAEwNAICp AQAwNQAApgYAMDUAAKYGAMDUAACYGgDA1AAAmBoAAFMDAGBqAABTAwBgagAATA0AgKkBAEwN AICpAQAwNQAApgYAwNQAAKYGAMDUAACYGgAAUwMAmBoAAFMDAGBqAABMDQBgagAATA0AgKkB ADA1AICpAQAwNQAApgYAwNQAAJgaAMDUAACYGgAAUwMAYGoAAFMDAGBqAABMDQCAqQEATA0A gKkBADA1AACmBgAwNQAApgYAwNQAAJgaAMDUAACYGgAAUwMAYGoAAEwNAGBqAABMDQCAqQEA MDUAgKkBADA1AACmBgDA1AAApgYAwNQAAJgaAABTAwCYGgAAUwMAYGoAAEwNAICpAQBMDQCA qQEAMDUAAKYGADA1AACmBgDA1AAAmBoAwNQAAJgaAABTAwBgagAAUwMAYGoAAEwNAICpAQAw NQCAqQEAMDUAAKYGAMDUAACmBgDA1AAAmBoAAFMDAJgaAABTAwBgagAATA0AYGoAAEwNAICp AQAwNQCAqQEAMDUAAKYGAMDUAACYGgDA1AAAmBoAAFMDAGBqAABTAwBgagAATA0AgKkBAEwN AICpAQAwNQAApgYAMDUAAKYGAMDUAACYGgAAUwMAmBoAAFMDAGBqAABMDQBgagAATA0AgKkB ADA1AICpAQAwNQAApgYAwNQAAKYGAMDUAACYGgAAUwMAYGoAAFMDAGBqAABMDQCAqQEATA0A gKkBADA1AACmBgAwNQAApgYAwNQAAJgaAMDUAACYGgAAUwMAYGoAAFMDAGBqAABMDQCAqQEA MDUAgKkBADA1AACmBgDA1AAApgYAwNQAAJgaAABTAwCYGgAAUwMAYGoAAEwNAGBqAABMDQCA qQEAMDUAAKYGADA1AACmBgDA1AAAmBoAwNQAAJgaAABTAwBgagAAUwMAYGoAAEwNAICpAQBM DQCAqQEAMDUAAKYGADA1EgAApgYAwNQAAJgaAABTAwCYGgAAUwMAYGoAAEwNAGBqAABMDQCA qQEAMDUAgKkBADA1AACmBgDA1AAApgYAwNQAAJgaAABTAwBgagAAUwMAYGoAAEwNAICpAQBM DQCAqQEAMDUAAKYGADA1AACmBgDg2ADpPYj2MvrsPAAAAABJRU5ErkJggg== parte de su pareja, distribuidas las cifras así: Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2015 Yenifer Yiseth Suárez Díaz 168 yenifer.suarezd@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (2): 161-171, 2025 Además, el 31,1% de las mujeres reportó haber sufrido violencia económica, frente al 25,2%, de los hombres. Una diferencia vinculada a la percepción cultural de las labores domésticas, que siguen siendo consideradas exclusivamente iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQAAAAC8CAYAAACXDXDcAAABvklEQVR42u3UMQEAAACCMPuX 1iBuEThIgVuRAAwAMADAAAADAAwAMADAAAADAAwAMADAAAADAAwAMADAAAADAAwAMADAAAAD AAwAMADAAAADAAwAMADAAAADAAwAMADAAAADAAwAMADAAAADAAMADAAwAMAAAAMADAAwAMAA AAMADAAwAMAAAAMADAAwAMAAAAMADAAwAMAAAAMADAAwAMAAAAMADAAwAMAAAAMADAAwAMAA AAMADAAwAMAAAAMAAwAMADAAwAAAAwAMADAAwAAAAwAMADAAwAAAAwAMADAAwAAAAwAMADAA wAAAAwAMADAAwAAAAwAMADAAwAAAAwAMADAAwAAAAwAMADAAwAAAAwADAAwAMADAAAADAAwA MADAAAADAAwAMADAAAADAAwAMADAAAADAAwAMADAAAADAAwAMADAAAADAAwAMADAAAADAAwA MADAAAADAAwAMADAAAADAAMADAAwAMAAAAMADAAwAMAAAAMADAAwAMAAAAMADAAwAMAAAAMA DAAwAMAAAAMADAAwAMAAAAMADAAwAMAAAAMADAAwAMAAAAMADAAwAMAAAAMAAwAMAPgyfzM7 5IO8gNIAAAAASUVORK5CYII= iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAARUAAAC8CAYAAABWijpwAAAB0ElEQVR42u3UMQ0AAAzDsPIn 3ZLYNdkQciQFOBQJAFMBTAUwFQBTAUwFMBUAUwFMBTAVwFQATAUwFcBUAEwFMBXAVABMBTAV wFQAUwEwFcBUAFMBMBXAVABTATAVwFQAUwFMBcBUAFMBTAXAVABTAUwFwFQAUwFMBTAVAFMB TAUwFQBTAUwFMBUAUwFMBTAVwFQATAUwFcBUAEwFMBXAVABMBTAVwFQAUwEwFcBUAFMBMBXA VABTAUwFwFQAUwFMBcBUAFMBTAXAVABTAUwFMBUAUwFMBTAVAFMBTAUwFQBTAUwFMBXAVABM BTAVwFQATAUwFcBUAEwFMBXAVABTATAVwFQAUwEwFcBUAFMBMBXAVABTAUwFwFQAUwFMBcBU AFMBTAXAVABTAUwFMBUAUwFMBTAVAFMBTAUwFQBTAUwFMBXAVABMBTAVwFQATAUwFcBUAFMB MBXAVABTATAVwFQAUwEwFcBUAFMBTAXAVABTAUwFwFQAUwFMBcBUAFMBTAUwFQBTAUwFMBUA UwFMBTAVAFMBTAUwFcBUAEwFMBXAVABMBTAVwFQATAUwFcBUAFMBMBXAVABTATAVwFQAUwEw FcBUAFMBTAXAVABTAb4ZCwWxxxK8LKsAAAAASUVORK5CYII= iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAREAAAC7CAYAAABCZKqyAAAByklEQVR42u3UMQEAAAzCMPyb BhE7l0jo0RTgIBIAJgKYCGAigIkAmAhgIoCJACYCYCKAiQAmApgIgIkAJgKYCGAiACYCmAhg IoCJACYCYCKAiQAmApgIgIkAJgKYCGAiACYCmAhgIoCJAJgIYCKAiQAmApgIgIkAJgKYCGAi ACYCmAhgIoCJAJgIYCKAiQAmAmAigIkAJgKYCICJACYCmAhgIoCJAJgIYCKAiQAmAmAigIkA JgKYCICJACYCmAhgIgAmApgIYCKAiQAmAmAigIkAJgKYCICJACYCmAhgIgAmApgIYCKAiQCY CGAigIkAJgKYCICJACYCmAhgIgAmApgIYCKAiQCYCGAigIkAJgJgIoCJACYCmAiAiQAmApgI YCKAiQCYCGAigIkAJgJgIoCJACYCmAiAiQAmApgIYCIAJgKYCGAigIkAJgJgIoCJACYCmAiA iQAmApgIYCIAJgKYCGAigIkAmAhgIoCJACYCmAiAiQAmApgIYCIAJgKYCGAigIkAmAhgIoCJ ACYCYCKAiQAmApgIgIkAJgKYCGAigIkAmAhgIoCJACYCYCKAiQAmApgIgIkAJgKYCGAiACYC mAhgIoCJAI8NJNC82zeK2UsAAAAASUVORK5CYII= una responsabilidad femenina. Así: Fuente: DANE, Informe Violencias de Género en Colombia, 2020. Sin embargo, se trata de una forma de violencia que, por no presentar secuelas físicas o visibles, a menudo es ignorada no solo desde la institucionalidad, sino desde las propias víctimas. Por ello, en términos de valoración de la lesión al bien jurídico resulta problemático, pues debe demostrarse la afectación no solo a la integridad de la víctima, sino el daño a la familia, a través de los actos de discriminación económica. Situación, en la cual, resulta fundamentar la transversalización de género en el reconocimiento de la violencia económica y su judicialización. La transversalización es una estrategia para lograr la igualdad, significa: incluir las preocupaciones y experiencias de mujeres y hombres, valorar las implicaciones que tiene para las personas en razón de su sexo e identidad de género cualquier acción que se planifique, velar que hombres y mujeres se beneficien por igual; velar porque no se perpetúe la desigualdad ECOSOC. Incorporar la perspectiva no es un objetivo, es una estrategia o un medio para lograr la igualdad de género. Por esta razón, se reconoce como obligación supraconstitucional a cargo de las autoridades administrativas y judiciales. De esta manera, al abordar el denominado enfoque de género, se requiere reconocer que hombres, mujeres y quienes se reconocen como géneros diversos no gozan de igualdad, para reconocer la discriminación y los patrones estructurales queinfluyenenella. También, es importante el reconocimiento de la discriminación para hacer una valoración crítica delanorma.Significa,asumirquelaregulación, aunque desde su escritura parezca tener igual aplicación para hombres y mujeres, en realidad resulta diferenciadora. Es decir, considera los roles, oportunidades y prerrogativas que afectan su aplicación igualitaria y asegurar que las intervenciones no perpetúen las desigualdades de género. En ese sentido, la interseccionalidad es fundamental. Por ello, el enfoque de género en las decisiones judiciales no implica el esencialismo de género, sino admitir cómo diferentes factores socioeconómicos, raciales y culturales, intervienen en los actos de discriminación. En definitiva, es fundamental aceptar que ninguna acción es neutral al género. Tal enfoque, implica desde el uso del lenguaje hasta efectuar intervenciones sensibles al género para considerar no perpetuar la violencia basada en género. Sobre la política y la representación de la mujer se hizo mención por Buttler (2019, p. 45), específicamente en su valor desde el lenguaje, porque a través de este se le da visibilidad en la política. Por ello, uno de los primeros cuestionamientos se da en torno a la definicióndelsujeto,porqueesteconceptoparte de procesos de exclusión lo que causa discusión en la construcción de la política feminista. Por ello, se propone un proceso dialógico en el que las mujeres de posturas diversas propongan distintas identidades dentro del marco de una coalición emergente: la política de coalición (Buttler, 2019, p. 67). Las instituciones judiciales deben adoptar un enfoquemás pragmáticoen laidentificacióny sanción de la violencia económica. Esto implica establecer desde directrices claras que permitan ajuecesyfiscalesreconocercómolasdinámicas de control financiero afectan la autonomía y dignidad de las víctimas, hasta optar por la sana crítica para reconocer las formas sutiles de violencia económica que replican ciclos de violencia de género. Por ejemplo, la falta de acceso a cuentas bancarias compartidas o la dependencia económica total del agresor D esafíos en la aplicación De la antijuriDiciDaD material en la violencia económica contra las mujeres c hallenges in the application of material unlawfulness in economic violence against women 169 yenifer.suarezd@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (2): 161-171, 2025 no solo tienen repercusiones económicas, sino que perpetúan un ciclo de desigualdad y sometimiento. Incluir testimonios o estudios de caso sobre decisiones judiciales innovadoras que hayan sancionado este tipo de violencia permitiríailustrarlaeficaciaylaslimitaciones del sistema actual. DEL PRINCIPIO DE LESIVIDAD Este es el concepto de derecho penal empleado para el análisis de la antijuridicidad material. Bajo este precepto, la conducta solo debe ser considerada lesiva si causa un daño o pone en peligro un bien jurídico protegido(Muñoz Conde, 1999). Ello, de acuerdo con lo señalado en el artículo 11 del Código Penal, según el cual para que una conducta sea punible se requiere que “lesione o ponga efectivamente en peligro el bien jurídico tutelado por la ley”. De esta manera, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que: […] la trascendencia que tiene la noción de lesividad en el derecho penal, por la cual, como sistema de control lo hace diferente de los de carácter puramente ético o moral, en el sentido de señalar que, además del desvalor de la conducta, que por ello se torna en típica, concurre el desvalor del resultado, entendiendo por tal el impacto en el bien jurídico al exponerlo efectivamente en peligro de lesión o al efectivamente dañarlo (Corte Suprema de Justicia, Rad. 29183, 2018). En el contexto de la violencia económica, la aplicación del principio de lesividad requiere evaluar no solo el daño tangible, sino también el impacto intangible en la calidad de vida de las víctimas. Por ejemplo, en casos donde la mujer es despojada de recursos básicos para mantener a su familia, el daño no se limita a la esfera individual, sino que afecta a toda una estructura familiar. Un análisis más profundo de sentencias judiciales podría arrojar luz sobre cómo se ha interpretado el daño en términos de derechos fundamentales como la dignidad, la autonomía y la igualdad, conectando así la teoría con la práctica jurídica. En este sentido, la antijuridicidad material exige una evaluación que contemple cómo las dinámicas de control financiero perpetúan condiciones de subordinación y exclusión, erosionando la equidad y generando un perjuicio sostenido en la cohesión familiar. Este análisis puede fortalecerse a través de una revisión jurisprudencial que evidencie cómo los tribunales han abordado la tensión entre los parámetros legales tradicionales y las exigencias contemporáneas de justicia social, integrando de manera coherente el enfoque de género en la interpretación del daño jurídico. Por ello, aunque la violencia económica en el ámbito familiar no provoque un daño físico directo, sí afecta bienes jurídicos fundamentales como la libertad y la autonomía personal. Uno de los principales desafíos que enfrentan los sistemas jurídicos es cómo evaluar y probar el daño económico dentro de un marco penal que históricamente ha centrado su atención en lesiones físicas y psicológicas más evidentes. Incluso, cuando es desconocida por parte de la mujer, pues se disfraza de una supuesta colaboración entre la parejas (Corte Constitucional, T-172 de 2023, 2023). La violencia económica, al ser más sutil y progresiva, requiere un análisis que considere no solo el resultado inmediato, sino también, desde una perspectiva de género, los daños que provoca a la víctima y los efectos en el ámbito público. Por lo que, en los casos de violencia basada en género, deberá plantearse si la interpretación expansiva del principio de lesividad para incluir la violencia económica, tiene efectos en su reducción o prevención. Esto implica que el daño en estos casos no debe medirse solo en términos monetarios, sino en cómo la privación económica restringe las oportunidades de la víctima para ejercer sus derechos, tomar decisiones autónomas y salir de una situación de abuso, sin embargo, contraría el principio del derecho fragmentario. Por ello, el reconocimiento de la violencia económica debe partir de aspectos referentes a áreas diversas al derecho penal, para solo arribar a este cuando el ejercicio del Estado por otros medios resulte insuficiente. La inclusión de la violencia económica dentro de la tipificación penal requiere un enfoque que permita identificar conductas de control económico como actos de violencia. Esto demanda una reinterpretación del daño en el derecho penal para incluir no solo el impacto físico, sino también el emocional y económico. No obstante, como advierte Zaffaroni (1998), la expansión del derecho penal puede llevar al fenómeno de “punitivismo simbólico”, donde el castigo se utiliza más para dar la apariencia de acción y control, que para resolver las causas subyacentes de los problemas sociales. En este contexto,confiarexclusivamenteenelderecho penal para enfrentar la violencia económica podría terminar reproduciendo situaciones de revictimización para las personas afectadas, que deben enfrentarse a largos y complejos procesos judiciales sin recibir necesariamente Yenifer Yiseth Suárez Díaz 170 yenifer.suarezd@campusucc.edu.co VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (2): 161-171, 2025 el apoyo necesario para superar las situaciones de dependencia y control Por lo tanto, es fundamental que el reconocimiento de la violencia económica se acompañe de una estrategia interseccional que incluya programas de educación financiera, acceso al empleo para las víctimas, y redes de apoyo comunitario. De esta manera, el derecho penal actúa como un último recurso. Así se evita caer en una “criminalización del conflicto” (Hulsman, 1993) permitiendo que el sistema de justicia penal no se sobrecargue y que las víctimas tengan pleno acceso efectivo a la justicia, que no se limite al efecto sancionador que necesitan para superar el ciclo de la violencia económica. BIBLIOGRAFÍA Butler, J. (2019). El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós. Caso Bedoya Lima y otra vs. Colombia (CoIDH, 26 de agosto de 2021). Comisión Económica para América Latina y el Caribe-Cepal. (1996). Violencia de género: Un problema de derechos humanos. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https:// www.cepal.org/es/publicaciones/5855-violencia- genero-un-problema-derechos-humanos Committee on the Elimination of Discrimination & against Women. (2017). General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19. 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