LibreOffice/7.3.7.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/e114eadc50a9ff8d8c8a0567d6da8f454beeb84f 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 true true false true false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false true false 1 1 true 172 solange_carbajal@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (2): 172-178, 2025 CONTROLANDO AL CONTROLADOR: EXPRESIONES Y LÍMITES DE LA POTESTAD SANCIONADORA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL CASO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTROLLING THE CONTROLLER: EXPRESSIONS AND LIMITS OF THE SANCTIONING POWER OF THE PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CASE OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC Solange Marianella Carbajal Fierro https://orcid.org/0009-0004-7794-068X Universidad de San Martín de Porres solange_carbajal@usmp.pe Perú Recibido: 2 de setiembre de 2024 Aceptado: 25 de setiembre de 2024 SUMARIO • Introducción. • La capacidad sancionadora. • Nociones aplicables en el procedimiento administrativo sancionador. • El régimen sancionador de la CGR y la Constitución Política del Perú. • Delimitación entre PAS y PAD. • ¿Es retroactiva la sentencia? • Efectos del esquema sancionador de la CGR. • Responsabilidad en la regulación de conductas infractoras en normas reglamentarias. • Apreciaciones finales. • Fuentes de información. RESUMEN Este artículo presenta un análisis detallado de la sentencia emitida el 24 de julio de 2024, correspondiente al Expediente N° 0026-2021- PI/TC, que establece los límites de la autoridad sancionadora de la Contraloría General de la República. En el presente documento se examinan los aspectos y principios que deben ser considerados cuando el regulador define o estructura conductas que constituyen infracciones en cualquier materia. El objetivo del artículo es explorar y resaltar la delimitación de la autoridad sancionadora que poseen las entidades públicas, con un enfoque especial en la Contraloría General de la República (CGR). Además, se evalúa el marco regulatorio para la creación de conductas infractoras. PALABRAS CLAVES administración pública, derecho administrativo sancionador, potestad sancionadora, principio de legalidad, principio de tipicidad. ABSTRACT This article presents a detailed analysis of the Ruling issued on July 24, 2024, corresponding to Case No. 0026-2021-PI/TC, which establishes the limits of the sanctioningauthorityoftheOfficeoftheComptroller General of the Republic. The document examines the aspects and principles that must be considered whentheregulatordefinesorstructuresconductsthat constitute infractions in any matter. The objective of the article is to explore and highlight the delimitation of the sanctioning authority of public entities, with a special focus on the Office of the Comptroller General of the Republic (CGR). In addition, the regulatory framework for the creation of infringing conducts is evaluated. KEYWORDS public administration, administrative sanctioning law, sanctioning power, principle of legality, principle of typicality. INTRODUCCIÓN El Tribunal Constitucional Peruano ha vuelto a pronunciarse sobre el enfoque sancionador de la ContraloríaGeneraldelaRepública,definiendo su ámbito de acción y estableciendo criterios respectoalatipificacióndesanciones. En este contexto, es esencial estudiar los enfoques relacionados con el marco sancionador de la Administración Pública. C ontrolando al Controlador : expresiones y límites de la potestad sanCionadora la administraCión públiCa en el Caso de la Contraloría general de la repúbliCa C ontrolling the Controller : expressions and limits of the sanCtioning power of the publiC administration in the Case of the Comptroller general of the republiC 173 solange_carbajal@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (2): 172-178, 2025 Para ello, se analizará la sentencia mencionada con el fin de determinar si una entidad u órgano constitucionalmente autónomo puede establecer normativas especiales sin observar los parámetros o garantías establecidos en el Derecho Administrativo. A primera vista, el lector podría considerar que el Tribunal Constitucional Peruano ha restringido casi por completo la autoridad sancionadora de la Contraloría General de la República. Sin embargo, en este estudio se examinarán las limitaciones impuestas por el tribunal y los aspectos de la sentencia que son aplicables en el ámbito regulatorio cuando se estructuran conductas infractoras mediante la regulación. LA CAPACIDAD SANCIONADORA El estudio de la facultad sancionadora de la Administración Pública es un tema de continua relevancia, sujeto a múltiples decisiones del Tribunal Constitucional Peruano debido a su importancia en las relaciones entre los ciudadanos y la Administración Pública. Según el profesor Baca Oneto (2008), “el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, pudiendo sancionar a los ciudadanos que incumplan sus obligaciones o violen los derechos de otros” (p.2). En esencia, la autoridad sancionadora solo puede ser ejercida por el Estado, ya sea en el ámbito penal o administrativo, siempre que esté contemplada en una ley o norma equivalente, como un Decreto Legislativo o Decreto de Urgencia, entre otros. En muchos casos, es necesario crear marcos normativos especiales para garantizar el cumplimiento de ciertas obligaciones por parte de los ciudadanos, lo cual está directamente relacionadoconlaeficaciadelsistemajurídico. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2017), “la potestad sancionadora de la Administración Pública es una manifestación del ius puniendi estatal” (p.9). El capítulo III del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (2019), regula los principios y garantías aplicables en el marco de la autoridad sancionadora estatal. Además, establece que las disposiciones de dicho capítulo se aplican supletoriamente a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluidos los tributarios, que deben observar los principios de la autoridad sancionadora administrativa. Los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados. Esto implica que, aunque las disposiciones del TUO de la LPAG se aplican supletoriamente en el ámbito sancionador, ninguna entidad puede crear o regular procedimientos que no cumplan con las condiciones mínimas establecidas en la LPAG para los administrados. Los reguladores tienen la responsabilidad de garantizar que cada norma introducida en el ordenamiento jurídico no solo cumpla con los elementos de técnica normativa, sino que, además, se encuentre en armonía con los parámetros legales y constitucionales vigentes. Esto requiere una revisión exhaustiva de cada obligación o sanción propuesta en un proyecto normativo. NOCIONES APLICABLES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR En cuanto al procedimiento sancionador, la Dra. Alarcón (2010) lo define como “el conjunto de actos destinados a determinar la existencia de responsabilidad administrativa, es decir, la comisión de una infracción y la aplicación de una sanción” (p.541). Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2017) reafirma que “el procedimiento administrativo sancionador presenta características inherentes a su naturaleza y garantías contra cualquier forma de arbitrariedad” (p.32). Por lo tanto, el PAS no solo constituye una serie de pasos para determinar una infracción o no, sino una garantía esencial para que los administrados puedan invocar el respeto a sus derechos mediante actuaciones concretas, como presentar descargos o solicitar audiencias. El Tribunal Constitucional, en la Sentencia del 16 de abril de 2003, caso N° 2050-2002- AA/TC, ha reconocido la aplicación de los principios básicos del derecho sancionador, como los principios de tipicidad, culpabilidad y legalidad, no solo al derecho penal, sino también al derecho administrativo sancionador. La autoridad administrativa con potestad sancionadora solo puede ser determinada mediante una norma con rango de ley. Ninguna autoridad puede adjudicarse la facultad de sancionar una materia o actividad sin un marco legal habilitador. Solange Marianella Carbajal Fierro 174 solange_carbajal@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (2): 172-178, 2025 Además, la conducta infractora atribuida debe ser clara, precisa y determinable para evitar una aplicación discrecional, confusa o arbitraria por parte del órgano sancionador. Es esencial enfatizar que la construcción de tipos infractores debe ser estrictamente objetiva, ello es crucial para cumplir con los principios del TUO de la LPAG y garantizar la seguridad jurídica de los administrados. El funcionario responsable de un PAS debe estar convencido de que una conducta es objetivamente sancionable. Por ejemplo, si estamos ante un supuesto en el cual se sanciona el incumplimiento de un importador sobre “etiquetar un producto antes de su ingreso al país”, pero no se ha determinado en la norma que información mínima debe contener dicho etiquetado, este, no podría ser sancionado por algún tipo de especificación queelfiscalizadorofuncionario,considereque deba detallarse en el etiquetado, bastará solo con corroborar una etiqueta en el producto. El tema de esta investigación surge a partir de una decisión del Tribunal Constitucional, emitida en la sentencia del 24 de julio de 2024, correspondiente al Expediente N° 0026-2021- PI/TC. Esta sentencia redefine el alcance de acción de la CGR, reevaluando su capacidad sancionadora, la cual había sido objeto de debate en el año 2015, como se detalla más adelante. EL REGIMEN SANCIONADOR DE LA CGR Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ El 20 de agosto de 2015, el Colegio de Abogados de Arequipa presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.° 29622,quemodificabalaLeyN.º27785,laLey Orgánica del Sistema Nacional de Control y la CGR, solicitando su inconstitucionalidad total. En la sentencia del 25 de abril de 2018, relacionada con el Exp. N° 0020-2015-PI/TC (la Sentencia I), el Tribunal Constitucional dispuso parámetros importantes, como el cumplimiento del Principio de legalidad y tipicidad. En la Sentencia I se discutió el principio de tipicidad, insistiendo en que las sanciones deben ser específicas en la ley, no generales, y que excepcionalmente puede delegarse esta especificaciónalreglamento. Esta demanda fue resuelta el 25 de abril de 2018, declarando inconstitucional el artículo 46 de la Ley N.º 27785, introducido por el artículo 1 de la Ley N.º 29622. Nuevo marco legal para la tipificación de sanciones por parte de la CGR La Ley N.º 31288, publicada el 20 de julio de 2021, buscó corregir lo que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional en la Sentencia I. El Proyecto de Ley N.º 07581-2020-CR, que dio lugar a la Ley N.º 31288,fuepresentadoporlaCGRyjustificaba su propuesta en base a varios fundamentos: i) el número de funcionarios sancionados, inhabilitados o suspendidos al 31 de diciembre de 2018, que ascendía a 1949; ii) el impulso de procesos sancionadores a través de expedientes digitales; iii) la eliminación del artículo 46 de la Ley N.º 27785 del marco legal. Estudiar los fundamentos detrás de la Ley N.º 31288 es crucial para entender el enfoque de la CGR sobre su rol sancionador y los métodos que utiliza para lograr sus objetivos. La necesidad de una nueva propuesta normativa se basó en las estadísticas de sanciones a funcionarios, lo cual puede parecer apropiado,peroreflejaunaperspectivaerróneade medir resultados por sanciones impuestas. Nuestra visión es opuesta, ya que las sanciones indican que una regulación no se está cumpliendo y presenta fallas en su aplicación o diseño. La Ley N.º 31288 otorgó a la CGR el marco legal para sancionar conductas infractoras en materia administrativa funcional, y con ello se creía superado el episodio de inconstitucionalidad contenido en la Sentencia I. Caso de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República II Posteriormente, el 26 de julio de 2021, el Poder Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.º 27785 y las Disposiciones Complementarias Finales Segunda y Tercera de la Ley N.º 31288. La sentencia del 24 de julio de 2024, relacionada con el Exp. N° 0026-2021-PI/TC (Sentencia II), establece en su fundamento 21 una diferencia clara respecto a la potestad sancionadora de la CGR en comparación con otros modelos constitucionales: A diferencia de otros modelos constitucionales, donde la eventual existencia de una competencia sancionadora se encuentra expresamente reconocida por mandato constitucional o, en su defecto, se deja abierta la posibilidad de su desarrollo al ámbito rigurosamente legal, esto no ocurre en el caso específico del modelo constitucional peruano (p.16). C ontrolando al Controlador : expresiones y límites de la potestad sanCionadora la administraCión públiCa en el Caso de la Contraloría general de la repúbliCa C ontrolling the Controller : expressions and limits of the sanCtioning power of the publiC administration in the Case of the Comptroller general of the republiC 175 solange_carbajal@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (2): 172-178, 2025 Esto indica que la CGR no tiene una potestad sancionadora explícita en el modelo constitucional peruano, a diferencia de otros órganos de control en diferentes modelos constitucionales. El Tribunal Constitucional señala que la capacidad sancionadora de la Contraloría debe interpretarse dentro del artículo 82 de la Constitución, evitando un regreso a un régimen incompatible con el Estado constitucional. El fundamento 51 de la Sentencia II reconoce la facultad de la CGR para supervisar la legalidad de las acciones de las entidades sujetas a control según su ley orgánica, aclarándose que su potestad sancionadora no se extiende a todas las acciones de estas entidades, sino que se aplica soloalaadministraciónfinancieradebienesy recursos públicos (p.23). El Tribunal Constitucional reafirma que, si bien la CGR tiene una capacidad sancionadora, esta debe limitarse a supervisar la legalidad en la ejecución presupuestaria y las operaciones de endeudamiento público. Esto descarta sanciones relacionadas con asuntos ambientales, forestales, entre otros, que la CGR asumía poder sancionar, como se establece en la Sentencia II. El Tribunal Constitucional también ha resaltado, o reiterado, la importancia del principio de legalidad y tipicidad en el derecho sancionador en el fundamento 56 de la Sentencia II. Hasta este punto, no hay consenso entre algunos expertos en derecho administrativo sobre la equivalencia o estrecha relación entre el derecho sancionador y el derecho penal. Sin embargo, nuestra postura es que los principios de tipicidad y legalidad deben aplicarse también al derecho administrativo sancionador para configurar una serie de garantías mínimas en dosmomentosclave:cuandoelreguladordefine la conducta infractora (si tiene mandato legal) y cuando se aplica en un proceso administrativo sancionador (PAS) para determinar o no una infracción administrativa. DELIMITACIÓN ENTRE EL PAS Y EL PAD El Tribunal Constitucional ha destacado la necesidad de diferenciar el procedimiento administrativo sancionador (PAS) y el procedimiento administrativo disciplinario (PAD), reconociendo que en nuestro sistema jurídico existen dos regulaciones aplicables a los funcionarios públicos: la potestad sancionadora de la CGR (PAS) y el procedimiento administrativo disciplinario derivado de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil (PAD) (p.22). Esta coexistencia puede resultar en procedimientos sancionadores y disciplinarios por un mismo hecho. Al respecto, quiero tomar como ejemplo lo señalado por la Dra. Boyer Carrera (2024) quien mencionó en una entrevista que un mismo hecho, como la rendición de cuentas de viáticos alterados, afecta la obligación de probidad de los funcionarios, y puede ser sancionada por un PAD, y también puede ser sancionable en el marco de un PAS debido a la afectación de recursos públicos (Canal LP Derecho, 2024, 11m32s). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2017), citada en la Sentencia II, ya indicó que la coexistencia de ambos regímenes plantea riesgos para la eficacia y equidad procesal del mecanismo de aplicación para irregularidades y corrupción, ya que una falta podría ser atendida por ambos sistemas (p.19). Es evidente que hay una necesidad de superar esta delimitación de ambos ámbitos sancionadores, lo cual no compete a la CGR, al Tribunal Constitucional, ni a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), sino al Congreso de la República. Una posible solución sería desarrollar una regulación que delimite la potestad sancionadora de ambas entidades (SERVIR y la CGR) en una sola ley o en dos leyes coherentes, evitando la superposición. Lo más importante es reestructurar el modelo sancionador para los funcionarios o servidores públicos y eliminar la coexistencia de estos dos ámbitos sancionadores. Se podría establecer, por ejemplo, que ciertas conductas leves sean evaluadas y sancionadas por una entidad, mientras que las más graves sean responsabilidad de otra. Este es un camino, pero no el único, y es una tarea pendiente del legislador. ¿ES RETROACTIVA LA SENTENCIA? HaciaelfinaldelaSentenciaIIdelaCGR,el Tribunal Constitucional aclara que su decisión no tiene efectos retroactivos, expresado de la siguiente manera: Este Tribunal considera pertinente precisar que los efectos de su decisión carecen de efecto retroactivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Nuevo Código Procesal Constitucional. En tal sentido, la sentencia no es de aplicación para aquellos procesos administrativos que hayan culminado o que actualmente se encuentre con trámite ya iniciado (p.62). Solange Marianella Carbajal Fierro 176 solange_carbajal@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (2): 172-178, 2025 En otras palabras, las disposiciones de la Sentencia II no se pueden aplicar a procedimientos sancionadores que ya se han resuelto o que están en curso. En el caso de un funcionario involucrado en un procedimiento administrativo sancionador iniciado por la CGR debido a alguna conducta declarada inconstitucional en la Sentencia II, como la “contaminación ambiental que cause o pueda causar perjuicio o alteraciones en la flora, fauna”, ¿podría ser sancionado? La respuesta es sí, pero la razonabilidad de esto aún no se ha determinado, lo cual podría ser objeto de un análisis futuro. ¿Qué establece la CPP y el Nuevo Código Procesal Constitucional sobre la retroactividad? Según la CPP, en el segundo párrafo del artículo 204, se indica que «no tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal».Aunqueestoconfirmalairretroactividad de la sentencia, también es cierto que el artículo 103 de la CPP establece que «la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo». Entonces, ¿las garantías aplicables al derecho penal no se aplican al derecho administrativo sancionador? Por su parte, el TUO de la LPAG establece la irretroactividad en su artículo 248 en el contexto sancionador - administrativo, con consideraciones como “son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables [...]”. Así, en el Derecho Administrativo Sancionador ya se ha preestablecido esta regla y garantía a favor del administrado de reconocer la retroactividad de una norma siempre que resulte más favorable al infractor. Por otro lado, el Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPC), en el artículo 81, establece que “las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos”. Sin embargo, el artículo 82 del mismo texto normativo aclara que las sentencias declaratorias de ilegalidad o inconstitucionalidad no permiten reabrir procesos concluidos en los que se hayan aplicado las normas declaradas inconstitucionales, salvo en las excepciones previstas en el segundo párrafo del artículo 103 y el último párrafo del artículo 74 de la Constitución (2021). Reitero, en este punto de la Sentencia II, el Tribunal Constitucional se aparta de lo establecido en la CPP, el NCPC y el TUO de la LPAG, ya que las garantías aplicadas en el ámbito penal también deberían considerarse en el administrativo sancionador. Podemos coincidir en que la derogación de una ley es diferente de la declaración de inconstitucionalidad de una norma, pero ambas acciones suprimen una norma del sistema jurídico. Así, la tesis de la irretroactividad en este caso permitiría no solo sancionar a un funcionario con una norma inconstitucional (si está en curso) sino también restringir su derecho a revisar procedimientos concluidos con la aplicación de esa conducta infractora inconstitucional. EFECTOS DEL ESQUEMA SANCIONA- DOR DE LA CGR Aunque esta investigación no se centra en el impacto del rol sancionador de la CGR en la ejecución de proyectos de inversión o servicios públicos, es importante destacar algunos aspectos que no deben pasarse por alto. En primer lugar, existe una percepción ciertamente justificada de que la actuación del funcionario público en temas de obras o proyectos de inversión se debe limitarse estrictamente a aquellos aspectos que puedan ser casi incuestionables por cualquier órgano de control, sin embargo, la realidaddifieredeello.Encontratosdeinversión o de obra pública, hay márgenes amplios no regulados, donde el funcionario debe no solo asegurar el cumplimiento legal y contractual, sino también tomar decisiones orientadas a concretar proyectosyserviciospúblicosenbeneficiodelos ciudadanos. El problema aquí, es que en un escenario poco claro legalmente hablando, pero certero desde la óptica de la razonabilidad, es muy difícil que un funcionario, opte por lo segundo, toda vez que se inician investigaciones con imputaciones ciertamente graves por los órganos de control a los funcionarios, incluso por emitir opiniones técnico-legales sobre contratos. Esto hace que los funcionarios busquen informes previos de otras entidades o estudios jurídicos externos, para respaldar sus decisiones, por temor a las sanciones o inhabilitaciones existentes. C ontrolando al Controlador : expresiones y límites de la potestad sanCionadora la administraCión públiCa en el Caso de la Contraloría general de la repúbliCa C ontrolling the Controller : expressions and limits of the sanCtioning power of the publiC administration in the Case of the Comptroller general of the republiC 177 solange_carbajal@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (2): 172-178, 2025 Por otro lado, también cierto es que un control débil del actuar del funcionario público puede originar situaciones poco éticas o ilegales, especialmente en contratos de inversión pública. No obstante, un enfoque meramente punitivo podría conllevar a la inacción de los funcionarios, paralizando o retrasando proyectos de inversión en detrimento de la sociedad. RESPONSABILIDAD EN LA REGULACIÓN DE CONDUCTAS INFRACTORAS EN NORMAS REGLAMENTARIAS La potestad sancionadora que tiene la Administración Pública, no es la única prerrogativa que ostenta el estado; ya que también tiene un papel fundamental en la emisión de normas, y no nos referimos solo a las leyes del Congreso, sino a los reglamentos y disposiciones obligatorias para los administrados. Esta potestad es además una responsabilidad del regulador, que debe: i) no transgredir o desnaturalizar una ley; y ii) formular propuestas normativascoherentesyeficacespararesolver determinados problemas públicos. Esta responsabilidad es crucial al regular conductas infractoras, pues, aunque una ley puede permitir estructurar sanciones vía reglamentaria, esta no debe apartarse del mandato legal o de la normativa establecida. Uno de los grandes problemas regulatorios es el uso incorrecto de la potestad sancionadora para crear sanciones no establecidas en la ley o crear conductas infractoras ambiguas. Esta discusión es común entre abogados en el ámbito normativo, como proponentes o revisores de proyectos normativos. El artículo 24 del Decreto Supremo N.º 007-2022- JUS señala que, aunque una norma puede contener disposiciones sancionadoras, debe cumplir con lo establecido en el TUO de la LPAG, y los reglamentos solo pueden tipificar infracciones si así lo autoriza la ley o un decreto legislativo. La jurisprudencia vigente y las disposiciones del TUO de la LPAG, refuerzan que los reglamentos deben desarrollar solo las sanciones dispuestas en una ley, y de manera residual, crear conductas infractoras solo si la ley así lo establece. Finalmente, el regulador de la Administración Pública debe comprender que crear conductas infractoras indeterminables, abiertas o genéricas no es compatible con el marco constitucional y legal vigente, ya que afecta los derechos de los administrados y no permite que exista claridad en la aplicación de las sanciones administrativas, que luego pueden ser impugnadas o cuestionadas vía contencioso administrativo. APRECIACIONES FINALES El Tribunal Constitucional, en la sentencia del 24 de julio de 2024, en el Expediente N° 0026- 2021-PI/TC, ha delimitado que la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República es aplicable solo a asuntos presupuestarios y de endeudamiento, conforme con la Constitución Política del Perú. Además, ha destacado que una interpretación contraria no solo contraviene el marco legal vigente sino también el modelo constitucional peruano. Dicha sentencia reafirma la aplicación de los principios básicos del derecho sancionador, como tipicidad, culpabilidad, y legalidad, tanto en el derecho penal como en el administrativo sancionador. En el Perú coexisten dos ámbitos sancionadores aplicables a los funcionarios públicos: la Ley delServicioCivilylaleyquetipificaconductas infractoras en responsabilidad administrativa funcional. Por lo que existe una necesidad de restructurar y delimitar dicho marco de acción, aspecto que es de competencia y responsabilidad del Congreso de la República. Respecto a los efectos retroactivos de la Sentencia II, el Tribunal Constitucional ha determinado que no se aplica a procesos administrativos concluidos o en trámite, permitiendo con ello, sancionar a un funcionario por una conducta declarada inconstitucional, y restringiendo la revisión de procedimientos concluidos bajo dicha norma. Finalmente, corresponde señalar que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente que la Administración Pública cree conductas infractoras indeterminadas, abiertas o genéricas, ya que esto impacta negativamente en los derechos de los administrados y no permite obtener claridad en la imposición de sanciones administrativas, que pueden ser impugnadas o cuestionadas vía contencioso administrativo. Solange Marianella Carbajal Fierro 178 solange_carbajal@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 43 (2): 172-178, 2025 FUENTES DE INFORMACIÓN Fuentes bibliográficas Alarcón Sotomayor, L. (2007). El procedimiento administrativo sancionador y los derechos fundamentales. Thomson Civitas. Fuentes hemerográficas Baca Oneto, V. (2007). La Potestad Disciplinaria y el Control por el Tribunal Constitucional de las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Revista de Derecho de la Universidad de Piura, 8, pp. 251-286. Fuentes electrónicas Boyer Carrera, J. [LP Derecho]. 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