LibreOffice/7.3.7.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/e114eadc50a9ff8d8c8a0567d6da8f454beeb84f 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 true true false true false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false true false 1 1 true Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 57 SOBERANÍA TÓXICA Y CORRUPCIÓN SISTÉMICA: UNA MIRADA ULTRARREALISTA A PERÚ Y ESPAÑA TOXIC SOVEREIGNTY AND SYSTEMIC CORRUPTION: AN ULTRA-REALIST PERSPECTIVE ON PERU AND SPAIN Antonio Silva Esquinas * Universidad Europea de Madrid – España Gino Ríos Patio ** Asociación Peruana de Criminología – Ama Hucha - Perú Recibido: 20 de mayo del 2025 Aprobado: 14 de julio del 2025 RESUMEN Este artículo ofrece un análisis comparado de la corrupción sistémica en Perú y España, examinando su impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde una perspectiva criminológica ultrarrealista. A través de un diseño metodológico mixto, se hibridan datos cuantitativos de encuestas con entrevistas cualitativas a actores institucionales clave, revelando cómo la corrupción opera como una práctica normalizada e incrustada en el funcionamiento institucional. Se introducen marcos teóricos como el ultrarrealismo de Hall y Winlow y la soberanía tóxica de Tudor para interpretar las formas en que el poder estatal se instrumentaliza en favor de intereses privados, generando daño social y debilitando la legitimidad democrática. Mientras que en España predomina una percepción tecnocrática de la corrupción, sostenida por estructuras más robustas, en Perú se experimenta como una realidad cotidiana, con efectos directos sobre la calidad de vida y los derechos fundamentales. A pesar de las diferencias contextuales, ambos países presentan déficits en la integración de una mirada criminológica en sus estrategias anticorrupción. El estudio concluye proponiendo un marco de acción multidimensional que incluya reforma normativa, fortalecimiento institucional, educación cívica y cooperación transnacional, alineando así las medidas anticorrupción con los ODS y la justicia social. Este trabajo pretende vincular evidencia empírica y desarrollo teórico, promoviendo una criminología crítica capaz de abordar la corrupción como obstáculo estructural para el desarrollo sostenible. Palabras clave: corrupción, criminología crítica, daño social, Perú, soberanía tóxica, ultra realismo. ABSTRACT This article offers a comparative analysis of systemic corruption in Peru and Spain, examining its impact on the Sustainable Development Goals (SDGs) through an ultra-realist criminological lens. Drawing on a mixed-methods research design, the study triangulates quantitative survey data with qualitative interviews from key institutional actors to explore the structural, economic, and cultural dynamics that enable corruption. In both contexts, corruption emerges not as a sporadic deviation but as a normalized and embedded institutional practice, producing significant social harm and eroding trust in public institutions. The research introduces key theoretical frameworks—such as Hall and Winlow’s ultra-realism and Tudor’s toxic sovereignty—to unpack how corruption is maintained and legitimized within contemporary capitalist states. While Spain exhibits a more technocratic perception of corruption with stronger institutional safeguards, Peru reflects a more visceral, victim-centered experience marked by institutional fragility. Despite these contextual Para citar este artículo: Silva Esquinas A. y Ríos Patio G. (2026). Soberanía tóxica y corrupción sistémica: Una mirada ultrarrealista a Perú y España. Vox Juris, 44(1), [pp. 57–79]. DOI: https://doi.org/ [DOI-asignado] * Antonio Silva Esquinas. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Profesor de Criminología en la Universidad Europea, Madrid. ORCID: 0000-0002-0996-6448. Correo: antonio.silva@universidadeuropea.es ** Gino Ríos Patio. Doctor en Derecho, Doctor en Educación, Doctor en Criminología. Además, es Maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales, Lima, Perú. ORCID: 0000-0002-0209-2645. Correo: griosp@usmp.pe Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 58 differences, both countries demonstrate deficient criminological integration in anti-corruption strategies and an urgent need for systemic reform. The study concludes by proposing a multidimensional framework that includes legal reform, institutional strengthening, civic education, and transnational cooperation, aligning anti- corruption measures with the broader goals of equity, sustainability, and democratic resilience. This contribution aims to bridge empirical evidence and theoretical innovation, advocating for a critical criminological approach to address corruption as a central barrier to sustainable development and social justice. Keywords: critical criminology, corruption, Peru, social harm, toxic sovereignty, ultra- realism SUMARIO I. Introducción. II. Metodología. III. Resultados. IV. Análisis. V. Conclusiones. VI. Bibliografía. VII. Anexos. I. INTRODUCCIÓN Este artículo surge a partir del proyecto “INCORRUPT2030. El impacto negativo de los delitos contra la administración pública en el incumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en España y Perú” (CI: 2024- 791). Dicha investigación fue financiada por el despacho jurídico Ayuela Jiménez Legal S.L. a través de la cátedra CADECRIM (Cátedra Ayuela- Jiménez en Derecho, Economía y Crimen: un enfoque transdisciplinar desde el Derecho Penal Económico, la Criminología y la Sociología) y se llevó a cabo a través de la Universidad Europea (España) y la Universidad de San Martín de Porres (Perú). La Agenda 2030 se aprobó en 2015 por los 193 estados miembros de la ONU. En este documento, bajo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se establecen 169 metas en los ámbitos sociales, económicos y ambientales con una firme finalidad: que nadie se quede atrás en el progreso. Dicho en otras palabras, la meta de esta iniciativa es orientar políticas encaminadas a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, velar por la prosperidad y la paz y proteger el planeta (ONU, 2019). Dada la importancia de esta finalidad, su vinculación con los postulados de una criminología comprometida con la comunidad (Loader & Sparks, 2010; Stockdale & Addison, 2024; Young, 2003) y que cada país adapta los hitos dependiendo de su contexto (gubernamental, civil, económico, etc.) resulta necesario realizar estudios comparados para aprender conjuntamente siguiendo una lógica de alianzas. Precisamente, bajo este paraguas es que nos preguntamos en este estudio el grado de implicación que tiene un fenómeno tan trasversal como la corrupción en los ODS. La corrupción es un fenómeno estructural y global que adopta formas específicas en cada contexto nacional, moldeada por condiciones históricas, económicas y culturales. Lejos de constituir un comportamiento individual y aislado, representa una desviación sistémica del ejercicio del poder institucional. En los últimos treinta años, tanto en Perú como en España, la corrupción ha alcanzado niveles que comprometen gravemente la confianza ciudadana, la eficacia estatal y los principios democráticos, adoptando dinámicas funcionales insertas en el propio tejido institucional (Dargent, 2015; Jiménez, 2016 y 2021; Transparencia Internacional, 2024). En Perú, el régimen de Alberto Fujimori (1990–2000) marcó un punto de inflexión, institucionalizando prácticas de cooptación y clientelismo mediante redes paralelas de poder como las que articulaba Vladimiro Montesinos, cuya estructura corrupta fue revelada en los denominados “vladivideos” (Conaghan, 2005). La caída del fujimorismo no supuso el fin de estas prácticas; por el contrario, configuró un legado institucional frágil, caracterizado por la debilidad del Estado de derecho y por la normalización de la corrupción en distintos niveles administrativos (Pegram, 2008). En España, por su parte, el proceso de descentralización política iniciado en los años 80 propició un aumento de casos de corrupción vinculados a la financiación ilegal de partidos, contrataciones públicas y redes clientelares, como ilustran los casos Gürtel, ERE o Púnica, entre otros tantos (Villoria et al. 2016; Villoria & Jiménez, 2012). Para comprender el fenómeno de la corrupción en un país determinado, más allá de la afección propia del sistema capitalista a su estructura, cultura y comunidad, es necesario realizar un breve mapeo de la situación económica en la que se encuentra. Especialmente porque la corrupción afecta a variables muy específicas de manera drástica. Por ejemplo, este fenómeno reduce la eficiencia económica y Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 59 también la productividad. Luego un efecto directo de dicha reducción es la disminución automática del crecimiento del producto interno bruto (PIB) per cápita de un país. Al destinarse los recursos a procesos ineficientes o de poca productividad para el país automáticamente se genera desigualdad en la sociedad con el consecuente aumento de la pobreza. Precisamente esto último se ve doblemente afectado, ya que la corrupción también suele contribuir a la inflación. En otras palabras, al aumento de los costes de bienes y servicios que terminan situándose en precios no asumibles por una parte importante de la población. Personas que, a mayores, se verán una vez más perjudicadas cuando sufran la escasez de unos recursos económicos suficientes para mantener una educación, sanidad, etc. eficientes, porque la corrupción también afecta al gasto público debido a la malversación de fondos. Por último, pero no menos importante, tenemos otros dos indicadores que pueden ayudarnos a comprender si hay corrupción en un Estado o no y son la deuda pública y la inversión extranjera directa (IED). La primera es fácil de entender, si vemos una deuda pública muy elevada y basada en la financiación de proyectos innecesarios estaríamos probablemente ante indicios de corrupción. La segunda se basa en la incertidumbre que genera un entorno corrupto en el inversor extranjero. Alguien que busca invertir en un país busca además de la rentabilidad seguridad económica y política. Por lo tanto, si tanto lo uno como lo otro se tambalea mediante la corrupción, veremos que el IED tendrá una tendencia a la baja. Dicho lo anterior, vamos a describir a nivel numérico la situación económica de España y Perú para comprender a posteriori un índice que nos será de suma utilidad: Tabla 1 Indicadores macroeconómicos comparados entre España y Perú, 2023–2024 Variables España Perú Periodo Indicadores Periodo PIB anual 2024 1.593.136 M euros 246.780 M euros 2023 PIB per cápita 2024 32.630 euros 7.291 euros 2023 Inflación/IPC Enero 2025 2,9% 8,8% 2022 Déficit público 2023 -52.669 -6.842 2023 Déficit público 2023 -3,52% -2,77% 2023 Deuda pública M euros 2023 1.575.372 81.493 2023 Deuda pública %PIB 2023 105,10% 33,02% 2023 Tasa de desempleo IV Trim2024 10,6% 5% III Trim 2024 IDH 2022 0,91 0,76 2022 Doing business 2020 31 76 2020 Índice de percepción de la corrupción 2023 56 33 2023 Nota. Elaboración propia con datos de Expansión (2024a). Transparencia Internacional generó un índice cuya finalidad reside en medir la percepción de la corrupción en el sector público por parte de los ciudadanos; lo denominó Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Veamos la situación española en dicho índice: Tabla 2 Índice de percepción de la corrupción de España 2015-2022 Periodo Ranking de la corrupción Índice de corrupción 2024 46 56 2023 36 60 2022 35 60 2021 34 61 2020 32 62 2019 30 62 Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 60 2018 41 58 2017 42 57 2016 41 58 2015 37 58 Nota. Elaboración propia a partir de Expansión (2024b). La puntuación de España en el IPC para 2024 ha disminuido a 56/100, lo que supone una caída de cuatro puntos en comparación con el año 2023. Actualmente, ocupa el puesto 46 de 180 en el ranking global del IPC. En comparación con el IPC 2023, España ha retrocedido diez posiciones. En cuanto a los países de la Unión Europea, España pasa del puesto 14/27 al 16/27 reflejando un estancamiento en la lucha contra la corrupción y una percepción de incremento de la corrupción en el sector público por parte de los ciudadanos españoles. En el caso peruano, tampoco el país ha ido mejorando posiciones (Tabla 3): Tabla 3 Índice de percepción de la corrupción de Perú Fecha Ranking de la corrupción Índice de corrupción 2023 121 33 2022 101 36 2021 105 36 2020 94 38 2019 101 36 2018 105 35 2017 96 37 2016 101 35 2015 88 36 Nota. Elaboración propia a partir de Expansión (2024c). Para 2023 se le otorga al país 33 puntos, reflejando una percepción alta de corrupción en el sector público por parte de los ciudadanos del Perú. Este indicador ha ido empeorando en los últimos años cayendo un -8,33%. Así pues, tenemos dos escenarios de bajada. Sin embargo, parece que la población española tiene una menor percepción de corrupción que la que plantea el peruano medio; que sí que percibe niveles de corrupción muy elevados. Tal vez un gráfico comparativo ayude a comprender la diferencia a pesar de que la tendencia en ambos países sea a la baja: Gráfico 1 Comparativa del índice de percepción de la corrupción entre España y Perú, según IPC. Nota. iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAd0AAAEgCAYAAADxMampAAADmUlEQVR42u3VMQ0AAAzDsPIn 3bKYdtgQ8iQFAE5EAgAwXQAwXQDAdAHAdAHAdAEA0wUA0wUATBcATBcATBcAMF0AMF0AwHQB wHQBwHQBANMFANMFAEwXAEwXAEwXADBdADBdAMB0AcB0AcB0AQDTBQDTBQBMFwBMFwBMFwAw XQAwXQDAdAHAdAHAdAEA0wUA0wUATBcATBcATBcAMF0AMF0AwHQBwHQBwHQBANMFANMFAEwX AEwXAEwXADBdADBdAMB0AcB0AcB0AQDTBQDTBQBMFwBMFwBMFwAwXQAwXQDAdAHAdAHAdAEA 0wUA0wUATBcATBcATBcAMF0AMF0AwHQBwHQBwHQBANMFANMFAEwXAEwXAEwXADBdADBdAMB0 AcB0AcB0AQDTBQDTBQBMFwBMFwBMFwAwXQAwXQDAdAHAdAHAdAEA0wUA0wUATBcATBcATBcA MF0AMF0AwHQBwHQBwHQBANMFANMFAEwXAEwXAEwXADBdADBdAMB0AcB0AcB0AQDTBQDTBQBM FwBMFwBMFwAwXQAwXQDAdAHAdAHAdAEA0wUA0wUATBcATBcATBcAMF0AMF0AwHQBwHQBwHQB ANMFANMFAEwXAEwXAEwXADBdADBdAMB0AcB0AcB0AQDTBQDTBQBMFwBMFwBMFwAwXQAwXQDA dAHAdAHAdAEA0wUA0wUATBcATBcATBcAMF0AMF0AwHQBwHQBwHQBANMFANMFAEwXAEwXAEwX ADBdADBdAMB0AcB0AcB0AQDTBQDTBQBMFwBMFwBMFwAwXQAwXQDAdAHAdAHAdAEA0wUA0wUA TBcATBcATBcAMF0AMF0AwHQBwHQBwHQBANMFANMFAEwXAEwXAEwXADBdADBdAMB0AcB0AcB0 AQDTBQDTBQBMFwBMFwBMFwAwXQAwXQDAdAHAdAHAdAEA0wUA0wUATBcATBcATBcAMF0AMF0A wHQBwHQBwHQBANMFANMFAEwXAEwXAEwXADBdADBdAMB0AcB0AcB0AQDTBQDTBQBMFwBMFwBM FwAwXQAwXQDAdAHAdAHAdAEA0wUA0wUATBcATBcATBcAMF0AMF0AwHQBwHQBwHQBANMFANMF ANOVAABMFwBMFwAwXQAwXQAwXQDAdAHAdAEA0wUA0wUA0wUATBcATBcAMF0AMF0AMF0AwHQB wHQBANMFANMFANMFAEwXAEwXADBdADBdADBdAMB0AcB0AQDTBYCPBhdcmsdDpWI/AAAAAElF TkSuQmCC Elaboración propia a partir de Expansión (2024a). Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 61 Debemos tener en cuenta que mientras España ha oscilado entre los 56 y 62 puntos en la última década, Perú no ha superado los 38, lo que evidencia una brecha estructural en la percepción y gestión del fenómeno (Transparencia Internacional, 2024). Esta divergencia debe analizarse a la luz de factores económicos clave como dijimos anteriormente. Sin embargo, previamente no reseñamos un matiz que puede resultar esclarecedor como factor de riesgo. En Perú, los salarios del funcionariado (particularmente en niveles medios y bajos) no solo son limitados, sino profundamente desiguales entre sectores, lo que junto a la inestabilidad contractual y la alta rotación genera un contexto propenso a la captación por intereses particulares (MEF, 2023 y 2025). En España, el funcionariado disfruta de mayor estabilidad laboral y mejores condiciones económicas. Tanto que es una aspiración vital de los jóvenes españoles conseguir aprobar la oposición a funcionario público de cualquier índole para tener seguridad laboral y proyección vital (Morales, 2025). Ahora bien, también se han denunciado procesos de acceso politizados y prácticas endogámicas que deterioran la confianza institucional en el caso español (OCDE, 2023). Abandonando el plano económico y adentrándonos un poco más en el jurídico, se observa una tensión fundamental en la naturaleza misma de los delitos de corrupción. A pesar de su impacto directo sobre el bien jurídico colectivo, especialmente el orden socioeconómico y el correcto funcionamiento de la administración pública, las regulaciones penales en ambos países siguen ancladas en una concepción individualizada del delito, no cuestionándose la posible naturaleza pluriofensiva y supraindividual. Así, bienes como la igualdad, la sostenibilidad institucional y la justicia social quedan relegados a un plano secundario o mediato, lo que dificulta una protección penal efectiva. Esta posible debilidad normativa puede verse reforzada por la ineficiencia de los sistemas de control y auditoría o la carencia de enfoque criminológico en el diseño de las políticas públicas anticorrupción. El abordaje punitivo continúa dominado por una racionalidad jurídico-formalista, sin atender a los factores estructurales, simbólicos y culturales que sostienen y reproducen las prácticas corruptas. Debido a lo anterior, el ultra realismo se vuelve un posicionamiento epistemológico proclive para abordar el fenómeno. Recordemos que este paradigma, desarrollado por Hall y Winlow (2015 y 2025), propone una reconceptualización radical del delito en el capitalismo avanzado. Este enfoque parte de una crítica profunda a los límites del realismo de izquierda y la criminología cultural, insistiendo en que muchos comportamientos criminales no son desviaciones patológicas, sino reacciones racionales a las condiciones materiales del presente neoliberal; por más que las mismas resulten lesivas. Uno de los conceptos fundamentales del ultra realismo es el de universal concreto, tomado de la filosofía hegeliana, que permite entender los fenómenos sociales como expresiones particulares de estructuras universales. En este caso, la corrupción no es solo un conjunto de actos individuales, sino una manifestación concreta de una lógica estructural de apropiación de lo público por parte de intereses privados (Hall, 2012; Winlow, 2019). Asimismo, el concepto de soberanía tóxica, propuesto por Kate Tudor (2020), es clave para comprender cómo el poder estatal, lejos de operar como garante del bien común, puede ser instrumentalizado para proteger privilegios particulares, generando así un marco normativo de apariencia legítima pero funcionalmente corrupto. Esta soberanía se articula con la noción de libertad especial (Hall & Winlow, 2015 y 2025), una forma de agencia que permite a determinados sujetos operar fuera del marco de restricciones legales o éticas, aprovechando su posición social o institucional para acceder a recursos ilícitos sin temor a consecuencias reales. Todas estas dinámicas anteriormente descritas provocan lo que los autores denominan daño social (Boukli & Kotzé, 2018; Raymen & Smith, 2019). Se trata de una categoría analítica que trasciende el delito penal y la desviación para incluir aquellas prácticas que erosionan la cohesión social, debilitan la institucionalidad y producen sufrimiento evitable a gran escala. Este daño no es siempre visible ni sancionado legalmente, pero tiene efectos profundos sobre la vida social, desde el debilitamiento de los servicios públicos hasta la reproducción de desigualdades estructurales (Cordero et al., 2022; Kotzé, 2019). Por tanto, la perspectiva epistemológica ultrarrealista nos permitirá comprobar qué grado de afección tiene la corrupción de ambos países en los ODS y, consecuentemente, en la comunidad. II. METODOLOGÍA Nuestra pregunta de investigación era clara, ¿atentan negativamente los delitos contra la administración pública a los ODS de la Agenda 2030 tanto en España como en Perú? Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 62 Para dar respuesta a la misma, nos valimos de un enfoque de métodos mixtos con diseño complejo multiestadio y óptica de justicia social (Clark et al., 2021) dentro de los cuales desarrollaríamos hasta dos diseños básicos exploratorio secuenciales. El esquema aproximado sería el que se muestra en la Ilustración 1. Ilustración 1 Secuenciación metodológica Elaboración propia. En este sentido, las encuestas se realizaron mediante limesurvey y fueron difundidas a través de un muestreo no probabilístico de bola de nieve (Creswell, 2018). En ambos países fueron difundidas durante 53 días y estuvieron enfocadas a la población en su conjunto; estableciendo como único requisito de participación que el participante fuera mayor de edad. La finalidad última de estas encuestas era medir la percepción social de los delitos contra la administración pública para poder testar el posible daño social en la comunidad y su relación con los objetivos de la agenda 2030. En cuanto a las entrevistas, fueron de tipo semiestructurado y se rigieron bajo un muestreo opinático de n=6. Esta muestra se subdividió en tres submuestras, cada una de ellas compuesta por dos entrevistados. La n 1 recogió los testimonios de policías en estado de servicio, la n 2 se centró en funcionarios públicos y la n 3 en jueces y/o fiscales. Estas entrevistas se realizaron en base a los resultados obtenidos de las encuestas, los datos de la revisión económica y de la revisión jurídica de los delitos contra la administración pública en cada país. Se centró en enfrentar y conocer las percepciones de estos profesionales en relación con el fenómeno estudiado. En cuanto a su realización, se ejecutó mediante correo electrónico para garantizar la seguridad de los funcionarios y se analizó mediante codificación abierta a partir de Atlas.ti 25. Nuestras hipótesis fueron las siguientes: • H 1 . Es posible trazar la constitución del universal concreto hegeliano en lo relativo a los delitos contra la administración pública entre España y Perú. • H 2 . La etiología de los delitos contra la administración pública puede ser explicada según el principio de libertad especial. • H 3 . Los delitos contra la administración pública tienen como consecuencia directa un aumento del daño social provocado a la comunidad. • H 4 . Existe una ausencia de perspectiva criminológica en la construcción político criminal relativa a los delitos contra la administración pública que termina generando una prevención ineficaz. • H 5 . Los medios de control sobre los delitos contra la administración pública son insuficientes en ambos países. En cuanto a las limitaciones, hemos de mencionar que tuvimos problemas para cuadrar las fechas de puesta en marcha de cada stage en ambos países dado que cada uno tenía un ritmo académico, cultural e incluso meteorológico dispar. Con esto queremos decir que mientras unos estaban de vacaciones otros no, que mientras algunos estaban en época de exámenes o en días festivos los otros no, etc. Esto último perjudicó especialmente la toma de datos cuantitativa y por ello se mantuvo la encuesta abierta durante más días de lo estimado inicialmente. Asimismo, la escasa seguridad jurídica percibida por la muestra cualitativa peruana conllevó a que sintieran miedo de participar por posibles represalias. Por último, debemos mencionar que cuantitativamente la mayor limitación fue el tamaño muestral y su iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAhIAAAFCCAYAAACkWzTVAAAEbklEQVR42u3WMQEAAAzCMPyb Bg97l0jo1RQA4CgSAABGAgAwEgCAkQAAjAQAgJEAAIwEAGAkAAAjAQAYCQAAIwEAGAkAwEgA AEYCAMBIAABGAgAwEgCAkQAAjAQAgJEAAIwEAGAkAAAjAQBgJAAAIwEAGAkAwEgAAEYCAMBI AABGAgAwEgCAkQAAMBIAgJEAAIwEAGAkAAAjAQBgJAAAIwEAGAkAwEgAABgJAMBIAABGAgAw EgCAkQAAMBIAgJEAAIwEAGAkAACMBABgJAAAIwEAGAkAwEgAABgJAMBIAABGAgAwEgAARgIA MBIAgJEAAIwEAGAkAACMBABgJAAAIwEAGAkAACMBABgJAMBIAABGAgAwEgAARgIAMBIAgJEA AIwEAICRAACMBABgJAAAIwEAGAkAACMBABgJAMBIAABGAgAwEhIAAEYCADASAICRAACMBACA kQAAjAQAYCQAACMBABgJAAAjAQAYCQDASAAARgIAwEgAAEYCADASAICRAACMBACAkQAAjAQA YCQAACMBAGAkAAAjAQAYCQDASAAARgIAwEgAAEYCADASAICRAAAwEgCAkQAAjAQAYCQAACMB AGAkAAAjAQAYCQDASAAAGAkAwEgAAEYCADASAICRAAAwEgCAkQAAjAQAYCQAAIwEAGAkAAAj AQAYCQDASAAAGAkAwEgAAEYCADASAABGAgAwEgCAkQAAjAQAYCQAAIwEAGAkAAAjAQAYCQAA IwEAGAkAwEgAAEYCADASAABGAgAwEgCAkQAAjAQAgJEAAIwEAGAkAAAjAQAYCQAAIwEAGAkA wEgAAEYCADASEgAARgIAMBIAgJEAAIwEAICRAACMBABgJAAAIwEAGAkAACMBABgJAMBIAABG AgDASAAARgIAMBIAgJEAAIwEAICRAACMBABgJAAAIwEAYCQAACMBABgJAMBIAABGAgDASAAA RgIAMBIAgJEAADASAICRAACMBABgJAAAIwEAYCQAACMBABgJAMBIAAAYCQDASAAARgIAMBIA gJEAADASAICRAACMBABgJAAAjAQAYCQAACMBABgJAMBIAAAYCQDASAAARgIAMBIAAEYCADAS AICRAACMBABgJAAAjAQAYCQAACMBABgJAAAjAQAYCQDASAAARgIAMBIAAEYCADASAICRAACM BACAkQAAjAQAYCQAACMBABgJAAAjAQAYCQDASAAARgIAMBISAABGAgAwEgCAkQAAjAQAgJEA AIwEAGAkAAAjAQAYCQAAIwEAGAkAwEgAAEYCAMBIAABGAgAwEgCAkQAAjAQAgJEAAIwEAGAk AAAjAQBgJAAAIwEAGAkAwEgAAEYCAMBIAABGAgAwEgCAkQAAMBIAgJEAAIwEAGAkAAAjAQBg JAAAIwEAGAkAwEgAABgJAMBIAABGAgAwEgCAkQAAMBIAgJEAAIwEAGAkAACMBABgJAAAIwEA GAkAwEgAABgJAMBIAABGAgAwEgAARgIAMBIAgJEAAIwEAPDJAGj1wRHO/NDMAAAAAElFTkSu QmCC poca representatividad estadística. Se ha obtenido una muestra sobrerrepresentada por la nacionalidad Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 63 española y el género femenino profesionalmente activa y formada académicamente, que no refleja la realidad sociodemográfica de ambos países. Esta limitación, producto del muestro por bola de nieve, nos ha permitido ha permitido recabar respuestas muy técnicas y profundas. Sin embargo, nos obliga a tener la consideración de que no estamos ante un estudio estadísticamente significativo, sino de corte exploratorio y con elevada validez empírica. A nivel cualitativo, debido a la brecha de género y la realidad del techo de cristal (Burin, 2008) en las administraciones públicas de ambos países, encontramos un sesgo de género importante. Ahora serán los varones quienes se encuentren sobrerrepresentados. Asimismo, la muestra peruana fue dada a unas reflexiones más profundas que la española, motivo que parece estar sustentado principalmente en dos pilares: la menor cantidad de corrupción en España y la perspectiva del funcionario español (que desarrollaremos con mayor detalle más adelante). A nivel ético queremos mencionar que para garantizar la seguridad de los participantes en esta investigación se utilizaron consentimientos informados, aprobación de comité ético, aplicación de anonimato, borrado posterior de datos y realización de entrevistas mediante correo electrónico a través de un portero que garantizara la confianza de cada entrevistado. III. RESULTADOS Con motivo de no hacer un documento tan extenso que perjudique la comprensión de las evidencias encontradas durante el proyecto, se van a ofrecer los resultados cuantitativos en este apartado. Posteriormente, se ofrecerán en el epígrafe de análisis las metainferencias obtenidas entre los resultados cuantitativos y los cualitativos. A nivel cuantitativo se obtuvo una n=574 que, tras la depuración de los datos quedó fijada en n=516. La distribución de la muestra se puede observar en el Anexo 1. Al preguntar por la percepción sobre la corrupción que tenían las personas afectadas se percibió que a nivel victimológico estábamos ante una realidad pluriofensiva (Ilustración 2.). Ilustración 2 Afección de la corrupción Elaboración propia. De hecho, la población de estudio consideró en una escala Likert del 1 al 5 (donde 1 era ningún impacto y 5 impacto muy alto) que los siguientes ODS se vieron afectados por encima del valor 4: Tabla 4 Afección de la corrupción a los ODS ODS Media Salud y bienestar de las personas 4,29 Posibilidades educativas de las personas 4,32 Empleos 4,33 Situación económica de las personas iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAjgAAAESCAYAAADwqq87AAAD8ElEQVR42u3WMQ0AAAzDsPIn 3VLYPdkQciUFAHgmEgAABgcAwOAAABgcAACDAwBgcAAAgwMAYHAAAAwOAIDBAQAwOACAwQEA MDgAAAYHAMDgAAAYHADA4AAAGBwAAIMDAGBwAAAMDgCAwQEADA4AgMEBADA4AAAGBwDA4AAA BgcAwOAAABgcAACDAwBgcAAAgwMAYHAAAAwOAIDBAQAwOACAwQEAMDgAAAYHAMDgAAAYHAAA gwMAGBwAAIMDAGBwAAAMDgCAwQEADA4AgMEBADA4AAAGBwDA4AAABgcAwOAAABgcAACDAwBg cAAAgwMAYHAAAAwOAIDBAQAwOAAABgcAMDgAAAYHAMDgAAAYHAAAgwMAGBwAAIMDAGBwAAAM DgCAwQEADA4AgMEBADA4AAAGBwDA4AAABgcAwOAAABgcAACDAwBgcAAADA4AYHAAAAwOAIDB AQAwOAAABgcAMDgAAAYHAMDgAAAYHAAAgwMAGBwAAIMDAGBwAAAMDgCAwQEAMDgAgMEBADA4 AAAGBwDA4AAAGBwAwOAAABgcAACDAwBgcAAADA4AYHAAAAwOAIDBAQAwOAAABgcAMDgAAAYH AMDgAAAYHAAAgwMAYHAAAIMDAGBwAAAMDgCAwQEAMDgAgMEBADA4AAAGBwDA4AAAGBwAwOAA ABgcAACDAwBgcAAADA4AYHAAAAwOAIDBAQAwOAAABgcAwOAAAAYHAMDgAAAYHAAAgwMAYHAA AIMDAGBwAAAMDgCAwQEAMDgAgMEBADA4AAAGBwDA4AAAGBwAwOAAABgcAACDAwBgcAAADA4A gMEBAAwOAIDBAQAwOAAABgcAwOAAAAYHAMDgAAAYHAAAgwMAYHAAAIMDAGBwAAAMDgCAwQEA MDgAAAYHADA4AAAGBwDA4AAAGBwAAIMDABgcAACDAwBgcAAADA4AgMEBAAwOAIDBAQAwOAAA BgcAwOAAAAYHAMDgAAAYHAAAgwMAYHAAAAwOAGBwAAAMDgCAwQEAMDgAAAYHADA4AAAGBwDA 4AAAGBwAAIMDABgcAACDAwBgcAAADA4AgMEBAAwOAIDBAQAwOAAABgcAwOAAABgcAMDgAAAY HAAAgwMAYHAAAAwOAGBwAAAMDgCAwQEAMDgAAAYHADA4AAAGBwDA4AAAGBwAAIMDABgcAACD AwBgcAAADA4AgMEBADA4AIDBAQAwOAAABgcAwOAAABgcAMDgAAAYHAAAgwMAYHAAAAwOAGBw AAAMDgCAwQEAMDgAAAYHADA4EgAABgcAwOAAABgcAACDAwBgcAAAgwMAYHAAAAwOAIDBAQAw OACAwQEAMDgAAAYHAMDgAADcDPoOzitzgR+OAAAAAElFTkSuQmCC 4,42 Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 64 Igualdad de las personas 4,48 Paz y la justicia 4,57 Infraestructuras y servicios públicos 4,59 Situación económica del país 4,66 Estabilidad institucional 4,66 Elaboración propia. Una vez realizada una prueba t para comparar las medias entre países, se obtienen los siguientes resultados significativos: • Empleo: t (399) = -2,81, p< 0,010 • En las posibilidades educativas de las personas: t (399) = -2, 99 p< 0,010 • En la salud y el bienestar de las personas: t (399) = -3, 38, p< 0,001 Los impactos negativos siempre se perciben más altos en Perú. Además, estos impactos percibidos no son cuestiones abstractas, sino que tiene que ver con los derechos humanos y las posibilidades de un desarrollo digno de la persona. En otras palabras, el daño social parece percibirse de manera más acusada en Perú. En cuanto a las diferencias por funcionariado: • Empleo: t (398) = 2,7, p< 0,010 • En la salud y el bienestar de las personas: t (398) = 3, 46, p< 0,001 • En la estabilidad institucional: t (398) =2, 3, p< 0,050 • En las infraestructuras y servicios públicos: t (396) =2, 32, p< 0,050 Los funcionarios tienen una percepción más alta del impacto negativo de la corrupción en las instituciones, la salud y el bienestar de las personas, afectando posiblemente a los servicios públicos. Asimismo, encontramos que existe un mayor acuerdo en la muestra española para percibir la corrupción como una realidad económica, mientras que en Perú encontramos un mayor grado de acuerdo en el factor de la normalización del fenómeno y su afección a la población: Gráfico 2 Normalización de la corrupción Elaboración propia. Dicho en otras palabras, la visión española parece dibujarse como algo más abstracta, mientras que la peruana entiende que este fenómeno genera un impacto real y tangible en sus condiciones de vida. Con todo, los datos recopilados volvían a replicar en ambos países lo que ya nos anunciaba el IPC: • Más de la mitad de la muestra (54%) consideraba que la corrupción había aumentado de manera drástica; siendo este dato compuesto por el 29,50% en el caso de los españoles y del 59,20 en el de los peruanos. • Casi la totalidad de la muestra (94%) estimaba que los victimarios sabían lo que hacían y las posibles consecuencias de sus actos. • Se reconocía que era una realidad normalizada [ β= 0, 27, p< 0,001], con impactos económicos iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAbkAAAD6CAIAAACzja4JAAADLUlEQVR4nO3UMQ0AIBDAQAb8 W34c0JGQ3Cno1D0zC4Cr/ToA4ANeCdC8EqB5JUDzSoDmlQDNKwGaVwI0rwRoXgnQvBKgeSVA 80qA5pUAzSsBmlcCNK8EaF4J0LwSoHklQPNKgOaVAM0rAZpXAjSvBGheCdC8EqB5JUDzSoDm lQDNKwGaVwI0rwRoXgnQvBKgeSVA80qA5pUAzSsBmlcCNK8EaF4J0LwSoHklQPNKgOaVAM0r AZpXAjSvBGheCdC8EqB5JUDzSoDmlQDNKwGaVwI0rwRoXgnQvBKgeSVA80qA5pUAzSsBmlcC NK8EaF4J0LwSoHklQPNKgOaVAM0rAZpXAjSvBGheCdC8EqB5JUDzSoDmlQDNKwGaVwI0rwRo XgnQvBKgeSVA80qA5pUAzSsBmlcCNK8EaF4J0LwSoHklQPNKgOaVAM0rAZpXAjSvBGheCdC8 EqB5JUDzSoDmlQDNKwGaVwI0rwRoXgnQvBKgeSVA80qA5pUAzSsBmlcCNK8EaF4J0LwSoHkl QPNKgOaVAM0rAZpXAjSvBGheCdC8EqB5JUDzSoDmlQDNKwGaVwI0rwRoXgnQvBKgeSVA80qA 5pUAzSsBmlcCNK8EaF4J0LwSoHklQPNKgOaVAM0rAZpXAjSvBGheCdC8EqB5JUDzSoDmlQDN KwGaVwI0rwRoXgnQvBKgeSVA80qA5pUAzSsBmlcCNK8EaF4J0LwSoHklQPNKgOaVAM0rAZpX AjSvBGheCdC8EqB5JUDzSoDmlQDNKwGaVwI0rwRoXgnQvBKgeSVA80qA5pUAzSsBmlcCNK8E aF4J0LwSoHklQPNKgOaVAM0rAZpXAjSvBGheCdC8EqB5JUDzSoDmlQDNKwGaVwI0rwRoXgnQ vBKgeSVA80qA5pUAzSsBmlcCNK8EaF4J0LwSoHklQPNKgOaVAM0rAZpXAjSvBGheCdC8EqB5 JUDzSoDmlQDNKwGaVwI0rwRoXgnQvBKgeSVA80qA5pUAzSsBmlcCNK8EaF4J0LwSoHklQPNK gOaVAM0rAZpXAjSvBGheCdC8EqB5JUDzSoDmlQDNKwGaVwI0rwRoB62xBuZSxfEpAAAAAElF TkSuQmCC negativos [ β= 0, 21, p< 0,001] y con afección directa en la población [ β= 0, 15, p< 0,010]. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 65 Dentro del bloque relativo a las percepciones de la corrupción se introdujeron dos preguntas de ranquin. En este caso, se trataba de comparar los delitos más graves y comunes en cada país. Para ello, en el trabajo previo de investigación se investigaron aquellos tipos penales con mayor incidencia en ambos países, operando desde una perspectiva de mínimo común denominador jurídico. Dicho de otro modo, estos cuatro delitos debían existir (aun con tipificaciones o nomenclaturas diferentes) en ambos países. En ese caso los delitos fueron: • “Colusión” (Perú) y “Fraudes y exacciones ilegales” y “Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios” (España): acuerdo entre dos o más partes para limitar la competencia. • “Peculado” (Perú) y “Malversación” (España): apropiación o uso de bienes públicos por parte de los funcionarios que deben administrarlos. • “Cohecho” (Perú y España): aceptar o solicitar dádivas por parte de funcionarios para actuar o no actuar. • “Tráfico de influencias” (Perú y España): utilización de la influencia personal para obtener favores o tratos preferenciales para terceros. Ante la posible problemática que presentaba esta pregunta amalgamando tipos penales de dispares ordenamientos jurídicos se trató de presentar de la manera más clara posible. Con ello, conseguíamos obtener validez en las respuestas sin necesidad de exigir un conocimiento de los tipos penales. De hecho, no se hizo referencia al articulado, sino que se utilizaron casos prácticos para obtener un conocimiento intuitivo por parte de la población que resultara satisfactorio para el acercamiento exploratorio de esta encuesta. El resultado fue el que se muestra en la Ilustración 3., para los delitos más comunes. Ilustración 3 Percepción de delitos más comunes por país Elaboración propia. Asimismo, para los más gravosos fueron: Ilustración 4 Percepción de delitos más gravosos por país Elaboración propia. La lectura jurídica que se plantea de estos datos es que los delitos de corrupción tienen una conceptualización mayoritariamente patrimonial en España, mientras que en Perú obedece más a un orden socioeconómico. Por último, queremos destacar un elemento importante dentro de los resultados cuantitativos y iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPgAAACuCAYAAAAbBsDhAAABhklEQVR42u3TAQkAAADCMPuX 1h6yRTg8BW5FAjA4YHDA4IDBAYMDBgeDAwYHDA4YHDA4YHDA4GBwwOCAwQGDAwYHDA4GBwwO GBwwOGBwwOCAwcHggMEBgwMGBwwOGBwwOBgcMDhgcMDggMEBg4PBAYMDBgcMDhgcMDhgcDA4 YHDA4IDBAYMDBgeDAwYHDA4YHDA4YHDA4GBwwOCAwQGDAwYHDA4YHAwOGBwwOGBwwOCAwcHg gMEBgwMGBwwOGBwwOBgcMDhgcMDggMEBg4PBJQCDAwYHDA4YHDA4YHAwOGBwwOCAwQGDAwYH DA4GBwwOGBwwOGBwwOBgcMDggMEBgwMGBwwOGBwMDhgcMDhgcMDggMEBg4PBAYMDBgcMDhgc MDgYHDA4YHDA4IDBAYMDBgeDAwYHDA4YHDA4YHAwOGBwwOCAwQGDAwYHDA4GBwwOGBwwOGBw wOCAwcHggMEBgwMGBwwOGBwMDhgcMDhgcMDggMEBg4PBAYMDBgcMDhgcMDgYXAL4Ndh9xRIX iVjDAAAAAElFTkSuQmCC iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPQAAACvCAYAAADKZvPKAAABhElEQVR42u3TAQ0AAAzCMPyb Bh9/K2HJUuCMSACGBgwNGBowNBgaMDRgaMDQgKHB0IChAUMDhgYMDYYGDA0YGjA0GBowNGBo wNCAocHQgKEBQwOGBgwNhgYMDRgaMDQYGjA0YGjA0IChwdCAoQFDA4YGDA2GBgwNGBowNBga MDRgaMDQgKHB0IChAUMDhgYMDYYGDA0YGjA0GBowNGBowNCAocHQgKEBQwOGBgwNhgYMDRga MDRgaDA0YGjA0IChwdCAoQFDA4YGDA2GBgwNGBowNGBoMDRgaMDQgKHB0IChAUMDhgYMDYYG DA0YGjA0YGgwNGBowNCAocHQgKEBQwOGBgwNhgYMDRgaMDRgaDA0YGjA0IChwdCAoQFDA4YG DA2GBgwNGBowNGBoMDRgaMDQgKEBQ4OhAUMDhgYMDYYGDA0YGjA0YGgwNGBowNCAoQFDg6EB QwOGBgwNhgYMDRgaMDRgaDA0YGjA0IChAUODoQFDA4YGDA2GBgwNGBowNGBoeGPsdbu5bFUE kAAAAABJRU5ErkJggg== iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAe0AAAC2CAYAAAD0itV7AAACW0lEQVR42u3VMQ0AAAzDsPIn 3VLYO8mGkCcpAPBCJAAA0wYATBsATBsAMG0AwLQBwLQBANMGAEwbAEwbADBtAMC0AcC0AQDT BgBMGwBMGwAwbQDAtAHAtAEA0wYA0wYATBsAMG0AMG0AwLQBANMGANMGAEwbADBtADBtAMC0 AQDTBgDTBgBMGwAwbQAwbQDAtAHAtAEA0wYATBsATBsAMG0AwLQBwLQBANMGAEwbAEwbADBt AMC0AcC0AQDTBgBMGwBMGwAwbQAwbQDAtAEA0wYA0wYATBsAMG0AMG0AwLQBANMGANMGAEwb ADBtADBtAMC0AQDTBgDTBgBMGwBMGwAwbQDAtAHAtAEA0wYATBsATBsAMG0AwLQBwLQBANMG AEwbAEwbADBtAMC0AcC0AQDTBgDTBgBMGwAwbQAwbQDAtAEA0wYA0wYATBsAMG0AMG0AwLQB ANMGANMGAEwbADBtADBtAMC0AcC0AQDTBgBMGwBMGwAwbQDAtAHAtAEA0wYATBsATBsAMG0A wLQBwLQBANMGAEwbAEwbADBtADBtAMC0AQDTBgDTBgBMGwAwbQAwbQDAtAEA0wYA0wYATBsA MG0AMG0AwLQBANMGANMGAEwbAEwbADBtAMC0AcC0AQDTBgBMGwBMGwAwbQDAtAHAtAEA0wYA TBsATBsAMG0AwLQBwLQBANMGANMGAEwbADBtADBtAMC0AQDTBgDTBgBMGwAwbQAwbQDAtAEA 0wYA0wYATBsAMG0AMG0AwLQBwLQBANMGAEwbAEwbADBtAMC0AcC0AQDTBgCuBv52z9VM4cRP AAAAAElFTkSuQmCC es el relativo a la confianza de la población en las instituciones y la prevención de la corrupción. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 66 Al preguntársele a la muestra sobre quiénes debían ser los encargados de prevenir la corrupción, los datos más representativos que obtuvimos fueron los siguientes: Gráfico 3 Percepción sobre garantes de prevenir la corrupción por país. Elaboración propia. De hecho, y guardando la reflexión de estos datos para el apartado de análisis, cuando preguntamos a la muestra por la confianza que tenían en las instituciones encargadas de esa prevención de la corrupción nos contestaron del siguiente modo: Gráfico 4 Medias de confianza institucional por país Elaboración propia. IV. ANÁLISIS 1. Hebra cuantitativa 1.1. La corrupción como realidad (in)sostenible La corrupción socava de forma decisiva el desarrollo sostenible tanto en España como en Perú. En la encuesta, las personas participantes revelaron un firme compromiso con la sostenibilidad y respaldaron la fiabilidad de las escalas vinculadas a los ODS. El consenso es claro en cuanto a que la corrupción daña el empleo, distorsiona la economía, deteriora las infraestructuras y erosiona la justicia. Una parte de la población percibe la corrupción como un fenómeno sistémico, incrustado y, en apariencia, ineludible. Funciona como engranaje de un modelo económico que legitima la explotación y la subordinación. La desigualdad social es, simultáneamente, causa y efecto de iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAeoAAAEyCAYAAAA1AJN4AAAD4ElEQVR42u3VIQEAAAzDsPk3 vYk4OUgklDQFAN6KBABg1ACAUQOAUQMARg0AGDUAGDUAYNQAYNQAgFEDAEYNAEYNABg1ABg1 AGDUAIBRA4BRAwBGDQBGDQAYNQBg1ABg1ACAUQOAUQMARg0AGDUAGDUAYNQAYNQAgFEDAEYN AEYNABg1ABg1AGDUAIBRA4BRAwBGDQBGDQAYNQBg1ABg1ACAUQOAUQMARg0AGDUAGDUAYNQA YNQAgFEDAEYNAEYNABg1ABg1AGDUAIBRA4BRAwBGDQBGDQAYNQBg1ABg1ACAUQOAUQMARg0A GDUAGDUAYNQAYNQAgFEDAEYNAEYNABg1ABg1AGDUAIBRA4BRAwBGDQBGDQAYNQBg1ABg1ACA UQOAUQMARg0AGDUAGDUAYNQAYNQAgFEDAEYNAEYNABg1ABg1AGDUAIBRA4BRAwBGDQBGDQAY NQBg1ABg1ACAUQOAUQMARg0AGDUAGDUAYNQAYNQAgFEDAEYNAEYNABg1ABg1AGDUAIBRA4BR AwBGDQBGDQAYNQBg1ABg1ACAUQOAUQMARg0AGDUAGDUAYNQAYNQAgFEDAEYNAEYNABg1ABg1 AGDUAIBRA4BRAwBGDQBGDQAYNQBg1ABg1ACAUQOAUQMARg0AGDUAGDUAYNQAYNQAgFEDAEYN AEYNABg1ABg1AGDUAIBRA4BRAwBGDQBGDQAYNQBg1ABg1ACAUQOAUQMARg0AGDUAGDUAYNQA YNQAgFEDAEYNAEYNABg1ABg1AGDUAIBRA4BRAwBGDQBGDQAYNQBg1ABg1ACAUQOAUQMARg0A GDUAGDUAYNQAYNQAgFEDAEYNAEYNABg1ABg1AGDUAIBRA4BRAwBGDQBGDQAYNQBg1ABg1ACA UQOAUQMARg0AGDUAGDUAYNQAYNQAgFEDAEYNAEYNABg1ABg1AGDUAIBRA4BRAwBGDQBGDQAY NQBg1ABg1ACAUQOAUQMARg0AGDUAGDUAYNQAYNQAgFEDAEYNAEYNABg1ABg1AGDUAIBRA4BR AwBGDQBGDQAYNQBg1ABg1ACAUQOAUQMARg0AGDUAGDUAYNQAYNQAgFEDAEYNAEYNABg1ABg1 AGDUAIBRA4BRAwBGDQBGLQEAGDUAYNQAYNQAgFEDAEYNAEYNABg1ABg1AGDUAIBRA4BRAwBG DQBGDQAYNQBg1ABg1ACAUQOAUQMARg0AGDUAGDUAYNQAYNQAgFEDAEYNAEYNABg1ABg1AGDU AIBRA4BRAwBGDQBGDQAYNQBg1ABg1ACAUQOAUQMARg0AGDUAGDUAYNQAYNQAgFEDAEYNAEYN AFwMqRYx87cbrCIAAAAASUVORK5CYII= iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAeoAAAENCAYAAADALCYAAAADaUlEQVR42u3VIQEAAADCMPqX hhqILcLNUwDgViQAAKMGAIwaAIwaADBqAMCoAcCoAQCjBgCjBgCMGgAwagAwagDAqAHAqAEA owYAjBoAjBoAMGoAMGoAwKgBAKMGAKMGAIwaAIwaADBqAMCoAcCoAQCjBgCjBgCMGgAwagAw agDAqAHAqAEAowYAjBoAjBoAMGoAMGoAwKgBAKMGAKMGAIwaAIwaADBqAMCoAcCoAQCjBgCj BgCMGgAwagAwagDAqAHAqAEAowYAjBoAjBoAMGoAMGoAwKgBAKMGAKMGAIwaAIwaADBqAMCo AcCoAQCjBgCjBgCMGgAwagAwagDAqAHAqAEAowYAjBoAjBoAMGoAMGoAwKgBAKMGAKMGAIwa AIwaADBqAMCoAcCoAQCjBgCjBgCMGgAwagAwagDAqAHAqAEAowYAjBoAjBoAMGoAMGoAwKgB AKMGAKMGAIwaAIwaADBqAMCoAcCoAQCjBgCjBgCMGgAwagAwagDAqAHAqAEAowYAjBoAjBoA MGoAMGoAwKgBAKMGAKMGAIwaAIwaADBqAMCoAcCoAQCjBgCjBgCMGgAwagAwagDAqAHAqAEA owYAjBoAjBoAMGoAMGoAwKgBAKMGAKMGAIwaAIwaADBqAMCoAcCoAQCjBgCjBgCMGgAwagAw agDAqAHAqAEAowYAjBoAjBoAMGoAMGoAwKgBAKMGAKMGAIwaAIwaADBqAMCoAcCoAQCjBgCj BgCMGgAwagAwagDAqAHAqAEAowYAjBoAjBoAMGoAMGoAwKgBAKMGAKMGAIwaAIwaADBqAMCo AcCoAQCjBgCjBgCMGgAwagAwagDAqAHAqAEAowYAjBoAjBoAMGoAMGoAwKgBAKMGAKMGAIwa AIwaADBqAMCoAcCoAQCjBgCjBgCMGgAwagAwagDAqAHAqAEAowYAjBoAjBoAMGoAMGoAwKgB AKMGAKMGAIwaAIwaADBqAMCoAcCoAQCjBgCjBgCMGgAwagAwagDAqAHAqAEAowYAjBoAjBoA MGoAMGoAwKgBAKMGAKMGAIwaAIwaADBqAMCoAcCoAQCjBgCjBgCMGgAwagAwagDAqAHAqAEA owYAjBoAjBoAMGoAMGoJAMCoAQCjBgCjBgCMGgAwagAwagDAqAHAqAEAowYAOlFJ9KYAC3iy AAAAAElFTkSuQmCC esa dinámica. Una suerte de privilegio que se convierte en un parapeto desde el que se dispara Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 67 contra quienes disponen de menos recursos. Además, la corrupción atraviesa el sector público y el privado, con matices según el país, obedeciendo siempre a la lógica de la acumulación. El resultado es un clima de cinismo, ira y desafección que desemboca en llamados a reducir el aparato estatal, bajar impuestos o, en su vertiente más extrema, castigar de forma expiatoria a los políticos. Imágenes de guillotinas, dictaduras, cadenas perpetuas o expulsiones han aparecido en los apartados del cuestionario que invitaban a la reflexión abierta. Cansada, la ciudadanía se recoge en la antipolítica (Kessler & Vommaro, 2025). Los representantes han fallado; toca observarlos, auditarlos y, si procede, apartarlos. Mientras tanto, la contratación pública se percibe como el capricho oneroso de una élite de timadores con pedigrí familiar. Las instituciones encargadas de prevenir la corrupción carecen muchas veces de medios y de voluntad, y los poderes públicos no gozan de la confianza ciudadana: la res publica se vive como impúdica. La corrupción se interpreta, así, como un fracaso ético y funcional. Ante este escenario, resulta imperativo educar en valores democráticos y reconstruir la confianza en la administración mediante la ejemplaridad. Ello exige forjar una ciudadanía comprometida con la igualdad a partir de dos líneas de acción complementarias. La primera de ellas es la educación en democracia. Necesitamos revalorizar lo colectivo mediante campañas que ilustren el impacto de la corrupción sobre los servicios públicos (sanidad, educación, transporte, etc.), implicando también a las empresas y otros actores privados. La formación en ODS no puede limitarse a charlas escolares o a logotipos, sino que debe permear todas las esferas de la vida. Solo así se logrará desnaturalizar la corrupción. La segunda pasa por apostar a favor de políticas criminológicas integrales. Debido a su complejidad técnica, la corrupción requiere un enfoque multifactorial y transdisciplinar. Universidades, órganos de justicia, despachos de abogados y empresas han de promover una criminología crítica que vaya más allá de las estadísticas oficiales. Es esencial medir el impacto cotidiano de las microcorruptelas y traducir esos hallazgos en planes de compliance y en programas de capacitación para el personal público. De hecho, así lo demanda la población de estudio cuando dice apostar por los académicos. Solo con educación cívica y con políticas criminológicas fundadas en evidencias empíricas se podrá romper el círculo vicioso que convierte la corrupción en una realidad aparentemente inevitable. 1.2. Neoliberalismo europeo higienizado vs. El leviatán purulento Existen principalmente dos cosmovisiones que estructuran la percepción de la corrupción en España y Perú. En el contexto europeo, prevalece una confianza relativamente alta en las instituciones públicas. Desde esta óptica, la corrupción se concibe como una disfunción puntual de un sistema en esencia legítimo; sus manifestaciones se catalogan sobre todo como delitos patrimoniales. Ello explica una valoración positiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la identificación de la malversación como infracción más grave. Dado que las instituciones se consideran sólidas y autorregulables, la respuesta social se centra en castigar la desviación para restaurar la normalidad. Además, el discurso español subraya las repercusiones económicas de la corrupción, reflejo de la preocupación por el libre flujo comercial y el “orden natural” del mercado. La perspectiva peruana, en cambio, es mucho más visceral. La corrupción se percibe como un fenómeno sistémico que corroe el entramado social y estatal, descrito metafóricamente como un “leviatán purulento”. Mientras en España el debate se mantiene en un registro mayoritariamente intelectualizado, en Perú aflora un sentimiento colectivo de despojo, indignación y urgencia moral. En consecuencia, la corrupción se experimenta como un problema de daño social directo porque disminuye la calidad de vida, vulnera la dignidad humana y profundiza la desigualdad. Quienes participan en actos corruptos son vistos, siguiendo a Hall y Winlow (2015), como sujetos que ejercen una libertad especial; esto es, prácticas anti comunitarias inherentes a la lógica del mercado desregulado. Así, la corrupción en Perú adopta una dimensión comunitaria antes que meramente corporativa y exige una movilización ciudadana sostenida. Desde esta lectura crítica, resultan centrales las preguntas sobre el papel del Estado, su tamaño, su forma y, sobre todo, su legitimidad para encarar de manera efectiva la captura institucional que el fenómeno revela. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 68 2. Hebra cualitativa 2.1. Corrupción como elemento pseudopacificado Frente a la postura del mainstream criminológico, asentada en la argumentación de un descenso progresivo de la violencia y el castigo a lo largo de la historia (Elias, 2016), el enfoque ultrarrealista plantea una crítica radical: no asistimos a una auténtica pacificación, sino a un proceso de pseudo pacificación (Hall & Winlow, 2015). Este concepto epistemológico denuncia que la violencia no ha desaparecido, sino que ha sido sublimada y reconfigurada por las dinámicas del capitalismo. La coerción directa ha sido desplazada por formas normativizadas de castigo engarzadas en la lógica mercantil, afectando especialmente a los sectores más precarizados mediante mecanismos como el populismo punitivo o la precarización estructural (Kotzé, 2019). Este proceso tiene raíces históricas que se remontan al surgimiento del mercado capitalista moderno, donde la disminución de la violencia interpersonal fue menos un signo de civilización que una necesidad funcional del capital para asegurar la circulación de mercancías (Hall & Winlow, 2015). La agresión física dio paso a una competencia simbólica por estatus y consumo, generando una subjetividad individualista, competitiva y ansiosa. Así, el orden social contemporáneo se sostiene no por la erradicación de la violencia, sino por su reformulación como presión sistémica, frustración estructural y castigo simbólico. Esta falsa apariencia de orden impide la emergencia de solidaridades políticas o proyectos colectivos, a la vez que facilita nuevas formas de criminalidad sofisticada y despersonalizada. Debemos recordar que este concepto deriva de la lógica epistemológica del materialismo trascendental (Johnston, 2008; Žižek, 2001). Dicho en palabras más amables, el sujeto se adapta al entorno (en este caso, al sistema capitalista) para garantizar su propia supervivencia. Justamente eso es lo que parece evidenciarse de los comentarios de jueces y policías peruanos cuando entienden que la corrupción parece ser una herramienta de supervivencia dentro de la institución [PP2] o que la congestión judicial y la falta de mecanismos eficientes para manejar los casos crean un entorno donde la corrupción se normaliza como una ‘herramienta’ para superar obstáculos [JP2]. Luego, parece que, a partir de este contexto, poco a poco se van engarzando institucionalmente, pseudo pacificándose, los delitos relativos a la corrupción mediante la legitimación social que de la misma existe. En nuestra sociedad, cierto grado de corrupción es asumible y son tantos los casos que aparecen en medios de comunicación, que hemos aprendido a “vivir” con ello [PE2], porque hay cosas que se aceptan, como que alguien obtenga un determinado puesto de trabajo, por ser hijo de otro alguien, cuando no deja de atentar contra principios básicos de acceso a la función pública [PE2]. En otras ocasiones, se camufla [JP1] mediante la burocracia, acuerdos informales o presiones externas para cerrar casos [JP2]. Cuando la corrupción es común [PP2] deviene un rasgo cultural más. El fenómeno está tipificado, pero la estructura económica lo absorbe y dificulta su control e incluso su detección como delito. A ello se suma un tratamiento mediático sensacionalista, el desconocimiento del sistema penal y un imaginario subcultural que distorsiona la percepción pública tanto en el contexto peruano como en el español (Berganza et al., 2024; Cuya et al., 2024). 2.2. Soberanía tóxica Anteriormente hemos mencionado la pseudo pacificación (Hall & Winlow, 2015) que hemos podido percibir de la corrupción. Sin embargo, parece demostrar mucho mejor encaje para explicar el fenómeno el paraguas epistemológico de la soberanía tóxica (Tudor, 2020). Si hubiéramos de explicarlo de la manera más simplista posible tendríamos que pensar en una enorme coctelera de la marca “capitalismo tardío”, dentro introduciremos conceptos como libertad extrema económica, individualismo, soberanía económica y consumo. Tras agitarlo con brío, obtendremos actos fraudulentos y de depredación económica como resultado de la búsqueda de ese elixir tan anhelado por la comunidad. Se beberá independientemente del daño que pueda producir a terceros, de si está permitido beberlo o no y, además, como toda adicción, se neutralizarán todas aquellas cuestiones que puedan resultar dañinas porque todo irá encaminado, según su bebedor, en mantener la libertad y el poder económico. Básicamente, es una conducta que vemos muy de moda ahora mismo en la esfera del trumpismo (Del Pino, 2024; Goldstein, 2024). Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 69 Precisamente lo anterior es lo que hemos podido percibir de manera cristalina en lo relativo a los delitos de corrupción en uno y otro país. En ocasiones, en detalles como que muchos policías sienten que los esfuerzos individuales se ven opacados por actos indebidos de unos pocos [PP1] dado que la corrupción no solo está permitida en algunos niveles, sino que es parte de un engranaje más grande, del que muchos, incluidos oficiales de alto rango, son conscientes [PP2]. De hecho, incluso en España donde los funcionarios de las FFCCSS reiteran la seguridad de los férreos protocolos internos, terminan por indicar que en caso de denuncia de un hecho de este tipo el principal problema a que me enfrentaría, sería si el hecho proviene de una persona con categoría profesional superior a la mía. Esto es un cuerpo jerarquizado y cualquier acto que ponga en entredicho la autoridad de un superior jerárquico, puede acarrar graves consecuencias para el subordinado [PE1]. En pocas palabras, los superiores jerárquicos con mayor poder de agencia terminan velando por su depredación económica, cronificando la corrupción y amalgamando una enorme cifra negra; porque se ha permitido la creación de un sistema donde los resultados importan más que la transparencia de los procesos [JP2]. Nos decía un funcionario peruano que el sistema está hecho para que quienes quieran obtener ventajas puedan hacerlo [FP2], casi resulta una cita ideal para explicar la soberanía tóxica (Tudor, 2020) y es que incluso la respuesta institucional suele ser limitada o simbólica. Muchas veces, los casos se minimizan o se desvían bajo el argumento de que no hay pruebas contundentes [JP2]. Si esto lo dice un académico, se le puede tildar de exageración, pero quienes nos hablan en estos términos son policías, funcionarios y jueces en este caso, no cabe la falacia ad verecundiam. Por último, aunque como veremos en los siguientes epígrafes no será éste el coletazo final sobre la soberanía tóxica (Tudor, 2020), nos dice un policía peruano que tal vez debamos ser mucho más autocríticos, porque no es que falten recursos o mecanismos, sino que hay cierta ‘flexibilidad’ para que la corrupción pequeña siga funcionando [PP2]. 2.3. Impedir el clasismo dentro de las medidas de control Es fácil observar que dentro de la lógica de la soberanía tóxica (Tudor, 2020) se describe una partitura de jerarquías, clases o castas dentro de una institución donde los situados más arriba del pentagrama son los que finalmente terminan orquestando la sinfonía. Sin embargo, todos nuestros entrevistados nos hablaban de que había controles y auditorías, también publicidad de los trámites (en España) y canales de denuncia [pseudo]anónimos. Por lo tanto, lo coherente tras analizar esto sería pensar en que todos los miembros de cada una de estas administraciones están sometidos a dichas medidas de control. Hasta que comienza a brotar un hilo de información que termina replicándose: En la Administración Pública, actualmente en mi puesto de trabajo, existen muchos mecanismos de control a nivel económico (Intervención) y considero que no están equiparados a todos los niveles de responsabilidad ni en todos los ámbitos. Quizás sería conveniente, realizar una buena distribución de los recursos ya existentes, esto facilitaría la consecución de una solución a corto plazo. La creación de nuevos mecanismos y servicios podría retrasar el alcance de una solución efectiva para este tipo de situaciones de corrupción. [FE1] La soberanía tóxica (Tudor, 2020) dibuja aquí un clasismo funcionarial para tener controlados solo a la parte baja del escalafón, mientras que la parte alta va, viene y por el camino se llena los bolsillos sin someterse a controles o haciéndolo sobre aquellos que tienen capacidad de viciar. En efecto, parece que los canales de denuncia son los pequeños actos que terminan de sostener que estamos ante una dialéctica amo-esclavo (Heidegger, 2006) donde se le permite al esclavo tener un margen de rebeldía controlada (los actos de denuncia que no llegan a nada) para que no termine cambiando el sistema. De hecho, no son pocos los sujetos entrevistados que citan con un nombre u otro la necesidad de la rotación constante de los altos mandos de cada institución, un mayor reciclaje y transparencia mediante concurso público de méritos para el acceso a estos puestos. Los modelos obsoletos de gestión que se basan en la confianza y los favores, siguen estando presentes en los entornos laborales, inclusive las instituciones públicas. Cargos de libre designación que parten de la idoneidad de determinados perfiles laborales para funciones concretas, por ejemplo, son usados para acomodar elementos afines y en muchas ocasiones, sin ningún tipo de mérito propio [PE1]. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 70 Por último, y relacionado a la cuestión reseñada anteriormente sobre los méritos de ascenso, también aparece de manera reiterada la necesidad de permitir que todo el mundo pueda llevar a cabo sus funciones de manera responsable. Dicho de otro modo, que todos estos funcionarios no se vean sometidos a largas jornadas laborales, el bajo salario en comparación con el costo de vida y temor a represalias [PP2]. 2.4. Formación Comenzaré con la reflexión que realiza un juez peruano: Existen mecanismos en el papel, como evaluaciones y auditorías, pero en la práctica no son efectivos. Además, estas evaluaciones suelen centrarse en aspectos administrativos, ignorando las cuestiones éticas. [JP2] Parece algo de común acuerdo entre todos nuestros entrevistados que la formación en ética, integridad y valores cívicos debería ser una constante en estas administraciones. No solo para la parte baja del escalafón, sino con mayor hincapié en la cúspide de la jerarquía institucional dado que como indicaba una de las funcionarias españolas: En algunos casos, aquellos que dirigen la Administración no poseen la formación adecuada y, además, son inexpertos en todo lo relacionado con lo público y, lo más grave es que no tienen, en absoluto, vocación de servir a los ciudadanos, ni dar ejemplo con sus actos, todas estas carencias unidas a un poder inmerecido que se les ha asignado por ser personas influyentes y por amiguismos, le llevan a cometer actos de corrupción. [FE1] Una administración cuyo volante lo sostiene un relevo político sin formación, sin rendición de cuentas y sin controles efectivos será siempre un predictor de riesgo clave para que la corrupción aparezca. Por ello, toda nuestra muestra considera en unos u otros términos que sería absolutamente necesario promover una cultura de integridad a partir de la formación y reciclaje constante sobre ética profesional. Formación que no solo incluiría cuestiones como la toma de decisiones, asertividad, rendición de cuentas, transparencia, etc. sino también formación acerca de cómo proceder si se diesen estos actos de corrupción, a quién dirigirnos, cómo podemos probar aquellos hechos [FE1]. Como consecuencia, no solo deberíamos tener altos cargos más respetuosos, sino que también evitaríamos que los situados más abajo en la escala jerárquica no tomaran de ejemplo las corruptelas de sus superiores o fueran más conscientes de que esos actos no les llevará a prosperar en la institución. 3. Triangulación 3.1. Perspectiva víctima / perspectiva espectador Durante el análisis cuantitativo surgió una hebra explicativa muy enriquecedora donde parecía dibujarse posiciones polarizadas dentro del gradiente “perspectiva de la corrupción”. Por una parte, teníamos a los españoles que se sentían más cercanos a una perspectiva desde el rol de espectador (quien presencia y percibe la corrupción, pero no se ve afectado directamente por ella ) y por otra a los peruanos que sentían más una posición más cercana al rol de víctima (quien la presencia y percibe, pero también la sufre de manera directa, cercana e íntima). Tanto es así, que los españoles reconocían la corrupción, eran conscientes de la cantidad de casos que surgían a su alrededor, pero no tanto de los efectos reales que derivaban de estos delitos. Podríamos decir que lo percibían desde una conceptualización meramente patrimonial, algo de índole económico que afecta a temas económicos y que va aderezado de un importante relato mediático (Salas, 2025) Sin embargo, los peruanos percibían la corrupción como una realidad pseudo pacificada (Hall & Winlow, 2015) que generaba daños reales sobre las personas y aun así su normalización hacía que se persiguiera menos. Dicho en otras palabras, los peruanos tenían una percepción más cercana a la de la víctima basada en la gravedad del impacto de la corrupción, su afección en la salud, el bienestar y su herida en personas cercanas conceptualizando estos delitos como una realidad no solo económica, sino también social. Este correlato ha sido sostenido de manera profunda durante el análisis cualitativo. De hecho, con muchos más matices que nos ayudan a comprender los meros estadísticos. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 71 Resulta de especial interés cómo los peruanos reflexionan una y otra vez sobre la afección sobre la ciudadanía, el miedo a la denuncia o la ruptura de confianza en las instituciones. Por ejemplo, nos decía un funcionario de policía peruano que la corrupción afecta la moral de los agentes honestos, debilita los procesos de investigación y da pie a una percepción de impunidad que puede frenar la cooperación ciudadana [PP1]. Lo anterior, termina derivando en una desconfianza entre nosotros mismos y en la ciudadanía [PP1]. Frustración que se aumenta cuando intenta denunciar y debido al temor a represalias o a la falta de garantías, no me sentí en la posición de hacerlo [PP1]. Otro agente nos indica que la cuestión realmente reside en la propia institucionalidad de la corrupción, dado que existe una necesidad institucional de mantener el statu quo. No es que falten recursos o mecanismos, sino que hay cierta ‘flexibilidad’ para que la corrupción pequeña siga funcionando [PP2]. Asimismo, sigue apoyando el relato de la inexistencia sobre una protección real a la hora de denunciar, dado que es más seguro callar y adaptarse al sistema que intentar cambiarlo [PP2]. Todo lo cual termina reforzando la desmotivación entre los oficiales que intentan hacer su trabajo correctamente y perpetúa un clima de resignación. La falta de acción real frente a la corrupción impacta directamente en la efectividad de la institución [PP2]. Sin embargo, los españoles mantienen generalmente un relato basado en lo económico, lo mediático o la inexistencia. Así, un fiscal nos decía que solo había oído corrupción en la fiscalía referida a falsear los estadillos de productividad de tal manera que se cobra un suplemento inmerecido [FE1] siendo, en todo caso, una actividad que no conocía de manera directa y con escaso valor de prueba [FE1]. Por su parte, una funcionaria nos indicaba que sí que la corrupción pasaba factura solo hay que leer los periódicos, redes sociales o televisión ¿De qué forma? Desafección de la población a los gobernantes, a la administración, a lo público. Hay una frase muy ilustrativa: “trabajas menos que un funcionario” [FE2]. Por su parte, tanto jueces como policías mantenían un relato mediante el cual no presenciaban ningún tipo de corrupción en sus instituciones. Paradójicamente, solo eran capaces de observarla fuera de su ámbito. 3.2. Comunidad como medio de control Otro correlato de interés por su disparidad entre países es el de la concepción misma de la propia comunidad como agente de prevención. A pesar de que la desfacción institucional es compartida en ambos países, parece que en España queda una rémora de confianza en materia de prevención en cuanto a la judicatura y las FFCCSS especialmente, que se ven como un agente de control social formal. Sin embargo, la realidad peruana es muy distinta, donde la mayor tendencia a la confianza en materia de prevención se deposita en la comunidad o en las instituciones educativas. Los datos anteriores, sostenidos en el escenario cuantitativo, se han visto refrendados y matizados en el cualitativo. Ciertamente, han sido los jueces y fiscales españoles quiénes han reconocido menos corrupción dentro de sus esferas laborales, así como se ha reflejado en la realidad peruana la necesidad de cambiar de modelo por convivir con una corrupción altamente institucionalizada. De hecho, son precisamente los entrevistados peruanos quienes más demandan formación ética. Ambos países coinciden en que es necesario que haya medios de control externos que auditen. Asimismo, aunque con menor intensidad, sí que se reconoce la capacidad de la comunidad para establecer ciertos controles Algunos lo proponen a través de instituciones como el defensor del pueblo, que no es la comunidad per se, pero debería ser un reflejo de esta [PE1]. Sin embargo, también se reconoce que otra institución comunitaria como los sindicatos tienen muchísimo peso y se nota en esas corruptelas en demasía. [FE2]. Asimismo, la comunidad surge en España como un elemento de control, porque da la impresión de que hoy en día existe una enorme presión mediática contra jueces y fiscales encargados de según qué investigaciones [FE1]. De este modo, un funcionario peruano sugiere que un cambio radical en la cultura institucional sería ideal, pero difícil de implementar sin presión externa […] fomentar la vigilancia ciudadana serían pasos efectivos para aumentar la integridad [FP1]. Sobre todo, teniendo en cuenta que los actos de corrupción pequeños pueden no hacerse visibles al público [PP1]. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 72 No obstante, aquí es donde surge la controversia. Podemos entender que la muestra peruana, conocedora, sintiente de manera razonada de su victimización, requiera auditoría de la comunidad. Sin embargo, si tenemos en cuenta la construcción mediatizada que tienen los españoles desde su perspectiva espectadora, ¿realmente tendríamos un control eficiente o una guerra político-ideológica influenciada por medios y redes (Teruel, 2025)? Otra cuestión también para tener en cuenta es la formación suficiente en cualquiera de las dos poblaciones como para constituirse como un agente de control neutral y eficiente. 4. Metainferencias La hibridación de los datos cuantitativos y cualitativos permite establecer meta inferencias sólidas. Primero, se corrobora que la corrupción es percibida como un fenómeno estructural y normalizado, con efectos visibles sobre el desarrollo humano y la institucionalidad. La diferencia clave reside en el grado de interiorización: Perú muestra una victimización cotidiana, mientras que España ofrece una conceptualización más tecnocrática. Algo que también podemos cotejar a través del IPC. En segundo lugar, los datos cualitativos refuerzan los hallazgos cuantitativos sobre la baja confianza institucional y los fallos en los mecanismos de prevención. Existe una coincidencia en la urgencia de reformar los sistemas de control, incorporar una mirada criminológica en las políticas públicas y reforzar el rol preventivo de las comunidades y las instituciones educativas. Finalmente, la percepción de impunidad y la falta de transparencia institucional aparecen como factores que refuerzan el daño social (Hall & Winlow, 2015; Hillyard & Tombs, 2004; Kotzé, 2018; Pemberton, 2016; Raymen, 2019; Yar, 2012). La normalización de estos delitos afecta la legitimidad democrática, dificulta el cumplimiento de los ODS y genera un ciclo de desafección cívica. Estas metainferencias refuerzan la necesidad de políticas públicas integrales, que combinen prevención, control ético e inclusión comunitaria como antídotos frente a la corrupción. V. CONCLUSIONES Dado que puede resultar complejo el contraste de hipótesis en estudios multidisciplinares basados en métodos mixtos, queremos comenzar exponiendo brevemente dicho contraste para tratar de obtener una mayor comprensión del resto de las conclusiones. Podemos sostener que la H 1 ha sido aprobada. La corrupción se ha manifestado en ambos países como un elemento estructural y con una elevada integración en el funcionamiento institucional. Encontramos afinidades en la asunción de la corrupción como un mal necesario o un elemento a utilizar para mejorar la eficiencia judicial cuando la misma se encuentra atascada. El daño social producido por este tipo de delitos afectó también a ambas comunidades generando desgaste y ruptura de la confianza institucional. Asimismo, en ambos países las complejas estructuras institucionales sirvieron para opacar la realidad en lugar de para ser eficientes en la prevención. Por último, las diferencias culturales o políticas no han supuesto una modificación profunda en cuanto a la identificación de los mecanismos de control y protección para quienes denuncian actos de corrupción ni en la percepción de mejorar la integridad institucional. Hasta los valores reseñados a enaltecer para encontrar soluciones son similares: lucha por la justicia, la verdad y el equilibrio de desigualdades. Debido a lo anterior, es posible trazar la constitución del universal concreto hegeliano (Hegel, 1978; Winlow, 2019) en relación con los delitos contra la administración pública entre España y Perú, ya que ambos contextos reflejan una lucha común contra la corrupción, a pesar de las particularidades culturales y estructurales que afectan a la vivencia o profundidad del fenómeno en cada país. La corrupción se presenta como un fenómeno que afecta la confianza pública y la integridad institucional, lo que permite un análisis comparativo desde la perspectiva hegeliana. El análisis de las entrevistas reveló que muchos actos de corrupción son cometidos con plena conciencia de su impacto negativo en la comunidad, pero bajo una lógica de beneficio individualista. Aunque estos actos constituyen delitos, la naturalización institucional de la corrupción y la ineficacia de los mecanismos de control contribuyen a que se perciban como comportamientos normales y cotidianos. Esta normalización se ve reforzada por culturas organizacionales cerradas (como las de la magistratura o la policía) que imponen jerarquías rígidas, miedo a la denuncia y una fuerte cultura del silencio (González, 2021; Navarro & Silva, 2016; Reiner, 2015). Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 73 Si bien el principio de libertad especial (Hall & Winlow, 2015) permite explicar parcialmente estas conductas como expresiones de autonomía personal en contextos permisivos, el concepto de soberanía tóxica (Tudor, 2020) ofrece una explicación más profunda. Cuando Tudor (2020) utiliza este término hace referencia a cómo en el contexto del capitalismo tardío las personas buscan una libertad extrema e individual en sus actividades económicas, aunque ello termine conllevando cometer fraude, corrupción o cualquier otro acto de depredación económica. Esta búsqueda de una soberanía económica y de consumo producen que las barreras personales, que se constituyen como factores de protección, caigan como una baraja de naipes; permitiendo que las personas busquen justificaciones absolutamente racionalizadas sobre sus acciones delictivas como una forma de mantener su idea de libertad y de poder económico (entendido esto desde los matices más capitalistas posibles). Por tanto, si bien la libertad especial (Hall & Winlow, 2015) podría explicar de manera algo forzada la corrupción, vemos que realmente es la soberanía tóxica (Tudor, 2020) la que tiene un sostén más apacible para el fenómeno en cuestión al aunar neutralización, libertad especial, sistema socioeconómico y fallos estructurales. Por tanto, la H 2 solo ha podido ser parcialmente aprobada. En relación a la H 3 , si algo hemos podido testar con validez rotunda ha sido la constitución del daño social que provoca la corrupción en ambos países y a diferentes actores comunitarios. Este fenómeno es capaz no solo de generar, sino de perpetuar desigualdades tanto dentro como fuera de las instituciones; lo que provoca una deslegitimación total de la comunidad con respecto a dicho aparato institucional. El desvío de los recursos esenciales termina quebrando las condiciones de vida y garantías mínimas de la comunidad. Como efecto de lo anterior, se desestabiliza a la comunidad que termina revolviéndose y polarizándose. Los tipos penales recogen una serie de consecuencias directas de los delitos, pero tienen un importante ángulo muerto que deja atrás múltiples daños generados a terceros. Precisamente, debido a las consecuencias del daño social, el ciudadano puede inclinarse a respetar menos la ley (con el aumento consecuente de la delincuencia) en base a que no cree en sus instituciones ni se sienten protegidos por las mismas. Esto último, que podría garantizarse elaborando políticas criminales sustentadas en datos y en la perspectiva criminológica, no ha resultado ser así. Como consecuencia, la prevención deviene ineficaz. Sin embargo, no consideramos la H 4 aprobada totalmente porque hemos podido cotejar diferencias marcadas entre un país y otro. Es cierto que en ningún país se está usando constructos criminológicos para la prevención, la gestión o la restauración de estos daños. Simplemente seguimos la ola retributiva clásica y la prevención general negativa que sabemos ineficaz a todas luces. Ahora bien, una gran parte de la demanda que realizaba la muestra cualitativa peruana ya estaba implantada en mayor o menor medida en España (funcionarios con estabilidad laboral y económica, licitaciones digitalizadas, anonimato, etc.). No obstante, la muestra española aun no sintiéndose tan afectada por la corrupción, señalaba errores en el sistema, anonimato, control externo, etc. Podríamos decir que no se ha pretendido aplicar la perspectiva criminológica a la construcción político-criminal relativa a los delitos contra la administración pública, pero que de manera fortuita en España sí que se han ido implementando medidas que son relativamente cercanas a la misma. De hecho, ese elemento accidental se hace patente cuando se busca la conexión entre la teoría y la práctica, donde se evidencia que los mecanismos de control están diseñados sin una comprensión adecuada de la realidad del funcionamiento de las instituciones. Esto sugiere que la construcción político-criminal no está alineada con las necesidades prácticas de prevención de la corrupción, lo que resulta en una ineficacia general en la lucha contra estos delitos (Tonry, 2004). Precisamente en base a todo lo anterior, termina aprobándose la H 5 , que se sostiene por la percepción de ineficacia de los mecanismos existentes, la falta de protección para los denunciantes, la burocracia compleja y dilatada en el tiempo como mecanismo de desgaste y la necesidad de auditorías externas con todas las garantías. Esto resalta la importancia de reformar y fortalecer los sistemas de control para abordar de manera efectiva la corrupción en la administración pública. La investigación comparada que aborda la corrupción en España y Perú, sustentada en un diseño de métodos mixtos, permite articular de manera robusta las dimensiones económicas, jurídico- Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 74 penal, criminológica y sociocultural de un fenómeno que se erige como problema estructural global. El entrelazado de los hallazgos cuantitativos y cualitativos con el análisis contextual y las consideraciones jurídico-penales expande la discusión inicial a la vez que dibuja un panorama de reformas normativas y preventivas coherente con los ODS de la Agenda 2030. Desde la perspectiva económica, los datos ratifican el impacto negativo de la corrupción sobre el crecimiento del PIB, la atracción de inversión extranjera y la estabilidad de los mercados. Organismos como el FMI (2016) y Naciones Unidas (2023) han cuantificado estas pérdidas, pero los resultados aquí obtenidos subrayan que el daño trasciende lo macroeconómico. La desviación de recursos públicos erosiona de forma directa la provisión de salud, educación e infraestructura, intensificando la vulnerabilidad de los sectores más pobres y reproduciendo desigualdades. Bajo el prisma jurídico-penal y criminológico, la corrupción se configura como un delito pluriofensivo que atenta simultáneamente contra el orden socioeconómico, el correcto funcionamiento de la administración pública y el principio de igualdad. La validez empírica es robusta en este sentido dado que una amplia mayoría de encuestados en ambos países percibe que “la corrupción afecta a todas las personas por igual”, identificando así un bien jurídico supraindividual. El reconocimiento de dicha pluriofensividad impone revisar los tipos penales, tal vez con mayor profundidad en Perú, para precisar los bienes jurídicos primarios y mediatos; así como los umbrales de daño social que legitiman la intervención punitiva. La noción de universal concreto (Hegel, 1978; Winlow, 2019) aporta una clave hermenéutica y es que la corrupción posee un núcleo etiológico común (captura del Estado, clientelismo, impunidad), pero se materializa de forma diferenciada según las condiciones históricas, institucionales y culturales. En Perú predomina la normalización de prácticas corruptas, la cooptación de órganos de control y la percepción de impunidad casi absoluta. Por su parte, en España se observa mayor capacidad institucional para la investigación y sanción, aunque persiste un desencanto ciudadano respecto a la eficacia real del sistema. Esta divergencia no anula la universalidad del fenómeno; más bien revela distintos grados de concreción del mismo universal. De hecho, la deriva española durante la redacción de este artículo es probable que esté cambiando rotundamente, acercándose más a la perspectiva peruana, debido a las instrucciones llevadas a cabo contra diferentes representantes del gobierno central. La criminología crítica introduce el concepto de daño social (Hall & Winlow, 2015; Hillyard & Tombs, 2004), recordando que la corrupción no solo vulnera reglas formales, sino que perpetúa una forma de violencia estructural que priva a las mayorías de condiciones dignas de vida. Estos efectos ubican la corrupción en la órbita de delitos contra los derechos humanos, reforzando la necesidad de respuestas que vayan más allá del castigo individual. De ahí que la investigación abogue por políticas preventivas integrales que reduzcan oportunidades delictivas, fortalezcan las instituciones y promuevan una cultura de integridad. Sin embargo, los datos revelan un déficit preventivo en ambos Estados. En Perú la fragmentación interinstitucional (Contraloría, Ministerio Público, Poder Judicial) genera vacíos que permiten la continuidad de redes clientelares. En España, aunque existen sistemas de compliance y órganos fiscalizadores consolidados, la ciudadanía percibe que la corrupción aumenta o se mantiene pese a los esfuerzos legislativos, lo que sugiere límites en la función simbólica y pedagógica del Derecho Penal (Garland, 2001). Definitivamente la mera reforma punitiva, sin medidas educativas, económicas y culturales, corre el riesgo de perpetuarse en su ineficacia. Un segundo bloque de hallazgos procede del ranquin de delitos percibidos como más comunes y más graves. En Perú el peculado (malversación) lidera ambos listados, mientras que en España aparece como el más grave, pero no necesariamente el más habitual. Esta diferencia sugiere que en España la corrupción conserva un cariz patrimonial (lesivo del erario), en tanto que en Perú se experimenta como amenaza general al orden socioeconómico. En todo caso, la convergencia en los delitos de cohecho y colusión confirma la relevancia de la dimensión administrativa. Parece que la corrupción florece allí donde existe simbiosis entre agentes privados y funcionarios. La encuesta incide también en la conciencia del victimario y es que la práctica totalidad de los encuestados sostiene que los autores de corrupción conocen la ilicitud de sus actos y las penas asociadas. Este dato demuestra la obsolescencia preventiva del derecho penal actual, pues la Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 75 amenaza de castigo no disuade conductas cuya rentabilidad se percibe mayor que el riesgo. A la luz de esta evidencia, se propone evaluar la estructura de sanciones y, sobre todo, incorporar desincentivos económicos (comiso ampliado, responsabilidad administrativa de personas jurídicas) y mecanismos de detección temprana. La problemática descrita se agrava en Perú, donde más de la mitad de la población considera que la corrupción ha aumentado drásticamente en el último año, frente al porcentaje considerablemente menor en España. La respuesta estatal, por tanto, requiere graduación. En Perú, una reforma penal ambiciosa debe ir acompañada de autonomía fiscalizadora, profesionalización de la judicatura y protección efectiva de denunciantes y periodistas de investigación. En España, el reto principal se ubica en mejorar la transparencia de la contratación pública, blindar los organismos reguladores frente a presiones partidistas y reforzar la educación cívica. En cualquier caso, es absolutamente necesario realizar un análisis comparado de los códigos penales para verificar divergencias tipológicas y eventuales transferencias regulatorias; siendo un aspecto central la determinación del bien jurídico protegido. Mientras que gran parte de la doctrina española circunscribe los delitos de corrupción al ámbito de la administración pública, tanto los datos de la encuesta como la propia doctrina peruana sugieren la necesidad de ampliar su alcance, incorporando la protección del orden socioeconómico y, de forma indirecta, la garantía de la igualdad. Reconocer formalmente esa pluriofensividad habilitaría penas y medidas complementarias (inhabilitaciones, reparación colectiva) más acordes al daño causado. Sobre la base de los hallazgos empíricos y la reflexión jurídica, se delinean cuatro ejes de acción: • Reforma normativa integral: es indispensable una revisión exhaustiva del marco legal, comenzando por una tipificación clara y completa de los delitos de corrupción. Esto implica corregir lagunas y evitar solapamientos en figuras como el cohecho, la colusión y el peculado, así como introducir agravantes vinculadas a la cuantía del perjuicio económico y a la reiteración delictiva. Además, se debe armonizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas con los estándares internacionales. Un segundo aspecto clave es la incorporación explícita del carácter pluriofensivo de estos delitos, destacando en la exposición de motivos y en la redacción normativa su impacto sobre el orden socioeconómico y la igualdad colectiva, con el fin de reforzar tanto su gravedad jurídica como su condena simbólica. Por último, toda reforma deberá asentarse en principios criminológicos basados en la evidencia empírica. • Fortalecimiento institucional: el combate efectivo a la corrupción requiere instituciones sólidas, independientes y bien articuladas. Para ello, se debe garantizar la autonomía financiera y funcional de organismos clave como las fiscalías y las contralorías, al tiempo que se crean mecanismos de cooperación interinstitucional y con actores privados. Igualmente, resulta prioritario consolidar una justicia ágil y especializada mediante la creación o fortalecimiento de juzgados y fiscalías anticorrupción, dotándolos de recursos tecnológicos, formación continua y sistemas de trazabilidad que aseguren la integridad y celeridad de los procesos. • Prevención y cultura de integridad: más allá de la represión penal, es fundamental promover una transformación cultural que prevenga la corrupción desde sus raíces. Esto requiere implementar programas educativos transversales que, desde la escuela hasta la capacitación de servidores públicos, fortalezcan valores de ética cívica y responsabilidad social. Asimismo, se debe avanzar hacia una transparencia radical mediante portales abiertos de contrataciones públicas, el uso de algoritmos de riesgo en auditorías, y la protección efectiva de alertadores internos. • Enfoque transnacional y alineamiento con los ODS: la corrupción no reconoce fronteras, por lo que resulta esencial fomentar una cooperación iberoamericana que permita el intercambio de buenas prácticas, asistencia técnica y plataformas digitales de datos abiertos entre países como España, Perú y otras naciones de la región. Paralelamente, debe promoverse la alineación con la Agenda 2030, integrando indicadores específicos de corrupción en la evaluación y vinculando el financiamiento de proyectos al cumplimiento de estándares anticorrupción. Estos ejes cobran sentido si se enmarcan en una concepción dialéctica: la corrupción no se erradica solo con mayores penas, sino al superar la contradictoria coexistencia de la norma y la impunidad. La soberanía tóxica (Tudor, 2020) debe ser desplazada por una soberanía democrática basada en la confianza redistribuida entre ciudadanía e instituciones. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 76 VI. BIBLIOGRAFÍA Berganza, R., Herrero-Jiménez, B. & Ortíz-González, A. (2024). Teoría y práctica de la corrupción: triangulación metodológica sobre la opinión de los periodistas acerca de los escándalos y su cobertura real. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 30(4),793-804. DOI: https://dx.doi. org/10.5209/emp.96913. Boukli, A. & Kotze, J. (2018). Zemiology. Reconnecting Crime and Social Harm. Springer. Burin, M. (2008). Las “Fronteras de Cristal” en la carrera laboral de las mujeres. Género subjetividad y globalización. 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ANEXOS Anexo 1: Demografía Tabla 5 Demografía de la muestra cuantitativa Edad (18-81, N=510) Nacionalidad (N=516) Género (N= 514) Adscripción política (N= 510) Nivel de estudios (N= 516) Situación laboral (N=516) Funcionariado (N=515) General x ̄ =35, 06; D.T.=15, 6; Mo= 22 Mujer (n=305; 53, 8 %) Hombre (n= 207; 36, 5%) No binario (n=2, 04 %) x ̄ =3, 15; D.T.=0,9; Mo= 3 Educación escolar (n= 69; 12, 2%); Educación universitaria (n= 287, 50; 6%) Posgrado (n= 114; 20, 01%) Doctorado (n= 44; 7, 8%) No tengo (n=1; 0, 2 %) Estudio (n= 174; 30, 07 %) Trabajo por cuenta propia (n= 91; 16 %) Desempleado (n= 33; 5, 8%) Trabajo por cuenta ajena (n= 214, 37, 7%) Sí (n= 182; 32, 1%) No (n= 333; 58, 7%) Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 57-79 79 España x ̄ =37, 25; D.T.=15, 7 España (n= 305; 53, 8 %) Mujer (n=191; 62, 6%) Hombre (n= 113, 37%) No binario (n=1; 0,3%) x ̄ =3, 06; D.T.=1 Educación escolar (n= 52; 17%); Educación universitaria (n= 142; 46, 6%) Posgrado (n= 84; 27, 5%) Doctorado (n= 26; 8, 5%) Estudio (n= 90; 29, 5 %) Trabajo por cuenta propia (n= 34; 11, 1 %) Desempleado (n= 26; 8, 5 %) Trabajo por cuenta ajena (n= 151, 49, 5 %) Sí (n= 83; 27, 7%) No (n= 221; 72, 7 %) Perú x ̄ =31, 86; D.T.= 14, 9 Perú (n = 211; 37, 2%) Mujer (n=114; 54, 5%) Hombre (n= 94; 45 %) No binario (n=1; 0, 5%) x ̄ =3, 29; D.T.=0,7 Educación escolar (n= 17; 8,1%) Educación universitaria (n= 145; 68, 7%) Posgrado (n= 30; 14,2%) Doctorado (n= 18; 8, 5 %) No tengo (n=1; 0, 5 %) Estudio (n= 84; 39, 8 %) Trabajo por cuenta propia (n= 57; 27 %) Desempleado (n= 7; 3,3 %) Trabajo por cuenta ajena (n= 63, 29, 9 %) Sí (n= 99; 46, 9%) No (n= 112; 53, 1%) Elaboración propia