LibreOffice/7.3.7.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/e114eadc50a9ff8d8c8a0567d6da8f454beeb84f 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 true true false true false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false true false 1 1 true Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 119-129 119 LA INSTALACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO PERICIAL COMO MANIFESTACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA Y SU FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO THE INSTALLATION OF AN EXPERT WORKING TABLE AS A MANIFESTATION OF THE RIGHT TO DEFENSE AND ITS EPISTEMOLOGICAL BASIS Yonathan Yoel Supo Salazar * Universidad de San Martín de Porres Recibido: 28 de octubre del 2024 Aceptado: 30 de abril del 2025 RESUMEN La presente investigación tiene por objeto sustentar que existe una errónea interpretación por parte de algunos jueces y fiscales respecto del inciso 2 del artículo 177 del Código Procesal Penal, donde sostienen que, si la ley no lo dice expresamente no es obligatorio la instalación de la mesa de trabajo pericial conjunto. Esto implica dejar de lado cualquier tipo de interpretación judicial y convertir al órgano decisor en un mero aplicador literal de la ley. Contradiciendo, además, sin sustento alguno, razonamientos judiciales y doctrinarios previamente emitidos sobre el mismo tema. En virtud de que se ha señalado que la instalación de la mesa de trabajo pericial conjunto se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico y; por lo tanto, el perito de parte se encuentra en la facultad de poder colaborar o trabajar en forma directa con el perito institucional. Así pues, se concluye que esta es la forma correcta de aplicar el inciso 2 del artículo 177 del Código Procesal Penal, conforme a una interpretación teológica, teniendo en consideración el derecho de defensa y el derecho al control de la actividad probatoria como componentes elementales del derecho a la tutela procesal efectiva que se le otorga a todo ciudadano que se encuentra investigado en un proceso penal. Lo que permite mejorar la elaboración de la pericia oficial desde la epistemología de la prueba, que busca que el análisis pericial sea lo más fiable posible y reducir los riesgos que conlleva cualquier sistema judicial: las sentencias erróneas. Palabras clave: perito oficial, perito de parte, mesa de trabajo pericial, derecho a la defensa, derecho a la prueba, epistemología de la prueba. ABSTRACT The purpose of this investigation is to support the misinterpretation by some judges and prosecutors regarding Section 2 of Article 177 of the Code of Criminal Procedure. They argue that, unless the law expressly states so, the establishment of a joint expert working group is not mandatory. This disregards any judicial interpretation and turns the decision-making body into a mere literal enforcer of the law. This also contradicts, without any basis, previously issued judicial and doctrinal reasoning on the same subject. It has been pointed out that the establishment of a joint expert working group is regulated in our legal system; therefore, the expert witness is empowered to collaborate or work directly with the institutional expert. Thus, it is concluded that this is the correct way to apply Section 2 of Article 177 of the Code of Criminal Procedure, in accordance with a theological interpretation, taking into account the right to defense and the right to control the evidentiary process as fundamental components of the right to effective procedural protection granted to every citizen under investigation in a criminal proceeding. This allows for improving the preparation of official expert reports based on the epistemology of evidence, which seeks to make expert analysis as reliable as possible and reduce the risks inherent in any judicial system: erroneous sentences. Keywords: official expert, party expert, expert work table, right to defense, right to evidence, epistemology of evidence. Para citar este artículo: Supo Salazar Y. (2026). La instalación de una mesa de trabajo pericial como manifestación del derecho de defensa y su fundamento epistemológico. Vox Juris, 44(1), [pp. 119–129]. DOI: https://doi.org/ [DOI-asignado] * Yonathan Yoel Supo Salazar. Bachiller en Derecho. Universidad de San Martín de Porres, Perú. ORCID: 0009-0000-8090-041X. Correo: yonathan_supo@usmp.pe Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 119-129 120 SUMARIO I. Introducción. II. La intervención del perito en el proceso penal. III. El debido procedimiento probatorio de la prueba pericial y la participación del perito de parte. IV. El perito de parte y su reconocimiento constitucional. V. La importancia y el alcance de habilitar la mesa de trabajo pericial conjunto. VI. Fundamentación epistemológica para mejorar la fiabilidad de la prueba pericial. VII. Conclusiones. VIII. Fuentes de información. I. INTRODUCCIÓN En la actualidad, el razonamiento judicial sobre la instalación de la mesa de trabajo pericial conjunto, consiste en sostener que el solo hecho de no tener expresa regulación legal no permite que el perito de parte y el perito institucional u oficial trabajen conjuntamente, y que la participación de la defensa a través de su perito se respeta con el mero hecho de alegar, aunque esta no tenga respuesta, es decir, aunque sea meramente formal. Por lo tanto, en el razonamiento judicial, se lee el artículo 177 del Código Procesal Penal, mas no se interpreta. En otras palabras, si no se encuentra expresamente establecido en la ley, no es válida su aplicación, lo que a todas luces es erróneo. Ejemplos, tenemos en abundancia en el desarrollo del derecho procesal y del derecho sustantivo. En el derecho procesal, por ejemplo, la teoría del plazo razonable, inclusive sin regulación constitucional expresa, pero con un amplio desarrollo doctrinal y jurisprudencial. En el derecho sustantivo, por ejemplo, los elementos definidores de la imputación objetiva de la conducta como son el principio de confianza, la prohibición de regreso, la imputación a la víctima, etc. No se encuentran regulados expresamente en la ley, pero la judicatura entiende su aplicación a partir del análisis dogmático-jurídico que realiza. Estas instituciones no reconocidas expresamente en la ley se aplican como consecuencia de la evolución histórica, teleológica, constitucional o dogmática en el razonamiento judicial. Por esta razón, el juez ya no se constituye como un intérprete literal de la ley, o lo que Montesquieu denominada como el: “juez boca de la ley”, sino que, en la actualidad, el juez respecto de la ley, la interpreta, aplica y exige su aplicación sobre la base del razonamiento constitucional acorde al respeto de derechos fundamentales. De igual forma, ha señalado Aníbal Torres (2019) afirmando que: El juez no es más la boca de la ley, esta no opera por sí sola, sino que para su aplicación tiene que ser interpretada a fin de determinar cuál es su sentido y alcance con relación a un hecho especifico; si se sostiene que el texto de la ley es claro, que no presenta dudas sobre su significado, se llegará a tal conclusión después de la interpretación. La interpretación o hermenéutica jurídica es la conditio sine qua nom del Derecho, sin ella no hay desenvolvimiento del ordenamiento jurídico. (p. 564) En esa misma línea, Guillermo Cabanellas (1994), describía lo siguiente: “la interpretación jurídica por excelencia es la que pretende descubrir para sí mismo (comprender) o para los demás (revelar) el verdadero pensamiento del legislador o explicar el sentido de una disposición” (p. 472). Bajo esa misma perspectiva, nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado estableciendo que para la interpretación de la norma: (…) se exige que los métodos de interpretación constitucional no se agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa (literal, teleológico, sistemático e histórico), sino que abarquen, entre otros elementos, una serie de principios que informan la labor hermenéutica del juez constitucional (Exp. N° 5854-2005-PA/TC, Fundamento 12). En el mismo sentido se ha pronunciado el maestro Asencio Mellado (2017) afirmando que: No debe caber duda de que las garantías deben ser interpretadas en atención a la verificación de las funciones que son propias al proceso y en consecuencia siempre subordinándose a una verdadera satisfacción material de las pretensiones, por encima de interpretaciones que pudiera pecar de excesivo formalismo y que impidieran soluciones de fondo. (pp. 78-79). A pesar de lo señalado, por la doctrina y por nuestro Tribunal Constitucional, aún existen fiscales y jueces que son boca de la ley, un claro ejemplo, la Sala Penal Permanente de Apurímac, señalo: (…) la norma procesal no habilita la realización de una mesa de trabajo —entre el perito institucional y de parte—, pues ello implicaría la realización de una pericia conjunta. En efecto, lo que la norma procesal Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 119-129 121 indica (numeral 2 del artículo 177 del Código Procesal Penal) es que el “perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar las constancias que su técnica les aconseje”; lo cual, evidentemente, no se equipara con la realización de un trabajo conjunto (Apelación N.° 239-2022, Fundamento octavo). Este tipo de razonamiento judicial, es errado, y la gran mayoría de fiscales, se oponen a la instalación de la mesa de trabajo pericial conjunto, a raíz de lo mencionado por la Sala Penal Permanente de Apurímac o del recurso de apelación Nº 74-2021/SUPREMA que sigue el mismo lineamiento. Esto conlleva a los abogados a plantear tutela de derechos –ante el juez de investigación preparatoria–a fin de que se cumpla con el respeto de la legalidad procesal y el debido procedimiento probatorio pericial. Sin embargo, la gran mayoría de los jueces terminan proveyendo a favor de los fiscales y; por ende, la defensa técnica acude ante instancias superiores para que se respete el derecho al debido procedimiento probatorio pericial y el derecho a la defensa. Según el inciso 2 del artículo 177 del Código Procesal Penal, que el juez de investigación no interpreta, señala: “El perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar las constancias que su técnica les aconseje”. Así, pues, sin que ello afecte su capacidad para preparar sus propios informes, el experto de la parte tiene la facultad de presenciar el procedimiento de cómo trabaja el experto oficial, realizar observaciones y tomar notas o documentar las pruebas que puedan requerir sus conocimientos, sin restricción de elaborar su propio informe pericial. En consecuencia, al analizar las competencias del perito de parte pueden distinguirse tres tipos de facultades: a) presenciar, b) hacer observaciones y c) dejar constancias. Esta actividad se desarrolla como parte de la garantía de defensa y su manifestación de control de la actividad probatoria. Por ende, este artículo debe interpretarse adecuadamente a la luz del ejercicio del derecho de defensa y del derecho a probar, porque el Código Procesal Penal establece la participación del perito de parte en la producción de la actividad pericial en cuanto permite la posibilidad de presenciar y observar. Asimismo, se advierte que el juez penal cuando justifica sus resoluciones judiciales, en la mayoría de los casos se limita a considerar solo las conclusiones de los informes emitidos por el perito institucional, lo que significa que no explican los métodos utilizados por estos especialistas, es decir, no detallan el procedimiento que los expertos siguieron para alcanzar las conclusiones a las que han arribado. Esta actitud de un juez penal que no cuestiona, daña el objetivo de la justicia de acercarse a la verdad; además, limita los derechos de las partes involucradas al no permitirles cuestionar adecuadamente las conclusiones del experto, dado que estas no siempre están respaldadas de manera valida y fiable. En otras palabras, las pericias de baja calidad epistémica tendrían un impacto negativo en la fundamentación de las resoluciones judiciales. En ese contexto, el objetivo de esta investigación será sustentar desde una interpretación constitucional, es decir, sobre la base del derecho a ofrecer prueba y el derecho a la defensa, que nuestro Código Procesal Penal, si permite la instalación de la mesa de trabajo pericial conjunto facultándole al perito de parte la posibilidad de que pueda trabajar o colaborar conjuntamente con el perito oficial y que esto es la correcta aplicación específica del inciso 2 del artículo 177 del Código Procesal Penal, en función de la naturaleza de la participación del perito de parte en el proceso penal; y, por último, se sustentará desde la epistemología de la prueba la importancia y alcance de la mesa de trabajo pericial conjunto. II. LA INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL PROCESO PENAL En las aulas universitarias y en las audiencias judiciales siempre se ha escuchado el principio “iura novit curia” que significa que “el juez conoce de derecho”; sin embargo, los jueces no son omniscientes, es decir, que el juez no posee un conocimiento absoluto de todos los eventos o circunstancias reales y posibles. De ahí que, los jueces, por lo general, adolecen de conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica que aluden a contextos o acontecimientos que se desconocen en el proceso. Debido a esto, se hace necesario la intervención del perito; y es por esta razón, que a la pericia se le conceptualiza como el medio probatorio de carácter personal, realizado –por encargo del juez o de las partes procesales– por una persona con conocimientos especializados en alguna ciencia, arte Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 119-129 122 o técnica; sobre hechos u objetos que están vinculados con la comisión de un delito y que han sido materia de análisis para descubrir o valorar un elemento de prueba. Cabe reconocer también, que la pericia constituye un acto de investigación cuando se practica en la etapa de investigación preparatoria y un acto de prueba cuando se practica en la etapa de juicio oral. Es decir, como acto de investigación, implica entregar al perito un objeto determinado que contenga información para que pueda examinar, analizar y; de tal forma, pueda brindar información técnica o científica a través de su informe pericial sobre el objeto de un hecho delictivo que es materia de investigación. No obstante, para que el juez se forme una convicción basada en la información, el perito que ya ha examinado, analizado o estudiado el objeto y emitido juicios sobre el mismo facilita la información a los jueces verbalmente a través de su declaración. Esto se conoce como acto de prueba. Así lo menciona Guardia (2016, p. 567) “Es, pues, regla general que los informes periciales se presenten en la etapa de investigación y sean objeto de prueba en el juicio oral”. Por lo tanto, como lo explicaba Neyra (2010) el juez para valorar e interpretar adecuadamente las pruebas periciales, así como para garantizar que las decisiones que se tomen a partir de esa interpretación, debe contar con la ayuda de expertos que le ilustren sobre esos extremos que él desconoce. Esto se debe a que el juez es el principal destinatario de las pruebas y, como tal, tiene la responsabilidad de evaluarlas y fundamentarlo en base a un criterio objetivo, coherente e imparcial. Ahí radica la importancia y la necesidad de la prueba pericial. 1. ¿Quién es tal perito, poseedor de conocimiento calificado? El perito es aquel profesional imparcial, a quien se le consulta sobre un determinado tema, para que brinde un dictamen práctico o técnico sobre algún hecho, cuyo esclarecimiento, requiere de conocimientos especializados en el manejo de una determinada actividad con la finalidad de obtener la verdad sobre lo que se investiga; y de esa forma, acreditar o valorar algún elemento probatorio. Este tercero imparcial que es nombrado, por las partes procesales, con sus conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica ilustra al fiscal y al juez. Conforme a los artículos 173 y 177 del Código Procesal Penal, pueden distinguirse dos grupos o clases de especialistas: los peritos oficiales o institucionales y los peritos de parte. Para un mejor entendimiento, el maestro Froilan (2002) afirmaba que los que son designados por el fiscal o el juez se conocen como peritos oficiales. En cambio, los peritos de parte son los que fueron designados por las partes procesales, en este sentido podemos ubicar al procesado, al agraviado, a la parte civil o al tercero civil responsable. Estos especialistas pueden ser ciudadanos particulares o los que laboran en entidades estatales que poseen los conocimientos y la experiencia necesaria para emitir un dictamen o informe pericial. III. EL DEBIDO PROCEDIMIENTO PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL Y LA PARTICIPACION DEL PERITO DE PARTE 1. Base legal El debido procedimiento probatorio de la prueba pericial está regulado en el Titulo II, Capitulo III, del artículo 172 al 181 del Código Procesal Penal. Esta base legal regula tanto la designación, juramentación y forma de actuación de los peritos oficiales, así como el reconocimiento de participación, facultades, derechos y obligaciones de los peritos de parte. Específicamente, el artículo 177 del Código adjetivo, establece cuales son las funciones del perito de parte en el procedimiento probatorio 2. La participación del perito de parte trasciende al solo observar Ya se han dado casos en nuestro país en donde algunos fiscales y jueces han alegado que, la participación del experto de la parte estaría permitido siempre y cuando se limite a observar la actuación del experto oficial y con ello se estaría respetando lo establecido en la disposición legal y, por lo tanto, no se estaría vulnerando el debido procedimiento probatorio de la prueba pericial. Es evidente que se trata solo de una formalidad aparente para cumplir con lo establecido en el inciso 2 del artículo 177 del Código adjetivo, que según algunos fiscales y jueces, prohíbe la participación del experto de la parte de forma directa, esto es, prohibiendo presenciar el trabajo o intervención del perito oficial. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 119-129 123 Ante esta errónea interpretación, existen resoluciones judiciales en contextos similares, por ejemplo, en el caso Odebrecht, la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios ha afirmado que: El perito de parte no se limita únicamente a observar las actividades o el trabajo que realiza el perito oficial, por el contrario, tiene la facultad de colaborar o trabajar presencialmente junto al perito oficial para la elaboración del informe pericial (Exp 00029-2017-82, Fundamento 5) El desarrollo jurisprudencial que viene desarrollándose en el país sobre el artículo 177.2 y las potestades del perito de parte, han sido aplicadas obligatoriamente en la gran mayoría de casos, pese a la oposición fiscal. A modo de ejemplo Moreno (2023), destaca algunos casos emblemáticos como: • Caso del Partido Nacionalista Peruano: A cargo del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (Carpeta Fiscal 069-2015); • Caso Pastor Valdivieso: A cargo del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (Carpeta Fiscal 216-2015); • Caso del Grupo Wong: A cargo del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (Carpeta Fiscal 249-2015); • Caso Pedro Pablo Kuczynski Godard: A cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria que declaró fundada la tutela de derechos a favor del investigado con decisión confirmada por la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionaras (Expediente 00019-2018~9-5201-JR-PE-03); y • Caso Arbitrajes Odebrecht: A cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Funcionarios, el cual declaró fundada la tutela de derechos a favor del investigado Orlando Alejandro Álvarez Pedroza (Expediente 29-2017). (p. 135-136) De los casos mencionados anteriormente, Moreno (2023) indicaba que el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard, es el que ha presentado una mejor interpretación normativa de la figura de la mesa de trabajo pericial conjunto, toda vez que, la defensa técnica solicitó que su perito de parte colabore o trabaje mano a mano con el perito institucional. No obstante, el Ministerio Público rechazó esta posibilidad en el momento en que se presentó la solicitud, por lo que tuvo que interponer una tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria, quien termino señalando que la disposición legal permite la instalación de la mesa de trabajo pericial conjunto, dicha resolución posteriormente fue confirmado por la Corte Superior. Así, pues, la Corte Suprema de Justicia del Perú ha señalado que: En consecuencia, el cumplimiento de la facultad reconocida en el artículo 177, inciso 2, del CPP no puede exigir una justificación por parte de la defensa del imputado ni puede ser limitada por el Ministerio Público, el mismo que como responsable de la carga de la prueba debe brindar las facilidades y coordinar con el perito de parte para que pueda presenciar las actuaciones del perito oficial (Exp. N° 00019-2018-9-5201-JR-PE-03, Fundamento 5.32), Esta participación regulada del perito de parte ha sido interpretada debidamente por los diferentes órganos jurisdiccionales del país, señalando que no basta la sola posibilidad de designación de parte, o la presentación de observaciones, o un informe que contradiga la posición del perito oficial, sino que, actualmente, es necesario instalar la mesa de trabajo pericial conjunto, donde el experto oficial y el experto de la parte deben colaborar conjuntamente como un equipo para analizar, examinar los datos técnicos para así lograr obtener una pericia única. Es decir, para aplicar el artículo 177 del Código adjetivo, no es suficiente que el experto de la parte solo vea las actividades o el trabajo del experto institucional, sino que es fundamental que ambos expertos trabajen mano a mano, y de esa forma, el perito de parte pueda colaborar activamente y como ha señalado la Corte Superior de Justicia del Perú, mediante resolución N° 05 de fecha 14 de enero, con la conformación del grupo de peritos se logre una mejor calidad de pericia. IV. EL PERITO DE PARTE Y SU RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL En la jurisprudencia y en la doctrina se ha interpretado en un caso la aplicación específica del artículo 177 del Código Procesal Penal, y en otro caso, ha desarrollado la naturaleza de la participación del perito de parte en el proceso penal. En cuanto a su aplicación, sostenemos, en base a lo mencionado, Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 119-129 124 que lo correcto es la instalación de la mesa de trabajo pericial conjunto entre el experto de la parte y el experto oficial. No obstante, la instalación de la mesa de trabajo pericial no determina la naturaleza de la participación del perito de parte, sino la correcta interpretación del inciso 2 del artículo 177 del Código Procesal Penal, es decir, que esta disposición legal debe ser interpretado sobre dos derechos constitucionales: 1. El derecho a ofrecer prueba y, 2. El derecho a la defensa. 1. El derecho a ofrecer prueba y el derecho a la defensa A nivel doctrinal se ha realizado una interpretación del artículo 177 conforme al ejercicio de las garantías constitucionales que exige la jurisprudencia; así tenemos a San Martín (2020), quien describe lo siguiente: (…) el perito de parte actúa como un “verdadero defensor” de quien lo nombra al momento de presenciar la actividad del perito oficial, las partes tienen derecho, producido el nombramiento del perito oficial, a designar, por su cuenta, un perito de parte (art. 177.1. NCPP), que técnicamente no es un órgano de prueba sino un representante técnico del interés de la parte que lo designó, un auxiliar suyo, que por el lado técnico actúa como verdadero defensor; y, como tal no tiene el deber de aceptar el cargo, prestar juramento y de dictaminar. Este está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar las constancias correspondientes. Si discrepa con las conclusiones de la pericia oficial, puede presentar un informe pericial de parte debidamente fundamentado. (p. 801) Asimismo, el maestro Cafferata Nores (1998), se ha pronunciado sobre la participación del perito de parte, señalando que: La jurisprudencia ha señalado que el controlador, en principio, es un auxiliar de la parte –defensor sin representación– que interviene en determinados actos procesales por la especificidad técnica de los mismo (…) siendo auxiliar de la parte que lo propuso (…) pues actúa como verdadero defensor. (p. 68) De igual forma, la propia judicatura peruana siguiendo los parámetros señalados por la doctrina, ha desarrollado un estudio exhaustivo sobre la correcta interpretación del artículo 177, señalando que la naturaleza de la participación del perito de parte, se reconoce, a partir del derecho de la defensa técnica a ofrecer pruebas, a manera de ejemplo, tenemos: • La Corte Superior de Justicia del Perú, mediante la resolución N° 05 de fecha 08 de febrero, señala lo siguiente: El Tribunal Constitucional ha calificado el derecho a probar como uno de los componentes elementales del derecho a la tutela procesal efectiva, la cual garantiza el respeto de los derechos y garantías del justiciable dentro del proceso (Exp. N° 00019-2018-9-5201-JR-PE-03, Fundamento 5.10) Asimismo, el derecho a probar consiste en que el imputado y su defensa técnica puedan tener acceso a las fuentes de prueba y estén facultados para intervenir en las actuaciones de investigación y de prueba, en plena igualdad con la parte acusadora (Exp. N° 00019-2018-9-5201-JR-PE-03, Fundamento 5.11) • La misma Corte Superior de Justicia del Perú, en virtud del reconocimiento del derecho de la defensa técnica a ofrecer pruebas, resalta su importancia, indicando lo siguiente: “El perito de parte no es un perito propiamente dicho, sino un representante técnico de la parte que lo designó, y solo podrá presentar informe pericial, si y solo si, discrepa de las conclusiones del informe pericial” (Exp. N° 00019-2018-9-5201-JR-PE-03, Fundamento 5.14) • En base a lo expresado por la Corte Superior de Justicia del Perú que menciona, el experto de la parte, no es un experto propiamente dicho, sino es un representante de la defensa y, por lo tanto, la naturaleza de la participación del perito de parte se encuentra amparada constitucionalmente por el derecho a ofrecer pruebas, por lo que, la misma la Corte Superior de Justicia del Perú, refuerza el argumento indicando lo siguiente: En ese sentido, se tiene que lo regulado por el artículo 177°, inciso 2, del CPP no comprende solamente la descripción de un supuesto, sino que se encuentra relacionado con la protección de una de las manifestaciones del ejercicio del derecho de defensa, pues el perito de parte cumple una función protectora de los intereses de la parte que lo designó y que en palabras del profesor y juez supremo San Martin es un auxiliar suyo, que por el lado técnico actúa como verdadero defensor (Exp. N° 00019-2018-9-5201-JR-PE-03, Fundamento 5.25). En consecuencia, la participación del perito de parte goza de protección constitucional, por cuanto toda persona tiene derecho a no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. (Exp. N° 00019-2018-9-5201-JR-PE-03, Fundamento 5.26). Conforme a la doctrina y la jurisprudencia ya mencionado, se entiende que la naturaleza de la participación del experto de la parte, se deriva del derecho a probar como uno de los componentes elementales del derecho a la tutela procesal efectiva. Por lo tanto, la defensa, como consecuencia de esta prerrogativa, tiene derecho a nombrar a un especialista para la actividad pericial, denominado Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 119-129 125 perito de parte. Aunado a ello, conforme el inciso 2 del artículo 177 del Código Procesal Penal, el experto de la parte tiene la facultad de presenciar el procedimiento de cómo trabaja el experto oficial, realizar observaciones y tomar notas o documentar las pruebas que puedan requerir sus conocimientos, sin restricción de elaborar su propio informe pericial. Con la finalidad de que esto se realice, la misma Corte Superior, señala que: Asimismo, consideramos que la única forma de que esto sea realizable es estableciéndose anticipadamente las fechas y horarios en los que el perito oficial trabajará, a fin de que el perito de parte pueda participar en las referidas actuaciones, con la finalidad de hacer las observaciones y dejar las constancias que su técnica le aconseje. (Exp. N° 00019-2018-9-5201-JR-PE-03, Fundamento 5.32) De ahí que, la Corte Suprema de Justicia del Perú, mediante la resolución N° 3 de fecha 14 de diciembre, ha sostenido que existe una diferencia en las distintas fases en las que el experto de la parte puede intervenir, señalando que: a) una cuestión es la facultad de realizar observaciones al informe pericial; y b) es una cuestión distinta la facultad de presenciar las actividades del perito institucional (Exp. 00019-2018-9-5201-JR-PE-03)} V. LA IMPORTANCIA Y EL ALCANCE DE HABILITAR LA MESA DE TRABAJO PERICIAL CONJUNTO En el razonamiento judicial, de algunos jueces de garantías, sostienen que la existencia de una mesa de trabajo no sería obligatoria ya que no existe legalmente tal exigencia, pero que si es importante el respeto de la participación de la defensa y sus peritos de parte. Es decir, el juez de garantías entiende que la defensa tiene la oportunidad de hacer observaciones y presentarlas por escrito a través de la mesa de partes; por lo tanto, no se afecta el derecho a la defensa. Esta es sin duda, una visión absolutamente fatal para el derecho de defensa y prueba; toda vez que, el inciso 2 del artículo 177 del Código Procesal Penal, le brinda tres facultades al experto de la parte: 1. Presenciar, 2. Observar, y; 3. Dejar constancia sobre las actividades periciales realizas por el perito institucional. En cuanto a las facultades de –realizar observaciones y dejar constancia– no habría ningún problema en su interpretación porque se entiende que una vez notificado el informe pericial realizado por el perito oficial; la defensa técnica, dentro del plazo de cinco días, a través de su perito de parte podrá realizar observaciones y tomar notas o documentar las pruebas que puedan requerir sus conocimientos; sin restricción de elaborar su propio informe pericial. ¿Dónde radica el problema? Cuando el inciso 2 del artículo 177 del Código Procesal Penal establece que el experto de la parte está facultado a presenciar el procedimiento de cómo trabaja el experto oficial, es decir, las actividades periciales. Lo que conlleva a plantearnos la siguiente interrogante, ¿qué significa presenciar las operaciones periciales? Según la Real Academia Española, presenciar, significa: “tr. Hallarse presente o asistir a un hecho, acontecimiento, etc.”, por ende, presenciar las operaciones periciales implica la facultad de controlar la elaboración de la pericia mediante su presencia en las actividades periciales, es decir, que el perito de parte debe estar en la misma mesa de trabajo para controlar la actividad pericial; y otra distinta es la elaboración de una pericia de parte, esto es, que las observaciones se pueden realizar por escrito. De ahí que, el derecho a presenciar las actividades periciales, tiene reconocimiento constitucional porque su base va más allá de la reproducción de la prueba pericial, es decir, su base es la propia naturaleza del derecho a defenderse porque no es una pericia propiamente dicha, sino se trata de un representante de la defensa técnica. Por lo tanto, la jurisprudencia muy bien ha indicado que el derecho a probar por parte del imputado implica que no solamente pueda ofrecer pruebas, además tiene derecho en contribuir en la producción de la prueba; por ejemplo, fiscalía cita a un testigo para que brinde su declaración y le señalan fecha, hora y el lugar. La declaración que se ha programado lo notifica al abogado defensor para que pueda estar presente y pueda realizar las preguntas en virtud a su derecho a participar en la producción de la prueba. Lo mismo sucede en la actividad pericial, considerando que el inciso 2 del artículo 177 Código Procesal Penal, permite al experto de la parte presenciar las actividades del perito institucional; por ejemplo, los pobladores de la comunidad awajún denuncian a una fábrica industrial por contaminación al rio que les abastece de agua. En la escena de los hechos, se tiene al perito Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 119-129 126 oficial y al perito de parte. El primero sostiene que existen partículas metálicas y residuos tóxicos donde existe la posibilidad de que hubiera sido derramado por la fábrica. Mientras que el segundo sostiene que existen otras posibles causas de contaminación como una mina abandona que podría estar derramando partículas metálicas y residuos tóxicos al río, y que no se debe atribuir toda la responsabilidad a la fábrica sin antes excluir estas otras causas. Por lo tanto, la defensa técnica a través de su perito de parte, de alguna forma, está controlando la producción de la prueba pericial. En este mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha afirmado que: Limitar el ejercicio de esta facultad no solo implica faltar al procedimiento legal establecido para la producción de la prueba pericial, sino que conlleva una afectación al derecho de defensa y el derecho a probar. Entendiendo que el perito de parte actúa como representante –técnico– del acusado en la producción pericial, la facultad que tiene de presenciar las operaciones del perito oficial se desprende del derecho de defensa, en tanto este derecho se proyecta como un principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión en cualquier estado del proceso y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento. (Exp. 5085-2006-PA/TC, Fundamento 5). La única forma en la que los operadores jurídicos puedan respetar el derecho a la defensa y a probar que tienen las partes procesales, regulado en el artículo 177.2 donde se establece las facultades al experto de la parte: 1. Presenciar, 2. Observar, y; 3. Dejar constancia sobre las actividades periciales realizas por el perito institucional, seria estableciendo anticipadamente el lugar, fecha y hora en las que el perito institucional va a trabajar; a efectos de que, el experto de la parte pueda participar en las actividades o procedimientos periciales. Esto significa que el perito de parte no va esperar el informe del perito oficial, sino que se va a sentar en la misma mesa de trabajo del perito oficial y de esa forma controlar la actividad pericial. Sin embargo, si es que al final el perito oficial concluye diferente al perito de parte solo en ese caso debe emitirse una pericia de parte conforme el artículo 179 del código adjetivo. Lo ideal en el proceso es que solo exista una sola pericia –la oficial–. Esto es una forma de controlar la producción de la prueba pericial. VI. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA PARA MEJORAR LA FIABILIDAD DE LA PERICIA OFICIAL Las interpretaciones del mencionado artículo han sido discutidas por la Sala Penal Permanente con el Juez Supremo César San Martín Castro como ponente. En este, indicó que el artículo 177.2 del citado cuerpo legal debe interpretarse en el sentido de que permite al perito de parte realizar observaciones basadas en su experiencia mientras desempeña sus funciones, siempre que no obstruya o interfiera en el procedimiento. Esto se debe al hecho de que sólo el perito oficial tiene autoridad para decidir y realizar análisis o evaluaciones. En consecuencia, el perito institucional y el perito de parte no pueden formar una única mesa de trabajo (Recurso Apelación Nº 74-2021/ SUPREMA, fundamento tercero). Esto implica que los jueces en el ámbito penal suelen ver a los peritos como infalibles, suponiendo que sus informes se crean con un rigor científico fiable. Sin embargo, esto no es del todo exacto, ya que con frecuencia los peritos no incluyen en sus informes una explicación detallada de su metodología, ni tampoco documentación de apoyo, imágenes u otros recursos. Algunos peritos sólo se toman la molestia de describir los métodos y procedimientos que emplean en sus evaluaciones durante los juicios orales. Esta circunstancia restringe a las partes procesales de cuestionar esos informes periciales de dudosa calidad epistémica que afectarían negativamente a la motivación de las resoluciones judiciales. Por ende, no se debería atribuir valor a estos informes únicamente basándose en los méritos del perito dentro de la institución, asumiendo que son automáticamente válidos y fiables. Es crucial adoptar una perspectiva crítica hacia ellos, ya que los peritos, al ser seres humanos, pueden cometer errores en su trabajo. Por lo tanto, corresponde al juez penal realizar una evaluación objetiva del contenido del informe pericial y asignarle la debida relevancia probatoria. De manera similar, Carmen Vásquez (2014), comparte esta visión, indicando que los informes periciales, aunque su formato se base en principios científicos, no son inmunes a dudas sobre su fiabilidad. Por lo tanto, el efecto de sus conclusiones debe atenuarse mediante un sistema o Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 119-129 127 enfoque de supervisión que elimine las fallas, parcialidades y preferencias que pueden afectar a los jueces en situaciones donde las partes presentan pruebas de naturaleza científica. En su lugar, se debería permitir el uso de datos seguros y pertinentes que ayuden a establecer de manera lógica los hechos necesarios para alcanzar una resolución judicial acertada. Un claro ejemplo de ello es que, el Ministerio Público enfrenta una notable carencia de peritos especializados en la valoración de los aspectos contables, económicos y financieros de los delitos complejos. Dado que carecen de un perito en esta área que posea la formación profesional necesaria, es habitual recurrir a peritos contables para investigar delitos financieros. Sin embargo, esta práctica resulta manifiestamente incorrecta y contraviene el inciso 2 del artículo 177 del Código Procesal Penal, que establece que «la pericia (…) Requiere conocimientos especializados de carácter científico o técnico (…). Esta situación da lugar a la utilización de métodos inadecuados en la evaluación de estos casos. Así, estas deficiencias en el conocimiento se reflejan en la ausencia de una metodología adecuada. De modo que, la capacidad del abogado defensor y, en su caso, de los peritos de parte para formular observaciones se ve restringida cuando no se clarifican el método científico y las leyes que lo respaldan. Esto ocurre porque se les permite especular sobre si la secuencia presentada como procedimiento se ajusta a algunos métodos existentes o, por el contrario, es incompatible con alguno de los métodos profesionalmente reconocidos. En consecuencia, no podemos garantizar que las conclusiones sean razonables y objetivas si no conocemos la metodología empleada en el estudio y análisis de los informes periciales. Por lo tanto, la interrogante que nos planteamos es, ¿cómo podemos mejorar la calidad o fiabilidad de un informe pericial emitido por el perito oficial? En palabras de Marina Gascón (2024) quien a su vez cita a Haack (2015), sostiene que centrarse en “lo que sucede previamente” representa la estrategia más efectiva para garantizar la calidad o fiabilidad de la información forense utilizada en el procedimiento. Esto implica evitar problemas como una investigación inadecuada, la utilización de métodos inapropiados, la participación de expertos sin experiencia y la realización de sesiones innecesarias. De ahí que, el énfasis en satisfacer las necesidades epistémicas de un caso como los controles que se pueden ejercer sobre los peritos oficiales me llevan a concluir que la interpretación del inciso 2 del artículo 177 del Código Procesal Penal, permite a las partes procesales designar expertos durante la investigación preparatoria para que presencien las actividades el perito oficial y puedan controlar su trabajo. De esta manera, se reconoce la coexistencia del perito oficial y del perito de parte. En base a este lineamiento, considero que para mejorar la calidad de un informe pericial es atreves de la instalación de una mesa de trabajo pericial conjunto, toda vez que no es suficiente que el experto de la parte solo vea las actividades o el trabajo del experto institucional, sino que es fundamental que ambos expertos trabajen mano a mano, dialoguen sobre la utilización de métodos, entre otros; y de esa forma, el perito de parte pueda colaborar activamente y con esta conformación del grupo de peritos se logre una mejor calidad de pericia. VII. CONCLUSIONES Cuando el fiscal y el juez no respetan la ley terminan convirtiéndose en verdugo de la legalidad y eso es lo que no se debe permitir. Las normas jurídicas se interpretan para ser aplicadas y al Código Procesal Penal se debe de interpretar a partir de la fuerza normativa, a partir de la concordancia práctica y no solo a su literalidad. Siendo así, el artículo 177 inciso 2, al no ser solo leído, sino también interpretado, requiere de un análisis teleológico que permita responder a las interrogantes: ¿qué rol cumple el perito de parte en la actividad probatoria?, ¿puede existir actividad probatoria sin contradicción?, ¿la contradicción puede ser meramente formal o debe ser efectiva? Entender al perito de parte como un representante de la defensa técnica, implica reconocer el derecho de defensa y el derecho al control de la actividad probatoria como componentes elementales del derecho a la tutela procesal efectiva; por lo tanto, la interpretación que Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 119-129 128 se realiza del inciso 2 del artículo 177 del Código Procesal Penal, de parte de los órganos jurisdiccionales citados, así como la doctrina citada, es la correcta, siempre sobre la base de una efectiva contradicción. Por ende, si no se permite la realización de una mesa de trabajo pericial conjunto para que el perito de parte pueda controlar la producción de la prueba pericial, se estaría vulnerando el derecho a la defensa del imputado porque el experto de la parte no se considera un perito propiamente dicho, sino que se trata de un representante de la defensa técnica con conocimientos técnicos especializados. En cuanto a la efectividad de participación de las partes se debe analizar no sobre el hecho de que la defensa haya podido presentar escritos de observación en algunos casos, sino sobre si estas observaciones son consideradas, analizadas, respondidas o por lo menos proveídas, ya que, si no fuera así, el ejercicio de la contradicción se limita a una cuestión estrictamente formal y no efectiva. Por lo tanto, la participación regulada del perito de parte ha sido interpretada debidamente por la doctrina y los órganos jurisdiccionales del país, señalando que no basta la sola posibilidad de designación de parte, o la presentación de observaciones, o un informe que contradiga la posición del perito oficial, sino que, actualmente, se debe de realizar o efectuar la instalación de una mesa de trabajo pericial en la cual el experto oficial y el experto de la parte trabajen conjuntamente en el análisis de la información para así lograr obtener una pericia única. En otras palabras, los peritos de parte están facultados a controlar las técnicas utilizadas por los peritos institucionales para la elaboración de sus informes periciales, es decir, controlar si se basan en reglas, métodos, prácticas y enfoques reconocidos por las comunidades científicas, de acuerdo al tipo de peritaje que se desea realizar en el proceso, con la finalidad de mejorar su fiabilidad científica de la pericia oficial. VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN 1. Bibliografía Asencio Mellado, J. (2017). Derecho procesal penal. Estudios fundamentales. Primera Edición. Inpeccp Cabanellas de Torres, G. (1994). Diccionario enciclopédico de derecho usual. Vigésimo tercera edición. Heliasta Cafferata Nores, J. (1998). La prueba en el proceso penal. Tercera Edición. Depalma. Froilan, E. (2002). De las pruebas penales. Tomo II, traducción de Jorge Guerrero. Temis. Gascón Abellán, M. (2024). El “control de fiabilidad” de la prueba pericial en la lucha contra el error: una tarea (y una dificultad) compartida entre el tribunal y los abogados. En P. Rovatti, C. De la Rosa Xochitiotzi & I. Montoya Ramos (Coords.), La defensa penal: cuestiones fundamentales. Instituto Latinoamericano de Estudios Jurídicos. Tirant lo Blanch. Moreno Nieves, J. (2023). Audiencia de tutela de derechos. Primera edición. Lp. Neyra Flores, J. (2010). Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral. Idemsa. Ore Guardia, A. (2016). Derecho Procesal Penal Peruano. Análisis Y Comentarios Al Código Procesal Penal. Tomo II. Primera edición. Gaceta Jurídica. San Martín Castro, C. (2020). Derecho Procesal Penal – Lecciones. Segunda Edición. INPECCP/ CENALES. Torres Vásquez, A. (2019). Introducción al derecho. Teoría general del derecho. Sexta Edición. Instituto Pacifico. Vázquez Rojas, C. (2014). Sobre la cientificidad de la prueba científica en el proceso judicial. Anuario de psicología jurídica. 24 (1), pp. 65-73. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 119-129 129 2. Jurisprudencia Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado Y de Corrupción de Funcionarios. Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente (2020). Exp 00029-2017-82. Resolución N° 04 de fecha 16 de octubre. Corte Suprema de Justicia del Perú. Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (2019). Exp. N° 00019-2018-9-5201-JR-PE-03, Resolución N° 05 de fecha 08 de febrero. Corte Suprema de Justicia del Perú. Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria (2018). Exp. 00019-2018-9-5201-JR-PE-03. Resolución N° 3 de fecha 14 de diciembre. Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (2021). Resolución N° 05 de fecha 14 de enero. Sala Penal Permanente de Apurímac (2023). Apelación N.° 239-2022. Sala Penal Permanente Suprema (2022). Apelación N. º 74-2021. Tribunal Constitucional (2005). Exp. N° 5854-2005-PA/TC. Tribunal Constitucional (2007). Exp. Nº 5085-2006-PA/TC.