LibreOffice/7.3.7.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/e114eadc50a9ff8d8c8a0567d6da8f454beeb84f 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 true true false true false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false true false 1 1 true Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 130-136 130 ALGUNOS APUNTES SOCIO-HISTÓRICOS SOBRE EL ORIGEN DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y EL DEVENIR DEL CONVENCIONALISMO SOME SOCIO-HISTORICAL NOTES ON THE ORIGIN OF THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND THE DEVELOPMENT OF CONVENTIONALISM Frank Rojas Alarcón * Universidad Nacional Mayor de San Marcos Recibido: 17 de julio del 2024 Aprobado: 30 de abril del 2025 RESUMEN Este trabajo analiza históricamente dos elementos medulares del Derecho Interamericano de los Derechos Humanos: el conflictivo escenario geopolítico de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA, 1959), que desembocó en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (OEA, 1969), y, el devenir del convencionalismo surgido a partir de la doctrina de don Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida como control de convencionalidad. La investigación advierte que esta doctrina ha venido socavando la protección de los derechos de la mujer y afecta el sentido original de los tratados de derechos humanos suscritos por los países americanos. Palabras clave: derecho interamericano, derechos humanos, convencionalidad, Corte Interamericana de Derechos Humanos, historia. ABSTRACT This review historically analyzes two central elements of Inter-American Human Rights Law: the conflictive geopolitical setting of the Fifth Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs of the Organization of American States (OAS, 1959), which gave rise to the Inter-American Specialized Conference on Human Rights (OAS, 1969), and the evolution of conventionalism derived from the doctrine of Mr. Sergio García Ramírez, former president of the Inter-American Court of Human Rights, known as conventionality control. The research warns that this doctrine has been undermining the protection of women’s rights and affects the original meaning of the human rights treaties signed by the American countries. Keywords: inter-american law, human rights, conventionality, Inter-American Court of Human Rights, history. SUMARIO I. Introducción. II. La guerra, el fútbol y una conferencia americana de derechos humanos. III. La doctrina de don Sergio García Ramírez y el convencionalismo. IV. Conclusión. V. Bibliografía I. INTRODUCCIÓN Acabando el siglo XX, Manuel García Pelayo (1991), expresidente del Tribunal Constitucional español, sostuvo que la jurisdicción constitucional era el resultado del tránsito de un Estado legal de derecho hacia un Estado constitucional de derecho. Este proceso implicaba que la Constitución, y no la ley, pasaba a ser el núcleo del sistema normativo nacional y generador de cohesión social. De allí la importancia de los tribunales constitucionales, que no sólo actuarían como intérpretes y guardianes de la Constitución, sino también como legisladores negativos al declarar la inconstitucionalidad de normas legales y proceder a su expulsión del ordenamiento jurídico (Hakansson Nieto, 2012: 272). Para citar este artículo: Rojas Alarcón F. (2026). Algunos apuntes socio-históricos sobre el origen de la convención americana de derechos humanos y el devenir del convencionalismo. Vox Juris, 44(1), [pp. 130–136]. DOI: https://doi.org/ [DOI-asignado] * Frank Rojas Alarcón. Universidad de San Martín de Porres, Perú. ORCID: 0000-0002-1223-7262. Correo: frank.rojas@unmsm.edu.pe Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 130-136 131 A los ojos de García Pelayo (1991) se consolidaba un fenómeno inédito: el florecimiento de diversos tribunales que “constitucionalizaban” la ley. Según José Reynaldo López Viera (2021: 451), este derecho constitucionalizado no solo reflejaba la existencia de una Constitución, sino también su impronta sobre normas legales, jurisprudencia, análisis doctrinal y hasta en el comportamiento de los actores políticos. Así, el control de constitucionalidad corregía progresivamente la actuación de los legisladores, ajustándola al canon de la Constitución, concebida como expresión del contrato social y marco de reglas para la convivencia democrática. No obstante, ni García Pelayo (1991) ni sus contemporáneos pudieron prever que, al iniciar el presente siglo, emergería de forma impetuosa una doctrina jurisprudencial que exigiría convencionalizar tanto los ordenamientos jurídicos como las constituciones de casi todos los países americanos. Por ello, resulta necesario presentar el contexto histórico que dio origen al instrumento internacional que sirve de sustento a dicha doctrina, así como explicar cómo este proceso facilitó la aparición del denominado ius commune latinoamericano por el que brega el activismo de los derechos humanos. II. LA GUERRA, EL FÚTBOL Y UNA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Entre el 12 y el 18 de agosto de 1959, los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunieron en Santiago de Chile para tratar una agenda urgente. Así, de la lectura del Acta Final de la Quinta reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores (OEA, 1959:3), se pudo conocer que estas inquietudes eran: I. Mantener la paz en América, considerando la situación de tensión internacional en la región caribeña, en atención a los principios y normas del sistema interamericano, y los recursos disponibles para observar los principios de no intervención y de no agresión. II. Lograr el ejercicio efectivo de la democracia representativa y el respeto de los derechos humanos, considerando dos tareas: a) Su estudio doctrinario, que involucre el mantenimiento estricto del principio de no intervención, la relación jurídica entre el respeto efectivo de los derechos humanos y el ejercicio de la democracia representativa, así como la facultad de emplear los mecanismos del derecho internacional americano. b) Un procedimiento que asegure el cumplimiento del ejercicio efectivo de la democracia representativa y el respeto de los derechos humanos, así como medidas para los casos de incumplimiento. Un dato no menor de la Declaración de Santiago (1959), era que en ella la OEA condena los totalitarismos que socavan los derechos y las libertades, y presta especial atención al peligro que representaba el comunismo internacional para el continente americano (OEA, 1959:4). Adicionalmente, en los considerandos de esta Declaración, los firmantes no desaprovecharon la oportunidad para enumerar los principios del derecho internacional americano vigente, dejando expresa constancia que la lista no era taxativa, ni establecía una jerarquía entre ellos. Así, los ocho principios del derecho internacional americano invocados era los que siguen (OEA, 1959:5): 1. Principio de imperio de la ley e independencia de poderes. 2. Principio de establecimiento de gobiernos por elecciones libres. 3. Principio de ejercicio efectivo de la democracia. 4. Principio de mantenimiento de la libertad individual y de justicia social. 5. Principio de protección de los derechos humanos por medios judiciales eficaces. 6. Principio de prohibición del uso de proscripción política. 7. Principio de respeto de la libertad de información y expresión. 8. Principio de cooperación económica orientada a la consecución de mejores condiciones de vida. Por entonces, era palpable que la región americana vivía en un clima de tensión por el peligro que, en cualquier momento, diera inicio un conflicto internacional entre dos o más países, o, tal vez, una guerra civil influenciada por el éxito de la revolución cubana. Por ello, se encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la tarea de estudiar la relación jurídica entre el respeto de los derechos humanos y el ejercicio efectivo de la democracia representativa (OEA, 1959:7), así como, elaborar un proyecto de Convención Sobre Derechos Humanos (OEA, 1959:11). Esta quinta reunión dejó constancia del voto de la mayoría de los participantes en favor de la creación de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), la cual estaría Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 130-136 132 integrada por siete miembros, y cuya implementación y delimitación de tareas quedaba a cargo del Consejo de la OEA (OEA, 1960:11). En la sección de reservas, también quedó testimoniada la negativa de los Estados Unidos de América para suscribir acuerdos multilaterales en materia de derechos humanos o someterse a la jurisdicción de una futura Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), fundamentado en su forma de gobierno federal (OEA, 1960:19). Algunos años después, entre el 7 y el 22 de noviembre de 1969, se realizaría la esperada Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en la ciudad de San José de Costa Rica. Dicha convocatoria venía precedida por las dos misivas del representante costarricense, en una del 28 de enero de 1969 ofrecía su capital para albergar a los asistentes de la conferencia, mientras que en la del 31 de enero de 1969 sugería que dicha reunión se realice entre el 17 y 27 de setiembre del mismo año (OEA, 1969:2). En correspondencia, el Consejo de la OEA agradeció el gesto de Costa Rica y aceptó la realización del encuentro del 1 al 13 de septiembre de 1969. Por entonces, el presidente costarricense José Joaquín Trejos Fernández (1966-1970) llevaba a cabo denodados esfuerzos para modernizar su país, en el marco del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (MCCA). Este tratado suscrito en Managua (Nicaragua), el 13 de diciembre de 1960, creaba una zona de libre comercio entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Empero, existían fricciones políticas entre El Salvador y Honduras, pues, en el primero la oligarquía era promotora de la migración masiva de campesinos salvadoreños hacia la vecina Honduras, mientras que en este país la reforma agraria buscó expulsarlos (Luckhurst, 2019). Las tensiones entre los dos países centroamericanos escalaron mientras sus selecciones de fútbol esperaban enfrentarse en el estadio Azteca de México con miras al Mundial México 1970. Ambos países tenían un partido ganado y se disputarían, el 27 de junio de 1969, el último cupo para dicho mundial de fútbol. De esta forma, el resultado final no solo trajo consigo la clasificación de El Salvador, luego de conseguir el 3 – 2, sino que daba inicio de un conflicto armado que algunos llaman “la guerra del fútbol”, “la guerra de las 100 horas” o también “la guerra inútil” (Pérez Pineda, 2008; García, 2019). Así, por la tensión en Centroamérica era necesario posponer la conferencia pactada, y eso lo hizo saber la delegación costarricense, en una misiva del 13 de agosto de 1969. En ella, Costa Rica solicitaba reprogramar la cita para cualquier fecha posterior al 30 de septiembre de 1969, fijando el nuevo periodo entre el 7 y el 22 de noviembre de 1969 (OEA, 1969:3). De este modo, la irrupción de un desafortunado evento vino a estropear todo el trabajo previo de los cuerpos diplomáticos e impulsó el deseo del presidente Trejos Fernández (1969) de ofrecer su capital para albergar la sede de la futura Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que vino después fue un aprendizaje a fin de coordinar cuales serían las funciones de una Comisión de Derechos Humanos, que trabajó mucho tiempo sin la aprobación de una convención sobre la materia, y una recién creada Corte que buscaría obtener prestigio. III. LA DOCTRINA DE DON SERGIO GARCÍA RAMÍREZ Y EL CONVENCIONALISMO El posicionamiento de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico nacional es motivo de debate y carece de consenso definitivo. Para Sergio García Ramírez era evidente que la Convención Americana de Derechos Humanos se encumbra por sobre las constituciones nacionales. Así, esta norma convencional manifestaría su superioridad a través del trabajo de la Corte IDH en el cotejo, confrontación y comparación con el derecho nacional (García Ramírez, 2016). Otros juristas, como Domingo García Belaunde (2015), al respecto, explican cómo que desde la aparición del control de convencionalidad se han creado problemas alrededor de su aplicación e interpretación de su uso por los operadores de justicia. De hecho, el problema de su aplicabilidad radica en determinar si los jueces nacionales deben actuar como jueces interamericanos al efectuar un control difuso de la convencionalidad o, por el contrario, si este debe quedar reservado a la Corte IDH (Silva Abbott, 2018). No obstante, para la Corte IDH, la cuestión se resuelve imponiendo ex officio la obligación a todos jueces nacionales y funcionarios públicos de aplicar justicia convencional conforme a la interpretación de esta. Dicho criterio ha sido reiterado en sentencias como Cabrera García y otros vs. México (Corte IDH, 2010), Gelman vs. Uruguay (Corte IDH, 2011), Liakat Ali Alibux vs. Suriname (Corte IDH, 2014), Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana. (Corte IDH, 2014), entre otras. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 130-136 133 En consecuencia, lo más importante deja de ser la propia Convención Americana de Derechos Humanos para centrarse en asegurar la vigencia y supremacía de lo que, de manera definitiva e inapelable, la Corte IDH interpreta que dice la Convención (Silva Abbott, 2018). En tanto, Néstor Pedro Sagüés (2009), al señalar que el control de convencionalidad creaba obligaciones no solo en los jueces constitucionales, sino en todo el Poder Judicial, anticipó el crecimiento exponencial del convencionalismo. Dicha expansión se realizaría, en última instancia, por la razón de una interpretación conforme al ordenamiento nacional o por la fuerza de inaplicar incluso normas constitucionales (Silva Abbott, 2018), o instauración de un sistema de constituciones convencionalizadas (Sagüés, 2011). La Corte IDH, entonces, insta a los tribunales constitucionales latinoamericanos a preferir su interpretación sobre la de sus respectivas constituciones, a fin de asegurar el “efecto útil” de los tratados contra las normas internas que resulten inconvencionales (Sagüés, 2009). No obstante, Sergio García Ramírez (2011) consideró que el control de convencionalidad no era un mecanismo novedoso, sino una extensión del control de constitucionalidad orientado a ajustar normas y conductas al estándar de la Convención Americana de Derechos Humanos. Obviamente, García Ramírez dejaba de lado que los mecanismos para elaborar y actualizar una constitución y una convención no son los mismos. La doctrina de García Ramírez (2011) no solo abrió la posibilidad que la Corte IDH pudiera reinterpretar la Convención, sino también performar el sentido de otros instrumentos internacionales. Aún más, García Ramírez (2019) saludó que la jurisprudencia “transformadora” de la Corte IDH se orientara a proteger sujetos vulnerables. Lo cual, años más tarde, a través de la Opinión Consultiva N.º 24 del 2017, llevó a convencionalizar los llamados Principios de Yogyakarta, aun cuando estos no poseen ningún valor jurídico e incluso son lesivos para la vigencia de los derechos humanos de las mujeres (Marsal, 2011; Odio Benito, 2022). Prueba de ello es la desnaturalización de un instrumento internacional emblemático en la defensa de los derechos humanos de la mujer, como es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, suscrita el 9 de junio de 1994, en la Ciudad de Belém do Pará (Brasil). La desnaturalización, entonces, se manifiesta cuando el control de convencionalidad altera el sentido original y consensuado del instrumento internacional (Silva Abbott, 2023). De modo que, la sentencia de la Corte IDH en el caso Vicky Hernández y otros vs. Honduras (Corte IDH, 2021) alteró el concepto de mujer, que es medular para la Convención de Belém do Pará, a pesar de la resistencia de la magistrada Elizabeth Odio Benito (2021). La Corte IDH (2021) en esta sentencia comprende que la Convención de Belém do Pará (1994), por su contexto histórico, solo obligaba a los estados a proteger a las mujeres cisgénero de la violencia, pero se “olvidó” de las mujeres trans. Así, Corte IDH (2021, párr. 128 y 129) realiza una remembranza sobre la violencia contra las mujeres por su género, pero reconduce su interpretación del 1º artículo de Belém do Pará (1994) hacia la afectación de derechos por razón de la identidad o expresión de género. No obstante, el primer artículo de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra mujer, proclamada el 20 de diciembre de 1993, define que la violencia contra la mujer es todo acto basado en su pertenencia al sexo femenino (ONU,1994), lo que es reiterado en la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 2000/45 (ONU, 2000). La jueza Odio Benito (2021), una destacada jurista y feminista, en el fundamento 31 de su voto parcialmente disidente del caso Vicky Hernández, recuerda que el origen de Belém do Pará se encuentra en la lucha histórica de las mujeres contra las relaciones de poder que las han perjudicado por su sexo, esto es, por ser mujeres. También, Odio Benito (2022), en su voto parcialmente disidente de la Opinión Consultiva Nº 29 de 2022, advierte sobre la precarización de los derechos humanos de las mujeres por los errores interpretativos de la Corte IDH. Para Odio Benito (2022) es inaceptable que las mujeres recluidas sean expuestas al peligro de la violencia sexual por parte de sujetos autoidentificados con el género femenino. Por tanto, y recapitulando el origen del control de convencionalidad, esta es invocada por Sergio García Ramírez en el fundamento 27 de su voto concurrente razonado de la sentencia del caso Mack Chang vs. Guatemala (Corte IDH, 2003). Sin embargo, es con la sentencia del caso Almonacid Arellano vs Chile (Corte IDH, 2006), donde la Corte IDH, ya presidida por García Ramírez, acoge su tesis e incluso el magistrado Antonio Augusto Cançado Trindade, en el fundamento 24 de su voto Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 130-136 134 razonado, eleva la realización de este control a obligación convencional o deber de armonización con el derecho interno. En línea con este pensamiento, los teóricos del ius constitucionale commune, o ius commune latinoamericano, creen ver en la Convención Americana de Derechos Humanos, y, en específico, en la jurisprudencia de la Corte IDH, una manifestación del constitucionalismo transformador (Von Bogdandy et al., 2017:19). Al respecto, Pablo Saavedra Alessandri (2017, 502) resalta cómo la Corte IDH viene desarrollando estándares a fin de superar las falencias estructurales en la vigencia de los derechos humanos. Esta aparente falla parece residir en que el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) se han mantenido inalterado, pero por interpretación de la Corte IDH su ámbito de protección se expande gracias a los Principios de Yogyakarta (Corte IDH, 2017), o cambia de sentido, como sucede con la “interpretación evolutiva” de la protección contra la violencia hacia la mujer (Corte IDH, 2021). Por lo anterior, hay una visión mayoritaria encaminada a felicitar el trabajo de la Corte IDH y no realizar ninguna crítica. En ese sentido, incluso Juana María Ibáñez Rivas (2017:387) estima como positivo que el control de convencionalidad sea una suerte de corsé que obligue a los países latinoamericanos a andar a un mismo paso, cuando, por el contrario, en el Sistema Europeo de Derechos Humanos la interpretación de la Corte de Estrasburgo se ajusta a las características del país y da lugar al margen de apreciación nacional. Entonces, para los teóricos del ius commune, el mayor mérito de la Corte americana, respecto de su similar europea, no es tanto su jurisprudencia, sino el hecho que esta cimenta la confianza de una uniformización de las constituciones latinoamericanas. Al respecto, Pablo César Rosales Zamora (2022) ofrece tres advertencias sobre la pretendida uniformización constitucional, y de porqué la propuesta teórica del ius commune peca de ingenua. Primero, sostiene Rosales Zamora (2022), que esta teoría ignora la soberanía nacional para desarrollar sus procesos constituyentes y legislativos, y cómo el razonamiento de los jueces es influido por sus respectivas culturas. Lo cual es evidente, aunque los promotores del derecho interamericano pretenden que este no solo goza de mayor legitimidad, sino de infalibilidad (Silva Abbott, 2023). En línea con lo anterior, cada estado ya no podría proteger aquello que considere más valioso, sino calcar el texto de los instrumentos internacionales (Rosales Zamora, 2022). Finalmente, Rosales Zamora (2022) encuentra que el ius commune confunde el deber ser con el ser, cuando impone exigencias a los operadores de justicia, sin comprender las limitaciones competenciales. IV. CONCLUSIÓN Aun cuando existan posiciones teóricas, respecto de un ideal de constitución común para los países latinoamericanos, un estándar elevado de defensa de los derechos humanos y una confianza en la jurisprudencia de la Corte IDH, es necesario, en principio, reconocer las diferencias socio-políticas entre los países de América Latina, y cómo, a pesar de ellas, se han logrado construir instituciones y forjar lazos de hermandad. Por ello, es peligroso manipular el sentido de los tratados internacionales, para privilegiar la interpretación de los magistrados de la Corte IDH sobre cuáles son derechos humanos y los compromisos asumidos por los países americanos, sin atender a las diferencias socio-culturales de estos, y el propio contexto de aprobación de los instrumentos internacionales. Así, el rol de esta corte no debe orientarse a transformar las sociedades, ni uniformizarlas, sino buscar el respeto del sentido original de la Convención Americana de Derechos Humanos, y gestar consensos para asegurar su vigencia. V. BIBLIOGRAFÍA Cançado Trindade, A.A. (2006, 26 de septiembre). Voto razonado. En: Corte IDH. Caso Almonacid Arellano vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ seriec_154_esp.pdf Corte IDH (2010, 26 de noviembre). Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_220_ esp.pdf Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 130-136 135 Corte IDH (2011, 24 de febrero). Gelman vs. Uruguay. Fondo y reparaciones. https://corteidh. or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf Corte IDH (2014, 30 de enero). Liakat Ali Alibux vs. Suriname. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_276_esp.pdf Corte IDH (2014, 28 de agosto de 2014). Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. https://corteidh. or.cr/docs/casos/articulos/seriec_282_esp.pdf. Corte IDH (2017, 24 de noviembre). Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Opinión Consultiva OC-24/17 solicitada por la República de Costa Rica. https:// www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf Corte IDH (2021, 26 de marzo). Vicky Hernández y otras vs. Honduras. Fondo, reparaciones y costas. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_422_esp.pdf García, O. (2019). La Memoria de la Mal llamada “Guerra del Futbol”. Iberoamericana, 48(1):67-76. https://doi.org/10.16993/iberoamericana.420 García Belaunde, D. (2015). El control de convencionalidad y sus problemas. 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