LibreOffice/7.3.7.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/e114eadc50a9ff8d8c8a0567d6da8f454beeb84f 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 true true false true false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false true false 1 1 true Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 137-146 137 APROXIMACIONES SOBRE EL DERECHO A INTERROGAR Y CONTRAINTERROGAR: EL USO DE PREGUNTAS SUGESTIVAS EN EL JUICIO ORAL APPROXIMATIONS ON THE RIGHT TO EXAMINE AND CROSS-EXAMINE: THE USE OF SUGGESTIVE QUESTIONS IN THE ORAL PROCEEDINGS Karen Dalina García Curiel * Universidad de Guadalajara Benji Espinoza Ramos ** Universidad de San Martín de Porres Sayuri Sánchez Chávez *** Universidad de San Martín de Porres Claudio Renato A. Sotelo Torres **** Universidad de San Martín de Porres Recibido: 2 de octubre del 2024 Aprobado: 6 de febrero del 2025 RESUMEN El presente trabajo pone en evidencia que, con frecuencia, los juzgadores imponen limitaciones al empleo de preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio durante el juicio oral. En ese sentido, tomando en cuenta que los vacíos conceptuales y de fundamentación tienen un incuestionable impacto en la protección de los derechos humanos, los autores precisan en esta investigación documental los aspectos inherentes del concepto y fundamento del derecho a interrogar y contrainterrogar para prevenir que la vaguedad de estos elementos ocasione la desprotección de este derecho. Palabras clave: contrainterrogatorio; corroborar; interrogar; juicio oral; preguntas sugestivas ABSTRACT This paper shows that judges often impose limitations on the use of leading questions in cross-examination during oral trials. In this sense, considering that conceptual and substantiation gaps have an unquestionable impact on the protection of human rights, the authors specify in this documentary research the inherent aspects of the concept and foundation of the right to examine and cross-examine to prevent the vagueness of these elements from causing this right to be unprotected. Keywords: corroborate; cross-examination; interrogate; oral proceedings; suggestive questions SUMARIO I. Introducción. II. El contrainterrogatorio en el juicio oral. III. El uso de las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio. IV. El derecho a interrogar en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. V. ¿Existe un derecho a contrainterrogar? La necesidad de emplear un nomen iuris más adecuado. VI. A modo de conclusión: una mirada al caso peruano. VII. Bibliografía. Para citar este artículo: García Curiel K., Espinoza Ramos B., Sánchez Chávez S. y Sotelo Torres C. (2026). Aproximaciones sobre el derecho a interrogar y contrainterrogar: el uso de preguntas sugestivas en el juicio oral. Vox Juris, 44(1), [pp. 137–146]. DOI: https://doi.org/ [DOI-asignado] * Karen Dalina García Curiel. Universidad de Guadalajara, México. ORCID: 0009-0000-6922-0501. Correo: karen.garcia@academicos.udg.mx ** Benji Espinoza Ramos. Universidad de San Martín de Porres. ORCID: 0009-0004-4243-6643. Correo: benji.espinoza.ramos@gmail.com *** Sayuri Sánchez Chávez. Universidad de San Martín de Porres. ORCID: 0009-0000-4751-4015. Correo: sayurisanchez2106@gmail.com **** Claudio Renato A. Sotelo Torres. Universidad de San Martín de Porres, Perú. ORCID: 0000-0001-9378-6986. Correo: csotelot@usmp.pe Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 137-146 138 I. INTRODUCCIÓN La producción de prueba confiable, eficaz y acreditante en el juicio transita por el empleo e introducción de información de calidad. Para lograr este objetivo no sólo resulta imprescindible utilizar las herramientas de proposición probatoria que incorpora el ordenamiento jurídico a nivel procesal, sino también aquellas técnicas de la litigación oral que permiten contrastar la información existente. Siguiendo a Jauchen (2014): Al sistema le interesa que la prueba que se incorpore al juicio tenga aptitud acreditante, eficaz y confiable de verificación del hecho; en otros términos, que la información que con las pruebas se introducen al juicio oral sea de calidad. Ésta se obtiene mediante el mecanismo adversarial de la plena y amplia posibilidad de controvertir cada medio de prueba por todas las partes intervinientes (pp. 169-170). No obstante, algunos códigos adjetivos conservan enunciados limitativos que prohíben el empleo de preguntas sugestivas en el juicio oral o disposiciones ambiguas que son interpretadas en este sentido. Es decir, con frecuencia, este tipo de limitaciones –que son consustanciales a la formulación del interrogatorio o examen directo– son también impuestas –erróneamente– por el juez penal al contrainterrogatorio. En principio, este tipo de limitaciones en el interrogatorio o examen directo obedecen a que la información debe ser introducida en esta etapa procesal de manera extensa y pormenorizada. De acuerdo con Schwartz (1978) la existencia de una prohibición de esta naturaleza impide que, de manera indirecta, el abogado interrogador testifique en el proceso favoreciendo la posición de la parte que representa: La razón del sentido común para no permitir las preguntas sugestivas en el interrogatorio directo es que, al árbitro de los hechos, sea juez o jurado, debe permitírsele no sólo oír lo que el testigo tiene para relatar sino también cómo el testigo, en sus propias palabras, quiere relatar la historia. La razón legal por la que el abogado interrogador no deba testificar, que es lo que él realmente está haciendo en la típica situación de las preguntas sugestivas, es que carece de competencia [para intervenir como declarante en el examen directo] pues no percibió ni tuvo conocimiento de primera mano [sobre los hechos] (p. 205). Coincidentemente, Vial (2009) manifiesta que la prohibición de formular preguntas sugestivas en el examen directo también previene el sesgo narrativo del testigo interrogado: La prohibición de las preguntas sugestivas durante el examen directo se fundamenta en que el testigo interrogado favorece la teoría del caso de quien lo presenta, por lo tanto, de permitirse el interrogatorio en forma sugestiva el abogado terminaría declarando por el testigo. El peligro del uso de preguntas sugestivas durante el examen directo radica en que el testigo “amigable” a quien lo presenta acepte afirmaciones del abogado que lo interroga a pesar de que los hechos no hayan sucedido de esa forma. Es lógico pensar que un testigo “amigable” fácilmente consentirá en lo que su abogado le pregunta pensando que esa versión de los hechos es más útil a sus intereses, lo que terminará contaminando la evidencia que ingresa al juicio” (p. 18). Inclusive, durante el examen directo, puede ser cuestionado un conjunto de preguntas abiertas que, debido a las circunstancias, pueden favorecer indebidamente a quien las formula. En ese orden de cosas, Vial (2009) indica que “se pueden objetar por sugestiva una serie de preguntas aun cuando cada una de ellas en forma aislada no sean sugestivas, ya que de la serie de preguntas pueden desprenderse las respuestas deseadas por quien las realiza” (pp. 18-19). Desde estas coordenadas el objetivo principal de la presente investigación es elucidar que la proscripción de las preguntas sugestivas en el juicio oral concierne al examen directo, mas no al contrainterrogatorio. Por tanto, las limitaciones carentes de justificación que imponen los juzgadores al empleo de preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio despoja al derecho a interrogar (y contrainterrogar) de su contenido esencial. Entre las causas de este erróneo proceder se encuentra el deficiente desempeño de las personas juzgadoras y el desconocimiento de los elementos esenciales del sistema acusatorio–adversarial. Son múltiples los factores que influyen en esta situación, pero éstos se encuentran supeditados esencialmente por los fuertes déficits de igualdad y derechos humanos en la formación de las personas juzgadoras (Cardinaux y Clérico, 2018) 1 . Esta situación no representa un riesgo menor. Los vacíos conceptuales y de fundamentación tienen un incuestionable impacto en el ejercicio de los derechos humanos condicionando significativamente 1 Este déficit formativo puede generarse a pesar de la existencia de centros académicos especializados. Algunas veces los contenidos académicos no son abordados correctamente mediante una metodología educativa adecuada o resultan ininteligibles por su falta de adecuación pedagógica. De ahí que, toda estrategia educativa exitosa deba tener presente en su formulación y diseño aquellos factores estructurales que inciden en su adecuada implementación. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 137-146 139 su protección. Como señala Asís Roig (2001), el sistema de protección de los derechos humanos “está supeditado a la posición que se mantenga sobre su concepto y fundamento […] por ejemplo, según sea la solución a estos problemas se dará una protección específica a determinados derechos en detrimento de otros” (p. 7). En ese orden de cosas, Ansuátegui Roig (1994) sostiene que “si bien es cierto que buenas fundamentaciones se traducen en un índice de respeto de los derechos y en razones a favor de su defensa, también lo es que, muchas veces, la presencia de violaciones y la ausencia de correctos mecanismos de defensa son debidos a una falta de fundamentación suficiente” (p. 24). Al respecto, Campoy Cervera (2022) advierte que existen cuatro planos en los que se confirma que la protección de derechos se encuentra supeditada por una adecuada conceptualización y fundamentación de los mismos: (i) la determinación del contenido esencial que ha de respetar la actuación del legislador y el control de constitucionalidad de su actuación; (ii) la interpretación de los derechos que realiza la jurisdicción constitucional; (iii) la actuación de los diferentes intérpretes y aplicadores del derecho; y, por último, (iv) la definición de aquellos derechos que se consideran fundamentales para el ordenamiento jurídico (pp. 163-165). Por tanto, en este trabajo resulta conveniente, en primer término, establecer los aspectos sustanciales del concepto y fundamento del derecho a interrogar (y contrainterrogar) para, de esta manera, evitar que la imprecisión acerca del contenido de este derecho ocasione su desprotección. En ese sentido, durante el desarrollo de la presente investigación se efectuará una revisión de la doctrina y normatividad en materia de juicio oral, a propósito de las estipulaciones normativas establecidas en ordenamientos jurídicos como Colombia y Perú. Asimismo, se tomará en cuenta los criterios particulares fijados por los órganos de supervisión en el derecho internacional de los derechos humanos. II. EL CONTRAINTERROGATORIO EN EL JUICIO ORAL Resulta incuestionable que el juicio oral es la etapa más trascendental del proceso penal. Por consiguiente, el juicio oral se convierte en el escenario imprescindible de actuación probatoria, regido por los principios de contradicción, inmediación, oralidad, publicidad y concentración. Si hablamos de la prueba personal, la fase probatoria del juicio oral es el espacio donde los sujetos procesales interrogarán y contrainterrogarán a los testigos y peritos que aquéllos propongan. Las preguntas son el canal utilizado para producir información relevante. No hay mera oralización, sino interrogatorio –y contrainterrogatorio– puro y duro. Ahora bien, existen dos formas de producir información frente a un órgano de prueba: vía un interrogatorio –o examen directo– y mediante un contrainterrogatorio –o examen cruzado–. Luego, por contrainterrogatorio se entiende la interpelación a un testigo o perito, de cargo o descargo, que efectúa la parte contraria, que no es la que realizó originalmente el interrogatorio directo. El vínculo entre interrogatorio directo y contrainterrogatorio es imprescindible. Desde estas coordenadas, debe existir correspondencia entre lo expresado en el interrogatorio directo y las preguntas formuladas en el contrainterrogatorio. Éstas deben sugerir o enfatizar algún aspecto relevante de las respuestas brindadas previamente por la persona contra–interrogada –en el interrogatorio directo– que es imprescindible para la teoría del caso del contra–interrogador. De acuerdo con Lorenzo (2012), en el contrainterrogatorio o contraexamen no se busca introducir información nueva, sino testear la calidad de la información introducida previamente. Al respecto, Lorenzo (2012) formula el siguiente ejemplo: En un contraexamen, la única forma de producir la proposición fáctica “El testigo usa lentes para ver de lejos” es hacer la pregunta sugestiva directamente al testigo: “ ¿ es verdad que usted usa lentes?”. El testigo estará ́ obligado a decir que sí por cuanto ha jurado decir la verdad; y si el testigo dice que no, aparece la importancia de estar preparado y tener ya sea la prescripción médica de los lentes para ver de lejos, ya sea una foto del testigo con sus lentes, ya sea una declaración jurada del óptico que le hizo el último par de lentes; cualquier elemento que sirva para corroborar mi versión específica con relación a este testigo y demostrar que es capaz de mentir incluso bajo juramento (p. 216). Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 137-146 140 Siguiendo esta línea, Quiñones (2003) recuerda que el contrainterrogatorio es crucial para el sistema acusatorio adversativo. Por ejemplo, en el derecho anglosajón, con el objetivo de salvaguardar el principio de contradicción, en el caso en que un testigo no pueda ser contrainterrogado por la parte contraria, por cualquier motivo –como la negativa a responder las preguntas, el fallecimiento o la incapacidad del declarante– se eliminará de las actas de registro de audiencia pública de juicio oral lo declarado por éste en el interrogatorio directo (Quiñones, 2003, p. 225). Asimismo, Quiñones (2003) sostiene que una característica fundamental del contrainterrogatorio es su brevedad. Así, el referido autor recomienda lo siguiente: Recuerde que el testigo está identificado con la parte adversa y será muy poco lo que pueda decir en favor de su causa. Antes de comenzar el contra interrogatorio se deben seleccionar las áreas o temas que se deseen cubrir en el mismo. Una vez seleccionados, debe pensar qué tipo de preguntas formulará para cubrirlos y la estrategia a seguir (Quiñones, 2003, p. 227). Sobre el contenido del contrainterrogatorio la regla es emplear todos los mecanismos necesarios para rebatir la credibilidad del testigo. Sin embargo, la Corte Suprema de Colombia (2018) ha expresado que el contrainterrogatorio no debe convertirse en un medio para cuestionar las preferencias, predisposiciones u otros aspectos de la personalidad del declarante: [La] posibilidad legal para que en el ejercicio de defensa del procesado pueda objetarse la credibilidad de víctima y testigos, no puede ser óbice para convertir a aquella en objeto de juicio sobre aspectos que tocan con la conducción de su vida, sus valores o su virtuosismo, pues no es ese el propósito del juzgamiento, supeditándose el contrainterrogatorio en el caso de la víctima o el interrogatorio en el caso de la testigo, a cuestionar la veracidad o mendacidad de sus afirmaciones a través de patrones de conducta que así lo indiquen (p. 14). Una vez expuestas algunas consideraciones sobre el interrogatorio, resulta necesario hacer referencia a la herramienta que el principio de contradictorio pone en manos del litigante para cotejar la información introducida por la parte contraria en el examen directo: las preguntas sugestivas. A continuación, se hará referencia a dicha noción. III. EL USO DE LAS PREGUNTAS SUGESTIVAS EN EL CONTRAINTERROGATORIO Como se afirmó arriba, el interrogatorio es el momento en el cual se inquiere al órgano de prueba que uno mismo ofrece, formulando preguntas para que éste último brinde información favorable a la teoría del caso del interrogador, de todo lo que percibió a través de sus sentidos –en caso de que sea testigo– o de todo lo que conoce a raíz de su experiencia, especialidad u profesión –en caso de que sea perito–. Así también, la contraparte tendrá la oportunidad de formular preguntas a ese mismo órgano de prueba adverso durante el contrainterrogatorio, con la finalidad de filtrar la información brindada en un primer momento por el órgano de prueba. Al respecto, Jauchen (2012) sostiene lo siguiente: Si las declaraciones de testigos y peritos fueran solo válidas con el unilateral relato de sus versiones, esta información no reuniría las naturales aptitudes de calidad en razón de que, como tales, solo serían la libre exposición de personas que bien pueden haber omitido, mentido, tergiversado, exagerado, olvidado o distorsionado lo que han percibido, aun de buena fe en el mejor de los supuestos. Por lo tanto, resulta necesario que ese relato sea revisado, reexaminado, controvertido, a fin de que de este modo pase por el filtro del control de calidad. Y nadie mejor que la parte a quien esa información perjudica será quien tenga mayor interés en realizar esta tarea, desde que por este medio tiene la posibilidad de demostrar que esa información carece de credibilidad, confiabilidad, o veracidad y en consecuencia de aptitud acreditante, demostrando de este modo que esa prueba que parecía perjudicarle carece de eficacia para hacerlo, y para ello realizará todo el esfuerzo a su alcance. (p. 425). En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de Colombia (2017) ha emitido un pronunciamiento particular sobre esta materia: Acorde con la dialéctica propia de los sistemas de tendencia acusatoria, el contrainterrogatorio cumple una finalidad sustancialmente diferente, pues, en esencia, constituye una de las principales herramientas para que la parte contra la que se presenta el testimonio pueda ejercer a cabalidad el derecho a la confrontación, puntualmente para que pueda refutar lo que el testigo ha dicho (Art. 393) o impugnar su credibilidad (Art. 403). Para ello, el legislador le brinda diversas herramientas, entre las que cabe destacar la posibilidad de hacer preguntas sugestivas y utilizar declaraciones anteriores del testigo. (p. 51). De donde se infiere que no es posible, bajo ningún punto de vista, valorar un testimonio que haya sido examinado unilateralmente. Por ello es que el órgano de prueba propuesto por una de las partes puede Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 137-146 141 también ser sometido a cuestionamientos o preguntas por la parte contraria. De manera que, el juez no puede recibir una sóla versión de los hechos por parte del declarante. Por consiguiente, el contrainterrogatorio garantiza que la versión de los hechos suministrada por el declarante sea sometida a un cotejo, un testeo a través de las preguntas sugestivas que se le formulen. Razón por la cual, es válido sostener que lo que garantiza el contrainterrogatorio es el ejercicio pleno del principio–derecho de contradicción. Por otra parte, dado que el contrainterrogatorio es el examen cruzado (cross examination) aplicado al órgano de prueba que fue propuesto por la parte adversaria, resulta lógico suponer que el declarante es una persona hostil, incompatible con la teoría del caso que ha presentado el contra-interrogador. En otras palabras, el órgano de prueba que fue propuesto por la parte adversaria es una persona que se mostrará renuente a brindar información porque la persona contra–interrogada se encuentra en la audiencia por invitación de la parte contraria y con el objetivo de aportar información a favor de ésta. En términos sencillos, el declarante ve como un amigo a quien lo llama para declarar y como enemigo a la parte contraria. Al respecto, Jauchen (2012) señala lo siguiente: Así como el testigo habrá de ser generalmente “amigable” por empatía con la parte que lo ha ofrecido […]; será incompatible con respecto a la parte contraria de la que lo ha ofrecido, pues ésta, a la inversa, procurará al contrainterrogarlo demostrar por todos los medios a su alcance, que su persona y su declaración no son creíbles, en consecuencia, será un testigo hostil al momento de ser contraexaminado (p. 426). Por ello, las preguntas que han de realizarse en el contrainterrogatorio deben tener una particularidad, esto es, deben ser planteadas de forma diferente que aquellas formuladas en el marco de un interrogatorio directo. Si el examen directo está compuesto por una serie de preguntas abiertas, en el contrainterrogatorio las preguntas deben ser sugestivas. En la medida de que el órgano de prueba sometido a contrainterrogatorio es adverso, reacio, hostil a brindar información e incompatible con la teoría del caso del contra-interrogador, la mejor forma de extraer información cualificada es mediante el uso de preguntas que contengan algún dato relevante en su contenido, para así limitar al declarante a aceptar o negar la información propuesta. Por estas consideraciones se infiere que el contrainterrogatorio es el espacio donde se someterá a prueba la declaración –del testigo no ofrecido por el contra-interrogador– para cuestionar su veracidad y credibilidad. Por eso, refiere Decastro (2005), la pregunta sugestiva es permitida siempre que se relacione –directa o indirectamente– con lo declarado durante el examen directo, a la manera de test o prueba de lo declarado previa y espontáneamente por el testigo (p. 141). A propósito de ello, Quiñones (2003) hace referencia al tipo de interrogantes que deben ser formuladas en el contrainterrogatorio: En el contrainterrogatorio no se debe formular preguntas en su sentido clásico. El interrogador debe formular afirmaciones o aseveraciones, las cuales el testigo confirmará o negará. Hacerlo siempre demostrando mucha seguridad y dejando ver que tiene razón en lo que afirma y que sabe de lo que está hablando. Nunca formule la aseveración en forma de interrogante o demostrando duda e inseguridad. Si lo hace así puede dar la impresión [de que] no tiene seguridad de la respuesta y el testigo se aprovechará de ello (p. 237). Según refiere Lorenzo (2012), como la finalidad del contraexamen es distinta a la del interrogatorio, la prohibición de realizar preguntas sugestivas carece de sentido porque el contraexamen no busca introducir nueva información, sino comprobar la calidad de la información incorporada previamente (p. 216). De ahí que, las herramientas dispuestas por el ordenamiento jurídico deban procurar el control de la calidad de los datos incorporados en el juicio oral. Por tanto, como se observa, la pregunta sugestiva “es un elemento de la esencia del contrainterrogatorio, de donde, si se prohíbe la pregunta sugestiva en esta manifestación de la prueba testimonial, se estará afectando el núcleo esencial del derecho constitucional de contradicción” (Decastro, 2005, p. 124). De modo tal que, en el contrainterrogatorio, es indispensable la formulación de preguntas sugestivas. Por sugestivas se entienden aquellas interrogantes “que sugieren al testigo la respuesta que debe dar, buscando que una respuesta afirmativa sea la única conclusión racional y que dicha respuesta de sustento a un hecho diferente al que se desea obtener” (Romero, 2017, p. 69). Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 137-146 142 De igual manera, Cadena (2019) define la pregunta subjetiva como “aquella que insinúa una respuesta determinada y guía al testigo. Este tipo de preguntas en el interrogatorio necesariamente conducen a que el testigo responda lo que se quiere” (p. 48). Para autores como Rua (2015) las preguntas formuladas en el contrainterrogatorio deben sugerir la respuesta, razón por la cual, en sentido estricto, no se trataría de una pregunta sino de una afirmación de hecho realizada en tono de interrogación con la finalidad de obtener la aprobación del testigo (p. 96). En ese sentido, el citado académico sostiene que la ausencia de preguntas sugestivas invalida el contraexamen, pues éstas son el mecanismo empleado en el juicio oral que, de modo singular, “generan un genuino contradictorio entre las partes, una confrontación entre dos hipótesis sobre lo ocurrido, al permitir a una de ellas sugerir las respuestas al testigo hostil a sus intereses” (Rua, 2015, p. 80). Ahora bien, resulta oportuno destacar las razones que habilitan la utilización de preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio. Sobre el particular, Vial (2009) menciona dos motivos plausibles: Durante el contrainterrogatorio se permite el uso de preguntas sugestivas basándose en que es dable suponer que el testigo será hostil hacia el abogado que lo contrainterrogará y estará dispuesto a negar cualquier afirmación que éste le haga, incluso aquellas que entreguen la verdadera versión de los hechos. Lo que suele suceder en la práctica es que el testigo, dada su hostilidad, niegue los hechos tal cual sucedieron aún ante preguntas sugestivas, por lo cual el peligro de contaminar la información que aporta el declarante a través del uso de preguntas sugestivas desaparece en el contraexamen. Otros fundamentos para la utilización de preguntas sugestivas durante este proceso es la inexistencia de los testigos inhábiles en el marco del nuevo proceso penal, lo que unido al carácter contradictorio del principio acusatorio hacen que este tipo de preguntas sea el medio más idóneo para verificar la credibilidad del testigo o de su testimonio (p. 19). En atención a las fases de intercambio comunicativo y tipos de interacción subjetivos – categorización efectuada por Carofiglio (2010) para agrupar las etapas procesales de acuerdo con su naturaleza– el empleo de preguntas sugestivas se enmarca en la “interacción interrogativa”; es decir, el momento “que se establece directamente entre las partes que interrogan y los sujetos que aportan sus conocimientos para la formación del material en que habrá de basarse el veredicto” (p. 174). El énfasis que el citado académico coloca en el veredicto judicial resulta fundamental. Como expresa Carofiglio (2010), la relación que se establece en la “interacción interrogativa” –sobre todo en el interrogatorio y contrainterrogatorio procesal– es triangular. A saber: Quien interroga, cuando plantea sus preguntas se comunica directamente con el interrogado e, indirectamente, con el juez. Y a su vez la respuesta, si bien –como es obvio– es recibida y registrada por el interrogador, tiene como destinatario último nuevamente al juez, que es quien tendrá que valorarla en el marco general de las adquisiciones procesales al objeto de decidir sobre el fondo de la causa (Carofiglio, 2010, p. 178). Por otra parte, la “interacción interrogativa” no siempre tiene carácter verbal, sino que también incorpora otros elementos de carácter gestual y actitudinal: Al hablar de preguntas y respuestas naturalmente nos referimos, en primer término, a su contenido verbal; no obstante, igual importancia tienen otros numerosos factores, lo mismo a la hora de configurar el mensaje que cuando se trata de descifrarlo: factores relativos al lenguaje corporal y los gestos faciales, al tono y la velocidad con que se habla o al modo de vestir y, en general, de presentarse en el escenario del proceso. Lo que está claro es que los impulsos comunicativos que se activan mientras alguien presta declaración en una vista nunca son unidireccionales, independientemente de que sus protagonistas se den o no cuenta de ello. Otra cosa es, desde luego, el género de percepción y de interpretación (o de malinterpretación) que dichos impulsos reciban, dada la frecuente –e involuntaria– ambigüedad que los caracteriza (Carofiglio, 2010, p. 178). Es así como Rua (2015, p. 82), Benavente (2008, p. 76) y Quiñones (2003, pp. 227-228) coinciden en que las preguntas sugestivas deben incluir únicamente un hecho por pregunta, salvaguardando que éstas no se tornen compuestas. Asimismo, la formulación de preguntas sugestivas debe ser secuencial, desde lo general hacia lo específico (Rua, 2015, p. 84 y Quiñones, 2003, p. 228). El siguiente ejemplo planteado por Benavente (2008) explica adecuadamente lo señalado en el párrafo anterior: Las preguntas sugestivas son aquellas en donde la interrogante lleva implícita la respuesta: ¿usted olió a gas cuando ingresó a la casa?, y es de un solo punto, porque se refiere a un pedazo de información que se pretende resaltar (a diferencia de las preguntas compuestas, que llevan en su estructura dos o más preguntas). Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 137-146 143 Sin embargo, en lo que respecta al examen directo, las preguntas sugestivas están prohibidas, y son materia de objeciones; ello, porque la información debe llegar al juzgador, por primera vez, a través de la respuesta que dé el testigo; no hay otro vehículo que dé credibilidad a la información, sino la propia declaración de la fuente de prueba. No obstante, en el contraexamen el empleo de preguntas sugestivas no debe de estar prohibido, dado que son las claves del contraexamen temáticamente orientado, al permitir dirigir la respuesta del testigo a la parte específica de información que el contraexamen persigue –allí donde un testigo hostil va a estar permanentemente intentando eludir, evitar, rodear o adornar la respuesta–. (p. 76). Así las cosas, las preguntas sugestivas son esenciales para confrontar a un testigo, pero plantean un riesgo significativo para aquel que las emplea. Si el abogado no es riguroso y desconoce completamente el camino que transitará la narrativa de las respuestas brindadas por el testigo, la reconstrucción de los hechos se apartará de modo significativo de la teoría del caso planteada. En ese sentido, Solórzano (2010) advierte de modo figurativo lo siguiente: Recuerde que éste no es el momento de sacar información del testigo. El no saber la posible respuesta suele ser de mucho riesgo. Tenga en cuenta que el contrainterrogatorio es el “arma más peligrosa en el arsenal del abogado litigante”. Hacer las preguntas sin saber las respuestas es lo que se denomina “ir de pesca”; cuando una persona va a pescar lanza el anzuelo con la esperanza de obtener un pescado, en el proceso cuando yo contrainterrogo sin saber la respuesta, ocurre lo mismo, voy a ver qué pesco, tengo la esperanza de obtener una buena respuesta, pero siempre existe el riesgo de obtener una respuesta que yo no esperaba. (p. 290). Habiendo definido el contrainterrogatorio y la naturaleza de las preguntas sugestivas cabe interpelarse sobre el modo en que el derecho internacional de los derechos humanos aborda estos conceptos. IV. EL DERECHO A INTERROGAR EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) ha establecido que, durante el proceso penal, toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a “ser asistido por un defensor de su elección” (artículo 8, párrafo 2, apartado d) e interrogar “a los testigos presentes en el tribunal”, “peritos” u “otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos” (artículo 8, párrafo 2, apartado f). Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1999), una legislación que imposibilita el interrogatorio de los testigos que participaron en las diligencias de investigación y fundamentaron una acusación a través de sus testimonios resulta contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (párrs. 153-154). En igual sentido, de acuerdo con esta magistratura, la defensa debe contar con la oportunidad de interrogar directamente a un testigo de cargo con el objeto de apreciar su comportamiento bajo interrogatorio, de modo que la parte acusada pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2014, párr. 246). Por otra parte, en el ámbito del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) ha fijado que, durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a “interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo” (artículo 14, párrafo 3, apartado e). Respecto de esta disposición, el Comité de Derechos Humanos (1998) ha sostenido en el caso Alexander Alexandrovitch Dugin vs. Federación Rusa que privar a una persona de la oportunidad de contrainterrogar a un testigo –cuyo testimonio fue indispensable para sustentar una sentencia condenatoria– configura una contravención de la exigencia de equidad entre la acusación y la defensa respecto de la presentación de pruebas en el proceso penal y, por tanto, constituye una denegación material de justicia (párr. 9.3 de la decisión). Asimismo, en la Observación General N.º 13 este grupo de trabajo expresó que el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 “tiene por objeto garantizar al acusado las mismas facultades jurídicas para obligar a comparecer a testigos e interrogar y repreguntar a éstos de que dispone la acusación” (Comité de Derechos Humanos, 1984, párr. 12). Posteriormente, mediante la Observación General N.º 32, el Comité de Derechos Humanos (2007) enfatizó que las “graves restricciones o denegación del derecho a citar e interrogar o pedir que se Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 137-146 144 interrogue a testigos, en particular la prohibición de contrainterrogar a determinadas categorías de testigos” no satisface “las normas fundamentales de un juicio con las debidas garantías ni en particular, el requisito de que el tribunal debe ser independiente e imparcial” (párr. 23). Con todo, aunque los tratados sobre derechos humanos no reconozcan explícitamente el derecho a contrainterrogar, los instrumentos internacionales han dispuesto que este derecho debe ser garantizado por los Estados Parte, en el marco de las obligaciones generales que derivan del debido proceso legal. V. ¿EXISTE UN DERECHO A CONTRAINTERROGAR? LA NECESIDAD DE EMPLEAR UN NOMEN IURIS MÁS ADECUADO Como se aprecia en el apartado anterior, el reconocimiento del derecho a contrainterrogar no ha sido expreso durante la redacción de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, sino que ha derivado de enunciados más amplios que protegen el derecho de toda persona –que acusa o se encuentra acusada de un delito– a interrogar o hacer interrogar a testigos, peritos u otra persona que pueda arrojar luz sobre los hechos manifestados durante el proceso. Resulta imprescindible entonces, en atención a las diversas reformas penales de naturaleza adversarial que han emprendido los países del orbe, que el “DERECHO A INTERROGAR” sea denominado, en adelante, “DERECHO A INTERROGAR Y CONTRAINTERROGAR”. La utilización de este nomen iuris permitirá que los mecanismos legales y las instituciones que fueron diseñadas para hacerlos efectivos garanticen de mejor manera el ámbito protegido por este derecho. De esta manera, el DERECHO A INTERROGAR Y CONTRAINTERROGAR tiene dos dimensiones. Una primera dimensión, que puede ser denominada “propositiva”, donde se formulan preguntas abiertas a los órganos de prueba (testigos, peritos, etc.) con el objetivo de dilucidar las circunstancias de un hecho determinado y una segunda dimensión, que puede ser llamada “de confrontación”, donde la prueba testifical obtenida será confrontada con la prueba material existente a través de, entre otras, la formulación de preguntas sugestivas. Como se ha sostenido previamente, la distinción entre ambas dimensiones es fundamental, debido a que el objeto del examen directo y el contrainterrogatorio o contraexamen es distinto. Mientras el examen directo busca introducir información nueva –que deriva de las fuentes de prueba ofrecidas por alguna de las partes previamente–, el contrainterrogatorio busca controlar la calidad de dicha información. VI. A MODO DE CONCLUSIÓN: UNA MIRADA AL CASO PERUANO A estas alturas resulta una obviedad advertir que el juez debe ser, en esencia, el cauteloso guardián de los derechos humanos en los procesos penales que le son sometidos a su conocimiento. La validez de sus actuaciones están condicionadas por el cumplimiento irrestricto de este deber. Como recuerda Atienza (2012), los derechos humanos no sólo deben ser comprendidos en términos normativos, sino también como criterios de validez del ordenamiento jurídico (p. 225). Consecuentemente, el juez penal debe garantizar el ejercicio del DERECHO A INTERROGAR Y CONTRAINTERROGAR. De esta manera, respecto de la dimensión “de confrontación”, el órgano jurisdiccional debe inhibirse de limitar el empleo de preguntas sugestivas. De acuerdo con lo anterior, la jurisdicción penal no debe desconocer la fuerza normativa de los instrumentos y decisiones internacionales que reconocen el DERECHO A INTERROGAR Y CONTRAINTERROGAR. En primer término, cabe recordar que existe una serie de disposiciones constitucionales que se refieren a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano. En principio, el artículo 55º de la Constitución Política del Perú (1993) reconoce que que los tratados internacionales que han sido ratificados o adheridos por el Estado peruano y en vigor forman parte del Derecho nacional. Por otra parte, la Cuarta Disposición Final de la Constitución estipula que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución la Constitución Política del Perú (1993) se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú, remisión interpretativa que también es recogida en el artículo VIII del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional (2021). Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 137-146 145 En la misma línea, el Tribunal Constitucional (2006) ha señalado que los tratados internacionales sobre derechos humanos “no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que, además, detentan rango constitucional” (fundamento jurídico n.º 25). En consecuencia, “dentro de las ‘normas con rango constitucional’ se encuentran los ‘Tratados de derechos humanos’” (Tribunal Constitucional, 2006, fundamento jurídico n.º 25). Respecto de las decisiones emitidas por un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional (2006b) ha reconocido la obligatoriedad plena de las sentencias del citado órgano. Incluso, el citado órgano ha indicado que esta exigencia no se limita únicamente a las decisiones donde el Estado peruano fue declarado responsable por la violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que se extiende del modo más amplio posible a todo pronunciamiento que tiene por objeto establecer el contenido y los alcances de dicho tratado: [El grado de] vinculación de las sentencias de la [Corte Interamericana de Derechos Humanos] no se agota en su parte resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza sólo al Estado que es parte en el proceso), sino que se extiende a su fundamentación o ratio decidendi, con el agregado de que, por imperio de la CDFT [IV Disposición Final y Transitoria] de la Constitución y el artículo V del Título Preliminar del CPConst [Código Procesal Constitucional vigente en la fecha de emisión de la sentencia], en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la [Corte Interamericana de Derechos Humanos], reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la CDFT de la Constitución, hace que la interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso, sea vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal (Tribunal Constitucional, 2006b, fundamento jurídico n.º 4). Este paradigma interpretativo implica, en un plano más concreto, que los derechos humanos enunciados en los tratados en vigor que conforman nuestro ordenamiento jurídico, así como las decisiones emitidas por los órganos competentes que interpretan y aplican dichos instrumentos, vinculan, sin excepción, a todos los poderes públicos, incluyendo a los órganos jurisdiccionales. De modo tal que, el corpus iuris sobre el DERECHO A INTERROGAR Y CONTRAINTERROGAR –que conforma la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como las interpretaciones que de estos instrumentos han efectuado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos– debe ser garantizado de manera efectiva por los órganos jurisdiccionales a nivel nacional. VII. BIBLIOGRAFÍA Ansuátegui Roig, Francisco Javier, 1994. Orígenes doctrinales de la libertad de expresión. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid y Boletín Oficial del Estado. Asís Roig, Rafael de, 2001. Sobre el concepto y el fundamento de los derechos. Una aproximación dualista. Madrid: Dykinson. Atienza, Manuel, 2012. El Sentido del Derecho. Barcelona: Ariel. Benavente Chorres, Hesbert, 2008. Guía práctica de la defensa penal: juicio oral y ejecución de sentencia. Lima: Gaceta Jurídica. Cadena Lozano, Raúl, 2019. Manual de interrogatorio y contrainterrogatorio. Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica. Campoy Cervera, Ignacio, 2022. “Una propuesta de concepto y fundamento de los derechos humanos”. En Derechos y libertades: Revista de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos, núm. 47, pp.149-182. Cardinaux, Nancy y Clérico, Laura, 2018. Formación de jueces: su adecuación a un modelo de sociedad igualitaria. Buenos Aires: Eudeba y Universidad de Buenos Aires. Carofiglio, Gianrico, 2010. El arte de la duda. Madrid: Marcial Pons. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 1 – Enero – Junio – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 137-146 146 Comité de Derechos Humanos, 1984. Observación General N.º 13 “Administración de justicia (artículo 14)”. 21º período de sesiones. Comité de Derechos Humanos, 1998. Caso Alexander Alexandrovitch Dugin Vs. Federación Rusa. Dictamen de 5 de julio de 2004. Comunicación N.º 815/1998. Comité de Derechos Humanos, 2007. Observación General N.º 32 “El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia”. 90º período de sesiones. Constitución Política del Perú, 1993. Elaborada por el Congreso Constituyente Democrático y promulgada el 29 de diciembre de 1993 (Perú). Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos realizada en San José, Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1999. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú ́ . Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C N.º 52. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2014. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C N.º 279. Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2017. AP 4149-2017. Radicación N.º 47577. Sala de Casación Penal. Sentencia de 28 de junio de 2017. Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2018. AP-1722-2018. Radicación N.º 52351. Sala de Casación Penal. Sentencia de 25 de abril de 2018. Decastro Gonzáles, Alejandro, 2005. El contrainterrogatorio. Medellín: Comlibros. Jauchen, Eduardo, 2014. Estrategias de Litigación Penal Oral. Buenos Aires: Rubinzal–Culzoni Editores. Lorenzo, Leticia, 2012. Manual de Litigación. Buenos Aires: Ediciones Didot. Nuevo Código Procesal Constitucional, 2021. Ley No. 31307 publicada el 23 de julio de 2021 en el Diario Oficial El Peruano (Perú). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI) en New York, Estados Unidos el 16 de diciembre de 1966. Quiñones Vargas, Héctor, 2003. Las técnicas de litigación oral en el proceso penal salvadoreño. San Salvador: DPK Consulting y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Romero Cantor, Carlos Eduardo, 2017. Técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio en el Sistema Acusatorio. Bogotá: Ediciones Jurídicas Andrés Morales. Rua, Gonzalo, 2015. Contraexamen de testigos. Buenos Aires: Ediciones Didot. Schwartz, Louis E., 1978. Proof, Persuasion, and Cross-Examination: A Winning New Approach in the Courtroom, vol. II. New Jersey: Executive Reports Corporation. Solórzano Garavito, Carlos, 2010. Sistema acusatorio y técnicas de juicio oral. Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica. Tribunal Constitucional, 2006. Sentencia recaída en los Expedientes N.º 0025–2005–PI/TC y N.º 0026–2005–PI/TC, emitida el 25 de abril de 2006. Tribunal Constitucional, 2006b. Sentencia recaída en el Expediente N.º 2730–2006–PA/TC, emitida el 21 de julio de 2006. Vial Campos, Pelayo, 2009. Técnicas y fundamentos del contraexamen en el proceso penal chileno. Santiago de Chile: Librotecnia.