LibreOffice/7.3.7.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/e114eadc50a9ff8d8c8a0567d6da8f454beeb84f 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 true true false true false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false true false 1 1 true Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 49-61 49 EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA REPERCUSIÓN DE SU AUTONOMÍA PROCESAL EN LA DEMOCRACIA EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO THE CONSTITUTIONAL COURT AND THE REPERCUSSION OF ITS PROCEDURAL AUTONOMY ON DEMOCRACY IN THE CONSTITUTIONAL STATE OF LAW Cristhian Angelo Rojas Ameghino * Kevin Fabrizio Rojas Ameghino ** Universidad de San Martín de Porres – Perú Recibido: 11 de diciembre del 2024 Aprobado: 25 de junio del 2026 RESUMEN El artículo analiza críticamente la autonomía procesal del Tribunal Constitucional peruano como facultad para crear reglas procesales mediante jurisprudencia y precedentes vinculantes, destinada a suplir vacíos normativos y garantizar la tutela de derechos fundamentales. Sostiene que, en ciertos casos, su ejercicio ha excedido el rol de legislador negativo, asumiendo competencias del Poder Legislativo mediante la creación de instituciones procesales no previstas en la ley, lo que configura activismo judicial y afecta la seguridad jurídica y la separación de poderes. A partir de un análisis doctrinal, jurisprudencial y comparado, se propone establecer límites formales y materiales que preserven la supremacía constitucional y el equilibrio institucional. Palabras clave: Autonomía procesal; Tribunal Constitucional; separación de poderes; activismo judicial; seguridad jurídica; precedentes vinculantes. ABSTRACT This article critically analyzes the procedural autonomy of the Peruvian Constitutional Court as the power to create procedural rules through jurisprudence and binding precedents, intended to fill legal gaps and guarantee the protection of fundamental rights. It argues that, in certain cases, the Court's exercise of this power has exceeded the role of a negative legislator, assuming the powers of the Legislative Branch by creating procedural institutions not provided for by law. This constitutes judicial activism and undermines legal certainty and the separation of powers. Based on a doctrinal, jurisprudential, and comparative analysis, the article proposes establishing formal and substantive limits to preserve constitutional supremacy and institutional balance. Keywords: Procedural autonomy; Constitutional Court; separation of powers; judicial activism; legal certainty; binding precedents. SUMARIO I. Introducción. II. Realidad problemática. III. Antecedentes históricos del tribunal constitucional. IV. Definicion y funciones del tribunal constitucional. V. Definición de la autonomía procesal del tribunal constitucional. VI. El exceso de autonomía procesal del tribunal constitucional: consecuencias y necesidad de regulación. VII. La autonomia procesal en el derecho comparado. VIII. Instituciones jurídicas concebidas por el tc a través de la autonomía procesal. IX. Conclusiones. VII. Bibliografía. Para citar este artículo: Rojas Ameghino, C. A., & Rojas Ameghino, K. F. (2026). El tribunal constitucional y la repercusión de su autonomía procesal en la democracia en el estado constitucional de derecho. Vox Juris, 44(2), [pp. 49–61]. DOI: https://doi.org/ [DOI-asignado] * Cristhian Angelo Rojas Ameghino. Maestro en Derecho Civil. Universidad de San Martín de Porres, Perú. ORCID 0000-0003-1193-8953. Correo: cristhianra1008@gmail.com. ** Kevin Fabrizio Rojas Ameghino. Bachiller en Derecho. Universidad de San Martín de Porres, Perú. ORCID 0000-0002-5515-2082. Correo: kevin_rojas4@usmp.pe. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 49-61 50 I. INTRODUCCIÓN El Tribunal Constitucional (en adelante “TC”), en su calidad de órgano supremo de control de constitucionalidad en nuestro Estado constitucional peruano, es el órgano encargado en velar por el equilibrio de poderes dentro del Estado y de asegurar la coherencia del ordenamiento jurídico. No obstante, en la Sentencia 74/2023, Expediente 00003-2022-CC/TC, el TC reconoció que en ciertos casos ejerce su autonomía procesal, aunque este ejercicio ha sido interpretado por algunos como generador de un desequilibrio sistemático en la relación entre los poderes del Estado y órganos constitucionales autónomos (Tribunal Constitucional del Perú, 2023). Según lo señalado por Blume, E. (2020) en la Revista N°12 del Centro de Estudios Constitucionales del TC, lo académico es principalmente pluralismo y se evidencia cuando la visión es abierta y las perspectivas totalmente variadas. Esto exige tolerancia por todo tipo de análisis, aún por aquellos que puedan discutir lo que el colegiado decida. El Tribunal Constitucional ha precisado la autonomía procesal como aquella facultad que posee con la postestad de crear y establecer normas procesales. Esta atribución le permite generar criterios generales por medio de la aplicación de precedentes vinculantes, especialmente cuando se identifica que la normativa procesal constitucional expone deficiencias o vacíos dentro del sistema jurídico, es decir, la autonomía procesal dota al Tribunal Constitucional de la capacidad a fin de regular y complementar el procedimiento constitucional, subsanando las falencias existentes y asegurando una mejor protección de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional sustenta la creación de esta autonomía en su artículo 1 de su ley orgánica la cual establece su propia autonomía, no obstante, se ha cuestionado el uso que ha hecho de esta facultad, ya que ha creado instituciones procesales tal como el partícipe, el overruling, la reconversión procesal y el estado de cosas inconstitucionales, lo que ha generado debate respecto de los límites de su poder y su rol de garante de la Constitución. Dicha autonomía procesal reside en la corporización vía jurisdiccional de parte del Tribunal Constitucional de su regulación procesal; resulta necesario indicar que una cosa representa el perfeccionamiento mientras que otra cosa distinta es que por medio de dicha autonomía procesal se procure la emisión y creación de normas, lo cual dicha acción y atributo le corresponde al poder legislativo, esta potestad ha sido formulada por el Tribunal Constitucional por medio de su jurisprudencia, específicamente en la sentencia del Exp. 1417-2005-AA/TC. El ejercicio de la autonomía procesal de parte del Tribunal Constitucional, en ausencia de parámetros claros, ha excedido sus competencias, lo que ha generado disyuntivas con otros órganos constitucionales autónomos y con el equilibrio entre los poderes del Estado, como lo exige la Constitución. Es ante ello, la necesidad que establezca parámetros a esta autonomía procesal del Tribunal Constitucional a fin de tutelar su legitimidad jurídica. II. REALIDAD PROBLEMÁTICA A la fecha, el Tribunal Constitucional ha sido engendrado como un órgano con gran influencia y poder dentro del Estado, ante ello, es importante recordar que en un Estado constitucional de derecho, ningún poder, incluyendo el Tribunal Constitucional, debe ostentar un poder absoluto, no debiendo ser la excepción de la regla el Tribunal Constitucional de nuestro Estado peruano. Así bien el TC mediante jurisprudencia emitida, en la RTC del Exp. 0020-2005-PI/TC y la STC recaída en el expediente 1417-2005-AA/TC, ha concebido la autonomía procesal a fin de rellenar los vacíos y deficiencias que tienen las disposiciones legales adjetivas constitucionales, de forma que se establecen ante ello principios, así como reglas procesales con un enfoque general a través de los precedentes vinculantes. El ex magistrado del Tribunal Constitucional, Espinoza Saldaña, en su argumento de voto del Exp. N°06309-2015-PA/TC, plantea la necesidad de un debate sobre los límites de la autonomía procesal del Tribunal Constitucional, es así que propone que la autonomía procesal debe ejercerse de manera Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 49-61 51 excepcional y solo cuando sea “constitucionalmente necesario”, y no cuando sea “constitucionalmente posible”, como algunos argumentan. Según el autor ya antes mencionado, se advierte que el Tribunal Constitucional se encuentra utilizando la autonomía procesal sin límites claros al intentar crear normas y figuras dentro de los procesos constitucionales. Sin embargo, dicho atributo de crear reglas procesales le compete, por mandato constitucional al Poder Legislativo, de conformidad con la Constitución Política del Perú en su artículo 90°. En este marco, Landa, C. (2016) plantea, ¿quién controla al controlador constitucional?, argumentando que el Tribunal Constitucional (TC) ha dictado fallos que afectan negativamente tanto el fortalecimiento de la justicia constitucional como la confianza en esta institución, la cual constituye tutela de los derechos fundamentales así como de la misma democracia, De tal manera que, el enfoque central del presente artículo es proponer mecanismos de control respecto de la autonomía procesal del Tribunal Constitucional (TC), toda vez que ha excedido sus atribuciones e interferido en las competencias de otros poderes del Estado, en especial del Poder Legislativo. Aunque el TC, en el país actúa como el órgano que garantiza la justicia a nivel constitucional, es necesario su regulación sobre su actuación puesto que ha causado un creciente nivel de desconfianza hacia la justicia. Carpizo, J. (2017) sostiene que el máximo órgano constitucional no debe interferir en las atribuciones propias del poder constituyente ni en las del Congreso, que actúa como órgano legislativo. Asimismo, su función no debe ser la de crear normas, sino evaluar las implicancias jurídicas de sus decisiones siempre guiado por principios constitucionales fundamentales como la seguridad y la certeza jurídica. Ante dicho contexto, el máximo intérprete de la Constitución, al actuar como legislador negativo, no puede extralimitarse la creación de normas jurídicas, ya que esto vulnera asumir competencias que corresponden a otros órganos del Estado; esto en razón que dicha facultad de creación de normas jurídicas es una facultad exclusiva del Congreso de la República, como representante de la voluntad popular. Un caso polémico que resalta y respalda el presente artículo se encuentra relacionado con el Expediente 02534-2019-PHC/TC (Caso Keiko Fujimori). en la cual cuatro magistrados refirieron que se había transgredido el derecho de libertad individual de Keiko Fujimori, de modo que se contradijo el criterio de todas las instancias del Poder Judicial, refiriendo que se había fundamentado la procedencia de la prisión preventiva. En esta sentencia se expone una excesiva actuación de las competencias del Tribunal Constitucional frente al Poder Judicial. El Tribunal Constitucional (TC) es un órgano creado para interpretar y proteger la Constitución, y no para, aunque la autonomía procesal le faculta, modificarla o ampliar sus propias competencias. Cualquier intento de extralimitarse en sus funciones sería una violación del principio de separación de poderes y podría poner en riesgo el equilibrio institucional del Estado. Siendo ello así, y en virtud del principio constitucional de separación de poderes, el Tribunal Constitucional (TC), al ejercer su autonomía procesal, no debe invadir las competencias de otros órganos o poderes del Estado, en especial las del Congreso. Ante ello resulta necesario practicar una limitación en el ejercicio de su autonomía procesal al desempeñar su función jurisdiccional. Cabe destacar que la naturaleza del Tribunal Constitucional es la de ser un legislador negativo, es decir, de controlar la constitucionalidad de las normas jurídicas y, en su caso, anular aquellas que son contrarias a la Norma Suprema; Empero, en la actualidad, advertimos una tendencia del Tribunal Constitucional a convertirse en un “legislador positivo”, al pretender legislar normas jurídicas por medio de su autonomía procesal. III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Los tribunales constitucionales tienen sus orígenes en Europa a principios del siglo XX, siendo los primeros ejemplos el Tribunal Constitucional de Austria y el de Checoslovaquia, establecidos en 1920. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 49-61 52 Posteriormente, España adoptó esta figura en 1931 con la aprobación de su Constitución, antecediendo así el desarrollo moderno de estos órganos. En estas etapas iniciales, el concepto de derechos humanos aún no estaba plenamente desarrollado ni era el foco central de la tutela constitucional, y las preocupaciones sobre minorías étnicas eran mínimas en el discurso jurídico europeo de la época (Favoreu, 1994). Hans Kelsen, reconocido jurista austríaco, fue pionero en la teoría del control constitucional, proponiendo un modelo de tribunal encargado de tutelar y asegurar la supremacía de la Constitución y controlar la constitucionalidad de las leyes. No obstante, los tribunales constitucionales contemporáneos que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente en países como Italia y Alemania, sí incorporaron de manera más explícita la tutela de derechos humanos y minorías, en respuesta a los regímenes totalitarios y al contexto histórico de esa época (Ginsburg, 2012). A nivel nacional, Abad, S. (2019) argumenta que el constitucionalismo peruano se remonta a la independencia de España por la creación de la República del Perú y a la descolonización del reino español de manera formal. Sin embargo, según el autor, la delimitación entre la República y el Virreinato fue extremadamente significativa. En este sentido, en el contexto peruano, la segunda característica es que se establecieron mecanismos jurídicos en el siglo XIX para salvar la supremacía de la Constitución, que se sintetiza en la primera Constitución peruana del 1823; la defensa se confirió al Congreso mediante la política de control. La medida de integrar mecanismos legales para confirmar si las normas jurídicaz cumplen con la Constitución surgió por primera vez en la segunda década del siglo XX. Durante la Asamblea Nacional de 1919, donde se propuso un proyecto de Constitución liderado por Javier Prado que pretendía incluir la creación de un sistema de control judicial de la constitucionalidad, este control estaría a bajo la supervisión de la Corte Suprema. No obstante, esta propuesta no logró ser aprobada ni en la Constitución de 1920 ni en la Constitución de 1931. El Tribunal Constitucional en el Perú tuvo su origen en la Ley Suprema de 1979 bajo la denominación de Tribunal de Garantías Constitucionales, ello inspirado en la Ley Fundamental española de 1931. Sin embargo, este órgano encargado de la jurisdicción constitucional fue disuelto el 5 de abril de 1992 por el entonces presidente Fujimori como una de las medidas adoptadas de facto implementadas durante su gobierno, lo cual conlleva a plantear la necesidad de cuestionar y pensar sobre su existencia y funcionamiento en el país. Ortecho, V. (2015) señala otras razones por las cuales es determinante el estudio del TGC, no solo por haberse tratado de la primera experiencia jurisprudencial de jurisdicción constitucional en el Perú, sino también resultó ser efímera y de finalmente prolongada duración. En esta oportunidad, fue el órgano de control de la Ley Fundamental, conformado por nueve magistrados. El TGC tenía dos funciones: resolver las resoluciones judiciales y zanjar los procesos de inconstitucionalidad contra las disposiciones legales emitidas por las salas que denegaban la acción de amparo y habeas corpus. Dicha eventualidad fue una modalidad jurisprudencial interesante por el tiempo que estuvo en funcionamiento el TGC. Posteriormente, se creó el Tribunal Constitucional, órgano constitucional a través de la Constitución Política del Perú de 1993. El Tribunal Constitucional tenía más atribuciones que el TGC, hecho lógico porque debe cumplir eficazmente su control de la Ley Suprema. Constantemente, ocho magistrados redujeron su número. Por otro lado, Ortecho, V. (2015) indica que el Tribunal Constitucional (TC) es el órgano autónomo del Sistema Jurisdiccional el mismo que tiene como función principal la de asegurar que las normas legales encajen en la norma fundamental. Puesto de otro modo, el Tribunal Constitucional es el principal gestor de la defensa jurídica de la ley suprema, valiéndose mediante los mecanismos procesales contenidos en ella y denominados "garantías constitucionales". Si bien el correspondiente órgano jurisdiccional, el Tribunal de Garantías Constitucionales, tenía menos competencias y le correspondía únicamente resolver los casos de inconstitucionalidad que eran casos extremos, el TC, adicionalmente, interviene en asuntos de competencia y, en último bastión, en los procesos de hábeas data, amparo, cumplimiento, y hábeas corpus. Desde esta perspectiva, en la actualidad, el TC es Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 49-61 53 un ente clave para la actualización del Estado constitucional de derecho, en tanto encarna la materialización de los derechos fundamentales y la defensa de la supremacía constitucional en la democracia peruana. IV. DEFINICIÓN Y FUNCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Tribunal Constitucional es el órgano máximo de control de constitucionalidad, según lo expresa el artículo 201° de nuestra Constitución. A este le compete la verificación de la legitimidad de las instituciones estatales y la exigencia de la obediencia de los preceptos e institutos afirmados en la norma fundamental y del efectivo ejercicio de los derechos que ella reconoce. En otros países que cuentan con tribunales de tal índole, estos órganos se denominan Verfassungsgericht en Alemania y Austria, “Corte Constitucional” en Colombia e Italia o bien, como es nuestro caso, Tribunal Constitucional en España y Portugal. Diciendo de otro modo, según García, D. (2015): “tal como plantea el austríaco Hans Kelsen, en el Tribunal Constitucional recae la facultad de asegurar la ‘válida realización’ de la Constitución, en el entendido de que cada disposición aprobada por el Estado mantiene de manera subyacente el consuelo de una fundamental normativa.” Este órgano tiene origen en un proyecto elaborado por el propio Kelsen en el año 1918, en medio de la decadencia del imperio austrohúngaro; el proyecto en cuestión se consolidó como ley en 1919 y fue finalmente integrado a la Ley Fundamental en 1920. Fue Kelsen quien, en este contexto, que incluyó el Tribunal Constitucional en la estructura del Estado y lo fortaleció después de convertirse en magistrado de ese órgano jurisdiccional. Su principal función recae en su capacidad de actuación como legislador negativo, ya que le corresponde eliminar las disposiciones legales que van en contra de la Constitución, aunque el funcionario carede del poder de eliminar todo lo que desea. Según Quiroga, L. (2005), el Tribunal Constitucional es el organismo cualificado para supervisar la norma fundamental y ello implica dos facultades: una para interpretar las disposiciones constitucionales y realizar el control constitucional, ya sea sobre el mismo o sobre otras partes; y la segunda, para establecer los límites y competencias de las otras partes del organismo, ya que todos estamos sujetos a la norma fundamental. Así, en el primero de estos casos, disfruta de amplios poderes, ya que le corresponde interpretar las disposiciones constitucionales de sujeción obligatoria para todas las instituciones y personas. En el segundo, esta interpretación final se limita únicamente al Estado. Así mismo como principal garante del poder, también está obligado a interpretar debidamente sus posibilidades y, en consecuencia, las atribuciones en el Estado. Los Tribunales Constitucionales se perciben como organismos especializados que se crearon para comprobar la medición de las leyes frente a la Constitución y, después, adquirieron una función supletoria centrada y especializada. La idea de su creación implica que, en relación con su trabajo, toda la legislación debe cumplir con las normas y condiciones prescritas. En este caso, cuando un estatuto es menos legítimo que una medida, un Tribunal de esta índole lo declara inválido, lo que significa que ejerce el poder del legislador negativo. Además deben preservar las normas y derechos formulados en la Constitución. Así, una de las funciones principales de este tribunal es la interpretación de las regulaciones constitucionales. La interpretación constitucional es realizada en base y consonancia de la ley suprema, constituido en un acto jurídico destinado a indagar la voluntad del poder constituyente. Por lo tanto, resulta crucial, este tribunal instaure una línea clara entre su trabajo relacionado con el control de legitimidad constitucional, de modo que establezca fronteras distintas para evitar disputas con la competencia de otros poderes y organizaciones del Estado y no tener la competencia previamente mencionada de legislador positivo. García, D. (2015) establece que el máximo intérprete de la Constitución, […] es la entidad estatal encargada de asegurarse de que nuestra norma fundamental prevalezca sobre todas las demás normativas legales, interpretando estas últimas de acuerdo con el espíritu y alcances de las normas constitucionales, así como proteger el ejercicio de los derechos allí reconocidos en forma efectiva para todas las personas, mediante la sanción de cualquier acto u omisión de autoridades estatales o de simples ciudadanos que denigren, atenten contra la dignidad, mengüen la esencia, efectividad y vigencia de esos derechos. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 49-61 54 El TC debe como es su función esencial, la de garantizar la primacía de la Constitución sobre las disposiciones legales infraconstitucionales y asegurar que los derechos consagrados por la norma fundamental serán protegidos en situaciones fácticas de amenazas o situaciones fácticas que los pongan en peligro. Blume, E. (2012) sostiene que el órgano concentrado en materia de constitucionalidad “ostenta la supremacía en la interpretación constitucional y dota de sentido dinámico a los preceptos de la Constitución bajo diversos métodos de interpretación, los cuales se ven reflejados en sus sentencias emitidas en procesos constitucionales”. La figura estatal que sirve de garante principal a la Constitución es aquella encargada de la jurisdicción constitucional concentrada que delega el poder constituyente. En los procesos constitucionales, el órgano define el contenido y los límites de las leyes y de las disposiciones constitucionales a fin de tutelar los derechos del dueño de la Constitución. De acuerdo con Ortecho (2015): “El Tribunal Constitucional es el órgano competente en esta esfera que vela por la supremacía de nuestra ley suprema”. En efecto, aquí intervendrá especialmente en ocasiones en las que la discrepancia en los asuntos constitucionales pondrá en peligro nuestra supra ley. Esto se referirá al TC que ocupa el lugar del órgano encargado de impartir justicia en los hechos en los cuales se violarán los derechos de los ciudadanos en cuestión, protegiendo así la supremacía de nuestra supra ley en el país. Seguido con García-Pelayo (2013), el máximo intérprete de la Constitución es la figura estatal encargada de garantizar la supremacía de la norma fundamental en el Estado, a través de la vía jurisdiccional, esta figura probablemente será responsable de proteger la ley suprema mediante la judicialización de las acciones de las instituciones públicas. Entonces, todo lo anteriormente mencionado desvela que el objetivo del máximo constitucional es materializar la ley suprema al conciliar los conflictos durante la esfera constitucional. A la vez, conlleva a perfeccionar la aplicación de la norma fundamental dentro del Estado. Lo define si las acciones ejercidas por el sujeto son congruentes con nuestra ley suprema, como con el “bloque de convencionalidad”. V. DEFINICIÓN DE LA AUTONOMÍA PROCESAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Nuestro supremo órgano constitucional describe su autonomía procesal, así como aquella facultad de dictar reglas procesales constitucionales para llevar a cabo un proceso constitucional mediante el denominador común del precedente vinculante. Esta capacidad surge cuando detecta insuficiencias o deficiencias en la normativa procesal relativa a lo constitucional, por lo que se debe completar el ordenamiento de nuestro sistema legal acorde a los objetivos del proceso de este ámbito. Según Landa, C. (2016), esta autonomía es una facultad del intérprete supremo constitucional la cual le permite formular reglas y principios procesales a través del ejercicio de criterios limitadores por parte de nuestra norma fundamental y otros ordenamientos jurídicos. En el Perú, el ejercicio de esta autonomía representa una figura jurídica generada por el supremo intérprete constitucional mediante jurisprudencia, esta figura también le otorga la autoridad para elaborar reglas para llenar lagunas y vacíos en la normativa procesal relativa a la constitucionalidad. La jurista española Rodríguez-Patrón (2014) establece que ante la detección de insuficiencias normativas por parte del máximo garante constitucional que imposibiliten rellenarlas con los métodos comunes de interpretación judicial, este ente tiene la autoridad para flexibilizar dichas normas y realizar una labor más libre respecto a lo previamente establecido por nuestra normativa procesal usando de su autonomía. La autonomía procesal del Tribunal Constitucional, según Blume (2020), es referida a la facultad que posee este órgano para generar derecho jurisdiccional, específicamente en el ámbito del derecho procesal constitucional. Ello le permite, a través de la jurisprudencia, crear y desarrollar normas procesales que llenan los vacíos existentes en la normativa procesal constitucional. Ante la ausencia de una legislación clara y específica sobre ciertos aspectos del proceso constitucional, el Tribunal Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 49-61 55 Constitucional está actuando como un creador de normas, permitiendo así que el sistema jurídico se complemente de manera que se garantiza la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Este órgano no solo interpreta la ley, sino que también la adapta y se ciñe a las necesidades de cada caso específico por medio de la creación de precedentes vinculantes, de modo que, el Tribunal actúa como un regulador del procedimiento constitucional, guiando y moldeando las prácticas jurídicas dentro de este ámbito, de esta forma hace cumplir las normas constitucionales, aplicándose de forma efectiva, inclusive cuando la ley procesal no proporciona una solución directa, es ante ello que el Tribunal Constitucional, por medio de su jurisprudencia, ejerce mencanismos de control ante sistema judicial y las demandas sociales y políticas, reforzando el poder predominante de la Constitución. VI. EL EXCESO DE AUTONOMÍA PROCESAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: CONSECUENCIAS Y NECESIDAD DE REGULACIÓN La autonomía procesal del Tribunal Constitucional es referida una facultad la cual permite crear y desarrollar normas procesales por medio de la jurisprudencia, especialmente cuando se identifican deficiencias o vacíos en la normativa procesal constitucional, dicha capacidad, reconocida en la legislación peruana, le brinda al Tribunal un poder significativo en la aplicación e interpretación de la Constitución, siendo así el máximo interprete por excelencia. No obstante, el ejercicio no parametrado de esta autonomía ha causado un debate sobre su alcance y sus límites, puesto que, en ocasiones, el Tribunal Constitucional parece haber excedido sus competencias al crear nuevas normas procesales que corresponden, por mandato constitucional, al Poder Legislativo. Este contexto expone una cuestión jurídica relevante: ¿Cuál es el parametro por el cual el Tribunal Constitucional debería intervenir en la creación de normas procesales, y cuándo su ejercicio transgrede el principio de separación de poderes? El Tribunal Constitucional, en su calidad de intérprete de la Constitución, ha sido criticado por autores como Stern (2011) y Pozzolo (2009), autores quienes advierten que la autonomía procesal, si no llega a ser regulada, puede dar lugar al activismo judicial. El mencionado fenómeno da a lugar cuando el juez constitucional no se limita a interpretar la ley, sino que además crea normas, desplazando al legislador en el proceso de formulación de leyes. Ello puede afectar el equilibrio y separación de poderes, las cuales son principios indispensables en un Estado Constitucional de Derecho. El problema jurídico nace en la actuación del Tribunal Constitucional (TC) del Estado peruano, pues mediante el uso de la figura de la autonomía procesal, ha causado derecho jurisdiccional en ámbitos que corresponden exclusivamente al Poder Legislativo. En su intento de llenar vacíos existentes en la normativa procesal constitucional, el TC ha creado normas jurídicas que no solo complementan el ordenamiento constitucional, sino que además, en ciertas ocasiones exceden su facultad de interpretación, causando un desequilibrio entre los poderes del Estado; tal fenómeno ha sido discutido en la doctrina española, pues se señala el peligro del activismo judicial y la sobreinterpretación de la Constitución por parte de los magistrados constitucionales. De acuerdo a Hernández Gil (2013), el activismo judicial se da cuando el Tribunal asume un rol que va más allá de la interpretación de la ley, pues de adentra en el terreno de la creación normativa, lo cual puede incumbir la legitimidad democrática y separación de poderes. El problema se hace notar al observar la creación de nuevos mecanismos procesales, tal como el concepto de estado de cosas inconstitucional. Por medio de esta figura, el TC ha establecido precedentes vinculantes que no únicamente han resuelto el caso concreto, sino que han devenido en efectos generales, que posteriormente se aplican en situaciones futuras sin la intervención del Poder Legislativo. Este actuación ha sido comparado con el fenómeno de la “legislación judicial”, en el cual el Tribunal Constitucional, al momento de crear normas procesales de forma judicial, traslada la función legislativa. Así bien, García Roca (2011) y Vázquez (2015), critican esta práctica, pues señalan que los tribunales deben limitarse a la mera interpretación de la Constitución y no crear nuevas normas, puesto que el principio de separación de poderes limita y establece que la creación de normas jurídicas es función exclusiva del Congreso. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 49-61 56 Es así que este tipo de intervenciones por parte del TC, el cual carece de una base legislativa formal, plantea la interrogante de si el TC ha sobrepasado su rol de intérprete de la Constitución y ha usurpado competencias que constitucionalmente corresponden al Congreso. En este contexto, el activismo judicial del TC se encontraría desbordando los límites de su función jurisdiccional, lo cual ha sido objeto de crítica en la doctrina constitucional comparada, singularmente en el ámbito del control de constitucionalidad y sobre los límites de la autonomía procesal (Bermúdez, 2016). El elevado grado de autonomía del Tribunal Constitucional ha traído efectos negativos en el sistema legal. Una de las más importantes es la ausencia de protección legal. La elaboración de nuevas reglas de procedimiento a través de la jurisprudencia puede ocasionar conflictos en el sistema legal, porque las decisiones de los jueces no siempre son consistentes. Un Tribunal Constitucional puede tomar una decisión que vaya en contra de fallos anteriores, lo que puede generar confusión sobre cómo se debe aplicar la ley en casos parecidos. La carencia de una normativa clara y detallada respecto de los límites de la autonomía procesal puede causar interpretaciones dispares entre jueces y tribunales, lo que conlleva a generar decisiones impredecibles, este escenario afecta tanto a los operadores jurídicos, y abogados quienes enfrentan dificultades para asesorar a sus clientes ante el hecho que no existe una base en un sistema legal estable Otra consecuencia a tomar en cuenta es la posible alteración del equilibrio de poderes dentro del Estado, es sabido que la separación de poderes es un principio elemental en cualquier Estado democrático de derecho, y su correcta aplicación es fundamental para evitar que un solo órgano del Estado ostente un mayor poder que los otros poderes del Estado; pues al aumentar su poder en la elaboración de normas, el Tribunal Constitucional podría estar yendo más allá de su función principal de interpretar la Constitución, lo que podría desplazar al Poder Legislativo en la tarea de promulgar leyes. Este desequilibrio puede debilitar la autoridad del Congreso y amenazar el sistema de controles y equilibrios que define a un Estado de derecho. El activismo judicial, tal como lo señalan Bernal Pulido (2015) y Prieto Sanchis (2017), es una particularidad que emerge cuando los tribunales, al no contar con límites claros, exceden su función de interpretación de la Constitución. De esta forma, el Tribunal Constitucional del Estado peruano ha actuado más allá de su papel original al crear normas procesales las cuales son de exclusiva competencia del Poder Legislativo, el exceso de poder atañe la seguridad jurídica y la previsibilidad, elementos necesarios para el funcionamiento del sistema judicial. Es claro que existe una necesidad de regulación más estricta frente al ejercicio de la autonomía procesal del Tribunal Constitucional. De modo que se pueda evitar que el Tribunal siga sobrepasando sus competencias, es importante delimitar su actuación. La autonomía procesal debe comprenderse como una herramienta complementaria, mas no como una función legislativa. El Tribunal debería llenar los vacíos normativos cuando sea estríctamente necesario, pero siempre respetando el rol que corresponde a otros órganos del Estado, como al del poder legislativo. Aunado a ello, la creación de nuevas instituciones procesales o la modificación de las existentes debería estar ligada a un marco normativo aprobado por el legislador, y a una mera interpretación judicial que pueda carecer de la requerida legitimidad democrática. Una adecuada regulación de la autonomía procesal también debería prever mecanismos de control y supervisión, pues si bien el Tribunal Constitucional posee la capacidad por excelencia de interpretar la Constitución, dicho accinar no debe convertirse en una expansión de su poder más allá de lo que la Constitución política le ha conferido. Un sistema de control más estricto, que incluya la revisión por parte de otros órganos del Estado o la participación de expertos en derecho procesal, podría ayudar a garantizar que las decisiones del Tribunal no transgredan principios constitucionales como la seguridad jurídica y la separación de poderes, cabe mencionar que la existencia de un marco claro y bien definido para el ejercicio de la autonomía procesal contribuiría a mantener la legitimidad de la actuación del Tribunal y a fortificar la confianza de la sociedad en la justicia constitucional. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 49-61 57 Finalmente, la regulación de la autonomía procesal debe considerar la necesidad de ajustar el sistema a las exigencias sociales y políticas del país. El Tribunal Constitucional cumple un rol muy importante en la defensa de los derechos básicos y en el fortalecimiento del Estado de derecho, ante ello es fundamental que sus acciones se alineen con los principios de la Constitución y con las leyes establecidas. Restringir su autonomía en el proceso no implica disminuir su habilidad para defender los derechos, más bien, busca asegurar que actúe dentro de los parámetros que establece la Constitución, evitando que su papel como juez se convierta en una versión de un poder legislativo que no es democrático. En síntesis, regular el exceso de autonomía procesal del Tribunal Constitucional supone un desafío jurídico para el sistema democrático peruano, pues resulta necesario establecer límites claros a su actuación para frenar que el Tribunal se convierta en un órgano con poderes legislativos, lo cual alteraría el equilibrio de poderes y pone en riesgo la estabilidad jurídica y democrática del país; solo mediante una regulación adecuada y un control efectivo se podrá garantizar que la autonomía procesal del Tribunal Constitucional siga siendo una herramienta eficaz para la tutela de la Constitución sin transgedir los principios fundamentales de un Estado constitucional de derecho. VII. LA AUTONOMÍA PROCESAL EN EL DERECHO COMPARADO La reflexión sobre cómo se han implantado las instituciones jurídicas de índole procesal a nivel comparado a través de la aplicación de la autonomía procesal permite comprender mejor la situación de esta última ejercida por el Tribunal Constitucional del Perú. En Estados Unidos, en 1803 se introdujo el control difuso a través del célebre judicial review implantado por el caso Marbury v. Madison. Ese día, la Corte Suprema de los Estados Unidos, gracias al concepto de control constitucional difuso, el juez presidente John Marshall creó una institución legal no explicitada en la Constitución: instituyó la inspección judicial de las leyes. Según el marshallismo, la ley suprema, válida desde 1787, en realidad, la ley suprema nunca dice en sus cláusulas que ella sea, desde el punto de vista jurídico, superior a la ley común; eso es solo parte del “bloque de lo constitucional” o “bloque de la constitucionalidad”. El juez Marshall prescribió que, en caso de que una norma nociva contradiga una cláusula de la norma fundamental N.F., la norma nociva debe ser descalificada, y la cláusula de la N.F. debe prevalecer. Eso se llama el modelo difuso de control constitucional y también proviene de la autonomía procedimental. Por otro lado, el bloque de constitucionalidad en Francia fue instaurado por el Consejo Constitucional gracias a su autonomía procedimental. Se entiende un bloque de constitucionalidad *como el conjunto de documentos jurídicos a nivel constitucional que tienen el mismo rango que la Norma Fundamental*. Comparándolo con el Estado peruano, el órgano Tribunal Constitucional de igual forma ha acreditado tácitamente el bloque de constitucionalidad; sin embargo, está constituido por tratados internacionales relacionados con derechos humanos y leyes orgánicas en nuestro sistema jurídico. Por otro lado, la Corte Constitucional de Italia creó un tipo especial de sentencias llamadas sentencias interpretativas. Normalmente, los tribunales constitucionales declaran estimativas las demandas cuando consideran una ley inconstitucional; si no la dan así, la declaran desestimativa y validan la ley. Sin embargo, bajo la influencia del Tribunal Supremo Federal estadounidense se introdujeron sentencias distintas para las demandas más tarde. Estas sentencias pueden ser típicas cuando se declara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes; también existen las sentencias atípicas, cuando se decide no declarar inconstitucional una disposición legal para no generar consecuencias más negativas para la seguridad jurídica que mantenerla vigente. En tal caso, se emiten sentencias interpretativas, donde si el Parlamento establece A como B, el Tribunal interpreta conforme a la Norma Fundamental indicando que A debe entenderse como C, quien representará un sentido interpretativo acorde con dicha norma. También Argentina creó los mecanismos mediante autonomía procesal al introducir el proceso de amparo. Hasta 1960, no había regulación en derecho argentino sobre amparo; solo existía hábeas corpus hasta el momento de los casos Samuel Cox y Ángel Siri. Luego, los magistrados comenzaron a reconocer Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 49-61 58 restricciones invocadas y concluyeron que debía proteger cualquier derecho constitucional porque es su única finalidad proteger libertades individuales. Así, procesalmente y jurisprudencialmente surgió el amparo gracias a decisiones judiciales antes de su surgimiento legislativo formal. Finalmente, resulta que en Colombia se instaura, mediante autonomía procesal, el concepto del estado de cosas inconstitucional a través de su Corte Constitucional. Este concepto fue inicialmente introducido en la Sentencia T-025 de 2004, en la que la Corte reconoció la situación estructural de violación de derechos fundamentales de la población desplazada por la violencia, declarando un estado de cosas inconstitucional debido a la persistente omisión del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones para proteger a las víctimas del desplazamiento forzado (Corte Constitucional de Colombia, 2004). Lo anterior también fue adoptado por el Tribunal Constitucional (TC) peruano, en un caso relacionado con una juez que demandó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) —hoy Junta Nacional de Justicia— tras ser desaprobada luego de un examen para su ratificación que había sido correctamente realizado inicialmente; al solicitar acceso al video de su entrevista de ratificación y recibir una negativa por parte del CNM, la juez interpuso una acción de hábeas data ante el Tribunal Constitucional. En la Sentencia Exp. 02534-2019-PHC/TC, el TC peruano reconoció su derecho a acceder a dicha información y, sentó un precedente significativo al declarar que esta situación podría repetirse con otros magistrados, lo que generaba un riesgo de que el acceso a la información fuera nuevamente restringido. En este fallo, el Tribunal adoptó el concepto de estado de cosas inconstitucional, asegurando efectos benéficos hacia terceros implicados, y enfatizó la necesidad de que situaciones similares no se repitieran. Esto se debe a que, como indicó la Corte Constitucional, las decisiones jurisdiccionales normalmente solo tienen efectos entre las partes involucradas. Sin embargo, a través de la figura del estado de cosas inconstitucional, se otorga validez jurídica frente a terceros en casos análogos, evitando así nuevos procesos similares, lo que genera un impacto estructural en el sistema jurídico y promueve la protección de derechos de manera más amplia (Corte Constitucional de Colombia, 2004). VIII. INSTITUCIONES JURÍDICAS CONCEBIDAS POR EL TC A TRAVÉS DE LA AUTONOMÍA PROCESAL 1. El partícipe como sujeto procesal Es una figura jurídica que no se encuentra prevista en el Código Procesal Constitucional, sino establecida por el Tribunal mediante la Resolución de Tribunal Constitucional 0025-2005-PI/TC. Su función consiste en permitir la inclusión en el proceso de aquella persona natural o jurídica con capacidad de suscitar una interpretación sobre la ley materia de juego que se analiza en la sede del proceso de inconstitucionalidad. A modo de justificar su origen e instauración, se especifica un principio jurisdiccional, la autonomía procesal. El Tribunal Constitucional estableció que la participación de la parte en conflictos de inconstitucionalidad implica una proyección aportativa de enfoque interpretativo respecto del conflicto jurídico referido al control constitucional. Esto sucede por las facultades consagradas en la Norma de Fuentes de la Norma Fundamental que confieren especial relieve precisamente sobre la ley que forma el objeto del control constitucional. 2. El RAC en favor del precedente constitucional En otras palabras, el Tribunal Constitucional, en la sentencia N.° 4853-2004-PA/TC, ha establecido jurisprudencia en el sentido de que “la resolución de carácter denegatorio no solo significa que acoge la pretensión de parte, sino que también, en un nivel más objetivo, implica un rechazo de la justicia del caso”. Es decir, implicará una denegación de justicia desde un punto de vista constitucional, en la parte limitativa, al no haber tutelado procesalmente aplicatividad un precedente constitucional. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 49-61 59 No obstante, como señala Eto, G. (2013), la Norma Fundamental considera claramente que “la legitimidad jurisdiccional” para interponer un recurso de agravio constitucional recae solo en la parte demandante, es decir, quien en ese proceso ha resultado perdedor, y no en la parte demandada. En suma, dicho precedente ha sido derogado por la sentencia expedida en el expediente N.° 3908-2007- PA/TC, recaída sobre el llamado “Caso Frontón”. Por lo tanto, desde este momento, solo la parte demandante tiene la calidad para interponer el recurso de agravio constitucional. La parte demandada que haya resultado perdedora solamente podrá recurrir a través de un amparo contra amparo. 3. Tipología de sentencias respecto los procesos de inconstitucionalidad El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída sobre Exp. 0090-2004-AA/TC establece la tipología respecto sentencias en los procesos jurídicos de inconstitucionalidad. 3.1. Sentencias estimativas: Se refiere a aquellas resoluciones las cuales deciden sobre la inconstitucionalidad de una norma. Su objetivo es eliminar del ordenamiento jurídico cualquier disposición que se considere inconstitucional. 3.1.1 Sentencias de simple anulación: Se tratan de las sentencias que anulan total o parcialmente del compuesto respecto de una norma jurídica. 3.1.2 Sentencias interpretativas en sentido estricto: Se tratan de las sentencias que declaran inconstitucional alguna interpretación la cual es erróneamente desarrollado por un magistrado. 3.1.3 Sentencias interpretativas de carácter manipulativo (normativas): Son aquellas sentencias la cual declaran un contenido normativo inconstitucional, de forma que se adultera una ley, a través de las sentencias reductoras o aditivas, exhortando al Poder Legislativo a reformarla. 3.2 Sentencias desestimativas: Comprenden aquellas decisiones las cuales determinan la improcedencia, inadmisibilidad o falta de fundamento de una demanda de inconstitucionalidad según corresponde. Es necesario mencionar que Tribunal Constitucional peruano, en su sentencia del Exp. 030-2005- AI/TC, ha establecido un marco de ciertos límites a su tarea de interpretación e integración. Así, esta puede darse, afirma, dentro del “justo marco de la ley”, lo que implica que el Tribunal interpretativo no exceda el principio constitucional de la división de poderes, ya que una sentencia interpretativa e integradora implica que se desarrolle en virtud de una norma jurídica que obtiene su fuerza vinculante no de una nueva norma jurídica, sino de un principio de derecho que se encuentra en el poder constitucional. Dichas limitaciones han sido declaradas como precedentes vinculantes, lo que implica que es obligatorio aplicarlos si es necesario. Sin embargo, en la práctica, observamos que el Tribunal Constitucional no respeta los criterios establecidos, ya que no formula una norma de derecho, sino que se dedica a la creación de normas de derecho. IX. CONCLUSIONES Por lo antes mencionado, y tal como se ha concluido en el presente artículo, aunque la autonomía procesal del Tribunal Constitucional está limitada por la Constitución y su ley orgánica, estas limitaciones no son suficientes a fin de garantizar la coherencia y razonabilidad de sus decisiones. La ilimitada aplicación de la autonomía procesal llega a producir daños jurídicos en el sistema de justicia, como la falta de seguridad jurídica y previsibilidad de sus decisiones, la transgresión a la separación de poderes, y la propia cuestionabilidad de la justicia constitucional. Para garantizar la legitimidad de la autonomía procesal del Tribunal Constitucional, es esencial establecer límites claros, basados en la Constitución, tratados internacionales y la Ley Orgánica del TC, la creación de normas debe seguir un proceso legislativo que respete la seguridad jurídica y división de poderes, en el legislativo nacional se enuncian las determinadas en la Ley Orgánica Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 49-61 60 del TC, particularmente en el artículo 1, donde el tribunal únicamente está sujeto a la Constitución Política y a esta ley, no obstante estas limitaciones son insuficientes para tutelar el correcto ejercicio del TC en comparación con otros sistemas jurídicos, como el español, o Alemania, también EE. UU. donde impera la autolimitación o self restraint. A modo de propuesta, los límites serían los siguientes en favor de garantizar la legitimidad jurídica del ejercicio de la autonomía procesal: 1. Límites formales 1.1 Constitución 1.2 Tratados internacionales de derechos humanos 1.3 Leyes vigentes 1.4 Título Preliminar del Código Procesal Constitucional 2. Límites materiales 2.1 Principio de corrección funcional 2.2 Prohibición de arbitrariedad 2.3 Principio de subsidiaridad 2.4 Principios de razonabilidad y proporcionalidad 2.5 Separación de poderes 2.6 Seguridad jurídica 2.7 Self restraint (autolimitación del Tribunal Constitucional) X. BIBLIOGRAFÍA Abad, S. (2019). Manual de derecho procesal constitucional . Palestra Ediciones. Bernal Pulido, M. (2015). La constitucionalización del derecho: Activismo judicial y la función del juez constitucional . Editorial Jurídica. Bermúdez, L. (2016). El activismo judicial y la interpretación constitucional . Editorial Jurídica. Blume, E. (2012). El Tribunal Constitucional peruano como supremo intérprete de la Constitución . Recuperado de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/3350 Blume, E. (2020). 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