LibreOffice/7.3.7.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/e114eadc50a9ff8d8c8a0567d6da8f454beeb84f 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 true true false true false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false true false 1 1 true Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 62-75 62 ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY: ¿QUÉ TENEMOS Y HACIA A DÓNDE VAMOS? ADOLESCENTS IN CONFLICT WITH THE LAW: WHAT DO WE HAVE AND WHERE ARE WE HEADING? Erick Gómez Tagle López * Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Karla Paola Hernández Pulido ** Instituto Nacional de Ciencias Penales México Recibido: 28 de marzo del 2025 Aprobado: 10 de julio del 2025 RESUMEN Resulta imperativo discutir sobre los fenómenos que afectan a la sociedad, más aún cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. En este contexto, es primordial abordar la realidad de los adolescentes en conflicto con la ley, a pesar de la existencia de diversas leyes y programas diseñados para proteger sus derechos humanos. Aunque se han hecho avances significativos en el marco normativo, muchos adolescentes aún enfrentan un sistema de justicia que, en ocasiones, perpetúa ciclos de violencia y exclusión social. Además, los programas encaminados a atender a esta población a menudo carecen de recursos adecuados y de un enfoque integral. La falta de seguimiento y evaluación de estas iniciativas limita su capacidad para generar un impacto positivo a largo plazo. Por tanto, el objetivo de este artículo es llevar a cabo un análisis crítico del marco normativo y de los datos estadísticos disponibles, con el fin de abordar de manera efectiva las necesidades de las personas menores de edad en conflicto con la ley. ¿En qué medida las políticas actuales están alineadas con las realidades sociales que enfrentan las personas menores de edad? ¿Qué papel juega la comunidad en la reintegración de estos adolescentes y cómo se pueden fomentar colaboraciones más útiles entre diferentes sectores? Este enfoque permitirá avanzar hacia un sistema de justicia que promueva no sólo la responsabilidad, sino también la reinserción y el desarrollo personal, contribuyendo así a la construcción de sociedades más justas, pacíficas y empáticas. Palabras clave: adolescentes, conductas antisociales, derechos humanos, prevención, sistema de justicia. ABSTRACT Is necessary to discuss the phenomena that affect society, even more so when it comes to people in vulnerable conditions. In this context, addressing the reality of adolescents in conflict with the law is essential, despite the existence of various laws and programs designed to protect their human rights. Although significant progress has been made in the regulatory framework, many adolescents still face a justice system that sometimes perpetuates cycles of violence and social exclusion. In addition, programs aimed at serving this population often lack adequate resources and a comprehensive approach. The lack of monitoring and evaluation of these initiatives limits their ability to generate a positive long-term impact. Therefore, the objective of this article is Para citar este artículo: Gómez Tagle López, E., & Hernández Pulido, K. P. (2026). Adolescentes en conflicto con la ley: ¿qué tenemos y hacia a dónde vamos?. Vox Juris, 44(2), [pp. 62–75]. DOI: https://doi.org/ [DOI-asignado] * Erick Gómez Tagle López. Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. ORCID 0000-0003-1305-5513. Correo: erick.gomeztagle@correo.buap.mx. ** Karla Paola Hernández Pulido. Maestra en Psicopatología Forense y Sistema de Justicia. Instituto Nacional de Ciencias Penales, México. ORCID 0000-0003-3660-4706. Correo: contacto.karlapaolahpulido@gmail.com. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 62-75 63 to carry out a critical analysis of the regulatory framework and the available statistical data, in order to effectively address the needs of adolescents in conflict with the law. To what extent are current policies aligned with the social realities faced by minors? What role does the community play in the reintegration of these adolescents and how can more useful collaborations between different sectors be fostered? This approach will allow us to move towards a justice system that promotes not only responsibility, but also reintegration and personal development, thus contributing to the construction of more just, peaceful and empathetic societies. Keywords: adolescence, antisocial behavior, human rights, justice system, prevention. SUMARIO I. Introducción. II. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. III. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. IV. Datos y tendencias sobre el tema. V. Construcción social y posturas críticas. VI. Consideraciones finales. VII. Bibliografía. I. INTRODUCCIÓN La situación de las personas menores de edad en conflicto con la ley tiene importancia significativa en los ámbitos criminológico, jurídico y social. Durante años se ha hablado de pobreza, violencia familiar y falta de oportunidades como las causas principales por las que una persona adolescente comete una conducta que la ley señala como delito, sin embargo, conforme nos adentramos al tema, nos damos cuenta de que las causas son vastas. Conductas de este tipo no sólo ponen en evidencia la fragilidad del entorno en el que viven, sino también plantean interrogantes sobre la responsabilidad social y el papel de las instituciones en la protección, acompañamiento y rehabilitación de niñas, niños y adolescentes. Si bien es fundamental considerar factores como el contexto familiar, las influencias sociales y las condiciones económicas como aquéllos que pueden contribuir a la ejecución de conductas antisociales, esto no debe abordarse de manera superficial. Las personas expertas en criminología deben indagar sobre la génesis y la dinámica de la conducta antisocial, con el fin de prevenir e intervenir de manera adecuada; asimismo, las y los expertos en ciencias penales no deben centrarse en la sanción, siendo crucial adoptar un enfoque que priorice la rehabilitación y el desarrollo integral de quienes han cometido una falta, ofreciendo alternativas que les permitan reincorporarse a la sociedad de manera positiva y constructiva. Al hacerlo, no sólo se busca la prevención de conductas violentas y/o transgresoras de la ley, sino también la promoción de un futuro esperanzador para las generaciones nuevas. Este artículo es una contribución en este sentido, para lo cual en la primera parte se presentan algunas directrices clave, establecidas por las Naciones Unidas; posteriormente, se comenta el marco normativo nacional y se analizan datos demográficos de la población objeto de este estudio, identificando variables y factores causales que explican su comportamiento; finalmente, se da cuenta de su construcción social, en parte por el constreñimiento estructural del que son objeto, motivándoles a abandonar los estudios, con las consecuencias negativas que esto implica, lo que en conjunto permite presentar unas consideraciones finales, útiles para el estudio académico y la valoración de las políticas públicas implementadas. El presente estudio parte de la hipótesis de que, pese a los avances normativos y programáticos en materia de justicia para adolescentes en México, persisten brechas estructurales e institucionales que limitan la capacidad del sistema para atender, de forma integral y efectiva, las necesidades de las personas menores de edad en conflicto con la ley. Se sostiene que, en ausencia de un enfoque interdisciplinario, preventivo y con recursos suficientes, las políticas actuales reproducen condiciones de vulnerabilidad, estigmatización y exclusión, dificultando los procesos de reintegración social, el desarrollo personal y la prevención de futuras conductas antisociales. En cuanto a la metodología, se adoptó un enfoque cualitativo de tipo descriptivo-analítico, sustentado en la revisión sistemática de fuentes normativas, estadísticas y académicas relevantes sobre adolescentes en conflicto con la ley. En primer lugar, se revisó el marco normativo internacional, tomando como Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 62-75 64 referencia las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, conocidas como “Directrices de Riad”, con el fin de identificar los estándares internacionales en materia de prevención, intervención y reintegración de adolescentes. Posteriormente, se examinó el marco nacional, incluyendo leyes, políticas públicas y programas vigentes en el ámbito mexicano, con el objetivo de valorar su congruencia con dichos estándares y sus aplicaciones prácticas. También se analizó la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP, 2022), así como estudios sectoriales y literatura académica especializada en criminología, victimología, derecho penal juvenil, sociología y políticas públicas. Este análisis permitió identificar factores de riesgo comunitarios, económicos y familiares asociados a la comisión de conductas antisociales en adolescentes. El enfoque interdisciplinario adoptado posibilitó articular el análisis jurídico con los aspectos empíricos y sociales subyacentes, permitiendo una comprensión amplia del fenómeno objeto de estudio. La metodología empleada buscó no sólo describir el estado actual del sistema de justicia para adolescentes, sino identificar sus principales limitaciones y áreas de oportunidad, en aras de fortalecer las políticas públicas y los modelos de intervención existentes. Cabe mencionar que en el presente texto se retomaron algunos postulados del libro: Bienestar y crueldad animales. Diagnóstico y propuestas para su atención integral (cuyo autor es el doctor Gómez Tagle) y de las memorias publicadas de la 2ª. Reunión nacional “La prevención de conductas infractoras en menores de edad. Modelos y alternativas”, celebrada en el Instituto Nacional de Ciencias Penales el 29 de junio de 2007. II. DIRECTRICES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL Abordar la prevención de conductas antisociales, disruptivas o infractoras en niñas, niños y adolescentes requiere considerar como base diversos instrumentos normativos, declarativos y convencionales. Entre aquéllos de carácter internacional destacan las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, también conocidas como “Directrices de Riad”, adoptadas y proclamadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 45/112, el 14 de diciembre de 1990. Estas directrices establecen un conjunto de principios fundamentales para abordar la problemática de la delincuencia juvenil de manera integral y efectiva. Su enfoque resalta la importancia de la prevención y la intervención tempranas, así como también enfatiza la necesidad de crear entornos seguros y de apoyo que fomenten el desarrollo saludable de las y los jóvenes. Al incorporar estas pautas en las políticas y programas dirigidos a la juventud, se busca reducir el riesgo de conductas infractoras, junto con promover un sentido de pertenencia y responsabilidad que les permita alcanzar su pleno potencial, en el marco de una sociedad que les brinde oportunidades equitativas. A pesar de su importancia y tiempo transcurrido desde su adopción, estas directrices no han tenido el impacto esperado en las políticas públicas. Por ello, resulta pertinente retomar algunos de sus postulados fundamentales con el objetivo de generar conciencia sobre sus postulados. Esto permite priorizar la prevención de conductas contrarias a la ley penal, en lugar de limitarse a abordar las problemáticas derivadas de ellas. En este sentido, es fundamental, primero, aclarar la distinción entre documentos declarativos y convencionales (vinculatorios), ya que, a pesar de sus diferencias en objetivos y alcances, a menudo la población suele confundirlos: "Se consideran declarativos, orientadores, recomendatorios o resolutivos, los instrumentos internacionales que carecen de efecto jurídico obligatorio, ya que su autoridad es básicamente moral y política. Estos documentos se emiten con mayor rapidez que los convencionales al ser producto de conferencias, reuniones, convenciones internacionales o bien de resoluciones de órganos como la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un documento de esta naturaleza puede ser catalogado como declaración, directrices, principios, recomendación, reglas mínimas, por poner algunos ejemplos. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 62-75 65 Los documentos convencionales, también llamados vinculatorios, son instrumentos que implican obligaciones jurídicas para los Estados Parte, por lo que éstos los adoptan mediante su correspondiente ratificación o adhesión, haciendo constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse a lo que disponen los mismos. Los instrumentos con estas características se denominan convenciones, convenios, pactos y protocolos. Por lo anterior se debe tener presente que cuando se hable de instrumentos internacionales se referirá a todos estos documentos en general, sin embargo, cuando se mencione tratados internacionales se hará referencia específica a los documentos convencionales." (Gómez Tagle, 2021, p. 1). Entendiendo que el fenómeno delincuencial es sumamente complejo, resulta evidente que la mera existencia de instrumentos y tratados internacionales no garantiza la erradicación de los numerosos abusos que sufren las personas, especialmente niñas, niños y adolescentes, quienes, por su edad, se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Sin embargo, es crucial reconocer que el derecho internacional tiene un papel fundamental en la reducción de estas problemáticas, y podrá cumplir con este objetivo si se aplica de manera adecuada en cada país, particularmente en el marco de la cooperación regional. Para contextualizar, partamos del hecho de que en el mundo existen alrededor de 2.200 millones de niñas y niños (menores de 18 años). En México, según las cifras del Censo de Población y Vivienda 2020, publicadas por el INEGI, se contabilizaron hasta ese año 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes (49.3% mujeres y 50.7% hombres); esto representaba el 30.4% de la población nacional. Demográficamente las tres entidades con mayor proporción de población de personas entre 0 y 17 años fueron: Estado de México (5 millones), Jalisco (2.5 millones), Veracruz (2.4 millones), Puebla (2.2 millones) y Chiapas (2.1 millones). Entorno sociodemográfico en el que se inscribe nuestro sistema penal. Es evidente, desde la perspectiva de lo que conocemos como “sociología jurídica”, que el objetivo no es sólo la creación de leyes. Aunque esto es necesario para hablar de un Estado de derecho — sistema en el que las personas y las autoridades están sometidas a la ley, garantizando la igualdad y la justicia, protegiendo los derechos humanos frente a la arbitrariedad del poder—, resulta insuficiente, ya que una premisa fundamental es el cumplimiento efectivo de lo prescrito jurídicamente. Las Directrices de Riad, aunque no son vinculantes, constituyen un referente irreemplazable para prevenir, antes que sancionar, las conductas contrarias a lo permitido por el sistema normativo hegemónico. A continuación, retomamos algunas de sus estrategias, destacando aquellas que consideramos especialmente relevantes. • Oportunidades educativas. El desarrollo de oportunidades, especialmente en el ámbito educativo, debe enfocarse en satisfacer las necesidades de las personas adolescentes y jóvenes, proporcionando un entorno de apoyo que garantice el bienestar de todas y de todos, con especial atención a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo social y requieren cuidados y protección específicos. • Condiciones causales. El diseño de enfoques y criterios enfocados en prevenir la delincuencia debe fundamentarse en leyes, procedimientos, instituciones y servicios que busquen disminuir las causas, las necesidades y las oportunidades que facilitan la comisión de conductas tipificadas como delitos, así como las condiciones que los favorecen. • Etiquetamiento. “La conciencia de que, según la opinión predominante de los expertos, calificar a una persona menor de edad como “extraviada”, “delincuente” o “predelincuente” a menudo contribuye a que desarrolle pautas cotidianas de comportamiento indeseable.” (ONU, 1990, párr. 5). • Derechos de la niñez. “Las presentes directrices deben interpretarse y aplicarse en el marco general de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Declaración de los Derechos del Niño; Convención sobre los Derechos del Niño; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), entre otros instrumentos y normas relativos a los derechos, intereses y bienestar de la niñez, adolescencia y juventud.” (ONU, 1990, párr. 7). Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 62-75 66 • Cooperación. “Estrecha cooperación interdisciplinaria entre los gobiernos nacionales, estatales y municipales, con las participaciones del sector privado, de ciudadanos/as representativos/as de la comunidad interesada y de organismos laborales, de cuidado de la niñez, de educación sanitaria, sociales, judiciales y de los servicios de aplicación de la ley en la adopción de medidas coordinadas para prevenir las infracciones juveniles.” (ONU, 1990, párr. 9, inciso g). • Educación pública. Los gobiernos de los diversos Estados deben otorgar a la niñez, adolescencia y juventud acceso a la enseñanza pública de calidad. (ONU, 1990, párr. 20). • Situación de riesgo. Los sistemas educativos deben prestar especial atención a las y los adolescentes y jóvenes en situación de riesgo social, asegurando su cuidado y apoyo. Es fundamental desarrollar y aprovechar al máximo programas de prevención, materiales educativos, planes de estudio, así como herramientas y enfoques especializados. • Drogadicción. Es fundamental priorizar la implementación de políticas y estrategias integrales enfocadas en prevenir el consumo indebido de alcohol, drogas y otras sustancias adictivas. • Victimización. Las escuelas deben actuar como espacios de apoyo e información, proporcionando servicios de salud, asesoramiento y ayuda a la población adolescente y joven, con un enfoque especial en quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como el abuso, el abandono, la explotación o cualquier otra forma de victimización. • En situación de calle. “Los organismos gubernamentales deben asumir especialmente la responsabilidad del cuidado de las niñas y niños sin hogar (expósitos, abandonados, en situación de calle) y de proporcionarles los servicios que necesiten. Debe hacerse fácilmente accesible la información acerca de servicios locales, alojamiento, empleo y otras formas y fuentes de ayuda.” (ONU, 1990, párr. 38). • Niveles de violencia. Es importante exhortar a los medios de comunicación, especialmente a la televisión y al cine, a minimizar la presencia de contenidos relacionados con la pornografía, la drogadicción y la violencia en sus producciones. Además, deben promover una percepción negativa de la violencia y la explotación, evitar representaciones denigrantes, en particular hacia la niñez, las mujeres y las relaciones interpersonales, y difundir valores y modelos basados en la igualdad. (ONU, 1990, párr. 43). • Privación de la libertad. La reclusión de adolescentes y jóvenes en instituciones (tratamiento de internación) debe considerarse únicamente como una medida de último recurso, aplicándose por el tiempo estrictamente necesario y priorizando siempre su bienestar e intereses fundamentales. • Intervención oficial. “Los criterios para autorizar una intervención oficial de esta índole deben definirse estrictamente y limitarse a las situaciones siguientes: «a) cuando el menor de edad haya sufrido lesiones físicas causadas por los padres o tutores; b) haya sido víctima de malos tratos sexuales, físicos o emocionales por parte de los padres o tutores; c) haya sido descuidado, abandonado o explotado; d) se vea amenazado por un peligro físico o moral debido al comportamiento de los padres o tutores; e) se haya manifestado en el propio comportamiento del menor de edad o del joven un grave peligro físico o psicológico y ni los padres o tutores, ni el propio joven ni los servicios comunitarios no residenciales puedan hacer frente a dicho peligro por otro medio que no sea la reclusión en una institución».” (UNODC, 2007, pp. 85-86). • Informacióncientífica. “Debe difundirse entre la comunidad profesional y el público en general información científica acerca del tipo de comportamiento o de situación que pueda resultar en la victimización de los adolescentes y jóvenes, incluyendo daños, malos tratos (físicos y sicológicos) o su explotación.” (ONU, 1990, párr. 49). • Prevención de la violencia. “Los gobiernos deben comenzar a estudiar o seguir estudiando, formulando y aplicando políticas, medidas y estrategias, dentro y fuera del sistema de justicia penal, para prevenir la violencia en el hogar contra los jóvenes o que los afecte, procurando garantizar un trato justo a las víctimas de ese tipo de violencia.” (ONU, 1990, párr. 51). • Política legislativa. “Deben promulgarse y aplicarse leyes que prohíban la victimización, los malos tratos y la explotación de la niñez, adolescencia y juventud, así como su utilización para actividades delictivas.” (ONU, 1990, párr. 53). • Trato respetuoso. “Ningún joven o menor de edad debe ser objeto de medidas de corrección o castigo severo o degradante en el hogar, en la escuela ni en ninguna otra institución.” (ONU, 1990, párr. 54). Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 62-75 67 • Colaboración. “Se procurará fomentar la interacción y coordinación, con carácter multidisciplinario e interdisciplinario, de los organismos y servicios económicos, sociales, educativos y de salud con el sistema de justicia, los organismos dedicados a los jóvenes, a la comunidad y al desarrollo, así como otras instituciones pertinentes, logrando establecerse los mecanismos apropiados para tal efecto.” (ONU, 1990, párr. 60). • Difusión de actividades. “Debe alentarse la colaboración en las actividades de investigación científica sobre las modalidades eficaces de prevención de la delincuencia juvenil, difundirse ampliamente y evaluarse sus conclusiones.” (ONU, 1990, párr. 64). • Supervisión de la ONU. “Sobre la base de las presentes directrices, la Secretaría de las Naciones Unidas, en cooperación con las instituciones interesadas, desempeñará un papel activo de la investigación, colaboración científica, formulación de opciones de política y en el examen y supervisión de su aplicación, así como servir de fuente de información fidedigna acerca de modalidades efectivas para la prevención de la delincuencia.” (ONU, 1990, párr. 66). La implementación de estas y otras estrategias, evaluadas de forma integral y considerando su relación causa-efecto, resulta esencial para garantizar el respeto a los derechos humanos, particularmente en el caso de adolescentes y jóvenes que enfrentan situaciones de conflicto con la ley. Es fundamental reconocer que, lejos de percibirlos únicamente como responsables de actos ilícitos, deben ser vistos como víctimas, pues, en general, se les ha negado la oportunidad de vivir plenamente conforme a su etapa de desarrollo. Las acciones destinadas a jóvenes y adolescentes deben tener un enfoque educativo, orientado a que asuman responsabilidad por sus actos, al tiempo que se promueve en ellos el respeto hacia la ley. En este contexto, la noción de seguridad pública no puede limitarse a un enfoque estrictamente policial que ignore las causas subyacentes de las conductas tipificadas como antisociales. Por el contrario, debe entenderse como la garantía del ejercicio pacífico de los derechos ciudadanos en entornos de convivencia, protegiendo su integridad, su patrimonio y los demás bienes jurídicamente tutelados. La definición de seguridad pública aquí propuesta resulta relativamente innovadora, ya que habitualmente este concepto se construye en oposición a su antónimo: la inseguridad, frecuentemente equiparada con la incidencia delictiva. Esta perspectiva tiende a pasar por alto un aspecto crucial: la dimensión intersubjetiva del miedo como percepción social, un tema central en ciencias como la Criminología, la Psicología y la Sociología. Así, se propone avanzar de una política criminal hacia un enfoque integral que priorice tanto la protección de los derechos como la satisfacción de las necesidades fundamentales. En este sentido, las Directrices de Riad representan un recurso significativo. Asimismo, resulta pertinente debatir si la seguridad ciudadana supera a la seguridad pública en su alcance, al incluir no solo la protección, sino también la garantía de derechos como la educación, el trabajo y la cultura. Este enfoque requiere empoderar a las personas, entendido como un proceso mediante el cual desarrollan y ejercen capacidades para vivir plenamente bajo los principios de los derechos humanos. Este proceso es clave para prevenir tanto la delincuencia como las conductas que vulneran las normas. III. LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES El 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, abrogando la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en Materia Federal, publicada en el mismo instrumento oficial el 24 de diciembre de 1991. Esta ley de 2016 está compuesta por 266 artículos, divididos en cinco libros: el primero establece las pautas generales y los principios reguladores del “Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes” (SIJPA); el segundo, los mecanismos alternativos de solución de controversias y formas de terminación anticipada; el tercero los procedimientos y los supuestos bajo los cuales se Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 62-75 68 considera que una persona menor de edad comete un hecho tipificado como delito y sus grados de responsabilidad; el cuarto establece la ejecución de medidas y, finalmente, el quinto refiere las acciones orientadas a reducir los factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia (Álvarez, 2016, p. 6), dando así una ley amplia, relativamente completa. Su publicación representó un avance significativo en el tratamiento de las personas adolescentes en conflicto con la ley penal. Esta legislación fue concebida como una respuesta a la necesidad de un enfoque más humano y efectivo hacia la justicia juvenil, alejándose del modelo punitivo tradicional que planteaba la de 1991. Su objetivo: garantizar que los derechos humanos de las y los adolescentes sean respetados y que reciban un tratamiento que favorezca su reintegración y reinserción sociales. Este enfoque reconoce la capacidad de cambio en los jóvenes y busca ofrecerles oportunidades para un futuro positivo, en lugar de condenarlos a un ciclo de criminalización. Así, un aspecto relevante es su énfasis en el interés superior de la niñez, la protección integral y la autonomía progresiva. Uno de los aspectos más importantes plasmados en esta ley es que situó a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y, junto con otros instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fomentó la doctrina de protección integral, que no había sido contemplada en la legislación de nuestro país (Álvarez, 2016, en Reinserta Un Mexicano, A.C., 2018, p. 11). La legislación establece que cualquier medida privativa de libertad debe ser la última opción —como medida extrema y por la duración más breve posible— y que sólo se podrá imponer a adolescentes mayores de catorce años. Asimismo, establece que se deben priorizar medidas de sanción que permitan a las personas infractoras mantenerse en su entorno familiar y comunitario. Estas alternativas incluyen programas de carácter socioeducativo, de orientación y de rehabilitación, que fomentan el desarrollo de habilidades y valores positivos. Al mantener los vínculos familiares y sociales, se facilita una mejor adaptación del adolescente, lo que resulta necesario para su crecimiento emocional y social. Además, la ley establece la necesidad de que las y los adolescentes participen activamente en su proceso judicial, lo cual les permite tener voz en las decisiones que les afectan y fomenta su sentido de responsabilidad. Otro punto importante es que este ordenamiento señala que “las personas adolescentes deberán ser alojadas en unidades de internamiento separadas de los adultos, considerando variables como su edad, género, salud física y situación jurídica” (artículo 47). Dicha separación es fundamental para garantizar un tratamiento adecuado y respetuoso que reconozca las particularidades del desarrollo en esas etapas de la vida. Es esencial subrayar que, al cumplir los dieciocho años de edad en cualquier etapa del procedimiento, las y los adolescentes no deben ser enviados a centros de internamiento para adultos, por lo cual deben ser ubicados en áreas distintas y separadas del resto de la población juvenil menor de edad. Esta disposición protege a los jóvenes que están en transición hacia la adultez, asegurando que su proceso de reintegración y rehabilitación continúe en un entorno que tome en cuenta sus necesidades y su desarrollo emocional. Al evitar su traslado a un entorno que podría ser negativo, se les brinda una oportunidad para seguir en un proceso de crecimiento personal. La separación entre adolescentes y adultos es un principio de los derechos humanos, reconocido en diversas normativas internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño. Este enfoque no sólo protege a los jóvenes de situaciones que puedan comprometer su bienestar, sino que también promueve un tratamiento individualizado que responde a las características y necesidades específicas de cada menor de edad. Factores como la salud (física y psicoemocional), junto con el contexto social, son esenciales para garantizar que las unidades de internamiento ofrezcan programas adecuados que fomenten el desarrollo de habilidades y valores positivos. Es importante reconocer que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, su desarrollo emocional y psicológico aún puede requerir un entorno más protegido. Mantener, en este sentido, a quienes están en transición a la adultez en entornos diseñados para ellos, favorece su reintegración y reinserción sociales, ya que la interacción con otros jóvenes en situaciones similares puede ser beneficiosa, fomentando el apoyo mutuo y la creación de redes sociales saludables. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 62-75 69 Por otra parte, la especialización de los órganos del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es otro pilar fundamental de la ley; al respecto, se deberá contar con ministerios públicos, jueces y magistrados especializados en justicia para adolescentes. Sobre esto el artículo 64 especifica: Artículo 64. Especialización de los operadores del Sistema Integral Los operadores del Sistema son todas aquellas personas que forman parte de los órganos antes mencionados y deberán contar con un perfil especializado e idóneo que acredite los siguientes conocimientos y habilidades: I. Conocimientos interdisciplinarios en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes; II. Conocimientos específicos sobre el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; III. Conocimientos del sistema penal acusatorio, las medidas de sanción especiales y la prevención del delito para adolescentes; IV. El desarrollo de habilidades para el trabajo con adolescentes en el ámbito de sus respectivas competencias. La especialización de los funcionarios del Sistema podrá llevarse a cabo mediante convenios de colaboración con instituciones académicas públicas.” La especialización de los operadores de este sistema es importante para asegurar un manejo adecuado y efectivo de los casos. Estos “operadores” son aquellas personas que forman parte de los órganos jurisdiccionales que se inmiscuyen en el procedimiento penal; de esta manera se establece la inclusión de un amplio rango de profesionales, desde jueces hasta trabajadores sociales y psicólogos, lo que resalta la importancia de un enfoque interdisciplinario en el manejo de las personas infractoras. Más aún, el artículo especifica que estos operadores deben contar con un perfil especializado que incluya determinados estudios y habilidades. Se destaca la necesidad de tener conocimientos interdisciplinarios en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto es imprescindible ya que la protección de sus derechos es un principio indispensable en el sistema de justicia juvenil, asegurando que las decisiones tomadas siempre consideren el interés superior de la niñez. Al tenor de lo anterior, las y los operadores deben estar familiarizados no sólo con las normativas y procedimientos que rigen este sistema, sino también con los principios que lo fundamentan, como la reintegración social y la prevención de las conductas antisociales. En el caso de las y los jueces especializados, su labor implica, además de la administración de justicia, la consideración de los factores contextuales que afectan a cada menor de edad, como su entorno familiar, educativo y social. Este enfoque integral permite que las decisiones sean más justas y contextualizadas, considerando las circunstancias que llevaron a la persona adolescente a estar en conflicto con la ley. De esta manera, se busca aplicar sanciones que sean proporcionales a la infracción cometida, favoreciendo así los procesos de aprendizaje y de rehabilitación. Además de las medidas de sanción, la ley también hace hincapié en la prevención social de la violencia y la delincuencia, definida como el “conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan” (artículo 250)—. Se reconocen, en este sentido, las causas estructurales que contribuyen a que los jóvenes incurran en conductas antisociales, tales como pobreza, falta de acceso a educación de calidad y violencia familiar. Artículo 251. Factores de riesgo en personas adolescentes La prevención del delito como parte de la justicia de adolescentes tiene como finalidad el ejercicio pleno de sus derechos, evitar la comisión de delitos y la formación ciudadana, la cual tiene tres niveles: I. La prevención primaria del delito son las medidas universales dirigidas a los adolescentes antes de que cometan comportamientos antisociales y/o delitos, mediante el desarrollo de habilidades sociales, la creación de oportunidades especialmente educativas, de preparación para el trabajo para cuando esté en edad de ejercerlo, de salud, culturales, deportivas y recreativas; Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 62-75 70 II. La prevención secundaria del delito son las medidas específicas dirigidas a las personas adolescentes que se encuentran en situaciones de mayor riesgo de cometer delitos, falta de apoyo familiar, que se encuentran fuera del sistema educativo, desocupadas, inician en el consumo de drogas o viven en contextos que afectan su desarrollo, y III. La prevención terciaria del delito son las medidas específicas para los adolescentes que habiendo sido sujetos del Sistema de Justicia y habiendo cumplido una medida de sanción se implementan para evitar la reincidencia delictiva. Por ello, se promueven programas de prevención en los tres niveles de la cita antes mencionada, que abordan estas problemáticas, involucrando a la comunidad, las familias y a diversas instituciones. Estos programas tienen como objetivo ofrecer alternativas positivas y constructivas, ayudando a crear un entorno que les brinde oportunidades para desarrollarse de manera saludable, pacífica y productiva. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece además mecanismos de seguimiento y evaluación que buscan medir la efectividad de las políticas implementadas. Este sistema incluye la recopilación de datos sobre el impacto de las intervenciones y la evaluación continua de las medidas adoptadas. Al promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas, la ley pretende asegurar que las políticas públicas no sólo sean efectivas, sino que también respondan a las necesidades cambiantes de las y los adolescentes. Este enfoque, orientado a la evaluación, permite realizar ajustes y mejoras continuas, garantizando que la justicia se adapte y evolucione de acuerdo con las realidades sociales y las necesidades de las personas en conflicto con la ley, sin olvidar el respeto de los derechos humanos. IV. DATOS Y TENDENCIAS SOBRE EL TEMA En México tenemos una población considerable de personas adolescentes privadas de su libertad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) 2022, documento estadístico elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), resultado del artículo 79 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, hasta el 2022 habían 3,413 adolescentes en contacto con el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA), lo que significa que la población del SIJPA disminuyó más del 50% en relación con la cifra de 2017, la cual era de 6,891 personas. De las 3,413 personas, 3,099 eran hombres y 314 mujeres, lo cual muestra una población mayoritariamente masculina. Asimismo, de la cifra total, sólo 1,030 estaban cumpliendo una sanción de internamiento, siendo esto positivo, ya que se trata, aproximadamente, del 30% únicamente, lo cual se relaciona con el artículo 31 de la ley analizada en el apartado anterior: “Las medidas de privación de la libertad se utilizarán como medida extrema y excepcional”. Sobre la misma línea, sólo el 27.6% de la población de mujeres adolescentes en el SIJPA cumplía una sanción de internamiento. En el caso de los hombres, el dato es similar, siendo del 30.4%. Una mayor cantidad de varones adolescentes en conflicto con la ley, en comparación con mujeres, puede atribuirse a varios factores: los estereotipos de género, donde se espera que los hombres adopten comportamientos más agresivos y competitivos, mientras que a las mujeres se les enseña, desde temprana edad, a ser cuidadosas y sumisas. Además, los hombres suelen estar expuestos con mayor facilidad a entornos y grupos que fomentan conductas de riesgo. También puede influir el acceso a oportunidades y recursos, donde los varones pueden verse más impulsados a participar en actividades delictivas debido a factores socioeconómicos. De igual manera, los estereotipos de género en el sistema de justicia a menudo llevan a una mayor criminalización de las conductas masculinas, mientras que las conductas de las mujeres pueden ser vistas de manera diferente y, en ocasiones, indulgentes. ¿Son las drogas uno de los factores de riesgo para la comisión de conductas antisociales? Según datos de la encuesta, las sustancias psicotrópicas de mayor consumo para la población de adolescentes Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 62-75 71 en el SIJPA fueron bebidas alcohólicas (48.7%) y tabaco (41.9%), lo cual indica una prevalencia significativa (casi el 50% en esta población). Si bien no se registró un consumo elevado de drogas más fuertes, como la cocaína, anfetaminas o metanfetaminas —cuyos porcentajes son mucho menores—, el uso de alcohol y tabaco puede ser un factor de riesgo relevante para la comisión de conductas antisociales. Estas sustancias, al alterar el estado de ánimo y el juicio, pueden llevar a tomar decisiones impulsivas y a involucrarse en comportamientos de riesgo, como la violencia y el vandalismo. Además, el consumo de estas sustancias puede estar vinculado a contextos sociales desfavorables, donde la presión de grupo y la búsqueda de aceptación juegan papeles importantes. Al tenor de lo anterior, el 83.5% de los adolescentes en el SIJPA reportó que, al menos, uno de sus padres o tutores consumía alcohol con frecuencia; el 26.3% mencionó el consumo de drogas. Además, el 31.8% indicó que tuvo a un padre o tutor recluido en un centro penitenciario. La alta tasa de consumo de alcohol entre los padres o tutores sugiere un entorno familiar donde la normalización de esta sustancia puede influir en el comportamiento de los menores de edad. Asimismo, habla de un ambiente nocivo de desarrollo y un impacto significativo en la salud mental de quienes lo consumen y de quienes están alrededor de ellos. Este entorno puede contribuir a la desensibilización hacia el consumo de drogas y a la adopción de conductas de riesgo. Por otro lado, los adolescentes que mencionan el consumo de psicóticos por parte de sus padres o tutores indica una preocupación adicional, ya que la exposición a estas conductas puede llevar a la imitación o a la aceptación de estos hábitos como parte de la vida cotidiana. La cifra del 31.8% de adolescentes que han tenido un padre o tutor en reclusión es ¡alarmante!, ya que podría reflejar un entorno familiar inestable, con efectos emocionales y psicológicos negativos, como la depresión y la ira, aunado al estigma social y la inseguridad. La presencia de un padre o tutor en prisión afecta a la dinámica familiar, limitando el apoyo psicoafectivo y los recursos necesarios para un desarrollo saludable. En este sentido, debemos revalorar cuánto puede afectar el entorno familiar cuando se presentan comportamientos o situaciones de este tipo. La encuesta nos otorga otros datos interesantes: el 21% de la población adolescente declaró que la primera conducta tipificada como delito que cometió fue robo. Le siguieron otras conductas como violación (15.4%) y homicidio (9.5%). Al hacer la comparativa con la misma encuesta, pero de 2017, encontramos que el robo disminuyó, pero las otras dos aumentaron, principalmente la violación, que para 2022 tuvo un aumento de casi 50% (en 2017 la cifra fue de 7.8%). El robo, como primera conducta “delictiva”, puede reflejar tanto factores socioeconómicos como la influencia de su entorno inmediato, incluso podría considerarse como la conducta de más fácil ejecución. Sin embargo, la preocupación surge al observar el aumento en otras conductas delictivas, particularmente en el caso de la violación, que ha experimentado un incremento notable, el cual puede señalar no sólo mayor prevalencia de estos delitos entre los adolescentes, sino también un posible cambio en la percepción social respecto a la violencia sexual, la cual podría estar normalizándose o invisibilizándose en ciertos contextos. El incremento en homicidios, aunque más moderado, también indica una tendencia hacia la violencia extrema. Este panorama resalta ¡la necesidad urgente! de abordar la delincuencia en términos de sanciones, pero más aún de prevención, educación, acompañamiento y concientización sobre la violencia, el manejo adecuado de las emociones y el control de los impulsos, principalmente cuando hablamos de personas menores de edad. Por otra parte, la encuesta también revela un ¡preocupante panorama! respecto al trato que reciben las y los adolescentes al momento de su detención. En el 75.1% de los casos los adolescentes fueron esposados y en el 60.5% la autoridad empleó fuerza física para someterlos. Además, el 65.9% reportó haber experimentado violencia psicológica durante la detención, siendo el insulto la práctica más frecuente (72%), seguido del aislamiento o incomunicación (51.4%). Estos métodos no sólo vulneran derechos humanos, sino que podrían generar efectos negativos en su salud mental y emocional a largo plazo. Las cifras también reflejan que la violencia psicológica es ligeramente más común en mujeres adolescentes (69%) en comparación con los hombres (65.6%). Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 62-75 72 En cuanto a la violencia física, el 45.9% de los adolescentes que se encontraba en el sistema reportaron haber sido violentados: el 86.8% declaró haber recibido golpes con las manos o patadas, y un 46.7% mencionó haber sido golpeado con objetos, lo que refleja un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y sugiere una posible normalización de la violencia en el abordaje de menores de edad en conflicto con la ley. A diferencia de las cifras de violencia psicológica, en este caso los hombres adolescentes reportaron un porcentaje de violencia física ligeramente mayor que las mujeres, lo que puede estar relacionado con estereotipos de género. Finalmente, otro aspecto alarmante es que el 38.7% de los adolescentes afirmaron haber sufrido despojo, o robo de sus pertenencias por parte de las autoridades. Asimismo, 45.2% señaló haber entregado a las autoridades sumas superiores a los 5,000 pesos al momento de su detención. Este tipo de abuso refleja una crisis de confianza en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, ya que pone en duda la integridad de las fuerzas de seguridad que deberían proteger a la población y respetar los derechos humanos, destacadamente tratándose de la niñez. Realizar análisis estadísticos es indispensable para la evaluación y mejora de las políticas públicas, ya que proporcionan datos objetivos que ayudan a formular y/o rediseñar estrategias basadas en evidencias, facilitando la identificación de tendencias y patrones a lo largo del tiempo. Esto es importante para evaluar la efectividad de programas e intervenciones, ya que permite ajustar acciones según los resultados. Además, permiten entender características demográficas de la población en cuestión, tal es el caso de quienes se encuentran en el sistema integral de justicia para adolescentes, lo que facilita el diseño de políticas que respondan a necesidades específicas y, asimismo, otorgan datos interesantes para las y los académicos que se dedican a la investigación. V. CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y POSTURAS CRÍTICAS Las niñas, los niños y los adolescentes, como seres sociales en formación  aunque todos lo somos de algún sentido  , aprenden mediante el ejemplo y se educan con el diálogo. Si, en vez de ello, se emplea la fuerza como medida de coerción, se corre el riesgo de crear niños con tendencia a la violencia y, en el futuro mediato, adultos agresores. Claro que la gama de opciones es amplia y no se limita a esto, pero es el punto que se quiere tratar, argumentando que a las personas menores de edad antes que verlas como “pequeños delincuentes” —como suele hacerlo parte de la sociedad—, hay que tratarlos como ¡grandes víctimas! Su tratamiento, más que de readaptación, es de reeducación (aplicación de técnicas cognitivo- conductuales, de preferencia en espacios comunitarios), pues están adaptados a su medio, el cual generalmente es hostil. Sin embargo, la educación y la intervención psicológica no tienen efecto si no se realiza un diagnóstico adecuado, se satisfacen sus necesidades, se respetan sus derechos humanos y se modifican las condiciones adversas del entorno, caracterizado por abandono, descuido parental, maltrato y pobreza. Nuevamente, la carencia de dinero influye, pero no determina, constituyéndose más bien en una explicación simplista del origen de las conductas ilícitas. Su carácter multicausal, como la de cualquier otro fenómeno complejo, niega la posibilidad de hablar de una socialización imperfecta. Al respecto, Willis realizó un estudio que trata sobre procesos de “conformidad y rebelión en una escuela de clase obrera en los Midlands de Inglaterra”, donde señaló, conforme con la lectura de Giddens, que los chicos: “Comprenden bien, es cierto, que son escasas sus posibilidades de obtener empleos que no sean inferiores y desvalorizantes, y esa comprensión influye sobre sus actitudes rebeldes hacia la escuela. Pero lo que a lo sumo tienen es una noticia imprecisa sobre aspectos de la sociedad más amplia que influye sobre los contextos de su propia actividad.” (Giddens, 1995, p. 317). Por lo tanto, son chicos entendidos que, si bien tienen conocimiento limitado, comprenden la dialéctica de control en el escenario escolar, incluso más que los estudiantes conformistas, lo que los conduce a retar el orden establecido. Los estudiantes conformistas aceptan, en mayor o menor medida, la autoridad de los maestros y sus metas educacionales, en vez de cuestionarlas y rebelarse contra ellas. Ambos son racionales y planifican estratégicamente lo que más les conviene, sólo que, Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 62-75 73 en el caso de los chicos rebeldes, su conducta “[…] lleva a consecuencias que son funcionales para la reproducción del trabajo asalariado capitalista gracias a la ‘penetración parcial’ que ellos tienen de sus circunstancias de vida” (Giddens, 1995, p. 321). Su rebeldía y su falta de interés en los estudios, dadas las pocas y muy lentas posibilidades de progresar que ellos ven por esta vía, los llevan a trabajar y a abandonar la escuela. Finalmente, el objetivo es ganar dinero lo antes posible y mejorar sus condiciones de vida, lo que contradictoriamente resulta frustrado, dado que no cuentan con la formación requerida para acceder a un trabajo bien remunerado. Su estrategia, aunque frustrante para ellos, resulta benéfica para la reproducción del sistema capitalista. El constreñimiento estructural, aunque invisible, rinde frutos. De ahí la importancia de su estudio. En el caso de las personas menores de edad en conflicto con la ley, su condición reafirma la idea de que el constreñimiento no necesariamente se internaliza, como usualmente se cree, como aceptación, sino como necesidad de trasgresión. La estructura, aunque se manifiesta en situaciones específicas como éstas, es un elemento de virtualidad que internalizamos y que aparecemos como objetivado, lo que no es sinónimo de sustancial. Por ello, el centro de la estructura no está dentro de ella misma, sino afuera. Es una construcción social objetivada intersubjetivamente y actualizada mediante la conducta cotidiana de las personas, más cercana a la conciencia práctica y al inconsciente, que a la conciencia discursiva. 1 Para Giddens, […] estructuras denotan un orden virtual de relaciones, fuera de todo tiempo y espacio. Estructuras existen sólo en su actualización en las actividades entendidas de sujetos humanos situados, quienes las reproducen como propiedades estructurales de sistemas sociales insertos en segmentos de espacio-tiempo. (Giddens, 1995, pp. 328-329). Definición que ayuda a entender la distinción entre estructura y sistema. Los sistemas sociales, a diferencia de las estructuras, tienen límites espaciotemporales, aunque éstos sean difíciles de precisar. Desde la óptica de la sociología del derecho se habla cotidianamente del sistema jurídico, definido como el conjunto de normas organizadoras de la violencia, producidas por funcionarios designados por discursos anteriores y conforme a lo prescrito por una norma fundante eficaz. La pérdida de referentes culturales, la baja calidad de vida, los reducidos espacios de ascenso social, la violencia y el abuso de poder de que son objeto las personas menores de edad y la ampliación de las redes de delincuencia organizada, fomentan que algunas salgan de su casa y/o conformen círculos de amigos que, eventualmente, pueden derivar en pandillas, bandas y asociación delictuosa. El tránsito de infractor a delincuente, aunque a menudo se asocie con una etiqueta social, no solo es una cuestión jurídica, sino también política. Por ello, es crucial reconocer que los y las adolescentes atraviesan una etapa clave de su desarrollo, en la cual aprenden e internalizan normas y valores culturales que influirán en su vida futura. Su autonomía como individuos aún está en proceso de formación, lo que los convierte en sujetos particularmente vulnerables, dada la variedad de cambios físicos, perceptuales, cognitivos, emocionales y sociales que enfrentan, los cuales, debido a su etapa de desarrollo, les resulta difícil de procesar adecuadamente. En atención a ésta y otras circunstancias, fundadas en estudios especializados, como la pedagogía y la psicología, el Estado mexicano decidió excluir de la justicia penal a las personas menores de dieciocho años, canalizándolos a otro sistema, mismo que transitó de lo tutelar a lo garantista. Por momentos, mediante actitudes y acciones paternalistas, se ubicó a las niñas, los niños y los adolescentes como “objetos de tutela y no como sujetos de derecho, con lo cual se les restringió la posibilidad de hacer efectivas algunas garantías, principalmente en materia procesal, que otorga la Constitución, además de los derechos que se desprenden de los tratados internacionales de los que México forma parte” (Cámara de Diputados, 2008), de ahí la importancia de que existiera una ley especial, que protegiera e hiciera valer los derechos de la niñez y la adolescencia. 1 La conciencia, como vivencia vuelta objeto, es la capacidad que tiene el individuo para autoexplicarse, lo que convierte a la conciencia discursiva en la aptitud de poner cosas en palabras. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 62-75 74 VI. CONSIDERACIONES FINALES Las personas adolescentes en conflicto con la ley representan un grupo en condición de vulnerabilidad que requiere atención especial y diferenciada. Los estudios muestran que sus conductas, en gran medida, surgen de entornos hostiles caracterizados por violencia familiar, falta de oportunidades y, en muchos casos, consumo de sustancias nocivas dentro del núcleo doméstico. En este sentido, resulta indispensable reconocer que, más allá de su calificación como infractores, estos adolescentes son víctimas de un sistema social deficiente que no les ha permitido desarrollarse en condiciones óptimas. Abordar sus trayectorias de vida únicamente desde la lógica punitiva resulta insuficiente e incluso contraproducente. La adopción de un enfoque de reeducación y desarrollo integral permite comprender las causas estructurales de sus comportamientos y diseñar intervenciones más oportunas, efectivas y sostenibles en el tiempo. Las políticas de prevención social de la violencia, el fortalecimiento de oportunidades educativas y laborales, así como el desarrollo de habilidades para la vida, son elementos esenciales para su reintegración en la sociedad. A pesar de los avances normativos y de la evolución hacia un sistema de justicia juvenil más respetuoso de los derechos humanos, persisten retos importantes. La Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (2022) evidencia la persistencia de prácticas de violencia física y psicológica durante los procesos de detención, situación que requiere intervención inmediata. Además, la existencia de programas socioeducativos orientados a prevenir la reincidencia aún enfrenta limitaciones en términos de cobertura, calidad y evaluación de resultados. Frente a este diagnóstico resulta pertinente formular propuestas de política pública y líneas de acción institucional que permitan fortalecer las capacidades del sistema: 1. Es indispensable profesionalizar, de forma continua, a todos los actores del sistema de justicia para adolescentes, incorporando enfoques interdisciplinarios, restaurativos y de derechos humanos, con atención a las particularidades del desarrollo adolescente. Se requiere, en este sentido, consolidar políticas preventivas multisectoriales que aborden los factores de riesgo asociados a la violencia familiar, el abandono escolar, el desempleo y el consumo de sustancias psicoactivas, integrando componentes educativos, psicosociales y comunitarios. 2. Debe garantizarse la existencia de mecanismos robustos de monitoreo y evaluación, con indicadores claros que permitan medir el impacto real de las intervenciones y ajustar las estrategias conforme evolucionan las necesidades de las personas menores de edad. La comunidad constituye, al respecto, un actor central en los procesos de reintegración, por tanto, es fundamental fortalecer redes de apoyo local, alianzas con organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y las instituciones educativas, promoviendo esquemas de mentoría y de capacitación laboral. 3. Es imprescindible transformar la narrativa social predominante que continúa estigmatizando a las/os adolescentes en conflicto con la ley. Las campañas de sensibilización deben visibilizarlos como sujetos plenos de derechos, resaltando su capacidad de resiliencia, su potencial de desarrollo y su posibilidad real de reintegración social, de manera positiva y constructiva. Si bien el marco jurídico vigente reconoce formalmente el principio del interés superior de la niñez, subsisten brechas importantes entre la normatividad y la práctica cotidiana. Los programas de atención, en muchos casos, no logran abordar, de manera integral, la multicausalidad de las conductas antisociales ni ofrecer alternativas viables para su desarrollo personal y comunitario. Es fundamental que la sociedad adopte una perspectiva menos punitiva y más comprensiva hacia los adolescentes en conflicto con la ley, evitando su etiquetamiento y los juicios negativos de valor. La percepción pública juega un papel importante en la reintegración social y familiar de la población adolescente, por lo cual es necesario un cambio en la forma en la que se les percibe, pasando de verlos como “potenciales delincuentes” a reconocerlos como personas con derechos y capacidades para rehacer su vida. En este proceso es indispensable también que las instituciones y la comunidad trabajen de manera conjunta para construir entornos seguros, inclusivos, respetuosos y democráticos. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 62-75 75 VII. FUENTES DOCUMENTALES Álvarez, I. (2016). El nuevo sistema de justicia penal para adolescentes. Dfensor. Revista de derechos humanos, XIV(9), septiembre. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Baratta, A. (2003). La política criminal y el derecho penal de la Constitución: nuevas reflexiones sobre el modelo integrado de las ciencias penales. En C. Oliveira de Barros Leal (coord.), Violencia, política criminal y seguridad pública. Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cámara de Diputados (2008, abril 10). Gaceta Parlamentaria, 2482-II. https://gaceta.diputados. gob.mx/Gaceta/60/2008/abr/20080410-II.html Giddens, A. (1995). La constitución de la sociedad: Bases para la teoría de la estructuración (J. L. Etcheverry, Trad.). Amorrortu. Gómez Tagle, E. (2021). Bienestar y crueldad animales. Diagnóstico y propuestas para su atención integral. 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