LibreOffice/7.3.7.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/e114eadc50a9ff8d8c8a0567d6da8f454beeb84f 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 true true false true false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false true false 1 1 true Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 147-156 147 ANÁLISIS JURÍDICO Y CRIMINOLÓGICO DE LA DISMINUCIÓN DE EDAD DE RESPONSABILIDAD PENAL ORDINARIA A DIECISÉIS AÑOS EN EL PERÚ LEGAL AND CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE REDUCTION OF THE AGE OF ORDINARY CRIMINAL RESPONSIBILITY TO SIXTEEN YEARS IN PERU Augusto Renzo Espinoza Bonifaz * Asociación Peruana de Criminología – Ama Hucha – Perú Recibido: 6 de noviembre del 2025 Aprobado: 7 de noviembre del 2025 Para citar este artículo: Espinoza Bonifaz, A. R. (2026). Análisis jurídico y criminológico de la disminución de edad de responsabilidad penal ordinaria a dieciséis años en el Perú. Vox Juris, 44(2), [pp. 147–156]. DOI: https://doi.org/ [DOI-asignado] *<? > Augusto Renzo Espinoza Bonifaz. Maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales. Asociación Peruana de Criminología – Ama Hucha, Perú. ORCID 0000-0002-3641-4868. Correo: aespinozab@usmp.pe RESUMEN El autor analiza la Ley N.º 32330 que reduce la edad de responsabilidad penal ordinaria de 18 a 16 años, desde una perspectiva jurídica y criminológica. La investigación señala que esta modificación responde a una percepción social de inseguridad y a una presión mediática, pero contraviene principios constitucionales, estándares internacionales de derechos humanos y teorías criminológicas sobre la delincuencia juvenil. El enfoque del estudio es cualitativo e interdisciplinario, basado en el análisis normativo y teórico. Se concluye que la reforma vulnera el “principio del interés superior del niño” y el bloque de constitucionalidad. Desde el ámbito criminológico, se demuestra que la delincuencia juvenil tiene causas estructurales, como la exclusión social y la desorganización comunitaria, por lo que una respuesta punitiva carece de eficacia preventiva. En lugar de reducir la criminalidad, la medida puede agravar la situación al reforzar la exclusión y estigmatización de adolescentes. El autor recomienda políticas públicas centradas en la prevención, la educación, la justicia restaurativa y la inclusión social, como estrategias más eficaces y coherentes con el marco constitucional y los derechos humanos. Palabras clave: criminología, responsabilidad penal ordinaria, delincuencia juvenil. ABSTRACT The author analyzes Law No. 32330, which lowers the age of criminal responsibility from 18 to 16, from a legal and criminological perspective. The research indicates that this amendment responds to a social perception of insecurity and media pressure, but contravenes constitutional principles, international human rights standards, and criminological theories on juvenile delinquency. The study employs a qualitative and interdisciplinary approach, based on normative and theoretical analysis. It concludes that the reform violates the "principle of the best interests of the child" and the constitutional framework. From a criminological standpoint, it is demonstrated that juvenile delinquency has structural causes, such as social exclusion and community disorganization, rendering a punitive response ineffective in preventing crime. Instead of reducing crime, the measure may exacerbate the situation by reinforcing the exclusion and stigmatization of adolescents. The author recommends public policies focused on prevention, education, restorative justice, and social inclusion as more effective strategies that are consistent with the constitutional framework and human rights. Keywords: criminology, ordinary criminal responsibility, juvenile delinquency. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 147-156 148 SUMARIO I. Introducción. II. Desarrollo. III. Conclusiones. V. Bibliografía. I. INTRODUCCIÓN Mediante la Ley N.º 32330, publicada el 10 de mayo de 2025, se ha reducido la edad de responsabilidad penal ordinaria de 18 a 16 años para ciertos delitos muy graves. Esta modificación legal, enmarcada en un contexto de creciente percepción de inseguridad ciudadana y presión mediática frente a delitos cometidos por adolescentes, ha generado un amplio debate jurídico, social y político, ya que podría contravenir principios constitucionales, normas internacionales de derechos humanos y teorías criminológicas sobre las causas de la delincuencia juvenil. De esta manera, la reforma plantea un cambio de paradigma: de un enfoque socioeducativo y de reintegración, hacia una respuesta punitiva, basada en la lógica del castigo. Por ello, esta investigación resulta pertinente debido a la gravedad de las consecuencias jurídicas y sociales que esta modificación legislativa puede generar. Ya que a nivel jurídico se pone en cuestión el respeto al bloque de constitucionalidad y al “principio del interés superior del niño”; y a nivel criminológico y político, se cuestiona si la sanción penal a menores de 18 años responde realmente a una estrategia de prevención del delito o si más bien constituye una respuesta simbólica ante la presión pública, con efectos potencialmente contraproducentes. En este orden de ideas, esta investigación buscó analizar si dicha reducción de la edad de responsabilidad penal ordinaria a 16 años de edad resulta jurídicamente legítima, compatible con los estándares internacionales de protección de la niñez y criminológicamente eficaz. Para ello, se utilizó un enfoque cualitativo, interdisciplinario, de tipo jurídico doctrinal y teórico criminológico, combinándose el análisis normativo y doctrinario, con una perspectiva jurídica constitucional e internacional, y criminológica crítica. II. DESARROLLO 1. Antecedentes y fundamentos de la reforma legislativa En el sistema de búsqueda de proyectos de ley de la página web del Congreso de la República del Perú se han encontrado tres proyectos de ley relacionados con la Ley N.º 32330: 1.1. Proyecto de Ley N.º 618-2021-CR presentado el 21 de noviembre de 2021 Tiene la “finalidad de disminuir el índice de criminalidad cometido por menores de 18 años, la impunidad y la sensación de inseguridad ciudadana”; se sustenta en la “Observación General N.º 10 sobre la administración de la justicia penal juvenil” realizada por el “Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño”, que concluye que “14 o 16 años de edad representan la edad mínima de responsabilidad penal recomendable de conformidad con los requisitos de la Convención”. De otro lado, citando a De Orbegoso (1996) señala: En la actualidad, la sociedad peruana clama por que el Estado cumpla su rol de protección, y no se incline a una deliberada y abrumadora protección de “derechos” de los adolescentes criminales y, por ende, establecer que los adolescentes de entre dieciséis y menos de dieciocho años de edad deben ser responsables penalmente ante un delito y, como consecuencia de ellos, deben ser procesados penalmente al igual que una persona mayor de edad, siendo que existe el principio de protección social como deber del Estado con la única finalidad de lograr disuadir la gran cantidad de delitos cometidos por adolescentes en nuestro país. (p. 156) Además, empleando datos del “Boletín Estadístico 2020 de los Centros Juveniles de medio abierto y cerrado elaborado por el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, indica que: Los menores de edad de 16 y 17 años representan el 40% de la población total (602); con respecto a las infracciones, el reporte señala que la que origina el mayor porcentaje de ingreso de los/las adolescentes a los centros juveniles es el robo agravado, 698 adolescentes (45.9%), seguida de violación sexual de menor de edad, 224 (14.7%), violación sexual, 135 (8.9%), homicidio calificado, 101 (6.6%), tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas cada uno con 56 (3.7%), homicidio simple 55 (3.6%). Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 147-156 149 Asimismo, indica que “llama la atención la cantidad de delitos cometidos por menores de edad, las que por su gravedad deberían recibir un tratamiento de justicia penal conforme a los establecido en el Código Penal sin desconocer a los adolescentes sus derechos humanos.” Por último, señala que el proyecto adecuará la ley al contexto nacional; disminuirá la percepción de inseguridad ciudadana, produciendo en la ciudadanía mayor seguridad y confianza en el Estado; será un marco jurídico más drástico; y disuadirá la comisión de delitos. 1.2. Proyecto de Ley N.º 6080-2023-CR presentado el 5 de octubre de 2023 Busca “combatir la impunidad de la que vienen beneficiándose delincuentes juveniles, los cuales, aprovechando su edad, cometen execrables crímenes incrementando la inseguridad ciudadana y manteniendo al país en zozobra, por ello, deben cambiarse las normas de carácter penal estableciendo un marco normativo que permita juzgarlos en un régimen penal general”; se sustenta señalado que, hoy en día, nos enfrentamos a un nuevo fenómeno, que podríamos llamar “delincuencia juvenil”, entendido como la participación de menores de edad (menos de 18 años) en actos ilícitos, esto es producto de diversas causas y variables (al igual que los crímenes de adultos), por tanto, es un problema multidisciplinario que cada sociedad debe afrontar. Además, indica que no se pretende hallar el origen o causa que llevan a los menores de 18 años a cometer delitos, ni tampoco buscar la solución para que lo dejen de hacer, sino se busca que los menores entre los 16 y 18 años que cometen execrables delitos paguen por ellos, tal como lo hace una persona igual de consciente de sus actos, pero que cuenta con unos años más de edad. Agrega que “el Código de responsabilidad penal de adolescentes parte de la premisa de una responsabilidad penal especial, donde el adolescente entre 14 y menos de 18 años responde por la comisión de una infracción, en virtud de una responsabilidad penal especial, considerándose para ello su edad y características personales”. En este sentido, la ley penal del adolescente no solo se limita a un tratamiento más “delicado” sino que incluso linda con la impunidad. Por último, señala que “el beneficio es para la sociedad, la cual podrá separar a delincuentes juveniles de las calles, evitando mayores actos delictivos, pero por, sobre todo, castigando como a cualquier persona por los graves ilícitos que cometen.” 1.3. Proyecto de Ley N.º 8166-2023-CR presentado el 13 de junio de 2024 Busca “reducir la inseguridad ciudadana y los índices de participación de adolescentes que, a partir de los 16 años, cometen ciertos delitos graves”; se sustenta en las estadísticas relacionadas con su participación en la comisión de delitos graves, indicando que “estas revelan una preocupante realidad de su actividad delictiva y nos circunscribe a una realidad que genera cada vez más inseguridad ciudadana en nuestro país.” Indica que, según la Policía Nacional del Perú: Sólo en el periodo enero - junio del 2023, 2830 adolescentes, entre 12y 17 años, fueron intervenidos por infracción a la ley penal. Es decir, un total de 472 cada mes, y, 16 diarios. Lo que significa un aumento respecto al mismo periodo del año 2022, donde se intervinieron 2588 adolescentes (…) de los adolescentes intervenidos, 701 son varones y 98 son mujeres. De dicho número, se registra la participación en 18 delitos de homicidios, 166 delitos de tráfico de drogas, 1533 delitos contra el patrimonio (hurto, robo), y, 284 delitos de lesiones. Agrega que se debe tener en cuenta que las organizaciones criminales captan adolescentes con la finalidad de burlar la ley, evitando la responsabilidad penal correspondiente. Por otro lado, señala que los sistemas jurídicos internacionales, respecto a la responsabilidad de menores por conductas delictivas son diferentes, algunos adoptan modelos proteccionistas y otros los tratan como delincuentes mayores de edad. Por último, señala: De lo antes expuesto, se torna necesario y casi obligatoria la tipificación de la responsabilidad penal plena de los adolescentes a partir de los 16 años, con la finalidad de fortalecer el marco legal sobre la seguridad ciudadana y permitir una mejor persecución y sanción de ciertos comportamientos delictivos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que, la inseguridad ciudadana genera un impacto significativo en la calidad de vida de las personas, ya que afecta su sensación de seguridad, confianza y bienestar. Esto resulta evidente, pues cuando Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 147-156 150 los ciudadanos no se sienten seguros, es más probable que adopten comportamientos restrictivos, eviten ciertas áreas o actividades, y tengan una menor participación en la vida comunitaria; lo que termina repercutiendo en el desarrollo de la nación. 2. Análisis jurídico: constitucionalidad de la reforma legislativa La reducción de la edad de responsabilidad penal ordinaria a 16 años genera serias objeciones jurídicas, que comprometen el respeto de principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política del Perú, así como en los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, conforme al artículo 55 de nuestra Carta Magna. Al respecto, el artículo 4 de nuestra Constitución Política establece que “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente (…)”; por su parte, el artículo 1 de la “Convención sobre los Derechos del Niño” (1989) señala que: “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad”, y el artículo 3 establece que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” Por ello, el artículo 40 de la citada Convención señala que “los Estados Partes reconocen que todo niño acusado o declarado culpable de infringir leyes penales debe ser tratado con respeto a su dignidad, y fomentando su sentido de valor y respeto por los derechos de los demás, teniendo en consideración su edad y su reintegración a la sociedad, para ello, deben establecer leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños y, en particular, una edad mínima antes de la cual se presumirá que no tienen capacidad para infringir las leyes penales, así como la adopción de medidas para tratarlos sin recurrir a procedimientos judiciales, las cuales respeten los derechos y garantías legales del niño.” De esta manera, al establecer responsabilidad penal ordinaria para adolescentes de 16 y 17 años se desconoce lo dispuesto por la “Constitución Política” y la “Convención sobre los Derechos del Niño”, ya que no se toma en cuenta la necesidad de un tratamiento diferenciado y especializado para los adolescentes, pilares del sistema de justicia penal juvenil. Al respecto, se debe precisar que en nuestro país, se encuentra establecida la responsabilidad penal especial para los adolescentes de 14 a menos de 18 años en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Por tanto, resulta falso afirmar que los menores de edad no respondían penalmente en nuestro país antes de la Ley N.º 32330, pues lo hacían a través de una justicia penal especial. En concordancia con las “Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)”, adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33 de 28 de noviembre de 1985, las cuales establecen el tratamiento que deben recibir adolescentes que entran en conflicto con la ley penal, siendo su objetivo garantizar un enfoque educativo, protector, proporcional y respetuoso de los derechos humanos del menor; si bien no son vinculantes legalmente, tienen un gran valor normativo, pues orientan a las legislaciones nacionales, políticas públicas y prácticas judiciales en materia de justicia juvenil, por ello, entre sus artículos se señala que: 2.3. En cada jurisdicción nacional se procurará promulgar un conjunto de leyes, normas y disposiciones aplicables específicamente a los menores delincuentes, así como a los órganos e instituciones encargados de las funciones de administración de la justicia de menores. (…) 4.1 En los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría de edad penal con respecto a los menores, su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e intelectual. 5.1 El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito. (…) 17.1 La decisión de la autoridad competente se ajustará a los siguientes principios: a) La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad; Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 147-156 151 b) Las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible; (…) 19.1 El confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible. En atención a lo señalado, se debe precisar que el “Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes” establece la medida socioeducativa de internamiento en un centro juvenil exclusivos para adolescentes, sin embargo, debido a la Ley N.º 32330 los adolescentes entre 16 y menos de 18 años que comentan ciertos delitos muy graves serán sancionados con pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario administrado por el Instituto Nacional Penitenciario. Lo cual resulta contrario a lo señalado en el comentario del artículo 19.1 de las Reglas de Beijing (1989): Los criminólogos más avanzados abogan por el tratamiento fuera de establecimientos penitenciarios. Las diferencias encontradas en el grado de eficacia del confinamiento en establecimientos penitenciarios comparado con las medidas que excluyen dicho confinamiento son pequeñas o inexistentes. Es evidente que las múltiples influencias negativas que todo ambiente penitenciario parece ejercer inevitablemente sobre el individuo no pueden neutralizarse con un mayor cuidado en el tratamiento. Sucede así sobre todo en el caso de los menores, que son especialmente vulnerables a las influencias negativas; es más, debido a la temprana etapa de desarrollo en que éstos se encuentran, no cabe duda de que tanto la pérdida de la libertad como el estar aislados de su contexto social habitual agudizan los efectos negativos. Lo señalado líneas arriba guarda estrecha relación con las “Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)”, adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110 de 14 diciembre 1990, pues estas reglas complementan a las Reglas de Beijing (justicia juvenil) y comparten un enfoque restaurativo y socioeducativo, promoviendo, reducir el encarcelamiento de adolescentes. Asimismo, si como último recurso se impone una medida privativa de libertad a un adolescente, se deben tener presentes las “Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana)”, adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990, garantizando condiciones dignas, trato respetuoso y un enfoque rehabilitador, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de encarcelamiento y fomentar la integración en la sociedad, lo cual son piezas claves del sistema internacional de justicia juvenil. Sin embargo, en nuestro país el Tribunal Constitucional, mediante sentencºia expedida en el expediente N.º 05436-2014-PHC/TC de 26 de mayo de 2020 ha declarado que: Existe un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional. Por tanto, condenar a menores de edad a cumplir penas privativas de la libertad en los establecimientos penitenciarios de nuestro país no solo es vejatorio de sus derechos humanos, por la grave situación de los mismos, sino que también incumpliría las reglas de las Naciones Unidad antes citadas, ya que nuestro sistema penitenciario no ofrece las condiciones mínimas para garantizar un trato digno y respetuoso de los menores de edad. 3.Análisiscriminológico:eficaciapreventivadelareformalegislativa La Criminología, como toda ciencia, ha ido evolucionando e integrando nuevos objetos de estudio; inicialmente, debido al enfoque biológico de la escuela positivista, liderada por el médico italiano Ezechia Marco Lombroso, se caracterizó por brindar un conocimiento empírico de las personas delincuentes, sosteniendo inclusive que existe un delincuente nato cuyas conductas antisociales eran causadas por un freno evolutivo biológico. Sin embargo, aunque hoy los criminólogos clínicos han abandonado esta idea, siguen buscando las causas del crimen en el criminal, dejando fuera de sus Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 147-156 152 análisis otros factores que producen el crimen, tales como la comunidad, el Estado y la víctima. Como sostienen Cid y Larrauri (2001): El cambio de país, de Italia fundamentalmente a Estados Unidos, y de autores, de juristas y médicos esencialmente a sociólogos, representa la entrada de las primeras escuelas sociológicas que permite introducir el estudio de factores ambientales (sociales, ecológicos) que afectan a la persona del delincuente. La perspectiva sociológica conlleva una modificación considerable, puesto que los sociólogos criminólogos norteamericanos no se limitan a estudiar personas individuales sino características sociales, en un intento de descubrir por qué determinadas organizaciones sociales (barrios, países) presentan unas tasas de delincuencia mayor que otras. (p. 16) De esta manera, se produce un cambio de paradigma, pues la criminología clínica consideraba al delito como una conducta antisocial, mientras que la criminología interaccionista la concibe como un proceso social. La diferencia es trascendental, ya que la conducta antisocial solo se le puede atribuir al autor de la misma, por tanto, su explicación se busca solo en el individuo, en cambio, considerar la desviación como un proceso, implica que su existencia obedece a diversos factores, muchos de los cuales son exógenos, por tanto, buscar solamente en el individuo la causa del delito resulta incompleto. En este devenir teórico criminológico, surgió la “gran negación”, la cual consistió en girar la tesis que sustentaba que “la desviación produce reacción social” (resumía la idea de que toda conducta antisocial producía la intervención del sistema punitivo estatal), a una nueva tesis que señala que “la reacción social produce desviación” (la intervención estatal a través del sistema punitivo genera desviación). Este “giro criminológico”, implicó el estudio del funcionamiento del sistema penal, así, el poder punitivo estatal se volvió un nuevo objeto de análisis. En este sentido, no es ocioso precisar que la Criminología tiene como finalidad primordial prevenir el delito, para ello, como señala Cid y Larrauri (2001) “los investigadores criminólogos se valen de las teorías globales de la delincuencia, de los estudios referidos a delitos concretos y de las investigaciones relativas a los diversos agentes e instituciones existentes” (p. 22). En este orden de ideas, si bien la “teoría de la asociación diferencial” formulada por Edwin Sutherland en su libro Principios de criminología (1947) no se centró exclusivamente en la delincuencia juvenil, fue importante porque rebatió las explicaciones que concebían a la delincuencia como expresión de una constitución biológica o psicológica defectuosas. Para el sociólogo norteamericano el comportamiento delictivo: Se aprende por la interacción con otras personas en grupos personales íntimos, el aprendizaje incluye las técnicas de comisión del delito, la motivación, justificaciones y actitudes. Una persona se convierte en delincuente porque en su medio hay un exceso de definiciones favorables a infringir la ley, en tanto que permanece aislada o inmunizada respecto de grupos que mantienen definiciones favorables a respetar la ley. (p. 88-90) En el caso de los adolescentes, su desarrollo psicosocial está profundamente influenciado por su entorno más cercano: la familia, los amigos, la escuela y la comunidad. Según Sutherland, un joven se inclinaría hacia la delincuencia cuando sus asociaciones con personas que aprueban el delito superan en frecuencia, duración, prioridad e intensidad a sus asociaciones con personas que desaprueban esa conducta. Es decir, si un adolescente crece en un ambiente donde el comportamiento delictivo es normalizado, justificado o recompensado, es más probable que adopte ese tipo de conducta como parte de su repertorio. Por ejemplo, un joven que pertenece a un grupo de amigos involucrados en actos delictivos como sicariatos, robos o tráficos de drogas, estará expuesto constantemente a definiciones favorables al delito. Estas experiencias, al repetirse y prolongarse, refuerzan la idea de que esas conductas son aceptables, necesarias o incluso valoradas. En contraste, si su contacto con figuras prosociales, como padres presentes, docentes comprometidos o líderes comunitario, es escaso o débil, las normas legales y morales pierden fuerza como guía de comportamiento. Sutherland además de explicar la razón por cual una persona comete delitos, también buscó identificar los diferentes niveles de delincuencia que existen en las diversas áreas sociales. Para ello, recurrió a la “teoría de la desorganización social” elaborada por Henry McKay y Clifford Shaw, quienes en su Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 147-156 153 obra Delincuencia juvenil y zonas urbanas (1942), realizaron una investigación sobre la delincuencia juvenil en diversas ciudades de Estados Unidos, afirmando que las áreas más desorganizadas producen mayor delincuencia. Asimismo, las particularidades de las zonas más delictivas son las siguientes: a) se trata de las áreas centrales de la ciudad, en la denominada zona de transición; b) predomina la población nacida fuera, con alto porcentaje de personas llegadas recientemente; c) tienen población decreciente; d) en ellas existe la renta más baja de la ciudad; e) sufren en mayor medida que otras zonas de la ciudad otros problemas sociales (absentismo escolar, mortalidad infantil. (p. 51-53, 106, 148). Entonces, esta teoría también explica por qué la delincuencia juvenil es tan prevalente en contextos de desorganización social, marginación o violencia estructural. En estos entornos, es más común que las redes sociales disponibles reproduzcan normas delictivas, y los modelos de éxito y estatus se asocien con el poder informal, la violencia o la economía ilegal. Así, el aprendizaje del delito se convierte en una estrategia adaptativa ante un entorno hostil y carente de oportunidades legítimas. En consecuencia, las teorías de la asociación diferencial y la desorganización social permiten entender la delincuencia juvenil como un fenómeno socialmente aprendido. Por ello, las políticas públicas enfocadas en la prevención deben priorizar la intervención en los entornos sociales del adolescente, fortaleciendo las redes familiares y comunitarias, promoviendo modelos prosociales, y generando oportunidades educativas y laborales que reemplacen las definiciones favorables al delito por otras orientadas al respeto de la ley y la convivencia pacífica. Por su parte, Travis Hirschi sostiene que las personas que no cometen delitos lo hacen porque se encuentran fuertemente vinculados con la sociedad que integran, señalando en su libro Causa de la delincuencia (1969) que los vínculos consisten en el apego (empatía con los otros), el compromiso (existencia de aspiraciones sociales), el involucramiento (participación en actividades sociales) y las creencias (conciencia del respeto a la ley). Por otro lado, la criminología crítica sostiene que el delito no es solo un acto individual desvinculado de contexto, sino que debe ser entendido como un fenómeno estructural, influenciado por desigualdades sociales, procesos de criminalización selectivos y dinámicas de exclusión. Desde esta perspectiva, el delito juvenil no puede entenderse aisladamente como una desviación individual, sino como una respuesta social y política frente a condiciones de exclusión, opresión y marginalización. Los jóvenes, especialmente aquellos provenientes de clases sociales desfavorecidas, son víctimas de un sistema económico que limita sus oportunidades de desarrollo, y de un aparato jurídico que criminaliza sus conductas mientras legitima la violencia estructural que padecen. Al respecto, Richard Quinney sostiene en su libro Clases, Estado y delincuencia (1985) que las leyes son formuladas por los grupos dominantes para proteger sus intereses y mantener el control sobre los sectores subordinados. Así, por ejemplo, disminuir la responsabilidad penal ordinaria a 16 años pueden interpretarse como represión penal que recae desproporcionadamente sobre los adolescentes, reflejando una ausencia de preocupación real por la seguridad de estos. Por su parte Ian Taylor, Paul Walton y Jock Young, en su obra La nueva criminología (1973), plantean que para comprender verdaderamente el delito es necesario un análisis que integre su significado subjetivo (es decir, lo que representa para quien lo comete), con su contexto estructural y con los procesos de criminalización ejercidos por el Estado y los medios de comunicación. Así, el joven delincuente no es simplemente un infractor, sino también un producto de condiciones de vida precarias, de discriminación estructural y de la construcción ideológica del enemigo interno. Por ejemplo, un adolescente de una zona marginal que se dedica al robo puede estar intentando suplir la falta de recursos económicos, afirmar su identidad en un entorno que lo estigmatiza o responder simbólicamente al desprecio social que experimenta. Al mismo tiempo, el sistema penal lo etiqueta como “peligroso”, invisibilizando las causas profundas de su conducta y reforzando un ciclo de exclusión que lo empuja aún más hacia la criminalidad. Lo cual sucede en nuestro país, pues adolescentes en conflicto con la ley provienen de sectores empobrecidos, con escaso acceso a educación, salud, trabajo digno y protección estatal. Por tanto, la reducción de la responsabilidad penal ordinaria a 16 años invisibiliza las causas estructurales del delito juvenil (exclusión social, violencia familiar, abandono estatal), y refuerza la lógica punitiva del Estado en lugar de políticas de prevención e inclusión. En atención a lo señalado, desde una Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 147-156 154 perspectiva criminológica, reforma legislativa introducida a través de la Ley N.º 32330 no tendrá eficacia preventiva, pues no servirá para reducir los índices de delincuencia juvenil, ya que estos actos están motivados por factores de asociación diferencia, desorganización social, ausencia de vínculos sociales; o estructurales como la pobreza, la exclusión social, la falta de oportunidades y entornos familiares disfuncionales. Además, la criminología crítica advierte que estas medidas punitivas aplicadas a menores refuerzan procesos de estigmatización y reincidencia, en lugar de contribuir a una verdadera reinserción social, debilitando así el fin preventivo que justifica el sistema penal. Además, constituye una manifestación de simbolismo penal y populismo punitivo, en tanto responde más a una demanda social impulsada por el miedo y la percepción de inseguridad que a una política criminológica racional y eficaz. Esta propuesta no se sustenta en evidencia empírica que demuestre su efectividad para prevenir el delito juvenil, sino que busca ofrecer una respuesta rápida y aparentemente firme frente al clamor popular, reforzando la idea errónea de que el endurecimiento de penas o la criminalización temprana de adolescentes resolverá los problemas estructurales de violencia e inseguridad ciudadana. III. CONCLUSIONES Los proyectos de ley que sustentaron la dación de la Ley N.º 32330 comparten la premisa común de reducir la edad de responsabilidad penal a 16 años, con el objetivo declarado de combatir la criminalidad juvenil y responder a la percepción de inseguridad ciudadana. Sin embargo, carecen de una justificación técnica, jurídica y criminológica válida, y presentan serias deficiencias en sus fundamentos. La argumentación basada en estadísticas parciales y percepciones sociales distorsiona el análisis de fondo. Si bien existen datos sobre la participación de adolescentes en delitos, estos no evidencian una situación de excepcionalidad o descontrol que justifique una reforma punitiva del sistema penal juvenil. Por el contrario, diversas investigaciones y organismos internacionales, como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, recomiendan enfáticamente mantener una edad mínima de responsabilidad penal especial no menor a 14 años y aplicar un sistema especializado, no equivalente al régimen penal adulto. Citar la “Observación General N.º 10” fuera de contexto, como hace el Proyecto N.º 618-2021-CR, representa una instrumentalización indebida del derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, los proyectos asumen erróneamente que el aumento de la severidad de las penas disuade el delito juvenil, cuando la evidencia empírica criminológica demuestra lo contrario. La delincuencia juvenil es un fenómeno multicausal y estructural, vinculado a factores como la pobreza, la exclusión, la violencia familiar, el abandono escolar y la falta de oportunidades. Pretender resolverlo con un endurecimiento de penas equivale a confundir síntomas con causas, abandonando cualquier enfoque preventivo o restaurativo, que son precisamente los principios orientadores del sistema penal juvenil. Además, los proyectos muestran una perspectiva punitiva basada en el populismo penal, al sostener que los adolescentes “se aprovechan” de su edad para delinquir o que deben “pagar como adultos”. Estas afirmaciones no solo son carentes de evidencia, sino que desconocen abiertamente el “principio de interés superior del niño”, recogido en la Constitución, el Código de los Niños y Adolescentes, y los tratados internacionales ratificados por el Perú. Equiparar la madurez psicosocial de un adolescente de 16 años a la de un adulto es científicamente insostenible y jurídicamente inadmisible. De igual manera, los proyectos plantean una falsa dicotomía entre la seguridad ciudadana y la protección de derechos fundamentales, como si la única vía para garantizar la seguridad fuera la represión y criminalización temprana. En lugar de fortalecer el sistema penal juvenil con enfoque educativo y resocializador, proponen asimilarlo al sistema penal ordinario, negando el carácter diferenciado que debe tener conforme a estándares internacionales. En suma, estos proyectos de ley no tienen razones válidas ni constitucional ni convencionalmente justificadas. Responden a una lógica reactiva y punitivista, ajena al enfoque integral que exige el tratamiento del fenómeno de la delincuencia juvenil. Su aprobación representaría un grave retroceso en materia de derechos humanos y una violación de compromisos internacionales del Estado peruano, sin que ello conlleve una solución real o sostenible al problema de la inseguridad ciudadana. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 147-156 155 En este orden de ideas, la política de reducir la edad de responsabilidad penal ordinaria a los 16 años constituye una respuesta superficial frente a un fenómeno complejo como es la criminalidad juvenil. Esta medida no aborda las causas estructurales que originan la conducta delictiva en los adolescentes, tales como la pobreza, el abandono familiar, la exclusión educativa, la falta de oportunidades laborales y la influencia de entornos violentos. En lugar de centrarse en atacar los factores que propician la comisión de delitos, se opta por una salida fácil y punitiva que simplemente traslada a los jóvenes al sistema penal adulto, aumentando las probabilidades de reincidencia y perpetuando su vínculo con el crimen organizado. Por tanto, esta modificación legislativa carece de efectividad real como herramienta de prevención y solo contribuye a agravar un problema que debe ser enfrentado desde una perspectiva social, educativa y preventiva. La reforma legislativa de establecer la responsabilidad penal a partir de los 16 años vulnera gravemente el “principio del interés superior del niño”, que constituye un estándar jurídico internacionalmente reconocido y de obligatorio cumplimiento para los Estados, en virtud de la “Convención sobre los Derechos del Niño” y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Esta norma, además de ser regresiva, implica el desconocimiento del desarrollo psicosocial propio de la adolescencia, que requiere respuestas diferenciadas y no equiparables al tratamiento penal de los adultos. Asimismo, el sistema penal juvenil debe centrarse en la protección, orientación y reintegración del menor infractor, no en su castigo como fin en sí mismo. Por ello, dicha reforma contradice los compromisos asumidos por el Estado peruano internacionalmente y constituye un retroceso en la garantía de los derechos fundamentales los adolescentes. Frente al fenómeno de la delincuencia juvenil, es imperativo que el Estado adopte políticas públicas centradas en la prevención, la educación y la reinserción, antes que en el castigo prematuro. En ese sentido, resulta mucho más razonable y eficaz fortalecer los programas socioeducativos dirigidos a adolescentes en situación de vulnerabilidad, implementar mecanismos de justicia restaurativa que promuevan la reparación del daño y la reconciliación con la comunidad, así como diseñar políticas intersectoriales que aborden de manera integral los factores de riesgo. Estas medidas, respaldadas por la evidencia empírica y las buenas prácticas internacionales, han demostrado tener mejores resultados en la reducción de la reincidencia y en la transformación positiva de la conducta juvenil, a diferencia de las políticas punitivas que solo perpetúan la exclusión social y el estigma penal. Una reforma legislativa coherente con los principios del Estado constitucional de derecho debe basarse en el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los adolescentes, conforme a la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Además, dicha reforma debe sustentarse en estudios criminológicos serios que analicen las causas reales de la delincuencia juvenil y propongan intervenciones efectivas, diferenciadas y no regresivas. En lugar de promover reformas con motivaciones populistas o simbólicas, es necesario construir un sistema de justicia juvenil especializado, con enfoque restaurativo, que priorice la rehabilitación y reinserción social del menor infractor, y que contribuya verdaderamente a la seguridad ciudadana y la cohesión social. Una legislación penal juvenil debe ser racional, humanista y basada en evidencia, no en percepciones alarmistas o demandas coyunturales. IV. BIBLIOGRAFÍA Asamblea General de las Naciones Unidas (1985). Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (“Reglas de Beijing”). Asamblea General de las Naciones Unidas (1990). Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (“Reglas de Tokio”). Asamblea General de las Naciones Unidas (1990). Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (“Reglas de La Habana”). Burgos, J. (2024). Proyecto de Ley N.º 8166-2023-CR. Cid, J. y Larrauri. E. (2001). Teorías Criminológicas. Bosch. Vox Juris – Vol. 44 – Nº 2 – Julio – Diciembre – 2026 – ISSN 1812-6804 / 2521-5280 – Páginas: 147-156 156 Congreso de la República (1993). Constitución Política del Perú. Congreso de la República (1997). Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Congreso de la República (2025). Ley N.º 32330. De Orbegoso, C. (1996). Responsabilidad Penal de los Adolescentes en el Sistema Jurídico Penal Peruano. Grijley. Hirschi, T. (1969). Cause of Delinquency. University of California Press. Luna, J. (2023). Proyecto de Ley N.º 6080-2023-CR. Shaw, C. y McKay, H. (1942). Juvenile delinquency and urban areas. University of Chicago Press. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2020). Boletín Estadístico 2020 de los Centros Juveniles de medio abierto y cerrado elaborado por el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ). Muñante, A. (2021). Proyecto de Ley N.º 618-2021-CR. Organización de las Naciones Unidas (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Quinney, R. (1985). Clases, Estado y delincuencia. Fondo de Cultura Económica. Sutherland, E. y otros (1947). Principles of Criminology. General Hall. Taylor, I., Walton, P., y Young, J. (1973). La nueva criminología. Amorrortu. Tribunal Constitucional (2020). Sentencia expedida en el expediente N.º 05436-2014-PHC/TC.