Revisión del feminicidio: el caso mexicano

Resumen

La línea de abordaje del presente artículo se atiende mediante una visión histórica, social, criminológica y penal sobre la resistencia a investigar, el derecho a la verdad y la crisis forense que se enfrenta tanto en las investigaciones como en los procesos de casos de feminicidio en México. Lo anterior tomando como ejes centrales tres casos mexicanos, dos de ellos casos icónicos que han llevado a una transformación, para la creación de leyes aplicables a la lucha contra la violencia de género en conjunto con un tipo penal que recoge puntualmente las razones de género que son causal de este crimen; refiriéndonos en este sentido a González y otras vs. México  o más bien conocido como  Campo algodonero, el cual llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos abriendo camino en  el tratamiento de la violencia contra las mujeres, con su emblemática e histórica sentencia.

En segundo lugar, tenemos el caso de Mariana Lima Buendía cuya sentencia -en Amparo en Revisión- dictada por la Suprema Corte de Justicia de México, establece que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como un feminicidio, dando un giro a la manera en cómo deben iniciarse las investigaciones criminales que involucren muertes de mujeres; ponderando la perspectiva de género, la debida diligencia y las buenas prácticas. El tercer caso nos muestra de qué manera la crisis forense que se enfrenta actualmente en México permea de manera directa las investigaciones de casos de muertes violentas de mujeres. Este último, es sobre la joven Debhani Escobar, siendo el caso más reciente que ha convulsionado a la sociedad mexicana debido al sin número de inconsistencias en la investigación de su desaparición y muerte. 

Es así como el feminicidio en México enfrenta grandes retos en cuando a la adecuación de los instrumentos y marco legal para no solo enfocar la mirada hacia la sanción sino incluir una visión hacia una reforma forense y procesal que incluya políticas públicas para la prevención y las reparaciones integrales de las víctimas, así como un verdadero compromiso hacia la no repetición de los actos criminales contra las mujeres por razones de género.