EXÉGESIS DE LA NATURALEZA MIXTA DEL MODELO DE IMPUTACIÓN A PERSONAS JURÍDICAS EN EL PERÚ
Resumen
La responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema complejo que ha evolucionado significativamente en los últimos 8 años. Tradicionalmente, el derecho penal se regía por el principio "societas delinquere non potest", que negaba la capacidad de las personas jurídicas para cometer delitos. Sin embargo, la creciente complejidad organizacional de las empresas y la demanda social de responsabilidad corporativa han llevado a replantear este paradigma.
Champo (2022) señala que históricamente, existía una inconsistencia en el sistema legal respecto al tratamiento de personas físicas y jurídicas en materia de responsabilidad penal. Aunque las personas jurídicas podían celebrar contratos, lo que implica también la capacidad de actuar de manera fraudulenta o usuraria, no se les atribuía responsabilidad penal de la misma manera que a las personas físicas. Esta disparidad resultaba en un nivel de coerción legal menor para las entidades corporativas en comparación con los individuos, a pesar de que ambos tipos de personas tienen la capacidad de participar en actividades potencialmente delictivas en el ámbito contractual y más allá.
Esta evolución en la doctrina jurídica refleja un cambio en la comprensión de la naturaleza de las personas jurídicas y su papel en la sociedad. Se reconoce ahora que las empresas pueden tener capacidad de acción autónoma y ser susceptibles de culpabilidad, aunque de manera distinta a las personas físicas.
En este tenor, la libertad de autoorganización, inherente al derecho fundamental de libertad de empresa, permite a las personas jurídicas establecer sus objetivos y modelos operativos. Esta autonomía es la base para poder atribuirles responsabilidad administrativa o penal. No obstante, esta libertad no es absoluta y debe regularse para prevenir abusos que puedan afectar los derechos de terceros.
La adopción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas busca equilibrar el tratamiento legal de todos los agentes sociales, respondiendo a la demanda de justicia y coherencia en el ordenamiento jurídico. Este enfoque ha moldeado la política criminal contemporánea, permitiendo acciones penales contra personas jurídicas y promoviendo una mayor responsabilidad corporativa.
El objetivo principal de este artículo es el de describir el modelo de imputación de responsabilidad administrativa-penal a la persona jurídica en el Perú, analizando su naturaleza mixta, en el contexto de la evolución histórica y doctrinal que ha llevado al reconocimiento de la capacidad de acción autónoma y culpabilidad de las entidades corporativas, armonizando estos preceptos con la necesidad del accionar
El método utilizado corresponde al de una investigación cualitativa, en tanto se pretende profundizar en las características del fenómeno de la responsabilidad administrativa-penal de las personas jurídicas desde la doctrina nacional e internacional, así como explorar su funcionamiento en la legislación peruana.
Asimismo, la metodología jurídica usada es la investigación dogmática, puesto que se busca describir la naturaleza de la ley 30424, en relación con su modelo de imputación de naturaleza mixta (con rasgos de autorresponsabilidad y heterorresponsabilidad) y sus repercusiones en el funcionamiento del proceso penal en relación con las personas jurídicas.
