Gobierno digital y protección de datos personales en la administración pública peruana
Resumen
El Estado peruano se encuentra inmerso en un proceso de transformación digital de la Administración Pública, lo que plantea desafíos en la protección de los datos personales; la Constitución Política del Perú garantiza el derecho fundamental a la intimidad y a la autodeterminación informativa (art. 2.6), marco en el cual la Ley N.° 29733 (2011) estableció normas para el tratamiento de datos personales. En ese contexto, el reciente Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS (30 nov. 2024) actualiza y fortalece el esquema normativo de protección de datos, introduciendo nuevas obligaciones y derechos (notificación de incidentes, oficiales de datos personales, entre otros). Adicionalmente, el marco de gobierno digital se ha fortalecido con el Decreto Legislativo N.° 1412 (Ley de Gobierno Digital), que consagra principios como la “privacidad desde el diseño” de los servicios digitales y el “nivel de protección adecuado” para los datos personales, vinculándolos expresamente con la Ley N.° 29733.
En este artículo se analiza críticamente el entramado normativo vigente en la materia, considerando principios constitucionales (privacidad, transparencia y debido proceso) y jurisprudencia relevante. La doctrina constitucional peruana ha reafirmado que la autodeterminación informativa –reconocida en el artículo 2.6 de la Constitución implica el
control ciudadano sobre su información personal. Un ejemplo paradigmático es la STC N.° 238/2022 (habeas data), donde el Tribunal ordenó al Estado encriptar y eliminar datos de un ciudadano luego de una filtración indebida, vinculando además el “derecho al olvido” con la dignidad personal. Asimismo, la jurisprudencia ha ponderado el derecho de acceso a la información pública frente a la protección de datos sensibles: en la STC N.° 047242019/TC, el Tribunal autorizó la entrega de contratos de trabajo tras anonimizar datos sensibles (ingresos, salud, vida sexual), equilibrando el principio de transparencia con la intimidad.
Sin embargo, la implementación efectiva de estos estándares enfrenta retos importantes. Se reflexiona sobre los riesgos que supone la expansión digital del Estado (potenciales brechas de seguridad, uso de datos biométricos y geolocalización, falta de capacitación del personal, brechas presupuestales, etc.) y la tensión con otros fines legítimos, como la transparencia y la eficiencia administrativa. Finalmente, se proponen recomendaciones para fortalecer las instituciones encargadas (Autoridad Nacional de Protección de Datos, Secretaría de Gobierno Digital, etc.), implementar medidas de “privacidad por diseño” en proyectos públicos, designar oficiales de datos en cada entidad y promover una cultura de protección de datos en la administración pública; el análisis busca contribuir al pensamiento crítico desde la perspectiva del derecho y la realidad social.
